Venley

Sentencia N.º RC.01020

Sentencia
N.º RC.01020
Fecha
19/12/2007
Sala
Casación Civil
Expediente
07-587
Ponente
Antonio Ramírez Jiménez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

                                                     

Exp. N° 2007-000587

 

Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

 

En el juicio por tacha de falsedad de documento y daños y perjuicios  incoado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, por los ciudadanos PEDRO ANTONIO BORGES PARRA y CAROLINA INMACULADA CARRERO DE BOGES, representados judicialmente por los abogados María Mónica Morillo Rodríguez y Amílcar Miguel Machado Medina, contra FELICE BARBIERI SABÍN representado judicialmente por la abogada Liliana Josefina Rivero Hernández; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, conociendo en apelación dictó sentencia el 22 de mayo de 2007, mediante la cual declaró con lugar la apelación y la cuestión previa contenida en el ordinal 9° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la cosa juzgada opuesta por la parte demandada, y, por vía de consecuencia, revocó la decisión apelada de fecha 18 de mayo de 2006.

 

Contra el referido fallo de alzada, anunció recurso de casación la representación judicial de la parte actora, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las formalidades de ley, esta Sala pasa a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el fallo.

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

ÚNICA

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° eiusdem, por incurrir en incongruencia positiva.

 

Por vía de fundamentación el formalizante expresó lo siguiente:

“…El presente vicio se comete cuando el juzgador atribuye a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene. En el caso objeto de este análisis, se encuentra configurado el vicio antes citado cuando el juez de la recurrida hace un análisis distorsionado del libelo de la demanda y señala una supuesta confesión de mis representados acerca de tener conocimiento del proceso que dio lugar a la sentencia de fecha 13 de junio de 2002, dictada por el Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, San Diego y Naguanagua de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, sacando elementos de convicción fuera de los autos, así tenemos que en los dos últimos párrafos de la consideración Primera, la recurrida señala:

…Omissis…

Siendo que en el libelo de la demanda no existe confesión alguna por parte de los demandantes, pues el mismo señala, de manera inequívoca, que ellos tuvieron conocimiento del proceso llevado en su contra cuando en fecha 11 de junio de 2003 sorpresivamente el Tribunal Tercero Ejecutor arriba señalado procedió a ejecutar la entrega material del inmueble propiedad de los mismos.

Por consiguiente, constituye efectivamente una tergiversación de los planteamientos de la demanda de falsedad, la declaratoria de la recurrida en el sentido de que existe una confesión de los demandantes acerca del conocimiento del juicio en contra de ellos. Infringiendo, por tanto, el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, al no atenerse a lo alegado y probado en autos y sacar elementos de convicción fuera de éstos y el artículo 243 ordinal 5° ejusdem, al no decidir el Sentenciador con arreglo a lo deducido y opuesto e incurriendo en el vicio de incongruencia positiva.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en incongruencia positiva al tergiversar los planteamientos expuestos en el libelo de la demanda, pues estableció que existía en el mismo una confesión de los demandantes en dicho acto, de que tenían conocimiento de la existencia de un juicio en contra de ellos, con lo cual incurrió en la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil.

 

Con relación al vicio de incongruencia por tergiversación, esta Sala de Casación Civil, entre otras, en reciente sentencia N° 376 de 14 de junio de 2005, caso Luís Armando García Sanjuan y otro contra Alebor, C.A., expediente N° 2005-000123, ratificada en sentencia N° 791 de fecha 29 de noviembre de 2005, caso: Socominter, S.A., contra Ftt Forja Y Tratamiento Térmico De Tubulares, C.A. señaló lo siguiente:

 

“...Con relación al vicio de incongruencia por la tergiversación de los alegatos de las partes, esta Sala de Casación Civil, en sentencia N° 435 de 15 de noviembre de 2002, caso José Rodrígues Da Silva contra Manuel Rodrígues Da Silva, expediente N° 99-062, con ponencia del Magistrado que suscribe la presente, señaló lo siguiente:

La Sala ha indicado de forma reiterada el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia, por lo que, al detectarse una infracción en este sentido, le es dable ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar de oficio el fallo recurrido.

En tal sentido, la Sala en sentencia Nº 72, de fecha 5 de abril de 2001, Exp. 00-437, en el caso de Banco Hipotecario Venezolano, C.A., contra Inversiones I.L.L.C.C., C.A., con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, ratificó el siguiente criterio, que hoy nuevamente se reitera:

“...Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como se ha establecido en numerosos fallos de esta Sala, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado ‘que los errores in procedendo’ de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen -como atinadamente expresa Carnelutti- ‘un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia’, en cuanto que los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por (Sic) en fin de cuentas reconducirse en la vulneración de alguna ‘de las garantías no expresadas en la Constitución’. (Sentencia de fecha 13 de agosto de 1992, caso Ernesto Pardo Morales contra Carlos Lanz Fernández, expediente Nº 91-169, Sentencia Nº 334)...”.

El artículo 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, prevé que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Esta norma es acorde con el artículo 12 eiusdem, el cual dispone, entre otras cosas, que el Juez debe atenerse a lo alegado en autos.

Ambas normas constituyen una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en el ordenamiento jurídico venezolano, y sujetan la actividad decisoria del juzgador: a) Sólo sobre los hechos alegados en el proceso, sin extender su pronunciamiento sobre hechos no controvertidos por las partes, y; b) Sobre todos y cada uno de los alegatos en que quedó trabada la litis, bajo pena de cometer el vicio de incongruencia positiva o incongruencia negativa, respectivamente.

Asimismo, la Sala ha establecido de manera reiterada, que también constituye el vicio de incongruencia, cuando el juez se aparta de los hechos alegados, y tergiversa los argumentos de hecho contenidos en la demanda o en la contestación, pues en tales casos, no resuelve la controversia tal y como fue planteada por las partes y, simultáneamente resuelve algo no pedido: el argumento desnaturalizado.

Así lo ha establecido la Sala entre otras, en sentencia Nº 270, de fecha 4 de julio de 1995, Exp. 94-016, en el caso de Inversiones Méndez Peña C.A. (Mepeca) contra Francisco Anulfo Méndez Peña, oportunidad en la cual precisó lo siguiente:

“...Los escritos de contestación a la demanda o de oposición a la ejecución, no constituyen en principio una prueba, sino que contienen los alegatos de las partes. Por ello, cualquier distorsión o tergiversación de su contenido no constituye suposición falsa, sino el vicio de incongruencia, defecto de forma de la sentencia sólo denunciable con fundamento en el ordinal 1ro. del artículo 313 de Código de Procedimiento Civil...” (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

Ahora bien, con el objeto de determinar los límites del problema judicial debatido, la Sala se permite transcribir del libelo de la demanda, el cual riela a los folios 46 al 49 y Vto. de las actas que integran el expediente, lo siguiente:

 

“…Es necesario recalcar que esta venta se realizó a través de la ciudadana NANCY RAMONA MONTERO, quien fungía como intermediaria del ciudadano FRACISCO MARÍA AGUIRRE ECHEVERRÍA y, que efectivamente, tanto el ciudadano PEDRO BORGES PARRA como el ciudadano FRANCISCO MARÍA AGUIRRE ECHEVERRÍA firmaron y comparecieron ante las Oficinas de la Notaría Quinta de Valencia a los fines del otorgamiento de la venta celebrada entre ellos.

Posteriormente, nuestros mandantes ejercieron el derecho de retracto y recuperaron el inmueble de su propiedad vendido bajo esa modalidad al ciudadano FRANCISCO MARÍA AGUIRRE ECHEVERRÍA, para luego arrendarlo a un tercero, sin observar ningún tipo de situación irregular.

Pero es el caso ciudadana Juez (sic) que en fecha 11 de junio de 2003, sorpresivamente el Tribunal Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, se trasladó al inmueble propiedad de nuestros representados para ejecutar la entrega material del mismo a la Abogado (sic) LILIANA RIVERO HERNANDÉZ, apoderada judicial del Ciudadano FELICE BARBIERI SABIN, …, por una demanda que dicho ciudadano había intentado contra ellos.

Al obtener información, se encuentran con que efectivamente ante el Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y san Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, cursaba una demanda por cumplimiento de contrato de venta con pacto de retracto, supuestamente celebrado entre el ciudadano PEDRO BORGES PARRA actuando en su propio nombre y en representación de la ciudadana CAROLINA INMACULADA CARRERO y el ciudadano FELICE BARBIERI SABIN, que riela en el Expediente N° 0332, cuya copia certificada se anexa signada con la letra “D”. Pues asombrosamente, existe un documento donde supuestamente el ciudadano PEDRO BORGES PARRA en su propio nombre y en representación de CAROLINA INMACULADA CARRERO, vende con pacto de retracto convencional el inmueble antes descrito propiedad de ambos, al ciudadano FELICEBARBIERI SABIN, este documento dice ser autenticado en fecha 30 de abril de 1999, …, la cual consigna con esta demanda, en copia fotostática simple identificada con la letra “E” y en copia fotostática certificada marcada con la letra “F”, a objeto que este digno Tribunal compare y valore las notables diferencias, en cuanto a las firmas de los dos copias del mismo documento…”.

 

 

Al respecto la recurrida expresó lo siguiente:

 

“…Como consecuencia de esta negociación, la abogada LILIANA JOSEFINA RIVERO HERNÁNDEZ en representación del ciudadano FELICE BARBIERI SABIN, procedió a demandar a los ciudadanos PEDRO ANTONIO BORGES PARRA y CAROLINA INMACULADA CARRERO DE BORGES, por cumplimiento de contrato celebrado y consecuencialmente con la entrega del inmueble vendido con pacto de retracto. Con motivo de esta acción, el Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, San Diego y Naguanagua de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, dictó sentencia en fecha 13 de junio de 2002, declarando Con Lugar la demanda y ordenando el cumplimiento del contrato de venta con pacto de retracto, contenido en el documento de fecha 30 de abril de 1999, anteriormente señalado. Este fallo quedó definitivamente firme y se ordenó su ejecución. Este instrumento que sirvió de fundamento a la acción, es el mismo cuya falsedad fue demandada y es la que motivó la cuestión previa de cosa juzgada que conoce esta alzada.

Para declarar la cuestión previa opuesta y relacionada con la cosa juzgada, el juez A quo, se fundamenta en lo siguiente:

…Omissis…

De la anterior transcripción se desprende que, el Tribunal de la Primera Instancia consideró que el instrumento contentivo de la negociación de compra-venta con pacto de retracto no fue impugnado durante el iter procesal de la demanda por cumplimiento del contrato que cursó por ante el mencionado Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, San Diego, Naguanagua, Los Guayos y Libertador de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, considerando el Juez A quo que la parte demandada en dicho juicio, quedó en rebeldía al no comparecer al juicio “ a deducir sus defensas, que llevó al sentenciador a declarar con lugar la demanda”. Esta afirmación del Tribunal de la causa es errada, incurriendo de esta forma en falso supuesto, al dar por demostrado un hecho sin prueba alguna en autos. En efecto, de los recaudos acompañados por la recurrente, se evidencia que la ciudadana abogada MARIANELLA GODOY CARVAJAL, …, actuando en su condición de defensor Judicial de los demandados PEDRO ANTONIO BORGES PARRA y CAROLINA INMACULADA CARRERO DE BORGES, dio contestación a la demanda ante el referido Juzgado Séptimo de los Municipios mencionados, por o que no es cierto que hayan quedado confesos en el proceso, como se afirma en el fallo motivo de la presente apelación.

A ello es necesario adminicular, que el fallo relacionado con dicho juicio , fue proferido en fecha 13 de junio de 2002, ordenándose la ejecución forzosa del mismo, en fecha 26 de marzo de 2003. Asimismo emerge de las actas procesales, que con motivo de la demanda por falsedad intentada por los ciudadanos PEDRO BORGES PARRA y CAROLINA INMACULADA CARRERO DE BORGES, éstos confiesan que “Pero es el caso, ciudadana Juez, que en fecha 11 de junio de 2003, sorpresivamente el Tribunal Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, se trasladó al inmueble propiedad de nuestros representados para ejecutar la entrega material del mismo a la abogado LILIANA RIVERO HERNANDEZ apoderada judicial del ciudadano FELICE BARBIERI SABIN por una demanda que dicho ciudadano había intentado contra ellos. Al obtener información, se encuentran con que efectivamente ante el Juzgado Séptimo de los Municipios… cursaba una demanda por cumplimiento de contrato de venta con pacto de retracto, supuestamente celebrado entre el ciudadano PEDRO BORGES PARRA actuando en su propio nombre y en representación de la ciudadana CAROLINA INMACULADA CARRERO y el ciudadano FELICE BARBIERI SABIN…”

Esto lleva a la convicción de que los ciudadanos PEDRO BORGES PARRA y CAROLINA INMACULADA CARRERO DE PARRA, tuvieron conocimiento del proceso donde cursó el instrumento objeto de la presente acción, por lo que, si consideraban que el instrumento era falso, han debido proceder a intentar un recurso de invalidación contra la referida sentencia ya ejecutoriada, proferida por el Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, San Diego, Naguanagua, Los Guayos y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 3° del artículo 329 del Código de Procedimiento Civil; pues este recurso extraordinario es un medio de impugnación de las sentencias; y no proceder a intentar una nueva acción por falsedad del documento que sirvió de soporte fundamental en el juicio por cumplimiento de contrato al cual se ha hecho referencia…”.

 

De la confrontación del libelo de demanda con la sentencia recurrida, se observa que el juez de Alzada en ningún momento tergiversó los hechos planteados en la controversia, por cuanto precisamente en lo atinente a la confesión de los demandantes sobre su  conocimiento del juicio que se llevaba en su contra, consta perfectamente en el escrito del libelo de la demanda.

 

En consecuencia, y en virtud de los razonamientos precedentemente expuestos se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis, y así se decide.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

ÚNICO

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil se denuncia la infracción de los 1.395 del Código Civil y 12 del Código de Procedimiento, por incurrir error de interpretación.

 

Por vía de fundamentación el formalizante expone lo siguiente:

“…La recurrida incurre en este vicio cuando en su consideración segunda, al hacer el análisis del artículo 1.395 del Código Civil como fundamento de derecho, establece: “…”

Ahora bien, el artículo 1.395 del Código Civil al referirse a las “presunciones establecidas por la Ley” en su ordinal 3° se refiere a la autoridad que da la ley a la cosa juzgada, la cual no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia en razón de cuatro condiciones, ellas son: Es necesario que la cosa demandada sea la misma; que la nueva demanda esté fundada sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes y que éstas vengan al juicio con el mismo carácter que en el anterior. Por lo que, para que pueda operar la presunción legal de cosa juzgada deben materializarse estas cuatro condiciones. Siendo que, en el presente caso no se dan estas cuatro condiciones, pues la causa de esta demanda no es la misma del juicio que la parte demandada invoca. Esta demanda tiene como causa la falsedad del contrato de venta con pacto de retracto, mientras que la demanda que ya fue sentenciada tuvo causa el cumplimiento del contrato de venta con pacto de retracto.

Siendo entonces que, al faltar los elementos de identidad entre las cosas objetos de dichos procesos y sus respectivas causas no hay cosa juzgada. Por lo que hubo por parte del Sentenciador una aplicación errónea del artículo 1.395 del Código Civil y por ende una infracción del mismo e infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil al no atenerse el juez de la recurrida a las normas del derecho. Y así solicito se declare…”.

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en la infracción del artículo 1.395 del Código Civil por errónea interpretación, debido a que en la citada norma en el ordinal 3° prevé cuatro condiciones necesarias para que proceda la cosa juzgada, lo cual una de ellas no se da en el caso de autos, pues esta demanda tiene como causa la falsedad del contrato de venta con pacto de retracto, mientras que la demanda que ya fue sentenciada tuvo como causa el cumplimiento del contrato de venta con pacto de retracto.

 

Ahora bien, el artículo 1.395 del Código Civil, textualmente dispone lo siguiente:

“…La presunción legal es la que una disposición especial de la Ley atribuye a ciertos actos o a ciertos hechos.

Tales son:

…

3° La autoridad que da la Ley a la cosa juzgada.

La autoridad de la cosa juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia. Es necesario que la cosa demandada sea la misma; que sea entre las mismas partes, y que éstas vengan al juicio con el mismo carácter que en el anterior…”.

 

Al respecto la sentencia recurrida expresó lo siguiente:

“…SEGUNDA.

El artículo 1.395 del Código Civil establece:

…Omissis…

Asimismo, de la disposición legal in comento, surgen de manera clara y precisa los requisitos que nuestra ley exige para que proceda la autoridad de la cosa juzgada. Siendo manifiesto que debe existir identidad de partes; pues en el juicio incoado por cumplimiento de contrato, figura como demandante el ciudadano FELICE BARBIERI SABIN y como demandados los ciudadanos PEDRO ANTONIO BORGES PARRA y CAROLINA INMACULADA CARRERO DE BORGES; y en el juicio por falsedad de documentos y daños y perjuicios, figuran como demandantes estos últimos y como demandado FELICE BARBIERI SABIN.

Respecto a este punto, es decir, a la identidad de partes, la Ley determina que sean entre las mismas partes y que estas vengan al juicio con el mismo carácter que en el anterior de tal manera que pareciera que en los dos procesos la misma persona debe presentarse como demandado e igualmente el demandante debe ser el mismo en ambos procesos, pero esta cuestión ha sido decidida por la doctrina y la jurisprudencia. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia en sentencia 24 de febrero de 1976, (Jurisprudencia de Oscar Pierre Tapia) precisó:

…Omissis…

En el caso subjudice, se precisó que en el primer litigio, incoado por cumplimiento de contrato, figuran como demandante el ciudadano FELICE BARBIERI SABIN y como demandados los ciudadanos PEDRO ANTONIO BORGES PARRA y CAROLINA INMACULADA CARRERO DE BORGES; y ahora en el juicio por falsedad de documento y daños y perjuicios, el ciudadano FELICE BARBIERI SABIN figura como demandado y los ciudadanos PEDRO ANTONIO BORGES PARRA y CAROLINA INMACULADA CARRERO DE BORGES, figuran como demandantes. Por lo que en aplicación del criterio jurisprudencial anteriormente citado, se debe concluir que existe identidad de partes en ambas causas, Y ASÍ SE DECIDE.

En segundo lugar, complementado los requisitos establecidos en el artículo 1.395 del Código Civil, ambas causas tiene relación sobre el mismo inmueble y se fundamentan en el mismo contrato, al cual se le otorgó todo su valor probatorio, al no haber sido impugnado ni desvirtuado en su oportunidad legal, por la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de esta Circunscripción Judicial, de fecha 13 de junio de 2002, por lo que se concluye que la cosa demandada es la misma, existiendo pues identidad de objeto; y que la nueva demanda (Tacha de falsedad de documento) está fundada sobre la misma causa.

Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, deberá declararse con lugar la cuestión previa opuesta por la abogada LILIANA JOSEFINA HERNÁNDEZ, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano FELICE BARBIERI SABÍN, referida a cosa juzgada contenida en el ordinal 9° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

En aplicación del artículo 1.395 del Código Civil, la Sala ha establecido en decisión de fecha 9 de diciembre de 2005, Caso: María Leticia Duarte Quintero, Contra Arsenio Guerrero Salas, ratificada en sentencia N° 496 de fecha 4 de julio de 2006, caso: Morelia Hernández Espíritu contra Mariela Felicia Trigueros De Chirinos, Ricardo Chirinos Mondolfi (hoy fallecido), Rodolfo Mattos Almeida, María Rosa Fisas Armengol, Y Sergio Villar Fisas como Factor Mercantil de la sociedad mercantil Clínica Francesa De Medicina Estética C.A., lo siguiente:

 

“…por estar involucrado el orden público en la cosa juzgada, la Sala se permite agregar que la propia parte demandada reconoce que en el otro juicio lo pretendido fue el cumplimiento del contrato de venta con pacto de retracto, y en esta oportunidad lo discutido es la nulidad por simulación del mismo contrato, lo cual permite concluir que no existe la triple identidad requerida en la ley para declarar la cosa juzgada. Es evidente, pues, que en estos juicios la pretensión no es la misma, a pesar de que se refieren al mismo contrato.

En efecto, el único aparte del artículo 1.395 del Código Civil dispone que la autoridad de la cosa juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia.

Asimismo, establece dicha norma que es necesario que la cosa demandada sea la misma, que la nueva demanda esté fundada sobre la misma causa, que sea entre las mismas partes y que éstas vengan al juicio con el mismo carácter que el anterior, supuesto éste último que tampoco está cumplido, pues la propia parte demandada en este juicio reconoce y afirma en su escrito que en el otro actúa en condición de actor.

Las consideraciones expuestas determinan la improcedencia de la petición hecha por la parte demandada…”. (Resaltado de la decisión).

 

 

                   Acorde con ello, la Sala ha dejado sentado que “…no existe la triple identidad de sujetos, pretensión y causa exigida en la ley para que opere la cosa juzgada, pues se trata de juicios de naturaleza distinta, fundados en pretensiones diferentes y en el que participaron otras partes, pues solo el ciudadano… intervino en ambos procesos, pero no con el mismo carácter…”. (Sentencia de fecha  27 de abril de 2001, caso: José Luís Tinoco Peñaloza y Alejandra Rosa Palacios De Tinoco c/ El Banco de Fomento Regional Los Andes C.A.).

 

Hechas estas consideraciones, la Sala observa que en el caso concreto la sentencia recurrida establece en el cuadro fáctico que en el otro juicio lo pretendido fue la tacha de falsedad del contrato de venta con pacto de retracto, mientras que la demanda que ya fue sentenciada tuvo como causa el cumplimiento del contrato de venta con pacto de retracto, y si bien en ambos casos la garantía es el mismo inmueble, lo cierto es que se trata de pretensiones diferentes, las cuales tienen por soporte una relación de hechos, una fundamentación de derecho y una parte petitoria diferente.

 

Al respecto la Sala en sentencia N° 451 de fecha 21 de agosto de 2003, en el caso: Luís Diego Lasso contra Grupo Aumaitre-Morean C.A., antes denominada Aumaitre-Morean Arquitectos Asociados, C.A., expresó lo siguiente:

 

“…La recurrida, determinó que el presente juicio es por cumplimiento de contrato, pero el juicio primigenio, fue por resolución del mismo contrato, que como ya se señaló, fue el suscrito en fecha 04 de marzo de 1994 ante la Notaría Décima Tercera del Municipio Baruta. En otras palabras, el contrato cuyo cumplimiento se acciona y soporta toda la pretensión procesal de la actora, es el mismo que fue declarado nulo por una sentencia que adquirió carácter definitivo. 

 También menciona la sentencia impugnada, que en el presente juicio se solicitó se declarara la existencia de una comunidad entre las partes contratantes, pero en razón directa de los efectos jurídicos del contrato, que como ya fue señalado, fue declarado resuelto.

No puede entenderse válida la hipótesis que levemente pretende inferir la recurrida, en el sentido de que la presente acción es mero-declarativa, a pesar de verse soportada directamente en un contrato cuyos efectos y prestaciones pretenden sean cumplidos,  por lo siguiente:

 

a.- Si se admite que el contrato quedó anulado por efecto de la resolución, cualquier demanda destinada a obtener un efecto declarativo posterior de comunidad, en razón de ese contrato, sería improcedente pues la resolución tiene un efecto retroactivo que coloca a los contratantes y sus respectivas obligaciones en el mismo estado en que estarían de no haberse celebrado. Si el contrato quedó resuelto, no puede derivarse ninguna situación de comunidad jurídica entre las partes contratantes.

 b.- Si pretende asumirse que el contrato no fue anulado, es decir, que está vigente y la actora pretende obtener un pronunciamiento mero declarativo de existencia de comunidad en razón de ese contrato, entonces, tal apreciación conduciría irremediablemente a la inadmisibilidad de la demanda, pues si se parte de la base de que el contrato no fue anulado y sin embargo, se seleccionó la vía mero declarativa para obtener algún efecto jurídico de él, se impondría la sanción de inadmisibilidad que establece el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:

Art.16: “Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente. (Negritas de la Sala).

 

 

      De acuerdo a todo lo observado, puede determinarse lo siguiente:

 

a.- Quienes se ven involucrados como parte actora y demandada en el presente juicio, fungieron roles inversos en un proceso anterior, donde se discutió primigeniamente la resolución de un contrato de cuentas en participación, obteniendo en esa oportunidad la actora, la resolución del contrato con todos los efectos jurídicos que ello conlleva. Entre tales efectos, se destaca principalmente el carácter retroactivo y liberatorio de la sentencia que declara la resolución del contrato, colocándose las partes contratantes en la misma situación jurídica que tenían antes de contratar, como si el convenio jamás se hubiese celebrado.

b.- Ese mismo contrato, que ya fue anulado por sentencia definitiva, es el elemento central de la pretensión procesal de la parte actora en el segundo juicio, ciudadano Luís Diego Lasso, quien pretende obtener efectos jurídicos del mismo, efectos que la recurrida no duda en sintetizar como cumplimiento. Un contrato anulado por efectos de la resolución, no puede continuar generando obligaciones de cumplimiento de las distintas prestaciones de los contratantes. Sencillamente, los efectos retroactivos y liberatorios antes mencionados se hacen presentes una vez firme la sentencia que declara la resolución.

Por los motivos antes expresados, la Sala considera que la recurrida violó el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada, al permitir que continuase un proceso donde se discuten los efectos jurídicos de un contrato que ya fue declarado resuelto en un proceso anterior, por sentencia firme. Por ello, la presente denuncia por falta de aplicación del artículo 1.395 del Código Civil, el cual se refiere a los efectos presuntivos de la cosa juzgada y los elementos que la contienen, deberá ser declarada procedente. Así se decide.

Al determinarse la procedencia de una denuncia como la anterior, atinente a la cosa juzgada, la Sala casará sin reenvío el presente fallo, de acuerdo a la facultad contenida en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, es decir, “...cuando su decisión sobre el recurso haga innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo...”, pues al establecerse la existencia de la cosa juzgada, nada queda por decidir.

      Al declararse procedente el recurso de casación en los términos expuestos, la Sala se abstiene de conocer las denuncias planteadas contra la sentencia definitiva…”.

 

Ahora bien, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales antes comentados, la Sala concluye que el juez de alzada no incurrió en error de interpretación sino mas bien en falsa aplicación del artículo 1.395 del Código Civil, pues interpretó correctamente la norma al establecer que para que haya cosa juzgada es necesario la triple identidad, sujeto, objeto y causa, en ese sentido se observó que se dio la identidad objeto y sujeto pero no la causa, es decir, los supuestos de hecho previstos en la norma no coinciden con los hechos establecidos en la sentencia recurrida.

 

En consecuencia, y en virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, la Sala declara con lugar la denuncia por infracción del artículo 1.395 del Código Civil, y así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República  Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 22 de mayo 2007. En consecuencia, se ANULA la sentencia recurrida y se repone la causa, al estado de que el juez superior que resulte competente dicte nueva sentencia, acatando la doctrina aquí señalada por la Sala.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, de conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada,  firmada  y  sellada  en l a  Sala de Despacho de la Sala  de  Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil siete. Años: 197º de la Independencia y 148º de la  Federación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

_____________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta,

 

 

__________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

Magistrado Ponente,

 

 

_________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrado,

 

 

______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

 

________________________________

 LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

Secretario,

 

 

______________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

 

Exp. N° AA20-C-2007-000587

 

 

 

 

 

 

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