Sentencia N.º RC.01020
- Sentencia
- N.º RC.01020
- Fecha
- 19/12/2007
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 07-587
- Ponente
- Antonio Ramírez Jiménez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. N° 2007-000587
Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.
En el juicio por tacha de falsedad de documento y daños y perjuicios incoado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Agrario de
Contra el referido fallo de alzada, anunció recurso de casación la representación judicial de la parte actora, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las formalidades de ley, esta Sala pasa a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el fallo.
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
ÚNICA
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° eiusdem, por incurrir en incongruencia positiva.
Por vía de fundamentación el formalizante expresó lo siguiente:
El presente vicio se comete cuando el juzgador atribuye a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene. En el caso objeto de este análisis, se encuentra configurado el vicio antes citado cuando el juez de la recurrida hace un análisis distorsionado del libelo de la demanda y señala una supuesta confesión de mis representados acerca de tener conocimiento del proceso que dio lugar a la sentencia de fecha 13 de junio de 2002, dictada por el Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, San Diego y Naguanagua de
Omissis
Siendo que en el libelo de la demanda no existe confesión alguna por parte de los demandantes, pues el mismo señala, de manera inequívoca, que ellos tuvieron conocimiento del proceso llevado en su contra cuando en fecha 11 de junio de 2003 sorpresivamente el Tribunal Tercero Ejecutor arriba señalado procedió a ejecutar la entrega material del inmueble propiedad de los mismos.
Por consiguiente, constituye efectivamente una tergiversación de los planteamientos de la demanda de falsedad, la declaratoria de la recurrida en el sentido de que existe una confesión de los demandantes acerca del conocimiento del juicio en contra de ellos. Infringiendo, por tanto, el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, al no atenerse a lo alegado y probado en autos y sacar elementos de convicción fuera de éstos y el artículo 243 ordinal 5° ejusdem, al no decidir el Sentenciador con arreglo a lo deducido y opuesto e incurriendo en el vicio de incongruencia positiva.
Para decidir,
Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en incongruencia positiva al tergiversar los planteamientos expuestos en el libelo de la demanda, pues estableció que existía en el mismo una confesión de los demandantes en dicho acto, de que tenían conocimiento de la existencia de un juicio en contra de ellos, con lo cual incurrió en la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil.
Con relación al vicio de incongruencia por tergiversación, esta Sala de Casación Civil, entre otras, en reciente sentencia N° 376 de 14 de junio de 2005, caso Luís Armando García Sanjuan y otro contra Alebor, C.A., expediente N° 2005-000123, ratificada en sentencia N° 791 de fecha 29 de noviembre de 2005, caso: Socominter, S.A., contra Ftt Forja Y Tratamiento Térmico De Tubulares, C.A. señaló lo siguiente:
...Con relación al vicio de incongruencia por la tergiversación de los alegatos de las partes, esta Sala de Casación Civil, en sentencia N° 435 de 15 de noviembre de 2002, caso José Rodrígues Da Silva contra Manuel Rodrígues Da Silva, expediente N° 99-062, con ponencia del Magistrado que suscribe la presente, señaló lo siguiente:
La Sala ha indicado de forma reiterada el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia, por lo que, al detectarse una infracción en este sentido, le es dable ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar de oficio el fallo recurrido.
En tal sentido, la Sala en sentencia Nº 72, de fecha 5 de abril de 2001, Exp. 00-437, en el caso de Banco Hipotecario Venezolano, C.A., contra Inversiones I.L.L.C.C., C.A., con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, ratificó el siguiente criterio, que hoy nuevamente se reitera:
...Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como se ha establecido en numerosos fallos de esta Sala, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen -como atinadamente expresa Carnelutti- un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia, en cuanto que los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por (Sic) en fin de cuentas reconducirse en la vulneración de alguna de las garantías no expresadas en
El artículo 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, prevé que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Esta norma es acorde con el artículo 12 eiusdem, el cual dispone, entre otras cosas, que el Juez debe atenerse a lo alegado en autos.
Ambas normas constituyen una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en el ordenamiento jurídico venezolano, y sujetan la actividad decisoria del juzgador: a) Sólo sobre los hechos alegados en el proceso, sin extender su pronunciamiento sobre hechos no controvertidos por las partes, y; b) Sobre todos y cada uno de los alegatos en que quedó trabada la litis, bajo pena de cometer el vicio de incongruencia positiva o incongruencia negativa, respectivamente.
Asimismo, la Sala ha establecido de manera reiterada, que también constituye el vicio de incongruencia, cuando el juez se aparta de los hechos alegados, y tergiversa los argumentos de hecho contenidos en la demanda o en la contestación, pues en tales casos, no resuelve la controversia tal y como fue planteada por las partes y, simultáneamente resuelve algo no pedido: el argumento desnaturalizado.
Así lo ha establecido la Sala entre otras, en sentencia Nº 270, de fecha 4 de julio de 1995, Exp. 94-016, en el caso de Inversiones Méndez Peña C.A. (Mepeca) contra Francisco Anulfo Méndez Peña, oportunidad en la cual precisó lo siguiente:
...Los escritos de contestación a la demanda o de oposición a la ejecución, no constituyen en principio una prueba, sino que contienen los alegatos de las partes. Por ello, cualquier distorsión o tergiversación de su contenido no constituye suposición falsa, sino el vicio de incongruencia, defecto de forma de la sentencia sólo denunciable con fundamento en el ordinal 1ro. del artículo 313 de Código de Procedimiento Civil... (Negrillas y subrayado de
Ahora bien, con el objeto de determinar los límites del problema judicial debatido,
Es necesario recalcar que esta venta se realizó a través de la ciudadana NANCY RAMONA MONTERO, quien fungía como intermediaria del ciudadano FRACISCO MARÍA AGUIRRE ECHEVERRÍA y, que efectivamente, tanto el ciudadano PEDRO BORGES PARRA como el ciudadano FRANCISCO MARÍA AGUIRRE ECHEVERRÍA firmaron y comparecieron ante las Oficinas de
Posteriormente, nuestros mandantes ejercieron el derecho de retracto y recuperaron el inmueble de su propiedad vendido bajo esa modalidad al ciudadano FRANCISCO MARÍA AGUIRRE ECHEVERRÍA, para luego arrendarlo a un tercero, sin observar ningún tipo de situación irregular.
Pero es el caso ciudadana Juez (sic) que en fecha 11 de junio de 2003, sorpresivamente el Tribunal Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de
Al obtener información, se encuentran con que efectivamente ante el Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y san Diego de
Al respecto la recurrida expresó lo siguiente:
Como consecuencia de esta negociación, la abogada LILIANA JOSEFINA RIVERO HERNÁNDEZ en representación del ciudadano FELICE BARBIERI SABIN, procedió a demandar a los ciudadanos PEDRO ANTONIO BORGES PARRA y CAROLINA INMACULADA CARRERO DE BORGES, por cumplimiento de contrato celebrado y consecuencialmente con la entrega del inmueble vendido con pacto de retracto. Con motivo de esta acción, el Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, San Diego y Naguanagua de
Para declarar la cuestión previa opuesta y relacionada con la cosa juzgada, el juez A quo, se fundamenta en lo siguiente:
Omissis
De la anterior transcripción se desprende que, el Tribunal de
A ello es necesario adminicular, que el fallo relacionado con dicho juicio , fue proferido en fecha 13 de junio de 2002, ordenándose la ejecución forzosa del mismo, en fecha 26 de marzo de 2003. Asimismo emerge de las actas procesales, que con motivo de la demanda por falsedad intentada por los ciudadanos PEDRO BORGES PARRA y CAROLINA INMACULADA CARRERO DE BORGES, éstos confiesan que Pero es el caso, ciudadana Juez, que en fecha 11 de junio de 2003, sorpresivamente el Tribunal Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de
Esto lleva a la convicción de que los ciudadanos PEDRO BORGES PARRA y CAROLINA INMACULADA CARRERO DE PARRA, tuvieron conocimiento del proceso donde cursó el instrumento objeto de la presente acción, por lo que, si consideraban que el instrumento era falso, han debido proceder a intentar un recurso de invalidación contra la referida sentencia ya ejecutoriada, proferida por el Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, San Diego, Naguanagua, Los Guayos y San Diego de
De la confrontación del libelo de demanda con la sentencia recurrida, se observa que el juez de Alzada en ningún momento tergiversó los hechos planteados en la controversia, por cuanto precisamente en lo atinente a la confesión de los demandantes sobre su conocimiento del juicio que se llevaba en su contra, consta perfectamente en el escrito del libelo de la demanda.
En consecuencia, y en virtud de los razonamientos precedentemente expuestos se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis, y así se decide.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
ÚNICO
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil se denuncia la infracción de los 1.395 del Código Civil y 12 del Código de Procedimiento, por incurrir error de interpretación.
Por vía de fundamentación el formalizante expone lo siguiente:
La recurrida incurre en este vicio cuando en su consideración segunda, al hacer el análisis del artículo 1.395 del Código Civil como fundamento de derecho, establece:
Ahora bien, el artículo 1.395 del Código Civil al referirse a las presunciones establecidas por
Siendo entonces que, al faltar los elementos de identidad entre las cosas objetos de dichos procesos y sus respectivas causas no hay cosa juzgada. Por lo que hubo por parte del Sentenciador una aplicación errónea del artículo 1.395 del Código Civil y por ende una infracción del mismo e infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil al no atenerse el juez de la recurrida a las normas del derecho. Y así solicito se declare
.
Para decidir,
Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en la infracción del artículo 1.395 del Código Civil por errónea interpretación, debido a que en la citada norma en el ordinal 3° prevé cuatro condiciones necesarias para que proceda la cosa juzgada, lo cual una de ellas no se da en el caso de autos, pues esta demanda tiene como causa la falsedad del contrato de venta con pacto de retracto, mientras que la demanda que ya fue sentenciada tuvo como causa el cumplimiento del contrato de venta con pacto de retracto.
Ahora bien, el artículo 1.395 del Código Civil, textualmente dispone lo siguiente:
La presunción legal es la que una disposición especial de
Tales son:
3° La autoridad que da
La autoridad de la cosa juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia. Es necesario que la cosa demandada sea la misma; que sea entre las mismas partes, y que éstas vengan al juicio con el mismo carácter que en el anterior
.
Al respecto la sentencia recurrida expresó lo siguiente:
SEGUNDA.
El artículo 1.395 del Código Civil establece:
Omissis
Asimismo, de la disposición legal in comento, surgen de manera clara y precisa los requisitos que nuestra ley exige para que proceda la autoridad de la cosa juzgada. Siendo manifiesto que debe existir identidad de partes; pues en el juicio incoado por cumplimiento de contrato, figura como demandante el ciudadano FELICE BARBIERI SABIN y como demandados los ciudadanos PEDRO ANTONIO BORGES PARRA y CAROLINA INMACULADA CARRERO DE BORGES; y en el juicio por falsedad de documentos y daños y perjuicios, figuran como demandantes estos últimos y como demandado FELICE BARBIERI SABIN.
Respecto a este punto, es decir, a la identidad de partes,
Omissis
En el caso subjudice, se precisó que en el primer litigio, incoado por cumplimiento de contrato, figuran como demandante el ciudadano FELICE BARBIERI SABIN y como demandados los ciudadanos PEDRO ANTONIO BORGES PARRA y CAROLINA INMACULADA CARRERO DE BORGES; y ahora en el juicio por falsedad de documento y daños y perjuicios, el ciudadano FELICE BARBIERI SABIN figura como demandado y los ciudadanos PEDRO ANTONIO BORGES PARRA y CAROLINA INMACULADA CARRERO DE BORGES, figuran como demandantes. Por lo que en aplicación del criterio jurisprudencial anteriormente citado, se debe concluir que existe identidad de partes en ambas causas, Y ASÍ SE DECIDE.
En segundo lugar, complementado los requisitos establecidos en el artículo 1.395 del Código Civil, ambas causas tiene relación sobre el mismo inmueble y se fundamentan en el mismo contrato, al cual se le otorgó todo su valor probatorio, al no haber sido impugnado ni desvirtuado en su oportunidad legal, por la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de esta Circunscripción Judicial, de fecha 13 de junio de 2002, por lo que se concluye que la cosa demandada es la misma, existiendo pues identidad de objeto; y que la nueva demanda (Tacha de falsedad de documento) está fundada sobre la misma causa.
Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, deberá declararse con lugar la cuestión previa opuesta por la abogada LILIANA JOSEFINA HERNÁNDEZ, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano FELICE BARBIERI SABÍN, referida a cosa juzgada contenida en el ordinal 9° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
En aplicación del artículo 1.395 del Código Civil,
por estar involucrado el orden público en la cosa juzgada,
En efecto, el único aparte del artículo 1.395 del Código Civil dispone que la autoridad de la cosa juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia.
Asimismo, establece dicha norma que es necesario que la cosa demandada sea la misma, que la nueva demanda esté fundada sobre la misma causa, que sea entre las mismas partes y que éstas vengan al juicio con el mismo carácter que el anterior, supuesto éste último que tampoco está cumplido, pues la propia parte demandada en este juicio reconoce y afirma en su escrito que en el otro actúa en condición de actor.
Las consideraciones expuestas determinan la improcedencia de la petición hecha por la parte demandada
. (Resaltado de la decisión).
Acorde con ello,
Hechas estas consideraciones,
Al respecto
La recurrida, determinó que el presente juicio es por cumplimiento de contrato, pero el juicio primigenio, fue por resolución del mismo contrato, que como ya se señaló, fue el suscrito en fecha 04 de marzo de 1994 ante
También menciona la sentencia impugnada, que en el presente juicio se solicitó se declarara la existencia de una comunidad entre las partes contratantes, pero en razón directa de los efectos jurídicos del contrato, que como ya fue señalado, fue declarado resuelto.
No puede entenderse válida la hipótesis que levemente pretende inferir la recurrida, en el sentido de que la presente acción es mero-declarativa, a pesar de verse soportada directamente en un contrato cuyos efectos y prestaciones pretenden sean cumplidos, por lo siguiente:
a.- Si se admite que el contrato quedó anulado por efecto de la resolución, cualquier demanda destinada a obtener un efecto declarativo posterior de comunidad, en razón de ese contrato, sería improcedente pues la resolución tiene un efecto retroactivo que coloca a los contratantes y sus respectivas obligaciones en el mismo estado en que estarían de no haberse celebrado. Si el contrato quedó resuelto, no puede derivarse ninguna situación de comunidad jurídica entre las partes contratantes.
b.- Si pretende asumirse que el contrato no fue anulado, es decir, que está vigente y la actora pretende obtener un pronunciamiento mero declarativo de existencia de comunidad en razón de ese contrato, entonces, tal apreciación conduciría irremediablemente a la inadmisibilidad de la demanda, pues si se parte de la base de que el contrato no fue anulado y sin embargo, se seleccionó la vía mero declarativa para obtener algún efecto jurídico de él, se impondría la sanción de inadmisibilidad que establece el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:
Art.16: Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en
De acuerdo a todo lo observado, puede determinarse lo siguiente:
a.- Quienes se ven involucrados como parte actora y demandada en el presente juicio, fungieron roles inversos en un proceso anterior, donde se discutió primigeniamente la resolución de un contrato de cuentas en participación, obteniendo en esa oportunidad la actora, la resolución del contrato con todos los efectos jurídicos que ello conlleva. Entre tales efectos, se destaca principalmente el carácter retroactivo y liberatorio de la sentencia que declara la resolución del contrato, colocándose las partes contratantes en la misma situación jurídica que tenían antes de contratar, como si el convenio jamás se hubiese celebrado.
b.- Ese mismo contrato, que ya fue anulado por sentencia definitiva, es el elemento central de la pretensión procesal de la parte actora en el segundo juicio, ciudadano Luís Diego Lasso, quien pretende obtener efectos jurídicos del mismo, efectos que la recurrida no duda en sintetizar como cumplimiento. Un contrato anulado por efectos de la resolución, no puede continuar generando obligaciones de cumplimiento de las distintas prestaciones de los contratantes. Sencillamente, los efectos retroactivos y liberatorios antes mencionados se hacen presentes una vez firme la sentencia que declara la resolución.
Por los motivos antes expresados,
Al determinarse la procedencia de una denuncia como la anterior, atinente a la cosa juzgada,
Al declararse procedente el recurso de casación en los términos expuestos,
Ahora bien, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales antes comentados,
En consecuencia, y en virtud de los razonamientos precedentemente expuestos,
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, de conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en l a Sala de Despacho de
Presidenta de
_____________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
__________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado Ponente,
_________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
______________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
________________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
______________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. N° AA20-C-2007-000587
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