Venley

Sentencia N.º RC.01288

Sentencia
N.º RC.01288
Fecha
29/10/2004
Sala
Casación Civil
Expediente
04-006
Ponente
Antonio Ramírez Jiménez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

En el juicio por nulidad de documento de venta con pacto de retracto seguido por INVERSIONES YARANIR, C.A., representada judicialmente por los abogados Jermán Escalona, Frank Nuñez y Maryoli Camacaro, contra el ciudadano RAFAEL DE JESÚS MENDOZA HERNÁNDEZ asistido por el abogado Rafael García Hernández, y Eleddy de Las Rosas Pérez Ramos sin representación judicial acreditada en autos, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Lara, conociendo en alzada, dictó sentencia en fecha 11 de noviembre de 2003, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandante y perimida la instancia; confirmando la decisión apelada y suspendiendo la medida preventiva de enajenar y gravar decretada en el proceso.

Contra este fallo, la representación judicial de la parte demandante Jerman Escalona, anunció recurso de casación, el cual una vez admitido, fue oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

En fecha 20 de enero de 2004 se dio cuenta en Sala del presente asunto, adjudicándose la ponencia al Magistrado Tulio Álvarez Ledo. El 29 de enero de 2004, se reasignó la ponencia en el Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

Cumplidos los trámites de sustanciación y siendo la oportunidad para decidir, lo hace esta Sala bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, previas las consideraciones siguientes:

PRONUNCIAMIENTO PREVIO

En uso de la facultad que confiere a la Sala el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil, de examinar en forma previa, si el escrito de formalización cumple con las exigencias establecidas para su proposición, se observa lo siguiente:

El artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden en que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1º del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2º del artículo 313 eiusdem, con expresiones de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y, 4) La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.

Del escrito de formalización se aprecia que el recurrente formula una serie de cuestionamientos abstractos a la decisión de Alzada, haciendo un silencio absoluto de las bases jurídicas que pudieron servir de fundamento para su delación, incluyendo las relativas a la técnica mínima exigida para tal labor especialísima.-

En efecto, las únicas dos oportunidades en las que el formalizante plantea algún precepto legal, son aquellas en las cuales por un lado hace referencia a la institución de la perención de la instancia, aludiendo al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y sus respectivos ordinales, y por la otra, cuando señala que anunció el recurso de casación de conformidad con el artículo 312 eiusdem, el cual regula lo concerniente a la admisibilidad del recurso de casación; fuera de estas normas no existen otras que puedan definir la intención del recurrente al hacer uso del medio extraordinario de impugnación ante esta Sede, carga procesal que le impone la ley de conformidad con el artículo 317 ibídem.

En sus decisiones la Sala ha señalado que el escrito de formalización del recurso de casación, debe ser claro y preciso, estando compelido aquel que pretenda ejercerlo, a fundamentar suficientemente sus denuncias de manera que este Alto Tribunal, pueda enfrentarlas con la sentencia acusada, a fin de determinar la procedencia o no de aquella. Esta, ha dicho la doctrina, es la carga más exigente impuesta al recurrente, en razón de que el escrito de formalización puede equiparase a una demanda de nulidad contra el fallo infractor.

Aun cuando, la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y específicamente su artículo 257, garantiza la supremacía de la justicia por sobre formalismos no esenciales, no pueden considerarse implícitos dentro del contenido y alcance de dicha garantía constitucional, quebrantamientos substanciales de la normativa básica que orienta la formulación de denuncias en esta sede de casación.

Ahora bien, pese a la falta de técnica observada, y en vista de que puede descubrirse un planteamiento de violación de normas de orden público, relativas a la perención de la instancia, la Sala pasa a verificar dicha situación, motivo por el cual  transcribe la parte pertinente de la sentencia recurrida, en la cual textualmente quedó establecido lo siguiente:

“…En relación a la perención decretada por el tribunal a quo, se observa que ciertamente como se apunta en la sentencia apelada, desde el 08 de octubre del (sic.) 2001, fecha en que la parte actora se limitó a efectuar gestiones solamente dirigidas a obtener una prohibición de enajenar y gravar, sin haber impulsado la citación de la parte demandada, han transcurrido con creces más de un año sin que las partes impulsaran el proceso a los fines de continuar el mismo.

En este sentido la comparencia del demandante en fechas 20-05-02 (sic.) y 04-02-03 (sic.) a los fines de solicitar copias del expediente, no interrumpió la inactividad capaz de producir el año de la perención, puesto que para ello es menester un acto procesal, o acto de procedimiento inserido en el iter legal, que propenda al desarrollo del juicio; esto es, un acto que implique la voluntad del interesado de activar o de impulsar el proceso hacia su finalidad lógica, que es el fallo del tribunal, no siendo acto de esta índole la petición de copias, pues dichas diligencias no constituyen actos de impulso procesal, así se declara…”.

 

Sobre la perención de la instancia, esta Sala de Casación Civil ha señalado lo siguiente:

“...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.” (Sentencia de la Sala e Casación Civil de fecha 10 de agosto de 2000, en el juicio seguido por la sociedad mercantil Banco Latino, C.A., S.A.C.A., contra Colimodio, S.A. y Distribuidora Colimodio S.A., exp. N° 00-128)...”.

 

En el caso de autos, contrariamente a lo aseverado por la parte recurrente, no puede considerarse que la solicitud de copias del expediente, refleje un acto de impulso procesal.

En efecto, el mero hecho de solicitar copias del expediente, no puede constituirse en un acto de procedimiento que tienda a su impulso, ello en virtud de que el mismo no es un acto efectivo para la prosecución del juicio, razón por la cual dicha actuación no impidió que la perención de la instancia se consumara, extinguiéndose el impulso de la demanda y poniéndose fin al proceso, resultando acertada la determinación que sobre el punto sostuvo el tribunal de la recurrida.

Demostrada la improcedencia de la violación de normas de orden público, relativas a la perención de la instancia, resulta impretermitible para esta Sala declarar perecido el presente recurso, por no reunir los requisitos mínimos de técnica necesarios para acceder al análisis casacional. Así se decide.

D E C I S I Ó N

 

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PERECIDO el recurso de casación ejercido por la representación judicial de la parte actora INVERSIONES YARANIR, C.A. contra la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2003, dictada en alzada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Lara.

Se condena en las costas del recurso al perdidoso, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, registrase y remítase el expediente al Tribunal de la causa Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en Barquisimeto. Participase esta decisión al Juzgado Superior antes mencionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrado,

 

 

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TULIO ÁLVAREZ LEDO

El Secretario,

 

 

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp.: N° AA20-C-2004-000006

 

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