Venley

Sentencia N.º RCL.000122

Sentencia
N.º RCL.000122
Fecha
16/03/2015
Sala
Casación Civil
Expediente
14-766
Ponente
Yris Armenia Peña Espinoza
Procedimiento
Reclamo

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp 2014-000766

 

Ponencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

En el juicio por cumplimiento de contrato de compraventa, intentado por la ciudadana LUISA MARGARITA SUÁREZ, representada judicialmente por la profesional del derecho Raiza Vallera León, contra el ciudadano OSWALDO JOSÉ TAHÁN RAMÍREZ, representado judicialmente por los abogados Antonio Anato, Antonio Anato (hijo), Jesús Antonio Anato y José Rodríguez; el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 28 de mayo de 2014, mediante la cual declaró: 1) Con lugar la apelación interpuesta por la demandante contra la decisión dictada en fecha 22 de mayo de 2013, por el Tribunal Séptimo de Municipio Ejecutor de Medidas e Interino en funciones de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda; 2) Nulo y sin efecto alguno, y se revoca en todas y cada una de sus partes el fallo apelado; 3) Con lugar la demanda; 4) Sin lugar la reconvención por resolución del contrato objeto de controversia e improcedente la pretensión de daños y perjuicios del demandado reconviniente; 5) Se condena en costas al accionado reconviniente.

 

        Contra la referida decisión de alzada, la demandante interpuso solicitud de corrección, mediante decisión de fecha 13 de octubre de 2014, el ad quem declaró extemporánea por tardía dicha solicitud de corrección y definitivamente firme el fallo dictado en fecha 28 de mayo de 2014, en virtud que la parte perdidosa no ejerció los recursos pertinentes, en consecuencia, ordenó la remisión inmediata del expediente al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

        Contra la referida decisión, el demandante en fecha 28 de octubre de 2014, anunció recurso de casación, el cual fue negado mediante auto de fecha 29 del mismo mes y año, por motivo, que dicho recurso resulta "improcedente.

 

        Contra la referida negativa, la accionante en fecha 11 de noviembre de 2014, ejerció recurso de hecho.

        En fecha 14 de noviembre de 2014, la demandante presentó ante la Secretaría de la Sala, reclamo por supuesta obstaculización en la tramitación del recurso de casación.

 

        En fecha 12 de enero de 2015, según Acta de Recomposición de la Sala y según Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6165 de fecha 28 de diciembre de 2014, se reconstituyó la Sala de Casación Civil, dada la incorporación de los Magistrados titulares Guillermo Blanco Vásquez y Marisela Godoy Estaba

 

        En fecha 11 de febrero de 2015, se reconstituyó la Sala, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrado Presidente Guillermo Blanco Vásquez, Magistrado Vicepresidente Luis Antonio Ortiz Hernández, Magistrada Yris Armenia Peña Espinoza, Magistrada Isbelia Pérez Velásquez y Magistrada Marisela Godoy Estaba.

 

        Cumplidas las formalidades legales, pasa esta Sala a emitir el correspondiente pronunciamiento con ponencia de la Magistrada que con tal carácter suscribe el presente fallo, en los términos que se exponen a continuación:

 

-I-

RECLAMO

 

        En el sub iudice, el recurrente interpone reclamo con fundamento en lo siguiente:

“…se ejerce el presente recurso de reclamo contra la conducta de obstaculización del Juez (sic) del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para ejercer el RECURSO DE HECHO (sic) contra el auto que presuntamente negó el RECURSO DE CASACIÓN (sic) ejercido contra el auto del 13 de octubre de 2014, que contiene la negativa de corrección del número de cédula de identidad de mi mandante, indicado erróneamente en la sentencia definitiva (28-05-2014) en la cual resultó gananciosa, habida consideración que no modificaba la controversia decidida por Tribunal Colegiado (28-05-2014), y dicha negativa de corrección (13-10-2014) hace nugatorio el derecho declarado a mi representada e inejecutable la sentencia definitiva, no obstante la obligación de los jueces de la República de mantener la integridad de la Constitución conforme con el artículo 334.

(…Omissis…)

DE LOS ANTECEDENTES

En fecha 28 de mayo de 2014, mediante constitución del Tribunal Colegiado, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia definitiva en la causa, y mi mandante, ciudadana LUISA MARGARITA SUAREZ (sic), identificada con la cédula de identidad N° V-8.312.742, en su condición de parte actora, resultó totalmente gananciosa en la causa que incoara contra el ciudadano Oswaldo José Tahán Ramírez, por cumplimiento de contrato de compra-venta de un inmueble, causa admitida en fecha 01 (sic) de febrero de 2002, vale decir, hace aproximadamente doce (12) años y nueve (9) meses.

Es el caso que, por “error material” se identificó a mi mandante, LUISA MARGARITA SUAREZ, con el número de cédula de identidad N° V-8.307.445, siendo lo correcto haberla identificado con la cédula de identidad N° V-8.312.742.

El número de cédula de identidad N° V-8.307.445, identifica a la hija de mi mandante ciudadana RAIZA CARDIVILLO SUAREZ (sic), quien a su vez es apoderada de mi representada y sustituyó su poder en mi persona.

Ahora bien, ciertamente en fecha 07 (sic) de octubre de 2014, mediante diligencia, solicité en nombre de mi mandante, que el número de cédula de identidad fuese corregido en la sentencia definitiva, y fuese identificada con el número V-8.312.742, a los fines de la debida ejecutabilidad de la sentencia definitiva del 28-05-2014, por cuanto es requerido para el debido registro inmobiliario.

En fecha 13 de octubre de 2014, el Juzgado (sic) a quem (sic), expidió un auto, mediante el cual negó la corrección del número de la cédula de identidad de mi representada, parte actora gananciosa, manifestando extemporaneidad por tardía la solicitud según el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, lo cual expresó en los siguientes términos:

“…declara: PRIMERO: EXTEMPORANEA POR TARDIA (sic) LA SOLICITUD DE CORRECCIÓN formulada por la Abogada (sic) RAYZA (sic) VALLERA, en su carácter de apoderada de la parte actora. SEGUNDO: DEFINITIVAMENTE FIRME la decisión dictada en fecha 28-05-2014, en virtud que la parte perdidosa no ejerció los recursos pertinentes. En consecuencia, se ordena la remisión inmediata del expediente al Juzgado Undécimo de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial a los fines legales pertinentes.

La presente decisión forma parte integrante del fallo definitivo dictado por este Juzgado (sic) Superior (sic), el 28-05-2014.

Regístrese, publíquese, diaricese (sic), déjese copia certificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 eiusdem y remítase el expediente en la oportunidad legal correspondiente…”.

Mediante Oficio (sic) N° 2014-312 del 13-10-2014, este Tribunal (sic) remitió el expediente al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial y fue recibido en los Juzgados de Primera Instancia, para itinerario en fecha 15 de octubre de 2014, con nota alusiva al hecho que fue DEVUELTO DEL JUZGADO 7MO EJECUTOR, por remisión al Juzgado de origen.

El Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial recibe el expediente en fecha 20 de octubre de 2014 y le da entrada.

Es el caso, que con la remisión del expediente SIN EL TRANSCURSO EL LAPSO DE LEY PARA EJERCER RECURSOS CONTRA EL AUTO DEL 13-10-2014, causa un gravamen irreparable o de difícil reparación a la parte accionante gananciosa en la causa, habida consideración, que el Juzgado (sic) a quem (sic) declaró que dicha negativa de corrección del número de cédula de identidad de la actora, por mi solicitado, formaba parte integrante del fallo definitivo dictado por este Juzgado (sic) Superior (sic), el 28-05-2014. Por cuyo efecto, mi representada tenía contra dicho auto (13-10-2014) los mismos recursos que los establecidos para la sentencia definitiva, y el lapso para ejercer recursos de diez (10) días de despacho NUNCA TRANSCURRIERON EN EL JUZGADO A QUEM (sic)¸ porque fue impedido y/o obstaculizado por dicho Juzgado (sic) a quem (sic) al remitir el expediente el mismo día 13-10-2014, mediante Oficio (sic) al Tribunal (sic) de la causa.

Por cuyo efecto, tanto el Tribunal (sic) de la causa (24 de octubre de 2014) como por ante el Juzgado (sic) a quem (28 de octubre de 2014) interpuse RECURSO DE CASACIÓN contra el auto del 13 de octubre de 2014, que negó la corrección del número de cédula de identidad que identifica mi mandante, ciudadana LUISA MARGARITA SUAREZ (sic), C.I. N° V-8.312.742, en este último caso fue identificada mi solicitud con el N° 74, porque el expediente habida (sic) sido remitido anteriormente al tribunal de la causa.

Seguidamente, en fecha 29 de octubre de 2013, fue remitida por el Juzgado (sic) a quem (sic), mi referida solicitud del 28-10-2014, para que formara parte del expediente en el Tribunal (sic) de la causa.

Desconozco el contenido de la decisión del Juzgado (sic) a quem (sic), por la cual remitió mi solicitud del 28-10-2014, para adjuntarla al expediente del Tribunal (sic) de la causa.

Debo acotar que no he tenido acceso al físico del expediente en el Tribunal (sic) de la causa, porque el expediente está listo para ser remitido “nuevamente” al Juzgado (sic) a quem, mediante Oficio (sic), desde el 30 de octubre de 2014, según información obtenida por el sistema juris 2000, por la OAP, por el alguacilazgo, y por el personal del archivo de primera instancia en lo civil.

En razón del derecho a la defensa de mi mandante, acudí en fecha 07 (sic) de noviembre de 2014, ante el Juzgado (sic) para tratar de conocer el contenido de la decisión del a quem, sobre mi solicitud de anuncio de recurso de casación contra el auto del 13-10-2014, y en el libro diario del Juzgado (sic) a quem, en fecha 29-10-2014, hace mención a mi solicitud y a la remisión mediante oficio al Tribunal (sic) de la causa, por cuyo efecto no tengo certeza jurídica del contenido y la razón de la remisión del expediente, y sólo (sic) por indicación verbal de la Secretaria (sic) del a quem, dijo que había sido negada mi solicitud.

Por esa secuencia de actos, no ha sido posible tener acceso al físico del expediente, y se ha obstaculizado ostensiblemente el derecho de mi representado al debido proceso, y al “conocimiento cierto” de la decisión del Juzgado (sic) a quem (sic) acerca del derecho de mi representada, para ser viable la corrección de su número de cédula de identidad en la sentencia definitiva, mediante el anuncio del recurso de casación y en el supuesto de negativa tener acceso para su debido conocimiento y el ejercicio del recurso de hecho, por remisión del expediente antes del tiempo debido.

El pronunciamiento contenido en el referido auto del 13 de octubre de 2014, es injusto, por cuanto el citado JUZGADO SUPERIOR HACE NUGATORIO EL DERECHO DECLARADO EN DICHA SENTENCIA DEFINITIVA DEL 28-05-2014, A FAVOR DE MI MANDANTE, por vía de consecuencia hace INEJECUTABLE la sentencia en mención, en violación del principio PRO ACTIONE, Derecho (sic) a la Defensa (sic), al Debido (sic) Proceso (sic), a la tutela judicial efectiva y la realización de la justicia responde al debido proceso, contenidos en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El presente caso está referido a la omisión de un deber procesal del Juez (sic) vinculado a la propia ejecutabilidad de su sentencia y a la concretización de la tutela judicial efectiva debida a la persona favorecida por el pronunciamiento judicial, como es la determinación de la correcta identificación de la actora en la decisión del 28-05-2014, por cuyo “error material” incurriría en una violación de rango constitucional al hacerse inejecutable dicha sentencia, pues por error del Tribunal (sic) Colegiado (sic), se identificó a mi mandante, ciudadana LUISA MARGARITA SUAREZ (sic) con el número de cédula de identidad No. V-8.307.445, siendo lo correcto identificarla con su número de cédula que es V-8.312.742, habida consideración que todos los Jueces (sic) de la República en el ámbito de sus competencias y conforme lo previsto en la Constitución y las leyes, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución, conforme (sic) contenido del artículo 314 de la Constitución.

(…Omissis…)

Por los razonamientos anteriores solicito se declare con lugar el presente recurso. Y se sirvan admitir el anunciado Recurso (sic) de Casación (sic) contra la decisión contenida en el auto de fecha 13 de octubre de 2014, que negó la corrección del número de cédula de identidad de mi mandante, previo sea recabado el expediente en cuestión del Juzgado (sic) a quem (sic)…”. (Negrillas y mayúsculas del texto).

 

        Del reclamo supra transcrito se evidencia que la intención del reclamante fue delatar la conducta obstaculizadora del juez del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en razón, “…que con la remisión del expediente SIN EL TRANSCURSO EL (sic) LAPSO DE LEY PARA EJERCER RECURSOS CONTRA EL AUTO DEL 13-10-2014, causa un gravamen irreparable o de difícil reparación a la parte accionante gananciosa en la causa…”.

        Ahora bien, esta Máxima Jurisdicción ha establecido reiteradamente, que los supuestos de procedencia del reclamo son los siguientes:

“...1) Contra la conducta de los jueces, concretamente del titular de la recurrida, que procure frustrar u obstaculizar el anuncio del recurso de casación.

2) Contra la conducta de cualquiera otra persona, que procure entorpecer la tramitación y admisión del recurso de casación.

3) Que en ambos casos, debe entenderse que la frustración y entorpecimiento se refieren exclusivamente al recurso de casación y no a otro recurso.

4) Por cuanto la negativa de admisión del recurso de casación puede dar origen al recurso de hecho correspondiente; la Sala interpreta que también el reclamo comprende la obstaculización de este recurso.

5) Que en el supuesto contemplado con el Nº 1 la Corte puede declarar admitido el recurso; en tanto que en el supuesto señalado Nº 2, la Corte ordenará, de ser procedente, el trámite y admisión.

6) Que las sanciones difieren según se trate de los supuestos señalados 1º y 2º...”. (Sent. 21/4/94, caso América Rendón Mata c/ Croerca C.A., reiterada en sentencia N° 1089 de fecha 19 de diciembre de 2006).

 

Conforme con el criterio jurisprudencial anteriormente transcrito, el reclamo debe ser declarado procedente si la conducta del juez tuvo por objeto frustrar u obstaculizar la tramitación o admisión del recurso de casación o del recurso de hecho, este último, por estar directamente vinculado con la admisibilidad del mencionado recurso extraordinario.

Ahora bien, antes de emitir pronunciamiento acerca de la procedencia del reclamo, la Sala considera pertinente verificar la tempestividad del mismo. Al respecto, en sentencia de este Alto Tribunal de fecha 21 de abril de 1994, reiterada en fallo Nro. RECL-00282 de fecha 15 de mayo de 2008, caso: Milagros Pastora Valera Valera de Vassilakov, contra Franklin de Vélez Jesús Dan Hurtado y otros, fue establecido lo siguiente:

“…a) Contra la conducta de los jueces que obstaculicen el anuncio del recurso de casación, el reclamo deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia de aquella conducta.

b) Contra la actuación del juez que impida, como en el caso de marras, el oportuno ejercicio del recurso de hecho, el reclamo deberá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquella conducta jurisdiccional...”. (Negrillas de la Sala).

Conforme con el anterior criterio jurisprudencial, el reclamante cuenta con diez (10) o cinco (05) días hábiles siguientes a la situación o conducta obstaculizadora del ejercicio del recurso de casación o de hecho, según sea el caso, para la interposición del reclamo, lo que supone, que haya podido tener conocimiento de tal conducta para el momento de su ocurrencia.

En el caso in comento, la Sala observa que el reclamo propuesto contra la conducta que se denuncia como obstaculizadora, relativa a que el juzgador de alzada profirió su fallo en fecha 13 de octubre de 2014, mediante el cual declaró extemporánea por tardía la solicitud de corrección interpuesta por la demandante y definitivamente firme el fallo dictado en fecha 28 de mayo de 2014, en virtud que la parte perdidosa no ejerció los recursos pertinentes; ordenó la remisión inmediata del expediente al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remisión esta que impidió el transcurso del lapso de ley para ejercer recursos contra dicha decisión.

Conforme al anterior señalamiento, esta Sala evidencia que el reclamo es extemporáneo, pues, la conducta que se denuncia como obstaculizadora de anunciar el recurso de casación, es la ejercida en fecha 13 de octubre de 2014, por el juzgador de alzada, de lo cual se desprende, que desde la prenombrada fecha, hasta el 11 de noviembre de 2014, fecha en que fue presentado el recurso de reclamo ante la Secretaría de esta Máxima Jurisdicción, ya había transcurrido el lapso procesal de diez (10) días hábiles, luego de la conducta hoy sujeta a reclamo.

En virtud de lo antes expuesto, esta Sala en el dispositivo del presente fallo declarará la extemporaneidad por tardío del reclamo interpuesto por la demandante, contra el Juez del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, respecto a la obstaculización del trámite del recurso de casación.

 

-II-

RECURSO DE HECHO

 

La Sala pasa a pronunciarse sobre el recurso de hecho propuesto por la abogada Raiza Vallera León, apoderada judicial de la demandante, y a tal efecto observa:

En el sub iudice, tal como se indicó, la decisión contra la cual se anunció y negó el recurso extraordinario de casación, fue la dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 13 de octubre de 2014, que declaró extemporánea por tardía la solicitud de corrección interpuesta por la abogada Raiza Vallera León, apoderada judicial de la demandante, y definitivamente firme la decisión dictada en fecha 28 de mayo de 2014, en virtud que la parte perdidosa no ejerció los recursos pertinentes, en consecuencia, ordena la remisión inmediata del expediente al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial a los fines legales pertinentes.

Ahora bien en cuanto a los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de casación, el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, prevé:

“…El recurso de casación puede proponerse:

1°. Contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios civiles o mercantiles, cuyo interés principal exceda de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares, salvo lo dispuesto en leyes especiales respecto de la cuantía.

2°. Contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios especiales contenciosos cuyo interés principal exceda de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares, y contra las de última instancia que se dicten en los procedimientos especiales contenciosos, sobre el estado y la capacidad de las personas.

3°. Contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él; o los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, después que contra ellos se hayan agotado todos los recursos ordinarios.

4°. Contra las sentencias de los Tribunales Superiores que conozcan en apelación de los laudos arbitrales, cuando el interés principal de la controversia exceda de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares…”.

 

        En el sub iudice, la decisión proferida en fecha 13 de octubre de 2014, no constituye un fallo de los recurribles en casación, ya que la misma no encuadra en la previsión contenida en el ordinal 3º) del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, porque no resuelve “...puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él; o los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancia...”, en razón, que declaró extemporánea por tardía la solicitud de corrección de la demandante y definitivamente firme la decisión proferida en fecha 28 de mayo de 2014, en virtud, que la parte perdidosa no ejerció los recursos pertinentes, por lo que, en dicha decisión, en modo alguno, fueron resueltos puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él.

Por lo tanto, la decisión de alzada no encuadra dentro de los fallos recurribles en sede casacional, de conformidad con la norma adjetiva anteriormente citada, en consecuencia, el recurso de casación es inadmisible, lo que determina la declaratoria sin lugar del presente recurso de hecho. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1) EXTEMPORÁNEO POR TARDÍO, y en consecuencia, INADMISIBLE el reclamo propuesto por la demandante, contra la supuesta conducta obstaculizadora asumida por el juez del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; 2) SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 29 de octubre de 2014, dictado por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, denegatorio del recurso de casación anunciado contra la sentencia de fecha 13 de octubre de 2014, dictada por el referido juzgado.

 

Se condena al recurrente al pago de las costas, de conformidad con la ley.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese la presente remisión al Juzgado de origen ya mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil quince. Años: 204º de la Independencia y 156º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

 

____________________________

GUILLERMO BLANCO VÁSQUEZ

 

Vicepresidente,

 

 

 

______________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

Magistrada-Ponente,

 

 

 

____________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Magistrada,

 

 

 

_________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

Magistrada,

 

 

 

________________________

MARISELA GODOY ESTABA

 

 

 

 

Secretario,

 

 

 

__________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

 

 

Exp. Nº AA20-C-2014-000766

 

Nota: Publicado en su fechas a las

 

 

 

 

Secretario,

 

 

El Dr. Luis Antonio Ortiz Hernández manifiesta su disentimiento con respecto al fondo de la decisión precedentemente consignada y aprobada por los demás Magistrados miembros integrantes de este órgano colegiado del Tribunal Supremo de Justicia, en atención al contenido y alcance del artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno de este Alto Tribunal, en consecuencia y en su carácter de Magistrado Titular de esta Sala de Casación Civil, salva su voto en los términos siguientes:

 

Se observa, como la mayoría sentenciadora, entiende que es competente para conocer del recurso ejercido en el presente caso a un Juzgado Superior, cuando la decisión recurrida o impugnada proviene de un Tribunal de Municipio.

 

La justificación se basa en el contenido de lo establecido en la Resolución N° 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.152 de fecha 2 de abril de ese mismo año, en la cual este Supremo Tribunal de Justicia en su Sala Plena, acordó hacer una redistribución a nivel nacional de las competencias de los juzgados para conocer de los asuntos civiles, mercantiles y del tránsito.

Asimismo, se fundamenta en el criterio sentado por esta Sala de Casación Civil en sentencia N° 740 del 10 de diciembre de 2009, expediente 09-283, caso: María Concepción Santana Machado contra Edinver José Bolívar Santana, con la que no estuve de acuerdo y no firmé, según la cual, “…las apelaciones que se propongan contra las decisiones dictadas por los Juzgados de Municipio, cuando actúen como jueces de primera instancia, deben ser conocidas por los mismos tribunales que conocerían las proferidas por los jueces de primera instancia, esto es, los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil en la Circunscripción Judicial, a la que pertenece el Juzgado de Municipio”.

 

A juicio de quien aquí salva su voto, esto constituye una violación de lo estatuido en los artículos 48 y 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente, donde a mi entender, se comprueba que los tribunales de Primera Instancia son los que tienen atribuida competencia para conocer en alzada o segundo grado de jurisdicción, de los juicios decididos en primera instancia o primer grado de jurisdicción por los Juzgados de Municipio, así como de los recursos de hecho ejercidos contra las negativas de apelación que de estos últimos emanan, lo que a mi criterio demuestra lo errado de la decisión adoptada por la mayoría, cuando acepta que una decisión de un Tribunal de Municipio, sea conocida por un Juez Superior y no por su superior jerárquico que es un Juez de Primera Instancia.

 

En este sentido es preciso destacar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela preceptúa en el numeral 4 de su artículo 49 el derecho de toda persona a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley.

 

Asimismo, el Texto Constitucional establece en el primer aparte de su artículo 253, que corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos sometidos a su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, previsión que resulta complementada por lo establecido en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el cual los actos procesales han de realizarse en la forma prevista en el referido texto legal, y en las demás leyes especiales, por lo que el Juez, sólo cuando la ley no señale la forma de realización de un acto, podrá admitir y aplicar aquella que considere idónea para lograr los fines del mismo.

Así pues, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en la ley procesal común, los jueces de la República, al momento de admitir, tramitar y decidir las controversias y recursos sometidos a su consideración, deben actuar ajustados a lo dispuesto en las disposiciones adjetivas aplicables al caso, pues en caso contrario, vulneran el principio de legalidad de las formas procesales, subvirtiendo el orden procesal establecido en la ley (debido proceso), así como la garantía del juez natural.

 

En relación con éste punto y el carácter de orden público de la competencia funcional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 935 del 20 de mayo de 2004, expediente Nº 03-2288, caso: Carmen Elida Carrillo Vargas y otro, asentó:

“(…) cuando el juez actúa con manifiesta incompetencia y procede a dictar sentencia de mérito incurre en una evidente trasgresión al artículo 49, numeral 3 de la Constitución, ya que carece de aptitud o cualidad para juzgar, en concordancia con el artículo 253 eiusdem. Igualmente resulta violado, en consecuencia, el numeral 4 del referido artículo 49, ya que dicha carencia de aptitud en el juez conlleva a que el justiciable no sea juzgado por sus jueces naturales, derecho esencial a ser observado en toda causa.

Es evidente que un juez incompetente, además, nunca podrá ser el juez natural de la causa, mucho menos en el presente caso que se trata de competencia funcional determinada por la ley, la cual no puede ser derogada por convenios de las partes porque es de eminente orden público.

El legislador, cuando establece estos fueros de competencia que sirven para determinar ante que tribunal debe acudir el actor, toma en cuenta los principios de libertad e igualdad de los individuos ante la ley, contemplados en los artículos 20 y 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y para mantener la igualdad procesal de las partes, según la diversa condición que ocupen en el proceso”. (Resaltado y subrayado añadido).

 

En similar sentido se pronunció dicha Sala en sentencia Nº 3061 del 14 de diciembre de 2004, expediente Nº 04-2781, caso: Banco Provincial S.A. Banco Universal, en la que estableció:

“…Ahora bien, la distribución de las competencias entre los órganos jurisdiccionales obedece básicamente, a la necesidad práctica de permitir una mejor y eficiente administración de justicia, la llamada competencia funcional responde a criterios de distribución que atiende al orden jerárquico de los tribunales, el cual responde a la existencia de la garantía de la doble instancia.

En este sentido se observa que, la presente causa fue sustanciada y decidida por juzgados atribuidos de competencia agraria.

Al respecto, el artículo 166 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece:

‘...La jurisdicción agraria estará integrada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, y los demás tribunales señalados en este Decreto Ley.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, debido a la especialidad de la materia, conocerá no sólo de los recursos de casación, sino de los asuntos contenciosos administrativos que surjan con motivo de la aplicación del presente Decreto Ley, y a tal efecto, creará una Sala Especial Agraria.

La ley que regirá al Tribunal Supremo de Justicia establecerá las atribuciones de la Sala de Casación Social, sin embargo, ésta ejercerá las atribuciones que el presente Decreto Ley le otorgan desde su entrada en vigencia...’.

En consecuencia, mal podría conocer la Sala de Casación Civil, de un recurso de casación interpuesto contra una sentencia dictada como sucede en el presente caso, por un juzgado superior agrario, ya que, la competencia funcional es inderogable y de estricto orden público (…)” (Resaltado y subrayado añadido).

 

En atención a las normas legales y precedentes jurisprudenciales citados, considero que en algún momento deberá ser revisado el criterio sentado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, puesto que el mismo subvierte la llamada competencia funcional establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, creando una especie de recurso de apelación per saltum que francamente, considero no está previsto en nuestro ordenamiento jurídico, con la gravedad de que dicho criterio no sólo ha sido aplicado para las apelaciones, sino que también es aplicado para la resolución de las regulaciones de competencias, y para determinar el conocimiento de los recursos de hecho, de las inhibiciones y de las recusaciones.

 

Por último, considero que el criterio de la mayoría de esta Sala, contraría lo que debe entenderse como juzgado de alzada (superior jerárquico), conforme al criterio reiterado de la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, sentado entre otras, en sentencias números 68 del 16 de julio de 2009; 47 del 14 de agosto de 2013; 59 del 31 de octubre de 2013; y 116, 124 y 125 del 12 de diciembre de 2013; de allí también mi inconformidad con dicho criterio.

 

Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.

 

En Caracas, fecha ut-supra.

 

Presidente de la Sala,

 

 

 

 

____________________________

GUILLERMO BLANCO VÁSQUEZ

 

Vicepresidente,

 

 

 

 

______________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

Magistrada-Ponente,

 

 

 

 

____________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Magistrada,

 

 

 

 

_________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

Magistrada,

 

 

 

 

________________________

MARISELA GODOY ESTABA

 

 

 

 

Secretario,

 

 

 

__________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

 

 

Exp. Nº AA20-C-2014-000766

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