Sentencia N.º RCyH.00710
- Sentencia
- N.º RCyH.00710
- Fecha
- 10/08/2007
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 06-387
- Ponente
- Yris Armenia Peña Espinoza
- Procedimiento
- Recurso de Casación y Hecho
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Exp. 2006-000387
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ponencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
En el juicio por nulidad de venta, intentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, por las ciudadanas FLOR DE LA CHIQUINQUIRÁ CALDERA CORONEL y MARÍA ALEJANDRA RIVAS-VÁSQUEZ CALDERA, representadas judicialmente por los abogados José Lubin Maldonado M., Sergio Maldonado R. y María Juana Maldonado R., contra el ciudadano LUIS FERNANDO BOHÓRQUEZ MONTOYA, representado judicialmente por los profesionales del derecho Rosalía Valero de Durán, Ramón Alfonso Durán Torres, Oswaldo Buloz Saleh, Carlos E. Galárraga C., Gregorio Muñones Gómez y Nilka Cedeño Cedeño; el Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de “Menores” de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en reenvío, dictó sentencia en fecha 31 de enero de 2006, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por las demandantes contra el fallo dictado por el juzgado de la cognición en fecha 11 de noviembre de 2002, que declaró sin lugar la demanda y, en consecuencia confirmó la decisión apelada.
Contra la referida decisión de alzada, la co-demandante María Alejandra Rivas-Vásquez Caldera, en fecha 14 de marzo de 2006, anunció recurso de casación, ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.
En fecha 22 de marzo de 2006, la co-demandante María Alejandra Rivas-Vásquez Caldera, anunció nuevamente recurso de casación, pero ante el juzgado de la cognición.
En fecha 22 de marzo de 2006, la co-demandante Flor de la Chiquinquirá Caldera Coronel, solicitó ante el a quo se declare la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia proferida por el juzgado superior y reponga la causa al estado de la notificación de las partes.
En fecha 11 de julio de 2006, el juzgador de alzada negó la admisión del recurso de casación interpuesto en fecha 22 de marzo de 2006, y declaró improcedente la solicitud de nulidad y consiguiente reposición de la causa.
Contra dicho auto, la demandante María Alejandra Rivas-Vásquez Caldera interpuso recurso de hecho y, la co-demandante Flor de la Chiquinquirá Caldera Coronel, anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación, la Sala, pasa a dictar su decisión, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe en los términos que a continuación se expresan:
I
De la lectura de las actas que conforman el expediente se evidencia, que la Sala debe emitir tres pronunciamientos, a saber: 1) Recurso de hecho interpuesto por la co-demandante María Alejandra Rivas-Vásquez Caldera, contra el auto de fecha 11 de julio de 2006, denegatorio del recurso de casación que anunciara en fecha 22 de marzo de 2006, contra el fallo dictado por el ad quem, en fecha 31 de enero de 2006; 2) Recurso de casación anunciado y admitido por la co-demandante Flor de la Chiquinquirá Caldera Coronel, contra la decisión de fecha 11 de julio de 2006; 3) Admisibilidad del anunció del recurso de casación ejercido por la co-demandante María Alejandra Rivas-Vásquez Caldera, en fecha 14 de marzo de 2006, ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del estado Mérida;
II
RECURSO DE HECHO
De la revisión de las actas que conforman el expediente, se observa que el juzgador de alzada negó la admisión del recurso de casación anunciado por la co-demandante María Alejandra Rivas-Vásquez Caldera, fundamentando en que el mismo fue anunciado extemporáneamente por tardío, por cuanto, desde la fecha en que se publicó la sentencia objeto de recurso extraordinario de casación, 31 de enero de 2006, la cual se hizo tempestivamente, hasta el 17 de febrero de 2006, transcurrieron once (11) días de despacho, lapso que excede el concedido para el referido anuncio.
Ahora bien, estima la Sala, pertinente hacer un breve recuento de alguna de las actuaciones procesales ocurridas en el expediente, a saber:
En fecha 15 de noviembre de 2004, esta Sala declaró con lugar el recurso de casación anunciado por el demandado, contra la sentencia de fecha 13 de mayo de 2003, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, “Menores” y Amparo Constitucional de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.
En fecha 29 de noviembre de 2004, la Sala ordenó remitir el expediente al Juzgado Superior anteriormente mencionado.
En fecha 9 de diciembre de 2004, el ad quem le dio entrada al presente expediente.
En fecha 9 de diciembre de 2004, el Dr. Juan Latouche Marroquí, Juez Provisorio del Tribunal de alzada, se inhibió de seguir conociendo la presente causa.
En fecha 14 de diciembre de 2004, se ordenó la remisión del expediente al Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, y de “Menores” y Amparo Constitucional de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.
En fecha 15 de diciembre de 2004, el Dr. Daniel Monsalve Torres, Juez Provisorio del juzgado anteriormente citado, se inhibió de conocer el presente juicio.
En fecha 11 de julio de 2005, la abogada Rocío María Pérez Quiñónez, aceptó la designación hecha por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer la causa cuyo expediente cursa por ante el Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Mérida.
En fecha 11 de julio de 2005, se constituyó el referido Juzgado Superior, para conocer de las incidencias de inhibiciones surgidas en el presente juicio.
En fecha 2 de agosto de 2005, la Juez Accidental del Juzgado de Alzada, declaró con lugar las inhibiciones formulada por los abogados Juan Latouche Marroquí y Daniel Monsalve Torres, asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil, ordenó la reanudación de la causa, a cuyo efecto fija el décimo primer día de despacho siguiente a aquel que conste en autos la última notificación que del referido abocamiento se haga a las partes o sus apoderados.
En fecha 19 de septiembre de 2005, las ciudadanas María Alejandra Rivas-Vásquez Caldera y Flor de la Chiquinquirá Caldera de Ramírez, quedaron legalmente notificadas que el Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, por auto de fecha 11 de agosto del mismo año, se abocó al conocimiento de la presente causa.
En fecha 19 de septiembre de 2005, la abogada Rosalía Valero de Durán, apoderada judicial del demandado se dio legalmente por notificada.
En fecha 31 de enero de 2006, el Juzgador de Alzada dictó sentencia declarando sin lugar la apelación interpuesta por las demandantes y sin lugar la demanda.
En fecha 17 de febrero de 2006, se acordó la remisión del expediente al juzgado de la causa, a los fines de la ejecución de la sentencia.
En fecha 22 de marzo de 2006, la co-demandante María Alejandra Rivas-Vásquez Caldera, anunció ante el juzgado de la cognición recurso de casación contra el fallo dictado por el ad quem en fecha 31 de enero del mismo año, por cuanto dicha sentencia fue dictada fuera del lapso.
En fecha 22 de marzo de 2006, la co-demandante Flor de la Chiquinquirá Caldera Coronel, solicitó ante el a quo la devolución del expediente al Juzgado Superior, a los fines que declare la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia dictada y reponga la causa al estado de la notificación de las partes.
En fecha 27 de marzo de 2006, el juzgado de la cognición ordenó remitir el expediente al Juzgado Superior, por motivo de los pedimentos hechos por las demandantes.
En fecha 11 de julio de 2006, el juzgador de alzada dictó auto mediante el cual negó la admisión del recurso de casación interpuesto por la co-demandante María Alejandra Rivas-Vásquez, y declaró improcedente la solicitud de nulidad y reposición de la causa al estado de notificación de las partes interpuesta por la co-demandante Flor de la Chiquinquirá Caldera Coronel.
En fecha 31 de julio de 2006, la co-demandante María Alejandra Rivas-Vásquez, contra dicho auto interpuso recurso de hecho y la co-demandante Flor de la Chiquinquirá Caldera Coronel, anunció recurso de casación.
En fecha 18 de septiembre de 2006, el ad quem admitió el recurso de casación interpuesto por la co-demandante Flor de la Chiquinquirá Caldera Coronel.
En fecha 14 de marzo de 2007, la Sala con el fin de recabar información pertinente al asunto sometido a su consideración ordenó oficiarle al Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, a fin de que remita a este Alto Tribunal, cómputo del lapso para dictar sentencia desde su inicio hasta la fecha en la que efectivamente fue dictada.
En fecha 11 de abril de 2007, se recibió en la Secretaría de esta Sala, oficio N° 144-2007 de fecha 3 del mismo mes y año, proveniente del Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, constante de un folio útil, el cual es del tenor siguiente:
“…El suscrito, ROGER ERNESTO DÁVILA ORTEGA, Secretario del Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Mérida CERTIFICA: Que según consta de los asientos del Libro Diario, desde el 11 de octubre de 2005, exclusive, hasta el 31 de enero de 2006, inclusive, transcurrieron en este Juzgado 17 días de despacho, es decir, jueves 13, viernes 14, lunes 17, miércoles 19, jueves 20, viernes 21, lunes 24, martes 25 y lunes 31 de octubre de 2005; martes 1°, miércoles 02, jueves 03, lunes 07, martes 08, miércoles 09 y jueves 10 de noviembre de 2005; y martes 31 de enero de 2006. Asimismo, que transcurrieron 81 días continuos con o sin despacho. Certificación que se expide de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72, numeral 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial en concordancia 112 del Código de Procedimiento Civil…”.
De acuerdo con el cómputo solicitado por esta sede casacional, precedentemente transcrito se evidencia que desde el 11 de octubre de 2005, (fecha de inicio del lapso para dictar sentencia), hasta el 31 de enero de 2006, (fecha en la que se dictó sentencia), transcurrieron 81 días.
Ahora bien, de la anterior consideración esta Sala observa, que la decisión dictada por el a quem en fecha 31 de enero de 2006, fue dictada fuera del lapso legal previsto en el artículo 522 del Código de Procedimiento Civil, el cual es de cuarenta (40) días, por motivo, que dicho lapso se computa por días calendarios consecutivos, tal y como lo dispuso la Sala Constitucional de este Alto Tribunal en decisión N° 319 de fecha 9 de marzo de 2001, al señalar: “…El lapso que tiene la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal para sentenciar, así como el que tiene el Juez de Reenvío, establecido en los artículos 319 y 522 del texto que rige la materia serán computados por días calendarios consecutivos, sin atender a las excepciones establecidas en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil…”.
En este sentido, la Sala ha señalado en reiterada jurisprudencia, que los fallos dictados fuera de los lapsos procesales deben forzosamente contar con la notificación de las partes, pues, de lo contrario se estaría incurriendo en menoscabo del derecho de la defensa consagrada en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil.
En relación a las notificaciones de las sentencias dictadas fuera del lapso previsto en la normativa procesal, esta Sala en decisión de fecha 29 de septiembre de 1993, caso: Arquitectura y Promoción (Arquipro), S.R.L, contra Odoardo León Ponte, expediente: N° 92-372, estableció lo siguiente:
“...Las notificaciones, son ineficaces por ilegales, cuando estén presente graves errores cometidos por los tribunales del mérito, pues la sentencia dictada fuera del lapso procesal necesariamente debe poner a derecho a las partes, mediante notificaciones válidas, por lo cual al faltar éstas, no puede transcurrir el lapso para apelar y, por lo tanto, la decisión no adquiere los atributos de la cosa juzgada mientras la parte afectada aún tenga el derecho de apelar el fallo.
En tales casos, es procedente el recurso de casación, por cuanto la decisión recurrida al no decretar la reposición de la causa que le fue solicitada por la demandada, por los vicios existentes en la notificación, produce en definitiva menoscabo del derecho de defensa...”.
Aplicando el criterio jurisprudencial precedentemente transcrito al caso in comento y visto que en el mismo el juzgador de alzada al dictar su fallo fuera del lapso procesal, no ordenó poner a derecho a las partes, mediante notificaciones válidas, esta Sala, considera en garantía a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, que el recurso de casación anunciado en el presente caso debe ser admitido, lo que determina la declaratoria con lugar del presente recurso de hecho. Así se decide.
III
RECURSO DE CASACIÓN
ÚNICO
Corresponde a esta Sala pronunciarse en definitiva sobre la admisibilidad del recurso de casación, no obstante lo que hubiere decidido el tribunal de alzada, cuando observare de oficio o a petición de parte, que la admisión de dicho recurso se hizo en contravención de los preceptos legales que regulan su admisibilidad. A tal efecto observa:
En el caso bajo análisis, la decisión recurrida en casación fue dictada, con motivo de la solicitud de la co-demandante Flor de la Chiquinquirá Caldera Coronel, en fecha 22 de marzo de 2006, a los fines que el juzgador de alzada declarare la nulidad de lo actuado partir de la sentencia dictada en fecha 31 de enero de 2006, y repusiere la causa al estado de la notificación de las partes, por cuanto, dicho fallo fue dictado fuera del lapso legal correspondiente.
En efecto, la referida decisión de alzada expresó lo siguiente:
“….En lo que respecta a los pedimentos formulados por la codemandante ciudadana FLOR DE LA CHIQUINQUIRA CALDERA CORONEL, asistida por el abogado FELIPE SANTIAGO CONTRERAS CALDERA, en escrito de fecha 22 de marzo de 2006 (folio 576) por ante el Tribunal de la causa, mediante el cual solicitó la devolución del expediente a este Juzgado Superior Accidental, al considerar que no se le notificó de la sentencia proferida por este Tribunal “y al bajar el expediente a este (sic) juzgado, se me (le) ha impedido el recurso de casación contra la sentencia, con lo que se me (le) esta violando el derecho a la defensa y el debido proceso, por lo que se hace nulo todo lo actuado en el juicio desde la fecha en que la sentencia se dicto” (sic) y pretende que esta Alzada “declare la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia y reponga la causa al estado de notificación de las partes como lo ordena la ley, a los fines de la oportunidad para que pueda anunciar el recurso de casación contra el fallo” (sic).
Por las razones antes expuestas relacionadas con el anuncio del recurso de casación, esta juzgadora considera improcedente la solicitud de nulidad y consiguiente reposición de la causa al estado de notificación de las partes, por cuanto la sentencia del 31 de enero de 2006, fue dictada dentro del lapso legal correspondiente y, por ende, se encontraban las partes a derechos a los fines de interponer el recurso de casación en referencia…”.
Como puede observarse de la precedente transcripción, el ad quem declaró improcedente la solicitud de la co-demandante, por cuanto la sentencia dictada en fecha 31 de enero de 2006, -a su criterio- fue dictada dentro del lapso legal correspondiente.
De las anteriores consideraciones, se puede evidenciar que lo pretendido por la co-demandante Flor de la Chiquinquirá Caldera Coronel, era atacar la sentencia que puso fin al juicio y que fue dictada fuera del lapso legal. Sin embargo, en lugar de ejercer el anuncio del recurso extraordinario de casación contra dicha sentencia de fecha 31 de enero de 2006, optó por solicitar la reposición de la causa al estado de notificación de las partes, con lo cual, obtuvo un pronunciamiento del ad quem en el que se negó tal pedimento.
Ahora bien, en cuanto a la admisibilidad en casación, dispone el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, que el recurso de casación podrá proponerse contra las siguientes decisiones:
“1° Contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios civiles o mercantiles, cuyo interés principal exceda de doscientos cincuenta mil bolívares, salvo lo dispuesto en leyes especiales respecto de la cuantía.
2° Contra las sentencias de última instancia que pongan fin a los juicios especiales contenciosos cuyo interés principal exceda de doscientos cincuenta mil bolívares, y contra las de última instancia que se dicten en los procedimientos especiales contenciosos sobre el estado y la capacidad de las personas.
3° Contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él; o los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, después que contra ellos se hayan agotado todos los recursos ordinarios.
4° Contra las sentencias de los Tribunales Superiores que conozcan en apelación de los laudos arbitrales, cuando el interés principal de la controversia exceda de doscientos cincuenta mil bolívares.
Al proponerse el recurso contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan comprendidas en él las interlocutorias que hubieren producido un gravamen no reparado en ella, siempre que contra dichas decisiones se hubieren agotado oportunamente todos los recursos ordinarios.
Los juicios sentenciados conforme al artículo 13 de este Código, no tienen recursos de casación”.
De lo expresado anteriormente, se evidencia que la sentencia recurrida no encuadra dentro de ninguno de los supuestos fijados para acceder a casación, lo cual, es forzoso para esta Sala, declarar la inadmisibilidad de dicho recurso, pues, la co-demandante Flor de la Chiquinquirá Caldera Coronel, utilizó un medio de impugnación inidóneo para obtener la tutela judicial respecto al asunto sometido a consideración, y por ello, obtuvo un pronunciamiento no recurrible en casación, por motivo, que dicho fallo no es una sentencia de última instancia que ponga fin al juicio, ni se trata de un auto dictado en ejecución de sentencia, ni mucho menos es una interlocutoria que hubiere producido algún gravamen.
En consecuencia, la Sala concluye que al no encuadrar la recurrida en ninguno de los ordinales previstos en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, el recurso de casación debe ser declarado inadmisible. Así se decide.
IV
ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN
De la narrativa de la presente sentencia, se verificó que la co-demandante María Alejandra Rivas-Vásquez Caldera, en fecha 14 de marzo de 2006, anunció recurso de casación contra el fallo dictado por el ad quem en fecha 31 de enero de 2006, ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con los mismos argumentos explanados en el escrito del recurso de hecho, el cual fue declarado con lugar por esta Sala, evidenciándose de esta forma que dicho anuncio carece de objeto y constituiría un desgaste innecesario de la función jurisdiccional emitir decisión al respecto, lo que determina suficientemente que no ha lugar a pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso interpuesto, más allá de los fundamentos plasmados en la presente decisión.
D E C I S I Ó N
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) CON LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 11 de julio de 2006, dictado por el Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, denegatorio del recurso de casación anunciado contra la sentencia de fecha 31 de enero de 2006, dictada por el referido Juzgado Superior. En consecuencia, se REVOCA dicho auto y se ADMITE el recurso de casación anunciado contra la referida decisión. Por tanto, a partir del día siguiente de la publicación del presente fallo, comenzará a correr el lapso de cuarenta (40) días para la formalización del recurso de casación, más el término de la distancia existente entre la ciudad de Mérida, sede del Tribunal de la recurrida y la ciudad de Caracas, que es de siete (7) días, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil; 2) INADMISIBLE el recurso de casación anunciado y formalizado por la co-demandante Flor de la Chiquinquirá Caldera Coronel, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en fecha 31 de enero de 2006; 3) No ha lugar a pronunciamiento sobre el anuncio del recurso de casación ejercido por la co-demandante María Alejandra Rivas-Vásquez Caldera, más allá de lo anteriormente expuesto.
Publíquese y regístrese. Pásese el expediente al juzgado de sustanciación para la designación del ponente que decidirá el recurso de casación.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10 ) días del mes de agosto de dos mil siete. Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.
Presidenta de la Sala-Ponente,
____________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
______________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
__________________________
Exp: Nº. AA20-C-2006-000387
Quien suscribe, Magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ, expresa su disentimiento con la sentencia precedentemente consignada y aprobada por los demás Magistrados y Magistradas integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declara que, en su tercer dispositivo, “...No ha lugar a pronunciamiento sobre el anuncio del recurso de casación ejercido (…) más allá de lo anteriormente expuesto...”; por lo que, procede a consignar por vía del presente escrito “...las razones fácticas y jurídicas de su negativa...” en atención al contenido y alcance del aparte cuarto del artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno del Alto Tribunal. En consecuencia, salva su voto, en los siguientes términos:
La sentencia que antecede dividió su motivo en tres partes, para considerar así, tres situaciones distintas planteadas por las partes; indicó:
“…De la lectura de las actas que conforman el expediente se evidencia, que la Sala debe emitir tres pronunciamientos, a saber: 1) Recurso de hecho interpuesto por la co-demandante (…), contra el auto de fecha 11 de julio de 2006, denegatorio del recurso de casación que anunciara en fecha 22 de marzo de 2006, contra el fallo dictado por el ad quem, en fecha 31 de enero de 2006; 2) Recurso de casación anunciado y admitido por la co-demandante (…), contra la decisión de fecha 11 de julio de 2006; 3) Admisibilidad del anuncio del recurso de casación ejercido por la co-demandante (…), en fecha 14 de marzo de 2006, ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del estado Mérida…”.
Respecto a las dos primeros puntos, quien disiente apoya la solución aportada por la mayoría sentenciadora, tanto en su motivación como en su dispositiva. Sin embargo, respecto al tercer punto, relativo a la admisibilidad del recurso de casación, sólo estoy de acuerdo con la motiva, pues al haber sido resuelto en el primer punto, declarando con lugar el recurso de hecho, estableciéndose que la casación era admisible anunciado por la misma parte y contra la misma sentencia, carece de sentido que la Sala volviera a estudiar los requisitos de admisibilidad; disintiendo en lo que refiere a su dispositivo.
El fallo que antecede expresó en su parte pertinente, lo siguiente:
“…IV
ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN
De la narrativa de la presente sentencia, se verificó que la co-demandante María Alejandra Rivas-Vásquez Caldera, en fecha 14 de marzo de 2006, anunció recurso de casación contra el fallo dictado por el ad quem en fecha 31 de enero de 2006, ante el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con los mismos argumentos explanados en el escrito del recurso de hecho, el cual fue declarado con lugar por esta Sala, evidenciándose de esta forma que dicho anuncio carece de objeto y constituiría un desgaste innecesario de la función jurisdiccional emitir decisión al respecto, lo que determina suficientemente que no ha lugar a pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso interpuesto, más allá de los fundamentos plasmados en la presente decisión.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: (…) 3) No ha lugar a pronunciamiento sobre el anuncio del recurso de casación ejercido por la co-demandante (…), más allá de lo anteriormente expuesto….” (Lo resaltado del texto transcrito).
Como se evidencia, como fórmula resolutoria, la sentencia disentida concluye, luego de expresar las razones que consideró pertinente, en que “NO HA LUGAR A PRONUNCIAMIENTO“.
Al respecto, observo que en sí misma resulta una expresión tan oscura e imprecisa como la frase “No tener materia sobre la cual decidir” y que en la mayoría de los casos ha sido utilizada como sustituta de ésta, frente a lo cual mal puedo permanecer indiferente, siendo que quien disiente es precursor del criterio de la Sala respecto a la injustificada utilización de la frase “no hay materia sobre la cual decidir”, manifestado en la oportunidad de concurrir mi voto en la decisión N° 33 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada el 1° de julio de 3003, expediente 2003-001, en el caso JULIÁN ISAÍAS RODRÍGUEZ DÍAZ, Fiscal General de la República, contra el General de División (GN) CARLOS RAFAEL ALFONZO MARTÍNEZ. Criterio que luego la Sala tomó como suyo en fallo N° RH.00069 de fecha 15 de igual mes y año, con ponencia del Magistrado hoy disidente, en el caso INVERSIONES S & M S.R.L., contra LAYARI TERESA MONTILLA MATEOS, expediente 2002-000217, y que ratifico en el presente voto salvado, en el que se hace un análisis jurídico y lógico sobre lo inapropiado de un dispositivo representado con esa frase.
Efectivamente, en dicho fallo la Sala estableció:
“...La Sala advierte, antes de entrar a conocer del presente recurso de hecho, en ejercicio de la función pedagógica que le corresponde desarrollar, la inadecuada utilización en las sentencias, de la expresión: “no tiene materia sobre la cual decidir”.
En ese sentido, estima que tal dispositivo es contradictorio en sí mismo, en razón a que siendo producto de un análisis y conclusión devenida del ejercicio de la función exhaustiva que corresponde al jurisdicente para tomar su decisión, mal puede hablarse al final de dicho análisis que dentro del contexto de los supuestos estudiados no existe en lo absoluto materia para resolver, y por mala praxis gramatical concluir en una antinomia dispositiva, ajena al contenido y alcance del artículo 19 del Código de Procedimiento Civil, que sanciona la abstención de decidir y que bien pudiera traducirse o interpretarse como una expresión vaga u oscura a la cual se contrae el legislador en el infine del artículo 254 eiusdem, y en una indeterminación de la cosa u objeto de decisión .
De allí que es necesario arraigar dicha expresión que bien pudiera ser sustituida para considerar como materia dispositiva, los supuestos entretejidos en las motivaciones y argumentos utilizados para estructurar la sentencia y que en definitiva limitan un pronunciamiento más allá de las sujeciones contenidas en la sentencia que toca proferir, por un parte y, por la otra, que la lógica jurídica nos enseña que siempre habrá algo sobre lo cual emitir un pronunciamiento o decidir; lo contrario equivale a que los jueces eludan el cumplimiento de sus funciones, por lo que es de impretermitible necesidad abandonar esta viciosa práctica, dejar de utilizar como dispositivo en los fallos tal expresión, y en cumplimiento de la función pública jurisdiccional del juez o jueza, así como en el desempeño de la labor que le corresponde desarrollar cuando procede a cumplir con su deber de administrar justicia, debe declarar algún derecho.
Por lo expuesto, se recomienda a los jueces o juezas de instancia procurar acoger el presente criterio para garantizar la sindérisis, cuando se proceda a dictar la máxima decisión procesal de la jurisdicción...” (Resaltado del texto trasladado).
Como se evidencia, la Sala ha planteado el asunto como un vicio de absolución de instancia e indeterminación objetiva, en el que incurre el juez o jueza cuando, teniendo la obligación de emitir un pronunciamiento luego de haber expresado las motivaciones pertinentes, declara que “no tiene materia sobre la cual decidir”.
El criterio jurisprudencial que se viene estableciendo, contenido en este voto salvado, el cual ha sido reiterado en muchos otros fallos (ver las sentencias N° RH.00572, de fecha 6 de julio de 2004, con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, expediente 2004-000342; N° rc.00126, de fecha 25 de febrero de 2004, con ponencia del Ex-Magistrado Tulio Álvarez Ledo, expediente 2002-000741; N° RH.00060, de fecha 18 de febrero de 2004, con ponencia del Magistrado hoy disidente, expediente 2004-000027), prevé que ante un dispositivo de la naturaleza que se analiza, el jurisdicente se aparta del contenido y alcance del artículo 19 del Código de Procedimiento Civil, que sanciona la abstención de decidir y que bien pudiera traducirse o interpretarse como una expresión vaga u oscura a la cual se contrae el legislador en el infine del artículo 254 eiusdem, lo cual es denunciable en atención al artículo 244 ibídem, que establece la nulidad por absolución de la instancia. Asimismo, la Sala ha señalado como infracción el vicio de indeterminación de la cosa u objeto de decisión, pues con tal pronunciamiento, se desconoce la manera de resolver el asunto, dejándose abiertas considerables dudas respecto a cómo queda el objeto de la controversia.
Mutatis mutandi, concluyo en que debe abandonarse el empleo de la frase “no ha lugar a pronunciamiento alguno” que por su similitud con la expresión “no tener materia sobre la cual decidir”, ambas denotan -se repite- oscuridad e imprecisión, que indistintamente cualesquiera de éllas que sean utilizadas como sentencia máxima del dispositivo de un fallo, indudablemente pierden su carácter de expresión clara, contundente y positiva propia del ejercicio de la función jurisdiccional pública, máxime si es proferida por este Alto Tribunal.
CONCLUSIONES
Quien disiente, estima que la mayoría no debió utilizar la frase de no ha lugar a pronunciamiento alguno, dado lo oscuro e imprecisión de la misma, por cuanto dejó de emitir un pronunciamiento expreso, positivo y preciso respecto a dicha admisibilidad del recurso de casación; y en su lugar debió la mayoría sentenciadora concluir, en atención a la motivación que ofreció en su parte motiva, en que no ha lugar a examinar la admisibilidad del recurso de casación por haberse declarado admisible previamente al declararse con lugar el recurso de hecho. Dejo así expresado el fundamento del voto salvado en relación a la sentencia que en esta causa ha tomado la mayoría sentenciadora.
Fecha ut supra.
Presidenta de la Sala-Ponente,
____________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
______________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
__________________________
Exp: Nº. AA20-C-2006-000387
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