Venley

Sentencia N.º REG.00280

Sentencia
N.º REG.00280
Fecha
15/05/2008
Sala
Casación Civil
Expediente
08-043
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Regulación de Competencia

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp.: AA20-C-2008-000043

 

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad por razones de ilegalidad, intentado ante el entonces Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo, por la Asociación Civil INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN (INCE CONSTRUCCIÓN), patrocinado judicialmente por el abogado en ejercicio de su profesión Armando José Rivera Bohórquez, contra los actos administrativos contenidos en las Providencias Administrativas Nos. 1.1.421 y 1.1.423 de fecha 22 de abril de 1997, emanadas de la Inspectoría del Trabajo del estado Zulia, con sede en Maracaibo, juicio en el que concurrieron con el carácter de opositores, los ciudadanos RAMÓN MARTÍNEZ FLORES y JESÚS ANTONIO RIVAS, representados judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión Víctor A. Lameda y Luigui Urdaneta; el precitado órgano jurisdiccional, por decisión de fecha 16 de abril de 2001, declaró sin lugar el recurso de nulidad intentado por la representación judicial del Instituto de Formación Profesional para los Trabajadores de la Construcción, (INCE CONSTRUCCIÓN), y ordenó la reposición de la causa al estado de notificar a las partes las providencias administrativas de fecha 8 de octubre de 1996, dictadas por la Inspectora del Trabajo Jefe del Ministerio del Trabajo en el estado Zulia y, por vía de consecuencia, declaró nulas todas las actuaciones cumplidas con posterioridad a la publicación de las mismas.

Contra la precitada decisión de alzada, la representación judicial de los opositores ejerció recurso procesal de apelación el cual fue oído en ambos efectos por auto de fecha 14 de junio de 2001, correspondiéndole el conocimiento de la incidencia al Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la precitada Circunscripción Judicial y sede, quien conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, por decisión de fecha 24 de abril de 2003 declaró su incompetencia en razón de la materia para conocer del presente juicio, y la declinó al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental con sede en Maracaibo, al cual ordenó fueran remitidas las actuaciones.

Recibidas las actuaciones en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, éste, por decisión de fecha 28 de septiembre de 2004, declinó la competencia en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, a donde se ordenó la remisión de las actuaciones.

Por su parte, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por decisión de fecha 14 de junio de 2005, no aceptó la competencia que le fuera declinada, por considerar que la competencia para el conocimiento del presente juicio corresponde al primer declinante, es decir, al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, razón por la que planteó conflicto negativo de competencia, siendo remitidas las actuaciones a esta Sala de Casación Civil, a los fines de su regulación.

Recibido el expediente en esta Sala, de dio cuenta del mismo en fecha 29 de enero de 2008, pasándose a dictar la máxima decisión procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, previas las siguientes consideraciones:

ÚNICO

En el sub iudice, el tribunal declinante, Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo, declaró su incompetencia en razón de la materia para conocer y decidir la presente causa, con base en los argumentos de hecho y de derecho que a continuación se transcribe:

“…Ahora bien, una vez realizadas las consideraciones precedentes, verifica esta Juzgadora que el presente caso que nos ocupa está referido a un Recurso Contencioso de Nulidad contra la Providencia Administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Zulia, que decidió con lugar el procedimiento de solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos interpuesto por el ciudadano GERARDO GONZÁLEZ, y que en este sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en sentencia N° 1338 de fecha 02 de agosto de 2001, estableció con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República lo siguiente:

(…Omissis…)

Efectivamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el referido fallo, señaló que la jurisdicción contencioso-administrativa es la competente para el conocimiento de los juicios de nulidad contra los actos de efectos particulares de las Inspectorías del Trabajo, sin que se analizara a cual de los Tribunales que componen esta jurisdicción le correspondía tal competencia, y para evitar mayores confusiones en lo relativo a la competencia de los órganos contencioso-administrativos para el conocimiento de las pretensiones que se esgrimieron frente a las actuaciones de las Inspectorías del Trabajo, estableció en sentencia N° 2862, Expediente N° 02-2241, de fecha 20 de noviembre de 2002 (…) estableció lo siguiente:

(…Omissis…)

En consecuencia, siendo que el presente caso corresponde a un Recurso Contencioso de Nulidad contra la Providencia Administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia; por lo que este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL, por las razones antes expuestas DECLINA su competencia en la CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS. Así se decide…”. (Negrillas y mayúsculas del texto).

 

            Por su parte, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, se declaró igualmente incompetente en razón de la materia, y planteó conflicto de competencia, basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

“…Como se señaló en la narrativa del presente fallo, el Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, declaró su incompetencia para conocer de la apelación de la sentencia dictada el 16 de abril de 2001, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y declinó la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, el cual mediante auto de fecha 28 de septiembre de 2004, declaró su incompetencia para conocer de la apelación y declinó su conocimiento ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

Ahora bien, por cuanto en el caso bajo análisis la pretensión de nulidad de las Providencias administrativas impugnadas se ejerció en fecha 27 de octubre de 1997, por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, resulta imperativo hacer alusión al régimen competencial anterior al establecido por la Sala Constitucional en sentencia n° 2001/1318 de fecha 2 de agosto (caso Nicolás Alcalá). Así pues, mediante decisión n° 2001/8 de 15 de febrero (Caso: Omar Dionicio Guzmán), fallo que ratifica la sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia del 9 de abril de 1992 (Caso: Corporación Bamundi) donde se fija la competencia en los casos como el de autos, la Sala de Casación Social del referido Tribunal, sostenía que ‘los Tribunales del Trabajo de Primera Instancia que según el ordinal 1º del artículo 28 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, son los Tribunales de la causa, en materia laboral, los competentes para conocer de las demandas de nulidad en contra de las decisiones administrativas, dictadas en aplicación de las normas de dicha Ley’.

En el caso de autos, se observa que la decisión impugnada, mediante la cual se declaró ‘sin lugar el recurso de nulidad intentando por Asociación Civil INCE CONSTRUCCIÓN, y ordena la reposición de la causa al estado de notificar a las partes de las Providencias Administrativas de fecha 08 de octubre de 1996, dictada por la Inspectora del Trabajo Jefe del Ministro del Trabajo en el Estado Zulia. En consecuencia, se declaran nulas todas las actuaciones celebradas con posterioridad a la publicación de dichas Providencias Administrativas’, fue dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el 16 de abril de 2001, esto es, con anterioridad a la publicación del fallo de la Sala Constitucional que atribuye el conocimiento de los recursos de nulidad contra los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

De lo anterior se desprende, que el referido Juzgado decidió la pretensión de nulidad siendo competente, según el criterio jurisprudencial vigente para el momento de emisión de la sentencia objeto de ‘impugnación’, criterio este fijado por sentencia de 9 de abril de 1992 (Caso: Corporación Bamundi) dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Precisada la competencia de los tribunales laborales bajo el criterio ya abandonado, esta Corte estima, que efectivamente la primera instancia se conformó con el Tribunal que resultaba competente al momento de dictarse la sentencia de fecha 16 de abril de 2001. Siendo ello así, el Tribunal competente para conocer de la apelación interpuesta por el apoderado judicial de los ciudadanos RAMÓN ANTONIO MARTÍNEZ FLORES y JESÚS ANTONIO RIVAS, era el Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual, en vez de conocer de la apelación interpuesta por ser el superior competente para conformar la segunda instancia, declinó la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso de la Región Occidental.

Debe recordarse que la competencia para conocer de las apelaciones o consultas de una sentencia es uno de los supuestos de la llamada ‘competencia funcional’, es decir, es una atribución normativa de competencia en atención a las funciones revisoras del tribunal que es inmediatamente superior en razón del grado o la jerarquía funcional. Si la decisión objeto de apelación, como es el caso de autos, fue dictada por un tribunal de primera instancia del trabajo la función revisora le corresponde al tribunal inmediatamente superior en atención al grado o la jerarquía funcional, siendo entonces que le corresponde conocer al Juzgado Superior del Trabajo de la misma Circunscripción judicial de la recurrida.

Como quiera que el tribunal superior referido declinó la competencia en las Cortes de lo Contencioso Administrativo, y por cuanto esta Corte Primera considera que la competencia le corresponde al primer declinante, se produce un conflicto negativo de competencia, por cuanto ambos tribunales se consideran igualmente incompetentes, conflicto éste que debe ser resuelto a través del mecanismo jurídico de la ‘regulación de competencia’, de conformidad con los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, por lo que resulta forzoso para esta Corte efectivamente plantear dicha regulación…”. (Mayúsculas del texto).

 

Para decidir, la Sala observa:

En el sub iudice, tal como quedó expuesto, se planteó un conflicto negativo de competencia entre un tribunal de la jurisdicción laboral y otro de la jurisdicción contencioso administrativa, específicamente entre el Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo, y la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas.

Sobre el particular, ha sido criterio de esta Sala, que la Sala Plena de este Supremo Tribunal, mediante sentencia Nº 1, de fecha 17 de enero de 2006, expediente Nº AA10-C-2004-0040, caso: José Miguel Zambrano Vásquez, abandonó el criterio que había sostenido en la sentencia Nº 30, de fecha 25 de julio de 2001, expediente Nº AA10-L-2001-000030, caso: José Valentín Soria y otros, contra la Línea Unión San Diego, en la que se atribuía competencia a esta Sala de Casación Civil, para resolver los conflictos de competencia cuando la materia y naturaleza del asunto debatido suscitara entre dos o más Salas que puedan considerarse afines con la materia debatida, por tratarse la regulación de la competencia una institución de carácter eminentemente procesal; la Sala Plena, fundamentó su cambio de criterio con base en la argumentación que a continuación se transcribe:

“…Ahora bien, el artículo 70 eiusdem omite señalar a qué Sala de este Máximo Tribunal le corresponde resolver los referidos conflictos, no obstante, el numeral 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (artículos 42, numeral 21 y 43 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia), resuelve el problema siguiendo el criterio de la especialidad, esto es, que la Sala competente para dirimir tales conflictos es la Sala afín con la materia y naturaleza del asunto debatido.

Determinación que evidentemente no tiene complejidad alguna cuando se trata de los conflictos de competencia que se presentan entre tribunales de una misma jurisdicción, ya que lógicamente el asunto corresponderá a la Sala que sea afín con aquellos juzgados.

Sin embargo, puede surgir sí una problemática para los supuestos en que los tribunales en conflicto pertenezcan a distintas jurisdicciones, y donde, prima facie no resulta posible determinar cuál es la naturaleza o carácter del asunto debatido.

En estos últimos casos, se sostenía que la competencia le correspondía a la Sala de Casación Civil, fundamentándose tal criterio en que la actuación de esa Sala se rige eminentemente por las normas del derecho procesal civil y la regulación de competencia es una institución propia de este derecho (vid. sentencia de la Sala Plena de este Máximo Tribunal dictada en el Exp. 535 de fecha 7 de marzo de 2001).

No obstante lo anteriormente expuesto, posteriormente mediante sentencia N° 24 dictada por esta Sala Plena en fecha 22 de septiembre de 2004, publicada el 26 de octubre del mismo año, se abandonó tal criterio, al considerarse que era la propia Sala Plena de este Máximo Tribunal la competente para dirimir el conflicto de competencia planteado entre tribunales con distintas jurisdicciones, indicándose como fundamento de ello, lo siguiente:

‘...Como puede observarse, en la norma transcrita todas las Salas de este máximo tribunal tienen atribuida competencia para decidir los conflictos de competencia de los tribunales, en el caso de que no exista otro tribunal superior y común a ellos. En este sentido, resulta competente esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la presente causa, toda vez que justamente el conflicto planteado versa en torno a cual es la materia objeto del proceso, ya que se presenta un conflicto negativo de competencia, en este caso entre tribunales con competencia agraria y tribunales con competencia civil, que no han asumido el conocimiento de la presente causa en tanto que ambos se consideran incompetentes para decidirlo. Consecuencia de lo anterior, es que establecer cuál es la Sala afín con la materia significaría determinar el fondo del asunto debatido en esta instancia, que no es otro que determinar la competencia según la materia para conocer del presente caso.

Así las cosas, debe esta Sala asumir la competencia a fin de establecer cuál es el tribunal competente para conocer de la demanda, especialmente porque es la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia la más apropiada para resolver los conflictos de competencia entre tribunales de distintas ‘jurisdicciones’ sin un superior común, no sólo por tener atribuida esta Sala la competencia, ya que todas las Salas la tienen, sino especialmente en razón de su composición, ya que reúne a los magistrados de todos los ámbitos competenciales, lo que permite en esta instancia analizar de mejor manera y desde todos los puntos de vista, a qué tribunal debe corresponder conocer de una causa en la que haya duda sobre cuál juzgado deba conocerla en cuanto a la competencia por la materia. Así se declara...’.

En atención al criterio precedentemente expuesto, se impone para esta Sala Plena, sin más consideraciones, asumir la competencia para conocer en el presente caso del conflicto negativo de competencia planteado. Así se declara…”. (Negrillas y cursivas del texto).

 

De acuerdo al criterio jurisprudencial ut supra transcrito, se puede resumir entonces, que la atribución para conocer y decidir los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales de distintas jurisdicciones sin un superior común a ellos en el orden jerárquico, es de la Sala Plena de esta Máxima Jurisdicción.

 

Aplicando el criterio jurisprudencial supra transcrito al caso bajo análisis, se concluye que habiéndose planteado un conflicto de competencia entre un tribunal de la jurisdicción laboral y otro de la jurisdicción contencioso administrativa, es a la Sala Plena de este Supremo Tribunal, a quien corresponderá resolver sobre el conflicto de competencia suscitado, lo cual conlleva a que la Sala de Casación Civil se declare incompetente y ordene la remisión de las presentes actuaciones a la citada Sala Plena, tal como se hará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

DECISIÓN

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se DECLARA INCOMPETENTE, para conocer del conflicto de competencia suscitado en el presente asunto y ORDENA la remisión del expediente a la SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, para que conozca de la regulación competencial.

 

Publíquese, regístrese y cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  veintinueve  (29) días del mes de abril de dos mil ocho. Años: 197° de la Independencia y 149° de la Federación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

________________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA.

 

 

Vicepresidenta,

 

 

_____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

 

 

Magistrado-Ponente,

 

 

__________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ.

 

Magistrado,

 

 

______________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

 

Magistrado,

 

 

____________________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ.

 

 

Secretario,

 

 

________________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ.

 

 

Exp.: Nº AA20-C-2008-000043

 

Nota: Publicado hoy, 15 de mayo de 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretario,

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