Venley

Sentencia N.º REG.00884

Sentencia
N.º REG.00884
Fecha
13/08/2004
Sala
Casación Civil
Expediente
04-623
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Regulación de Competencia

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ.

En el juicio por cobro de honorarios profesionales judiciales, intentado ante el Juzgado Sexto de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo, por el profesional del derecho CLAUDIO HERNÁNDEZ VILLALOBOS, representado judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión Mario Hernández Villalobos y Alejandro González Rivera, contra las ciudadanas MARVIN RAQUEL MÉNDEZ PÉREZ y AURA CONSUELO MÉNDEZ PÉREZ, patrocinadas judicialmente por la defensora ad litem abogada Belice Rosales Parra; el tribunal ut supra referido, mediante auto de fecha 10 de noviembre de 2000, se declaró incompetente para conocer de la presente causa, en razón de la materia y, en consecuencia, declinó la competencia al Juzgado Undécimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la misma Circunscripción Judicial, el cual mediante decisión de fecha 14 de abril de 2003, se declaró igualmente incompetente, dando origen a un conflicto de competencia, planteando de oficio la regulación de la competencia y ordenando la remisión del presente expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

 

            En fecha 4 de junio de 2004 la Sala de Casación Social de este Alto Tribunal, dicto sentencia mediante la cual declinó el conocimiento de la presente causa en la Sala de Casación Civil.

 

Recibido el expediente en esta Sala, se dio cuenta del mismo en fecha 27 de julio de 2004, pasando a dictar la máxima decisión procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, lo cual hace previa las siguientes consideraciones:

I

DE LA COMPETENCIA DECLINADA

 

De conformidad con lo establecido en el ordinal 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a esta Máxima Jurisdicción en la Sala que tenga competencia afin con la materia y naturaleza del asunto debatido, decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico. Esto significa que la novísima ley no resolvió la atribución de competencia a una Sala determinada, cuando la materia y naturaleza del asunto sea debatido entre dos o mas que sean afines a Salas distintas.

 

Por tanto, en casos como el de autos, hay que seguir aplicando el criterio establecido en la decisión emanada de la Sala Plena de este máximo Tribunal de fecha 25 de julio de 2001, sentencia N° 30, expediente N° AA10-L-2001-000030, caso: José Valentín Soria y otros, contra la Línea Unión San Diego, en la cual se establece:

 

“...En consecuencia, estima la Sala que, en respeto al principio de especialidad que, como se ha señalado, determina la distribución de las competencias entre las Salas de este Supremo Tribunal, y en aplicación directa e inmediata de la norma contenida en el citado artículo 262 de la Constitución, los conflictos de competencia entre tribunales, ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico, deberán ser decididos por este Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala que tenga asignada la competencia afín con las materias que definen el ámbito de conocimiento de los tribunales en conflicto, siempre que dichas materias se comprendan en ámbito de la competencia de una misma Sala. Pero cuando se trate, como en el caso de autos, de conflictos entre tribunales con competencia sobre materias diversas que corresponden, también, a distintas Salas de este Supremo Tribunal, deberá decidir dicho conflicto la Sala de Casación Civil, debido a que, fuera del ámbito de una precisa materia jurisdiccional, el conflicto de competencias entre los órganos del Poder Judicial, se erige como un asunto, fundamentalmente, de Derecho Adjetivo, y, concretamente, de definición del alcance preciso de las atribuciones legalmente otorgadas a cada órgano jurisdiccional -sin que ello implique, por supuesto, obviar el análisis de la materia debatida, lo cual, a estos fines, debe realizarse tan sólo para determinar a qué ámbito material de competencias jurisdiccionales corresponde la controversia planteada-; en virtud de lo cual, estima la Sala, que tales determinaciones son afines con la materia propia de la Sala de Casación Civil, a la cual debe corresponder la regulación de la competencia en estos casos...”.

 

 

            Conforme al criterio anteriormente expuesto, siendo la Sala de Casación Civil la competente para conocer de las regulaciones de competencia cuando los tribunales en conflicto pertenezcan a diferentes jurisdicciones y la materia este discutida, esta Sala acepta la declinatoria de competencia realizada por la Sala de Casación Social de este Alto Tribunal. Así se resuelve.

 

II

DE LA REGULACIÓN DE COMPETENCIA PLANTEADA

 

En el caso sub iudice, el Juzgado Sexto de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, por auto de fecha 10 de noviembre de 2000, se declaró incompetente para conocer la presente causa, en razón de la materia alegando que “...no conoce el procedimiento del asunto que le es presentado para su conocimiento y decisión y considera que está fuera de su competencia...”.

 

            El Juzgado Undécimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la misma Circunscripción Judicial, mediante decisión de fecha 14 de abril de 2003, se declaró igualmente incompetente para conocer del presente juicio, con fundamento en lo siguiente:

 

“...la acción que subyace en la presente causa, es producto de actuación judicial originada en un proceso penal, por lo que se hace necesario la aplicación de las normas procesales que regulan la competencia sobre la materia. Lo que nos trae a definir a la competencia como la medida de la jurisdicción, donde todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tiene la misma competencia para conocer de una determinada causa. Así la jurisdicción es el todo y la competencia la parte o fracción de ese todo.

(...Omissis...)

En el caso de marras, la competencia la determina la materia que se discute, ya que siendo un juicio que se origina por el COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES supuestamente causados con ocasión de una defensa penal, siendo esto la materia que debe regular la misma. Para lo cual el artículo 68 del Código de Procedimiento Civil señala:

 

Artículo 68- ‘La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan’.

 

De conformidad con la norma adjetiva antes citada la competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute. En cuanto a la pretensión por Cobro (sic) de Honorarios (sic) Profesionales (sic) se sigue el procedimiento que establece el artículo 22 de la Ley de Abogados...

(...Omissis...)

...al caso sub-judice es pretermitible concluir que le es perfectamente aplicable al mismo la declaratoria oficiosa de la incompetencia funcional de este Tribunal. ASÍ SE DECIDE”. (Negrillas y mayúsculas del texto).

 

 

A los fines de determinar el órgano jurisdiccional competente en el caso in comento es menester precisar el tratamiento procesal que da el legislador a estas reclamaciones contenciosas acerca del derecho a cobrar honorarios profesionales judiciales por parte del abogado.

 

La estimación e intimación de honorarios profesionales judiciales de abogado debe ser tramitada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 22 de la Ley de Abogados, el cual dispone:

“...El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las leyes.

 

Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda.

 

La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias...”.

 

 

A partir del procedimiento previsto en el referido artículo, ha sido jurisprudencia reiterada que cuando se pretende el cobro de honorarios profesionales generados por actos realizados en sede judicial deviene una competencia funcional, según la cual, será competente para conocer, en principio, de este tipo de pretensiones aquél tribunal donde cursen las actuaciones que hayan generado el derecho al cobro de los honorarios reclamados, salvo los supuestos que esta Sala ha determinado al respecto en su doctrina.

 

 

En este sentido, se pronunció esta Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 28 de febrero de 2003, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, caso: Sara Judith Medina Medina, contra Sor Ángel Monroy, expediente N° 2001-518, sentencia N° 005, en la cual señaló:

 

“...La pretensión por honorarios profesionales de abogado por actuaciones judiciales, se sigue por el procedimiento establecido en el artículo 22 de la Ley de abogados, por el cual el Tribunal competente para conocer de este tipo de pretensión es el tribunal donde cursan las actuaciones judiciales del abogado, deviniendo así una competencia funcional...”. (Negrillas de la Sala).

 

 

Por tanto, en atención a las anteriores consideraciones y de acuerdo con la jurisprudencia precedentemente citada, esta Sala estima que las actuaciones realizadas por el demandante ante el Juzgado Sexto de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo, constituyen el objeto de la pretensión, lo que determina que exista y devenga una competencia funcional en el caso sub iúdice; en consecuencia, el juzgado anteriormente mencionado es el órgano jurisdiccional competente para conocer y decidir la presente causa, tal y como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ordena remitir las actuaciones al JUZGADO SEXTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN MARACAIBO, por ser el órgano jurisdiccional competente para conocer y decidir la presente causa.

 

Publíquese, regístrese y remítase este expediente al Tribunal anteriormente identificado. Particípese de esta decisión al Juzgado Undécimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

 

__________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ.

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

Magistrado,

 

 

 

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TULIO ÁLVAREZ LEDO

 

 

El Secretario,

 

 

 

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ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp.: Nº AA20-C-2004-000623

 

 

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