Sentencia N.º RH.000077
- Sentencia
- N.º RH.000077
- Fecha
- 05/03/2015
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 14-789
- Ponente
- Guillermo Blanco Vázquez
- Procedimiento
- Recurso de Hecho
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2014-000789
Magistrado Ponente: GUILLERMO BLANCO VÁSQUEZ
El presente juicio de desalojo de un inmueble comercial, se incoó ante el Juzgado de Municipio Torres de la Circunscripción Judicial del estado Lara, por la sociedad mercantil Bar Restaurant Gallera La Original, C.A, representada judicialmente por el abogado Jorge Luis Molero Coronel, contra la sociedad mercantil Hotel Carora Suite C.A; asistida judicialmente por los abogados Jesús Rolando Aponte Pinto y Alberto José Castillo; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial y sede, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 23 de octubre de 2014, mediante la cual declaró:
DECLARA: SIN LUGAR la apelación interpuesta por abogado JESUS ROLANDO APONTE PINTO inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 28.389, en su condición de apoderado judicial de la accionada HOTEL CARORA SUITE, C.A ( ), contra la sentencia definitiva de fecha 02 de abril de 2.014, dictada por el JUZGADO DEL MUNICIPIO TORRES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA (CARORA), en la cual declaró con lugar la demanda de Desalojo del inmueble que mide .
Contra la precitada decisión de alzada, el apoderado de la demandada en fecha 3 de noviembre de 2014, anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue negado por auto de fecha 7 de noviembre de 2014, por cuanto
la cuantía de la presente causa al momento de la interposición de la demanda, en fecha 26/9/2013 fue estimada en la cantidad de CIENTO SIETE MIL BOLÍVARES (Bs.107.000,00), y que realizando la conversión da un total de UN MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (1.000,00 U.T), evidenciándose claramente que la cantidad de la estimación en Unidades Tributarias de la demanda, no supera el referido monto establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que en consecuencia SE NIEGA ADMITIR dicho Recurso
.
Con motivo del recurso de hecho interpuesto contra la negativa de admitir el recurso de casación, se dio cuenta del expediente ante la Sala, designándose ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 11 de febrero de 2015, en virtud de la reconstitución de la Sala y elegida su Directiva, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia quedó integrada de la siguiente manera: Magistrado Guillermo Blanco Vásquez, Presidente; Magistrado Luís Antonio Ortíz Hernández, Vicepresidente y las Magistradas Yris Armenia Peña Espinoza, Isbelia Pérez Velásquez y Marisela Godoy Estaba.
Siendo la oportunidad para decidir, se pasa a resolver, previa las siguientes consideraciones:
I
Con respecto al requisito de la cuantía necesaria para la admisibilidad del recurso extraordinario de casación, ha sido criterio reiterado, pacífico y constante de esta Sala, el establecido en sentencia Nº RH.00735, de fecha 10 de noviembre de 2005, expediente Nº AA20-C-2005-000626, caso: Jacques de San Cristóbal Sextón, contra El Benemérito, C.A., en el cual se estableció, lo siguiente:
Ahora bien, respecto al criterio de la Sala sobre el requisito de la cuantía y el monto que se requerirá para acceder a casación, en reciente sentencia de la Sala Constitucional Nº 1573 del 12 de julio del año que discurre, se estableció lo siguiente:
( Omissis )
la cuantía necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda, pues es en ese momento en el cual el actor determina el derecho a la jurisdicción y la competencia por la cuantía y por ello considera cumplido el quantum requerido por el legislador para acceder en sede casacional, pues las partes no están en disposición de prever las modificaciones de la cuantía a que hubiere lugar durante la tramitación del proceso para acceder en casación. Así se decide.
Por otra parte, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cuantía para acceder en casación quedó modificada, en efecto el artículo 18 lo siguiente: ( ) El Tribunal Supremo de Justicia conocerá y tramitará, en la Sala que corresponda, los recursos o acciones, que deban conocer de acuerdo con las leyes, cuando la cuantía exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) ( ).
De lo anterior se colige, que para acceder a la sede casacional de acuerdo con la referida ley la cuantía del juicio deberá exceder a las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) el Juzgador correspondiente deberá determinar -con base a los parámetros anteriormente expuestos- la cuantía exigida para el momento en que fue presentada la demanda, y en caso que la cuantía exigida sea la establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deberá calcularse la unidad tributaria vigente para el momento en el cual fue interpuesta la referida demanda.
( Omissis )
en atención a las precedentes consideraciones, la Sala determina que el criterio establecido por la Sala Constitucional se aplicará a todos los casos en trámites, aun cuando haya pronunciamiento del ad quem respecto a la admisibilidad del recurso de casación; pues es esta Sala de Casación Civil, la que tiene la atribución última de pronunciarse respecto a dicha admisibilidad; excluyendo de aplicación solo a los casos ya resueltos por esta Sala. Así se establece . (Negrillas de la Sala).
Conforme al criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, se desprende que el momento que debe ser tomado en cuenta para verificar el cumplimiento del requisito de la cuantía necesaria para acceder a la sede casacional, será aquel en que fue presentada la demanda; por ello, si la cuantía exigida es la establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, deberá calcularse por el valor de la unidad tributaria vigente para el momento en el cual fue interpuesta la misma.
De modo que, esta Sala, verifica de la revisión de las actas que conforman el expediente, que la demanda por desalojo de un inmueble comercial objeto de ese contrato de arrendamiento; tiene una estimación de ciento siete mil bolívares (Bs 107.000,00), equivalentes a UN MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (1.000,00 U.T.) dicha cantidad no fue impugnada en su debida oportunidad, por lo que la misma quedó firme.
En virtud de lo antes expresado, esta Sala verifica que para el día 10 de octubre de 2013, fecha en que se reformó la demanda, ya se encontraba en vigencia la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que, la cuantía exigida para acceder a la sede casacional debe exceder de las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), la cual, para la precitada fecha había sido reajustada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a razón de ciento siete bolívares por unidad tributaria (Bs. 107,00 x 1 U.T.), conforme a lo establecido en la Providencia Administrativa Nº 09 de fecha 6 de febrero de 2013, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.106 de la misma fecha, cuya sumatoria alcanza la cantidad de trescientos veinte un mil bolívares sin céntimos (Bs. 321.000,00); todo lo cual, conlleva a establecer que en el presente caso, no se cumple con el precitado requisito de la cuantía, por cuanto, la estimada en la reforma de la demanda no excede de las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), lo cual es de impretermitible cumplimiento para acceder a sede casacional, lo que determina la declaratoria sin lugar del recurso de hecho que se examina, tal y como, se declarará en el dispositivo del presente fallo. Así se establece.
II
Ahora bien, de la lectura de las actas que integran el expediente, específicamente de la reforma del escrito libelar, consta que el petitum de la misma, entre varios aspectos, se solicita el desalojo de un inmueble destinado a la prestación de servicio hotelero.
Conforme a lo anterior, es pertinente señalar que lo concerniente a la materia de desalojo de inmuebles que no estén destinados a vivienda, se encontraba regulado en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999.
En el presente caso que nos ocupa, se inició con la interposición del libelo de demanda, en fecha 26/9/2013 y fue sentenciado en fecha 2 de abril de 2014, dictada por el Juzgado del Municipio Torres de la Circunscripción Judicial del estado Lara, que declaró con lugar la demanda de desalojo del inmueble, conociendo del recurso de apelación, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial y sede, que dictó sentencia en fecha 23 de octubre de 2014, ratificando el fallo del tribunal A quo.
Ante este escenario jurídico, en fecha 3 de noviembre de 2014, la parte recurrente anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue negado por auto de fecha 07 de noviembre de 2014.
Sin embargo, en fecha 23-05-2014, entró en vigencia el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, según Gaceta Oficial N° 40.418, el cual regula y controla la relación entre arrendadores y arrendatarios, para el arrendamiento de inmuebles destinados al uso comercial, tal como se encuentra previsto en el artículo 43, que dice textualmente:
En lo relativo a la impugnación de los actos administrativos emanados del órgano rector en la materia, la competencia judicial en el Área Metropolitana de Caracas, corresponde a los Tribunales Superiores en lo Contencioso Administrativo, y en el resto del país, la competencia corresponde a los Juzgado de Municipio, en cuyo caso, se les atribuye la competencia especial Contencioso Administrativo en materia de Arrendamientos Comerciales.
El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales en materia de arrendamientos comerciales, de servicios y afines será competencia de la Jurisdicción Civil ordinaria, por vía del procedimiento oral establecido en el Código de Procedimiento Civil hasta su definitiva conclusión..
Del citado artículo se observa, que en su segundo y último aparte del artículo 43, remite supletoriamente al Código de Procedimiento Civil, se deben aplicar las reglas del procedimiento oral previsto desde el artículo 859, al artículo 879 eiusdem.
En el ordenamiento jurídico venezolano, el principio de irretroactividad de la ley se encuentra consagrado, en primer lugar en nuestra Carta Magna en su artículo 24, el cual dispone lo siguiente: Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso .
Como puede observarse de la norma antes transcrita, la aplicación de las disposiciones legislativas parte del momento de su publicación y, en consecuencia, la aplicación retroactiva está prohibida, salvo la única excepción de la despenalización o de la sanción menos gravosa de una conducta. Cabe agregar que este principio de irretroactividad normativa se encuentra igualmente justificado en la seguridad jurídica que debe ofrecer el ordenamiento a los ciudadanos en el reconocimiento de sus derechos y relaciones ante la eventual mutabilidad de la legislación.
En este marco jurídico, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en sentencia N° 1655 de 25 de julio de 2005, destacó la importancia del principio de irretroactividad de la ley y dispuso: ( ) La sucesión de leyes procesales en el espacio obedece a la idea de que el Derecho Procesal debe atender a la protección de los bienes jurídicos esenciales de la colectividad, y para cumplir cabal y efectivamente tal cometido, aquél debe evolucionar a la par de la sociedad en la cual el mismo despliega su regulación, lo que implica necesariamente que sus normas deban ser sustituidas, a los efectos de adaptarlas al contexto histórico y social en el que deban ser aplicadas (...).
Por otra parte, este principio puede extraerse del artículo 9° del Código de Procedimiento Civil, que establece ( ) La ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en este caso, los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procésales no verificados todavía, se regularán por la ley anterior ( ).
Al abrigo de las disposiciones legales antes citadas, considera esta Sala, armonizar las normas bajo las cuales estaba siendo tramitado el presente juicio que se inició en el año 2013, antes de la entrada en vigencia del prenombrado Decreto Ley con las normas consagradas en el mismo.
Precisado lo anterior, debe afirmarse que el nuevo Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, desde su entrada en vigencia 23-05-2014, estipuló en su artículo 43: en materia de arrendamientos comerciales omisis será competencia de la Jurisdicción Civil ordinaria, por vía del procedimiento oral .
La norma transcrita establece que este tipo de causa se ventilará por el procedimiento oral, contenido en el Código de Procedimiento Civil para la tramitación de los procesos regidos por el Decreto mencionado. En acatamiento al mismo, podemos observar que el artículo 859 de la Ley Adjetiva dispone: Se tramitarán por el procedimiento oral las siguientes causas, siempre que su interés calculado según el Título I del Libro Primero de este Código, no exceda de doscientos cincuenta mil bolívares.
Del contenido de la citada norma se desprende que en materia del desalojo de los locales comerciales, el supra mencionado Decreto remite de forma análoga, al procedimiento oral previsto en el artículo 859 al 879 de la Ley Adjetiva Civil.
Esta Sala considera conveniente establecer que en el presente juicio, en principio, fue tramitado por las disposiciones contenidas en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, sin embargo una vez que entró en vigencia el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, se regula a partir de su publicación, sólo por las disposiciones del procedimiento oral previsto en el artículo 859 al 879 del Código de Procedimiento Civil, en aras de garantizar a todos los ciudadanos tutela a sus derechos constitucionales y de justicia social, para aquellas demandas interpuestas contra el desalojo de locales comerciales, ante los tribunales de instancia con competencia civil.
De esta forma el procedimiento oral, en el artículo 879 del Código de Procedimiento Civil, dispone que en segunda instancia se observarán las reglas previstas para el procedimiento ordinario.
De toda sentencia en segunda instancia que pongan fin a los juicios civiles o mercantiles cuyo interés principal omisis salvo lo dispuesto en leyes especiales, respecto de la cuantía se oirá el recurso de casación de conformidad con el artículo 312 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil.
Visto lo dispuesto en el citado artículo, se concluye que no existiendo disposición legal alguna que impida el ejercicio del recurso de casación para los procedimientos jurisdiccionales en materia de arrendamientos comerciales (artículo 43 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario, para el usos comercial), será admisible el recurso de casación en tales juicios, siempre que se cumpla con el requisito de la cuantía que exceda de las 3.000 unidades tributaria.
El presente criterio interpretativo, que sustituye el anterior, comenzará a aplicarse en aquellos juicios cuyo lapso de diez días de despacho para el anuncio del recurso de casación esté transcurriendo para el momento de la publicación del presente fallo, y obviamente para aquellos recursos de casación que se anuncien con posterioridad a dicha publicación. Así se decide.
Independientemente del pronunciamiento anterior, en el caso bajo estudio se debe puntualizar, que para ello, y en el caso de acceder a la sede casacional, se requiere que la cuantía del juicio deberá exceder a las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), tal como lo establece la ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y los criterios jurisprudenciales, que han sido reiterados por esta Sala.
Por consiguiente, aplicando la jurisprudencia transcrita al caso de estudio, esta Sala considera que el recurso casación anunciado en el presente asunto es inadmisible, porque no tiene la cuantía necesaria para acceder a casación y fue interpuesto contra una decisión de segunda instancia en un procedimiento de desalojo de un inmueble destinado a fines comerciales, lo que ratifica la declaratoria de sin lugar del presente recurso de hecho, tal como se declarará en el presente fallo. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto por la sociedad mercantil Hotel Carora Suite C.A; contra la decisión de fecha 7 de noviembre de 2014, dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial del estado Lara, denegatoria del recurso de casación anunciado contra la sentencia de fecha 23 octubre de 2014, dictada por el referido juzgado actuando como tribunal superior.
Al haber sido desestimado el recurso de hecho, se condena al recurrente al pago de las costas del recurso, de conformidad con la ley.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado del Municipio Torres de la Circunscripción Judicial del estado Lara. Particípese la presente decisión al juzgado superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cinco (5) días del mes de marzo de .dos mil quince. Años: 204º de la Independencia y 156º de la Federación.
Presidente de Sala y Ponente,
________________________________
GUILLERMO BLANCO VÁSQUEZ
Vicepresidente,
________________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Magistrada,
________________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Magistrada,
_____________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrada,
____________________________
MARISELA GODOY ESTABA
Secretario,
______________________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. Nº AA20-C-2014-000789
Nota: Publicado en su fechas a las
Secretario.
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