Venley

Sentencia N.º RH.000144

Sentencia
N.º RH.000144
Fecha
04/03/2016
Sala
Casación Civil
Expediente
16-085
Ponente
Yván Darío Bastardo Flores
Procedimiento
Recurso de Hecho

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2016-000085

 

Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores

 

 

En la incidencia de tacha incidental de documento público, verificada en fase de ejecución de sentencia, en el juicio principal de resolución de contrato, incoado ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por los ciudadanos JUAN CHAKIRA BIJOUN y GLENDY MARISELA PERNIA VALENZUELA, quienes actúan en su propio nombre como accionistas y representantes legales de la sociedad mercantil PROMOTORA COLMERCA C.A., representados por los abogados Carlos Daniel Linarez y Nelson Marín, en contra del ciudadano CARLOS ALBERTO HERRERA, debidamente representado por la Defensora Judicial, abogado Rosa Federico Del Negro; el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 18 de noviembre de 2013, dictó sentencia en los términos siguientes:

“…PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 1º de junio de 2012 (F.170), por el abogado Carlos Daniel Linarez, co-apoderado de la parte actora, contra la sentencia dictada en fecha 13 de marzo de 2012, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, SE CONFIRMA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES la referida decisión (13/03/2012), que cursa a los folios que van desde el 153 al 162, del presente expediente en apelación.


SEGUNDO: En virtud de no haber prosperado el recurso de apelación interpuesto, se condena en costas a la parte apelante de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

 
TERCERO: Por cuanto el presente fallo es dictado fuera de la oportunidad legal establecida para ello, motivado al exceso de trabajo que existe actualmente en este Tribunal Superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la notificación de las partes de la decisión que aquí se dicta.” (Destacados de lo transcrito).-

 

En fecha 7 de diciembre de 2015, la representación judicial de la parte demandante anunció recurso extraordinario de casación, siendo declarado inadmisible en fecha 7 de enero de 2016, por tratarse de una interlocutoria surgida en la tacha incidental de documento público, por lo que interpuso recurso de hecho

Con motivo del recurso de hecho interpuesto contra la negativa de admisión del recurso extraordinario de casación anunciado, fue remitido el expediente, del que dio cuenta la Sala, en fecha 4 de febrero de 2016.

En fecha 23 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional nombró Magistrados Titulares en la Sala de Casación Civil, quedando constituida de la siguiente forma: Magistrado Presidente Dr. Guillermo Blanco Vásquez; Magistrado Vicepresidente, Dr. Francisco Ramón Velázquez Estévez; Magistrada Dra. Marisela Valentina Godoy Estaba; Magistrada Dra. Vilma María Fernández González y Magistrado Dr. Yván Darío Bastardo Flores.

Siendo la oportunidad legal, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe, previa las siguientes consideraciones:

Ú N I C O

En el caso in comento, el juzgado ad quem, mediante auto de fecha 7 de enero de 2016, negó la admisión del recurso extraordinario de casación interpuesto por el abogado Carlos Daniel Linarez, en su carácter de apoderado judicial del demandante, con fundamento en lo siguiente:

 

“... De la doctrina precedente, se colige que las decisiones sobre tacha de documentos, propuestas por vía incidental no ponen fin al juicio, es decir, constituyen decisiones interlocutorias, las cuales, en caso de ocasionar algún gravamen, el mismo podrá ser reparado en la sentencia que ponga fin al juicio, en tal razón, las mismas no tienen acceso inmediato a la sede casacional cumpliendo con los postulados de los artículos 2° y 3° del Texto Fundamental.

 

Por tanto, dado que la decisión recurrida en el presente caso, ha sido dictada en una incidencia de tacha propuesta por vía incidental, la misma no pone fin al juicio sino que por el contrario, la naturaleza de la misma conlleva a su prosecución, por lo que este juzgador estima que dicha decisión no tiene acceso a casación de inmediato sino en forma diferida, ya que de acuerdo con el principio de concentración procesal y de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, es en la sola y única oportunidad de la decisión del recurso de casación que se ejerza contra la sentencia que ponga fin al juicio cuando deberán ser decididas las impugnaciones contra estas últimas interlocutorias, considerando que si aquella reara (sic) el gravamen causado por éstas, habrá desaparecido  el interés procesal para recurrir.

 

Por consiguiente el recurso extraordinario de casación anunciado en el presente juicio, resulta a todas luces inadmisible en esta etapa del proceso, lo que determina la improcedencia del recurso de (sic) propuesto, tal como se declarará de forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide.

 

En razón de lo expuesto este JUZGADO SUPERIOR NOVENO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LAL EY, DECLARA INADMISIBLE el Recurso de Casación anunciado por el apoderado judicial de la parte actora, contra la sentencia proferida por esta alzada el 18-11-2013.” (Resaltado de la Sala).

 

La decisión contra la cual se anunció y negó la admisión del recurso extraordinario de casación, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandante, en contra de la sentencia dictada en fecha 13 de marzo de 2012, que decidió sin lugar la tacha incidental del documento público. (folios 189 al 216), en base a las siguientes consideraciones:

 

“MÉRITO DEL ASUNTO

 
De acuerdo a la lectura pormenorizada e individualizada que se hizo de todas y cada una de las actas procesales que integran al presente expediente, se observa que mediante diligencia presentada en fecha 07 de enero de 2008 (F.03), los demandantes, Juan Chakira B., y Glendy M. Pernia Valenzuela, actuando en su propio nombre y como representantes legales de la sociedad de comercio PROMOTORA COLMERCA, C.A., asistidos por los abogados Carlos Daniel Linarez y Nelson Marín, y de conformidad con lo establecido en el artículo 440 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, propusieron tacha incidental del documento (por falso) que fuera consignado -en la causa principal- el 17 de diciembre de 2007, es decir, el Acta de Asamblea extraordinaria de Accionistas, presuntamente celebrada el día 31 de julio de 2007, la cual aparece que fue protocolizada ante la Oficina de Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 65, Tomo 102-A-Cto., consignada en esta incidencia en copia fotostática simple marcado con la letra “B”, cuyo original se presentó por Secretaría sólo a los efectos de su cotejo.”

 

…omissis…

De igual manera, es menester señalar que el ordenamiento jurídico vigente regula en los artículos 438 y 443 del Código de las dos (2) maneras que se dan para esta especie de impugnación de documentos, cuales son:(i) de manera principal y autónoma; y, (ii) de manera incidental dentro del proceso. Luego, en el caso que la tacha sea propuesta de manera incidental, como ocurre en estos autos, la misma puede ser propuesta en cualquier estado y grado de la causa a través de una actuación procesal que refiera y/o envuelva al documento público atacado, cuya pretensión deberá ser formalizada por el impugnante al quinto (5º) día siguiente a la fecha en que la propone, mediante escrito en el que señale los motivos de hechos que estime pertinente y que evidencien la falsedad del documento que ataca de nulidad; todo lo cual trae como consecuencia inmediata (A la parte que quiera servirse del documento, 440 C.P.C.), la carga de insistir en hacer valer el documento tachado de falso.

 
Ahora bien, a diferencia de lo señalado por el representante judicial de la parte proponente de la tacha, en el presente caso sí fue debidamente establecido por el a-quo -a través de su auto de fecha 25/04/2011, F.127- cuáles hechos de los alegados en el escrito contentivo de la solicitud de tacha debían probarse. Al respecto, señaló el aludido tribunal, que: (Sic) “...este juzgado encuentra pertinente demostrar los alegatos esgrimidos por el tachante respecto a la autenticidad de las firmas contenidas en el instrumento tachado, adjudicadas a los ciudadanos JUAN CHAKIRA BIJOUN Y GLENDY MARISELA PERNIA VALENZUELA, para el cual debe efectuarse una experticia grafotécnica, y deben ser promovida por quien corresponda...”. Resultando claro para esta Alzada, que sí el apoderado judicial de la parte actora afirmó que sus mandantes no firmaron el documento público cuya nulidad pide a través del presente procedimiento de tacha incidental, así como, que son falsas las declaraciones que se le atribuyen a éstos en el documento tachado, tenía la carga de demostrar tales hechos dado que a la parte demandada solo le bastaba con insistir en hacer valer el documento tachado, es decir, el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil PROMOTORA COLMERCA, C.A., celebrada en la ciudad de Guatire, (sic) Bolivariano de Miranda en fecha 31 de julio de 2007, por lo que, al no evidenciarse en estos autos prueba de experticia grafotécnica alguna, con la cual han podido desvirtuarse las firmas que se cuestionan, y con ello aclararse si las firmas eran falsas o no, no le queda otro camino procesal a este Tribunal de Alzada, que no sea la de declarar sin lugar la tacha incidental de documento público propuesta mediante escrito de formalización de fecha 15 de enero de 2008 (F.6-13, Vto.); tal y como en su oportunidad lo declaró el tribunal de la causa. Y así se reitera.

 
No escapa a la vista de este Juzgador, lo referido en los Informes presentado por el apoderado judicial de la parte proponente de la tacha, respecto a que en el presente caso era la parte demandada la que estaba obligada a demostrar la falsedad de las firmas y declaraciones cuestionadas en la solicitud de la tacha incidental. En tal sentido, observa este Juzgador, que, (sic) al que haber sido la parte demandante la proponente de la tacha y haber afirmado que sus mandantes no firmaron el documento atacado de falsedad, así como, que son falsas las declaraciones que se le atribuyen en ese documento a sus mandantes, a éstos (Los demandantes), le toca la prueba de los hechos que alegan, partiendo del principio INCUMBI PROBATIO QUI DICIT NIN QUI NEGAT, o sea, que incumbe probar a quien afirma la existencia de un hecho, no a quien lo niega; más el demandado puede tocar la prueba de los hechos en que se basa su excepción, en virtud de otro principio de Derecho; REUS IN EXCIPIENDO FIT ACTOR, al tornarse el demandado actor, a su vez, en la excepción, éste principio se armoniza con el primero, y en consecuencia, sólo cuando el demandado alegue en la excepción hechos nuevos toca a él la prueba correspondiente. Y, siendo que en el presente caso la Defensor (sic) Judicial insistió en hacer valer el documento tachado, con lo cual no está alegando un nuevo hecho, pues, las firmas y declaraciones cuestionadas ya constan en el documento público que se tacha, la carga de la prueba, estaba en cabeza de los impugnantes, y así se establece.

 
Por tales razones, es por lo que se impone la confirmatoria en todas y cada uno de sus partes de la sentencia recurrida en apelación, de fecha 13 de marzo de 2012, como en efecto será lo dispuesto de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de la presente decisión. Y así se declara.

 
No habiendo otro punto sometido al conocimiento y decisión de este Tribunal Superior, por efecto de la apelación que interpusiera la representación judicial de la parte demandante, y, siendo que en el presente caso no prosperó esa apelación ejercida contra el fallo de fecha 13 de marzo de 2012, se impone la declaratoria sin lugar del referido medio de defensa. Así se declara.
”

 

En el presente caso, fue negada por el juez superior la admisión del recurso extraordinario de casación anunciado, al considerar que la decisión recurrida es una incidencia de tacha propuesta por vía incidental, y la misma no pone fin al juicio, señalando que dicha decisión no tiene acceso a casación de inmediato sino en forma diferida, por tanto, no se refiere a ninguna de las decisiones contempladas el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, las cuales, sí son revisables en casación de inmediato.

Ahora bien, señala el recurrente de hecho, lo siguiente:

“Por diligencia del 07 de diciembre del pasado año, anuncié el recurso extraordinario de casación, contra la sentencia de alzada proferida el 18 de noviembre  de 2013, que declaró Sin Lugar el recurso de apelación que ejerciera en nombre de mi patrocinada, confirmando la improcedencia de la tacha incidental declarada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de esta Circunscripción Judicial.

 

Concluyó el Juzgado Superior que: “…las decisiones sobre tacha de documentos, propuestas por vía incidental no ponen fin al juicio, es decir, constituyen decisiones interlocutorias, las cuales, en caso de ocasionar algún gravamen, el mismo podrá ser reparado en la sentencia que ponga fin al juicio, en tal razón, las mismas no tienen acceso inmediato a la sede casacional…” (…)

 

Ciudadanos Magistrados, comenzó el juicio principal, cuando PROMOTORA COLMERA, C.A.,  el 18/07/2001 propuso demanda por resolución del contrato de venta de un lote de terreno contra el ciudadano VICENTE AURELIO AÑANGUREN. El 06/02/2004 en primera Instancia (sic) se declaró CON LUGAR la demanda. El demandado apeló la decisión por lo que suben la causa a la alzada, quien por sentencia del 07/04/2006, Rechaza (sic) la Apelación (sic), confirmando en todas sus partes la Sentencia (sic) de Primera  (sic) Instancia (sic. Contra ese fallo, el demandado, anunció recurso extraordinario de Casación, conoció esta misma Sala y por sentencia del 12/12/2006, (N° AA20-C-2006-765), declaró perecido el recurso, quedando definitivamente firme la sentencia de mérito.

 

Devueltos los autos a primera instancia, comenzamos los trámites para la ejecución de la sentencia. Se realizó experticia complementaria al fallo, donde se estableció que la condena, sumados capital, intereses e indexación, alcanza la suma de dos mil cuatrocientos setenta y dos millones cuatrocientos veintiocho mil trescientos diez bolívares (BS. 2.472.428.310,00). Luego de ello se ordenó el cumplimiento voluntario de la sentencia, por no haber cumplido pasamos a la ejecución forzosa. Fue en esa fase procesal cuando se presentó la abogada JULI MARYLIN ALARCÓN (…), actuando como apoderada judicial del ciudadano CARLOS ALBERTO HERRERA, (…) y celebró una transacción judicial con el demandado ciudadano VICENTE AURELIO AÑANGUREN, donde pretendieron dar por terminado el presente proceso, burlar la ejecución de la sentencia y consecuencialmente defraudar los intereses de mi patrocinada, presentando acta de asamblea total y absolutamente falsa, donde supuestamente los únicos accionistas y directores de PROMOTORA COLMERCA, C.A., ciudadanos JUAN CHAKIRA B., Y GLENDY MARISELA PERNIA VALENZUELA venden el 98% de sus acciones y designan como presidente al aludido ciudadano, quedándose  sólo con el 2%  entre ambos. Luego, fundamentados en la falsa asamblea celebran una transacción con el demandado, ciudadano VICENTE AÑANGUREN dando por terminado el juicio, burlando los derechos de los accionistas y de la sociedad mercantil.

 

Ante esta especial circunstancia que generó la presencia del falso documento, encontrándonos en fase de ejecución de una sentencia que había agotado todas sus instancias, alcanzando el carácter de cosa juzgada material, procedimos a proponer la tacha de documento por vía incidental, a los fines de proseguir con la ejecución.

 

Ahora bien, a los fines de evidenciar que la incidencia que hoy nos ocupa, se produjo en un juicio ya decidido, que alcanzó el carácter de cosa juzgada, consigno como anexos: Copia de la SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, dictada por el Juzgado Superior Sexto de esta Circunscripción Judicial, dictada en el Exp. N° 9965, constante de 35 folios útiles; igualmente consigno copia de la Sentencia de Casación dictada por esta misma Sala el 12 de diciembre de 2006, que declaró Perecido (sic) el recurso de casación ejercido contra la sentencia de Segunda Instancia. Señalo a esta Sala que no puedo consignar copia certificada de dichas sentencias, en virtud que el expediente AH16-2001-000052, contentivo del juicio principal, que debería reposar en los archivos del Tribunal Sexto de Primera Instancia de esta Circunscripción Judicial, se encuentra extraviado y en tal virtud solicite su reconstrucción como lo evidencia constancia de recepción de documentos emanado de la Unidad de Recepción de Documentos de dicho Juzgado, (…)

 

Ciudadanos Magistrados, yerra el Juzgado Superior al considerar: “…qué dicha decisión no tiene acceso a casación de inmediato sino en forma diferida, ya que deacuerdo con el principio de concentración procesal y de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, es la sola y única oportunidad de la decisión del recurso de casación que se ejerza contra la sentencia que ponga fin al juicio cuando deberán ser decididas las impugnaciones contra estas últimas interlocutorias, considerando que si aquella repara el gravamen causado por éstas, habrá desaparecido el interés procesal para recurrir…” (…)

 

En virtud que la incidencia de tacha que nos ocupa, se generó en un proceso donde se dictó una sentencia que alcanzó el carácter de cosa juzgada; que se encuentra en fase de ejecución; donde fue declarada la ejecución forzosa. Es por ello que la incidencia sobrevenida que nos ocupa por la incorporación de un documento falso que trajo como consecuencia la suspensión del proceso en plena fase de ejecución de la sentencia definitivamente firme, consideramos que nuestra pretensión procesal encuadra perfectamente en el supuesto previsto en el ordinal 3° del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.

 

Todo ello nos lleva a concluir que procesalmente es imposible que en el presente caso se pueda producir otra sentencia que ponga fin al juicio, contra la cual pudiéramos acceder a la casación y de esta forma procurar se subsane el gravamen que nos produce la sentencia interlocutoria recurrida, tal como lo propone el auto aquí recurrido.

 

Como antes señalamos, el debate juridicial se agotó con sentencia a favor de mi patrocinada, pasada con autoridad de cosa juzgada. Hoy nos encontramos trabados en la fase de ejecución de una sentencia definitivamente firme contra la cual se agotaron todos los recursos incluyendo la casación. Esta especial circunstancia derriba la argumentación del ciudadano Juez que profirió el auto del 07 de enero de 2016, que nos niega el acceso a casación pues en una causa definitivamente sentenciada, nunca se podrá producir otra sentencia sobre el fondo del debate judicial, esta postura, aplicada a la presente causa, nos llevaría forzosamente a vulnerar la autoridad de la cosa juzgada, lo cual es procesalmente imposible en nuestra dinámica procesal.

 

Por las razones de hecho y de derecho presentada en el presente escrito, respetuosamente solicitamos a esta Sala de Casación Civil, que declaren Con Lugar el presente Recurso de Hecho y se admita el recurso extraordinario de Casación, oportunamente anunciado el 07 de diciembre de 2015.” (Resaltado de la Sala)

 

         Ahora bien, esta Sala observa, que la tacha es el medio idóneo para impugnar las falsedades de la prueba instrumental negocial, por lo que el autor venezolano Jesús Eduardo Cabrera Romero, en su libro titulado “Contradicción de la Prueba Legal y Libre”, Tomo I, pág. 394, expresó “...La tacha de falsedad instrumental, como hemos venido exponiendo, fue prevista para conocer de las falsedades de la prueba documental negocial, en particular la de los documentos públicos negóciales, cuya característica es que el dicho del funcionario facultado para otorgar fe pública, impuesto en los documentos, los hace merecer fe pública...”. (Subrayado de la Sala)

         En este mismo sentido, la Sala ha entendido que el artículo 1.357 del Código Civil, se refiere al documento público negocial; en efecto en decisión de fecha 16 de mayo de 2003, expediente N° 01-885, caso: Henry José Parra Velásquez contra Rubén Gilberto Ruíz Bermúdez y otra, sostuvo que:

 

“...En el caso bajo examen, tiene razón el formalizante cuando afirma que las actuaciones administrativas de tránsito no pueden ser consideradas como documentos públicos conforme al artículo 1.357 del Código Civil, pues el mismo está referido al documento público negocial, es decir, aquel documento contentivo de negocios jurídicos de los particulares, que ha sido formado por un funcionario competente actuando en ejercicio de sus funciones, y no a los documentos públicos administrativos como son las actuaciones administrativas de tránsito...”. (Subrayado de la Sala)

 

En cuanto a la tramitación de la tacha incidental, la reiterada jurisprudencia de esta Sala ha establecido que debe sustanciarse a través de las normas establecidas en los artículos 442 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y que si bien no es autónomo del juicio principal, sí posee sus reglas propias, lo que lo hace un verdadero procedimiento especial.

 

En lo que respecta a la tacha incidental surgida en fase de ejecución de sentencia, esta Sala de Casación Civil, en fecha 27 de julio de 2004, Exp N° 03-127, RC 713, en el caso seguido por Transporte Golar, C.A. contra Norka Margarita Ortega de Pinto, señaló lo siguiente:

 

“Ú N I C O

 

De conformidad con doctrina reiterada de esta Sala, compete a este Tribunal Supremo de Justicia decidir, en último término, acerca de la admisibilidad del recurso de casación propuesto, no obstante, la admisión que del mismo hubiese realizado la instancia. En consecuencia, la Sala puede si encontrare contrario a derecho el referido auto de admisión, ordenar su revocatoria y proceder de seguida a declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto.

 

Por lo tanto, esta Sala en ejercicio de su potestad para determinar en definitiva sobre la admisibilidad o no del recurso de casación propuesto, pasa de seguida a pronunciarse al respecto, previo las siguientes consideraciones:

 

La presente incidencia de tacha de documento público, fue planteada por la demandada contra los documentos y actuaciones consignados por el Secretario del tribunal de la causa en la reconstrucción del expediente del juicio por ejecución de hipoteca.

 

Se evidencia de autos, que la tacha fue propuesta por la demandada, con posterioridad al fallo de esta Sala de fecha 29 de enero de 2002, sentencia N° 67, que corre inserta al folio 73 cuarta pieza del expediente, en la que se resolvió que el procedimiento de hipoteca se encontraba en etapa de ejecución, al establecer “...la Sala concluye que no es posible venir a casación en la etapa de ejecución de sentencia, sino en casos excepcionales, no siendo la decisión de autos subsumible en los supuestos de excepción establecidos en la norma antes señalada, por cuanto la decisión recurrida negó la reposición y la nulidad solicitada por la demandada y la causa se encuentra en etapa de publicación de carteles, por lo que, es improcedente recurrir en casación en el caso concreto...”.

 

Formalizada la tacha por la demandada, la parte actora insistió en hacer valer los documentos y actos tachados y en fecha 10 de mayo de 2002, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, declaró inadmisible la tacha de falsedad propuesta por la demandada por cuanto: “...la causa, en sentido global, general y continente de todas las sub-causas incidentales, esto es la ejecución de hipoteca, ya tenía resuelta la oposición y dentro de ella las sub-causas incidentales de reconstrucción y reposición: es decir, ya no había causa en curso donde se pudiera desechar, para la decisión definitiva...”.

 

Apelada la decisión por la parte demandada, correspondió el conocimiento al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, el cual dictó sentencia en fecha 7 de agosto de 2002, en la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la accionada por lo que confirmó el fallo del a quo, estableciendo: “...es manifiesta la extemporaneidad de la tacha incidental planteada por la demandada, respecto de las actuaciones relativas a la reconstrucción del expediente realizadas antes de que se hubiese dictado la sentencia definitivamente firme que declaró sin lugar la oposición al procedimiento de ejecución de hipoteca...”.

De lo expuesto en la sentencia recurrida, se constata que el juzgador declaró la extemporaneidad de la tacha incidental al ser propuesta después que culminó la fase de cognición del procedimiento de hipoteca, es decir, luego de que quedó definitivamente firme la declaratoria sin lugar de la oposición.

 

Si bien, el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil, establece en forma clara y precisa que la tacha incidental puede ser propuesta en cualquier grado y estado de la causa, esta debe ser planteada antes de que la causa entre en estado de sentencia. 

 

No obstante que, la tacha incidental de un documento público debe ser sustanciada en cuaderno separado del juicio principal, porque así lo ordena el artículo 441 del Código de Procedimiento Civil, su tramitación hasta la decisión de tal incidencia, debe producirse con anterioridad a la sentencia del juicio principal, porque de esa manera la apreciación de la prueba documental cuestionada dependerá de la declaratoria incidental sobre su validez o nulidad.

 

Así, lo estableció esta Sala en sentencia de fecha 13 de agosto de 1992, “...la tacha incidental de un instrumento público podría ser promovida hasta luego de ser promovida luego (sic) de celebrado el acto de réplica a los informes, que serían las observaciones, lo que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 439, norma que en forma clara y precisa establece que la tacha incidental puede ser propuesta en cualquier grado y estado de la causa, aún después de los informes, como la Sala así expresamente lo señaló en el auto del 10 de febrero de 1988, al considerar que las observaciones escritas, contempladas en el artículo 509 ejusdem, son parte complementaria de los informes, y sólo es a partir del vencimiento del lapso para consignarlas, cuando la causa entra en estado de sentencia...”.

 

En el caso de autos, el presente juicio de ejecución de hipoteca ya culminó la etapa de cognición, al existir sentencia definitivamente firme en relación a la oposición hecha por la demandada al procedimiento ejecutivo, específicamente se encuentra en la fase de publicación de carteles de remate, en razón de lo cual resulta a todas luces inútil el ejercicio de una tacha sobre aquellos documentos que pudieron tener alguna incidencia en la sentencia definitiva, pues, dicho acontecimiento ya se produjo, en vista de que, como se dijo, el presente asunto se encuentra en su etapa ejecutiva. Así se decide.

 

Por consiguiente, resulta evidente que el fallo de alzada es un auto dictado en ejecución, que no resuelve un punto esencial a lo que ya fue decidido en la sentencia que quedó definitivamente firme, ni la modifica de manera sustancial, sino que, persiste el carácter de cosa juzgada adquirida por la declaratoria sin lugar de la oposición al decreto intimatorio, ni resolvió algún punto esencial no controvertido en el juicio pues ya fueron decididas los recursos interpuestos contra la solicitud de invalidez de la reconstrucción del expediente, por lo cual no encuadra en alguno de los supuestos de excepción contemplados en el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, para que sea revisado en casación.”

 

Ahora bien, en el caso de autos observa la Sala, que estamos en presencia de una tacha incidental surgida en un juicio principal de resolución de contrato de compra venta, seguido por PROMOTORA COLMERCA C.A., contra el ciudadano VICENTE AURELIO AÑANGUREN, que se encuentra en etapa ejecución de sentencia, el cual fue declarado con lugar en primera y segunda instancia, por lo que, la parte perdidosa recurrió en casación, siendo declarado perecido por esta Sala en fecha 12 de diciembre de 2006, Expediente RC. N° AA20-C-2006-795, existiendo sentencia definitivamente firme, y es en el momento de la declaratoria de ejecución forzosa, cuando consignan transacción judicial celebrada entre el ciudadano CARLOS ALBERTO HERRERA y el demandado ciudadano VICENTE AURELIO AÑANGUREN, presentando acta de asamblea donde supuestamente los únicos accionistas y directores de PROMOTORA COLMERCA, C.A.,  ciudadanos JUAN CHAKIRA B., y GLENDY MARISELA PERNIA VALENZUELA (parte demandante) venden el 98% de sus acciones y designan como presidente al ciudadano CARLOS ALBERTO HERRERA, y es dicho documento público el que es objeto de tacha, presentándose en etapa de ejecución un hecho nuevo, como lo es una transacción celebrada entre un supuesto nuevo actor y el demandado de autos.

En efecto, se observa de las actas que estamos en presencia de una tacha incidental, pero la misma surgió con posterioridad a la sentencia definitiva de fondo firme, en etapa de ejecución de sentencia, por lo que el juez de la recurrida yerra al declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación anunciado por la representación judicial de la parte actora, aduciendo que “….la misma no pone fin al juicio sino que por el contrario, la naturaleza de la misma conlleva a su prosecución, por lo que este juzgador estima que dicha decisión no tiene acceso a casación de inmediato sino en forma diferida…”.

En consecuencia, resulta evidente que la sentencia definitiva de tacha incidental aquí proferida, queda huérfana al no tener un juicio principal activo esperando sentencia que abrace a los subsiguientes fallos, y por cuanto la tacha incidental surgió en estado de ejecución de sentencia, es que la misma debe ser considerada como una sentencia interlocutoria que causa gravamen irreparable y que evidentemente pone fin al juicio de tacha incidental, lo que la hace susceptible de ser recurrida en casación, de forma excepcional en fase de ejecución de sentencia, conforme lo dispone, el ordinal 3° del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, al señalar textualmente lo siguiente:

 

“El recurso de casación puede proponerse:

…omissis…

3° Contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él; o los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, después que contra ellos se hayan agotado todos los recursos ordinarios”.

 

En el mismo orden de ideas, este Alto Tribunal ha precisado en sentencias de vieja data como la de fecha 4 de marzo de 1999, caso: Cirilo Oswaldo Hernández contra C.A.N.T.V., lo siguiente:

 

“...Dispone el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil que: El recurso de casación puede proponerse... “Contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él; o las que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, después que contra ellos se hayan agotados todos los recursos ordinarios...”.

Es constante y pacífica la doctrina de la Sala conforme a la cual “no puede reponerse la causa en fase de ejecución” (Sentencia de fecha 09 de agosto de 1994), lo que ha llevado a la Sala a decidir que:

En materia de autos sobre ejecución de sentencia rige el principio general de la inadmisibilidad del Recurso de Casación salvo los casos excepcionales que la propia ley prevé en relación con autos que versen sobre puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él, o los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, tal como lo dispone el ordinal 3º del artículo 312 anteriormente transcrito.

Es evidente que el espíritu y razón de esta norma, que también lo consagró el derogado Código de Procedimiento Civil, es preservar la autonomía e intangibilidad de la cosa juzgada, pues se trata de evitar que el juez ejecutor, al resolver sobre aparentes puntos nuevos esenciales no controvertidos o al interpretar la decisión que se ejecuta, incurra en el error de alterar, modificar o contrariar sustancialmente los efectos de aquella. (Sentencia de fecha 13 de marzo de 1992).

...OMISSIS...

Nuestro legislador ha permitido el Recurso de Casación, “contra los autos de ejecución de sentencia”, pero sólo cuando ellos versen sobre puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él o cuando se provea contra lo ejecutoriado o se le modifique de manera sustancial.

Tales autos no pueden ser otros que los relacionados con la ejecución misma, que afecta únicamente a los que fueron parte en el juicio principal de cuya ejecución se trata; y tanto es así, que las excepciones contempladas en el ordinal 4º del artículo 423 del Código de Procedimiento Civil confirma la regla en ese sentido, al hablar de puntos esenciales no controvertidos en juicio ni decididos en él, o que se provea contra lo ejecutoriado, o modificándolo de manera sustancial, lo cual implica, en un sentido general, el respeto y acatamiento debidos a la cosa juzgada...’. (Sentencia de fecha 15 de noviembre de 1984). (Negrillas y cursivas de la sentencia).

 

         Por lo que la Sala da por cumplido este requisito para la admisibilidad del recurso extraordinario de casación.

Asimismo, considera la Sala necesario entrar analizar el requisito de la cuantía, por lo que de una revisión exhaustiva de las actas del presente expediente, se evidencia de la sentencia proferida en el juicio principal (folio 312) que la misma fue estimada en la cantidad de setecientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos nueve mil doscientos ochenta y cinco bolívares (Bs.745.409.285,00), iniciándose el juicio principal el 18 de julio de 2001, superando con creces el monto de los cinco millones de bolívares (Bs.5.000.000,oo), exigido para la admisibilidad del recurso extraordinario de casación, para la fecha de presentación de la demanda, por lo que la Sala estima cumplido el requisito de la cuantía para acceder a casación. Así se decide.

 

En consideración a todos los fundamentos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta Sala considera que con tal modo de proceder, se le impidió desacertadamente a la parte actora el acceso a casación, lo que determina por vía de consecuencia la procedencia del presente recurso de hecho, verificado como fue que se propuso de forma tempestiva ante el tribunal de alzada. Así se decide.

D E C I S I Ó N

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso de hecho propuesto por la representación judicial de la parte demandante, contra el auto de fecha 7 de enero de 2016, dictado por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual se declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación anunciado en fecha 7 de diciembre de 2015, contra el fallo definitivo de tacha incidental de fecha 18 de noviembre de 2013, pronunciado por el referido juzgado superior. En consecuencia, se REVOCA dicho auto y se ADMITE el recurso extraordinario de casación anunciado contra la referida decisión del Juzgado Superior.

Asimismo, conforme a lo dispuesto por esta Sala en la sentencia N° 642 de fecha 7/10/2008, dictada en acatamiento al criterio jurisprudencial emanado de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, en sentencia N° 2314 de fecha 18/12/2007 y, procurando preservar el orden jurídico constitucional, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y el debido proceso, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN ESTE JUICIO, pues, la presente decisión se publica fuera de la oportunidad legal establecida en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, una vez conste en autos la última de las notificaciones, comenzará a correr el lapso de cuarenta (40) días para la formalización del recurso extraordinario de casación, todo de conformidad con lo establecido en la precitada norma adjetiva.

Publíquese, regístrese y remítase el presente expediente al juzgado de sustanciación de esta Sala de Casación Civil, para la designación del ponente quien decidirá el recurso extraordinario de casación.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de marzo de dos mil dieciséis. Años: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

 

__________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

 

 

 

Vicepresidente,

 

 

 

___________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

 

Magistrada,

 

 

 

________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

 

 

Magistrada,

 

 

 

_______________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

Magistrado-Ponente,

 

 

___________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

 

 

Secretario,

 

 

 

_________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

 

Exp. AA20-C-2016-000085.-

Nota: Publicada en su fecha a las (   )

 

 

 

Secretario,

 

 

 

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