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Sentencia N.º RH.000347

Sentencia N.º RH.000347

Sentencia
N.º RH.000347
Fecha
23/05/2012
Sala
Casación Civil
Expediente
12-202
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Hecho

SALA DE CASACIÓN CIVIL

                                                                         Exp. Nro.  2012-000202

 

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

 

En el juicio por intimación y estimación de honorarios profesionales de abogado, intentado ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el abogado en ejercicio FREDDY RÍOS ACEVEDO, representado judicialmente por el abogado Víctor López, contra los miembros de la sucesión PÉREZ MONAGAS, integrada por los ciudadanos MIREYA ALCIRA PÉREZ MONAGAS DE POWER, AURA THAÍS PÉREZ MONAGAS y EDUARDO ANTONIO PÉREZ MONAGAS, representados judicialmente por las abogadas Luz María Cruz Torres y Luz Elena Bello D’ Escrivan; MAXIMILIANO PÉREZ MONAGAS, AMADA PÉREZ MONAGAS, JUDITH PÉREZ MONAGAS y BEATRIZ PÉREZ MONAGAS, representados judicialmente por la Defensora ad litem Ana Ysabella Ruiz Guevara; y RAFAEL JOSÉ PÉREZ MONAGAS, actuando en su propio nombre y en defensa de sus legítimos derechos e intereses y en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos MANUEL DEL REY PÉREZ y MAX DEL REY PÉREZ, causahabientes de la codemandada HAIDEE PÉREZ MONAGAS (de cujus); el Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 16 de enero de 2012, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por el demandante, contra el auto proferido en fecha 1 de agosto de 2011, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que designó un experto contable, a los fines de calcular los intereses producidos en la cuenta de ahorros a nombre del demandante en el Banco Industrial de Venezuela, aperturada con posterioridad al embargo ejecutivo practicado a los demandados, para entregar el saldo de once mil trescientos ochenta bolívares (Bs. 11.380,00) al actor, más los intereses producidos, y el saldo restante de la referida cuenta devolverlo a los demandados. En consecuencia, quedó confirmado el auto apelado.     

 

Contra la referida sentencia, el actor anunció el recurso de casación, el cual fue negado por auto de fecha 24 de febrero de 2012, con fundamento en que no se cumple con el requisito de la cuantía necesaria, para que la sentencia recurrida sea revisada en casación.

 

Con motivo del recurso de hecho interpuesto contra la negativa a oír el recurso extraordinario de casación anunciado, la Sala recibió el expediente del cual se dio cuenta en fecha 9 de abril de 2012, pasándose a dictar la decisión bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter suscribe, previas las siguientes consideraciones:

 

ÚNICO

 

Para un mejor entendimiento de lo acontecido en el caso de autos, la Sala considera necesario hacer un recuento de algunas de las actuaciones habidas en el expediente, a saber:

 

En fecha 3 de diciembre de 2004, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró:

 

“…PRIMERO: IMPROCEDENTE la apelación interpuesta el día 24.03.2000 por el abogado Freddy Ríos Acevedo, en su carácter de parte intimante contra el auto interlocutorio fecha 23.03.2000 proferido por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró válidas las actuaciones de las abogadas Luz María Cruz Torres y Luz Elena Bello D’ Escrivan, con el poder conferido por la ciudadana Mireya Alcira Pérez Monagas. Y, en consecuencia, se tiene como válidas las actuaciones de las abogadas Luz María Cruz Torres y Luz Elena Bello D’ Escrivan, con el poder conferido por la ciudadana Mireya Alcira Pérez Monagas.

SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida el 03.02.2000 (f. 117) por la abogada Luz Elena Bello D’ Escrivan, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana MIREYA ALCIRA PÉREZ MONAGAS, parte codemandada, contra la decisión definitiva dictada en fecha 22.02.1999 por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró que la parte intimante tiene derecho a cobrar honorarios profesionales.

TERCERO: CON LUGAR el derecho a estimar e intimar Honorarios (sic) Profesionales (sic) del abogado FREDDY RIOS ACEVEDO contra los ciudadanos MIREYA ALCIRA PÉREZ MONAGAS, MAXIMILIANO PÉREZ MONAGAS, AURA THAÍS PÉREZ MONAGAS, AMADA PÉREZ MONAGAS, RAFAEL JOSÉ PÉREZ MONAGAS, EDUARDO ANTONIO PÉREZ MONAGAS, y los ciudadanos MANUEL DEL REY PÉREZ MONAGAS (sic) y MAX DEL REY PÉREZ, integrantes de la sucesión de la ciudadana HEIDEE PÉREZ MONAGAS, quien tiene derecho a cobrar las actuaciones reclamadas y determinadas en el cuerpo de esta sentencia. En consecuencia, y ante la ausencia de retasa, se condena a la parte intimada al pago, sin plazo alguno, la cantidad de ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 11.380.000,00), por concepto de honorarios profesionales, y cuyo pago al no ser solidario, será proporcionalmente cubierto por cada uno de los intimados…”. (Negrillas y mayúsculas del texto).

 

La mencionada sentencia quedo definitivamente firme, y por tal motivo el actor solicitó al tribunal de la causa Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 14 de junio de 2011, que designara experto contable a los fines de calcular los intereses de las cantidades depositadas en la cuenta de ahorros a nombre del actor, bajo el N° 1-023-014276-4, en el Banco Industrial de Venezuela, y también solicitó que el cálculo debía hacerse por la sumatoria de lo estimado en honorarios, mas la cuota de los intimados que convinieron en la demanda. 

 

Por auto de fecha 24 de febrero de 2006, el tribunal de la causa, designó un experto contable, a los fines de calcular los intereses producidos en la cuenta de ahorros a nombre del demandante en el Banco Industrial de Venezuela, aperturada con posterioridad al embargo ejecutivo practicado a los demandados, para entregar el saldo de once mil trescientos ochenta bolívares (Bs. 11.380,00) al actor, más los intereses producidos, y el saldo restante de la referida cuenta devolverlo a los demandados.

 

Por auto de fecha 1 de agosto de 2011, el tribunal de la causa, designó un experto contable, a los fines de calcular los intereses producidos en la cuenta de ahorros a nombre del demandante en el Banco Industrial de Venezuela, aperturada con posterioridad al embargo ejecutivo practicado a los demandados, para entregar el saldo de once mil trescientos ochenta bolívares (Bs. 11.380,00) al actor, más los intereses producidos, y el saldo restante de la referida cuenta devolverlo a los demandados.

 

Dicho auto fue apelado por el actor, y oído en ambos efectos, correspondió el conocimiento de la apelación al Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de área Metropolitana de Caracas, y dictó sentencia en fecha 16 de enero de 2012, sin lugar la apelación interpuesta por el demandante, contra el auto proferido en fecha 1 de agosto de 2011, quedando confirmado el mismo.     

 

Contra la mencionada sentencia dictada por el juez ad quem, el actor anunció recurso de casación, y el mismo fue negado con fundamento en que no se cumple con el requisito de la cuantía necesaria para acceder en casación.

 

Ahora bien, revisadas las actuaciones procesales más relevantes acontecidas en el presente juicio, se observa que la decisión bajo examen, contra la cual se anunció y negó el recurso extraordinario de casación, hoy recurrida de hecho ante esta Sala, la misma por su naturaleza, constituye una decisión dictada en etapa de la ejecución de la sentencia, que declaró con lugar la demanda por cobro de honorarios profesionales de abogado propuesta.

 

Ahora bien, las decisiones dictadas en etapa de ejecución de sentencia, en principio no son revisables en la sede casacional, salvo que las mismas resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él; que las mismas provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, después que contra ellos se hayan agotado los recursos ordinarios, caso que no ocurre en el presente juicio, por cuanto la decisión recurrida en casación, declaró sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto dictado por el tribunal a quo, que designó el experto contable, a los fines del cálculo de los intereses producidos en la cuenta de ahorros a nombre del demandante en el Banco Industrial de Venezuela, aperturada con posterioridad al embargo ejecutivo practicado a los demandados, para entregar el saldo de once mil trescientos ochenta bolívares (Bs. 11.380,00) al actor, más los intereses producidos, y el saldo restante de la referida cuenta devolverlo a los demandados; por tal motivo, la precitada decisión no se subsume dentro de ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, para ser revisado en la sede casacional.

 

 

Sobre este punto, la Sala en decisión de fecha 20 de marzo de 2006 caso: Doris Ramos de Jiménez y otro contra Inversiones Saydor, S.R.L. y otros, señaló lo siguiente:

 

 

“...Ahora bien, las decisiones dictadas en etapa de ejecución de sentencia, en principio no son revisables en la sede casacional, salvo que las mismas resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio, ni decididos en él; que las mismas provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, después que contra ellos se hayan agotado los recursos ordinarios…

(...Omissis...)

…En relación con la admisibilidad del recurso extraordinario de casación contra los autos dictados en ejecución de sentencia, como en el caso de autos, la Sala ratificó su criterio de inadmisibilidad, mediante sentencia N° RH.00571, de fecha 6 de julio de 2004, expediente N° AA20-C-2004-000376, caso: Garbis Dermesropian contra la sociedad mercantil White Banana Cream, C.A., en los términos siguientes:

 

“...Respecto a la admisibilidad del recurso de casación en estos casos, de autos dictados en ejecución de sentencia, la Sala, en sentencia Nº 168 de fecha 25 de mayo de 2000, expediente Nº 2000-024, en el (caso: de Flor María Araña Arenas contra Consorcio Beverly Hills C.A. y otro), estableció lo siguiente:

‘…En fecha 21 de octubre de 1998, el tribunal de la causa dictó providencia en la que ordenó la ejecución de la transacción y fijó un lapso de ocho días para el cumplimiento voluntario. Contra éste auto de ejecución fue ejercido recurso de apelación por la parte querellada.

Analizando la naturaleza de este fallo, es fácil encuadrarlo en los llamados autos dictados en ejecución de sentencia, que no encuadra dentro de los supuestos excepcionales establecidos en el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, porque el juez de la recurrida no proveyó contra lo ejecutoriado, ni modificó de manera sustancial lo decidido...’.

Al respecto, la jurisprudencia constante y pacífica de este Supremo Tribunal, reiterada entre otras en decisión de fecha 25 de junio de 1998, expresó:

‘...Al respecto, la Sala en sentencia de fecha 13 de febrero de 1992 estableció lo siguiente:

En materia de autos sobre ejecución de sentencias rige el principio general de la inadmisibilidad del recurso de casación salvo los casos excepcionales que propia ley prevé en relación con autos que versan sobre puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él, o los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, tal como lo dispone el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil anteriormente transcrito.

Es evidente que el espíritu y razón de esta norma, que también consagró el derogado Código de Procedimiento Civil, es preservar la autonomía e intangibilidad de la cosa juzgada, pues se trata de evitar que el juez ejecutor, al resolver sobre aparentes puntos nuevos esenciales no controvertidos o al interpretar la decisión que ejecuta, incurre en el error de alterar, modificar o contrariar sustancialmente los efectos de aquella…’. (Subrayado de la Sala).

                  

                   Del criterio antes expuesto, se evidencia que la decisión bajo estudio, no es revisable en casación, pues no está comprendida en ninguno de los casos establecidos en el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, que permite la excepcional admisión del recurso de casación contra los autos dictados en ejecución de sentencia, cuando resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él o, provean contra lo ejecutoriado modificándolo de manera sustancial, lo cual no se evidencia en el caso sub iudice, pues el fallo recurrido, confirmó la designación del experto contable, a fin de dar ejecución a la sentencia que ordenó el cobro de honorarios profesionales de abogado, sin modificar lo decidido.

 

 

 

D E C I S I Ó N

 

 

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 24 de febrero de 2012, dictado por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de área Metropolitana de Caracas, que negó el recurso de casación anunciado contra la sentencia de fecha 16 de enero de 2012, dictada por el referido juzgado. 

 

 

Se condena al recurrente al pago de las costas, de conformidad con la ley.

 

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la cognición Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta decisión al Juzgado Superior antes mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

 

Dada, firmada  y sellada en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación  Civil  del Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en   Caracas,  a  los veintitrés (23) días del mes de mayo de  dos mil doce. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

 

 

Presidenta de la Sala,

 

 

__________________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

Vicepresidenta-ponente,

 

 

_____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado,

 

 

______________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrado,

 

 

__________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

Magistrado,

 

 

____________________________________

LUÍS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

Secretario,

 

 

________________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

Exp. Nro. AA20-C-2012-000202

Nota: Publicado en su fecha a las

 

Secretario,

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