Sentencia N.º RH.000389
- Sentencia
- N.º RH.000389
- Fecha
- 10/08/2010
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 10-339
- Ponente
- Isbelia Josefina Pérez Velásquez
- Procedimiento
- Recurso de Hecho
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp.: Nº AA20-C-2010-000339
Magistrada Ponente: ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.
En el juicio por retracto legal, iniciado ante el Juzgado Tercero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, por el ciudadano STAVROS KOUFI CARAMANOLI, representado judicialmente por la abogada Mariflor J. Sangronis, contra los ciudadanos DESPOINA SEPETADELI, FOTIOS SEPETADELI, FOTEINA SEPETADELI, ERIFYLI SEPETADELI y ANA SEPETADELI, representados por judicialmente por los abogados Dixon Isaías Urbina y Saima Harb Ayoubi; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial y sede, dictó sentencia en fecha 8 de abril de 2010, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la demandante, contra la decisión dictada por el juez a quo en fecha 23 de febrero de 2010, que declaró sin lugar la impugnación del poder otorgado por los demandados a los abogados Dixon Isaías Urbina y Saima H. Ayoubi. En consecuencia, confirmó el fallo apelado, y consideró válido el poder otorgado por los demandados a los prenombrados abogados. Hubo condenatoria en costas procesales al demandado.
Contra la referida decisión el apoderado judicial del demandante anunció recurso de casación, el cual fue negado por auto de fecha 17 de mayo de 2010, con fundamento en que no consta la cuantía del juicio.
Con motivo del recurso de hecho interpuesto contra la negativa de admisión del de casación, esta Sala dio cuenta del mismo en fecha 22 de junio de 2010, pasándose a dictar la decisión procesal, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter suscribe, previa las siguientes consideraciones:
ÚNICO
La Sala evidencia de la lectura exhaustiva de las actas que conforman el expediente, que no consta libelo de la demandada, ni copia certificada de éste, o escrito de contestación de la demanda, lo cual, hace imposible determinar el interés principal en el presente juicio, requisito de impretermitible cumplimiento para la admisibilidad del recurso de casación.
Sobre el particular, esta Sala ha expresado en reiteradas oportunidades que cuando no conste en el expediente el libelo de demanda, ni copia certificada de éste, o en su defecto, el escrito de contestación de la demanda, de los cuales pueda desprenderse de modo cierto y definitivo el interés principal del juicio, debe considerarse que no fue cumplido el requisito de la cuantía y, por ese motivo, el recurso de hecho debe ser declarado inadmisible, sin que valgan consideraciones relativas a la duda que pudiera surgir en cuanto a la probable cuantía del juicio, dado que los términos de la mencionada ley no permiten otra solución que no sea la que obliga a demostrar con toda certeza, que el valor del juicio sobrepasa el límite por aquélla establecido a los fines de la admisión del recurso . (Vid Sent. de 6 de marzo de 1999, caso: Giarmi Cordone Palandrini contra Corporación Revi, C.A. y otra, reiterada en Sentencia de 15 de julio de 1999, caso: José Vicente Marín).
Aunado a lo anterior, es necesario hacer referencia al criterio establecido por esta Sala en sentencia Nº RH.00352, de fecha 2 de noviembre de 2000, expediente Nº AA020-C-1999-000743, caso: Freddy Mezerhane Gosen contra Seguros La Federación, C.A., reiterada en infinidad de fallos, incluyendo éste, mediante el cual se estableció lo siguiente:
A pesar de la determinación tomada en el caso en particular, esta Sala, habiendo sido penetrada en serias dudas sobre la extrema formalidad de la doctrina vigente, aplicada en el sub iudice, considera que su inflexibilidad, choca con la naturaleza intrínseca del principio de exhaustividad de la sentencia, que impone al juzgador el deber de pronunciarse sobre todas las alegaciones y peticiones de las partes, realizando el análisis íntegro sobre las actas del proceso, contraviniendo igualmente el alcance del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, de cuyo texto se desprende, por interpretación contraria, que los elementos de convicción para que el juez pueda conformar su decisión, únicamente puede extraerlos de los autos; del mismo modo, el criterio restringido que inveteradamente hasta ahora se ha sostenido con relación a que, es el libelo de la demanda el único instrumento esencial para determinar el requisito de la cuantía indispensable para la admisión del recurso de casación, atenta contra el efecto probatorio de aquellos documentos en los cuales la fe pública del funcionario que los suscribe o los avala con su actuación inherente al cargo que desempeña, se vea anulada, sin fundamentación legal alguna que pueda amparar tal situación, impidiéndole al juez plasmar la verdad como el norte de sus actos, la cual procurará conocer en los límites de su oficio.
Considerando, entre otras, las observaciones precedentes, esta Sala de Casación Civil a los efectos de atemperar la inflexibilidad del criterio in comento y sin restarle la importancia que tiene el escrito de la demanda para establecer la cuantía exigida en la admisión del recurso de casación, abandona expresamente el criterio sustentado en la indicada decisión de fecha 7 de marzo de 1985, ratificada en sentencias del 25 de marzo de 1992 y 8 de febrero de 1995 y asi sucesivamente en todos los autos y fallos que hasta la presente fecha se han publicado y ESTABLECE, que para los recursos que se admitan a partir de la fecha de publicación de este fallo, tendrán valor demostrativo a los efectos de verificar la cuantía de la demanda, como requisito para la admisión del recurso casacionista, todos aquellos documentos autorizados con las solemnidades del caso por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultada para dar fe pública en el ejercicio de sus funciones pueda haber dejado claramente determinado dicha cuantía, que en abundamiento podrán ser corroborado con los indicios procesales existentes en las actas, siendo que éstos por si sólos, no servirán como elementos determinantes para establecer la cuantía de la demanda . (Subrayado del texto).
Del precedente criterio jurisprudencial, se desprende que de conformidad con el principio de exhaustividad de la sentencia, y del alcance del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, la Sala a fin de atemperar la inflexibilidad del criterio de que únicamente a través del libelo de la demanda se podía determinar la cuantía del juicio; abandonó dicho razonamiento, y estableció que también tendrían valor demostrativo a los fines de determinar la cuantía del juicio, aquellos documentos que estén autorizados con todas las solemnidades de ley por un juez u otro funcionario público que tenga facultad para dar fe pública en el ejercicio de sus funciones.
En este sentido de la detenida y exhaustiva revisión de las actas que conforman el presente expediente, la Sala tal y como, anteriormente señaló en él mismo no consta libelo de la demanda, ni copia certificada de éste, o escrito de contestación de la demanda, ni mucho menos, evidencia ningún documento autorizado con todas las solemnidades de ley, por un juez u otro funcionario público que tenga facultad para dar fe pública en el ejercicio de sus funciones, lo cual, impide verificar el interés principal del juicio; por ello, esta Sala evidencia que el recurso de casación anunciado es inadmisible, como con acierto lo resolvió el juez superior, lo que determina la declaratoria sin lugar del presente recurso de hecho, tal como se hará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 17 de mayo de 2010, dictado por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial de estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, denegatorio del recurso de casación anunciado contra la sentencia de fecha 8 de abril de 2010, dictada por el referido juzgado superior.
Se condena al recurrente al pago de las costas del recurso, de conformidad con la ley.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Tercero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro. Particípese la presente decisión al juzgado superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil diez. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
Presidenta de la Sala,
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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta Ponente,
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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ.
Magistrado,
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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.
Magistrado,
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LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ.
Secretario-Temporal,
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CARLOS WILFREDO FUENTES.
Exp.: N° AA20-C-2010-000339
Nota: Publicado en su fechas a las
Secretario,
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