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Sentencia N.º RH.000655

Sentencia
N.º RH.000655
Fecha
06/11/2013
Sala
Casación Civil
Expediente
13-591
Ponente
Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento
Recurso de Hecho

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2013-000591

 

 

Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández

 

En el juicio por nulidad de contrato, incoado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, por las sociedades mercantiles FRIGORÍFICO LA MANSIÓN DEL ESTE C.A. e INVERSIONES PLAZA LOS LEONES, C.A., representadas judicialmente por el profesional del derecho Alcides Manuel Escalona Medina, contra las sociedades mercantiles INVERSORA JEAPA C.A. y ADMINISTRADORA 73, C.A., patrocinadas por el abogado en ejercicio de su profesión Javier E. Suárez Arroyo; el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la misma circunscripción judicial, en fecha 19 de julio de 2013, dictó sentencia declarando sin lugar la apelación intentada por la parte actora contra la sentencia del a quo que declaró inadmisible la demanda, confirmando así el fallo apelado.

Contra la referida decisión de alzada, la representación judicial de la parte actora anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue negado mediante auto de fecha 8 de agosto 2013, por no haberse estimado la cuantía en el libelo de la demanda.

Con motivo del recurso de hecho interpuesto contra la negativa de admisión del recurso extraordinario de casación, la Sala recibió el presente expediente, del cual se dio cuenta en sesión de fecha de 9 de octubre de 2013, pasándose a dictar la decisión bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, previas las siguientes consideraciones:

ÚNICO

En el caso de autos, esta Sala evidencia que el abogado Alcides Manuel Escalona Medina interpuso recurso de hecho contra la decisión del juez de alzada que negó el recurso de casación, por cuanto “…de las actas procesales, se observa que no fue estimada la cuantía en el libelo de la demanda; y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del tribunal Supremo de Justicia en el artículo 86, en concordancia con el ordinal primero del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, son recurribles en casación aquellas sentencias cuya cuantía para el momento de la interposición de la demanda exceda las tres mil unidades tributarias (3000 U.T.)”

En razón de tal pronunciamiento, el señalado profesional del derecho consignó escrito en el que expuso:

“…Encontrándome dentro de la oportunidad legal correspondiente PROPONGO RECURRO (sic) DE HECHO en contra de la negativa de este Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil y del tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara de admitir el recurso de casación anunciado en base a las siguientes consideraciones:

El auto que niega el recurso de casación está sustentado sobre la base de un supuesto de hecho que no le corresponde determinar como que frente la ausencia de la estimación de la demanda en unidades tributarias hace que la pretensión no sea recurrible a (sic) Casación.

En efecto ciudadanos Magistrados, tal como bien acierta la recurrida, la demanda precisa del error que no fue estimada ni en bolívares ni en unidades tributarias, lo cual tampoco fue observado ni por la parte de la demanda ni por el Juez de la causa, lo que significa que sólo cuando al revisar la misma por el anuncio del recurso, fue que se observó la ausencia de estimación alguna.

Ahora bien debemos realizar varios razonamientos lógicos:

Las demandas que se tramitan el 1era Instancia sólo son aquellas que tienen como cuantía de más de 3000 unidades tributarias: en el presente caso, la demanda se tramitó por ante el Juzgado de Primera Instancia; el cual al inicio la admitió, ordenó emplazar a la demandada, ella contestó, se promovieron pruebas, informes, etc, todo ello por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito del estado Lara. Frente a la sentencia de inadmisibilidad derivada de ese Tribunal, mis representados apelaron y como vía de consecuencia le llevó la competencia al Juzgado Superior Primero Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara quien confirmó la sentencia.

Ahora bien, si no se encuentra determinada la cuantía, como hizo para señalar que no tiene acceso a casación, BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIA DECLARA QUE NO HAY ACCESO A CASACIÓN POR LA CUANTÍA, cuando desde la fase inicial del procedimiento se tramitó todo por ante tribunales que requieren necesariamente dicha cuantía para que puedan conocer. De ser cierto loa firmado por la recurrida pues no debió siquiera conocer la misma al no tener cuantía y debió declinar. Ello supondría por lo tanto afirmar, que mi mandante NO FUE JUZGADA POR SU JUEZ NATURAL sino por uno INCOMPETENTE, por lo que lo recomendable, era reponer la causa al estado en que fuese remitido el expediente al Juez competente y NO DECIDIR EL ASUNTO y luego afirmar que no tiene acceso a Casación por la cuantía, lo que determina que entonces tampoco lo era para decidir el fondo del asunto.

En el presente caso se evidencia que el asunto cuyo conocimiento no tiene acceso a casación (según el auto que niega el recurso de casación), fue tramitado en DOS INSTANCIAS por TRIBUNALES sin competencia para ello, lo cual sería absurdo. Lo natural lo lógico era admitir el recurso de casación anunciado, y durante el debate que nuevamente se tendrá que efectuar de revocarse la inadmisibilidad de la demanda, es la determinación en la sentencia de la cuantía del proceso. Es de resaltar que ello es cónsono con la doctrina tradicional de la Sala la cual ha señalado que será durante el trámite del proceso que se deberá determinarse (sic) la cuantía del proceso…” (Negrillas, mayúsculas y subrayado del texto transcrito)

 

De la anterior transcripción se desprende que aun cuando el abogado recurrente reconoce que no consta estimación alguna de la cuantía en el libelo de demanda, presupone cumplido tal requisito por el simple hecho de cursar la causa ante un tribunal de primera instancia, siendo que a dichos tribunales corresponde el conocimiento de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda las 3.000 unidades tributarias, que es la misma cuantía requerida para acceder a casación.

Ahora bien, mal puede pretender el recurrente de hecho que el juez de alzada, e incluso esta magistratura, base sus pronunciamientos en presunciones, dado que el mundo para las partes como para el juez lo constituyen las actas del expediente y lo que está fuera de él, no existe. Esta consideración emerge de dos reglas fundamentales del sistema procesal: 1) Lo que no está en las actas, no existe, no está en el mundo (Quod non est in actis non est in mondo); y 2) el de la verdad o certeza procesal, según el cual, toda actuación que conste en las actas del proceso se supone conocida por los litigantes: Quod in actis, est in mundo.

De allí que el solo hecho de que la demanda curse ante un tribunal de primera instancia no es presupuesto necesario para dar por cumplido el requisito de la cuantía, pues existen diversas circunstancias que pudieran desestimar tal afirmación, como lo sería por ejemplo el hecho de que la demanda de autos se haya interpuesto en una fecha anterior al de la publicación de la resolución que modificó las competencias de los tribunales en función de la cuantía.

En ese mismo orden de ideas, la Sala ha establecido en forma reiterada respecto al cumplimiento del requisito de la cuantía para acceder a casación, que el mismo constituye una carga para el recurrente, el cual debe aportar todos los elementos necesarios y suficientes para el cabal conocimiento del caso, a fin de que el pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso de casación tenga fundamento cierto en la realidad que emana del juicio en el cual se ha producido la decisión contra la cual se recurre.

Así, la Sala, en sentencia N° 379, de fecha 15 de noviembre de 2000, caso: Ismael José Fermín Ramírez c/ Embotelladora Pedregal, C.A., y Adela Margarita Flemming Perozo, estableció lo siguiente:

“...sólo en aquellas situaciones en las cuales de las actas del expediente no conste el libelo de la demanda y, en su caso, la contestación del mismo, será necesario de conformidad con el criterio doctrinario ut supra, acudir a documentos autorizados con las debidas formalidades por el juez, funcionario o empleado público con facultad de otorgarle fe pública, a los efectos de la estimación del interés principal del juicio. En este sentido, mantiene su relevancia para establecer la cuantía o interés principal del juicio, la estimación señalada por las partes, bien en el libelo de la demanda o en su contestación de acuerdo al resultado definitivo con relación a su cuestionamiento.

 

Por este motivo, es propicio señalar que el atemperamiento sobre la doctrina abandonada, está referido al hecho cierto de apreciar los documentos señalados en la nueva doctrina, siempre y cuando, no se haya consignado en los autos acreditados ante esta jurisdicción, el libelo de la demanda, pues de ser así, dichos documentos no serán apreciados para estimar la cuantía o interés principal del juicio, ya que éste fue originalmente fijado en el escrito libelar o, en su caso, en la contestación del mismo...”.

 

 

Del detenido análisis de las actas que conforman el presente expediente, la Sala observa que el requisito de admisibilidad de la cuantía establecido en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, no fue cumplido, tal como acertadamente lo señaló el juez de alzada, por cuanto en el libelo de la demanda no consta el interés principal del juicio y ni siquiera existe en actas del expediente algún otro documento que permita verificar fehacientemente el cumplimiento de tal exigencia para acceder a la sede casacional.

En consecuencia, el recurso extraordinario de casación anunciado por la demandada en el presente juicio, resulta palmariamente inadmisible, lo cual conlleva a esta Sala a declarar sin lugar del recurso de hecho propuesto. Así se decide.

DECISIÓN

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 8 de agosto 2013, dictado por el Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara, denegatorio a su vez, del recurso extraordinario de casación anunciado contra el fallo de fecha 19 de julio de 2013, dictado por el referido órgano jurisdiccional.

Se condena al recurrente al pago de las costas del recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara. Particípese de esta remisión al juzgado superior de origen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis (6) días del mes de noviembre de dos mil trece. Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

_________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta,

 

 

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

Magistrado-Ponente,

 

 

____________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

Magistrada,

 

 

______________________

AURIDES MERCEDES MORA

 

Magistrada,

 

 

__________________

YRAIMA ZAPATA LARA

 

 

Secretario,

 

 

________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

Exp. AA20-C-2013-000591.

 

Nota: Publicada en su fecha a las  (    )

 

 

 

Secretario,

 

 

 

 

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