Sentencia N.º RH.00742
Sentencia N.º RH.00742
- Sentencia
- N.º RH.00742
- Fecha
- 07/11/2008
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 08-289
- Ponente
- Antonio Ramírez Jiménez
- Procedimiento
- Recurso de Hecho
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. N° AA20-C-2008-000289
Magistrado Ponente: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.
En el juicio por estimación e intimación de honorarios profesionales, intentado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo, por la ciudadana BELKY GIL ALDANA, representada judicialmente por la abogada Leidys Nava González, contra el ciudadano GERARDO ALBERTO ROMAY ROMAY, representado judicialmente por la abogada Audrey Villalobos, y el tercero interviniente, ciudadano GERARDO ROMAY CARMONA, representado judicialmente por el abogado Jairo Delgado Prieto; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial y sede, dictó sentencia en fecha 31 de enero de 2008, mediante la cual declaró:
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación propuesto por la abogada BELKY GIL ALDANA, en su condición de intimante, por intermedio de su representación judicial LEIDYS NAVA GONZÁLEZ, contra sentencia de fecha 10 de julio de 2007 dictada por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
SEGUNDO: CON LUGAR el recurso de apelación incoado por el ciudadano GERARDO ALBERTO ROMAY ROMAY, en su condición de intimado, por intermedio de su apoderada judicial AUDREY VILLALOBOS MONTIEL, contra la sentencia de fecha 10 de julio de 2007, proferida por el precitado Juzgado de Primera Instancia.
TERCERO: SE REVOCA la señalizada sentencia, de fecha 10 de julio de 2007, proferida por el singularizado Juzgado de Primera Instancia, en el sentido de declarar improcedente la indexación acordada en la referida sentencia, y consecuencialmente, la experticia complementaria del fallo ordenada en dicha sentencia, de conformidad con los términos explanados en el presente fallo .
Contra la referida decisión de la alzada, la parte intimada, anunció recurso de casación, el cual fue negado mediante auto del 15 de abril de 2008, con fundamento en que se trata de una decisión interlocutoria surgida en un juicio de intimación de honorarios profesionales, todo ello en atención a la sentencia emitida por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 21 de marzo de 2006, ( ) lo que conlleva a determinar que esta decisión no es susceptible del ejercicio del Recurso de Casación que ejerce el sistema procesal .
Con motivo del recurso de hecho interpuesto contra la negativa de admisión del extraordinario de casación, la Sala recibió el expediente del cual se dio cuenta en fecha 20 de mayo de 2008, pasándose a dictar la decisión procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe, previas las siguientes consideraciones:
I
El artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, establece la obligación del juez de la recurrida de razonar en el auto denegatorio los motivos del rechazo. Por tanto, visto que el auto dictado por dicho tribunal sólo negó el recurso extraordinario de casación con fundamento en que se trata de una sentencia interlocutoria, esta Sala considera que el mismo está inmotivado, razón por la cual se insta al juzgado ad quem para que, en lo adelante, dé cumplimiento a lo ordenado en la norma antes señalada, expresando los fundamentos de la denegatoria del recurso de casación.
II
A los fines de una mejor de lo acontecido en el caso de estudio, esta Sala considera necesario transcribir algunas de las actuaciones acaecidas en el mismo, a saber:
1° En fecha 27 de abril de 2007, el Juzgado a quo constituido en Tribunal Retasador, declaró retasados los honorarios profesionales estimados por la profesional del derecho Belkis Gil Aldana. En consecuencia, ordena pagarle a la parte demandada la cantidad de dos millones cien mil bolívares (Bs. 2.100.000,00).
2° En fecha 4 de mayo de 2007, la abogada Leydis Nava González, en su carácter de apoderada judicial de la parte intimante, solicitó ampliación de la sentencia anterior, por cuanto no fue ordenada la indexación solicitada en la demanda.
3° En fecha 4 de junio de 2007, el juzgado a quo constituido en Tribunal Retasador, dictó sentencia mediante la cual declaró su incompetencia para conocer sobre la procedencia o no de la indexación o corrección monetaria, en consecuencia declaró improcedente la solicitud de ampliación del fallo de fecha 27 de abril de 2007, en relación al pedimento de la corrección monetaria peticionada en el libelo de la demanda.
4° En fecha 10 de julio de 2007, el Juzgado a quo dictó sentencia mediante la cual declaró procedente la indexación solicitada por la parte actora. En consecuencia, ordenó la práctica de una experticia complementaria del fallo, la cual tomará como parámetro, desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha de publicación de esta decisión, sobre la cantidad de dos millones cien mil bolívares (Bs. 2.100.000,00).
5° En fecha 20 y 27 de julio de 2007, las apoderadas judiciales de la parte demandante y demandada, respectivamente, apelaron del fallo anterior.
6° El juzgado superior, al cual correspondió el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por las partes intervinientes en el presente juicio, declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte intimante, con lugar el incoado por la parte intimada, y por vía de consecuencia, revocó la decisión dictada por el juzgado a-quo, el cual declaró procedente la indexación sobre la cantidad señalada por el Tribunal retasador debidamente constituido.
Ahora bien, en relación a las decisiones dictadas en la fase de retasa, la Ley de Abogados, en los artículos 22 y 28 establece:
Artículo 22: El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes.
Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda.
Artículo 28:
( ) Las decisiones sobre retasa son inapelables .
Asimismo, con respecto al contenido y alcance del artículo 28 de la Ley de Abogados, esta Sala en sentencia Nº 959, de fecha 27 de agosto de 2004, expediente 2001-000329, caso: Hella Martínez Franco y Luís Alberto Siso, contra la sociedad de comercio Banco Industrial de Venezuela, C.A., estableció:
La Sala considera que las decisiones de retasa a que se refiere la norma, excluidas de apelación, sólo se remiten a las dictadas por el Tribunal Retasador constituido por sus tres miembros, y cuyo contenido sea el desarrollo de la única competencia que legalmente tienen establecida, esto es, estimar si el valor que el abogado ha fijado a sus actuaciones es aceptable o no, y en caso de considerarlo exagerado, reducirlo al monto que estimen justo y equitativo.
La razón por la que este tipo de decisiones es inapelable es simple, y es que la función que ejercen los retasadores, quienes responden a una función social y gremial, aun cuando son abogados, dictan una decisión de equidad antes que de derecho, pues a ellos se les pide que determinen, con base a la escala axiológica descrita en el Código de Ética del Abogado Venezolano y a su conciencia, la justeza de los honorarios a que aspira un abogado por el ejercicio de su profesión. Entonces, la decisión de retasa no juzga sobre hechos ni sobre derecho, sino sobre los valores éticos involucrados con el ejercicio profesional y, particularmente, sobre el quantum que con base en tales valores debe dársele a determinadas actuaciones cumplidas por el abogado.
De allí que las decisiones de retasa al igual que la de los árbitros, arbitradores o de equidad, tal como lo dispone el artículo 624 del Código de Procedimiento Civil, son inapelables; y, por similares razones, son irrecurribles en casación las decisiones dictadas conforme a la equidad, tal como lo establece el artículo 312 del mismo código.
En consecuencia, las decisiones dictadas en la fase estimativa del procedimiento para hacer efectivo el cobro de los honorarios profesionales por parte del abogado, o de retasa, dictadas por el juez unipersonal o por el órgano colegiado que se designe al efecto, serán apelables de acuerdo con las reglas ordinarias establecidas en el Código de Procedimiento Civil, esto es, según el agravio y el carácter de la decisión de que se trate, salvo las decisiones de retasa propiamente dichas, esto es, aquellas que se limiten a establecer exclusivamente el valor de las actuaciones estimadas por el abogado, las que, por mandato expreso del in fine del artículo 28 de la Ley de Abogados, son inapelables.
De esta forma la Sala abandona nuevamente su criterio establecido en sentencia de fecha 3 de agosto de 1967, así como en cualquier otra sentencia en que lo hubiere hecho valer, y retoma, en los términos expuestos en esta decisión, el criterio establecido en su sentencia de fecha 25 de marzo de 1976 y reiterado en el fallo de fecha 31 de enero de 1978. (Negrillas de la Sala).
Con base en el criterio jurisprudencial supra transcrito, resulta concluyente para esta Sala, que las decisiones de retasa a que se refiere el artículo 28 de la Ley de Abogados, contra las cuales no se admite recurso procesal de apelación, son aquellas dictadas por el Tribunal Retasador constituido por sus tres miembros, y cuyo contenido sea el desarrollo de la única competencia que legalmente tienen atribuida, esto es, estimar si el valor que el abogado ha fijado a sus actuaciones es aceptable o no, y en caso de considerarlo exagerado, reducirlo al monto que estimen justo y equitativo .
De las normativas precedentemente transcritas y de la jurisprudencia de la Sala, se desprende que existen dos etapas procesales en el juicio de intimación y estimación de honorarios profesionales, una declarativa y otra ejecutiva.
La primera fase o etapa declarativa, se encuentra destinada tan sólo al establecimiento del derecho al cobro de honorarios profesionales por aquél que los reclama; ésta puede ser desarrollada en forma incidental en el propio expediente donde se realizaron las actuaciones judiciales generadoras del precitado derecho, su sustanciación debe hacerse en cuaderno separado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil y la decisión que se dicte en tal incidencia, acordando o negando el derecho reclamado, es apelable libremente, e inclusive, se le concede el recurso extraordinario de casación si la cuantía del asunto lo permite.
La segunda fase o etapa ejecutiva, sólo tendrá lugar si previamente se ha reconocido el derecho a cobrar honorarios profesionales por aquél que los ha reclamado y está concebida para que el intimado por tales honorarios, si considera exagerada la estimación que de ellos se ha hecho, pueda someter a la revisión de un Tribunal de Retasa el monto de los mismos.
A diferencia de la primera etapa, las decisiones que se dicten en esta fase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 ut supra transcrito, resultan inapelables y, por tanto, tampoco tienen concedido el recurso extraordinario de casación.
No obstante a lo precedentemente expuesto, evidencia esta Sala de la transcripción de las actuaciones acaecidas en el caso de marras, que el procedimiento de retasa concluyó con el pronunciamiento del tribunal retasador que se declaró improcedente para resolver el pedimento de indexación realizado por la intimante, razón por la cual, el pronunciado por el a quo y revocado por el superior, no encuadra en el mismo, como lo señaló el juez superior en su auto denegatorio del recurso de casación, sino que pertenece a los autos dictados en ejecución de sentencia que no tienen acceso al recurso de casación de inmediato, por cuanto no revocó ni modificó lo ejecutoriado.
Sobre este tipo de decisiones la Sala se ha pronunciado en infinidad de fallos, entre otros el de sentencia N° RH-00026-de fecha dos (2) de febrero de 2005, expediente N° 2005-000721, en la cual se señala lo siguiente:
...Respecto a la admisibilidad del recurso de casación en estos casos, de autos dictados en ejecución de sentencia, la Sala, en sentencia Nº 168 de fecha 25 de mayo de 2000, expediente Nº 2000-024, en el (caso: de Flor María Araña Arenas contra Consorcio Beverly Hills C.A. y otro), estableció lo siguiente:
En fecha 21 de octubre de 1998, el tribunal de la causa dictó providencia en la que ordenó la ejecución de la transacción y fijó un lapso de ocho días para el cumplimiento voluntario. Contra éste auto de ejecución fue ejercido recurso de apelación por la parte querellada.
Analizando la naturaleza de este fallo, es fácil encuadrarlo en los llamados autos dictados en ejecución de sentencia, que no encuadra dentro de los supuestos excepcionales establecidos en el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, porque el juez de la recurrida no proveyó contra lo ejecutoriado, ni modificó de manera sustancial lo decidido....
Al respecto, la jurisprudencia constante y pacífica de este Supremo Tribunal, reiterada entre otras en decisión de fecha 25 de junio de 1998, expresó:
...Al respecto, la Sala en sentencia de fecha 13 de febrero de 1992 estableció lo siguiente:
En materia de autos sobre ejecución de sentencias rige el principio general de la inadmisibilidad del recurso de casación salvo los casos excepcionales que propia ley prevé en relación con autos que versan sobre puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él, o los que provean contra lo ejecutoriado o lo modifiquen de manera sustancial, tal como lo dispone el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil anteriormente transcrito.
Es evidente que el espíritu y razón de esta norma, que también consagró el derogado Código de Procedimiento Civil, es preservar la autonomía e intangibilidad de la cosa juzgada, pues se trata de evitar que el juez ejecutor, al resolver sobre aparentes puntos nuevos esenciales no controvertidos o al interpretar la decisión que ejecuta, incurre en el error de alterar, modificar o contrariar sustancialmente los efectos de aquella . (Subrayado de la Sala).
Del criterio expuesto ut supra, se evidencia que la decisión bajo estudio, no es revisable en casación, pues no está comprendida en ninguno de los casos establecidos en el ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, que permite la excepcional admisión del recurso de casación contra los autos dictados en ejecución de sentencia, cuando resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él o, provean contra lo ejecutoriado modificándolo de manera sustancial, lo cual no se evidencia en el caso sub iudice, pues el auto recurrido, confirmó la ejecución del fallo definitivo emanado del tribunal del primer grado, sin modificar lo decidido . (Negrillas y subrayado del texto).
Conforme al criterio jurisprudencial ut supra transcrito, la decisión sub examine, no es revisable en sede casacional, por cuanto la misma no se subsume dentro de ninguno de los supuestos a que se refiere el ordinal 3° del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, es decir, dicha decisión fue dictada en ejecución de sentencia, no resuelve puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él y no provee sobre lo ejecutoriado, ni la modifica de manera sustancial, pues la precitada decisión hoy recurrida, en nada alteró el fallo emanado del Juzgado retasador de fecha 27 de abril de 2007.
En consecuencia, el recurso de casación anunciado es inadmisible, aunque por razones diferentes a las dadas por el Juez Superior, razón por la cual el recurso de hecho propuesto en el presente juicio, deber ser declarado sin lugar, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 15 de abril de 2008, dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia y sede en Maracaibo, denegatorio del recurso de casación anunciado contra la sentencia de fecha 31 de febrero de 2008, pronunciada por el referido juzgado superior.
Se condena al recurrente al pago de las costas del recurso, de conformidad con la ley.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia con sede en Maracaibo. Particípese la presente decisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete (7) días del mes de noviembre de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
Presidenta de la Sala,
_________________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
_____________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
__________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ.
Magistrado-Ponente,
_____________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.
Magistrado,
____________________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ.
Secretario,
________________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp.: Nº AA20-C-2008-000289
Nota: Publicado en su fechas a las
Secretario
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