Sentencia N.º RH.01015
Sentencia N.º RH.01015
- Sentencia
- N.º RH.01015
- Fecha
- 31/08/2004
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 04-707
- Ponente
- Tulio Alvarez Ledo
- Procedimiento
- Recurso de Hecho
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente: TULIO ÁLVAREZ LEDO.
En la incidencia de embargo preventivo surgida en el juicio de nulidad de venta, seguido ente el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal, por el ciudadano FREDDY RODOLFO ROJAS ANTOLINEZ, representado judicialmente por el abogado Alberto Núñez Rincón, contra los ciudadanos GENRY JOSÉ GARCÍA BARRERA, PEDRO VICENTE SERRANO DÍAZ, MIRIAM JACKELIN CONTRERAS Y LORENSO CÁRDENAS TORRES, el último representado judicialmente por el abogado Rafael Enrique Bonilla Gutiérrez; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal, por auto de fecha 28 de junio de 2004, declaró sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por el co-demandado Lorenso Cárdenas Torres, contra la decisión de fecha 5 de abril de 2004 dictada por el tribunal a quo, mediante la cual levanta la medida de secuestro decretada en fecha 24 de febrero de 1999 y decreta medida de embargo preventivo sobre bienes de la demandada; manteniendo vigente, en consecuencia, la medida de embargo preventivo decretada sobre los referidos bienes y confirmada la decisión apelada.
Contra la referida decisión de alzada, el co-demandado Lorenso Cárdenas Torres, anunció recurso extraordinario de casación el cual fue negado por auto de fecha 21 de julio de 2004, con fundamento en lo siguiente:
...En este caso, la decisión recurrida declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Rafael Enrique Bonilla Gutiérrez, actuando con el carácter de apoderado del co-demandado Lorenza Cárdenas Torres, manteniendo la medida de embargo preventivo sobre bienes muebles del co-demandado, decretada en auto de fecha 05 (sic) de abril de 2004, dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del tránsito de este Circunscripción Judicial.
Es claro que, la decisión recurrida es una sentencia que no pone fin al juicio, ni impide su continuación, por lo que el agravio que se le ha podido causar al recurrente, puede ser reparado en la definitiva.
Es con fundamento en lo anterior que se arriba a la conclusión que el recurso de casación, anunciado por la representación de la parte demandada, es inadmisible, tal como se hará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se resuelve.... (Negrillas y cursivas del texto).
Con motivo del recurso de hecho interpuesto contra la negativa de admisión del de casación, la Sala recibió el presente expediente del cual se dio cuenta en fecha 17 de agosto de 2004, correspondiendo la ponencia al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.
Siendo la oportunidad para decidir, esta Sala procede a dictar sentencia en los términos siguientes:
I
Corresponde a esta Sala resolver previamente sobre la admisión del recurso de casación en cada caso concreto, bien por la vía del recurso de hecho, cuando hubiere sido negado, o bien como punto previo en la sentencia cuando observare de oficio o a instancia de parte que la admisión del recurso se acordó en contravención de las normas que lo regulan. En el caso in comento, como antes se reseñó, la decisión contra la cual se anunció y negó el recurso extraordinario de casación, resolvió sobre la apelación interpuesta por el co-demandado Lorenso Cárdenas Torres, contra el auto dictado en fecha 5 de abril de 2004, dictado por el tribunal a quo, en el que se levantó una medida de secuestro sobre bienes de la demandada, decretada en fecha 24 de febrero de 1999, y a su vez se decretó una medida de embargo preventivo solicitado por la demandante.
Ahora bien, ha sido criterio reiterado de esta Sala que las decisiones sobre medidas preventivas que acuerden, suspendan, revoquen o modifiquen las decretadas con anterioridad, tienen acceso a la sede casacional de inmediato, por ser asimilables a una sentencia definitiva en cuanto a la materia autónoma que se debate en la incidencia.
En cuanto a la admisibilidad del recurso de casación contra este tipo de decisiones en las cuales se modifica una medida preventiva decretada, esta Sala ha sostenido que las mismas tienen acceso a esta sede de casación de inmediato. Al respecto, mediante sentencia N° 64 de fecha 25 de junio de 2002, caso Luis Manuel Silva Casado contra Agropecuaria La Montañuela, C.A., expediente Nº. 01-144, la Sala expresó lo siguiente:
...observa la Sala que sólo para el caso en que el Juez niegue el decreto de la medida preventiva solicitada, para lo cual actúa con absoluta discrecionalidad, resulta inoficioso declarar con lugar el recurso de hecho, ya que se estaría acordando la admisibilidad del recurso de casación que es improcedente in limine litis; todo lo cual estaría en contradicción con el espíritu del constituyente, que en el artículo 26 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, propugna una justicia sin dilaciones indebidas. En este sentido, la Sala atempera la doctrina citada, y considera inadmisible el recurso de casación cuando éste se interponga contra la decisión que niegue una solicitud de medida preventiva. En cuanto a las otras decisiones recaídas en materia de medidas preventivas, cuando sea acordándolas, suspendiéndolas, modificándolas o revocándolas se mantiene el criterio de admisibilidad inmediata, por ser asimilables a una sentencia definitiva en cuanto a la materia autónoma que se debate en la incidencia .... (Subrayado de la Sala).
En consecuencia, con base en las mencionadas consideraciones y aplicando el criterio jurisprudencial anteriormente transcrito, tomando en cuenta que en el sub iudice la recurrida levantó una medida de secuestro previamente decretada sobre bienes de la demandada y a su vez decretó otra medida de embargo preventivo sobre dichos bienes, efectivamente la modificó de manera sustancial; por tal razón, a juicio de esta Sala, este tipo de decisiones, contrario a lo decidido por el ad quem en su auto del 21 de julio de 2004, sería admisible un recurso de casación. Así se decide
II
Ahora bien, para que la Sala pueda en definitiva determinar si la recurrida es o no admisible en casación, debe verificar otro de los requisitos concurrentes que prevé el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, como es el de la cuantía, el cual exigía que excediera de doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 250.000,oo); luego, a partir del 22 de abril de 1996, por Decreto Presidencial N° 1.029, se modificó dicha cuantía, aumentándola en la cantidad que exceda de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo). Ahora bien, con la entrada en vigencia de la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, dicha cuantía se vuelve a modificar, exigiéndose ahora que el interés principal del juicio exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
Respecto a esta nueva cuantía, su elemento de cálculo y la oportunidad de su exigibilidad para determinar la admisibilidad del recurso de casación, la Sala en decisión N° RC.00801, de fecha 4 de agosto de 2004, expediente N° AA20-C-2004-000037, estableció:
...La Sala en uso de sus atribuciones y con el ánimo de prestar la mayor seguridad jurídica a los justiciables, pasa a determinar cual es el monto actual exigido para la admisibilidad del recurso de casación y el momento desde que el mismo deberá ser exigido en atención a la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, supra referida:
Efectivamente, la cuantía que se viene exigiendo es la prevista en el tantas veces precitado Decreto Presidencial y cuya cantidad debía exceder de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo); sin embargo, como consecuencia de la entrada en vigencia el 20 de mayo de 2004 de la citada Ley Orgánica que rige a esta Máxima Jurisdicción, antes comentada, dicha cantidad fue modificada tanto en su elemento de cálculo como en su incremento cuantitativo, pues en el aparte cuarto de su artículo 18, estableció:
...Conocerá y tramitará, en la Sala que corresponda, los recursos o acciones, que deban conocer de acuerdo con las leyes, cuando la cuantía exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.)....
En aplicación del contenido de este artículo, el elemento de cálculo de la cuantía necesaria para la admisibilidad del recurso de casación, que conoce esta Sala por disposición del ordinal 41 del artículo 5 eiusdem, en concordancia con los artículos 312 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, es la unidad tributaria, permitiendo de esta manera la actualización en el tiempo del monto a través de los índices que rigen la economía nacional emanados del Banco Central de Venezuela, y la suma exigida, es la que exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) lo que significa que, teniendo en cuenta que hoy el valor de cada una de éstas, fijado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante providencia N° 0048 dictada el 9 de febrero de 2004 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 37.877 del 11 de febrero de 2004 lo es de veinticuatro mil setecientos bolívares (1 U.T. X Bs. 24.700,oo), la cantidad debe exceder de setenta y cuatro millones cien mil bolívares (Bs. 74.100.000,oo), constituyéndose éste en el monto requerido para acceder a casación.
Ahora bien, al igual que con aquel Decreto Presidencial N° 1.029, la Ley Orgánica que rige a este Supremo Tribunal omitió establecer a partir de cuál momento se aplica la nueva cuantía a los juicios en curso para determinar la admisibilidad del recurso de casación.
En aquella oportunidad, la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, resolvió la temporalidad de la aplicación de la cuantía, mediante decisión N° 42, de fecha 30 de abril de 1996, expediente N° 96-002 RH, en el juicio intentado por María del Carmen Martín Maldonado y otras contra Carlos Bermúdez Mauriño y otra, en los siguientes términos:
...El Código de Procedimiento Civil estableció, entre sus disposiciones transitorias, en el artículo 941, que los recursos interpuestos para la fecha de entrada en vigencia se regirán por el Código derogado. Tal regla, referida exclusivamente a la aplicabilidad de ese cuerpo legal, no lo es directamente a la resolución sobre la entrada en vigor de la nueva cuantía establecida por Decreto del Poder ejecutivo, sin embargo los principios que determinaron esa solución pueden orientar la decisión de esta Corte al respecto.
De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución, (hoy artículo 24 de la Constitución de 1999), las leyes de procedimiento se aplicará desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso. En desarrollo de la disposición constitucional, el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil establece. La ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en este caso, los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía, se regularan por la ley anterior. Así armonizó el legislador el principio de inmediata entrada en vigor de las leyes procesales con la prohibición de otorgar efectos retroactivo a la ley, excepto cuando imponga menor pena, contenido en el mismo artículo 44 de la Constitución.
En el supuesto del recurso ya interpuesto para la fecha de entrada en vigencia de la modificación de la cuantía, debe considerarse, además, el derecho de petición garantizado por el artículo 67 de la Constitución (hoy artículo 51 de la Constitución de 1999), de acuerdo al cual todos tienen el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier entidad o funcionario público, sobre asuntos que sean de la competencia de éstos y a obtener oportuna respuesta.
El presente recurso fue interpuesto en fecha 19 de septiembre de 1995, estando vigente la cuantía de más de doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 250.000,oo), necesaria, conforme a los ordinales 1° y 2° del artículo 312, para la admisión del recurso, es un efecto no verificado todavía de su anuncio, por lo cual de acuerdo al citado artículo 9 del Código de Procedimiento Civil, se rige por la ley anterior.
Por otra parte, si bien el ejercicio del recurso de casación no implica, de acuerdo a las tendencias actuales del derecho procesal, el ejercicio de una nueva acción, constituye una petición dirigida a un funcionario público, por lo cual con su interposición nace a favor del recurrente un derecho subjetivo de rango constitucional, a obtener respuesta, el cual sería vulnerado si se considerase que una modificación posterior a la interposición del recurso, de la cuantía necesaria para su admisión, lo haría inadmisible.
Por tanto, la solución legal y constitucionalmente apropiada resulta idéntica a la dada por el legislador en el artículo 941 del Código de Procedimiento Civil: Los recursos ya interpuestos para la fecha de entrada en vigor de la nueva cuantía se regirán por la cuantía en el Código de Procedimiento Civil....
El texto trasladado ofreció la solución, en el entendido que la fecha del anuncio del recurso de casación es la determinante de la cuantía requerida, solución que acoge la Sala en esta oportunidad, inclusive a los fines de armonizar dicho criterio, para los casos que versen sobre decisiones dictadas en reenvío, para establecer que la nueva cuantía que exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), requerida para determinar la admisibilidad del recurso de casación, será exigida en aquellos casos en que el anuncio del referido recurso extraordinario se haya formulado desde el 20 de mayo de 2004 (inclusive); mientras que, en aquellos asuntos en que el recurso se haya anunciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el requisito de la cuantía se examinará conforme con el monto que se venía exigiendo conforme al citado Decreto Presidencial 1.029, es decir, en la cantidad que exceda de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00). Así se decide.
De lo transcrito resalta la importancia del momento en que se anuncia el recurso de casación, pues es el determinante temporal del monto requerido para cumplir con el requisito de la cuantía, lo que significa que si se anuncia el 19 de mayo de 2004 o antes el interés del juicio debe exceder de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00), pero si se anuncia el 20 de mayo de 2004 o en fecha posterior el monto exigido será el equivalente al que exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
En atención a lo expuesto, constata la Sala que en el sub iudice el anuncio del recurso de casación fue formulado por la demandante en fecha 16 de julio de 2004, es decir, en fecha posterior a la de la publicación en Gaceta Oficial la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuestión que determina exigir como cuantía el monto que exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T), que a la fecha del anuncio equivalen a setenta y cuatro millones cien mil bolívares ( Bs. 74.100.000,00).
De la revisión de las actas que conforman el presente expediente la Sala no constata la incorporación del escrito libelar, actuación por excelencia de donde debe extraerse el interés principal del juicio; sin embargo, en aplicación de la doctrina de la Sala, que permite la verificación de la cuantía cuando no aparece de autos el libelo de demanda a través de cualquier otro debidamente otorgado o emanado de funcionario público facultado para dar fe publica, al folio 18 del expediente, riela un auto del tribunal a quo en el que se lee lo siguiente:
...se decreta MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO sobre bienes muebles de la parte demandada, hasta cubrir la cantidad de DIECESEIS MILLONES CIEN MIL BOLÍVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 16.100.000,00) que comprende el doble de la cantidad demandada, más los honorarios prudencialmente calculados en un veinticinco por ciento (25%) y las costas calculadas prudencialmente en un cinco por ciento (5%). Se advierte que si el embargo recayere en cantidad liquida de dinero, el mismo sólo se ejecutará por la cantidad de NUEVE MILLONES CIEN MIL BOLIVARES CON 00/100 CENTIMOS (Bs. 9.100.000,00).... (Negrillas y mayúsculas del texto).
Aplicando cálculos matemáticos, si el doble de lo demandado fue dieciséis millones cien mil bolívares (Bs. 16.100.000,00), la mitad corresponde a la estimación del interés principal, es decir, que la cuantía en el presente asunto a los efectos del recurso de casación asciende a la suma de ocho millones cincuenta mil bolívares (Bs. 8.050.000,00), cuestión que permite a este Alto Tribunal determinar el incumplimiento del requisito de la cuantía exigido para la admisibilidad del recurso de casación, pues no supera la cantidad de setenta y cuatro millones cien mil bolívares (Bs. 74.100.000,00) y, por vía de consecuencia, la declaratoria sin lugar del recurso de hecho propuesto. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 21 de julio de 2004 dictado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal, denegatorio del recurso de casación anunciado contra la decisión de fecha 28 de junio de 2004, dictado por el referido juzgado superior.
Se condena al recurrente al pago de las costas del recurso, de conformidad con la ley.
Publíquese y regístrese. Particípese esta decisión al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal, todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ.
El Vicepresidente,
______________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.
Magistrado-Ponente,
________________________
TULIO ÁLVAREZ LEDO.
El Secretario,
_______________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ.
Exp.: Nº AA20-C-2004-000707
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