Sentencia N.º RI.00074
- Sentencia
- N.º RI.00074
- Fecha
- 18/02/2004
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 02-305
- Ponente
- Franklin Arrieche Gutiérrez
- Procedimiento
- Recurso de Interpretación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ponencia del Magistrado FRANKLIN ARRIECHE G.
Mediante escrito de fecha 20 de diciembre de 2001, el ciudadano MARIO COBUCCI PARASCANDOLO, representado judicialmente por la abogada Deborah Katz Levy, propuso recurso de interpretación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la cual, mediante decisión de fecha 7 de marzo de 2002, se declaró incompetente y ordenó remitir los autos a esta Sala de Casación Civil, por ser el asunto de carácter eminentemente mercantil, y afín con las competencias atribuidas a esta Sala.
Recibido el expediente se dio cuenta en Sala el 16 de abril de 2002.
Siendo la oportunidad para decidir, esta Sala lo hace bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe, previas las siguientes consideraciones:
I
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 266 numeral 6, que son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la Ley, y que dicha atribución será ejercida por las diversas Salas que componen este Alto Tribunal, conforme a lo previsto por la Constitución y la Ley, según establece el último párrafo de dicha norma.
El referido precepto constitucional no indica a cuál de las Salas de este Alto Tribunal corresponde conocer sobre la interpretación de los textos legales, pero debe entenderse que sobre el alcance e inteligencia de las leyes debe conocer la Sala cuya competencia sea afín con la materia del caso concreto, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de las diversas Salas de este Alto Tribunal.
En este sentido, la Sala Constitucional en sentencia de fecha 22 de septiembre de 2000, caso Servio Tulio León, expresó lo siguiente:
...No existe un reconocimiento expreso en el ordenamiento jurídico de un accionar específico para la interpretación constitucional, mas sí para la interpretación legal en los casos determinados por la ley, y por ello partiendo de la premisa de que el interés jurídico para incoarla sería de igual naturaleza que el requerido para intentar la acción de interpretación legal, debe concluirse que quien tenga interés procesal para incoar una, puede interponer la otra. En consecuencia se está ante una acción con legitimación restringida, aunque los efectos del fallo sean generales.
Estructuralmente, tal acción no sería diferente a la de interpretación de ley, contemplada no sólo en la vigente Constitución, sino en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (numeral 24 del artículo 42), aunque ésta última no resulte exacta a la prevenida en el Texto Constitucional.
En este sentido, esta Sala hace suyos los comentarios del Profesor Arcadio Delgado Rosales de la Universidad del Zulia (obra inédita que conoce la Sala), quien expresa:
El Artículo 266, Numeral 6 de la nueva Carta, establece que es competencia del Tribunal Supremo de Justicia conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley.
Este reconocimiento general a nivel constitucional del recurso de interpretación, no es sólo una repetición de la previsión contemplada en el Artículo 42, Ordinal 24 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Como observamos anteriormente, la posibilidad de conocer de este recurso estaba asignada exclusivamente a la Sala Político-Administrativa y en los casos previstos en la ley. Ahora se extiende su conocimiento a cualquiera de las Salas del Tribunal, conforme a lo previsto por esta Constitución y la ley (Artículo 266, último aparte). Pero lo más importante, es que el recurso no se limita a los casos previstos en la ley, sino que el mismo se conocerá, en los términos contemplados en la ley...
En efecto, la Sala Electoral en sentencia de fecha 10 de febrero de 2000, caso Cira Urdaneta de Gómez, estableció lo siguiente:
Que a los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado en todos sus Poderes debe este Supremo Tribunal continuar con su labor de máximo administrador de Justicia, y que aun cuando no exista actualmente la aludida Ley Orgánica, las distintas Salas del mismo se encuentran en la necesidad y deber de conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo principalmente al criterio de afinidad que exista en la materia debatida en cada caso concreto y la especialidad de cada Sala.
Que establece el artículo 297 de la vigente Constitución que la Jurisdicción Contencioso Electoral será ejercida por la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia y los demás Tribunales que determine la Ley
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OMISSIS
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mientras se dictan la Leyes Orgánicas del Tribunal Supremo y del Poder Electoral, le corresponde conocer:
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OMISSIS
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4. Los recursos de interpretación que se interpongan con el objeto de determinar el sentido y alcance de la Ley Orgánica del Sufragio y de Participación Política, de otras leyes que regulen la materia electoral y la organización, funcionamiento y cancelación de las organizaciones políticas, en cuanto sean compatibles con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(Subrayado de la Sala).
En este mismo orden de ideas también se pronunció la Sala Político Administrativa, en sentencia de fecha 03 de mayo de 2001, caso Defensoría del Pueblo, en la cual expresó:
No obstante, a pesar de lo antes expuesto, esta Sala advierte que ese mismo constituyente del año 1999, también dispuso que a los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su labor como máximo administrador de justicia. Por tanto, aun cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este Supremo Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas (véase decisión de esta Sala del 17 de enero del presente año, caso: José Ramírez Córdoba vs. Consejo Nacional Electoral).
Ahora bien, el antes transcrito numeral 6 del artículo 266 de nuestra Constitución al disponer que son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley, igualmente señala que dicha atribución será ejercida por las diversas Salas conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.
Así, puede inferirse del citado precepto constitucional, que al no indicarse específicamente a cual de las Salas corresponde conocer sobre el recurso de interpretación de textos legales, la intención del constituyente fue ampliar el criterio atributivo adoptado por el legislador en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (ordinal 24 artículo 42, en concordancia con el artículo 43), que reserva la decisión en esta materia a la Sala Político-Administrativa.
En efecto, como quiera que la creación de nuevas Salas es reveladora del ánimo de especializar sus funciones con respecto a las áreas que constituyen su ámbito de competencia, debe entenderse que la intención del constituyente es que dicho mecanismo dirigido a resolver las consultas que se formulen acerca del alcance e inteligencia de los textos legales lo conozca y resuelva la Sala cuya competencia sea afín con la materia del caso concreto. (Ver sentencia de la S.P.A. N° 1.344 de fecha 13 de junio de 2000)
(Subrayado de la Sala).
Por último, la Sala de Casación Social en sentencia N° 194, de fecha 26 de julio de 2001, caso Liborio Guarulla, estableció:
el artículo 262 de la Carta Magna establece que el Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Plena y en Sala Constitucional, Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, cuyas integraciones y competencias serán determinadas por su ley orgánica.
La Sala Social comprenderá lo referente a la casación agraria, laboral y de menores.
En el caso examinado se ha interpuesto un recurso de interpretación que versa sobre la suscripción de un Contrato Colectivo de Trabajo con los educadores del Estado Amazonas, trabajadores a los cuales, conforme a la Ley de Educación, se les aplica la Ley Orgánica del Trabajo; por consiguiente, la competencia para decidir el presente recurso de interpretación corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social
(Subrayado de la Sala).
En consecuencia, vistos los precedentes criterios jurisprudenciales, los cuales acoge esta Sala, y que se refieren a la competencia para resolver los recursos de interpretación, la cual se determinará por la afinidad de la materia que corresponda al caso con la especialidad de cada una de las Salas de este Alto Tribunal, establece que como la presente solicitud de interpretación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Privilegios e Hipoteca Navales, es afín con las competencias atribuidas a esta Sala, concretamente, con la materia mercantil, es indiscutible que el conocimiento del presente recurso de interpretación corresponde a esta Sala de Casación Civil. Así se decide.
II
En el caso de autos, el solicitante interpuso recurso de interpretación ...sobre el espíritu, alcance e inteligencia de los artículos 28 y 29 de la Ley de Privilegios e Hipoteca Navales publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela en fecha 27 de septiembre de 1983....
Ahora bien, para la admisibilidad del recurso de interpretación deben cumplirse ciertos requisitos, tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa. En efecto, en sentencia de fecha 3 de mayo de 2001, caso Defensoría del Pueblo, la mencionada Sala estableció lo siguiente:
Como primera etapa, se identifica aquella en la cual se reputaba al recurso de interpretación como estrictamente circunscrito para los casos en que las propias leyes nacionales, cuyo alcance y sentido se peticionaba, previeran semejante posibilidad, resultando excluidos todos aquellos cuya pretensión fuese obtener la interpretación directa del texto constitucional
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OMISSIS
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Seguidamente, en los inicios de una segunda etapa, la que puede denominarse como de flexibilización, por la cual, no sólo se admite la procedencia del recurso de interpretación sobre textos normativos que expresamente no lo previeran, siempre que estuvieren estrechamente relacionados con otro que sí lo contemplare, sino también, susceptible de tener como objeto, el alcance, sentido e inteligencia de normas aún de rango sublegal (Vgr. Reglamentos)
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OMISSIS
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Posteriormente, esta segunda etapa fue aún más sintetizada en el sentido de definir que la interpretación de una ley por vía de remisión de otra, que sí consagrase tal recurso, era procedente, sólo respecto de aquellos artículos directamente relacionados con la ley que autorizase la interpretación.
En ese sentido, existe sentencia de la extinta Sala Político Administrativa de fecha 14 de mayo de 1998 (Caso Juan Nepomunceno Garrido). Criterio éste, que fue objeto de mayor ampliación
reforzándose a todas luces el criterio por el cual, el recurso de interpretación no resulta agotado en el texto de leyes nacionales, sino también, respecto de otras leyes cuyo sentido y alcance estén directa y estrechamente vinculados con otras que sí prevean el recurso que nos ocupa.
Por último, alcanzó definitiva sistematización el criterio antes expuesto, cuando se asentó que, la petición por la cual se pretendiese la interpretación de un texto legal, no debía aspirar a una mera orientación didáctica o pedagógica cuyo alcance fuese abstracto, sino que más bien, tenía que estar orientado a solventar un caso concreto específico
(Negrillas de la Sala).
Al acoger el criterio establecido en el fallo que precede, la Sala observa que en el escrito presentado ante esta Sala en fecha 6 de junio de 2002, el solicitante alegó:
Soy representante legal de la compañía COBUCCI MAQUINARIAS C.A, tengo previsto asociarme con la compañía extranjera COMOTOR PARTS INTERNATIONAL INC con el fin de realizar trabajos relacionados con la actividad artillera (sic)
aproximadamente en el país, a mediados de enero de 2002
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OMISSIS
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por cuanto tuve conocimiento que durante el mes de Marzo del año 1.997, se realizó una venta de una embarcación a motor modelo 1980, denominada Zeus
sobre la cual pesaba una hipoteca naval como consta de documento protocolizado
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OMISSIS
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La transacción antes citada se efectuó en contravención con lo establecido en los artículos 28 y 29 de la mencionada Ley, por cuanto fue enajenada y desincorporada dicha embarcación, sin que se haya pagado la hipoteca que allí consta y sin consentimiento del acreedor hipotecario, requisito expreso que establece la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales en dichos artículos.
Asimismo señalamos que por ante el JUZGADO DECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA. En fecha Catorce (14) de Agosto de dos Mil (2000) cursa una decisión el cual se declara que la venta efectuada por ARRENDADORA BANCARAC ARRENDAMIENTO FINANCIERO C.A, de la nave ZEUS antes identificada es NULA, por no haberse dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 y 29 de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales
el JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS confirma el fallo apelado el cual se declara Nulo el contrato
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OMISSIS
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Por toda la exposición antes señalada, es por lo que solicitamos muy respetuosamente de esta Sala, determinar el alcance e interpretación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales; para evitar que situaciones como la anteriormente señalada puedan producirse nuevamente en detrimento de los inversionistas y así garantizar seguridad jurídica por parte de las leyes venezolanas
.
III
No obstante el análisis efectuado supra, la Sala observa, por una parte el derecho de petición consagrado en el artículo 51 de la Constitución, y adicionalmente el evidente interés público en la inversión nacional y extranjera, especialmente en todo lo relativo a la materia objeto del recurso; interés éste evidenciado en la Ley de Reactivación de la Marina Mercante Nacional, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.980 de fecha 26 de junio de 2000, el cual establece:
Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y bases para la reactivación de la Marina Mercante Nacional. Se declara de interés público y de carácter estratégico todo lo relacionado con el transporte marítimo, nacional e internacional, de bienes y personas y, en general, todas las actividades inherentes o conexas, relacionadas directamente con la actividad marítima y naviera nacional.
En lo que se refiere a la legitimidad para solicitar interpretación de norma legal, La Sala observa que ésta debe estar circunscrita a un interés particular y actual, por ser las normas a interpretar potencialmente aplicables a un caso determinado y en el cual estén involucrados los intereses de los solicitantes. En tal sentido, el recurrente indica: ... Soy representante legal de la compañía CORBUCCI MAQUINARIAS C. A., tengo previsto asociarme con la compañía extranjera COMOTOR PARTS INTERNATIONAL INC con el fin de realizar trabajos relacionados con la actividad astillera (fabricación de barcos destinados a la pesca y al transporte) y transporte acuático en el territorio nacional, el capital a ser aportado por las empresas será de DOS MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS ($ 2.000.000,oo) y TRES MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS ($ 3.000.000,oo), respectivamente.... Estima la Sala que la circunstancia señalada por el recurrente, aunada al hecho del caso específico que señala en el recurso, relativo a la venta al extranjero de un buque hipotecado en fraude a la ley, es suficiente para acreditar la legitimación por tener un interés particular y actual; máxime, cuando, como quedó indicado, la inversión proyectada debe realizarse en un área que la ley ... declara de interés público y de carácter estratégico... como lo es ... todo lo relacionado con el transporte marítimo, nacional e internacional, de bienes y personas y, en general, todas las actividades inherentes o conexas, relacionadas directamente con la actividad marítima y naviera nacional....
En consecuencia, la Sala procede a efectuar el análisis de la normativa que regula lo concerniente a la hipoteca naval, y muy especialmente, la protección legal del acreedor hipotecario.
La Sala observa que el recurso fue interpuesto en fecha 20 de diciembre de 2001, estando vigente la derogada Ley de Privilegios e Hipotecas Navales, contentiva de las normas objeto de la solicitud. La derogatoria tiene lugar en fecha posterior, mediante Decreto N° 1.506 con Fuerza de Ley de Comercio Marítimo, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.551 Extraordinario de fecha 9 de noviembre de 2001, el cual entró en vigencia a los noventa (90) días continuos siguientes de su promulgación, es decir, el 7 de febrero de 2002. En consecuencia, el análisis se efectuará sobre las normas correlativas de la nueva legislación marítima.
El recurso de interpretación ejercido por el solicitante exhorta ... para que esta Sala deje claramente establecido la condición sine qua non que debe existir para que la enajenación de una nave del Registro Público (sic) y la desincorporación de la misma del Registro de La Marina Mercante por la enajenación voluntaria sea efectiva y legalmente válida... (subrayado del solicitante).
Durante la vigencia de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales, existía un doble registro a los efectos de la inscripción de documentos constitutivos de la hipoteca naval: 1) el relativo al registro de la propiedad y gravámenes sobre el buque de que se tratara, el cual debía ser efectuado en la Oficina Subalterna de Registro con jurisdicción en el puerto de matrícula de la nave (artículo 20 de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales); y 2) el registro administrativo que debía efectuarse, ante la Capitanía de Puerto del puerto de matrícula, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la protocolización a que se contrae el cardinal 1 que antecede (artículo 22 eiusdem).
Mediante Decreto N° 1.437 con Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, publicado en Gaceta Oficial N° 37.330 de fecha 13 de noviembre de 2001, reformado mediante Ley de Reforma Parcial publicada en Gaceta Oficial Nº 37.596 de fecha 20 de diciembre de 2002, se crea el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, entre cuyas funciones se encuentra lo atinente al Registro Naval Venezolano de Buques (artículo 84, cardinal 6).
La Ley General de Marinas y Actividades Conexas publicada en Gaceta Oficial N° 37.570 de fecha 14 de noviembre de 2002, contiene en su Título III (Del Registro Naval venezolano) todo lo atinente a la materia registral sobre buques y pone fin a la dualidad registral a que se hizo referencia supra al señalar entre las competencias del Registrador Naval:
Artículo 99. Le corresponde al Registrador Naval:
OMISSIS
3. Asentar todo documento por el que se constituya, transmita, ceda, declare, renuncie, resuelva, revoque, rescinda, prorrogue, modifique o extinga derechos reales, contratos o actos sobre buques construidos y en construcción que pertenezcan al registro nacional.
OMISSIS
Al margen de la inscripción deberá tomarse nota de los documentos por que se constituya, transmita, ceda, declare, renuncie, resuelva, revoque, rescinda, prorrogue, modifique o extinga derechos reales, o establezca cualquier otra limitación sobre el dominio de buques construidos y en construcción...
Artículo 102. De los asientos regístrales que se lleven en cada uno de los Registros Navales Venezolanos se remitirá copia al Registro Principal ubicado en la sede del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.
Artículo 107. Para que puedan constituirse sobre buques en construcción hipotecas u otros gravámenes, estos deberán estar inscritos provisionalmente en el Registro Naval Venezolano, para lo cual se le otorgará un Registro de buque en construcción.
Artículo 108. Finalizada la construcción del buque, el propietario deberá solicitar la inscripción definitiva del buque en el Registro Naval Venezolano. Efectuada la inscripción definitiva, el Registro Naval Venezolano cancelará de oficio el registro de buques en construcción y asentará al margen de la nueva, todas las anotaciones que estuvieren vigentes de la anterior.
Artículo 112. La inscripción y registro de los títulos, actos o contratos a que se refieren los artículos precedentes, podrá ser solicitada indistintamente por:
1. El que transmita el derecho.
2. El que lo adquiera.
3. El que tenga la representación legal de cualquiera de los anteriores.
4. El que tenga interés directo en asegurar el derecho que deba inscribirse.
5. La Autoridad Judicial competente que dictó la decisión respectiva.
Artículo 116. No se registrarán documentos en los que aparezca como titular del derecho una persona distinta de la que se identifica en la inscripción inmediatamente anterior. De los asientos existentes en los folios que correspondan, deberá resultar la tradición legal de la titularidad del dominio y de los demás derechos registrados, así como la correlación de las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones o extinciones.
Artículo 122. Las inscripciones en el Registro Naval Venezolano podrán dejarse sin efecto, de oficio o a petición de parte, por las causales siguientes:
1. Prescripción:
a. Por el vencimiento de los términos, contados desde la fecha del asiento, si antes no fueren reinscritas o subsanadas y, por consiguiente, sin efecto alguno con respecto a terceros, en los casos siguientes:
a.1.Embargo o prohibiciones, a los cinco (5) años.
a. 2 Hipotecas, a los tres (3) años, siempre que no se estableciere un plazo mayor entre las partes en el contrato.
a.3 Anotaciones provisorias, a los ciento ochenta (180) días si no han sido subsanadas.
b. Por presunción fundada de desaparición del buque, al no tenerse noticias de su paradero por un lapso superior a un (1) año.
2. Extinción:
a. Por la inscripción de la transferencia del derecho real inscrito a favor de otra persona.
b. Cuando sea ordenada por sentencia judicial definitivamente firme.
c. Por declaración de innavegabilidad absoluta o pérdida total comprobada del buque.
d. Por desguace del buque.
e. Por enajenación del buque al extranjero. La Autoridad Acuática no autorizará la cancelación por esta causa, si no consta por escritura pública el consentimiento de todos los beneficiarios de las hipotecas y demás derechos reales que recaigan sobre el buque y la suspensión de las prohibiciones legales o judiciales que impidan su transferencia.
f. Por cambio de bandera.
g. Cuando en el instrumento de cancelación parcial no se dé claramente a conocer la parte del buque que haya desaparecido, o la parte del derecho que se extinga y la que subsista.
3. Nulidad:
a. Cuando el título en cuya virtud se efectuó la inscripción, haya sido otorgado con error o fraude.
b. Cuando se declare la nulidad absoluta del título en cuya virtud se efectuó la inscripción.
c. Cuando se declare la nulidad absoluta del asiento.
4. Caducidad:
a. Cuando las inscripciones provisionales adquieran el carácter de definitiva o haya trascurrido el plazo determinado para su inscripción definitiva.
b. Por uso del derecho de presa, conforme a las normas del derecho internacional.
c. Por resolución, rescisión o vencimiento del contrato de arrendamiento a casco desnudo o arrendamiento financiero.
Artículo 126. Las certificaciones emitidas por los Registros Navales hacen fe pública, tienen el valor y surten los efectos de un documento público y contendrán el estado jurídico de los bienes y de las personas según las constancias registrales, además del número, fecha y hora que resulten de su inscripción.
Artículo 131. Los documentos mediante los cuales se creen, modifiquen o extingan hipotecas navales sobre buques nacionales existentes o en construcción surtirán efectos, una vez inscritos en el Registro Naval Venezolano.
El Decreto Nº 1.506 con Fuerza de Ley de Comercio Marítimo, contiene en su Título IV, Capítulo I, Sección I, artículos 130 al 148, todo lo atinente a la Hipoteca Naval desde la perspectiva del Derecho Civil y Mercantil.
Entre sus disposiciones cabe destacar la referente al derecho de persecución que se acuerda al acreedor hipotecario en los términos siguientes:
Artículo 138. Los acreedores de hipotecas navales conservan su derecho a solicitar el remate judicial del buque gravado para el pago de su crédito, aunque aquel haya pasado al dominio de un tercero con justo título y de buena fe.
La misma Ley faculta al acreedor hipotecario para la toma de posesión y explotación comercial del buque:
Artículo 141. En cualquiera de los casos previstos en el artículo anterior, así como cuando el deudor hipotecario ponga en peligro el buque hipotecado, el acreedor hipotecario tendrá derecho a tomar posesión del buque y a explotarlo comercialmente con la diligencia ordinaria requerida. Los frutos de esta explotación deberán aplicarse primero a los intereses, luego a los gastos y por último al capital, de acuerdo al rango de preferencia.
Para obtener la posesión del buque el acreedor hipotecario podrá solicitar su embargo.
Ejecutado el embargo, el Juez competente ordenará la entrega de la posesión del buque en favor del acreedor hipotecario. Igual procedimiento podrá seguir el propietario para recuperar la posesión del buque, una vez que la obligación haya sido totalmente cancelada.
El pacto comisorio, cuya estipulación se encuentra prohibida por el artículo 1.878 del Código Civil en lo que se refiere a la hipoteca terrestre, se consagra expresamente para el caso de la hipoteca naval:
Artículo 143. El acreedor hipotecario puede proceder a la venta directa del buque hipotecado en la forma pactada al constituirse la obligación, en caso de incumplimiento del deudor hipotecario.
A falta de pacto, el acreedor hipotecario podrá optar por la ejecución forzosa del buque, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil.
Se establecen los créditos accesorios sobre los cuales podrá ejercer acción directa el acreedor hipotecario:
Artículo 139. El acreedor hipotecario podrá ejercer sus derechos, a menos que el buque hubiere sido reparado, sobre los siguientes créditos del cual sea titular el deudor:
1. Indemnizaciones por daños materiales ocasionados al buque.
2. Contribución por avería gruesa o común.
3. Indemnizaciones por daños provocados al buque con ocasión de servicios prestados.
4. Indemnizaciones de seguro por pérdida total o por averías sufridas por el buque.
El artículo 147 eiusdem establece la aplicación supletoria a la hipoteca naval, de las normas sobre hipoteca de derecho común, y en consecuencia, resultan plenamente aplicables las normas correspondientes del Código Civil, especialmente las siguientes:
Artículo 1.899.- El acreedor hipotecario puede trabar ejecución sobre la cosa hipotecada y hacerla rematar, aunque esté poseída por terceros.
Esta disposición no produce efecto contra el tercero que haya adquirido la cosa hipotecada en remate judicial, con citación de los acreedores hipotecarios, cuyo derecho se traslada al precio del remate. ...omissis...
Artículo 1.905.-El tercer poseedor está obligado a reembolsar los daños ocasionados al inmueble por culpa grave de su parte, en perjuicio de acreedores que hayan registrado su título, y no podrá invocar contra ellos retención por causa de mejoras.
Por último, el Código de Derecho Internacional Privado (Código Bustamante), recoge un principio de universal aplicación al establecer:
Art. 277. Se regulan por la ley del pabellón los derechos de los acreedores después de la venta de la nave, y la extinción de los mismos.
IV
Esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia del 15 de noviembre de dos mil uno (Exp.99-003), reiteró doctrina de antigua data sobre la interpretación de la ley en los siguientes términos:
... Por su parte, el artículo 4 del Código Civil expresa:
A LA LEY DEBE ATRIBUIRSELE EL SENTIDO QUE APARECE EVIDENTE DEL SIGNIFICADO PROPIO DE LAS PALABRAS, SEGÚN LA CONEXIÓN DE ELLAS ENTRE SÍ Y LA INTENCIÓN DEL LEGISLADOR.
En ese sentido, la doctrina del Supremo Tribunal de Justicia en sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 7 de marzo de 1951, cuya parte pertinente, a la letra, dice:
...Cuando la Ley es diáfana muestra su propia transparencia; cuando la ley es clara, ella misma refleja la imagen de su contenido de una manera sencilla y natural; sin un gran trabajo de la mente, sin mayor esfuerzo de raciocinio, por lo cual el juez la aplica sin propiamente interpretarla según las reglas clásicas de interpretación, pues en este caso es cuando se entiende el adagio que dice que cuando la Ley es clara no necesita interpretación...
De este modo es de necesaria obligación darle a la ley el sentido que aparece evidente de las palabras; criterio que ha permanecido vigente en el tiempo, tal y como lo corrobora la sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 16 de junio de 1969, reiterada en fecha más reciente, 12 de mayo de 1992 (caso: Gilberto Gripa Acuña) en la cual estableció:
...Siendo las leyes expresión escrita de la experiencia humana, acumulada, a veces, durante muchos años, o fruto de un cuidadoso proceso de elaboración en el que han participado especialistas, comisiones técnicas y órganos de los poderes públicos, sería absurdo suponer que el legislador no trate de usar los términos más precisos y adecuados para expresar el propósito y alcance de sus disposiciones, u omita deliberadamente, elementos que son esenciales para la cabal inteligencia de ellas.
Por esta razón, no debe menospreciarse la interpretación llamada gramatical, ni contraponer a ésta la interpretación lógica, como si la letra de la ley no fuera, en todo caso, el obligado punto de partida de toda indagación dirigida a esclarecer, racionalmente, lo que es la mente del legislador. Los jueces y los órganos de la Administración Pública tergiversarían, además la función que les toca cumplir como instrumentos de un estado de derecho, si al aplicar la ley no lo hiciera teniendo en cuenta, antes que todo y principalmente, los términos en élla empleados, so pretexto de que otra ha sido la mente del legislador. No sin motivo el codificador patrio, en el artículo 4 del Código Civil, dispone que debe atribuirse a las leyes el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre si y la intención del legislador...
El análisis de la normativa transcrita supra, permite formular las siguientes conclusiones:
1) Todo lo atinente al registro de buques está centralizado en la Oficina de Registro Naval Venezolano de buques, adscrita al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. Corresponde a aquella: ...Asentar todo documento por el que se constituya, transmita, ceda, declare, renuncie, resuelva, revoque, rescinda, prorrogue, modifique o extinga derechos reales, contratos o actos sobre buques construidos y en construcción que pertenezcan al registro nacional. La tradición legal de la titularidad del dominio y de los demás derechos registrados, sólo podrá ser efectuada por el titular registrado del derecho de que se trate o mandatario debidamente acreditado.
a) El plazo de duración de las hipotecas podrá ser establecido libremente entre las partes; en caso que no se estipulare plazo, operará la prescripción a los tres (3) años de la inscripción de la hipoteca en el registro naval.
2) Los créditos accesorios que en la ley derogada se adscribían al crédito privilegiado, se constituyen a favor del acreedor hipotecario en los cardinales 1, 2 y 3 del artículo 139 de la Ley de Comercio Marítimo. El cardinal 4 del mismo artículo reitera la disposición según la cual, el acreedor hipotecario se subroga en las ... indemnizaciones de seguro por pérdida total o por averías sufridas por el buque....
3) En lo que se refiere a los derechos de los diques y astilleros sobre buques en construcción y o reparación, la situación es la siguiente:
a) De conformidad con el artículo 128 del Decreto Nº 1.506 con Fuerza de Ley de Comercio Marítimo:
... Quienes construyan, modifiquen, reparen o desguacen buques gozarán de un derecho de retención para garantizar los créditos que estas actividades originen. Este derecho de retención, se regula por las normas del derecho común, pero los créditos privilegiados enumerados en el artículo 115 y las hipotecas navales inscritas en el registro con anterioridad a la inscripción del derecho de retención, tendrán preferencia en el pago de los créditos que garantizan.
Como se evidencia del artículo transcrito supra, la Ley concede el derecho de retención a favor de los constructores y reparadores, pero, al contrario de las disposiciones que contenía la derogada Ley de Privilegios e Hipotecas Navales, las hipotecas registradas ... con anterioridad a la inscripción del derecho de retención, tendrán preferencia en el pago de los créditos que garantizan.
b) En el caso específico de buques en construcción, el artículo 135 eiusdem dispone:
... Si se tratara de la hipoteca de un buque en construcción, el instrumento de constitución deberá contener los mismos requisitos señalados en el artículo 133 de este Decreto Ley, salvo los mencionados en el numeral 2, que se sustituirán por la individualización del astillero o lugar de construcción; la fecha en que se inició la construcción y aquella en que se espera termine; el hecho de haberse invertido al menos la tercera parte de su valor presupuestado y el número de construcción asignado.
Por su parte la Ley General de Marinas y actividades conexas establece que los buques en construcción, inscritos provisionalmente en el Registro de la Marina Mercante Nacional podrán ser hipotecados (Art. 107). El artículo 108 eiusdem dispone:
...Finalizada la construcción del buque, el propietario deberá solicitar la inscripción definitiva del buque en el Registro Naval Venezolano. Efectuada la inscripción definitiva, el Registro Naval Venezolano cancelará de oficio el registro de buques en construcción y asentará al margen de la nueva, todas las anotaciones que estuvieren vigentes de la anterior.
V
La Sala observa que el solicitante interpuso recurso de interpretación, solicitando pronunciamiento con relación a:
... sobre el espíritu, alcance e inteligencia de los artículos 28 y 29 de la Ley de Privilegios e Hipoteca Navales publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela en fecha 27 de septiembre de 1983...
... para que esta Sala deje claramente establecido la condición sine qua non que debe existir para que la enajenación de una nave del Registro Público (sic) y la desincorporación de la misma del Registro de La Marina Mercante por la enajenación voluntaria sea efectiva y legalmente válida...
...solicitamos muy respetuosamente de esta Sala, determinar el alcance e interpretación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales; para evitar que situaciones como la anteriormente señalada puedan producirse nuevamente en detrimento de los inversionistas y así garantizar seguridad jurídica por parte de las leyes venezolanas
.
Los artículos 28 y 29 de la derogada Ley de Privilegios e Hipotecas Navales, establecían:
Artículo 28: La desincorporación del Registro de la Marina Mercante Nacional causada por enajenación voluntaria requiere el consentimiento escrito del acreedor hipotecario.
Artículo 29: La enajenación voluntaria que origine la desincorporación sin el consentimiento escrito del acreedor hipotecario es nula.
La solicitud formulada persigue la certeza de la protección legal acordada al acreedor hipotecario. La nueva legislación marítima venezolana acuerda tal protección en forma mucho más amplia que la contenida en la derogada Ley de Privilegios e Hipotecas Navales; en tal sentido, la enajenación del buque puede ser realizada voluntaria o forzosamente. En lo que se refiere a la enajenación forzosa:
1. Si un tercero solicitare el remate judicial del buque hipotecado, el Juez, de conformidad con lo establecido en el artículo 555 del Código de Procedimiento Civil, deberá solicitar del [registrador naval] la certificación de gravámenes e indicar, en el último cartel de remate o en el único si las partes hubieren convenido en ello, los gravámenes que afecten al buque.
2. Si el acreedor hipotecario no participa en el acto de remate y el buque fuere adjudicado a un tercero en remate judicial, el derecho del acreedor hipotecario se traslada al precio del remate. (Código Civil, art. 1.899).
3. En la eventualidad que el buque fuere rematado judicialmente en el extranjero, de conformidad con principios generales del derecho internacional privado: ... Se regulan por la ley del pabellón los derechos de los acreedores después de la venta de la nave, y la extinción de los mismos.... (Código de Derecho Internacional Privado, art. 277).
En cuanto a la enajenación voluntaria, se distinguen dos hipótesis:
1. En el caso de enajenación voluntaria sin desincorporación del registro naval venezolano, el acreedor hipotecario goza del derecho de persecución sobre el buque y en consecuencia, podrá solicitar su remate judicial aun en el caso de que éste hubiere ... pasado al dominio de un tercero con justo título y de buena fe... (Ley General de Marinas y Actividades Conexas, art. 138). En este caso, ... el tercer poseedor está obligado a reembolsar los daños ocasionados [al buque] por culpa grave de su parte ... y no podrá invocar contra él [acreedor hipotecario] retención por causa de mejoras... (Código Civil, art. 1.905)
2. En el caso de enajenación voluntaria que origine la desincorporación del Registro Naval Venezolano, la Autoridad Acuática (Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos) no autorizará la cancelación del registro naval venezolano ... si no consta por escritura pública el consentimiento de todos los beneficiarios de las hipotecas y demás derechos reales que recaigan sobre el buque... (Art. 122.2.e eiusdem). A este respecto debe tomarse en cuenta: a) que el Registro Naval Venezolano se encuentra adscrito al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos lo que garantiza el control sobre la transmisión de la propiedad y, b) que ningún registro naval del extranjero dará ingreso a un buque sin la constancia de baja del registro anterior.
Adicionalmente, en la eventualidad que, se produjera la enajenación voluntaria al extranjero en fraude de los derechos del acreedor hipotecario, dada la naturaleza del buque de bien mueble sui generis, sometido a la publicidad registral, ningún registro naval del extranjero dará curso a la inscripción que se solicitare, sin la constancia de baja del registro anterior en este caso el Registro Naval Venezolano- que obviamente no será otorgada. En tal hipótesis, el acreedor hipotecario podrá ejercer ante cualquier jurisdicción donde se encuentre el buque, los derechos analizados supra, es decir, el derecho de persecución, el derecho de tomar posesión del buque y el derecho de proceder a la venta directa del mismo.
D E C I S I Ó N
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide el presente recurso de interpretación, presentado por el ciudadano MARIO COBUCCI PARASCANDOLO, en los términos expresados.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de febrero de dos mil cuatro. Años: 193° de la Independencia y 144° de la Federación.
El Presidente de la Sala y Ponente,
__________________________________
FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente,
_______________________________
Magistrado,
_______________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
La Secretaria,
_____________________________
ADRIANA PADILLA ALFONZO
Exp. 2002-000305
El Magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ, expresa su disentimiento respecto del criterio consignado por los otros Magistrados integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, quienes aprobaron el fallo que antecede en el cual se decidió el recurso de interpretación interpuesto, razón por la cual con vista del contenido y alcance del artículo 59 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, procede a consignar su voto salvado en los siguientes términos:
PUNTO PREVIO
Quien disiente estima, que la Sala ante cualquier otra consideración, luego de indicar los antecedentes Jurisprudenciales que determinan que el presente asunto corresponde con la afinidad de la materia de su competencia, ha debido aceptar clara y expresamente la declinatoria que le hiciera la Sala Política Administrativa.
Por otra parte no existiendo un procedimiento expresamente establecido para este tipo de recurso, ante de su admisión lo más apropiado era sustanciar el mismo, ordenando la notificación de los Órganos del Poder Público Nacional que tuvieran interés en la interpretación a realizar, en este caso con prioridad al Poder Legislativo. En ese sentido, la Sala Política Administrativa en decisión N° 1933, publicada el 10 de diciembre de 2003, en el expediente 03-1345 caso HIDROCAPITAL, estableció el criterio que comparto y estimo de necesaria unificación por ser adecuado y apropiado para el sub iudice, en el cual señaló:
...Precisada la competencia de la Sala para conocer de este asunto, y visto que para la admisión de la solicitud interpuesta no existe un dispositivo legal que establezca un procedimiento especial, la Sala en sentencia de reciente data (ver sentencia N° 708 de fecha 22 de mayo de 2002), siguiendo los lineamientos establecidos en la Sala Constitucional en cuanto a los requisitos exigidos para la admisión del recurso de interpretación constitucional, y con el fin de preservar la uniformidad de la interpretación de las leyes y la jurisprudencia, estableció que los requisitos para la admisibilidad del referido recurso son los siguientes:
1.- Legitimación para recurrir.
2.- Que la interpretación solicitada verse sobre un texto legal, aun cuando el mismo no establezca expresamente la posibilidad de interpretarse.
3.-Que se precise en qué consiste el motivo de la interpretación.
4.- Que la Sala no se haya pronunciado con anterioridad sobre el punto requerido y en tal caso, que no sea necesario modificar el criterio sostenido.
5.- Que el recurso de interpretación no persiga sustituir los recursos procesales existentes, u obtener una declaratoria con carácter de condena o constitutiva.
6.- Que no se acumule a la pretensión otro recurso o acción de naturaleza diferente, o acciones incompatibles, excluyentes o contradictorias.
7.- Que el objeto de la interpretación no sea el de obtener una opinión previa del órgano jurisdiccional para solución de un caso concreto que esté siendo conocido por otro órgano jurisdiccional, bien sea entre particulares o entre éstos y los órganos públicos.
Precisados los requisitos necesarios para la procedencia de este especial recurso, pasa la Sala a revisar el cumplimiento de cada uno de ellos y en tal sentido observa:
El primero de los extremos exigidos, se refiere a la legitimación para recurrir y a la necesidad de que la petición o solicitud sea planteada frente a un caso concreto o específico al cual debe circunscribirse la labor interpretativa, lo que persigue evitar el mero ejercicio académico de este particular mecanismo, restringiéndolo a aquellos casos en que esté demostrada la existencia de un interés jurídico que en criterio de la Sala, ha de ser personal y directo, es decir, cuya situación jurídica particular hace relevante el pronunciamiento que sobre el alcance y aplicación del dispositivo objeto del recurso emita este Alto Tribunal.
En atención al criterio antes expuesto, observa la Sala que en el presente caso los solicitantes fundamentan el aludido requisito en el hecho de que su representada, es decir, la compañía anónima Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital), es una sociedad mercantil cuyo capital pertenece exclusivamente a la Administración Pública Nacional, lo cual la convierte en una empresa del Estado y de allí que manifiesten estar obligados a la aplicación de la Ley de Licitaciones ...para contratar la adquisición de bienes muebles, la construcción de obras o la prestación de servicios comerciales, distintos a los profesionales y laborales.... Por tanto, atendiendo a su naturaleza y al objeto principal de su actividad, la solicitante está sometida a la Ley de Licitaciones de lo cual se desprende su interés en la interpretación del artículo 88, numeral 7.
Así, visto que el peticionante posee la legitimidad requerida para interponer la solicitud y demostrado como ha sido la existencia de un interés en la interpretación solicitada, considera la Sala cumplido el primero de los supuestos necesarios para interpretar la norma que ha sido sometida a su conocimiento. Así se declara.
En cuanto al requerimiento de que la interpretación solicitada sea de un texto legal, se advierte que la presente solicitud se contrae a la interpretación sobre el alcance y contenido del artículo 88 numeral 7 de Ley de Licitaciones, quedando por tanto satisfecho el segundo requisito exigido para la procedencia del recurso.
Respecto a la necesidad de que se determine el motivo de la interpretación, en el caso bajo estudio los solicitantes pretenden se precise el contenido del término servicio básico esencial a fin de que HIDROCAPITAL pueda proceder por adjudicación directa, con lo cual queda resuelto el tercero de los requisitos exigidos.
Finalmente, advierte la Sala que no se ha pronunciado con anterioridad sobre lo solicitado, que no se han interpuesto acciones incompatibles o excluyentes, como tampoco se han formulado posiciones contradictorias; por tanto, visto que la solicitud de interpretación no incurre en ninguna de las causales de inadmisibilidad que impidan la tramitación del recurso de interpretación, esta Sala admite la presente solicitud cuanto ha lugar en derecho. Así se declara.
De otra parte, con el fin de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso, previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala en ausencia de un procedimiento específico para la tramitación de lo solicitado, conforme con la facultad establecida en el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ordena tramitar el presente procedimiento como un asunto de mero derecho y en tal sentido, estima que en el presente caso resulta procedente la publicación de un cartel de emplazamiento, con el objeto de que los interesados manifiesten por escrito lo que estimen conveniente en este asunto, dentro de los treinta (30) días contínuos a su publicación. Igualmente y con los mismos fines, se ordena la notificación de la Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y a la Asamblea Nacional.
A los fines de dar cumplimiento a lo antes expuesto, se ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación y una vez practicadas las notificaciones ordenadas y transcurridos como sean los treinta (30) días contínuos para que los interesados manifiesten lo que estimen conveniente, se remitirá nuevamente el expediente a esta Sala donde se fijará un acto de informe oral para que las partes expongan los alegatos que consideren pertinentes sobre el recurso de interpretación solicitado, luego de lo cual, se pasarán los autos al ponente a los fines de la decisión correspondiente. Así se declara.
III
DECISIÓN
Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA:
1.- SU COMPETENCIA para conocer y decidir el recurso de interpretación solicitado por los abogados Rafael Badell Madrid y Álvaro Badell Madrid, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA HIDROLÓGICA DE LA REGIÓN CAPITAL (HIDROCAPITAL).
2.- ADMITE la presente solicitud cuanto ha lugar en derecho y ordena publicar un cartel de emplazamiento, a costa de la solicitante, a los fines de que los interesados manifiesten por escrito lo que estimen conveniente en este asunto, dentro de los treinta (30) días contínuos a su publicación.
3.- ORDENA, a los mismos fines anteriores, la notificación de la Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y de la Asamblea Nacional.
4.- ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a fin de dar cumplimiento con lo ordenado y una vez realizadas las notificaciones y vencido el lapso de treinta (30) días contínuos para que los interesados manifiesten lo que estimen pertinente, se remitirá nuevamente el expediente a esta Sala donde se fijará un acto de informe oral para que las partes expongan lo que consideren conveniente sobre la interpretación solicitada, luego de lo cual, se pasarán los autos al ponente a los fines de la decisión correspondiente... (Las negritas subrayadas son mías)
Siguiendo el criterio que comparto de la Sala Político Administrativa en el presente asunto antes de decidir al fondo, en primer lugar se ha debido hacer un expreso pronunciamiento sobre la admisión de la solicitud y luego de estimarla admisible, sustanciarla ordenándose la notificación de los Poderes Públicos interesados en el asunto.
Ahora bien, sin desvirtuar esta observación que por si sola hace impertinente por anticipada a la disentida, toda vez que ella sin proceder a la participación de los órganos del Poder Público, entra a resolver el fondo, paso a exponer otras razones que también fundamentan mi voto salvado lo cual hago en los siguientes términos:
DE LA LEGITIMIDAD
Respecto a la comprobación de la legitimidad de los solicitantes, la disentida estableció:
...En lo que se refiere a la legitimidad para solicitar interpretación de norma legal, La (sic) Sala observa que ésta debe estar circunscrita a un interés particular y actual, por ser las normas a interpretar potencialmente aplicables a un caso determinado y en el cual estén involucrados los intereses de los solicitantes. En tal sentido, el recurrente indica: ...soy representante legal de la compañía CORBUCCI MAQUINARIAS C.A., tengo previsto asociarme con la compañía extranjera COMOTOR PARTS INTERNATIONAL INC con el fin de realizar trabajos relacionados con la actividad astillera (fabricación de barcos destinados a la pesca y al transporte) y transporte acuático en el territorio nacional, el capital a ser aportado por las empresas será de DOS MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS ($ 2.000.000,00) y TRES MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS ($ 3.000.000,00), respectivamente.... Estima la Sala que la circunstancia señalada por el recurrente, aunado al hecho del caso específico que señala en el recurso, relativo a la venta al extranjero de un buque hipotecado en fraude a la ley, es suficiente para acreditar la legitimación por tener un interés particular y actual....
Para que sea admisible un recurso de interpretación es requisito impretermitible, entre otros, que su solicitante tenga legitimidad la cual, como bien lo señala la disentida, debe estar circunscrita a un interés particular y actual, por ser las normas a interpretar potencialmente aplicables a un caso determinado y en el cual estén involucrados los intereses de los solicitantes.
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, la disentida se atiene al simple dicho del solicitante respecto a que éste se asociará con otra empresa para explotar la pesca y el transporte acuático en la nación. Pero omite transcribir en esa parte de su motiva lo pertinente del escrito del recurrente donde afirma, que la interpretación solicitada es: ...para evitar que situaciones como la anteriormente señalada puedan producirse nuevamente en detrimento de los inversionistas y así garantizar seguridad jurídica por parte de las leyes venezolanas....
El alegato, por demás no demostrado por el interesado, respecto a que tiene la intención de asociarse con otra empresa para explotar dichas áreas de comercio marítimo, lejos de evidenciar un interés actual, revela un interés potencial, hipotético y a futuro. También es un hecho indeterminado, condicionado a que se materialice si ocurren circunstancias desconocidas para esta jurisdicción y terceros ajenos a la supuesta e incierta asociación.
Lo sostenido por quien disiente se reafirma de lo dicho por el recurrente, cuyo párrafo pertinente fue antes transcrito, del cual se evidencia la falta de interés particular al señalar que la interpretación la pide para ...evitar que situaciones como la anteriormente señalada puedan producirse nuevamente en detrimento de los inversionistas.... Razón por lo que consecuencialmente, estimo que el solicitante no tienen un interés particular y directo en la interpretación solicitada.
DE LA INTERPRETACIÓN DE NORMAS DEROGADAS
Los artículos cuya interpretación se solicitan tal como se evidencia del texto de la propia disentida en su página 12, fueron derogados. Sin embargo, en el desarrollo del mismo, la disentida entra a realizar la interpretación solicitada con base a la normativa vigente que derogó la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales, en los siguientes términos:
...La Sala observa que el recurso fue interpuesto en fecha 20 de diciembre de 2001, estando vigente la derogada Ley de Privilegios e Hipotecas Navales, contentiva de las normas objeto de la solicitud. La derogatoria tiene lugar en fecha posterior, mediante Decreto N° 1.506 con Fuerza de Comercio Marítimo, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.551 Extraordinario (Sic) de fecha 9 de noviembre de 2001, el cual entró en vigencia a los noventa (90) días continuos siguientes de su promulgación, es decir, el 7 de febrero de 2002. En consecuencia, el análisis se efectuará sobre las normas correlativas de la nueva legislación marítima.
El recurso de interpretación ejercido por el solicitante exhorta ...para que esta Sala deje claramente establecido la condición sine qua non que debe existir para que la enajenación de una nave del Registro Público (sic) y la desincorporación de la misma del Registro de la Marina Mercante por la enajenación voluntaria sea efectiva y legalmente válida... (subrayado del solicitante).
Durante la vigencia de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales, existía un doble registro a los efectos de la inscripción de documentos constitutivos de la hipoteca naval: 1) el relativo al registro de la propiedad y gravámenes sobre el buque de que se tratara, el cual debía ser efectuado en la Oficina Subalterna de Registro con jurisdicción en el puerto de matrícula de la nave (artículo 20 de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales); y 2) el registro administrativo que debía efectuarse, ante la Capitanía de Puerto del puerto de matrícula, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la protocolización a que se contrae el cardinal 1 que antecede (artículo 22 eiusdem).
Mediante Decreto N° 1.437 con Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, publicado en Gaceta Oficial N° 37.330 de fecha 13 de noviembre de 2001, reformado mediante Ley de Reforma Parcial publicada en Gaceta Oficial N° 37.596 de fecha 20 de diciembre de 2002, se crea el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, entre cuyas funciones se encuentra lo atinente al Registro Naval Venezolano de Buques (artículo 84, cardinal 6).
La Ley General de Marinas y Actividades Conexas publicada en Gaceta Oficial N° 37.570 de fecha 14 de noviembre de 2002, contiene en su Titulo III (Del Registro Naval venezolano (Sic) ) todo lo atinente a la materia registral sobre buques y pone fin a la dualidad registral a que se hizo referencia supra al señalar entre las competencias del Registrador Naval:....
Al respecto estimo que si el propósito del recurso versa sobre normas derogadas hay que precisar si el interés del accionante se debe al ánimo de aplicarlo a un caso concreto cuya vigencia correspondía a aquel momento determinado, pues de lo contrario no existiría ningún interés actual en la interpretación de normas que no tienen vigencia. Si ello es así (que existe un interés de aplicar unas normas derogadas), puede entrarse a resolver la interpretación, pero limitándose a las normas derogadas y a la legislación vigente para aquel momento, no como lo hizo la disentida en la cual se resaltan únicamente que las normas a interpretar fueron derogadas luego de la promoción del recurso de interpretación, sin precisar el interés que puedan tener las partes para que se interpreten normas derogadas y procedió a fundamentar la sentencia de interpretación en la legislación vigente, sin concluir en el proyecto con la determinación del contenido, espíritu y alcance de ellos. Es decir, no se interpretan los artículos solicitados, sino que se establecen conclusiones interpretativas de los textos legales concurrentes con la materia de hipotecas navales, lo cual no fue solicitado.
CONCLUSIÓN
Estimo que la disentida debió declarar inadmisible el recurso de interpretación, por carecer el solicitante de legitimidad, por haber sido intentado contra normas derogadas cuya utilidad no se demostró, ya que no fue orientado a solventar un caso concreto específico y por versar el recurso sobre normas derogadas cuya utilidad en un caso concreto no se demostró ni se evidencia de actas. En todo caso, la disentida al considerar que la solicitud pudiera llenar lo supuestos de ser admisible, lo cual no comparto ha debido sustanciar el recurso por el trámite ya indicado en la sentencia de la Sala Político Administrativa antes transcrita y ordenar la notificación de los Órganos Públicos interesados en dicha interpretación.
Dejo así expresado el fundamento del voto salvado en relación a la sentencia que en esta causa ha tomado la mayoría sentenciadora. Fecha ut supra.
El Presidente de la Sala-Ponente,
______________________________
FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente-Disidente,
_____________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
_____________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
La Secretaria,
________________________________
ADRIANA PADILLA ALFONZO
Exp. N° 2002-000305
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