Sentencia N.º RNYC.000498
- Sentencia
- N.º RNYC.000498
- Fecha
- 05/08/2014
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 14-104
- Ponente
- Isbelia Josefina Pérez Velásquez
- Procedimiento
- Recurso de Nulidad y Casación
- Enlace fuente oficial
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SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. Nro. AA20-C-2014-000104
Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.
En el juicio por cumplimiento de contrato de opción de compra venta e indemnización de daños y perjuicios, seguido por la sociedad mercantil TRANSPORTE INDUSTRIAL C.A., representada judicialmente por los abogados José Gerardo Chávez Carrillo, Horst Alejandro Ferrero Kellerhoff, y ante esta sede casacional por los abogados Ramón Escovar León y Andrés Carrasquero Stolk, contra las sociedades mercantiles DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIESEL C.A., (DIPRODIESEL C.A.) y MACK DE VENEZUELA C.A., representada judicialmente por los abogados José Ramón Contreras Sánchez, Luis Roberto Lipavsky y Luis Alejandro Herrera; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, dictó sentencia en fecha 5 de diciembre de 2013, mediante la cual declaró: 1.- la falta de cualidad de oficio de la sociedad mercantil Mack de Venezuela C.A., 2.- sin lugar la impugnación de la cuantía, 3.- sin lugar la demanda intentada, y 4.- condenó en costas a la parte actora. De esta manera revocó el fallo dictado el 23 de noviembre de 2010, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, que había declarado parcialmente con lugar la demanda.
Contra la referida sentencia de la alzada, la parte actora anunció recurso de casación, el cual fue admitido mediante auto de fecha 22 de enero de 2014. Hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
recurso por defecto de actividad
i
Al amparo de lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, los formalizantes denuncian que la sentencia recurrida incurre en indefensión al haber declarado el juez de alzada de oficio la falta de cualidad, sin tomar en consideración que la causa ya ha sido revisada por esta Sala en dos oportunidades, lo cual produjo a su entender, la infracción de los artículos 15, 206 y 208 del referido Código Adjetivo, así como del 49 ordinal 8° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por las razones siguientes:
De acuerdo con la sentencia N° 440 de la Sala constitucional de fecha 28.04.09, los jueces están habilitados para declarar la falta de cualidad aun de oficio, cuando se percaten de su existencia.
Sentado lo anterior, alegamos lo siguiente:
1. La recurrida en casación sostiene que MACK DE VENEZUELA C.A., carece de legitimación ad causam para ser llamada a este juicio a resistir la pretensión de cumplimiento de un contrato del cual no es parte. Pero luego fundamenta su decisión en las obligaciones y compromisos de Mack de Venezuela C.A.
2. Así, en la página 22 de la sentencia el juez de la sentencia señala que Banfoandes se dirigió a Mack para informar que el financiamiento para adquirir el camión marca Mack, modelo Visión CX 613 había sido aprobado.
3. Luego en la página 24 la recurrida examina el comprobante de egreso por la suma de Bs. 50.000.000,00, en la que figura como beneficiario MACK DE VENEZUELA C.A. Si Mack no es parte en el contrato y, por tanto, no tiene legitimidad ad causam ¿por qué aparece como beneficiaria del pago?
4. Es más, en la misma página 24, la recurrida valora la copia de la factura N° 01063041, emitida por MACK DE VENEZUELA C.A., donde aparece como cliente Transporte Industrial C.A. Esta copia de la factura cursa al folio 36 del expediente.
5. Entonces es claro que Mack de Venezuela C.A., sí es parte del contrato y, por lo tanto, la legitimación está clara.
6. La posibilidad de declarar de oficio la falta de cualidad es para aquellas situaciones en las que su falta es clara o evidente, pero no para aquellos casos en los cuales lo que se evidencia es lo contrario; la cualidad pura y dura.
7. Como quiera que el sentenciador de la recurrida declaró la falta de cualidad en una situación en la que claramente no había tal falta, y al hacerlo de manera sorpresiva, luego de que la causa había sido revisada en dos ocasiones por esta honorable Sala de Casación Civil, produjo como consecuencia una subversión del proceso, ya que ni siquiera pudimos discutir la falta de cualidad declarada por el juez . (Negrillas y mayúsculas del texto).
De la denuncia precedentemente transcrita, la Sala observa que los formalizantes delatan una supuesta subversión procesal, porque a su juicio no le estaba permitido al sentenciador ad quem declarar la falta de cualidad de Mack de Venezuela C.A., al no haber sido advertida por la Sala esta cuestión de previo pronunciamiento.
En este orden de ideas, alegan que Mack de Venezuela C.A., sí tiene legitimación ad causam, y que tal determinación no ha debido ser decidida de oficio por el juzgador superior porque tal modo de proceder les impidió discutir ese aspecto en la instancia.
Sobre el particular, el impugnante señala que lo alegado a través de una denuncia por defecto de actividad debió ser denunciado a través del recurso de infracción de ley, pues lo delatado constituiría en todo caso, un error de juzgamiento y no indefensión, porque el juez de la recurrida no privó ni limitó a la parte actora en el libre ejercicio de los medios y recursos previstos en la ley.
Para decidir, se observa:
Esta Sala estima que es acertado lo indicado por el impugnante al expresar que el análisis de la motivación en que se soporta la falta de cualidad de la codemandada Mack de Venezuela C.A., declarado por el juez de alzada en su decisión de fecha 5 de diciembre de 2013, sólo puede ser revisado por este Supremo Tribunal a través de una denuncia de fondo, con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil; no obstante, sí le está permitido a esta Sala de Casación Civil verificar si el juez de alzada podía actuar de oficio para declarar la falta de cualidad de la codemandada, pues de lo contrario habría incurrido en el vicio de incongruencia positiva, al pronunciarse sobre un aspecto que no fue solicitado por las partes, por lo que en estos términos será examinada la denuncia.
En cuanto al vicio de incongruencia del fallo, el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, expresamente dispone que: toda sentencia debe contener disposición expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia .
La norma supra indicada debe ser analizada en concordancia con lo previsto en el artículo 12 eiusdem, que consagra, entre otras particularidades, que el juez debe decidir conforme a todo lo alegado y sólo a lo alegado en autos, sin suplir excepciones o argumentos de hecho no formulados por las partes, lo cual constituye una manifestación del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en nuestro ordenamiento jurídico.
Sobre el particular, esta Sala mediante sentencia Nº 588, de fecha 9 de agosto de 2012, estableció que la congruencia del fallo implica la conformidad que debe existir entre el fallo respectivo, el asunto controvertido y los hechos alegados oportunamente por las partes, y sólo sobre tales hechos, que a su vez fijan los límites de la controversia o thema decidendum.
Asimismo, esta Sala ha considerado que el vicio de incongruencia del fallo se produce cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración (incongruencia positiva), o bien cuando omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial (incongruencia negativa).
Esta última hipótesis conduce a establecer que el juez tiene la obligación de considerar y decidir sobre todos y cada uno de los alegatos formulados por las partes, es decir, sobre todo aquello que constituye un alegato o una defensa, regla ésta llamada principio de exhaustividad.
En ese sentido, el Código de Procedimiento Civil impone al juez la determinación y posteriores análisis de todos los alegatos y defensas esgrimidos en el proceso, los cuales deben necesariamente ser tomados en cuenta para la sentencia que se emita. (Vid sentencia Nº 51 de fecha 7 de febrero de 2012, caso: Moraima Carolina Silva, contra Luis Alejandro Valero Monsalve y otra).
Bajo esa perspectiva, la Sala ha sostenido con respecto al deber del juez de pronunciarse sobre los planteamientos expresados en los escritos de informes, lo siguiente:
además de la congruencia con la cual necesariamente debe cumplir la sentencia, respecto a los argumentos planteados por las partes tanto en el libelo de la demanda, como en la contestación a la misma, deben ser analizados también por el juzgador al cual corresponda, los alegatos expuestos por las partes en sus respectivos escritos de informes, siempre y cuando se traten de peticiones y defensas que siendo determinantes en la suerte del juicio hayan sido traídas al proceso luego de trabada la litis, por haber surgido en oportunidad posterior al libelo de la demanda y a la contestación, como el alegato de confesión ficta u otros similares . (Ver sentencia Nº 674 del 10 de agosto de 2007, caso: Gudelia Linares Rodríguez, contra Antonio Santos Costas). (Negrillas y subrayado de la Sala).
En razón de lo antes expresado, el juzgador debe pronunciarse sobre todas las peticiones, defensas o excepciones hechas por las partes en la demanda y en la contestación a ésta. Adicionalmente, la Sala ha hecho extensiva esta obligación, imponiéndole también el deber de pronunciarse con respecto a aquellos alegatos que las partes hayan invocado en su escrito de informes, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 1) que dichos alegatos sean determinantes en la suerte del proceso, y 2) que tales alegatos se hayan suscitado con posterioridad a la trabazón de la litis, es decir, luego de haberse contestado la demanda. De lo contrario, incurriría el juez en el vicio de incongruencia del fallo.
Estas excepciones previstas por la doctrina encuentran justificación, por cuanto el juez sólo debe atender este tipo de planteamientos expuestos en esta oportunidad del proceso, cuando sea necesario corregir irregularidades de gran trascendencia, capaces de alterar la estabilidad del juicio o el orden público, o que vayan en detrimento del debido proceso o del derecho a la defensa de las partes, pues lo que se busca con ello es garantizar el equilibrio procesal entre los justiciables; conceptos éstos que aluden a los principios constitucionales como mecanismos para garantizar el derecho a la defensa, la integridad y validez de los actos del proceso.
Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman el expediente se evidencia que la demanda fue presentada en fecha 2 de mayo de 2006. (Folios 1 al 10 de la primera pieza)
Asimismo, consta a los folios 235 al 243 de la primera pieza del expediente el escrito de contestación a la demanda de fecha 1° de julio de 2008, presentado por el abogado José Ramón Contreras Sánchez, en su carácter de apoderado judicial de las sociedades mercantiles Distribuidora de Productos Diesel C.A., (Diprodiesel C.A.) y Mack de Venezuela C.A., mediante el cual niega, rechaza y contradice pormenorizadamente la demanda, impugna la cuantía, alega el fraude procesal y solicita se declare sin lugar la acción por ser temeraria e infundada, mas no evidencia esta Sala que hubiera solicitado que se declarara la falta de cualidad de la empresa Mack de Venezuela C.A.
No obstante lo expresado precedentemente, el juez de alzada en la oportunidad de pronunciarse sobre el mérito del asunto sometido a su consideración, dejó sentado lo que de seguidas se transcribe:
Quedó comprobado que las sociedades mercantiles TRANSPORTE INDUSTRIAL, C.A. y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIESEL, C.A. (DIPRODIESEL, C.A.), celebraron contrato de futura venta o proyecto de venta cuyo objeto era un vehículo tipo: camión; marca: Mack; Modelo: visión; color: blanco. Cuyo precio se estableció en la suma de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 220.590.000,oo), equivalente hoy, después de la reconversión monetaria a DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA BOLIVARES (Bs. 220.590,oo). La primera en su carácter de aspirante a comprador y la segunda en su carácter de concesionaria de los camiones marca Mack, aspirante a vender.
Quedó demostrado que la parte demandante entregó a la co-demandada DIPRODIESEL, C.A. la suma de (Bs. 70.000.000,oo) a título de abono para el futuro contrato de venta.
Quedó evidenciado que las partes no establecieron un plazo para cumplir las prestaciones del contrato de venta. Por tanto, no quedó demostrado que la co-demandada DIPRODIESEL, C.A., debía entregar a la demandante el vehículo el 22 de febrero de 2006 por cuanto, ni el certificado de origen, ni la factura N° 01063041, emitida por la sociedad mercantil MACK DE VENEZUELA, C.A. resulta medio de prueba conducente en el presente caso para probar que la fecha del 22 de febrero de 2006, fue la fecha acordada entre TRANSPORTE INDUSTRIAL, C.A. y DIPRODIESEL, C.A. para la entrega del vehículo, ya que MACK DE VENEZUELA, como quedó establecido, no tiene la representación de DIPRODIESEL C.A.; además, porque en la factura proforma emitida por DIPRODIESEL C.A. N° 2023 del 9 de noviembre de 2005, no establece fecha para la entrega del vehículo.
No quedó demostrado el hecho alegado por la parte demandante en su libelo y que según su propia afirmación, fue determinante para interponer la demanda, de que DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIESEL C.A. DIPRODIESEL C.A., notificó verbalmente a TRANSPORTE INDUSTRIAL que no le haría entrega del vehículo vendido a menos que pagara una suma adicional al precio convenido de SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS BOLIVARES (Bs. 7.596.700,oo), hecho éste que configuraría el incumplimiento por parte de la co-demandada DIPRODIESEL, C.A. según lo sostenido por la demandante en la narración de los hechos fundamento de su pretensión.
La co-demandada DIPRODIESEL, C.A., admitió haber recibido de la demandante el cheque por (Bs. 20.000,oo) y el cheque por (Bs. 50.000,oo), pero dejando constancia que fue con miras a un probable negocio de compra de un vehículo marca Mack, color blanco, modelo visión.
También admitió esta co-demandada, que era concesionaria de la sociedad mercantil MACK DE VENEZUELA C.A., lo cual, no tiene mayor relevancia, en razón a que, no aparece demostrado ni lo establece la ley, que la figura del concesionario conlleve la representación. Entiende este juzgador, que sólo tiene importancia a los fines de darle mayor credibilidad y seriedad al negocio de intermediación.
Aparece comprobado que la demandante entregó a la demandada, a cuenta del pretendido futuro negocio de venta, la suma de (Bs. 70.000.000,oo).
Aplicación del derecho a los hechos:
Los presupuestos para que prospere la pretensión de cumplimiento del contrato de venta ejercida por el supuesto comprador y la pretensión consecuencial de indemnización de daños y perjuicios son:
1) Que exista un contrato de venta entre el demandante en su carácter de comprador y el demandado en su carácter de vendedor. En el presente caso quedó evidenciado que no alcanzó a formarse el contrato de venta, se quedó en proyecto la venta porque no hubo consentimiento en cuanto a la oportunidad para realizar la venta, aunque hubo consentimiento respecto a objeto (el vehículo tipo chuto, modelo visión, marca mack, color blanco) y precio (Bs 220.590.000,oo) equivalente hoy a (Bs. 220.590,oo), pero en el contrato de proyecto de eventual venta futura no se fijó plazo para que las partes realizaran las prestaciones. Aunque este juzgador sigue la doctrina de la Sala de Casación Civil expresada en la sentencia N° 116, expediente 12-274 del 22 de marzo de 2013, con ponencia de la magistrada Yraima de Jesús Zapata Lara, que retoma el criterio inveterado de que, en el contrato de opción de compra, cuando hay consentimiento, objeto y precio, hay venta. Sin embargo, en el presente asunto, no hubo consentimiento en cuanto a la oportunidad para la celebración del contrato, o lo que es lo mismo, para la celebración de la venta, con el cumplimiento de las partes de sus prestaciones. El contrato de proyecto de eventual venta futura, puede asimilarse a un contrato de opción de compraventa, sin embargo no hubo el consentimiento en cuanto al momento de realizarse la venta. Y en todo caso, no quedó demostrado que fue fijado para el 22 de enero de 2006.
2) Que haya habido el incumplimiento de una obligación surgida del contrato por parte del vendedor, debido a su conducta culposa o dolosa. Tampoco se cumplió con este requisito por cuanto quedó evidenciado que en el contrato de proyecto de eventual venta futura no se fijó plazo para efectuar la venta y para cumplir las prestaciones recíprocas que conlleva ese contrato, en consecuencia, no hubo el incumplimiento que le atribuye el demandante a la demandada, de que debió entregar el día 22 de enero de 2006 el vehículo objeto de la venta, ya que esta fecha, ni ninguna otra fue fijada para realizar la venta proyectada y mucho menos para cumplir las prestaciones de la venta.
3) Que el demandante no esté incurso en incumplimiento. Al respecto resulta lógico, que el demandante, tampoco aparece incurso en incumplimiento del contrato, pues no estaba sujeto a un término para hacerlo y no realizó su prestación que le correspondía en el contrato de venta, que era pagar el precio, porque como ya se dijo, no surgió el contrato de venta.
4) Que el demandante haya sido víctima del daño cuya indemnización se reclama, manifestado éste en la privación de una ventaja a la cual no habría tenido derecho el demandante sin tal contrato. Respecto a este presupuesto, al no haber incumplimiento por parte de la demandada, mal se podían haber generado daños derivados del incumplimiento. Además, en un contrato de proyecto de eventual venta futura, no era previsible el daño de lucro cesante fundado en la no utilización del vehículo objeto de la venta, y menos aún cuando no se tenía fecha para la entrega del precio, ni para la entrega del vehículo, ni para la formalización del negocio. Por tanto, no se originó ninguno de los daños reclamados por el demandante. De modo que no se dieron los presupuestos de las pretensiones demandadas, debiéndose declarar sin lugar la demanda de cumplimiento de contrato y la de indemnización de daños y perjuicios, tal como se dirá de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de la sentencia. Así se decide.
DISPOSITIVA
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Se declara de oficio LA FALTA DE CUALIDAD de la sociedad mercantil MACK DE VENEZUELA, C.A., para resistir la pretensión incoada en su contra, resuelta como punto previo. En consecuencia, INADMISIBLE la demanda respecto a la sociedad mercantil MACK DE VENEZUELA, C.A (Mayúsculas del texto de la recurrida).
Como puede observarse el juez de alzada declaró de oficio la falta de cualidad de la empresa codemandada Mack de Venezuela C.A., e inadmisible la demanda en lo que a ella se refiere.
Ahora bien, respecto al pronunciamiento de oficio del juez sobre la falta de cualidad para accionar o para sostener el juicio, la Sala en sentencia N° 15 de fecha 25 de enero de 2008, caso: Arrendadora Sofitasa C.A., contra Mario Cremi Baldini y otros, expediente N° 05-831, indicó lo siguiente:
...En igual sentido, esta Sala en decisión del 16 de mayo de 2003, caso: Nelson José Mújica Alvarado y otros, contra José Laureano Mújica, ratificó el citado criterio como puede evidenciarse de la siguiente transcripción:
Distinto es el caso en que la ley de forma excepcional faculta al juez para integrar de oficio el litis consorcio pasivo necesario. Un ejemplo de ello está previsto en el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que en los procedimientos de partición y liquidación de herencia ...si de los recaudos presentados el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación....
Asimismo, el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil establece que en el juicio de ejecución de hipoteca ...Si de los recaudos presentados al juez se desprendiere la existencia de un tercero poseedor y el solicitante no lo hubiere indicado, el Juez procederá de oficio a intimarlo....
Por consiguiente, la Sala estima que la falta de cualidad e interés no puede ser declarada de oficio por el juez, salvo los casos de excepción en que el legislador le permite advertir esta circunstancia y le impone el deber de integrar debidamente el litis consorcio pasivo necesario, tal y como quedó establecido en sentencia de esta Sala de fecha 16-02-2001 . (caso: Pedro Ignacio Herrera Mata vs. José Ignacio Herrera Pérez y Berta Pérez de Herrera). (Negritas de esta Sala).
Queda claro, pues, que la falta de cualidad e interés para accionar o para sostener el juicio debe ser alegada por las partes y decidida por el sentenciador en la sentencia definitiva, sin que le sea permitido al juez suplirla oficiosamente. Además, en ningún caso puede imputársele al sentenciador haber lesionado el derecho de defensa de las partes, por no haber declarado procedente el alegato de litisconsorcio necesario o la falta de cualidad activa de la actora para sostener el juicio... (Resaltado y subrayado de la Sala).
Por otra parte, resulta pertinente mencionar que esta Sala en beneficio del derecho de defensa e igualdad de las partes en el proceso, ha establecido que uno de los requisitos de procedencia de la demanda, es la correcta conformación de la relación jurídico-procesal, cuyo fin es evitar que se desconozca el derecho de defensa de las personas que no han sido llamadas para integrar el litisconsorcio necesario; no obstante, la Sala ha considerado que el hecho de que esta relación no se encuentre perfectamente conformada, no es razón suficiente para declarar la inadmisibilidad de la demanda, pues ello en todo caso debe estar sujeto a que se verifique si ha ocurrido o no alguna transgresión al derecho de defensa de quienes se haya omitido su participación, pues puede suceder que no sea necesario que uno o varios sujetos conocidos o desconocidos, se hagan parte en el juicio porque la decisión no afecte sus derechos, ni produzca efectos contrarios a sus intereses. De esta manera sería inútil la reposición de la causa que se haga en este sentido. (Ver entre otras, la sentencia Nº 648 de fecha 10 de octubre de 2012, caso: Guillermo Enrique Ortega Arango contra Elizabeth Ortega Caruso de Scannella y otro).
No obstante de lo antes expresado, cabe destacar que esta Sala ha indicado que el referido criterio no puede ser aplicado de manera retroactiva, porque ello lesionaría el derecho de defensa de las partes así como las garantías de confianza legítima y expectativa plausible, dejando sentado sobre el particular, que ese nuevo criterio no podía ser aplicado retroactivamente al caso concreto, como indebidamente se hizo... (Vid. Sentencia N° 149 del 8 de abril de 2013, caso: Promotora Villas de la Laguna, C.A., contra Monagas Dealer, C.A.).
Al respecto, la Sala Constitucional ha dejado expresamente establecido, entre otras, en su sentencia N° 1.211 de fecha 16 de agosto de 2013, dictada en el expediente N° 12-623, lo que de seguidas se transcribe:
El solicitante, en relación a los antecedentes del caso y los fundamentos de su solicitud de revisión, formuló las siguientes consideraciones:
Que es criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, [que] el Juez puede revisar de oficio la acertada estructuración de la litis, y resolver la inadmisibilidad de la acción propuesta en el supuesto de ésta carecer de algunos de sus atributos o presupuestos procesales que les son intrínsecos, entre otros, data de fechas muy anteriores a la oportunidad en que Sala de Casación de Civil del Tribunal Supremo le dio la acogida que insoslayablemente merece. Por lo tanto, resulta sí en extremo atentatorio contra los principios de la confianza legítima y expectativa plausible la circunstancia según la cual, existiendo un criterio vinculante de la Sala Constitucional que determina el alcance de un derecho fundamental, como es el caso de la tutela judicial efectiva en su atributo del derecho de acción y de acceso a la justicia, lo que conduce además a una protección objetiva del Texto Constitucional, la efectividad de dicho análisis constitucional, en lo que respecta a los jurisdiccionables, no comienza a tener vigencia hasta tanto así lo establezca, en este caso, la Sala de Casación Civil en sus sentencias.
Que lo anterior, es a todas luces aconstitucional (sic), y por ende, el criterio que ha debido ser aplicado, inmediatamente, es aquél que de manera vinculante determinó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en los fallos precedentemente citados, entre otros, y no el que aplicó la Sala de Casación Civil en la sentencia denunciada, basado en que: ...no debe ser aplicada de manera retroactiva una doctrina de Casación a situaciones jurídicas ocurridas con anterioridad a la misma, en consecuencia, se aplicarán los criterios jurisprudenciales que prevalecían antes de la publicación del fallo antes señalado (Sentencia N° RC-258, de fecha 20 de junio 2011), en un todo de conformidad con la doctrina al respecto reiterada por esta Sala así como por la Sala Constitucional. Inexorablemente, de acertarse el razonamiento expresado por la Sala de Casación Civil en la sentencia denunciada, sería casi como el absurdo de mantener en vilo un criterio, se reitera, vinculante de la Sala Constitucional del Alto Tribunal de la República, por el tiempo que así lo determine otras de las Salas de dicho Máximo Órgano Judicial. Siendo por demás exorbitante, el tiempo transcurrido entre la primera sentencia de la Sala Constitucional citada, en la cual se estableció el criterio vinculante en cuestión, es decir, el fallo citado del 10 de abril de 2002 (Sent. N° 779, Exp. N° 01-0464), y la fecha en la que fue acogido dicho análisis por la Sala de Casación Civil, el 20 de junio de 2011 (Sent. N°RC-258, Exp. N° 10-400).
Que por lo anteriormente expresado, la sentencia denunciada a través del presente Recurso de Revisión Constitucional, es decir, la dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 25 de noviembre de 2011, signada con el N° 000583/2011, lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 26 de la Constitución de la República de Venezuela, en virtud del análisis que la Sala Constitucional efectúa en los fallos citados ut supra. Pues, el asunto que dio origen al pronunciamiento denunciado, fue admitido por el Tribunal de la causa en fecha 08 de agosto de 2010, posterior a la oportunidad en las cuáles la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se reitera, en interpretación y alcance del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, específicamente, en su atributo del derecho de acción y acceso a la jurisdicción, estableció el criterio vinculante de la revisión oficiosa del presupuestos procesales o atributos del derecho de acción, como es el caso de la legitimación o cualidad ad causam.
Finalmente, en base a los precedentes razonamientos, y conforme lo establece el ordinal 10, del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través del presente escrito ejerzo formal Recurso de Revisión Constitucional, contra la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 25 de noviembre de 2011, signada con el N° 000583/2011, dictada en el Expediente N°. 2011-000008.
II
DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
La sentencia N° 583, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia el 25 de noviembre de 2011, declaró CON LUGAR el recurso de casación anunciado por la abogado Elsa Olaves de Suárez en representación judicial de la parte actora, ciudadano JUAN JOSÉ SUÁREZ CARRIZO, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 29 de septiembre de 2010 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas. En consecuencia se declara LA NULIDAD de la sentencia recurrida dictada con ocasión de una acción ordinaria de posesión, sobre la base de las siguientes consideraciones:
Omissis
Los demandados de acuerdo al fallo transcrito parcialmente no opusieron en su contestación a la demanda, la defensa de falta de cualidad e interés. Muy por el contrario y como se evidencia de la parte subrayada del fallo afirmaron ser los únicos poseedores del terreno objeto de la acción, por lo que tal falta de cualidad pasiva no podía ser traída a la sentencia como lo hizo el Ad-quem, y que a continuación se transcribe parte de la decisión que corresponde al mérito de lo expuesto: (...).
No podía el Juez (sic) Superior (sic), decidir sobre una defensa no opuesta, como es la falta de cualidad sin incurrir en el vicio conocido de incongruencia positiva, que consiste en la conducta del sentenciador cuando: ...exorbita el tema decidendum, cuando la sentencia va más allá de lo alegado por las partes. Es decir el fallo tiene que ser producto de lo alegado por el actor en su demanda y de las defensas opuestas por el demandado en su contestación a la demanda. Al no oponer los co-demandados como defensa su falta de cualidad o interés para sostener el juicio, mal podía el sentenciador asumir de oficio tal defensa, sin incurrir el fallo en el vicio denunciado de incongruencia positiva. Como bien lo asienta la Sentencia (sic) de esta sala (sic) de Casación Civil (...).
...Omissis...
Al ser de orden público los requisitos que debe contener una sentencia, transgredió el Sentenciador (sic) Superior (sic) los artículos 243 numeral 5°, y 244 del Código de Procedimiento Civil, al no emitir el máximo acto del proceso con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Violó el artículo 12 ejusdem, al no decidir de acuerdo a lo alegado y probado en autos, pues la parte demandada no opuso la defensa de falta de cualidad en ninguno de sus alegatos. Igualmente violó el artículo 15 ibidem (sic), al no mantener las partes en igualdad de condiciones, pues favoreció a los demandados con una supuesta falta de cualidad no opuesta por ellos.... (Mayúsculas del texto).
Para decidir, la Sala observa:
El formalizante alega que la sentencia recurrida incurrió en incongruencia positiva, por haber decidido sobre una defensa o alegato no opuesto por los codemandados, como es la falta de cualidad o interés para sostener el juicio, y por ello, causó al demandante un estado de indefensión y desigualdad en el proceso, toda vez que los demandados nada dijeron sobre su falta de cualidad y por el contrario asumieron tal carácter en el escrito de contestación al libelo de la demanda.
...Omissis...
De la anterior transcripción se observa que, el juzgador de alzada declaró inadmisible la acción incoada por la falta de legitimidad ad causam de algunos de los codemandados, con fundamento en que la acción incoada de reconocimiento de mejor derecho de posesión sobre el bien inmueble objeto de litigio, está dirigida sólo a la ciudadana Rosenda Elisa Carrizo de Suárez y no a los otros codemandados, lo cual en modo alguno constituye un alegato realizado por los codemandados en su escrito de contestación al fondo de la demanda y en ningún otro escrito que conste en el expediente.
Ahora bien, respecto al pronunciamiento de oficio del juez sobre la falta de cualidad para accionar o para sostener el juicio, la Sala en sentencia N° RC-015, de fecha 25 de enero de 2008, caso de Arrendadora Sofitasa C.A. contra Mario Cremi Baldini y otros, expediente N° 05-831, indicó lo siguiente:
...En igual sentido, esta Sala en decisión del 16 de mayo de 2003, caso: Nelson José Mújica Alvarado y otros, contra José Laureano Mújica, ratificó el citado criterio como puede evidenciarse de la siguiente transcripción:
no puede imputarse indefensión al Juez de alzada por no haberse pronunciado sobre el afirmado litisconsorcio necesario o la falta de cualidad activa de la actora para sostener el juicio, cuando la parte demandada guardó silencio sobre el punto en su escrito de contestación al fondo de la demanda, que era el momento idóneo para hacerlo. La indefensión, para que pueda calificarse como tal, debe ser imputable al Juez y no a una omisión alegatoria de las partes. De haberse declarado en Segunda Instancia la falta de cualidad de oficio y desechado la demanda, como aspira la demandada a pesar de no haberse alegado en el escrito de contestación a la demanda, seguramente la Sala debería conocer del recurso de casación de la actora y anular el fallo ante la denuncia por el vicio de incongruencia.
Distinto es el caso en que la ley de forma excepcional faculta al juez para integrar de oficio el litis consorcio pasivo necesario. Un ejemplo de ello está previsto en el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que en los procedimientos de partición y liquidación de herencia ...si de los recaudos presentados el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación....
Asimismo, el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil establece que en el juicio de ejecución de hipoteca ...Si de los recaudos presentados al juez se desprendiere la existencia de un tercero poseedor y el solicitante no lo hubiere indicado, el Juez procederá de oficio a intimarlo....
Por consiguiente, la Sala estima que la falta de cualidad e interés no puede ser declarada de oficio por el juez, salvo los casos de excepción en que el legislador le permite advertir esta circunstancia y le impone el deber de integrar debidamente el litis consorcio pasivo necesario, tal y como quedó establecido en sentencia de esta Sala de fecha 16-02-2001 . (caso: Pedro Ignacio Herrera Mata vs. José Ignacio Herrera Pérez y Berta Pérez de Herrera). (Negritas de esta Sala).
Queda claro, pues, que la falta de cualidad e interés para accionar o para sostener el juicio debe ser alegada por las partes y decidida por el sentenciador en la sentencia definitiva, sin que le sea permitido al juez suplirla oficiosamente. Además, en ningún caso puede imputársele al sentenciador haber lesionado el derecho de defensa de las partes, por no haber declarado procedente el alegato de litisconsorcio necesario o la falta de cualidad activa de la actora para sostener el juicio... (Resaltado y subrayado de la Sala).
De acuerdo al extracto jurisprudencial, se tiene que la falta de cualidad e interés para accionar o para sostener el juicio debe ser alegada por las partes en el proceso y la misma no puede ser declarada de oficio por el juez, salvo los casos de excepción en que el legislador le permite advertir esta circunstancia, por ejemplo, los procedimientos de liquidación y partición de herencia y juicios de ejecución de hipoteca.
En tal sentido, la Sala evidencia que, tal como lo denuncia el recurrente en casación, el fallo del ad quem ciertamente incurre en el vicio de incongruencia positiva, ya que el juez de alzada no cumplió con su obligación de dictar un fallo ajustado estrictamente a las pretensiones de las partes en el proceso, pues, suplió defensas que en ningún momento habían sido alegadas por los codemandados en su escrito de contestación al fondo de la demanda, lo cual configura la delatada infracción al haberse pronunciado sobre aspectos no alegados ni discutidos por la partes durante el proceso. Ello consta de la transcripción de la contestación de la demanda realizada supra, cuando los codemandados afirman la cualidad de poseedores del terreno objeto de la acción.
Por lo antes expuesto, la Sala concluye que la sentencia recurrida incurrió en la infracción de los artículos 243, ordinal 5°, 244, 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, por incongruencia positiva, por lo que declara procedente la denuncia bajo análisis. Así se decide.
Habiéndose encontrado procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se abstiene de examinar y resolver las restantes denuncias que contiene el escrito de formalización, de conformidad con lo dispuesto en el aparte segundo del artículo 320 eiusdem.
Omissis
Esta Sala Constitucional en ejercicio de la facultad de revisión concedida por el artículo 25, cardinales 10 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, procede a revisar la sentencia N° 583, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia el 25 de noviembre de 2011, que declaró CON LUGAR el recurso de casación anunciado por la abogado Elsa Olaves de Suárez en representación judicial de la parte actora, ciudadano JUAN JOSÉ SUÁREZ CARRIZO, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 29 de septiembre de 2010 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas. En consecuencia se declara LA NULIDAD de la sentencia recurrida.
Al respecto, esta Sala de forma reiterada ha señalado que para verificar la existencia del trato desigual en el ámbito jurisdiccional, debe hacerse una comparación entre dos o más decisiones, que resuelvan casos análogos, y si resulta que una de ellas es de distinto juzgamiento, sin que se indique, en forma expresa, un cambio de criterio, ello permite concluir que se encuentra en entredicho el derecho de igualdad de aquellos sujetos involucrados en el caso resuelto por la decisión que es diferente a las demás. Se trata pues, de una divergencia interpretativa en una decisión cuyo sentido diferente de otras decisiones anteriores se debe a que se han hecho menciones jurídicas distintas a las que siempre se han tomado en cuenta (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 366/07).
Cabe añadir además, que esta Sala en sentencia Nº 2.191/2006 asentó que debe garantizarse la confianza legítima y la seguridad jurídica de los justiciables, en los siguientes términos:
[p]recisamente, respecto a la confianza legítima de los ciudadanos frente a la falta de aplicación uniforme de la jurisprudencia la Sala ha indicado que: [l]a uniformidad de la jurisprudencia es la base de la seguridad jurídica, como lo son los usos procesales o judiciales que practican los Tribunales y que crean expectativas entre los usuarios del sistema de justicia, de que las condiciones procesales sean siempre las mismas, sin que caprichosamente se estén modificando ( ) (vid. Sent. Nº 3180/2004 del 15 de diciembre) ( ).
Ciertamente, deben respetarse las circunstancias fácticas e incluso de derecho, que existían para el momento en el cual se haya presentado el debate que se decida en el presente
Ahora bien, el cambio jurisprudencial por parte de la propia Sala de Casación Civil en la materia, si bien se verificó antes de la decisión del fondo del asunto planteado (resolución del recurso de casación), lo cierto es que la demanda que dio origen a la sentencia objeto de revisión fue interpuesta el 4 de agosto de 2008 y el referido recurso de casación fue interpuesto el 19 de noviembre de 2010, por lo que resultaba aplicable el criterio anterior en la materia, al contenido de la sentencia de esa Sala N° 258 del 20 de junio de 2011, tal como se desprende de la jurisprudencia reiterada de esta Sala, contenida en los fallos Nros. 401/04 y 65/07, conforme a las cuales, se ha señalado respectivamente, que:
en la actividad jurisdiccional el principio de expectativa plausible, en cuanto a la aplicación de los precedentes en la conformación de reglas del proceso, obliga a la interdicción de la aplicación retroactiva de los virajes de la jurisprudencia. En tal sentido, el nuevo criterio no debe ser aplicado a situaciones que se originaron o que produjeron sus efectos en el pasado, sino a las situaciones que se originen tras su establecimiento, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica y evitar una grave alteración del conjunto de situaciones, derechos y expectativas nacidas del régimen en vigor para el momento en que se produjeron los hechos.
No se trata de que los criterios jurisprudenciales previamente adoptados no sean revisados, ya que tal posibilidad constituye una exigencia ineludible de la propia función jurisdiccional, por cuanto ello forma parte de la libertad hermenéutica propia de la actividad de juzgamiento, sino que esa revisión no sea aplicada de manera indiscriminada, ni con efectos retroactivos, vale decir, que los requerimientos que nazcan del nuevo criterio, sean exigidos para los casos futuros y que se respeten, en consecuencia, las circunstancias fácticas e incluso de derecho, que existan para el momento en el cual se haya presentado el debate que se decida en el presente.
Sin embargo, si bien es cierto que actualmente, el criterio aplicable en materia de ejecución de providencias administrativas provenientes de las Inspectorías del Trabajo, es el referido anteriormente, en el cual se estableció que las Providencias Administrativas, deben ser ejecutadas por la autoridad que las dictó, sin intervención judicial, por lo que el amparo no es la vía idónea para ejecutar el acto que ordenó el reenganche, esta Sala observa que la acción de amparo interpuesta por la trabajadora Tomasa Graterol Palma, ante el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, por la presunta negativa de la empresa IS- BE- MANTENIMIENTO, C.A, a dar cumplimiento a la Providencia Administrativa n° 243, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador, la cual había sido declarada con lugar ordenando el reenganche y pago de salarios caídos de la trabajadora Tomasa Graterol Palma, fue interpuesta con anterioridad al cambio de criterio establecido por esta Sala en sentencia N° 3569 el 6 de diciembre de 2005, ya que se evidencia que dicho amparo fue interpuesto efectivamente el 18 de marzo de 2005, fecha en la cual el criterio transcrito no había sido establecido por esta Sala y por ende no era vinculante para los demás tribunales de la República, por tanto esta Sala comparte lo esgrimido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, cuando estableció que aplicarle al caso de autos retroactivamente la referida jurisprudencia, sería atentar contra la seguridad jurídica de la justiciable y contra la tutela judicial efectiva de los particulares, ya que de aplicar al caso concreto dicho criterio, traería como consecuencia una reposición inútil de la causa, dicha reposición perjudicaría a la trabajadora accionante del amparo que fue declarado con lugar.
En este sentido, esta Sala debe hacer referencia a la sentencia n° 3057, dictada el 14 de diciembre de 2004 (caso: Seguros Altamira):
( )
Del fallo que antecede cuya doctrina aquí se ratifica se deduce que los cambios de criterios jurisprudenciales se producen cuando el Tribunal altera o modifica explícita o implícitamente la doctrina que había asentado con anterioridad; sin embargo, es preciso el señalamiento de que no todo abandono de un criterio anterior supone indefectiblemente un cambio de criterio jurisprudencial, ya que puede que el mismo sea aparente, fenómeno éste que tiene su origen en la inercia de entresacar frases generales de las sentencias sin preocuparse del caso debatido o de limitarse al fallo sin conocer las verdaderas circunstancias del caso o cuando se invocan sentencias anteriores como contrarias a la actual y las citas extraídas son obiter o bien la invocación es errónea porque la sentencia invocada o no tiene que ver con la cuestión debatida o dice lo mismo que la sentencia actual. (Cfr. Puig Brutau, J. Cómo ha de ser invocada la doctrina civil del Tribunal Supremo, Medio Siglo de Estudios Jurídicos, Valencia, España, 1997, p. 189).
Tampoco existe cambio de criterio jurisprudencial cuando la nueva doctrina se deriva de un cambio en la legislación o si el Tribunal se pronuncia, por primera vez, respecto del caso en litigio o este es diferente al que invoca la parte como jurisprudencia aplicable.
Asimismo, se desprende de la doctrina que fue transcrita, que la Sala Constitucional tiene potestad para la revisión del cambio de criterio jurisprudencial de las demás Salas de este Tribunal, en tanto y en cuanto dicho cambio vulnere derechos o principios jurídicos fundamentales, bien sea porque carezca de una motivación suficiente y razonable, es decir, aparezca como arbitrario o irreflexivo; o cuando la nueva interpretación de la Ley no sea válida para la resolución de una generalidad de casos, sino tan sólo del caso concreto, o cuando se le dé eficacia retroactiva, es decir a situaciones jurídicas o fácticas que surgieron con anterioridad al cambio pero cuyo litigio se resuelve con base en dicha mutación de criterio jurisprudencial, máxime si la norma incorpora algún obstáculo o requisito procesal o sustantivo que no se exigía para el momento en que se produjo la relación jurídico material o que el mismo entrañe una limitación, desmejora o restricción significativa de un derecho o facultad o comporte una evidente situación de injusticia.
En el caso sub examine, advierte esta Sala que en la sentencia n° RC-00457/2004, la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia cambió el criterio jurisprudencial que había asentado en decisión n° 58 de 21 de marzo de 2000, caso: Hildegardis Mata de González y otros vs Pedro Rafael Palacios Barrios y Tucker Energy Services de Venezuela S.A. respecto de la aplicación supletoria del artículo 223 del Código de Procedimiento Civil al emplazamiento por carteles que establecía el artículo 77 de la derogada Ley de Tránsito Terrestre de 1996, tal y como lo afirmó la solicitante, lo cual comprobó esta Sala por notoriedad judicial mediante la lectura de ambos fallos en el sitio web de este Tribunal, en el que, además, encontró que, con posterioridad al cambio de criterio en cuestión, se produjo una decisión en un caso análogo en la que se acogió esa nueva doctrina. (Vid. S.S.C.C. RC-00616/2004 de 15 de julio, caso: Sebastiano Mangiafico Latina).
Observa esta Sala que, en la sentencia cuya revisión se pretende, la Sala de Casación Civil no precisó el por qué abandonó o se apartó del criterio que imperaba para ese entonces, es decir, el por qué adoptó la nueva orientación, por lo que dicho cambio jurisprudencial careció de motivación.
Conforme a lo expuesto, esta Sala ha reiterado en múltiples fallos (Vid. Sentencia Nº 3702/2003 del 19 de diciembre, caso: Salvador de Jesús González Hernández, entre otras), que la aplicación retroactiva de un criterio jurisprudencial, iría en contra de la seguridad jurídica que debe procurarse en todo Estado de Derecho. Por tal razón, en los casos en que esta Sala ha modificado un criterio jurisprudencial, que entiende ha permanecido en el tiempo, expresamente señala que dicho cambio surtirá efectos a partir de la publicación del fallo que lo contiene o en los términos que la propia Sala indique (Vid. sentencia Nº 438/2001 del 4 de abril, caso: C.V.G. Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) C.A.). (Negrillas, cursivas, subrayado y mayúsculas de la decisión).
Sobre la base de las precedentes criterios jurisprudenciales la Sala debe reiterar, de acuerdo con los principios constitucionales de la confianza legítima y expectativa plausible, que los criterios adoptados en las sentencias N° 15 y 258 de fechas 25 de enero de 2008 y 20 de junio de 2011, referidos a la falta de cualidad que puede ser declarada de oficio por el juez, no pueden ser aplicables al caso bajo examen, so pena de incurrir en la indebida aplicación de un nuevo criterio jurisprudencial a una situación jurídica ocurrida con anterioridad a la fecha de la sentencia que originó el cambio de jurisprudencia.
Por consiguiente, queda evidenciado que era aplicable al caso de autos el criterio sentado por esta Sala en la sentencia de fecha 21 de junio de 1995, caso: Haydee Martínez y otros contra Manuel Otilio Martínez, reiterado en la decisión del 16 de mayo de 2003, caso: Nelson José Mújica Alvarado y otros, contra José Laureano Mújica, conforme al cual la falta de cualidad e interés debe ser alegado por los intervinientes en el proceso judicial en la fase de alegaciones, por ser éste el criterio que prevalecía para la fecha en que se presentó el libelo de la demanda, es decir, para el día 2 de mayo de 2006, todo de conformidad con la doctrina reiterada de esta Sala de Casación Civil y de la Sala Constitucional. Así se declara.
Decisión está basada de la lectura minuciosa realizada por esta Sala a las actas procesales contenidas en el expediente, en la cual no se observa del escrito de contestación a la demanda (folios 235 al 243), que haya sido opuesta la defensa de falta de cualidad pasiva, lo que genera que el fallo recurrido se encuentra viciado de incongruencia positiva con infracción del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
Por haber prosperado una de las denuncias por defecto de actividad de las previstas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la Sala no decidirá las restantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del mismo Código. Así se establece.
D E C I S I Ó N
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado contra la decisión del el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira dictada en fecha 5 de diciembre de 2013. En consecuencia, ANULA el fallo recurrido, y ordena al tribunal superior que resulte competente, dicte nueva sentencia sin incurrir en el vicio detectado.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
Dada la índole de la presente decisión, no hay condenatoria en costas.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al juzgado superior anteriormente mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cinco (5) días del mes de agosto de dos mil catorce. Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
Presidenta de la Sala,
__________________________
YRIS PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta-ponente,
____________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
____________________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Magistrada,
_____________________________
AURIDES MERCEDES MORA
Magistrada,
________________________
YRAIMA ZAPATA LARA
Secretario,
________________________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. Nro. AA20-C-2014-000104.
Nota: Publicado en su fecha a las
Secretario,
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