Sentencia N.º RNyC.00246
- Sentencia
- N.º RNyC.00246
- Fecha
- 23/03/2004
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 02-879
- Ponente
- Carlos Oberto Vélez
- Procedimiento
- Recurso de Nulidad y Casación
- Enlace fuente oficial
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SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ
En el juicio por partición de comunidad conyugal y subsidiariamente por nulidad del convenio de separación de cuerpos y de bienes intentado ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la ciudadana ANITA BITTON JIMÉNEZ, representada judicialmente por los abogados en el ejercicio de su profesión Johnny Mujica Colón y Johnny Mujica Carelli, contra el ciudadano DAVID COHEN CORCIA, patrocinado por los profesionales del derecho Eliecer Peña Granda, Yadira Granda y José Rafael Martínez Gamboa; el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, actuando como Tribunal de Reenvío, dictó sentencia en fecha 21 de junio de 2002, mediante la cual declaró sin lugar, tanto el recurso procesal de apelación interpuesto por la demandante, como la demanda incoada. En consecuencia, confirmó el fallo apelado y la condenó al pago de las costas procesales.
Contra el precitado fallo, la demandante anunció recursos de nulidad y casación, el cual fue admitido y formalizado. Hubo impugnación.
Concluida la sustanciación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe y lo hace previa las siguientes consideraciones:
RECURSO DE NULIDAD
De conformidad con lo dispuesto del artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, la Sala deberá pronunciarse en primer lugar, sobre la procedencia del recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia de reenvío y, subsidiariamente, si es el caso, en relación al recurso de casación.
En este sentido, en fecha 16 de febrero de 2001, esta Sala de Casación Civil, declaró con lugar el recurso de casación intentado contra la sentencia de fecha 22 de diciembre de 1999, dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. El referido fallo casacional señaló lo siguiente:
...A partir de una sentencia del 28 de abril de 1993 (Parcelamiento Sinamaica, C.A.) la Sala sostuvo que la técnica para la denuncia del vicio de silencio de pruebas debía hacerse bajo un recurso por defecto de actividad, ordinal 1° del artículo 313 y delatándose la infracción del artículo 243, ordinal 4° eiusdem, por incurrir la recurrida en el vicio de inmotivación, pudiendo el recurrente colorear la denuncia con la delación de los artículos 12 y 509 eiusdem. No obstante, en reciente sentencia del 21 de junio de 2000 FARVENCA ACARIGUA, C.A. contra FARMACIA CLAELY, C.A. la mayoría de la Sala, con el voto salvado del Magistrado que hoy actúa como ponente, modificó su doctrina y señaló que a partir de la última fecha antes citada la denuncia en casación del vicio de silencio de pruebas deberá hacerse bajo el recurso de fondo, en conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, en observancia al derecho de la defensa de las partes en el proceso, la Sala sostuvo que la nueva técnica para denunciar en casación el vicio de silencio de pruebas será aplicable a los recursos que se admitan a partir del 22 de junio de 2000 inclusive en adelante, y siendo que la formalización en el presente juicio se presentó el 13 de marzo de 2000 la Sala pasará excepcionalmente al análisis de la denuncia en cuestión, lo cual hace en los términos siguientes:
(...OMISSIS...)
Analizando los argumentos del escrito de contestación al recurso, ya se expresó, como punto previo, que el recurrente antes del cambio de doctrina de la Sala en la materia (sentencia del 21 de junio de 2000), por vía de un recurso por defecto de actividad se limitó a denunciar la existencia del vicio de silencio de pruebas. Siendo así, se ajustó a la técnica requerida y sin que fuese necesario, al menos con el criterio de la Sala para el momento en que se presentó la formalización, que la parte recurrente tuviese que encuadrar su denuncia bajo un recurso de fondo. Por lo demás, el formalizante no combate el mérito de la prueba documental que aportó a los autos, sino que sostiene no se examinaron varios documentos.
Entrando al fondo de la denuncia, la Sala de la propia cita que hace el impugnante, constata como el recurrente indica que la alzada omitió todo análisis sobre la prueba documental aportada con el libelo, salvo lo relativo a las capitulaciones matrimoniales celebradas entre las partes, la cual la recurrida analizó exhaustivamente, así como la copia certificada de la sentencia que declaró la conversión en divorcio dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas el 18 de julio de 1996, con lo cual ciertamente está presente el vicio de silencio de pruebas, pues la alzada no se pronunció sobre el documento de compra y venta de diversos inmuebles.
(...OMISSIS...)
Al omitir esa valoración la sentencia recurrida adolece del vicio de inmotivación, incurriendo así en la causal de censura consagrada en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cuya delación se declara procedente, así como la de los artículos 12 y 509 eiusdem.
La Sala en atención con lo previsto en el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil decreta la reposición de la causa al estado que el Juez de reenvío dicte nueva sentencia, sin incurrir en el vicio que dio motivo a la casación del fallo y por encontrar procedente una infracción de las descritas en el artículo 313, ordinal 1°, eiusdem, se abstiene de entrar a conocer y decidir las restantes denuncias planteadas en la formalización.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado por los apoderados de la ciudadana ANITA BITTON JIMÉNEZ, contra la sentencia definitiva dictada el 22 de diciembre de 1999 por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, con motivo del juicio seguido por la ciudadana ANITA BITTON JIMÉNEZ contra el ciudadano DAVID COHEN CORCIA, ambas partes debidamente identificadas en autos. En consecuencia, se decreta la nulidad del fallo recurrido y se ordena al Tribunal de reenvío que resulte competente dictar nueva sentencia sin incurrir en el vicio de actividad que determinó la casación del fallo recurrido. (Mayúsculas, negritas y subrayado de la transcrita).
Como se evidencia de la transcripción realizada, la decisión casacional anuló el fallo de Alzada por haber incurrido en un defecto de actividad, al infringir el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y por vía de consecuencia, ordenó al juez que resultara competente dictar nuevo fallo.
En acatamiento de lo anterior, el precitado Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó la decisión hoy recurrida de nulidad.
En relación al recurso de nulidad, la doctrina imperante de la Sala ha sostenido que, sólo procederá cuando el Tribunal de reenvío no haya acatado el criterio casacionista ordenado en razón a los errores de juzgamiento delatados y no por defectos de actividad.
En este sentido, la Sala en sentencia Nº 479 de fecha 20 de diciembre de 2001, juicio Banunión N.V. contra Asfalto de Petróleo Asfapetrol, C.A. y otra, expediente 00-101, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, dejó sentado lo siguiente:
...Esto es, más de treinta años después, el turbulento avance de la materia dejó claro que, inclusive, sólo procede el recurso de nulidad que plantea el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, en este único supuesto:
Cuando la Sala de Casación Civil ha casado una sentencia por error de juicio o error in iudicando y el Juez de reenvío contraría la doctrina desarrollada en el fallo. No puede intentarse el recurso de nulidad cuando la Sala de Casación Civil ha casado una sentencia por vicio de actividad, ya que en este caso se repone la causa y se sustancia de nuevo el juicio por el juez de reenvío que no está atado sino por la obligación de respetar las reglas de derecho, en dicha sustanciación, y en la elaboración de la nueva sentencia (Sentencia de 24 de abril de 1998, en el juicio de Inversora Findam, S. A. contra La Porfia, C. A.).
Como se podrá notar, el desarrollo del tema ha dado fructíferas enseñanzas, siendo una de éllas, la más notable, que el recurso de nulidad está dirigido a delatar la consonancia de la sentencia del Tribunal de reenvío con la doctrina de casación que la antecedió, siempre y cuando se refieran a errores de juzgamiento. Luego, no es posible realizar el recurso de nulidad para denunciar vicios de procedimiento anteriores ni posteriores a la sentencia de reenvío, o de construcción de esa misma decisión, lo cual quedará en el dominio de las denuncias del recurso de actividad que deberá interponerse en forma subsidiaria al de nulidad, o en forma principal si no hubiese razones para presentar el primero.
Como el recurso de nulidad de la demandante se refiere a problemas típicos de actividad previa a la sentencia de reenvío, y no aparece el señalamiento sobre la disconformidad de la sentencia recurrida con la tesis de casación, esta Sala debe declarar sin lugar dicho recurso en el dispositivo del presente fallo. Asi se decide....
Ahora bien, como se adelantó supra, la sentencia de casación, que dio lugar al reenvío, dictada en fecha 16 de febrero de 2001, declaró procedente el vicio por defecto de actividad denunciado. Por consiguiente, sin temor en equivocación, afírmanos que en el presente asunto el ad quem en manera alguna pudo incurrir en el supuesto de procedencia del recurso de nulidad establecido en la doctrina consignada y como efecto del artículo del artículo 323, toda vez que con la declaratoria del defecto de actividad y la reposición de la causa, a tenor de la presentada doctrina el juez asume la autonomía plena para sustanciar de nuevo el juicio.
En fuerza de la doctrina transcrita, y atendiendo a los supuestos de hecho configurados en este caso, necesariamente el recurso de nulidad intentado contra la recurrida, debe declararse inadmisible, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12, 15, 208, 209, 440, 441 y 442, todos del mismo Código, y el 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por haber violado el derecho a la defensa y al debido proceso.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente forma:
...La parte demandada en la oportunidad de promover pruebas promovió documentales en los siguientes términos:
(...OMISSIS...)
Mi representada, vista la promoción efectuada por el demandado de las documentales antes indicadas las tachó de falso y en su debida oportunidad formalizó la tacha, formalización que quedó planteada en los siguientes términos:
(...OMISSIS...)
Ahora bien, no obstante a que mi representada formalizó la tacha, la parte demandada no insistió en hacer valer los documentos tachados conforme lo establece el artículo 441 del Código de Procedimiento Civil, habiendo quedado por tanto tales documentos desechados del debate procesal, no pudiendo ser apreciados por el Tribunal. No obstante a lo anterior la Recurrida aprecia tales documentales cuando expresa:
(...OMISSIS...)
De lo anterior se desprende que la Recurrida aprecia unas documentales que en razón de la tacha habían quedado desechadas del debate, lo que no podía hacer, y al así hacerlo, viola el debido proceso y el derecho a la defensa de mi representada consagrados en el artículo 49 de la Constitución Nacional (Sic) al negarle aplicación a los artículos 440, 441 y 442 del Código de Procedimiento Civil, por que (Sic) de haberlos aplicado, debió desechar tales documentales, lo que no hizo, si no (Sic) que por el contrario, apreció tales instrumentos y en base a ellos declaró sin lugar la demanda, todo lo cual trae como consecuencia la necesaria reposición de la causa al estado en que se decida la incidencia de tacha para que luego, esto es, una vez determinado si tales instrumentos deben ser apreciados o no, se proceda a dictar sentencia definitiva en primera instancia.
En estos términos queda planteada la presente denuncia la cual solicito sea declarada con lugar por esta Sala....
Para decidir la Sala, observa:
La presente denuncia la fundamenta el recurrente en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por quebrantamiento de formas procesales atinentes a la violación del derecho a la defensa y el debido proceso, -según su dicho- por falta de aplicación por parte del Juez Superior de los artículos 440, 441 y 442 eiusdem.
La determinación y diafanidad son necesarias en las luchas judiciales. En ese sentido, varias disposiciones regulan la conducta de los encargados de administrar justicia, asi como de quienes ocurren a los Tribunales en demanda de ella. No hay fórmulas imperativas, pero sí se requiere claridad y también precisión en lo que se pide o se impugna, y en los fundamentos que apoyan las peticiones. A esta disciplina está sujeto con especial rigor el recurso de casación, tanto por su naturaleza como por su objeto y consecuencias, pues con él, se persigue anular una decisión para corregir ilegalidades enfrentadas en ella a la ley, con prescindencia del resto de las actas procesales, todo lo cual hace que dicho recurso sea de rígido tecnicismo, porque ocurre con frecuencia que infringida la ley no se acierta en la disposición no aplicada o aplicada mal; no es congruente la razón con la violación denunciada, o no se observa la técnica requerida para fundamentar la denuncia.
En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1º del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2º del artículo 313 eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción por falsa o falta de aplicación de la norma asi como el error en la interpretación de la misma; y, 4) La especificación de las normas jurídicas que el Tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.
Como puede verse, el legislador en el citado artículo 317, estableció con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias, para la estructuración del escrito de formalización. Además de imponer al recurrente la obligación de señalar las disposiciones de la ley que realmente deben resolver la controversia planteada.
La fundamentación, como ya lo ha explicado la doctrina de la Sala, es la carga procesal más exigente impuesta al recurrente como requisito esencial de la formalización, por su amplitud, complejidad y trascendencia. Requiere el desarrollo de razonamientos sometidos a una lógica clara y concreta, y al mismo tiempo a los principios que, primordialmente, la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido elaborando.
Sobre este particular, la Sala ha expresado, entre otras decisiones, la de fecha 30 de julio de 2002, caso Rocco Minicucci D´Onofrio contra la sociedad mercantil Ferretería Industrial, C.A., expediente N° 2001-000261, sentencia N° 346, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, lo siguiente:
...En numerosas decisiones la Sala ha señalado que el escrito de formalización del recurso de casación debe ser claro y preciso, debiendo el recurrente mencionar en sus denuncias las causales respectivas, de acuerdo con el recurso de casación invocado, dado que este recurso extraordinario equivale a una demanda de nulidad contra la sentencia recurrida. Esta carga le corresponde al recurrente, bajo pena de que el recurso extraordinario sea declarado perecido por falta de técnica.
En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden en que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 ejusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y 4) La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de la última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.
Como puede verse, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo al escrito de formalización, establece con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias. Así, en primer término y de manera separada cuestión que no hizo el formalizante- deben denunciarse los quebrantamientos u omisiones contemplados en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y, posteriormente, la denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 ejusdem, expresándose además las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea. Asimismo, se impone al formalizante la obligación de señalar las disposiciones de la Ley que se consideran infringidas, o las que realmente son aplicables para resolver la controversia planteada....
(...OMISSIS...)
En el sub iudice, la Sala observa, que en la formalización del recurso de casación, la denuncia no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el recurrente señala la infracción por falsa aplicación y la desarrolla como un error de interpretación. Es decir, el recurrente no cumplió con el requisito referente a sí el error de juzgamiento denunciado en el fallo era la falsa aplicación de las normas o un error de interpretación de las mismas, lo que delata la deficiente técnica de formalización empleada, que impide volcar la flexibilidad abanderada por la Sala para determinarlo como un error material....
En el sub iudice, la Sala observa que el formalizante formula su denuncia de manera ambigua: debido a la mezcla en la fundamentación de la delación, al señalar la violación del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, conjuntamente con la falta de aplicación de los artículos 440, 441 y 442 eiusdem; vaga: ya que denuncia indistintamente una supuesta violación del derecho a la defensa y el debido proceso, el artículo 49 de la Constitución Nacional y los citados artículos del Código Adjetivo Civil; e ininteligible: dado que se dedica a transcribir en exceso las actas del expediente, sin expresar con claridad cómo fueron lesionados los referidos derechos constitucionales. Por lo cual no encuentra esta Sala que se haya hecho una coherente fundamentación, dirigida a demostrar el vicio delatado. Por el contrario se confunde la esencia misma de la denuncia.
En consecuencia, la Sala evidencia una deficiente técnica en la formalización, que deriva de la confusión en que incurre el recurrente entre los motivos de la casación, por denunciar un defecto de actividad con fundamento a supuestos errores de juzgamiento, todo lo cual no permite volcar la flexibilidad abanderada por la Sala, para determinarlo como un error material. Por lo expuesto, se desecha la presente denuncia, por falta de técnica. Así se decide.
II
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12, 15, 208, 209, 440, 441 y 442, todos del mismo Código, y el 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por haber violado el derecho a la defensa y al debido proceso.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente forma:
...La parte demandada en la oportunidad de promover pruebas promovió documentales en los siguientes términos:
(...OMISSIS...)
Mi representada, vista la promoción efectuada por el demandado de las documentales antes indicadas las tachó de falso y en su debida oportunidad formalizó la tacha, formalización que quedó planteada en los siguientes términos:
(...OMISSIS...)
Ahora bien, no obstante a que mi representada tachó de falso tales documentales y la parte demandada no insistió en hacer valer lo que trajo como consecuencia que tales instrumentos probatorios quedaran desechados del proceso-, era menester que el Tribunal de Instancia se pronunciara sobre la tacha antes de decidir el fondo de la controversia, lo que nunca hizo, violando con tal parecer los artículos 440, 441 y 442 del Código de Procedimiento Civil (Sic) por falta de aplicación al no darle el debido trámite a la incidencia de la tacha.
Frente a lo anterior, la conducta de la Recurrida debió ser la de reponer la causa al estado en que el a quo se pronunciara sobre la tacha para luego decidir el fondo, pero lejos de depurar el proceso, comete una nueva violación al derecho a la defensa y al debido proceso al decidir de manera extemporánea la tacha propuesta declarándola además sin lugar cuando en razón de haber sido tachados los instrumentos y no haberse insistido en hacerse (Sic) valer los mismos operó la confesión ficta y los mismos quedaron desechados del proceso debiendo ser por tanto declarada con lugar la tacha-, lo que no podía hacer sin violar los artículos anteriormente citados conforme lo tiene establecido este máximo (Sic) Tribunal, quien ha establecido que la tacha propuesta ha debido ser decidida antes de que se pronunciara sentencia de primera instancia en razón de que mal podía decidirse el fondo de la controversia sin haberse decidido previamente si tales documentales formaban parte o no del debate probatorio, y al no haberse hecho así, vicia de muerte el procedimiento y hace necesaria la reposición del mismo al estado en que se resuelva la tacha, para que luego de ello y una vez precisada la conformación del material probatorio apreciable, el tribunal de instancia decida el fondo de la causa. En efecto, así lo tiene decidido este Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia que transcrita parcialmente es del tenor siguiente:
(...OMISSIS...)
Todo lo anterior vicia la recurrida de nulidad al ser ella violatoria del derecho a la defensa de mi representada y del debido proceso, haciéndose necesario que se reponga la causa al estado en que se decida la tacha propuesta, para que luego de ello, una vez determinado el cuerpo probatorio, se pronuncie sentencia de primera instancia.
Así queda planteada la presente denuncia la cual solicito sea declarada con lugar por esta Sala....
Para decidir, la Sala observa:
El recurrente, nuevamente plantea que el ad quem, violó el derecho a la defensa y el debido proceso de su representada, además de infringir el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 440, 441 y 442 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación.
Por lo señalado para desestimar la delación planteada anteriormente y vista la estrecha e idéntica relación existente entre la fundamentación de la presente denuncia y la de aquélla, al pretender el recurrente delatar vicios en que supuestamente incurrió el ad quem, la Sala, a fin de evitar tediosas repeticiones inútiles y el desgaste innecesario de la jurisdicción, considera inútil realizar nuevamente los razonamientos expuestos precedentemente, los cuales da por aplicados y reproducirlos aquí íntegramente, para establecer la falta de técnica en la fundamentación de la presente denuncia, lo que determina que la misma sea desechada. Asi se decide.
III
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12, y 243, ordinal 4°, todos del mismo Código, por haber incurrido según el formalizante- en el vicio de inmotivación por silencio de pruebas.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente forma:
...En efecto, expresa la Recurrida:
(...OMISSIS...)
Como se podrá observar, la Recurrida al examinar al testigo Andrés Froment se limita en indicar que el demandado promovió documentos emanados de ese tercero y de que éste procedió a reconocerlo en declaración testimonial, sin embargo, aun cuando la Recurrida valora en consecuencia ese testigo, no expresa ni tan siquiera las razones del por qué le merece fe el testigo ni hace tampoco una síntesis lacónica ni de las preguntas ni de las repreguntas, vicio conocido como de inmotivación por silencio de prueba que anula la sentencia y que trae como consecuencia la necesaria reposición de la causa al estado en que el Tribunal dicte nueva sentencia analizando debidamente tal probanza.
Así queda fundamentada la presente denuncia que solicito sea declarada por esta Sala....
Para decidir, la Sala observa:
Es necesario puntualizar que la doctrina sobre el vicio de silencio de prueba ha mantenido el criterio conforme al cual el juez debe realizar el examen de la totalidad del material probatorio aportado por las partes, y en caso de incumplir con ese deber, su sentencia estaría viciada de inmotivación, por omitir el análisis de algún elemento de probanza; esta infracción debía denunciarse como defecto de actividad, con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, de un detenido y exhaustivo estudio realizado sobre las actas acreditadas al expediente, en especial del escrito a través del cual el formalizante consignó la denuncia, la Sala considera oportuno y necesario nuevamente- señalar que la doctrina relacionada con la técnica casacionista para delatar el vicio del silencio de prueba fue abandonada, y la nueva doctrina, establecida al respecto, ha sido considerada pedagógicamente con la intención de darle amplitud a los argumentos del criterio implantado, encaminado a consolidar la verdadera maximización y conceptualización de la ciencia del derecho, como fin perfeccionista de la reestructuración del Sistema Judicial, por lo cual en decisión N° 204 de fecha 21 de junio de 2000, en el juicio seguido por FARVENCA ACARIGUA C.A. contra FARMACIA CLAELY, C.A., expediente N° 99-597, estableciéndose a partir de esa data, que para que la Sala conozca una denuncia de esta naturaleza, la misma deberá ser fundamentada como infracción de ley, en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. En este orden de ideas, es menester aclarar que la nueva doctrina, supra reseñada, debe ser aplicada al sub iudice, en virtud de que la admisión del recurso de casación bajo análisis, lo fue el 16 de octubre de 2002, fecha evidentemente posterior a la sentencia que contiene el cambio de jurisprudencia acotado.
En consecuencia, la presente denuncia, al ser planteada bajo la estructura de un defecto de actividad, se desestima, al igual que las anteriores, por la falta de técnica. Asi se decide.
IV
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12, y 243, ordinal 5°, todos del mismo Código, por haber incurrido según el formalizante- en el vicio de incongruencia positiva.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente forma:
...Para mayor claridad de esta denuncia, tengo necesariamente que reproducir parte del texto del libelo al igual que fragmentos de la contestación y fragmentos de la recurrida. En efecto:
Expresa el libelo:
(...OMISSIS...)
Conforme al artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y siendo la sentencia el medio final para la realización de la justicia como culminación del proceso conforme lo prevé el artículo 257 de la Constitución Nacional (Sic), los jueces deben atenerse por una parte a lo que aleguen las partes y por la otra a la prueba de esos hechos, para que de su confrontación, surja una sentencia congruente. En el caso de autos, la esposa-demandante alegó que ciertamente se suscribieron capitulaciones matrimoniales estableciendo ellas el régimen que en el matrimonio tendrían los bienes propios antes de su celebración, quedando establecida una comunidad en cuanto a los demás bienes que se adquirieran durante el matrimonio que no fueran el producto de la enajenación de los bienes propios. La recurrida, al decidir, suple un alegato que no hizo el demandado, pues éste, como lo expresa la contestación de la demanda y lo recoge la recurrida, negó la existencia de la comunidad conyugal al rechazar la demanda tanto en los hechos como en el derecho y al excepcionarse alegando que los bienes existentes eran suyos por haberlos adquirido con su propio patrimonio. La recurrida establece la existencia de la comunidad conyugal, pero finalmente señala, que los bienes habidos en la misma son propios del demandado quien nada tenía que probar sobre esa circunstancia, y ello, por cuanto, según la recurrida, la demandante confesó haber trabajado en la Embajada de Marruecos y esto no es una causa de ingreso suficiente, lo que por cierto, no fue alegado por el demandado, ya que el demandado, tal y como se desprende de la transcripción parcial de la contestación y de la recurrida, lo que alegó fue la no existencia de la comunidad conyugal, y en razón de esto último, sin atenerse a lo alegado y probado autos (Sic), declara que no existen bienes que partir y que por tanto no se causó lesión a la parte actora, y al así hacerlo, suple una defensa no esgrimida por la parte demandada, cual es, que la demandada (Sic) no originó suficientes ingresos, actividad de la recurrida que origina que la demanda sea declarada sin lugar, violando con tal proceder la recurrida el deber de atenerse a lo alegado y probado en autos contenido en el ordinal quinto del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y que conforme al artículo 244 eiusdem, hace nula la sentencia por estar viciada de incongruencia positiva.
En estos términos queda planteada la presente denuncia, la cual solicito sea declarada con lugar por esta Sala.... (Negritas y subrayado del recurrente).
Respecto a lo denunciado, la recurrida en casación hizo el siguiente pronunciamiento:
...Con la anterior enumeración de todos y cada una de las pruebas aportadas, aquellas que son apreciadas lo han sido en concordancia entre ellas para que esta Alzada en acatamiento del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil (Sic) pueda conocer la verdad y atender las pretensiones y defensas de cada una de las partes y del conjunto de esas pruebas este Tribunal observa que la demandada demostró la existencia de la comunidad conyugal porque así consta en el Particular Quinto de las Capitulaciones Matrimoniales lo cual conduce a examinar si la separación de bienes tramitada ante el Juez Octavo de Primera Instancia de Familia y Menores está sujeta a nulidad y si la acción no ha caducado, encontrando esta Alzada que a tenor de los (Sic) dispuesto en el artículo 1346 del Código Civil la duración del tiempo para intentarla es de 5 años por lo que se desprende que fue intentada dentro del lapso habida cuenta que la separación se firmó el 14-06-95. Así se decide.
Examinada esta causal de improcedencia y habiéndola desechado debe este Juzgador entrar a decidir los motivos por los cuales Anita Bitton Jiménez asegura que la separación de bienes es nula, lo cual quedó resumido por ella misma en este párrafo de su libelo:
Esto hace concluir que en la parte patrimonial de la separación de cuerpos hubo manipulación de expresiones que conllevaron al error de mi parte, de suponer que por existir Capitulaciones Matrimoniales no existía comunidad de bienes conyugales, concluyéndose en la misma que no era preciso hacer partición de bienes, cuando en realidad si existen bienes que partir, error que condujo a viciar mi consentimiento mediando igualmente dolo que vició igualmente mi consentimiento, causando lesión en el convenio patrimonial.
De tal manera que analizada la separación objeto de la acción subsidiaria de nulidad, en su texto no encuentra este Tribunal, como asienta la demandante, que allí se dijo que no había comunidad conyugal, cuando lo cierto es que ambos cónyuges lo que allí reconocen es que por efecto de las capitulaciones matrimoniales se estableció un régimen separado de bienes y el cual se anexa marcado C; por tal razón no existieron ni existen bienes comunes que partir ya que todos los bienes de los cuales son titulares cada cónyuge le pertenecen única y exclusivamente a ellos por haberlos adquirido de su propio peculio, con lo cual lo único que ella hace en esa separación es reconocer que no hubo bienes de la comunidad porque todo lo adquirido fue consecuencia de bienes y patrimonio de cada uno de ellos, pero en ningún momento niega la existencia de la comunidad sino que lo que se entiende es que a pesar de la comunidad constituida esta sociedad no llegó a adquirir ningún bien. Mal podría alegar que fue inducida a error, cuando de lo transcrito se evidencia que no lo hubo, que la clara redacción de la separación no concuerda con lo alegado por ella invocado en el libelo, no olvidemos que en lo atinente a la nulidad planteada no goza de presunción legal que la exima de prueba.
El artículo 1142 del Código Civil prevée (Sic) en su ordinal 2° que todo contrato puede ser anulado por vicios del consentimiento dado a consecuencia de un error excusable o arrancado por violencia o dolo causa la anulabilidad del contrato, por lo que esta Alzada ha hecho un análisis de adecuación del supuesto de las normas y la realidad procesal.
La demandante dice en el libelo que la separación de bienes fue suscrita por error porque ella creía que no había comunidad conyugal y que esa equivocación la ocasionó la conducta dolosa de su cónyuge cuando de la separación misma se observa que lo único que consta es que por fuerza de las capitulaciones no se llegó a adquirir bienes de la comunidad y que por esa razón no hay patrimonio conyugal que repartir.
De esta forma no se revela a esta Alzada el error provocado alegado, y en fuerza de los documentos públicos antes valorados no prueba la actora el error que alegó. Así se decide.
(...OMISSIS...)
Lo único que ese cambio de estado civil u omisión generaría sería la anulabilidad del negocio jurídico plasmado en cada documento sólo en el caso que el bien comprado lo haya sido con patrimonio ganancial o que el bien vendido fuera de la comunidad, así lo prevé el artículo 170 del Código Civil. Otra conclusión sería ilógica.
Dicho lo anterior pareciera que no sería necesario analizar si en efecto la incorrecta identificación del estado civil del cónyuge David Cohén Corcia o la omisión en los mencionados documentos constituye o no dolo, lo cual no es cierto ya que de resultar procedente la nulidad de la separación aquí demandada y por consiguiente la declaratoria de partición planteada, debe quedar claro si ese supuesto dolo es capaz de causar la anulabilidad de las ventas y compras antes referidas.
Habida cuenta de que esta Superioridad debe extraer de las pruebas indicios suficientes para declarar, sin dudas, la mala fe que la demandante le imputa a David Cohén Corcia, debe cuidadosamente valorar las probanzas en razón que la inocencia se presume como principio constitucional y legal y lo contrario es objeto de prueba y después del análisis que en esta decisión se ha venido haciendo no encuentra esta Alzada elementos que sustenten una declaratoria de dolo en la conducta de David Cohén Corcia, por el contrario, debido a que resulta contradictorio sostener tal acusación cuando en autos consta que ambas partes siempre estuvieron de acuerdo en que los bienes adquiridos eran propiedad particular del cónyuge en fuerza de lo cual no tiene sentido que bajo ese estado psicológico el ciudadano David Cohén Corcia se sintiera motivado a ocultar o falsear su estado civil que para lo único que esto le serviría sería para disponer de bienes gananciales, en razón de este argumento no cabe concluir que sabiéndose único propietario sintiera la necesidad de utilizar esos artificios, es obligatorio concluir que no hay dolo en la conducta aquí analizada. Asimismo considera este Juzgado que los supuestos ilícitos fiscales que denuncia la actora como constitutivos de ese dolo, además de que no pueden ser conocidos ni decididos por esta (Sic) Tribunal debido a su incompetencia por la materia, de resultar ciertos, tampoco constituyen conducta dolosa que haga pensar en el error provocado que tanto opone la demandante porque en todo caso no sería ella la parte lesionada sino la Hacienda Pública Nacional. Así se decide.
Otro de los argumentos alegados por Anita Bitton Jiménez fue la lesión patrimonial presuntamente por el ocultamiento de dinero y otros bienes, llega incluso a reclamar participación en un inmueble que según el documento público antes valorado el demandado lo adquirió después de declarada la separación de cuerpos que por aplicación del Artículo (Sic) 173 del Código Civil extingue la comunidad conyugal y como quiera que hasta la presente fecha se la tiene por válida, la presunción legal no exime en este caso a la actora quien no demostró por qué asegura que le corresponde participación en ese apartamento 7 del Edificio Jardín Las Acacias y tampoco demostró la propiedad ganancial en los Noventa Millones de Bolívares (Bs.90.000.000) del precio de compra. Así se declara.
(...OMISSIS...)
En ese sentido el trabajo probatorio del demandado, a través del resultado de la inspección ocular, las declaraciones al impuesto sobre la renta de los años 91 y 92, las certificaciones de ingresos suscritas por el ciudadano Andrés J. Froment desde el año 76 al 96, inclusive, las comunicaciones emanadas de David Cohén Corcia selladas por la recepción de la Superintendencia de Compañías de Seguros, de los oficios dirigidos por esta Superintendencia a David Cohén Corcia, arrojan plena prueba de la actividad ininterrumpida del demandado como corredor de seguros y por consecuencia que la fuente y origen de los ingresos del demandado es su actividad comercial como corredor de seguros y si nos ubicamos en las capitulaciones matrimoniales especialmente en su cláusula tercera que prevée (Sic):
Asimismo, pertenecen a David Cohén Corcia, todos los negocios mercantiles, relaciones y referencias provenientes de la firma mercantil DAVID COHEN CORCIA Corredor de Seguros ya identificada especialmente en lo que respecta a la Cartera de Seguros que dicha firma, tiene y va incrementando constantemente, como asimismo las rentas, porcentajes, comisiones o utilidades que se obtengan por tales medios para la denominada firma mercantil, como también la dennominación (Sic) comercial, plusvalía, derechos de registro ante el Ministerio de Fomento, y en fin, toda la universalidad de bienes que constituyen los derechos y patrimonio de la mencionada empresa, como de cualquier transformación que por ante el Registro Mercantil pueda hacerse de la misma., debemos concluir que estos ingresos en plena propiedad al demandado y por ende los bienes adquiridos se reputan como propios del cónyuge. Así se declara.
Por otra parte, en la búsqueda de otras fuentes generadoras del patrimonio encontramos que Anita Bitton Jiménez sostiene en su libelo:
...Hace aproximadamente cinco años empecé a trabajar en la Embajada de Francia y posteriormente, como aún lo hago en la Embajada de Marruecos. Eso trajo entonces conflictos en mi matrimonio, de manera tal, que quien fue mi esposo, al tiempo que estábamos casados, me retiró en lo personal todo aporte económico, suprimiéndome incluso las tarjetas de créditos, más sin embargo he de reconocer, que durante todo el tiempo que estuvimos casados mantuvimos un estándar económico propio de gente adinerada. No puedo dejar de reconocer este hecho.
Con lo cual hay clara confesión de la demandante que tales bienes no fueron comprados con su aporte, con lo que el marco de posibilidades de que hubiera otra causa de ingreso se agota, y no hay otra alternativa que considerar que la única actividad del demandado que le permitía obtener o tener beneficios era la que por disposición expresa de las capitulaciones matrimoniales le era propia y particular. No habiendo bienes comunes ninguna lesión se le ha causado a la demandante. Así se decide.
Excluida cualquier otra opción en razón de la probanza se hace necesario declarar la propiedad particular de todos los bienes aludidos al ciudadano David Cohén Corcia y no de la comunidad y debido a que este Juzgador no comparte la tesis de que además de las capitulaciones cada vez que el cónyuge separado de bienes adquiera bien alguno deba ratificar en la escritura que lo hace para sí o causar prueba de que los ingresos son suyos, debido a que a criterio de quien aquí juzga, las capitulaciones son un contrato bilateral que no puede ser modificado después de celebrado el matrimonio de conformidad con el 144 del Código Civil porque esta Alzada entiende que una situación de hecho posterior como la no reiteración de lo acordado en el pacto de capitulaciones sea capaz de alterar su alcance y contenido, reconocer este efecto sería concederle una vía de reforma al convenio de separación patrimonial que la ley misma prohibe y es contraria al orden público, en virtud de lo cual los argumentos jurisprudenciales alegados no son capaces de modificar esta línea de interpretación y aplicación de la ley por parte de este Juzgado, ya que si bien es cierto que el ordinal 7° del artículo 152 del mismo código (Sic) prevée (Sic) que tales circunstancias deben constar para evitar que determinados bienes pasen a la comunidad, ello es sólo aplicable en forma subsidiaria cuando no exista capitulación previa en cuyo caso privará el acuerdo de las partes. Así se decide.... (Mayúsculas y negritas de la recurrida).
Para decidir, la Sala observa:
En la presente denuncia, el formalizante expone que la recurrida adolece del vicio de incongruencia positiva porque el ad quem, al señalar que, ...la demandante confesó haber trabajado en la Embajada de Marruecos y esto no es una causa de ingreso suficiente..., suplió defensas no opuestas por el demandado en su contestación a la demanda, ya que, ...lo que alegó fue la no existencia de la comunidad conyugal....
De la anterior transcripción de la recurrida, se desprende que ciertamente el Juez Superior plasma en su texto la confesión según su dicho- que realizó la demandante en su libelo, más, ésta no se analiza como un alegato o defensa del demandado sino más bien, como una apreciación del sentenciador de lo expuesto en el escrito de la demanda y dentro de sus facultades como juzgador, razón suficiente para determinar que no existe el vicio delatado de incongruencia positiva, ya que como se dijo- el análisis no fue como un alegato o defensa, motivo por el cual, si esa conclusión realizada por el ad quem fue acertada o no, la misma debe ser atacada bajo un recurso por infracción de ley, bien sea por falta o falsa aplicación, o error de interpretación de una norma jurídica, o una suposición falsa, más no como un defecto de actividad por una supuesta incongruencia positiva.
Por lo antes expuesto, la Sala concluye que no existe la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual la presente denuncia es improcedente. Así se decide.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
I
Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 152, ordinal 7°, 164, 760, 768, 1.395 y 1.397 del Código Civil, todos por falta de aplicación.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente forma:
...Para mayor claridad de esta denuncia tengo necesariamente que reproducir parte del texto del libelo al igual que fragmentos de la contestación y fragmentos de la recurrida. En efecto:
(...OMISSIS...)
Como se puede observar esas capitulaciones matrimoniales establecieron un régimen mixto, es decir, por una parte se estableció que los bienes que adquiriera el esposo producto de la enajenación de los bienes propios enumerados en esas capitulaciones matrimoniales, se reputaban como bienes propios, al igual que los negocios propios y derivados de la firma David Cohén Corcia-Corredor de Seguros, por lo que esos bienes no llegarán en ningún caso a formar parte de la sociedad conyugal que quedará establecida. Esto significa que quedaba establecida una comunidad conyugal con respecto a cualquier otro bien distinto que se adquiriera durante la vigencia del matrimonio, lo que responde al actual criterio jurisprudencial, el cual, por una parte, conforme sentencia del 13 de Octubre (Sic) de 1.994 (Sic), causa Lilian Domínguez contra Mathías González, indica que al suscribirse capitulaciones matrimoniales no basta señalar simplemente que se están suscribiendo capitulaciones matrimoniales, pues ese es el título del artículo 141 del Código Civil, siendo necesario establecer una reglamentación, precisando (Sic) la doctrina posterior del 11 de Noviembre (Sic) de 1.998 (Sic), causa Iris Mabel de García contra Justo García, que las capitulaciones matrimoniales son un pacto que hacen los futuros contrayentes a parte del régimen de comunidad de bienes...su fuente es de libre voluntad de los futuros contrayentes que no tienen otras vallas y obstáculos para la selección de ese arreglo. Por lo que en ese contexto, los futuros contrayentes establecieron un híbrido, y así, se estableció la comunidad de bienes conyugales cuando la causa de adquisición fuera distinta a las causas establecidas en las capitulaciones. Así las cosas, la recurrida, al decidir, por una parte expresamente establece que conforme a la cláusula quinta de las capitulaciones matrimoniales quedó establecida la existencia de una comunidad conyugal, pero, al referirse a los bienes inmuebles adquiridos durante la vigencia de la misma, en los cuales aparece suscribiendo el documento respectivo el demandado omitiendo en algunos casos su estado civil y en otros identificándose como soltero, y no expresando en el documento respectivo la procedencia del dinero con el cual se está pagando el precio, dice la recurrida que eso no es necesario por cuanto dada la actividad comercial del demandado, se presume en consecuencia que la compra la hizo con dinero propio y por tanto es bien propio, dispensándole de su deber de expresar esa procedencia en el documento respectivo y violando la presunción de comunidad prevista en el artículo 148 del Código Civil, y así lo decide cuando expresa:
(...OMISSIS...)
Con este proceder, cuando la recurrida, no obstante a (Sic) reconocer la existencia de una comunidad de bienes conyugales expresa que en la adquisición de los bienes por parte del demandado, por estar demostrado que este desarrollaba una actividad lucrativa, no era necesario expresar en cada una de las adquisiciones que la compra la hacía con dinero propio y la procedencia del dinero, viola el artículo 152 en su ordinal séptimo del Código Civil, por falta de aplicación, por que (Sic) de haberlo aplicado, hubiera reputado como bien de la comunidad todos aquellos bienes en donde el demandado no indicara la circunstancia de que la compra la hacía para sí con dinero propio y la procedencia del dinero. Asimismo, viola el artículo 164 del mismo Código que refiere a la presunción de que pertenecen a la comunidad mientras no se prueben que son propios, siendo que en el caso de autos, es necesario que en los documentos respectivos de adquisición de los inmuebles, se expresara la procedencia del dinero y que la compra no (Sic) era para sí, lo que no se hizo, por lo que esta presunción no quedó destruída (Sic), norma violada por falta de aplicación por que (Sic) de haberla aplicado hubiera reputado como bien de la comunidad esa universalidad de bienes inmuebles adquiridos, violando asimismo los artículos 765 y 768 del Código Civil, violaciones que son consecuencia de la violación de las demás normas ya denunciadas como violadas, por cuanto de no haberse violado, hubiera aplicado en consecuencia estas dos normas acordando la partición demandada, violando finalmente los artículos 1.395 en su ordinal segundo y 1.397 del mismo Código, y ello por la circunstancia de que conforme al 1.395 ordinal segundo, en razón del matrimonio, en razón de esas capitulaciones matrimoniales y la manera como se confeccionaron, la comunidad conyugal era y es propietaria de los bienes adquiridos en el matrimonio por causa distinta a la expresada en las capitulaciones mismas, presunción que dispensa de toda prueba conforme al artículo 1.397 y que la recurrida violó por falta de aplicación, de manera tal, que de haberse aplicado estas normas denunciadas como violadas, la recurrida habría decidido que tales bienes son comunes y por tanto, que era procedente la partición.
Así queda desarrollada esta denuncia que solicito de esta Sala sea declarada con lugar....
Para decidir, la Sala observa:
En la presente denuncia, el formalizante señala que la recurrida incurre en la violación por falta de aplicación de los artículos 152, ordinal 7°, 164, 760, 768, 1.395 y 1.397 del Código Civil, al determinar que los bienes adquiridos por el demandado con posterioridad al matrimonio- eran de su sola propiedad, aún cuando no hizo especial referencia a que la adquisición la hacía para su propio patrimonio y con dinero de su propio peculio, dejando de aplicar según su dicho- lo previsto en la cláusula quinta de las capitulaciones matrimoniales.
En este sentido, en el texto de su decisión, el juez de alzada señala lo siguiente:
...Para este sentenciador los hechos alegados por la parte actora como dolosos carecen de entidad jurídica para derivar de ellos maquinaciones que pudieran revestir tal calificativo y que como consecuencia de los mismos la voluntad de la cónyuge resultara viciada al suscribir el documento de separación de cuerpos, pues es verdad concluyente que los contrayentes suscribieron un documento de Capitulaciones Matrimoniales para regular el régimen de sus bienes.
(...OMISSIS...)
6.- Copia certificada del documento de Capitulaciones Matrimoniales suscrita por la actora y el demandado; este instrumento es el documento formal que otorgan los cónyuges antes de contraer matrimonio cuando quieren sustraerse al régimen de la comunidad de gananciales. (...omissis...), nuestro ordenamiento jurídico establece claramente, dos regímenes en relación con los bienes de los cónyuges, a saber: uno que surge de la voluntad de las partes, rigiendo aquí el principio de la autonomía de la voluntad, y que consiste en la celebración, antes del matrimonio y pro documento registrado, de las Capitulaciones Matrimoniales; y el otro, que sería el supletorio, y que se conoce como de la comunidad de bienes, mediante el cual todos los bienes habidos durante el matrimonio, por cualquiera de los cónyuges y con las solas excepciones previstas en la Ley, son bienes pertenecientes a la comunidad conyugal, es decir, pertenecientes a los cónyuges de por mitad. En el caso que nos ocupa, consta por haberlo afirmado la actora y demostrado mediante la consignación del respectivo documento, que antes de contraer matrimonio con el ciudadano David Cohen Corcia, celebraron Capitulaciones Matrimoniales, es decir optaron por el régimen de separación de bienes. Al examinar dicho documento, el cual se halla Protocolizado (Sic) bajo el Nº 14, folio 35, Protocolo Segundo, ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, el 14 de abril de 1978, encuentra el Tribunal que el convenio fue celebrado y otorgado con todas las formalidades previstas en el artículo 143 del Código Civil en fecha anterior a la celebración del matrimonio, cumpliéndose con los requisitos, tanto de forma como de fondo exigidos por la ley. En consecuencia, este instrumento es efectivamente un documento público que es oponible y surte efecto, no solo entre las partes, sino contra terceros, teniendo la fuerza probatoria que le confieren los artículos 1359 y 1360 del Código Civil; este documento sólo puede ser impugnado a través de la acción de la tacha de falsedad, lo cual no ocurrió e (Sic) el caso de autos, por lo que el Tribunal lo aprecia como prueba irrefutable de la celebración de dichas capitulaciones matrimoniales. Así se decide.
(...OMISSIS...)
Con la anterior enumeración de todos y cada una de las pruebas aportadas, aquellas que son apreciadas lo han sido en concordancia entre ellas para que esta Alzada en acatamiento del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil pueda conocer la verdad y atender a las pretensiones y defensas de cada una de las partes y del conjunto de esas pruebas este Tribunal observa que la demandada (Sic) demostró la existencia de la comunidad conyugal porque así consta en el Particular Quinto de las Capitulaciones Matrimoniales lo cual conduce a examinar si la separación de bienes tramitada ante el Juez Octavo de Primera Instancia de Familia y Menores está sujeta a nulidad y si la acción no ha caducado, encontrando esta Alzada que a tenor de los (Sic) dispuesto en el artículo 1346 del Código Civil la duración del tiempo para intentarla es de 5 años por lo que se desprende que fue intentada dentro del lapso habida cuenta que al separación se firmó el 14-06-95. Así se decide.
(...OMISSIS...)
Excluida cualquier otra opción en razón de la probanza se hace necesario declarar la propiedad particular de todos los bienes antes aludidos del ciudadano David Cohen Corcia y no de la comunidad y debido a que este Juzgador no comparte la tesis de que además de las capitulaciones cada vez que el cónyuge separado de bienes adquiera bien alguno deba ratificar en la escritura que lo hace para sí o causar prueba de que los ingresos son suyos, debido a que a criterio de quien aquí juzga, las capitulaciones matrimoniales son un contrato bilateral que no puede ser modificado después de celebrado el matrimonio de conformidad con el artículo 144 del Código Civil porque esta Alzada entiende que una situación de hecho posterior como la no reiteración de lo acordado en el pacto de capitulaciones sea capaz de alterar su alcance y contenido, reconocer este efecto sería concederle una vía de reforma al convenio de separación patrimonial que la ley misma prohíbe y es contraria al orden público, en virtud de lo cual los argumentos jurisprudenciales alegados no son capaces de modificar esta línea de interpretación y aplicación de la ley por parte de este Juzgado, ya que si bien es cierto que el ordinal 7º del artículo 152 del mismo código (Sic) prevée (Sic) que tales circunstancias deben constar para evitar que determinados bienes pasen a la comunidad, ello es sólo aplicable en forma subsidiaria cuando no exista capitulación previa en cuyo caso privará el acuerdo de las partes. Así se decide.... (Negritas de la recurrida).
En este orden de ideas, el ad quem analizó y valoró el documento de capitulaciones matrimoniales protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del entonces Departamento Libertador del Distrito Federal, hoy Municipio Autónomo Libertador del Distrito Capital, otorgándole pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil; igualmente determinó que el demandado había demostrado la existencia de la comunidad conyugal por lo previsto en la cláusula quinta de las capitulaciones matrimoniales; reconoce la obligatoriedad de exponer la procedencia del dinero y que la adquisición se hace a título particular prevista en el ordinal 7º del artículo 152 eiusdem; pero, concluye que la omisión de éstos señalamientos en los documentos de adquisición de los bienes cuya obligatoriedad había reconocido- no determinan que los mismos pasen a formar parte de una comunidad conyugal que, contractualmente los cónyuges habían manifestado que surgiría con ocasión de la realización del matrimonio, ya que así lo habían plasmado en el documento contentivo de las capitulaciones matrimoniales, en dicha cláusula quinta.
Ahora bien, el régimen patrimonial matrimonial se rige por la voluntad de las partes, en defecto de ésta, por la Ley. Esa voluntad de las partes debe ser manifestada mediante un documento que será protocolizado antes del matrimonio; son las llamadas capitulaciones matrimoniales.
En el caso bajo análisis, los futuros cónyuges hicieron las capitulaciones matrimoniales, por lo que realizaron un inventario pormenorizado de los bienes de cada uno de ellos, con la especificación de que cada cual administraría los propios libremente y que éstos nunca llegarían a formar parte de la comunidad conyugal que quedaría establecida con la realización del matrimonio, es decir, dejaron estipulado que efectivamente se constituiría una comunidad de gananciales o sociedad conyugal. Esto dicho en otras palabras significa que, los capitulantes manifestaron contractualmente acoger el régimen establecido en la ley para la comunidad conyugal, por lo que en estos casos en que se acoge el régimen legal- para que la propiedad de los bienes sea a título particular, debe el cónyuge adquirente cumplir con lo previsto en el ordinal 7º del artículo 152 del Código Civil, esto es, señalar la procedencia del dinero con el cual realiza la negociación y que la adquisición la hace a título personal y para su patrimonio particular, sin lo cual y dado que como se dijo- contractualmente fue acogido el régimen legal de administración de los bienes integrantes de la comunidad conyugal, todos los bienes que se adquieran sin esas especificaciones, deberán reputarse como bienes comunes y su propiedad pertenece a cada cónyuge en un cincuenta por ciento (50%).
En este sentido, el Juez Superior estableció la existencia de una comunidad conyugal a partir de la realización del matrimonio, ...porque así consta en el Particular Quinto de las Capitulaciones Matrimoniales..., por lo que era obligación de cada uno de los cónyuges al momento de adquirir un bien, especificar la procedencia del dinero con el cual realizaba la negociación, que la misma era a título personal y para su patrimonio particular, ya que de no hacerlo establecida como quedó por el ad quem la existencia de una comunidad conyugal pactada- ciertamente son aplicables las normas jurídicas denunciadas por el formalizante como infringidas por la falta de su aplicación y que establecen la presunción de comunidad sobre los bienes adquiridos por los cónyuges.
Por lo antes expuesto, la Sala observa que establecida la existencia de la comunidad conyugal, el Juez al determinar que los bienes adquiridos durante el matrimonio eran de la exclusiva propiedad del cónyuge ya que, según su criterio, no es necesario que se plasme en los documentos de adquisición de esos bienes, que la misma se realiza con dinero proveniente de su propio peculio y para su patrimonio particular, para que éste sea excluido de la comunidad conyugal, violó por falta de aplicación los artículos 152, ordinal 7° y 164 del Código Civil, lo que trae como consecuencia que el Juez Superior también infringió los artículos 760, 768, 1.395 y 1.397 eiusdem, que definen los conceptos de comunidad y presunción legal, motivos suficientes para declarar la procedencia de la presente denuncia. Asi se decide.
CASACIÓN SOBRE LOS HECHOS
I
Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12, 15 y 509 ibidem, todos por falta de aplicación.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente forma:
...Como se podrá observar, la Recurrida (Sic) al examinar al testigo Andrés Froment se limita a indicar que el demandado promovió documentos emanados de ese tercero y de que éste procedió a reconocerlo en declaración testimonial, sin embargo, aun cuando la Recurrida (Sic) valora en consecuencia ese testigo, no expresa ni tan siquiera las razones del por qué le merece fe el testigo ni hace tampoco una síntesis lacónica de las preguntas ni de las repreguntas.
De esta manera la recurrida, al silenciar todo análisis y valoración de esta prueba, viola el derecho de defensa de mi representada al no permitirle conocer las razones y circunstancias por las cuales sus dichos merecen fe, violando por tal razón el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, norma que le impone al Juez la obligación de analizar todas las probanzas producidas por las partes, por lo que al no hacerlo, violó por falta de aplicación el mencionado artículo, y al así hacerlo, violó igualmente por falta de aplicación el artículo 12 eiusdem, al no atenerse a lo alegado y probado en autos, y asimismo, violó el artículo 15 del mismo Código y el artículo 49 de la Constitución Nacional (Sic) al violar el derecho a la defensa de mi representada allí previsto. En efecto, este testigo es promovido por el demandado junto con un legajo de copias de documentos privados que éste certifica que sus originales reposan en archivos, los cuales por cierto emanan del demandado y el testigo. El testigo reconoce la existencia de esos documentos y con esos documentos y ese testimonio la recurrida concluye que los bienes reclamados para la comunidad conyugal son propios del demandado, por cuanto según esa declaración del testigo y a esas copias, el demandado durante la vigencia del matrimonio obtuvo ingresos. La recurrida silencia el análisis de ese testigo. Si lo hubiera analizado, lo hubiera desechado y consecuencialmente la acción hubiera sido declarada con lugar....
Para resolver, la Sala observa:
La doctrina aplicable al caso en sentencia N° 133, de fecha 22 de mayo de 2001, juicio Ferrum C.A. contra Sidero Galvánica C.A., expediente N° 00-002, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, señaló:
...Sobre el particular de las testimoniales, en reciente fallo de fecha 19 de julio de 2000, expediente N° 00-270, sentencia N° 236, se estableció, lo siguiente:
En cuanto a la adecuada técnica de valoración de la prueba testifical, la Sala de Casación Civil ha señalado en innumerables fallos, lo siguiente:
...Esta Sala de Casación Civil, en referencia a la prueba testimonial, ha expresado:
Por cuanto es la primera vez que la Sala tiene ocasión de examinar la prueba testimonial rendida bajo el nuevo Código, debe previamente hacer ciertas consideraciones de índole doctrinaria. En efecto, en el Código actual, a diferencia del anterior, el interrogatorio no se suministra con anterioridad por escrito, sino que se formula de viva voz por la parte promovente del testigo o por su apoderado.
El acto de examen del testigo, entre otros requisitos, debe contener: a) las contestaciones que el testigo haya dado al interrogatorio; y b) las preguntas que le haya dirigido la parte contraria, su representante o el Juez y las respectivas contestaciones. En consecuencia, cuando el Juez efectúa la síntesis de las declaraciones del testigo, debe ser sumamente cuidadoso en trasladar a la sentencia la parte más importante de la misma, bien sea porque el testigo sólo respondió al interrogatorio formulado de viva voz por el promovente o su apoderado, o porque asimismo le fueron formuladas preguntas por la parte contraria, su representante, o el propio Juez. Si no diere cumplimiento a estos requisitos, resultará sumamente difícil para el juzgador, analizar la prueba y estimarla....
La Sala debe reiterar su criterio, que el Juez no está obligado a exponer sus razones por las cuales aprecia y valora la declaración del testigo, pues como antes se indicó, sólo cuando desecha al testigo, debe fundamentar su determinación. Sin embargo, en acatamiento a lo previsto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, la Sala ha censurado las formas vagas en que se aprecian o desechan las pruebas que las partes han promovido, sin que haya precedido la exposición de los hechos y un análisis razonado de las pruebas constantes de autos. Tales antecedentes son indispensables para que se ponga de manifiesto cómo es que, aplicando el juzgador las reglas legales del caso, ha llegado a las apreciaciones que establece en el fallo como fundamento de éste. Concretamente, en lo que se refiere a la apreciación de la prueba testimonial, es deber de los jueces expresar los elementos intelectuales mínimos que le han servido para valorar esta prueba y en este sentido es imprescindible que se indique, así sea en forma resumida, los particulares acerca de los cuales fueron repreguntados los testigos, las respuestas que dieron así como también los hechos pertinentes que el sentenciador da por demostrado con la evacuación de dicha prueba, todo ello a los fines de declarar si la acción o la excepción ha sido bien fundamentada en los hechos. (Sent. 26 de abril de 1984, C.F. Nº 141, V, II, 3ª etapa, pág.682).
En aplicación de la doctrina antes expuesta, puede evidenciar esta Sala de Casación Civil, que la recurrida no indica, ni siquiera en forma resumida, las preguntas formuladas y respuestas dadas por los testigos Dilcia de Camejo y Rómulo Isaías Carucí en la evacuación de la prueba testimonial, así como tampoco indica si fueron o no repreguntados.
Se limita a indicar los hechos que quedaron demostrados a través de la referida prueba, obviando las preguntas y respuestas de donde derivan tales conclusiones, lo que hace prácticamente imposible el control de la prueba testimonial al no trasladar a la sentencia la motivación suficiente por falta de indicación del interrogatorio, así como de sus respuestas.
En consecuencia y de conformidad a lo antes expuesto esta Sala de Casación Civil, declara procedente la denuncia de infracción a que se refiere el presente acápite de la formalización. Así se decide....
Aplicada la doctrina transcrita, al caso de las testimoniales delatadas como silenciadas, se colige que efectivamente, como se denuncia, la recurrida deja de analizarlas ya que, en éllas no se redacta, ni de manera resumida, las preguntas formuladas y respuestas dadas por los testigos Hernán Aranguren y José Naar.... (Subrayado de la Sala).
En este orden de ideas, la Sala tiene doctrina mediante la cual se estableció que, además de los requisitos de forma, lugar y tiempo, las probanzas promovidas deben ser legales, pertinentes y, sobre todo, deben tener un objeto o finalidad, deben estar dirigidos a demostrar un hecho en particular que la parte considere dentro de un proceso. Cabe destacar que en el escrito de promoción de pruebas del demandado, el cual riela al vuelto del folio 199 de la primera pieza del expediente, textualmente se señala:
...De conformidad con el Artículo (Sic) 431 del Código de Procedimiento Civil, promuevo originales en trescientos sesenta y ocho (368) folios útiles constancia de ingresos y Balances suscritos por el Sr. Andrés J. Froment, titular de la Cédula de Identidad nro. (Sic) 6.176.352, en su condición de Contador de la Frima Personal David Cohen Corcia, Corredor de Seguros, correspondiente a los años 1.975 al 1.996, solicitando sean reconocidos en su contenido y firma y ratificados, mediante la prueba testimonial de su firmante, Ciudadano (Sic) Andrés J. Froment, de este domicilio, todo de conformidad con los artículos 431 y 477 y siguientes del Código de Procedmiento Civil, solicito sea apreciada la testimonial al Ciudadano (Sic) Andrés J. Froment, como la de testigo calificado, toda vez que el contenido del documento que va a ratificar es de carácter evidentemente técnico. Pido sea citado el testigo ratificante, para su declaración.
Visto en la transcripción que la probanza delatada como silenciada, la misma fue oportunamente promovida y se determinó el objeto de la declaración del testigo, considera esta Sala, que el demandado se atuvo a la doctrina imperante referente al material probatorio.
Ahora bien, la Sala observa que a los folios 2 al 5 de la cuarta pieza del expediente corre inserta el acta que contiene la testimonial rendida por el ciudadano Andrés Jean Froment Richet, en la cual están contenidas seis (6) preguntas con sus respuestas y nueve (9) repreguntas realizadas por los representantes judiciales de la demandante. Por su parte, al folio 469 de la mencionada cuarta pieza del expediente, el ad quem, en relación a la testimonial rendida, expresó lo siguiente:
...Constan en autos que el demandado promovió diversos, (Sic) documentos privados emanados de terceros, del ciudadano Andrés Jean Froment, contador público, en los cuales certifica el movimiento de ingresos y egresos del señor David Cohén Corcia y la utilidad que obtuvo cada año del 75 al 96, y otros documentos privados que acompañan estas declaraciones suscritos conjuntamente por David Cohén Corcia y el prenombrado contador, así como la presentación de declaraciones suscritas por el demandado identificado bajo el N° 537 de Inscripción, dirigidas a la Superintendencia de Seguros porque el sello de recepción que ese Organismo le impuso a cada una de ellas en las fechas 29-03-77; 17-08-78; 08-08-78 (Sic); 30-03-79; 27-12-79; 27-03-80; 25-03-81; 29-03-82; 29-03-83; 27-03-84; 29-03-85; 24-03-86; 31-03-87; 24-03-88; 31-03-89; 30-03-90; 25-03-91; 31-03-92; 31-03-93; 30-03-94; 30-03-95; 29-03-96; y 25-03-97 les imprime fecha cierta de conformidad con el Artículo 1369 del Código Civil y aunque esto no basta para certificar su contenido por el principio de la buena fé (Sic) y por cuanto no hay prueba que el mismo fue alterado, este Tribunal los valora por su pertinencia y legalidad. Asimismo se aprecia en todo su efecto probatorio los que se mencionaron anteriormente, a excepción de los otros instrumentos que también forman parte de esa promoción que constituyen asientos contables este Tribunal les niega valor probatorio toda vez que no están otorgados por persona alguna lo cual dificulta la labor de defensa de la contraparte, la determinación de su autor y en fin por cuanto se les considera asiento o registro doméstico no hacen fé (Sic) contra quien los ha escrito o producido de conformidad con el Artículo (Sic) 1378 del Código Civil. Así se decide.
Todos estos instrumentos fueron impugnados y la demandantes se opuso a la admisión de los mismos mediante diligencia del 30 de Enero (Sic) de 1998, admitidos como fueron el 3 de Febrero (Sic) de 1998 no ejerció la actora el recurso de apelación que el Artículo (Sic) 402 del Código de Procedimiento Civil le concede. Intentó la demandante la tacha de los mismos después de su admisión. Si bien estos documentos fueron tachados, de la formalización de la tacha, que este Tribunal presume tempestiva, se observa que en la misma no se concretaron las causales específicas en las cuales se fundamentó por lo que en estricto apego a lo exigido por el Artículo (Sic) 440 del referido Código de Procedimiento Civil que es aplicable en caso de instrumentos privados por mandato del Artículo (Sic) 443 del mismo Código, este Tribunal declara sin lugar la tacha propuesta el día 12-02-98 por defecto de formalización, lo que de por sí no nos lleva a apreciar esos documentos que proceden de un extraño a la causa y aquellos otros que en conjunto firmaron el contador y el demandado, pero se suma para su apreciación y establecimiento de la verdad el que fueron reconocidos por el tercero, señor Andrés J. Froment en declaración testifical promovida oportunamente como lo manda el Artículo (Sic) 431 del mismo Código y rendida el 16-02-98. Por lo que en ausencia de apelación ante la ineficacia de la oposición, de la declaratoria sin lugar de la tacha, así como del reconocimiento del tercero tiene este Juzgado por válido, (Sic) legales y pertinentes los documentos aquí analizados. Así se declara....
Tal como se desprende de la anterior transcripción de la recurrida, el ad quem no realiza ningún tipo de análisis o valoración, ni tan siquiera de manera resumida, de las repreguntas contenidas en el acta de la testimonial rendida por el contador del demandado, ciudadano Andrés Jean Froment Richet, más les otorga pleno valor probatorio a las instrumentales suscritas por él, sin exponer las razones por las cuales le merece plena fe los dichos del testigo.
Por lo antes expuesto y en aplicación de la doctrina ut supra transcrita, la Sala concluye que el Juez Superior en su decisión, infringió por falta de aplicación los artículos 12, 15 y 509 del Código de Procedimiento Civil, al no analizar la testimonial en lo referente a las repreguntas formuladas, dado que ni tan siquiera menciona de forma resumida en el texto del fallo los aspectos contenidos en la acta contentiva de la testimonial que cursa a los autos, razón por la cual la presente delación es procedente. Así se decide.
II
Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 507, 508 y 509 ibidem, y el artículo 321 del Código Penal, por falta de aplicación.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente forma:
...Ahora bien, la Recurrida (Sic) al pronunciarse sobre el alegato de vicios del consentimiento de la parte actora por el error al que fue inducida como consecuencia de la conducta dolosa del demandado a los efectos de hacerle ver que no existían bienes que partir como consecuencia de las capitulaciones matrimoniales, expresó:
(...OMISSIS...)
Obsérvese que el alegato de mi representada consistente en la existencia de vicios en el consentimiento prestado por ella al suscribir la separación de bienes, producto del error al que dolosamente fue inducida por el demandado al éste ocultar bienes adquiridos durante el matrimonio identificándose como soltero en las escrituras de adquisición, constituye el alegato esencial sobre el cual descansa la demanda de partición y nulidad del convenio de separación de bienes, y para ello, mi representada promovió como pruebas y acompañó a los autos los documentos arriba descritos donde quedó plenamente probado:
1) Que dichos bienes se adquirieron durante el matrimonio;
2) Que en dichos documentos no se indicó cual era el origen del dinero con el que se adquirían los bienes allí identificados; y,
3) Además, que la parte demandada, al comprarlos, se identificaba como soltero cuando en realidad estaba casado con mi representada.
Frente a lo anterior la recurrida, olvidándose que se encuentra frente al principal alegato de la parte actora y que existe todo un material probatorio que sustenta al mismo en los autos, olvidándose de su obligación de analizar razonadamente las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, simplemente expresa, ...Para este sentenciador los hechos alegados por la parte actora como dolosos carecen de entidad juridicia (Sic) para derivar de ellos maquinaciones que pudieran revestir tal calificativo y que como consecuencia de los mismos la voluntad de la cónyuge resultara viciada al suscribir el documento de separación de cuerpos,...Todo este análisis nos conduce a la conclusión de que las menciones relacionados (Sic) con el estado civil o la omisión del mismo por parte del ciudadano David Cohen Corcia no tienen los atributos que caracterizan el dolo en nuestro derecho sustantivo, por lo que tal defensa no puede prosperar, y así se decide....
El extracto anterior contiene el análisis que conforme a la sana crítica realiza la Recurrida (Sic). Frente a lo anterior debo preguntar a los Magistrados de la Sala: ¿A cuál análisis se refiere la Recurrida (Sic)? Ocurre con frecuencia que los Tribunales usan expresiones como las de consta en autos, resulta demostrado de las pruebas evacuadas, aparece comprobado y otras; expresiones todas ellas que, lejos de ser motivos fundados, constituyen peticiones de principio, por que (Sic) aceptan como demostración, como prueba, aquello mismo que debe ser probado. La recurrida no solo incurrió en petición de principio al no realizar un análisis del por qué considera no hubo vicios del consentimiento de mi representada, sino que además, al indicar que no hay elementos que configuren el dolo, indica para ello que el hecho de que la parte demandada se identificara como soltero frente a funcionarios públicos al momento de suscribir los documentos de adquisición de los bienes arriba identificados carece de ENTIDAD JURIDICIA (Sic), pasando por alto quizá la recurrida, que aquello que considera carente de ENTIDAD JURIDICIA (Sic) es un delito previsto en el artículo 321 del Código Penal que condena a aquél que haya atestado falsamente su estado ante funcionario público a prisión de tres a nueve meses, artículo este último, por cierto, que viola la recurrida por falta de aplicación, por que (Sic) de haberlo aplicado, jamás hubiera podido afirmar que tal conducta carecía de ENTIDAD JURIDICIA (Sic) para terminar afirmando que no estaba demostrado el dolo con tal conducta. Frente a esto debo preguntar: ¿Es que acaso la comisión de un delito consagrado expresamente en nuestro Código Penal no es prueba irrefutable del dolo de la parte demandada? ¿Es que acaso tal conducta no constituye prueba irrefutable de que el esposo de mi representada la engañó ocultándole los bienes que adquiría, ocultamiento que incluso se extendió hasta luego de suscrita la separación, pues ni tan siquiera en este momento se le indicó a mi representada que se habían adquirido toda esta universalidad de bienes sin indicarse además en tales instrumentos el origen del dinero? ¿ Es que acaso todo esto no es prueba fehaciente de que existió dolo que vicio el consentimiento de mi representada por error como consecuencia del dolo? La recurrida, al decidir en la forma en que lo hizo, sin esbozar el análisis lógico de (Sic) debió realizar de los documentos arriba descritos, violó los artículos 507, 508 y 509 del Código de Procedimiento Civil por incorrecta aplicación, por que (Sic) de haberlos aplicado correctamente, hubiese realizado un razonamiento lógico del por qué consideraba que a través de los documentos arriba enumerados no había dolo, lo que no hizo, descartándolos a priori y sin análisis alguno, y al no hacerlo, incurrió en lo que la doctrina ha denominado Petición de Principio, que en materia probatorio ocurre cuando el sentenciador, al referirse a un determinado medio de prueba, afirma que el mismo da fe de ciertos hechos constitutivos de la pretensión o de la contradicción opuesta sin expresar las razones de su afirmación.
Todo lo anterior fue determinante en el dispositivo del fallo, toda vez que de haber analizado correctamente las pruebas existentes en autos anteriormente descritas y haber aplicado correctamente las disposiciones que aquí se denuncian como violadas, debió la recurrida decidir que efectivamente hubo intención por parte del demandado de ocultar a mi representada los bienes adquiridos durante el matrimonio al atestar falsamente ante funcionario público identificándose como soltero, y así mismo, al no haber indicado en la separación de bienes la existencia de toda esta universalidad de bienes inmuebles, ocultándole la realidad a su esposa, y que por tal razón, el consentimiento arrancado a ella para que suscribiera la separación de bienes estaba viciado de error y por tanto era nulo tal convenio por vicios del consentimiento, declarando con lugar la demanda y procediéndose a la partición de los bienes.... (Mayúsculas, subrayado y negritas del recurrente).
Para resolver, la Sala observa:
La fundamentación, como ya se explicó al desechar las dos primeras de las denuncias por vicios de actividad en el presente recurso de casación, es la carga procesal más exigente impuesta al recurrente como requisito esencial de la formalización, por su amplitud, complejidad y trascendencia. Requiere el desarrollo de razonamientos sometidos a una lógica clara y concreta, y al mismo tiempo a los principios que, primordialmente, la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido elaborando.
La determinación y diafanidad son necesarias en las luchas judiciales. En ese sentido, varias disposiciones regulan la conducta de los encargados de administrar justicia, asi como de quienes ocurren a los Tribunales en demanda de ella. No hay fórmulas imperativas, pero sí se requiere claridad y también precisión en lo que se pide o se impugna, y en los fundamentos que apoyan las peticiones. A esta disciplina está sujeto con especial rigor el recurso de casación, tanto por su naturaleza como por su objeto y consecuencias, pues con él, se persigue anular una decisión para corregir ilegalidades enfrentadas en ella a la ley, con prescindencia del resto de las actas procesales, todo lo cual hace que dicho recurso sea de rígido tecnicismo, porque ocurre con frecuencia que infringida la ley no se acierta en la disposición no aplicada o aplicada mal; no es congruente la razón con la violación denunciada, o no se observa la técnica requerida para fundamentar la denuncia.
En el sub iudice, la Sala observa que el recurrente formula su denuncia de manera ambigua: debido a que en la fundamentación de la delación, señala la violación de los artículos 507, 508 y 509 del Código de Procedimiento Civil, por lo que él denomina una incorrecta aplicación, con la cual no se puede precisar si estamos en presencia de una falsa o falta de aplicación o de un error de interpretación; vaga: ya que denuncia indistintamente la supuesta violación de reglas de la sana crítica, que se incurrió en petición de principio y, en la posible comisión del delito de falsa atestación ante funcionario público, previsto en el artículo 321 del Código Penal todo con una fundamentación que no puede individualizarse; e ininteligible: dado que se dedica a transcribir en exceso las actas del expediente, sin expresar con claridad en qué consistió la infracción de los artículos denunciados. Por lo cual no encuentra esta Sala que se haya hecho una coherente fundamentación dirigida a demostrar el vicio delatado; por el contrario, se confunde la esencia de la denuncia.
En consecuencia, la Sala evidencia una deficiente técnica en la formalización, que deriva de la confusión en que incurre el recurrente entre los motivos de la casación, en especial, aquéllos que determinan un infracción de ley; todo lo cual, no permite volcar la flexibilidad abanderada por la Sala, para determinarlo como un error material. Por lo expuesto, se desecha por falta de técnica la presente denuncia. Así se decide.
III
Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 429 y 444 ibidem, por falta de aplicación y los artículos del Código Civil 1.363 y 1.364, por falsa aplicación y el 1.368, por falta de aplicación.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente forma:
...Por una parte los documentos valorados por la recurrida están integrados por trescientos sesenta y ocho (368) folios, tal como lo expresa el demandado en cuanto a su número en su escrito de promoción y como lo expresa la recurrida, esa documentación está conformada por distintos legajos precedidos cada uno de ellos por una nota que suscribe Andrés Forment en la que indica los ingresos del demandado durante el período indicado en la certificación, expresando que los originales de los fotostatos acompañados se encuentran en sus archivos.
La recurrida valoras todos esos documentos y dice desechar otros documentos acompañados al legajo por no tener firma alguna, pero expresa que los demás documentos privados están suscritos por esa persona conjuntamente con el demandado. Estos documentos son valorados tal y como se desprende del fragmento de la recurrida ya transcrito y los valora aún cuando la mayoría de ellos refieren a fotostatos de documentos privados, y los pocos originales refieren simplemente a documentos emanados de la propia parte demandada, documentos por cierto, que la recurrida en su valoración no enumera ni discrimina sino que los aprecia en su globalidad, y aún así, incurre en la violación de valorar copias fotostáticas de documentos privados y documentos privados originales emanados de la parte demandada. En tal sentido, la doctrina expresa:
(...OMISSIS...)
Por tal razón, la recurrida al apreciar tales instrumentos viola el artículo 429 por falta de aplicación, porque de haberlo aplicado, conforme a la doctrina transcrita, debió haber desechado tales documentos por tratarse de fotocopias de documentos privados, y asimismo, viola el artículo 444 eiusdem por falta de aplicación, por cuanto de haberlo aplicado, no debió apreciar tales documentos por tratarse algunos de ellos de instrumentos privados emanados de la parte demandada quien pretende hacerlos valer. Por otro lado, viola los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil por errónea aplicación, ya que tratándose dichos instrumentos de fotocopias que no cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y por no constituir documentos firmados de manera original por la parte actora a quien se le pretendían oponer los mismos, les aplicó las normas referentes a estos, violando finalmente el artículo 1.368 del Código Civil por falta de aplicación, toda vez que siendo fotocopias una porción de esos documentos, los cuales tanto estos como los originales no están firmados por la parte a quien se pretenden oponer, no les aplicó las normas referentes a ese tipo de documentos, por que (Sic) de haberlo hecho debió haberlos desechado negándoles todo valor probatorio, violando finalmente el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil en razón de que no se atuvo a las normas de derecho ni a lo alegado y probado en autos.
Esta denuncia se realiza en concordancia con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, en razón del criterio establecido por esta Sala en sentencia del 25 de Julio (Sic) de 2.001, ponente Carlos Oberto Vélez, juicio de Noeh de Jesús Urdaneta Moya contra Inversiones Sorte, C.A., sentencia N° RC-0177....
Para resolver, la Sala observa:
En la presente denuncia el recurrente plantea la infracción por falta de aplicación del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, ya que al haberse tachado las copias fotostáticas acompañadas a los autos, las mismas debieron ser desechadas del proceso.
En este orden de ideas, el citado artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, establece que:
...Los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio originales o en copia certificada expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes.
Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo ya dentro de los cinco días siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso promoción de pruebas. Las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad, no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte.
La parte que quiera servirse de la copia impugnada, podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de éste con una copia certificada expedida con anterioridad a aquella. El objeto se efectuará mediante inspección ocular o mediante uno o más peritos que designe el Juez, a costa de la parte solicitante. Nada de esto obstará para que la parte produzca y haga valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere. (Subrayado de la Sala).
En el sub iudice, admitidos como fueron los documentos privados promovidos en el escrito de promoción de pruebas, la representación judicial de la demandante, mediante diligencia de fecha 3 de febrero de 1998, la cual riela al folio 606 de la primera pieza del expediente, expuso:
...En horas de despacho del día de hoy, 3 de Febrero (Sic) de 1.998, comparece JHONNY MUJICA CARELLI, Inpreabogado N° 48.285, actuando en su carácter de apoderado de la parte actora y expone: Estando dentro de la oportunidad legal prevista para ello, de conformidad con el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, TACHO DE FALSEDAD todos y cada uno de los recaudos acompañados por la parte demandada en su escrito de promoción de pruebas en su Capítulo III (Documentos Privados), toda vez que las firmas que aparecen en original en esos recaudos no se corresponden con las respectivas fechas de confección de los mismos, al igual que la edad de la tinta de cada uno de esos documentos, lo que en el procedimiento de tacha quedará evidenciado a través de la prueba grafoquímica. No puede fecharse y suscribirse un documento con unas fechas diferentes a su elaboración y suscripción. La presente tacha será formalizada en su oportunidad legal. Terminó, se leyó y conformes firman.... (Mayúsculas y negritas del transcrito).
En este sentido, al folio 612 de la citada primera pieza del expediente, corre inserto escrito de fecha 12 de febrero de 1998, en el cual la representación judicial de la demandante formaliza la tacha propuesta en la transcrita diligencia de 3 de febrero de 1998. Ahora bien, impugnados y tachados de falsos los documentos privados promovidos como pruebas, el demandado debía insistir en hacerlos valer, tal como lo prevé el artículo 440 del Código de Procedimiento Civil, que dice:
...Si presentado el instrumento en cualquier estado y grado de la causa, fuere tachado incidentalmente, el tachante, en el quinto día siguiente presentará escrito formalizando la tacha, con explanación de los motivos y exposición de los hechos circunstanciados que quedan expresados; y el presentante del instrumento contestará en el quinto día siguiente, declarando asimismo expresamente si insiste o no en hacer valer el instrumento y los motivos y hechos circunstanciados con que se proponga combatir la tacha. (Subrayado de la Sala).
Tal y como claramente se desprende del artículo transcrito, el presentante de los instrumentos debía declarar expresamente si insistía en hacerlos valer; cuestión que no se consta tal declaración expresa exigida por la norma procesal, lo cual debe llevar a la aplicación de lo previsto en el artículo 441 de la Ley Adjetiva Civil, que establece:
...Si en el segundo caso de artículo precedente, quien presente el instrumento manifestare que insiste en hacerlo valer, seguirá adelante la incidencia de tacha, que se sustanciará en cuaderno separado. Si no insistiere, se declarará terminada la incidencia y quedará el instrumento desechado del proceso, el cual seguirá su curso legal.... (Subrayado de la Sala).
El transcrito artículo 441 del Código de Procedimiento Civil, es tajante al señalar que, ...Si no insistiere, se declarará terminada la incidencia y quedará el instrumento desechado del proceso..., por lo que como se ha dicho- al no constar en autos la manifestación expresa del demandado o sus representantes judiciales de insistir en hacer valer las instrumentales, las mismas debieron ser desechadas del proceso, razón suficiente para determinar que, cuando el ad quem, en el texto de su decisión valora alguna de esas instrumentales tachadas, ciertamente infringió los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación y, los artículos 1.363, 1.364 del Código Civil, por falsa aplicación; no existe infracción por falta de aplicación del artículo 1.368 del citado Código Civil; ya que como se ha establecido- las probanzas debieron ser desechadas del proceso por aplicación expresa del artículo 441 de la Ley Adjetiva Civil, motivo por el cual la presente denuncia es procedente. Asi se decide.
IV
Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 del mismo Código, se denuncia que la recurrida incurrió en el tercer tipo de suposición falsa, porque dio por probado un hecho cuya inexactitud resulta de las actas del expediente violando a su vez el artículo 12 eiusdem, y los artículos 141, 148, 152 ordinal 7°, 156, 164, 768, 1.395 y 1.397 del Código Civil, todos por falta de aplicación.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente forma:
...Mi representada planteó en su libelo, que no obstante haber suscrito Capitulaciones Matrimoniales con la parte demandada, dichas Capitulaciones no excluyeron de manera absoluta la existencia de una comunidad conyugal de bienes. Expliquemos:
Son claras las estipulaciones establecidas en las Capitulaciones Matrimoniales al disponerse, que los bienes descritos en las mismas seguirían siendo propios de cada cónyuge, así como también, las plusvalías, revalorizaciones, frutos civiles y mercantiles, superávits, utilidades y beneficios, así como también todos los demás derechos accesorios de los bienes enumerados en las Capitulaciones como pertenecientes a cada cónyuge. Igualmente fueron claras al establecer que seguirían siendo de cada cónyuge, todos los bienes enumerados y descritos en las Capitulaciones Matrimoniales así como también, todos aquéllos bienes que en adelante llegare a adquirir durante el matrimonio, CON DINERO PROVENIENTE DE LA ENAJENACION O INVERSION DE LOS BIENES QUE ACTUALMENTE LE PERTENECEN O CON DINERO PROVENIENTE DE LOS FRUTOS, DIVIDENDOS, SUPERAVITS, CUENTAS E INTERESES DE DICHOS BIENES. Igualmente serían propiedad exclusiva de DAVID COHEN CORCIA LOS FRUTOS, INTERESES, DIVIDENDOS O RENTAS DE LOS BIENES QUE SE VAYAN ADQUIRIENDO CON POSTERIORIDAD Y CON DINERO PROVENIENTE DE LA ENAJENACION O INVERSION Y OTRAS CAUSAS DE LOS BIENES QUE ACTUALMENTE LE PERTENECEN. Son tan claras las Capitulaciones Matrimoniales en el sentido de que a pesar de las mismas, los contrayentes no negaron la existencia de una comunidad conyugal, que en la cláusula cuarta de las Capitulaciones Matrimoniales se expresa, que DAVID COHEN CORCIA conservará siempre la administración y libre disposición de los bienes que le pertenecen (descritos en las Capitulaciones Matrimoniales) o que llegara a adquirir durante el matrimonio (y es aquí donde radica la claridad de las Capitulaciones), CON DINERO PROVENIENTE DE LAS CAUSAS ANTES INDICADAS, para terminar expresándose en la cláusula quinta (lo que afirma aún más el hecho de que a pesar de las Capitulaciones Matrimoniales las partes consintieron la existencia de la Comunidad Conyugal de bienes entre ellos), que EN CON (Sic) CONSECUENCIA DE ESTA DECLARACION, LOS BIENES ANTES DETERMINADOS NO LLEGARAN EN NINGUN CASO A FORMAR PARTE DE LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE QUEDARA ESTABLECIDA AL CELEBRARSE EL MATRIMONIO PROYECTADO.
Efectivamente, las partes celebraron Capitulaciones Matrimoniales conforme al artículo 141 del Código Civil, pero ellas, conforme a la libertad que les concede el mismo artículo para estipular a su libre voluntad cuanto quieran en las Capitulaciones, con las solas restricciones establecidas en el artículo 142 del mismo Código, establecieron cuales serían los bienes que se excluirían de la Comunidad Conyugal que quedaría constituida cuando se celebrase el matrimonio, de donde queda meridianamente claro que las partes previeron la existencia de una comunidad conyugal, consintieron en que la misma existiría, pero regularon cuales serían aquéllos bienes que formarían parte de la comunidad conyugal y cuales se seguirían reputando como propios de cada quien, por lo que de conformidad con lo establecido en el ordinal séptimo del artículo 152 del Código Civil, y en razón de esas mismas capitulaciones matrimoniales, para reputarse como bien propio, en los respectivos documentos de compra debía necesariamente el demandado indicar que la compra la hacía con dinero propio y establecer la procedencia del dinero, lo que no hizo el demandado en las compras efectuadas en cada uno de los inmuebles donde aparte de ello se identificó como soltero alterando su estado, tal y como quedó probado con los documentos contentivos de las operaciones de compra que corren insertos en los autos y que se describen a continuación:
(...OMISSIS...)
En virtud de lo anterior, la parte actora demandó la partición de aquéllos bienes que dolosamente la parte demandada le ocultó durante el matrimonio y que, por no haberse expresado en los documentos de adquisición la proveniencia del dinero con el cual eran adquiridos, en virtud de la presunción establecida en el artículo 164 del Código Civil y la obligación establecida en el ordinal séptimo del artículo 152 del mismo Código (Sic) de indicar que el dinero es propio expresando su procedencia y declarando que la adquisición la hace para sí, deben por tanto reputarse como propiedad de la Comunidad Conyugal nacida con ocasión de la celebración del matrimonio, tal y como expresamente lo establecieron la parte actora y el demandado cuando celebraron las Capitulaciones Matrimoniales.
No obstante a lo anterior y de estar probado claramente a través de las Capitulaciones Matrimoniales, que coexistían paralelamente bienes propios de cada cónyuge (los descritos en las Capitulaciones Matrimoniales y los adquiridos en la forma como se explicó arriba) y bienes propiedad de la comunidad conyugal (todos los bienes adquiridos en forma distinta a la prevista en las Capitulaciones Matrimoniales conforme a la presunción del artículo 164 del Código Civil), la recurrida, al analizar y valorar el texto de las Capitulaciones Matrimoniales, los documentos de adquisición arriba enumerados y descrito y asimismo, el conjunto de recaudos acompañados por la parte demandada consistentes en documentales en trescientos sesenta y ocho (368) folios útiles contentivos de supuestas constancia (Sic) de ingresos y Balances suscritos por Andrés J. Forment, en su condición de Contador de la firma Personal (Sic) David Cohen Corcia, Corredor de Seguros, correspondientes a los años 1.975 al 1.996 y el demandado, concluyó que ciertamente en las capitulaciones matrimoniales se hizo una reglamentación de bienes, expresándose que eran propiedad del demandado todos aquellos bienes que adquiriera con el producto de los bienes propios identificados en las capitulaciones, y por otro lado, todos los negocios provenientes de la firma mercantil David Cohen Corcia Corredor de Seguros, expresando igualmente la recurrida que conforme a la cláusula quinta de las capitulaciones matrimoniales quedó establecida una comunidad conyugal, y todo ello cuando la recurrida decide así:
(...OMISSIS...)
He aquí la suposición falsa en la que incurre la recurrida, cuando atribuye a las actas arriba enumeradas y descritas menciones inexactas que quedan desvirtuadas de la prueba misma. En efecto, del texto de las Capitulaciones Matrimoniales y de los documentos de adquisición se desprende en primer lugar, que ciertamente nació una comunidad conyugal con la celebración del matrimonio al así disponerlo las partes y que formarían parte de tal comunidad todos los bienes adquiridos durante el matrimonio salvo aquéllos que lo fueran con dinero proveniente de los bienes propios descritos en las capitulaciones, lo que por tanto hacía necesario que se diera cumplimiento en las escrituras con lo establecido en el ordinal séptimo del artículo 152 del Código Civil para desvirtuar la presunción establecida en el artículo 148 del mismo Código, siendo en consecuencia falso lo afirmado por la recurrida de que esto no era necesario en razón de que los cónyuges estuvieron siempre de acuerdo en que todos los bienes que se adquirieran durante el matrimonio eran propios del cónyuge adquirente sin importar la causa de la adquisición, falsedad esta que se desprende del texto de las capitulaciones; asimismo quedó probado con los documentos de adquisición que el demandado nunca indicó el origen del dinero con el cual compraba los inmuebles ni tampoco manifestó que la compra la hacía para sí, no dando por tanto el demandado cumplimiento a lo establecido en el ordinal séptimo del artículo 152 del Código y operando por vía de consecuencia la presunción del 148 del mismo Código, siendo falso por tanto lo que indica la recurrida de que habiendo el demandado probado la fuente de sus ingresos con los recaudos contables consignados que por cierto fueron tachados y desechados del debate probatorio- nada tenía que indicar en los documentos de adquisición con respecto al origen del dinero, por que (Sic) siendo esta su única fuente de ingresos, se presumía que la adquisición la hizo para sí, convirtiéndose de esta forma la recurrida en Legislador al derogar con esta afirmación la presunción establecida en el artículo 148 del Código Civil y olvidar la obligación establecida en el ordinal séptimo del artículo 152 del mismo Código, ya que quedó probado con estas documentales que no se indicó el origen del dinero con el cual se adquirieron los inmuebles y por tanto, toda esa universalidad de inmuebles fue adquirida para la comunidad conyugal.
Como se expresó anteriormente, los contrayentes convinieron al celebrar las Capitulaciones Matrimoniales en establecer un régimen de separación de bienes reglado por las cláusulas contenidas en las capitulaciones. Ellos previeron la existencia de bienes propiedad de la Comunidad Conyugal, la cual nació el día en que celebraron el matrimonio, y cuando la recurrida incurre en este falso supuesto de indicar que los cónyuges siempre estuvieron de acuerdo en que los bienes que adquiriera cada uno de ellos sería propiedad del cónyuge adquirente, viola por falta de aplicación el mismo artículo 141 del Código Civil, que le concede a los contrayentes la libertad de establecer cuanto sea voluntad de ellos en las Capitulaciones Matrimoniales, esto es, en este caso, los contrayentes convinieron en las capitulaciones, que nacería una comunidad conyugal al contraerse el matrimonio compuesta por todos aquellos bienes distintos a los propios de cada quien identificados en las capitulaciones y los adquiridos con los proventos de estos últimos, y así consta del texto mismo de las capitulaciones, por lo que mal puede afirmar la recurrida que los cónyuges acordaron que todos los bienes serían de aquél que los adquiriera.
Asimismo, como consecuencia de esta falsa suposición que lo lleva a decidir que no existen bienes pertenecientes a la comunidad conyugal, viola por falta de aplicación el artículo 156 del Código Civil, al reputar como bienes propios de cada cónyuge bienes que en realidad son propiedad de la comunidad conyugal violando consecuencialmente el artículo 164, 1.395 y 1.397 del mismo Código Civil (Sic) por falta de aplicación, por que (Sic) de haberlos aplicado hubiese establecido que en virtud de la presunción establecida en el artículo 164 del Código Civil, los bienes descritos en el libelo de la demanda pertenecen a la comunidad conyugal por no haber la parte demandada desvirtuado la mencionada presunción dando cumplimiento a lo establecido en el ordinal séptimo del artículo 152 del Código, que viola por falta de aplicación, violando finalmente la recurrida, como consecuencia del falso supuesto en el que incurrió, el artículo 768 del Código Civil por falta de aplicación, toda vez que de haberlo aplicado hubiese declarado con lugar la demanda de partición.... (Mayúsculas, subrayado y negritas del formalizante).
Para resolver, la Sala observa:
En la presente denuncia el formalizante plantea que la recurrida infringió por falta de aplicación los artículos 141, 148, 152 ordinal 7°, 156, 164, 768, 1.395 y 1.397 del Código Civil, y 12 del Código de Procedimiento Civil, ya que determinó que los bienes adquiridos por el cónyuge hoy demandado- eran de su única y exclusiva propiedad, aún cuando en la cláusula quinta de las capitulaciones matrimoniales se estableció la existencia de una comunidad conyugal desde el momento de la celebración del matrimonio, además de que el demandado nunca hizo mención en los diversos documentos de adquisición de los bienes inmuebles que la misma la hacía para su patrimonio personal y con dinero proveniente de su propio peculio, por lo que declaró sin lugar la demanda intentada, ya que según el ad quem- la comunidad conyugal no poseía bienes que debiesen ser partidos.
Visto que la denuncia se fundamenta en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que faculta el descender a las actas que integran el expediente para determinar la existencia del vicio denunciado, la Sala, se permite transcribir la citada cláusula quinta de las capitulaciones matrimoniales, en la cual textualmente se estableció lo siguiente:
Quinta: En consecuencia de ésta declaración, los bienes antes determinados no llegarán en ningún caso a formar parte de la sociedad conyugal que quedará establecida al celebrarse el matrimonio proyectado.... (Subrayado del texto). (Cursivas de la Sala).
Tal como claramente se desprende del texto de la cláusula quinta, en ella se previó que los bienes integrantes de esa declaración realizada en las capitulaciones matrimoniales ...no llegarán en ningún caso a formar parte de la sociedad conyugal que quedará establecida al celebrarse el matrimonio..., con lo cual los contratantes -como acertadamente expone el formalizante- dejaron plasmada su voluntad cierta, real y efectiva de que a partir del momento de la celebración del matrimonio existiría una sociedad conyugal.
Ahora bien, del texto de la recurrida se desprende que el Juez Superior determinó la existencia de la sociedad conyugal, pero señala que por haberse suscrito el documento de las capitulaciones matrimoniales, no era necesario el cumplimiento de lo previsto en el ordinal 7º del artículo 152 del Código Civil, cuando alguno de los entonces cónyuges adquiriese un bien. Cabe destacar, que como ya se dijo- del texto mismo de las capitulaciones matrimoniales se infiere que los contratantes, de manera espontánea, cierta, real y efectiva manifestaron que a partir del momento de la realización del matrimonio, existiría la comunidad conyugal. Esto dicho en otras palabras significa que, ambos contratantes estipularon la existencia de la comunidad conyugal Cohen-Bitton, por haberse acogido en las capitulaciones matrimoniales como ya se dijo- al régimen legal de administración de la sociedad conyugal.
En este orden de ideas, dado que existe una convención entre las partes que estableció la existencia de la comunidad conyugal, es procedente la aplicación de las presunciones de comunidad previstas en el Código Civil, las cuales pueden ser desvirtuadas, siempre y cuando el cónyuge adquirente del bien, demuestre el cumplimiento de las previsiones establecidas en el artículo 152 eiusdem.
En el caso bajo análisis, no consta de los documentos de adquisición y así lo expuso la recurrida, que el hoy demandado haya hecho mención en los diferentes documentos de adquisición de los bienes, de la procedencia del dinero con el que hacía la negociación y que la misma era para su patrimonio personal, para haber dado cumplimiento a lo previsto en el ordinal 7º del artículo 152 del Código Civil, y poder reputar como propios los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio.
En este sentido, tal como ha quedado establecido por esta Sala, en el texto de la cláusula quinta de las capitulaciones matrimoniales, los contratantes manifestaron su voluntad cierta, real y efectiva de que existiría una sociedad conyugal al realizarse el matrimonio, por lo que era obligante para los cónyuges plasmar en los respectivos documentos la procedencia del dinero con el que se realizaba esa negociación y sí los bienes eran adquiridos para el patrimonio particular de alguno de éllos, ya que de no hacerlo, ciertamente son aplicables las normas jurídicas que establecen la presunción de comunidad contenidos en los artículos 141, 148, 156 y 164 del Código Civil.
Por lo antes expuesto, la Sala concluye, que al determinar el ad quem, que los bienes adquiridos durante el matrimonio eran de la exclusiva propiedad del cónyuge ya que, según su entender, no era necesario que se plasmaran en los documentos que la procedencia del dinero con el que se realizaba las negociaciones y que la adquisición era para su patrimonio personal, ciertamente violó por falta de aplicación los artículos 141, 148, 152, ordinal 7°, 156 y 164 del Código Civil, y por vía de consecuencia, los artículos 768, 1.395 y 1.397 eiusdem, que establecen los conceptos de comunidad y presunción legal, y 12 del Código de Procedimiento Civil, por no atenerse a lo alegado y probado en autos, razón suficiente para determinar la procedencia de la denuncia bajo estudio, lo que conlleva a la declaratoria de con lugar del presente recurso, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En mérito de las consideraciones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de nulidad intentado y CON LUGAR el recurso de casación anunciado por la demandante contra la decisión del 21 de junio de 2002, dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y se ordena al Juzgado Superior que resulte competente, dictar nueva sentencia con arreglo a la doctrina establecida en este fallo.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
No ha lugar la condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil cuatro. Años: 193º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
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FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente-Ponente,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
La Secretaria,
_________________________
ADRIANA PADILLA ALFONZO
Exp. AA20-C-2002-000879.
El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, consigna el presente voto salvado al contenido de la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:
Quien suscribe, no comparte la solución dada al trámite para el análisis de la denuncia de silencio de prueba enmarcada en la tercera denuncia de forma.-
En efecto, la ocurrencia de un vicio por silencio de prueba a debido denunciarse y ser analizado por esta Sala en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, ello de conformidad con la Constitución vigente y el Código adjetivo civil que exigen una justicia completa y exhaustiva; no se lograría dicho fin si se omite algún elemento clarificador del proceso.-
Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve y concreta, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 eiusdem.-
Por ello, el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.-
Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.
En Caracas, fecha ut-supra.
El Presidente de la Sala,
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FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente-Ponente,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
La Secretaria,
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ADRIANA PADILLA ALFONZO
Exp. AA20-C-2002-000879
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