Venley

Sentencia N.º RNyC.00629

Sentencia
N.º RNyC.00629
Fecha
12/08/2005
Sala
Casación Civil
Expediente
05-205
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Nulidad y Casación

Exp. N° 2005-000205

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada ponente: ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO

 

En el juicio por resolución de contrato de opción a compra-venta e indemnización de daños y perjuicios, seguido por ANA TERESA PÉREZ VIVAS, representada por los abogados Dora Mafla Mendoza y Miguel Eduardo Niño Andrade y ante este Supremo Tribunal por Edmundo Egui Luna, contra FANNY COROMOTO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ y JHONNY ALBERTO COLLAZO COLLAZO, la primera representada por los abogados Diego Quiceño Velásquez, José Antonio Cáceres, Julio Enrique Torre Rivas, Dolly Carolina Duque Contreras, Edgar Rodríguez Rodríguez, Dalilade Caires Jiménez y Joseline Gregoria de Caires Jiménez, y ante este Alto Tribunal asistida por José Antonio Solis, y el segundo por las abogadas Alba María Hernández y Liliana Díaz Rangel; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal, dictó sentencia el 2 de febrero de 2005 mediante la cual declaró parcialmente con lugar la apelación interpuesta por la co-demandada Fanny Coromoto Sánchez Rodríguez, parcialmente con lugar la demanda y resuelto el contrato de opción de compra suscrito por las partes en fecha 17 de marzo de 2000. De esta manera, modificó el fallo dictado en fecha 4 de octubre 2002 por el Juzgado Segundo de Primera en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, sólo “...en cuanto a la estimación de la cuantía de la demanda...”.

 

 

                   Contra la referida decisión de la alzada la co-demandada Fanny Coromoto Sánchez Rodríguez interpuso recurso de nulidad y de casación, los cuales fueron admitidos mediante auto de fecha 4 de marzo de 2005; el último de los recursos fue oportunamente formalizado por la co-demandada e impugnado por la accionante dentro de los lapsos establecidos en la Ley.

 

                   Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala procede a dictar sentencia, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

RECURSO DE NULIDAD

 

 

Aprecia la Sala que la representación judicial de la co-demandada Fanny Coromoto Sánchez Rodríguez propuso recurso de nulidad contra la sentencia de fecha 2 de febrero de 2005, emanada del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, por considerar que el juez de alzada desacató la doctrina establecida en la sentencia dictada por esta Sala, el 11 de marzo de 2004.

 

 

La sentencia de esta Sala casó de oficio el fallo impugnado por la misma co-demandada en esa oportunidad, con base en que la recurrida no cumplió el requisito de forma contemplado en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y ordenó que el juez superior competente dictara nueva sentencia corrigiendo el señalado defecto de actividad. Así se evidencia de la siguiente transcripción:

“...el fallo presenta una grave contradicción en su parte motiva pues, por un lado el juzgador establece que los demandados antes de suscribir el contrato tenían aprobado el crédito bancario, y por el otro, deja sentado que los demandados presentaron en el Banco del Caribe los documentos para realizar la consulta de factibilidad del concedían (sic), la cual fue rechazada, por cuanto en ese momento no conceden préstamos para ese tipo de negocios, lo que fue comunicado vía telefónica en fechas 12 y 14 de junio de 2000, lo que demuestra que el mismo no había sido aprobado antes de la suscripción del contrato de opción a compra-venta...

 

De esta forma, considera la Sala que lo establecido por la recurrida en el fallo resulta a tal punto contradictorio que sus fundamentos se destruyen unos a otros, configurando un grave defecto de motivación que infringe los requisitos legalmente establecidos para la formación de las sentencias, lo cual conduce a esta Sala a establecer de oficio la procedencia del defecto de actividad contenido en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil...”.    

                  

 

 

Ahora bien, el recurso de nulidad sólo es admisible en el caso de que haya sido anulada la sentencia recurrida por un error de juzgamiento, pues en dicho supuesto la Sala genera la doctrina vinculante para el tribunal superior que ha de dictar la nueva decisión en reenvío, y en el caso que ocurra el desacato a dicha doctrina sería procedente el recurso de nulidad.

 

 

 

En efecto, en sentencia de fecha 24 de abril de 1998, caso: Inversora Findam S.A. c/ La Porfia C.A., expediente Nº 97-422, ratificada en sentencia del 25 de febrero de 2004, caso: Imel C.A., c/ Asociación Civil Andrés Eloy Blanco, la Sala estableció el referido criterio, el cual se transcribe a continuación:

 

 

“...En el sentido expuesto, debe entenderse la viabilidad del recurso de nulidad que plantea el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, en este único supuesto: cuando la Sala de Casación Civil ha casado una sentencia por error de juicio o error in iudicando, y el juez de reenvío contraría la doctrina desarrollada en el fallo. No puede intentarse el recurso de nulidad cuando la Sala de Casación Civil ha casado una sentencia por vicio de actividad, ya que en este caso se repone la causa y se sustancia de nuevo el juicio por el juez de reenvío que no está atado sino por la obligación de respetar las reglas de derecho, en dicha sustanciación, y en la elaboración de la nueva sentencia.

 

De conformidad con el análisis que antecede y después de profundas consideraciones sobre el efecto distinto de la sentencia de casación por defectos de actividad y aquella por errores de juicio, esta Sala se aparta de su doctrina, imperante hasta ahora, en el sentido establecido en la sentencia de fecha 28 de septiembre de 1967, ratificada entre otras, en fechas 08 de febrero de 1995, 12 de julio de 1995, 14 de agosto de 1996, 23 de octubre de 1996, y 12 de noviembre de 1997, que admitía el recurso de nulidad contra el fallo de reenvío ocasionado por la casación del fallo por vicios de actividad, y se establece que el recurso de nulidad procede solamente contra la sentencia de reenvío ocasionada por la casación fundamentada en errores de juicio que vinculan inexorablemente al juez de reenvío a la doctrina, tanto estimatoria, como desestimatoria que impone la Sala de Casación Civil en su sentencia.

 

Igualmente se concluye que como consecuencia del efecto de la reposición en la casación por defecto de actividad, el Tribunal de reenvío que sustancia de nuevo la causa adquiere, pleno conocimiento de la misma, revisando la totalidad de los juicios de hecho y de derecho, sin ninguna vinculación a la sentencia de casación primigenia y, en consecuencia, contra su sentencia procede solamente el recurso de casación...” (Negritas de la Sala).

 

 

 

 

                   Por aplicación de la doctrina precedente, es evidente que habiéndose intentado un recurso de nulidad contra una sentencia de la Sala, que declaró de oficio el incumplimiento del requisito de forma contenido en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento, este es inadmisible. Así se establece.

 

 

 

RECURSO DE CASACIÓN

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

I

 

De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infracción del “...artículo 1.198 en su encabezamiento y del artículo 1.206 ambos del Código Civil, regla de valoración de los hechos, por FALTA DE APLICACIÓN, lo cual condujo a LA FALSA APLICACIÓN del encabezamiento del artículo 1.269 y del artículo 1.267 ejusdem...”.

 

La formalizante en sustento de su denuncia plantea:

 

“...La decisión recurrida expresa:

 

“Para dilucidar si la obligación de la parte demandada estaba sometida a condición, conviene recordar quiénes son las partes del pacto que se pretende resolver. Estas son por una parte, la ciudadana Ana Teresa Pérez Vivas, propietaria de los bienes dados en opción de compra, y por la otra, los demandados de autos Fanny Coromoto Sánchez y Jhonny Alberto Collazo Collazo, en su carácter de optantes. No existen otros otorgantes del instrumento. No aparecen al pie del documento las firmas de terceros que se hayan obligado a realizar prestación alguna a favor de ninguna de las partes. No es, por tanto, el Banco del Caribe parte integrante del convenio realizado, pues ninguno de los otorgantes ostenta representación de la mencionada entidad bancaria y por tanto no pueden obligarse en nombre suyo.

 

Estos hechos ciertos e irrefutables hacen que se vea más claramente la naturaleza y alcance del pacto realizado entre los hoy litigantes: la promesa recíproca de compraventa de unos bienes determinados, por un cierto precio y con una vigencia preestablecida. La presencia del Banco del Caribe en esta relación entiende esta alzada, no es sino accidental, y su participación dependería de que en un momento posterior al otorgamiento del documento, hubiera consentido el préstamo de dinero a los demandados para que se cancelasen (sic) el saldo del precio de la opción.

 

Lo anterior, en nada desvirtúa la existencia de una obligación cierta y establecida para los demandados; fueron ellos quienes se obligaron a cancelar la cantidad de sesenta millones de bolívares en efectivo en un plazo de 90 días desde la fecha de tal documento, pues considerar que su obligación estaba condicionada a que el Banco otorgase el crédito solicitado, equivaldría a que el precio de la opción sufriera una disminución automática y se limitara a lo pagado para el vencimiento del lapso establecido, lo cual sólo pudo haber ocurrido si se hubiese establecido expresamente en el texto del documento.

 

Con el fin de aclarar aun más esta situación, es necesario retornar al texto del documento otorgado el 17 de marzo de 2000, en el cual se estipularon las cláusulas del convenio de las partes. Dos de ellas, la TERCERA literal “b” y la SEXTA, estipulan un plazo de 90 días para el cumplimiento de las obligaciones allí establecidas. La última de ellas es taxativa y determinante cuando señala:

SEXTA: el plazo de esta opción de compra es de noventa días continuos contados a partir de la fecha de la firma del presente documento.

 

Como puede verse, las partes determinaron un lapso para cumplir las obligaciones a las cuales se comprometieron. Por tal motivo, llegado el día 90 contado a partir del otorgamiento del instrumento, sin que hubiera sido pagado el saldo del precio de la opción pendiente, conforme al artículo 1.269 del Código Civil (si la obligación es de dar o de hacer, el deudor se constituye en mora por el sólo vencimiento del plazo establecido en la convención), nació para la ciudadana Ana Teresa Pérez Vivas el derecho de solicitar la resolución o el cumplimiento del contrato pactado, pues el artículo 1.167 eiuesdem (sic), le consagra dicha facultad cuando dice:

Artículo 1.167:...

 

Por tanto, más que una condición suspensiva, el contrato suscrito entre los litigantes previó un término, el cual se cumplió 90 días después de su otorgamiento, y con su cumplimiento, feneció la posibilidad de que los demandados honraran lo pactado de buena fe, incurriendo en mora respecto a su acreedora, quedando por tanto susceptibles de ser demandados por ella por la resolución del convenio suscrito. Así se establece”.

 

EN CUANTO AL VICIO DE FALTA DE APLICACIÓN:

 

“…Según sentencia de la Sala de Casación Civil N° 314 del 21 de septiembre de 2000 y N° 109 del 3 de abril de 2003 `...la falta de aplicación o inaplicación de una norma que esté vigente, tiene lugar cuando el juzgador se niega a aplicar la norma a una relación jurídica que está bajo su alcance...´.

 

La recurrida incurre en el yerro de FALTA DE APLICACIÓN del artículo 1.198 del Código Civil, por cuanto no tomó como condición suspensiva de la obligación, lo previsto en la Cláusula Tercera, literal B) del convenio, fundamento de la demanda, que a la letra reza:

 

Cláusula Tercera, literal B) `la cantidad de sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,oo) que serán cancelados en dinero efectivo, en la fecha en que el Banco Caribe (sic) haga entrega a los “optantes” del crédito aprobado por dicha entidad bancaria en un lapso no mayor de noventa (90) días’.

 

Evidentemente, el acontecimiento futuro e incierto era la aprobación por parte del Banco del Caribe, a favor de los optantes, de un crédito. Acontecimiento cuya realización no está acreditada en autos, sino más bien, su no realización según inspección que riela a los folios 159 al 161. Y por tanto, el término de los noventa días nunca se inició.

 

EN CUANTO AL VICIO DE FALSA APLICACIÓN:...

 

También incurrió en yerro de FALTA DE APLICACIÓN del artículo 1.206, ya que, constando a través de la inspección judicial que corre inserta a los folios 159 al 161 del expediente, debió considerarse pendiente la condición o tenerse por no cumplida, de acuerdo a la respuesta dada por el Banco del Caribe.

 

La recurrida incurre en el yerro de FALSA APLICACIÓN del encabezado del artículo 1.269 del Código Civil, por cuanto el hecho del no pago de los 60 millones de bolívares por los optantes, asociado al hecho que el banco no hubiese aprobado el crédito a que se refiere lo estipulado en la cláusula tercera literal B) del contrato denominado opción de compra, no es un hecho regulado en la hipótesis general y abstracta de dicha norma. Sino que es un hecho regulado en la hipótesis general y abstracta del encabezamiento del artículo 1.198, según el cual: “Es suspensiva la condición que hace depender la obligación de un acontecimiento futuro e incierto. Así como en el artículo 1.206 del Código Civil, el cual establece:...

 

También incurre en el yerro de FALSA APLICACIÓN del artículo 1.167, porque, entendiendo que los optantes incurrieron en mora al no haber pagado los 60 millones de bolívares luego de transcurridos los 90 días a contar de la fecha de la firma del contrato, los optantes había dejado de ejecutar su obligación, lo que le daba derecho a la vendedora de accionar en resolución o en cumplimiento, cuando la norma que debió aplicarse fue la del artículo 1.206, o sea, con fundamento en la inspección judicial que se hizo al Banco del Caribe (folios 156-161), debió tenerse pendiente la condición o debió tenerse por no cumplida la condición...”. (Negritas de la Sala).

 

 

 

La Sala, para decidir observa:

 

El juez superior declaró parcialmente con lugar la resolución del contrato de opción de compra-venta celebrado entre las partes, por las siguientes razones:

 

“...Definidos los anteriores puntos previos, aprecia esta alzada que las defensas de la parte demandada se circunscriben a supeditar el cumplimiento de la obligación pendiente a una condición que ellos denominan suspensiva, consistente en la aprobación del crédito que por sesenta millones de bolívares había solicitado al Banco del Caribe. Asimismo, se excepcionan alegando que la naturaleza del convenio suscrito lo convierte en un contrato de compraventa, dejando de lado la denominación que las partes le dieron al mismo, cual fue la de opción de compra.

 

En este sentido, la doctrina conceptualiza la condición suspensiva como aquella de cuya materialización depende la existencia de la obligación; y el artículo 1.198 del Código Civil, la define así: “Es suspensiva la condición que hace depender la obligación de un acontecimiento futuro e incierto”.

 

Para dilucidar si la obligación de la parte demandada estaba sometida a condición, conviene recordar quiénes son las partes del pacto que se pretende resolver. Estas son por una parte, la ciudadana Ana Teresa Pérez Vivas, propietaria de los bienes dados en opción de compra, y por la otra, los demandados de autos Fanny Coromoto Sánchez y Jhonny Alberto Collazo Collazo, en su carácter de optantes. No existen otros otorgantes del instrumento. No aparecen al pie del documento las firmas de terceros que se hayan obligado a realizar prestación alguna a favor de ninguna de las partes. No es, por tanto, el Banco del Caribe parte integrante del convenio realizado, pues ninguno de los otorgantes ostenta representación de la mencionada entidad bancaria y por tanto no pueden obligarse en nombre suyo.

Estos hechos ciertos e irrefutables hacen que se vea más claramente la naturaleza y alcance del pacto realizado entre los hoy litigantes: la promesa recíproca de compraventa de unos bienes determinados, por un cierto precio y con una vigencia preestablecida. La presencia del Banco del Caribe en esta relación entiende esta alzada, no es sino accidental, y su participación dependería de que en un momento posterior al otorgamiento del documento, hubiera consentido el préstamo de dinero a los demandados para que se cancelase el saldo del precio de la opción.

 

Lo anterior, en nada desvirtúa la existencia de una obligación cierta y establecida para los demandados; fueron ellos quienes se obligaron a cancelar la cantidad de sesenta millones de bolívares en efectivo en un plazo de 90 días desde la fecha de tal documento, pues considerar que su obligación estaba condicionada a que el Banco otorgase el crédito solicitado, equivaldría a que el precio de la opción sufriera una disminución automática y se limitara a lo pagado para el vencimiento del lapso establecido, lo cual sólo pudo haber ocurrido si se hubiese establecido expresamente en el texto del documento.

 

Con el fin de aclarar aun más esta situación, es necesario retornar al texto del documento otorgado el 17 de marzo de 2000, en el cual se estipularon las cláusulas del convenio de las partes. Dos de ellas, la TERCERA literal “b” y la SEXTA, estipulan un plazo de 90 días para el cumplimiento de las obligaciones allí establecidas. La última de ellas es taxativa y determinante cuando señala:

 

SEXTA: el plazo de esta opción de compra es de noventa días continuos contados a partir de la fecha de la firma del presente documento.

 

Como puede verse, las partes determinaron un lapso para cumplir las obligaciones a las cuales se comprometieron. Por tal motivo, llegado el día 90 contado a partir del otorgamiento del instrumento, sin que hubiera sido pagado el saldo del precio de la opción pendiente, conforme al artículo 1.269 del Código Civil (si la obligación es de dar o de hacer, el deudor se constituye en mora por el sólo vencimiento del plazo establecido en la convención), nació para la ciudadana Ana Teresa Pérez Vivas el derecho de solicitar la resolución o el cumplimiento del contrato pactado, pues el artículo 1.167 eiuesdem (sic), le consagra dicha facultad cuando dice:

Artículo 1.167:...

 

Por tanto, más que una condición suspensiva, el contrato suscrito entre los litigantes previó un término, el cual se cumplió 90 días después de u otorgamiento, y con su cumplimiento, feneció la posibilidad de que los demandados honraran lo pactado de buena fe, incurriendo en mora respecto a su acreedora, quedando por tanto susceptibles de ser demandados por ella por la resolución del convenio suscrito. Así se establece”.

...Omissis...

Al examinar el referido contrato objeto de la presente acción, se observa lo siguiente:

 

En primer lugar, las partes denominan al instrumento “opción de compra”. Además de esta denominación formal, en su texto no aparece en ningún momento la manifestación de voluntad de la señora Isabel Pérez Vivas de transmitir la propiedad de los bienes a que el mismo se refiere, pues lo que hizo fue prometer su venta a futuro, comprometer su voluntad para que, de cumplirse con la obligación pactada en el término igualmente estipulado, se pudiera otorgar un nuevo instrumento en el cual hiciera la tradición legal de los bienes cuya enajenación prometió en el documento primigenio.

 

En segundo lugar, las partes pactaron un precio determinado para la opción de compra tanto del inmueble como de las acciones de la sociedad mercantil D´Cachet C.A., es decir, no individualizaron el precio que le estarían dando a cada uno de los bienes a que el mismo se refiere, por lo cual se haría imposible considerar perfeccionada su venta, ya que el precio de cada uno no estaría expresamente establecido.

 

En tercer lugar, podría señalarse el contenido del artículo 1.264 del Código Civil el cual refiere que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas, de lo cual puede inferirse que al no haberse realizado una tradición expresa y determinada de parte de la propietaria de los bienes objeto de dicho documento, mal puede su contraparte asumir o presumir del mismo una supuesta venta de tales bienes.

 

Por todo lo anteriormente expresado, concluye esta alzada afirmando que el contrato objeto de la acción intentada es un convenio de opción de compraventa también llamado promesa bilateral de venta. Así se establece.

 

Estando ya en la parte final de la presente motivación, debe concluirse que en el presente caso no fue un hecho controvertido la alegación de la parte actora respecto al incumplimiento de su contraria; que tal incumplimiento no es excusable para los accionados, pues fueron éstos quienes se obligaron y no el Banco del Caribe; y que al serles imputable el incumplimiento y al haber quedado en mora en sus obligaciones (pues el lapso de 90 días concedido transcurrió sin que se verificara el pago del saldo del precio que restaba), la ciudadana Isabel (sic)  Teresa Pérez Vivas se encontraba en su derecho de pedir la resolución de dicho contrato.

 

Por las anteriores consideraciones esta alzada declara resuelto el contrato de opción de compraventa suscrito por las partes en litigio en fecha 17 de marzo de 2000, y así se establecerá en el dispositivo del fallo.

 

De lo anterior se infiere que en el presente caso deberán ocurrir los efectos típicos de toda resolución contractual, las contraprestaciones dadas deberán repetirse recíprocamente, salvo en lo que respecta a la cláusula SÉPTIMA del contrato, que concede a la parte actora, el derecho de conservar los cuarenta millones de bolívares recibidos parte en dinero y parte en especie, en ocasión de dicha convención, los cuales quedarán en su poder dado el incumplimiento de las obligaciones por parte de los demandados. Así se establece.

 

En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios reclamada por la actora en su libelo... no habiendo sido especificados tales daños en la demanda, sino en los tardíos informes de segunda instancia; y no habiéndose probado en el lapso correspondiente la ocurrencia de los mismos, esta juzgadora debe considerar que en el presente caso no procede la indemnización por daños y perjuicios reclamada por la actora. Así se decide...”. (Negritas de la Sala).

 

 

De la precedente transcripción se observa que el juez superior con el fin de aclarar aun más lo pretendido en el juicio, consideró necesario “retornar” al texto del documento otorgado el 17 de marzo de 2000, del cual observó: De las cláusulas tercera, literal “b” y de la sexta, las partes estipularon un plazo de 90 días para el  cumplimiento  de  las  obligaciones  allí establecidas. Según la alzada, la última de dichas cláusulas es taxativa y determinante al señalar: “...SEXTA: el plazo de esta opción de compra es de noventa días continuos contados a partir de la fecha de la firma del presente documento...”.

 

El juez consideró que de la cláusula sexta se evidencia que las partes determinaron un lapso para cumplir sus obligaciones respecto del contrato celebrado. Por tal motivo, a su modo de ver, cumplido el plazo de los 90 días (contado a partir del otorgamiento del instrumento), sin que los optantes hubieran pagado el saldo de la opción pendiente, es decir, los sesenta millones de bolívares, nació para la vendedora Ana Teresa Pérez Vivas el derecho de solicitar su resolución.

 

 

 

Ahora bien, en el caso concreto la recurrente denuncia que el juez superior al momento de dictar la sentencia no tomó en cuenta que la condición suspensiva a la que se refiere el documento de opción de compra-venta cuestionado, es la prevista en el literal “b” de la Cláusula Tercera que establece: “la cantidad de sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,oo) que serán cancelados en dinero efectivo, en la fecha en que el Banco Caribe (sic) haga entrega a los “optantes” del crédito aprobado por dicha entidad bancaria en un lapso no mayor de noventa (90) días”. Señala la formalizante, que el acontecimiento futuro e incierto referido en el instrumento, era la aprobación por parte del Banco del Caribe de un crédito solicitado por los optantes, lo que no fue observado por el juez de alzada.

Asimismo, la recurrente sostiene que no está acreditado en autos la obtención del crédito por parte de la referida entidad bancaria, “...sino más bien, su no realización según inspección que riela a los folios 159 al 161...”, por lo que a su modo de ver el término de los noventa días nunca se inició.

 

 

 

La Sala observa, que la formalizante pretende cuestionar en Casación la supuesta desviación intelectual del juez superior al interpretar el contrato de opción de compra-venta.

 

 

 

Sobre el particular, la Sala ha establecido que, en principio, la interpretación de los contratos es función soberana de los jueces de instancia, quienes, en virtud de lo dispuesto en la parte in fine del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, se atendrán al propósito y a la intención de las partes y la decisión que al respecto produzcan sólo será atacable en Casación, por una denuncia de error en la calificación del contrato por el primer caso de suposición falsa.

 

 

     

En sentencia de fecha 29 de noviembre de 1995 (Universidad Central de Venezuela c/ Banco Provincial S.A.C.A) la Sala al puntualizar los límites entre la interpretación del contrato y la desnaturalización de la voluntad contractual hizo más flexible su doctrina, y consideró que en el caso de que el juez altere el contenido del documento contractual (desviación intelectual) de forma arbitraria y caprichosa y ello produzca un efecto negativo en las partes que lo suscribieron, la Sala tiene la facultad de entrar analizar su contenido y concordancia con el negocio jurídico del cual emana, lo que se llama la verificación del “texto” y la de su “contexto”.

 

En efecto, señaló la Sala en la comentada decisión:

 

“...Ahora bien, ha admitido esta Corte la casación por desnaturalización de una mención contenida en el contrato, que conduciría a que la cláusula establecida en el mismo, produzca los efectos de una estipulación no celebrada.

El límite entre la soberana interpretación del contrato y la tergiversación o desnaturalización de la voluntad contractual está constituido por la compatibilidad de la conclusión del juez con el texto de la mención que se interpreta. Si el establecimiento de los hechos por el juez es compatible con la expresión de la voluntad de las partes, estamos en la esfera de la interpretación; si por el contrario, la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto, estaríamos en presencia de una desnaturalización del contrato...”.

 Sin embargo, para que la Sala pueda analizar el contrato de opción de compra-venta celebrado entre las partes, era indispensable que la formalizante hubiera invocado el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, pues sólo a través de la referida norma este Alto Tribunal puede extender su análisis al fondo de la controversia, esto es, a juzgar el propio juicio intelectivo del juez de mérito respecto de la interpretación del contrato.

 

Asimismo, la Sala encuentra que la adecuada fundamentación de la pretendida denuncia por desviación ideológica, debe comprender también: a) la indicación del hecho positivo y concreto que el juzgador haya dado por cierto valiéndose de una suposición falsa; b) la especificación del caso de suposición falsa a que se refiere la denuncia, pues el encabezamiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil prevé tres (3) hipótesis distintas; c) el señalamiento del acta o instrumento cuya lectura patentice la suposición falsa; d) la indicación y denuncia del texto o los textos aplicados falsamente, porque el Juez da por cierto un hecho valiéndose de una suposición falsa y; e) la exposición de las razones que demuestren que la infracción cometida fue determinante de lo dispositivo de la sentencia, y la expresión de las normas que el juez debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia. (Sentencia del 23 de julio de 2003, caso: Venezolana De Inversiones y Proyectos (Veinpro C.A.) c/ La Asociación Civil Pro-Vivienda Doctor Jorge Dario Patiño Gil).

 

 

 En el caso concreto, la formalizante sustenta su denuncia en la infracción del “...artículo 1.198 en su encabezamiento y del artículo 1.206,  ambos del Código Civil, regla de valoración de los hechos, por FALTA DE APLICACIÓN, lo cual condujo a LA FALSA APLICACIÓN del encabezamiento del artículo 1.269 y del artículo 1.267 ejusdem...”, y su razonamiento se centra en alegar la existencia de una condición suspensiva en el contrato de opción de compra-venta, sin señalar la especificación del caso de suposición falsa a que se refiere la denuncia, pues el encabezamiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil prevé tres hipótesis distintas.

 

 

Dicho con otras palabras, el argumento referido a la tergiversación del contrato fue hecho para justificar que no debía comenzar a contarse el plazo de 90 días para el pago de los sesenta millones de bolívares, hasta tanto el Banco del Caribe otorgase el crédito solicitado, sin precisar el caso de suposición falsa a que se refiere la denuncia, de conformidad con el encabezamiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé tres hipótesis distintas, lo que no fue cumplido por la formalizante en el caso en estudio.

 

 

Por las razones expresadas, la Sala desestima la denuncia de infracción de los artículos 1.198, 1.206, 1.269 y 1.267 del Código Civil, por inadecuada fundamentación. Así se establece.

 

II

 

 

De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la recurrente denuncia la infracción del “...artículo 1.267 del Código Civil por FALSA APLICACIÓN...”.

 

En sustento de la presente denuncia alega la formalizante:

 

“...la recurrida expresa en su decisión:

 

“Por las anteriores consideraciones esta alzada declara resuelto el contrato de opción de compraventa suscrito por las partes en litigio en fecha 17 de marzo de 2000, y así se establecerá en el dispositivo del fallo.

 

De lo anterior se infiere que en el presente caso deberán ocurrir los efectos típicos de toda resolución contractual, las contraprestaciones dadas deberán repetirse recíprocamente, salvo en lo que respecta a la cláusula SÉPTIMA del contrato, que concede a la parte actora, el derecho de conservar los cuarenta millones de bolívares recibidos parte en dinero y parte en especie, en ocasión de dicha convención, los cuales quedarán en su poder dado el incumplimiento de las obligaciones por parte de los demandados. Así se establece.

 

En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios reclamada por la actora en su libelo, esta alzada considera que debe pronunciarse en sentido negativo, toda vez que conforme a las normas procesales aplicables a la materia civil (artículo 340 del Código de Procedimiento Civil), los daños y perjuicios deben ser especificados junto con las causas que los produjeron, pues de lo contrario su indemnización no es procedente, ya que para el operador de justicia está negada toda posibilidad de salvar omisiones, ejercer o formular alegatos que las partes no hayan argüido en la oportunidad correspondiente (artículo 12 ejusdem).

No habiendo sido especificados tales daños en la demanda, sino en los tardíos informes de segunda instancia; y no habiéndose probado en el lapso correspondiente la ocurrencia de los mismos, esta juzgadora debe considerar que en el presente caso no procede la indemnización por daños y perjuicios reclamada por la actora. Así se decide...”.

TRASCENDENCIA DEL VICIO

De no haberse presentado la infracción denunciada, sino que se hubiese aplicado estrictamente los efectos restitutorios que conlleva la resolución, cuando no prospera la pretensión indemnizatoria de los daños y perjuicios, el dispositivo hubiese dispuesto la declaratoria parcialmente con lugar la demanda, acordando la resolución del contrato, pero sin acordarle a la parte demandante, que no estaba obligada a restituir los cuarenta millones de bolívares que recibió y que fue la prestación que yo di en la oportunidad de la firma del contrato de opción...”. (Negritas de la Sala).

 

La Sala para decidir observa:

 

La formalizante alega que si el juez superior declaró parcialmente con lugar la demanda por resolución de contrato de opción de compra-venta, debió retrotraer las cosas al mismo estado en que se encontraba antes de su celebración, es decir, antes de que pagara los cuarenta millones de bolívares dados como inicial, partiendo del hecho de que el contrato quedó resuelto por completo. Por ende, a su juicio, la alzada no debió declarar que la vendedora no estaba obligada a devolver dicha cantidad de dinero.

 

Sobre la llamada cláusula penal que opera en este tipo de contrato estableció el juez de alzada, señaló lo siguiente:

 

“...Por las anteriores consideraciones esta alzada declara resuelto el contrato de opción de compraventa suscrito por las partes en litigio en fecha 17 de marzo de 2000, y así se establecerá en el dispositivo del fallo.

 

De lo anterior se infiere que en el presente caso deberán ocurrir los efectos típicos de toda resolución contractual, las contraprestaciones dadas deberán repetirse recíprocamente, salvo en lo que respecta a la cláusula SÉPTIMA del contrato, que concede a la parte actora, el derecho de conservar los cuarenta millones de bolívares recibidos parte en dinero y parte en especie, en ocasión de dicha convención, los cuales quedarán en su poder dado el incumplimiento de las obligaciones por parte de los demandados. Así se establece...”. (Negritas de la Sala).

 

 

De la transcripción de la sentencia se observa que el juez superior estableció que declarada la resolución del contrato de opción de compra-venta, las contraprestaciones dadas debían repetirse recíprocamente, salvo la que respecta a la cláusula séptima del contrato, la cual concede a la accionante el derecho de conservar los cuarenta millones de bolívares recibidos (parte en dinero y parte en especie) con ocasión de dicha convención, y que según la alzada, deben quedar en su poder dado el incumplimiento de las obligaciones de los optantes.

 

 

Con tal pronunciamiento, el juez de alzada dio cumplimiento a lo establecido en el contrato de opción de compra-venta, cuya cláusula penal es clara al prever que la vendedora puede conservar los cuarenta millones de bolívares recibidos (parte en dinero y parte en especie) como inicial, por así haberlo dispuesto los contratantes en la celebración del dicho negocio jurídico.

 

La Sala considera que tal pronunciamiento es ajustado a derecho, razón por la cual desestima la denuncia de infracción del artículo 1.267 del Código Civil. Así se establece.

 

D E C I S I Ó N

 

 

En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la co-demandada Fanny Coromoto Sánchez Rodríguez, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal, de fecha 2 de febrero de 2005.

Por haber resultado infructuoso el recurso formalizado, se condena a la recurrente al pago de las costas derivadas de su interposición.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Segundo de Primera en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en Caracas, a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil cinco. Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

_______________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

Vicepresidenta, Temporal

ponente

 

________________________________

ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO             

                                             

                                                                                                         

                                                                                              Magistrado,

 

 

 

______________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrada,

 

 

_________________________

YRIS PEÑA DE ANDUEZA

                                                              

                                                                                  Magistrado,

 

 

____________________________________

LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

Secretario,

 

 

_____________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp. N° AA20-C-2005-000205

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias