Venley

Sentencia N.º RNyC.01013

Sentencia
N.º RNyC.01013
Fecha
19/12/2007
Sala
Casación Civil
Expediente
07-407
Ponente
Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento
Recurso de Nulidad y Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2007-000407

 

Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández

 

 

En el juicio por reivindicación incoado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, por la CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO AGRÍCOLA Y PECUARIO (CAYPEICAP), patrocinada por el abogado en ejercicio de su profesión Valmore Rodríguez Pacheco, contra los ciudadanos GERARDO ANTONIO y MANUEL ERNESTO BARTOLOMEU ZUÑIGA, representados judicialmente por el profesional del derecho Julio Azara Hernández; el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, actuando como Tribunal Superior de Reenvío, en fecha 25 de abril de 2007, dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró con lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la parte demandante, con lugar la demanda, ordenó la restitución del bien objeto de reivindicación, anuló un documento protocolizado, ordenó registrar la sentencia, revocó la sentencia apelada, y condenó en costas a la parte demandada.

 

Contra el anterior fallo, la demandada anunció recurso de nulidad y subsidiariamente recurso de casación. Siendo únicamente admitido el de casación, el cual fue formalizado. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:

 

RECURSO DE NULIDAD

Conforme a lo previsto en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, se faculta a las partes para proponer recurso de nulidad, contra la sentencia dictada por el juez de reenvío que desacate la decisión de la Sala.

 

El alcance de esta norma ha sido precisado en innumerables sentencias, dejando claro que el recurso de nulidad sólo procede cuando el fallo de alzada resultó nulo por contener quebrantamientos de ley, y el juez de reenvío, al dictar su decisión, no acata el pronunciamiento sobre la infracción declarada.

 

Este criterio obedece a los efectos derivados de la procedencia del recurso de casación, pues en los casos previstos en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, que comprende los motivos por defecto de actividad, se decreta la reposición de la causa y la consecuente nulidad de los actos procesales, por lo que el juez de alzada adquiere plena jurisdicción para examinar la controversia; mientras que en las hipótesis contenidas en el ordinal 2° del referido artículo, la Sala establece la correcta aplicación del derecho y, por ende, fija un criterio que debe ser acatado por el juez, el cual tiene cosa juzgada respecto del punto considerado.

La consecuencia lógica es la de que si no existe doctrina que deba acatarse, no hay lugar a la admisión del recurso de nulidad, que procede solamente contra la sentencia de reenvío ocasionada por la casación fundamentada en errores de juicio que vinculan inexorablemente al juez de reenvío a la doctrina, tanto estimatoria como desestimatoria, que impone la Sala de Casación Civil en su sentencia.

 

En aplicación de las consideraciones expuestas al caso sub iudice, la Sala observa que la sentencia de alzada fue dictada con ocasión al fallo emanada por esta Suprema Jurisdicción bajo el Nº 857 en fecha 14 de noviembre de 2006, en el cual se verifico el vicio de inmotivación del fallo, con la infracción de lo previsto en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, lo cual constituye una infracción por defecto de actividad, conforme a lo estatuido en el ordinal 1º del artículo 313 eiusdem.

 

Ello evidentemente conlleva a determinar que al no haber establecido esta Sala un criterio doctrinal que debió acatar el juez de reenvío, éste adquirió plena jurisdicción para dirimir la controversia, razón por la cual el recurso de nulidad contra la sentencia dictada en esta oportunidad por la alzada debe declararse inadmisible. Así se establece.

 

Por último se le hace un llamado al juez de la recurrida para que en futuras ocasiones se pronuncie en torno a la interposición del recurso de nulidad, conforme a la doctrina fijada por esta Sala en su Fallo Nº RC-00221 de fecha 28 de marzo de 2006, expediente Nº 2002-166, en la que se estableció:

“...No obstante lo resuelto, esta Sala estima oportuno y necesario establecer que para casos similares y ante la existencia incuestionable de los supuestos contenidos en el criterio ampliamente conocido y reiterado, respecto a la inadmisibilidad del recurso de nulidad contra aquellas decisiones que hayan sido casadas por defectos de actividad, los Jueces de instancia pueden declarar la misma con la consecuencial condenatoria en costas, evitando que se ponga en movimiento esta Suprema Jurisdicción y se suscite desgastes innecesarios dada la evidencia indiscutible en la que devendría dicha inadmisibilidad por disposición del precitado criterio. En ese sentido, lo dispuesto en este fallo se aplicará a las situaciones que surjan a partir de su publicación. Así se establece. (Subrayado y negrillas de la sentencia citado)

 

 

 

RECURSO DE CASACIÓN

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

Del estudio detenido sobre las denuncias presentadas en el escrito de formalización, esta Sala considera necesario, en fundamento al principio de economía procesal y a objeto de evitar desgastes innecesarios en la función jurisdiccional, invertir el orden de la numeración con las cuales el formalizante ha identificado las denuncias por quebrantamientos de forma, pasando a decidir directamente la indicada como “tercera”.

 
III

 

Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° eiusdem, incongruencia positiva.

 

 

Para apoyar su delación el formalizante alega:

“...La sentencia impugnada en el presente Recurso (sic) de Casación (sic) adolece del vicio de Incongruencia (sic) Positiva (sic), por violación expresa de los artículos 12 y 243 numeral 5 del Código de Procedimiento Civil, ya que el dispositivo del fallo impugnado no guarda relación con los pedimentos del libelo de demanda, por lo que es evidente la existencia de extra-petita en la sentencia pronunciada. Este vicio está claramente delineado en el punto TERCERO del Dispositivo de la decisión impugnada en donde la Juez Superior, sin que existiere pedimento alguno al respecto y sin que formara parte del asunto debatido, decide declarar la nulidad del título de propiedad de mis representados, sin señalar las razones de tal nulidad y aún sin que el juicio en cuestión que es una Acción por Reivindicación, tuviere en algún momento en discusión la legitimidad, validez o nulidad del título de propiedad que debidamente registrado ostentan mis representados.

 

     Esta fórmula del dispositivo se basa o fundamenta en sólo pocas líneas que la Ciudadana (sic) Juez (sic) pronuncia en la parte motiva y que textualmente dice: “En relación a la compra venta efectuada entre el ciudadano Simón Alfonso Uzcategui y los ciudadanos Gerardo Antonio y Manuel Ernesto Bartolomeu Zúniga se declara nula, en virtud de que para el momento de efectuarse la misma, el ciudadano Simón Alfonso Uzcátegui ya había dado en venta seis años antes al ciudadano José Ernesto Ibarra Huérfano, Y ASÍ SE RESUELVE.”, lo curioso de todo esto, es que mis representados jamás compraron lote de terreno alguno al ciudadano Simón Alfonso Uzcategui, ya que como se desprende del título de propiedad debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, que en fecha 28 de junio de 1.994, bajo el Nº 40, Tomo 45, Protocolo Primero, mis representados GERARDO ANTONIO y MANUEL ERNESTO BARTOLOMEU ZUÑIGA, compraron al ciudadano Luís Ernesto Osorio Barboza, un lote de terreno propio ubicado en la Aldea Machirí, Parroquia San Juan Bautista, Municipio San Cristóbal del Estado Táchira (...) Por tanto, además de declarar una nulidad imposible y no solicitada, parecería ser que la Ciudadana (sic) Juez (sic) no leyó las actas procesales al momento de dictar su decisión, ya que incurrió incluso en un error que sólo puede provenir del desconocimiento de las actas del proceso...”. (Mayúsculas del texto citado).

Para decidir, se observa:

 

En el caso concreto, la Sala observa que el formalizante sostiene que el juez de la recurrida no se ajusta a la pretensión de la parte actora, en virtud de que el demandante solicitó la reivindicación de un lote de terreno, sin solicitar la nulidad de algún documento, y el Juez, excediéndose en el dispositivo de su fallo, acuerda la acción reivindicatoria y la nulidad de un documento publico registrado, la cual no fue solicitada, incurriendo de tal manera en el vicio denunciado.

 

Ahora bien, el aludido requisito de congruencia del fallo está previsto en el aludido ordinal 5º del artículo 243 eiusdem, el cual establece que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.

 

Esta norma es acorde con lo previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que dispone, entre otras cosas, que el juez debe decidir conforme a lo alegado en autos, sin suplir excepciones o argumentos de hecho no formulados por las partes, lo cual constituye una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en nuestro ordenamiento jurídico.

 

Las disposiciones citadas sujetan el pronunciamiento del juez a todos los alegatos formulados por las partes, sin que le sea posible dejar de decidir alguno de ellos (incongruencia negativa), o por el contrario, extender su decisión sobre excepciones o argumentos de hechos no formulados en el proceso (incongruencia positiva). 

 

                   Ahora bien, la Sala dada la naturaleza del recurso y en razón de estar resolviendo una denuncia por defecto de actividad, cuyos supuestos hacen necesario escudriñar las actas procesales, luego de realizar un detenido y cuidadoso análisis de las mismas, observa que del fallo recurrido se desprende:

 

“...El apoderado de la parte demandante en su escrito libelar señala que por documento protocolizado el 12 de agosto de 1988 su poderdante adquirió mediante acta de remate en el juicio que por cobro de bolívares (vía ejecutiva) que intentó contra el ciudadano José Ernesto Ibarra Huérfano, un lote de terreno propio, ubicado en la Aldea Machirí Parroquia San Juan Bautista del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, con aproximadamente 15 metros de frente por 46 metros de fondo. Que José Ernesto Ibarra Huérfano adquirió dicho lote de terreno del señor Simón Alfonso Uzcátegui, como de mayor extensión, en fecha 24 de noviembre de 1983; que a su vez Simón Alfonso Uzcátegui adquirió dicho lote de mayor extensión según documento protocolizado en fecha 22 de febrero de 1965. Que su representada al adquirir dicho inmueble comenzó a ejercer los derechos de dominio, propiedad y posesión, al igual que sus antecesores y por ello el 26 de abril de 1995 dio en venta a la ciudadana María Elvira Cao Rivas; que posteriormente conforme documento registrado el 30 de marzo de 2000, su representada y la compradora María Elvira Cao Rivas dejaron sin efecto la negociación de compra venta, por lo que a partir de esa fecha el inmueble seguiría perteneciendo a su representada. Que durante el proceso liquidatorio del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP) su representada observó que en el lote de terreno de su propiedad había sido construida una pared encerrando el terreno perimetralmente, con puertas y ventanas en el frente que se corresponde con el lindero sur, y que por informaciones suministradas se constató que quienes construyeron dichas mejoras fueron los ciudadanos Gerardo Antonio y Manuel Ernesto Bartolomeu Zúñiga, con quienes se hizo comunicación personal a objeto de que cesaran en sus pretensiones de continuar detentando el inmueble propiedad de CAYPEICAP, a lo cual adujeron que tenían título registrado mediante el cual Luis Ernesto Osorio Barboza les vendió el 28 de junio de 1994. Que hecho el examen de la secuencia registral se colige que su representada es la absoluta y legítima propietaria del inmueble que hoy detentan Gerardo Antonio Bartolomeu Zúñiga y Manuel Ernesto Bartolomeu Zúñiga, y que frente al título que estos puedan aducir existe el título de propiedad de mayor antigüedad; que por darse los presupuestos de procedencia de la acción reivindicatoria, nace a su representada el ejercicio de tal acción consagrada en el artículo 548 del Código Civil, por lo que en nombre de su representada demanda a los ciudadanos Gerardo Antonio Bartolomeu Zúñiga y Manuel Ernesto Bartolomeu Zúñiga, en los siguientes términos:

“…para que convengan, o en su defecto así lo declare y los condene este Tribunal, en lo siguiente: 1.- En que mi representada es la única y absoluta propietaria del lote de terreno ubicado en la Aldea Machirí, del entonces Municipio, hoy Parroquia, San Juan Bautista y Distrito, hoy Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, con una extensión de más o menos 15 metros de frente por 46 metros de fondo y el cual se encuentra dentro de los siguientes linderos: Norte: Terrenos de Simón Antonio Uzcátegui, mide 15 metros, Sur: Calle asfaltada, mide 15 metros; Oeste: Con terrenos que fueron de Simón Alfonso Uzcátegui, hoy de María Flor Elia Iscaya Reyes, mide 46 metros; Y, Este: Con terrenos que fueron de Simón Alfonso Uzcátegui, hoy de Gilberto Velasco López y Raquel Osorio de Velasco, mide 46 metros, por haberlo adquirido conforme al documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito San Cristóbal, bajo el número 14, tomo 18, protocolo primero, el 12 de agosto de 1988. 2.- De que detentan en forma injustificada dicho lote de terreno propiedad de mi representada, por cuanto carecen de título legítimo que les pueda acreditar derecho de propiedad sobre dicho inmueble. Y 3.- Que restituyan y, por tanto, hagan entrega física o material a mi representada de dicho inmueble. (Destacados de la sentencia transcrita).

 

                   Quedando claro, que el mismo juez de la recurrida en su fallo, establece claramente que conforme a lo solicitado en el libelo de la demanda, el objeto del juicio es la reivindicación de un lote de terreno, sin señalarse que se halla solicitado alguna nulidad de documento.

 

                   Ahora bien, en el dispositivo de la decisión antes citada se señala:

 

     PRIMERO: Se declara CON LUGAR la apelación interpuesta el día 7 de abril de 2005 por el abogado VALMORE RODRÍGUEZ PACHECO con el carácter de apoderado judicial de la parte demandante (...) contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira en fecha 31 de enero de 2005.

     SEGUNDO: Se declara CON LUGAR la demanda (...) En consecuencia, se ORDENA la restitución del bien inmueble ampliamente descrito en el cuerpo de esta sentencia a la parte actora.

     TERCERO: Se ANULA el documento protocolizado por ante la Oficina de registro Público del Municipio San Cristóbal del estado Táchira de fecha 28 de junio de 1994, bajo el No 40 Tomo 45. En consecuencia, de conformidad con el artículo 1922 del Código Civil se ordena registrar la presente sentencia (...) (Resaltados de la decisión transcrita).

 

                   Evidenciándose de dicho dispositivo que el juez de la recurrida, declaró con lugar la apelación de la parte demandante, con lugar la demanda reivindicatoria con la restitución del bien inmueble objeto de litigio y anuló un documento protocolizado.

 

Ahora bien, La doctrina explica que “Ultrapetita es el vicio de la sentencia que consiste en haber declarado el derecho de las partes mas allá de lo que ha sido objeto de la pretensión o litigio” (Couture. Vocabulario Jurídico). La Expresión viene del latin “ultrapetita”, que significa “mas allá de lo pedido”.-

 

En nuestro derecho no se define la ultrapetita, pero la pacífica y constante doctrina de la Sala han precisado el concepto, que consiste en que el juez en el dispositivo de la sentencia o en el considerando de una decisión de fondo se pronuncie sobre cosa no demandada o concede más de lo pedido, ya que el órgano jurisdiccional tiene que limitarse a decidir el problema judicial sometido a su conocimiento conforme a la demanda y la defensa, no pudiendo excederse o modificar los términos en que los propios litigantes la han planteado.

 

Este Alto Tribunal desde la sentencia de abril de 1928, precisó el concepto en nuestro derecho y es el que ha seguido invariablemente la Sala hasta la fecha. En esta oportunidad la Sala expresó que la ultrapetita “es aquel pronunciamiento judicial que concede mas de lo pedido o que se pronuncia sobre cosa no demandada”. (M.de 1936. p. 387. Leopoldo Marquez Añez. Motivos y Efectos del Recurso de Forma en la Casación Venezolana. Pág.81).-

 

En consecuencia, los jueces no deben incurrir en ultrapetita, que viene a ser una manifestación particular del principio general de la congruencia de la sentencia con la pretensión del actor y la defensa. También es importante destacar que este vicio sólo puede cometerse en el dispositivo de la sentencia, como un considerando que contiene una decisión de fondo. Criterio reiterado por esta Sala entre otras sentencia, en fecha 24 de enero de 2006, Fallo No RC-00014, Expediente No 2004-000924, en el juicio de la Sociedad Mercantil Agropecuaria “El Tañero” C.A; contra José Abelardo López Ospina y otra, con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

         En el caso de especie, esta demostrado de la motivación y dispositiva del mismo fallo recurrido, que el ad quem se pronunció sobre un aspecto que no formaba parte de las pretensiones del demandante, como es la declaratoria de nulidad de un documento registrado, cuando solo se intentó la acción reivindicatoria de un lote de terreno, por lo que no formaba parte del thema decidendum. En consecuencia, el ad quem no debió acordar dicha nulidad, dado que no hubo dudas en el juzgador de alzada, el cual al establecer el thema decidendum así lo entendió, tal y como se desprende del extracto pertinente de la parte motiva del fallo que se transcribió.

 

Como se podrá apreciar de las transcripciones anteriores, no cabe duda, de que en la recurrida se incurre en el vicio de ultrapetita, conforme a los conceptos doctrinarios que se han dejado expuestos en esta decisión.

 

            Al haberse pronunciado el juzgador respecto de una nulidad de documento registrado que no formaba parte del thema decidendum, infringió los artículos 12, 243 ordinal 5 y 244 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, la Sala declara procedente la presente denuncia. Así se decide.

 

Por haber sido declarada con lugar una infracción de las descritas en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se abstiene de conocer las restantes planteadas en el escrito de formalización, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 eiusdem.

 

D E C I S I Ó N

 

         Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE el recurso de nulidad propuesto por la parte demandada. SEGUNDO: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, actuando como Tribunal Superior de Reenvío, en fecha 25 de abril de 2007. En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y SE ORDENA al Tribunal Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.

 

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

 

No ha lugar la condenatoria al pago de las costas procesales del recurso, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.

 

Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al Tribunal Superior de origen.-

 

         Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil siete. Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

 

_____________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

 

Vicepresidenta,

 

 

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ISBELIA JOSEFINA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

 

Magistrado-Ponente,

 

 

______________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

 

Magistrado,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

 

 

_________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

 

Secretario,

 

 

__________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. AA20-C-2007-000407.

 

 

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