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Sentencia del 27 de febrero de 2003

Sentencia
-
Fecha
27/02/2003
Sala
Casación Civil
Expediente
01-554
Ponente
Franklin Arrieche Gutiérrez
Procedimiento
Recurso de Hecho

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche G.

 

En el juicio por cumplimiento de contrato de seguro seguido por los ciudadanos NICOLA COSENTINO IELPO, BIAGIO COSENTINO IELPO y GIUSEPPE GUGLIOTTA GUGLIOTTA, representados judicialmente por los abogados Uala Mazzaqui Hagar y Rodolfo Acosta Serrano, contra la sociedad mercantil  SEGUROS SUD AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS GENERALES, actualmente denominada SEGUROS SUD AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA, representados judicialmente por los abogados Freddy Joel Ovalles Párraga, Ana Elena Alvarado de Recao, Alexis José Méndez Romero y Gloria Sánchez Rendón; el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 22 de marzo de 2001, mediante la cual declaró sin lugar la apelación y, en consecuencia, confirmó la sentencia dictada en fecha 24 de febrero de 1999, por el Juzgado Segundo de Municipio de la misma Circunscripción Judicial, que ordenó continuar la ejecución de la sentencia definitivamente firme recaída en ese juicio, condenando en costas a la demandada.

 

 

            La representación judicial de la parte demandada anunció recurso de casación contra la mencionada sentencia de alzada, el cual fue negado con base en que la sentencia no es recurrible en casación, de conformidad con lo previsto en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

            Con motivo de la negativa de admisión del recurso de casación la representación judicial de la demandada recurrió de hecho. En consecuencia, el expediente fue remitido a esta Sala de Casación Civil, donde se le dio cuenta y correspondió la ponencia al Magistrado que con tal carácter suscribe el fallo.

 

 

            Cumplido el trámite previsto en la ley, la Sala procede a dictar sentencia en los siguientes términos:

 

 

 

I

 

 

            El juez de alzada negó el recurso de casación con base en que la sentencia no es recurrible en casación, “...de conformidad con lo dispuesto en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil...”.

 

            El recurrente de hecho alega que dicha negativa es inmotivada, pues el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil comprende diversos ordinales, cada uno diferente, y el sentenciador de la recurrida no expresa cuál de ellos justifica la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de casación. Asimismo, indica que el fallo recurrido constituye un auto dictado en ejecución de sentencia que provee contra lo ejecutoriado y lo modifica de forma sustancial, pues se está ejecutando el fallo dictado en primera instancia, el cual fue sustituido por la decisión de alzada, y agrega que la experticia fue practicada por un sólo perito designado por el tribunal. Finalmente, expresa que “...no puede ser justo ni jurídicamente admisible que por una condena de pago de la suma de Bs. 2.595.086,15, se pretenda ejecutar embargo sobre bienes de la compañía que represento, por la cantidad de NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN BOLIVARES ...”.

 

            Por su parte, la representación judicial del actor alegó que en oportunidad de examinar el recurso de casación anunciado contra la sentencia definitiva, hoy objeto de ejecución, la Sala estableció que el interés principal en este juicio no supera la cuantía prevista en la ley para acceder a casación, y en consecuencia el recurso de casación anunciado en esta oportunidad es inadmisible y, por ese motivo, solicitó la declaratoria sin lugar del recurso de hecho.

 

 

            Para decidir, la Sala observa:

 

 

            El artículo 315 del Código de Procedimiento Civil establece la obligación del juez de la recurrida de motivar el auto  denegatorio del recurso de casación, y en el caso concreto, este deber no fue acatado por el juez que dictó el auto contra el cual obra el recurso de hecho, pues sólo negó el recurso extraordinario de conformidad con el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, a pesar de que esta norma prevé los diversos presupuestos que determinan la admisibilidad del recurso de casación. Por consiguiente, el Juez, para negar este medio procesal, debe precisar las razones que justifican la inadmisibilidad del mismo, y expresar en el auto denegatorio el razonamiento seguido para encuadrar el caso concreto en alguno de los ordinales previstos en dicho artículo 312.

 

            En consecuencia, la Sala establece que el auto denegatorio es inmotivado y, por esa razón, insta al tribunal de la recurrida para que en lo adelante exprese los fundamentos de la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de casación, en acatamiento del mandato contenido en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil.

 

            Por otra parte, los argumentos expresados como fundamento del recurso de hecho generan en la Sala reflexiones sobre el presupuesto referido a la cuantía para la admisibilidad del recurso de casación, pues en el presente caso se trata de un juicio en el que fue solicitada la aplicación del método de indexación monetaria, y practicado éste el monto de la condena sufrió un aumento que supera con creces el límite fijado en la ley para la admisibilidad de dicho recurso.

 

            Por esta razón, la Sala procede a efectuar las siguientes consideraciones:

 

           

En el caso concreto, el actor solicitó el cumplimiento del contrato de seguro celebrado con la demandada, con objeto de reclamar el pago de dos millones quinientos noventa y cinco mil ochenta y seis bolívares con quince céntimos (Bs. 2.595.086,15), por concepto de indemnización de los daños y perjuicios sufridos a causa de una inundación. Igualmente, en el libelo fue pedido el pago de los intereses moratorios y la aplicación del método de la indexación monetaria. Esta demanda fue declarada con lugar en ambas instancias. La sentencia de alzada quedó definitivamente firme, y de acuerdo con la experticia complementaria del fallo que fue practicada, el monto condenado fue ajustado en la cantidad de treinta y siete millones quinientos diecinueve mil setecientos treinta y cinco bolívares (Bs. 37.519.735,oo), por la devaluación sufrida desde la ocurrencia del siniestro hasta la fecha en que fue practicada la experticia.

 

La Sala de Casación Civil ha establecido de forma reiterada, que la inflación es un hecho notorio, y los efectos que produce sobre el valor adquisitivo de la moneda son hechos que el juez puede inferir mediante la aplicación de máximas de experiencias. Asimismo, ha sostenido que la condena de pago de la suma de dinero reclamada resulta injusta si no es practicado el respectivo ajuste monetario, pues el deudor no repara el daño si no restaura a plenitud el patrimonio del acreedor que resultó afectado por el incumplimiento o el retardo en el cumplimiento de la obligación. Por esa razón, la Sala ha establecido que el juez puede acordar de oficio la indexación si la controversia versa sobre derechos no disponibles e irrenunciables, y en caso de que el debate judicial consista en intereses y derechos privados y, por tanto, disponibles, queda a cargo de la parte solicitar el ajuste monetario.

 

La indexación judicial solicitada en el libelo de demanda amplía los límites que deberán ser tomados en cuenta por el Juez al momento de establecer la condena a pagar.

 

En efecto, de conformidad con lo previsto en los artículos 339 y 364 del Código de Procedimiento Civil, la demanda y la contestación constituyen los actos fundamentales en que las partes delimitan el problema judicial y, por tanto, fijan los límites para el conocimiento del Juez, y a ellos está sujeta su actividad de juzgamiento, so pena de infringir el artículo 243 ordinal 5º eiusdem.

 

En la demanda, el actor expresa su pretensión, lo que comprende la especificación de su objeto, esto es: del bien jurídico de la vida que se pretende obtener, que puede ser una cosa material, mueble o inmueble, o un derecho u objeto incorporal.

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 340 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, el objeto de la pretensión debe determinarse con precisión: si fuere inmueble, especificando su situación y linderos; si fuere mueble, especificando sus marcas, colores, señales y particularidades que permitan determinar su identidad; y si fuere derechos u objetos incorporales, indicando los datos, títulos y explicaciones necesarios.

 

En concordancia con ello, el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil, dispone que de ser reclamado el pago de sumas de dinero, debe especificarse la cantidad debida, los intereses vencidos, los gastos hechos por cobranza y los daños y perjuicios sufridos antes de la presentación de la demanda.

 

Por su parte, el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, en su encabezado establece:

 

“Cuando el valor de la cosa no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará”.

 

 

 

   Al interpretar esta norma, la Sala ha dicho:

 

 

“...la Sala reiteradamente ha señalado que el artículo 38  del Código de Procedimiento Civil, es el precepto legal que establece el deber del demandante de estimar el valor de la cosa demandada, cuando ésta no conste, pero sea apreciable en dinero. Asimismo, se ha establecido que no se puede admitir la fijación del interés principal del juicio de una manera arbitraria, ya que el mismo, a diferencia de los juicios donde este valor no consta pero es apreciable en dinero, es rigurosamente legal, debiéndose en consecuencia aplicar la normativa establecida en los artículos 31, 32, 33, 35 y 36 del Código de Procedimiento civil, según sea el caso... (Sent. Nº 136 de fecha 07 de marzo de 2002 caso: C.A. Bienes Raíces Inmobiliaria Malima c/ Residencias Villasol, C.A., Exp. Nº 01-381)”.

 

 

 

 

   En casos como el presente, donde la cantidad que el actor pretende obtener es imposible que conste prima facie, desde luego que para el caso de resultar victorioso, el cuantum va a depender de una actividad posterior al fallo y que se realizará en fase de ejecución de sentencia.

 

   A los fines de la competencia del tribunal, de las costas y del acceso a casación, es preciso que el accionante haya cumplido con la carga que le impone el citado artículo 38, sin que pueda, luego, pretender, como el caso de autos, variar la cuantía inicial de la causa como consecuencia de la indexación, toda vez que ello conspira contra la perpetuatio jurisdictionis prevista en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:

 

“La jurisdicción y la competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento de presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa”.

 

 

  Cabe advertir  que a diferencia del Código de Procedimiento Civil derogado, la ejecución de la sentencia con fuerza de cosa juzgada que puso fin al juicio, no es motivo de una nueva acción, (actio iudicati), sino que forma parte del mismo procedimiento en que luego de concluida la fase cognoscitiva, a instancia de parte tiene lugar la fase ejecutiva, y la cuantía en ambas etapas del proceso es la determinada en el libelo.

 

            En este sentido, la doctrina del Dr. Leopoldo Márquez Añez expresa que:

 

“...Esta última fase del proceso, hace posible que el mandato concreto contenido en la sentencia, pueda ser prácticamente operativo, porque de otro modo, la finalidad del derecho y la de la jurisdicción misma quedarían frustradas si el Estado no dispusiese de los medios prácticos para hacer cumplir el fallo.

 

Se mantiene así en el Proyecto, la posición que desde antiguo había tomado el legislador venezolano, de considerar la ejecución forzada formando parte del “Officium Iudicis” –del oficio del Juez- y comprendida, por tanto, dentro de la función jurisdiccional.

 

Mediante el sistema que se mantiene, la ejecución no es objeto de una nueva acción (actio iudicati), como en otros derechos, ni da origen a una nueva relación jurídica procesal, sino que constituye el desenvolvimiento final de la única relación jurídica procesal que se constituye entre las partes desde el momento mismo en que la demanda judicial es notificada al demandado...”. (El Nuevo Código de Procedimiento Civil. Fondo de Publicaciones UCAB.-Fundación Polar. Pág. 220).

 

 

              En consecuencia, si el accionante reclama el pago de una cantidad de dinero, debe establecer los límites de la cantidad requerida, lo que comprende el ajuste por desvalorización de la moneda. Por esta razón la petición de indexación hecha en el libelo puede entenderse perfectamente como delimitación por parte del actor, de los límites del objeto de la pretensión procesal.

 

  Ahora bien,  en el libelo el actor puede solicitar el ajuste del valor del monto reclamado desde que el deudor incurrió en mora hasta la fecha de presentación de la demanda; e igualmente puede solicitar la corrección monetaria a que haya lugar por efecto de la devaluación que sufra la cantidad reclamada durante el transcurso del juicio. En el primer caso, la indexación es perfectamente determinable por el actor, la cual debe fijar en atención a los índices especificados por el Banco Central de Venezuela; pero en el segundo, está presente la dificultad de determinar el tiempo en que terminará el juicio.

 

 

  En este caso, la Sala estima que se trata de una pretensión apreciable en dinero, cuyo valor no consta, por lo que queda a cargo del actor realizar la respectiva estimación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil. La falta de estimación impedirá que el ajuste por inflación integre el interés principal del juicio, a los fines de determinar la admisibilidad del recurso de casación.

 

 

  En aplicación de estas consideraciones en el caso concreto, la Sala observa que el actor solicitó la indexación en el libelo, pero no podía fijar su cuantía; por tanto, no puede ser tomado en consideración a los efectos de determinar la admisibilidad del recurso de casación.

 

 

En consecuencia, la Sala establece que en el caso concreto la demanda fue estimada en dos millones quinientos noventa y cinco mil ochenta y seis bolívares con quince céntimos (Bs. 2.595.086,15), monto que evidentemente no supera la cuantía exigida para acceder a casación en los juicios civiles y mercantiles, conforme al Decreto  Nº 1.029 del 22 de abril de 1996, de acuerdo con el cual el interés principal del juicio debe exceder de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00).

 

  Por cuanto en el presente caso, se ha examinado un punto novedoso relacionado con el ajuste monetario por desvalorización de la moneda, y su influencia en la cuantía exigida en la ley para acceder a casación, la Sala se abstiene de apercibir al abogado que propuso el recurso de hecho, y de participar al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital. Así se establece.

 

 

 

D E C I S I Ó N

 

  En mérito de las anteriores consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 21 de mayo de 2001, dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, denegatorio a su vez del recurso de casación anunciado contra el fallo definitivo de fecha 22 de marzo de 2001, emanado del referido Juzgado. De conformidad con lo previsto en la Ley, se condena al recurrente al pago de las costas del recurso.

 

 

 

  Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese de esta decisión al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la  misma Circunscripción Judicial, de conformidad con lo establecido por el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

 

              Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de  Justicia  en  Sala  de   Casación   Civil,   en   Caracas,  a

 

 

los     veintisiete   (  27  )  días del  mes de   febrero      de dos mil tres. Años: 192° de la Independencia y 144° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

___________________________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

El Vicepresidente,

 

 

___________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

                                                                                 Magistrado,

 

 

                                                               _________________________________                                                         ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

La Secretaria,

 

 

________________________________

ADRIANA PADILLA ALFONSO

 

Exp. N° 01-554

 

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