Sentencia N.º 000020
- Sentencia
- N.º 000020
- Fecha
- 12/02/2025
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 24-454
- Ponente
- Carmen Eneida Alves Navas
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
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SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. AA20-C-2024-000454
Magistrada Ponente: CARMEN ENEIDA ALVES NAVAS
En el juicio por acción reivindicatoria interpuesto ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, por el ciudadano ORLANDO JAVIER CORDERO DOMÍNGUEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad número 12.020.861, asistido judicialmente por la abogada Marylin Martín Mendoza, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 64.640, contra la ciudadana MARÍA ESTHER MARTÍN VÉLIZ y el ciudadano CARLOS ALBERTO TORRES RODRÍGUEZ, venezolanos titulares de la cédula de identidad número 13.904.297 y 12.151.214, en ese orden, representados judicialmente por la abogada María Gabriela Marmolejo y el abogado Jermán Escalona, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 292.520 y 51.241, respectivamente; el 11 de junio de 2024, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, contra el fallo emitido, el 19 de diciembre de 2023, por el referido juzgado de primera instancia, y, en consecuencia, declaró con lugar la acción reivindicatoria y confirmó el acto de juzgamiento del tribunal de primera instancia.
El 17 de junio de 2024, el abogado Jermán Escalona, apoderado judicial de la parte demandada, ciudadana María Esther Martín Veliz y ciudadano Carlos Alberto Torres Rodríguez, anunció recurso extraordinario de casación.
El 2 de julio de 2024, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, admitió el recurso de casación incoado, y remitió el expediente a esta Sala de Casación Civil.
El 4 de julio de 2024, fue recibido en la Secretaría de la Sala el expediente proveniente del juzgado superior anteriormente identificado, el cual fue registrado en el libro respectivo.
El 8 de agosto de 2024, se recibió ante la Secretaría de esta Sala de Casación Civil, oficio proveniente del Juzgado Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, anexo al cual remitió escrito de formalización del recurso extraordinario de casación.
El 25 de septiembre de 2024, la abogada Marylin Martín Mendoza, apoderada judicial de la parte actora, ciudadano Orlando Javier Cordero Domínguez, presentó ante la Secretaría escrito de impugnación a la formalización.
El 8 de agosto de 2024, se asignó la ponencia a la Magistrada Doctora CARMEN ENEIDA ALVES NAVAS, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Concluida la sustanciación del recurso, pasa la Sala a dictar decisión, en los términos siguientes:
PUNTO PREVIO
Esta Sala constata que en el escrito de formalización presentado por la parte demandada, se formulan dos denuncias, en primer lugar delata dos por infracción de ley, y seguidamente, se denuncia defecto de actividad.
Ahora bien, esta Sala por razones metodológicas, altera el orden en que fueron presentadas las denuncias en el escrito de formalización, y en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, procederá primero a la revisión de la denuncia por defecto de actividad; y en caso de no resultar procedente, la Sala pasará a examinar las delaciones por infracción de ley contenidas en el escrito de formalización presentado por la parte demandada. Así se establece.
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
ÚNICA
Con fundamento en el ordinal 1o del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denunció la infracción por la recurrida de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en tal sentido, alega lo que sigue:
En el escrito de CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA alegué por vía incidental la comisión de un FRAUDE PROCESAL donde textualmente expuse:
( )
Las actuaciones de la parte accionante se subsumen perfectamente en la definición dada al FRAUDE PROCESAL en las distintas sentencias y citas doctrinales que a continuación paso a señalar:
( )
La presente demanda fue presentada a sabiendas de la existencia de una negociación donde el ciudadano ORLANDO CORDERO, ofreció en venta a mis representados el inmueble objeto de la presente acción por un monto de NOVENTA MIL DOLARES AMERICANOS (90.000$), hoy de una forma TEMERARIA E INFUNDADA pretenden accionar por reivindicación omitiendo a esta juzgadora la existencia de la precitada negociación tratando de sorprenderla en su buena fe.
De la revisión de las actas que componen el presente asunto no existe pronunciamiento alguno de admisión por parte de la a quo y no existe en la sentencia recurrida pronunciamiento por parte de ad quem de habérsele violentado el derecho a la defensa de mis representados.
Es evidente que este FRAUDE PROCESAL de haber sido procesado conforme a derecho podría haber influido en el dispositivo del fallo y se hubiera salvaguardado el debido proceso, razón por la cual solicito respetuosamente sea declarada procedente la presente denuncia. (Resaltado del texto).
Para decidir, la Sala observa:
Alega el formalizante que el tribunal de alzada incurrió en la infracción de los artículos 26 y 49 de nuestra Carta Fundamental, a su decir, no se pronunció con relación a un supuesto fraude procesal, y argumenta que le fue violentado el derecho a la defensa, por lo que insiste en la procedencia de la presente denuncia.
Ahora bien, esta Sala de Casación Civil estima necesario advertir a la parte recurrente, que el vicio que pretende denunciar en esta Máximo Órgano Jurisdiccional supone el quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que menoscaban el derecho a la defensa.
No obstante lo anterior, esta Sala, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante los cuales se pone de manifiesto la garantía de un proceso sin formalismos no esenciales, en el que las partes puedan ver materializada la justicia, y visto que a pesar de las referidas deficiencias, se logra entender que el vicio que pretende acusar el recurrente es el quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que menoscaban el derecho a la defensa, la Sala pasará a examinar la denuncia en esos términos, a objeto de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva en beneficio de las partes. Así se establece.
A ese respecto, esta Sala ha señalado reiteradamente que la infracción por quebrantamiento u omisión de las formas sustanciales del proceso que menoscaban el derecho de defensa, es el resultado de una acción u omisión del juez, que se configura cuando se conceden preferencias, se acuerdan facultades, medios o recursos no establecidos por la ley, o cuando se niegan los permitidos en ella, en perjuicio de una de las partes procesales.
Igualmente, se considera vulnerado el derecho a la defensa de las partes, cuando el juez no provee en tiempo hábil las peticiones de alguna de éstas en perjuicio de la otra; en general, cuando el juez niega o cercena a las partes los medios legales para hacer valer sus derechos, lo cual rompe el equilibrio procesal en perjuicio de un litigante (vid. Sentencia número RC-736, del 10 de diciembre de 2009, expediente número 2008-564, caso: Toyama Maquinarias, S.A. contra Apca Mantenimiento y Servicios, C.A.).
No obstante lo anterior, esta Sala ha sostenido de manera pacífica y reiterada que bajo ningún pretexto o circunstancia se debe sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, lo cual quiere decir que, si bien la verificación del quebrantamiento de una forma procesal, en principio, amerita la reposición de la causa en aras de renovar el acto cuya forma fue quebrantada, tal reposición resultará procedente, únicamente si cumple un fin útil para la suerte del proceso (vid. Sentencia número RC-335, del 9 de junio de 2015, expediente número 2015-102, caso: Jairo José Ortega Rincón y otra contra José Ygnacio Rodríguez Moreno).
Ahora bien, esta Sala considera necesario transcribir un extracto de la sentencia recurrida con el fin de dilucidar la denuncia bajo estudio, que al efecto determinó cuanto sigue:
Del fondo de la causa.
Ahora bien, de seguidas el tribunal pasa a decidir sobre la pretensión de reivindicación formulada en el caso que nos ocupa y en tal sentido observa, que el artículo 548 del Código Civil establece:
( )
En este sentido, se define la acción reivindicatoria como aquella mediante la cual una persona reclama contra un tercero detentador la restitución de una cosa de la cual se pretende propietario (GERT KUMEROW; Bienes y Derechos Reales. 3º Edición Pág. 338, citando DE PAGE, TRAITE ELEMENTAIRE DE DROIT CIVIL BELGA. Tomo VI, Pág. 105). La procedencia de la acción reivindicatoria requiere que se aduzcan y comprueben suficientemente cuatro elementos concurrentes: a) El derecho de propiedad o dominio del actor. b) El carácter de tenedor, poseedor por parte del demandado. c) La falta de derecho a poseer del demandado. d) Identificación del objeto reivindicado y que se trate del mismo bien a reivindicar.
Vista así las cosas, se desprende que los demandantes tienen la carga de una doble prueba, la identificación de la cosa sobre la cual recae la propiedad y la demostración de que esa misma cosa es la que indebidamente posee la persona contra quien se dirige la acción.
En efecto, es evidente que a la parte actora correspondía la carga de la prueba de los presupuestos de la acción, de conformidad con los artículos 1.354 del Código Civil, y 506 del Código de Procedimiento Civil. Así lo ha venido afirmando la Sala de Casación Civil, desde la sentencia del 05 de febrero de 1.987 (Nugopar C.A contra M. Franco), donde expresó:
( )
La acción reivindicatoria es una acción real, que le impone al demandante la carga de una prueba Frecuentemente Difícil (Mazeaud, Hanry y Jean. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda, Volumen IV. Ed EJEA, Buenos Aires, Argentina. 1.960, pág. 349). Para los Civilistas Franceses, encabezados por los hermanos Mazeaud, el principio Actori incumbit probatio, se aplica a la prueba no sólo del derecho de propiedad, sino al hecho fáctico de que el demandado posee ese bien que se pretende reivindicar. Por lo que en definitiva, el demandante debe establecer su derecho de propiedad y demostrar a su vez, que ese bien, que pretende reivindicar, es el mismo que poseen los demandados, tal conducta procesal, involucra directamente el contenido normativo de los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y el 1.354 del Código Sustantivo.
En este sentido, la Doctrina Nacional, encabezada por el Maestro René de Sola (De Sola, René. Cuestiones Posesorias. Editorial Grafor, Caracas 1.956.) Ha expresado sobre la Carga de la Prueba del Actor en la Acción de Reivindicación, lo siguiente:
( )
Ahora bien, puede observarse que como soporte de la acción de reivindicación, es requisito sine qua non, demostrar, por parte de la actora, la identidad del inmueble cuya reivindicación pretende con el inmueble ocupado por la parte poseedora, circunstancia ésta fundamental a la litis y, donde el medio probatorio idóneo para probar tal presupuesto es la prueba de experticia.
Así las cosas, en el caso sub judice, era fundamental, por efecto de los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, que la demandante probara su afirmación fáctica relativa a la identidad que existe en metraje y linderos entre el título que esboza la parte actora y el inmueble que ocupa el demandado, a través de la prueba de experticia, que es el medio idóneo, vale decir, pertinente, conducente y legal, para demostrar tal identidad.
Atendiendo a tales consideraciones, es conveniente traer a colación, la decisión N° 2.238 de fecha 11 de octubre de 2.006, (caso: ANTONIO MARTINEZ LOPEZ vs INAVI) de la Sala Política Administrativa, se estableció lo siguiente:
( )
Cuando se interpreta el artículo 548 del Código Civil y se establece que la identidad de la cosa reivindicada es un presupuesto o requisito concurrente de la acción reivindicatoria, se está haciendo referencia a la comprobación que son una misma cosa aquella determinada en el libelo de demanda de la cual se pretende propietario el actor, y la poseída por el demandado, pues, es lógico distinguir que una cosa es singularizar, determinar un inmueble en el libelo de demanda y otra completamente distinta es el proceso tendiente a precisar materialmente en el terreno esa misma determinación o singularidad, y de donde resultaría la debida identificación requerida al efecto para verificar si se cumplió o no con dicho requisito.
Así las cosas, a esta Alzada le corresponde constatar el cumplimiento de los requisitos concurrentes de procedencia de la acción reivindicatoria aquí propuesta, tal como lo establece el referido artículo 548 del Código Civil, y lo ha venido desarrollando el más alto Tribunal, para lo cual se puntualiza de la manera siguiente:
1- Con relación al derecho de propiedad del reivindicante, se aprecia que con el fin de probar este requisito se consignó documento de venta realizada por el ciudadano José de Jesús Salazar Álvarez (vendedor) al ciudadano Orlando Javier Cordero Domínguez (comprador) sobre un inmueble destinado a vivienda constituido por una parcela de terreno distinguida con el N° 24 y la casa-quita sobre el construida situada en la Terraza Martinica Tres (03) del Condominio Martinica, parcelamiento denominado Condominios Plaza Caribe, ubicado en El Ujano, parroquia Catedral del municipio Iribarren del estado Lara; asimismo consignó cancelación de hipoteca de primer grado, suscrita por la ciudadana María Celia Sagrario Del Reguero Agudo, apoderada de Banesco Banco Universal C.A., protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Iribarren del Estado Lara, en fecha 30 de diciembre de 2020, bajo el N° 43, folio 352, Tomo 10 donde evidencia la extinción de la hipoteca legal habitacional que el ciudadano Orlando Javier Cordero Domínguez, constituyó a favor de Banesco Banco Universal C.A., sobre el inmueble antes identificado.
Ahora bien, con el fin de considerar el título presentado por la parte demandante como suficiente, esta Alzada encuentra que la parte demandada no alegó ni presentó titularidad sobre el referido inmueble en virtud de presentar algún alegato, así como tampoco título posesorio alguno; razón por la cual, quien juzga estima cumplido el primer requisito para la procedencia de la pretensión reivindicatoria. Así se precisa.
2- Con relación al segundo elemento determinante a los efectos de declarar la procedencia de la presente acción tenemos el hecho de encontrarse el demandado en posesión de la cosa a reivindicar, fue debidamente probado, ya que la misma parte demandada, en sus escritos señala que esta poseyendo el inmueble en discusión; aunado a la inspección judicial practicada en el inmueble a reivindicar donde se comprobó la ocupación del mismo por el demandado; queda así probado el segundo requisito. Así se indica.
3- De la falta de derecho de poseer de la parte demandada; sobre este aspecto, el apoderado de la accionada señala que el actor mintió descaradamente cuando dijo que no autorizó bajo ningún concepto a su representado a ocupar el inmueble contradiciéndose con la misiva de fecha 19 de junio de 2019, suscrita por el accionante, dirigida a la Asociación Civil Vecinos Urbanización Plaza Caribe notificándole que el demandado junto a su familia ocuparan la vivienda como inquilino y futuro propietarios; y agrega que una vez en posesión del inmueble comenzaron a realizar los abonos del precio de la venta en moneda extranjera y para la fecha adeuda por concepto de precio de venta condicionada sobre el precio del inmueble la cantidad de cuarenta y seis mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (46.000 $) los cuales se le informó al actor que se cancelaría cuando él mostrara los documentos públicos que acreditaran la propiedad.
Ciertamente, cursa en autos la misiva referida por el demandado, donde la parte accionante notifica a la Asociación Civil Vecinos Urbanización Plaza Caribe, para que le permitan el acceso al urbanismo en razón de que sería inquilino y futuro propietario del inmueble objeto de reivindicación; tal comunicación a juicio de esta sentenciadora evidencia que inicialmente estaba en negociación el alquiler y posterior adquisición del inmueble por parte del accionado; sin embargo no constituye plena prueba de que ello haya ocurrido ya que no existe otro medio probatorio que soporte tal hecho, porque los pagos que alega el demandado realizó y que pretende probarlo con las impresiones de conversaciones sostenidas entre las partes contendientes a través de la aplicación whatsapp, deben desestimarse en razón de que el artículo 4 de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas establece que los mensajes de datos tienen la misma eficacia probatoria de los documentos escritos, se refiere es a los documentos originados en formato digital que cumplen con lo requerido en el artículo 8 de la ley en comento que establece lo siguiente:
Artículo 8.- Cuando la ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con relación a un Mensaje de Datos, si la información que éste contiene es accesible para su ulterior consulta. Cuando la ley requiera que ciertos actos o negocios jurídicos consten por escrito y su soporte deba permanecer accesible, conservado o archivado por un período determinado o en forma permanente, estos requisitos quedarán satisfechos mediante la conservación de los Mensajes de Datos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que la información que contengan pueda ser consultada posteriormente.
2. Que conserven el formato en que se generó, archivó o recibió o en algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada o recibida.
3. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen y el destino del Mensaje de Datos, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido. Toda persona podrá recurrir a los servicios de un tercero para dar cumplimiento a los requisitos señalados en este artículo.
En el sub iudice, estima esta sentenciadora que al no evacuarse la prueba de la experticia electrónica no se verificó el cumplimiento de las exigencias estipuladas en los numerales 2 y 3 de la norma comentada, por lo que no se le puede atribuir la eficacia probatoria de un documento privado escrito. En este sentido, considera quien juzga que se tratan de copias simples no reconocidas, razón por la cual deben desestimarse; por tal razón el demandado no logró demostrar su derecho de permanencia en el inmueble objeto de reivindicación, y por consiguiente se cumple el tercer requisito para la procedencia de la acción reivindicatoria. Así se determina.
4- La identidad de la cosa reivindicada, esto es, que la cosa reclamada sea la misma sobre la cual la parte demandante alega derechos como propietario, requisito que a juicio de esta sentenciadora fue probado con la experticia evacuada donde quedó demostrado que el inmueble reclamado en el libelo de demanda es el mismo que figura en el título de propiedad presentado por el accionante, y es el ocupado por el demandado. Así se establece. Por todo lo anterior, quien aquí decide estima que se cumplen en el presente caso, los requisitos concurrentes para confirmar la declaratoria con lugar de la acción reivindicatoria. Así se declara. Por lo que luego del estudio del caso y con base en las consideraciones anteriores, esta Alzada declara sin lugar la apelación propuesta, consecuencia de ello, se confirma la decisión dictada por el Juzgado ad-quo, de reivindicación y se ordena al demandado, restituir a la parte demandante, el inmueble cuyas características y especificaciones serán determinadas en la parte dispositiva del presente fallo. Así se decide. (Resaltado del texto).
Del fallo transcrito, se observa que ciertamente como lo alega el recurrente en la denuncia bajo análisis, el tribunal de alzada no mencionó el alegato esgrimido en la contestación de la demanda del fraude procesal, y se circunscribió a la valoración y apreciación de las pruebas promovidas por ambas representaciones judiciales, señalando en la parte motiva de la recurrida las razones de hecho y de derecho en que basó su decisión.
No obstante, tal alegato señalado por la parte demandada hoy recurrente, no es determinante en el dispositivo del presente fallo, por cuanto el supuesto fraude procesal alegado, se refiere a una supuesta negociación donde el ciudadano ORLANDO CORDERO, ofreció en venta a mis representados el inmueble objeto de la presente acción por un monto de NOVENTA MIL DOLARES AMERICANOS (90.000$), hoy de una forma TEMERARIA E INFUNDADA pretenden accionar por reivindicación omitiendo a esta juzgadora la existencia de la precitada negociación tratando de sorprenderla en su buena fe , observándose de lo anterior, que se dirige al fondo del asunto debatido por el juzgado superior, y no un fraude procesal propiamente dicho. Así, el tribunal conoció el fondo del asunto debatido, y determinó con base en las pruebas aportadas en el proceso la solución al caso en cuestión, razón por la cual actuó apegado a las garantías del derecho a la defensa de las partes, previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se establece.
En consecuencia, y en virtud de las razones establecidas en líneas anteriores se determina que el tribunal de alzada no incurrió en el quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que menoscaban el derecho a la defensa, por lo que se desestima la presente denuncia. Así se establece.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
I
Con fundamento en el ordinal 2o del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 del mencionado cuerpo normativo, el formalizante denunció la infracción por parte de la recurrida de los artículos 395 y 509 del Código de Procedimiento Civil, por el supuesto vicio de silencio de pruebas; en tal sentido, alega lo que sigue:
En la oportunidad legal para presentar INFORMES en el Recurso de Apelación, promoví de conformidad con el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, documental da carácter público constante de COPIAS CERTIFICADAS de las declaraciones rendidas ante el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (CICPC) y la FISCALÍA SÉPTIMA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO LARA, por los ciudadanos FRANKLIN JIMÉNEZ, cursante a los folios 226 al 228, JOSÉ FERRINI cursante a los folios 235 al 237 quienes dan fe de la negociación de compra del inmueble objeto de la reivindicación, entre mis representados y el ciudadano ORLANDO CORDERO y la declaración de la parte actora el ciudadano ORLANDO CORDERO, cursante a los folio 240 y 241 del asunto principal, donde este último textualmente declara lo siguiente:
( )
La recurrida incurre en silencio de prueba, en virtud de que nunca valora la presente prueba, ni siquiera la nombró, por lo que no la aprecio conforme a derecho.
Vale acotar que es una prueba de suma relevancia para el fallo, es una CONFESIÓN expresa y directa de la existencia de una venta consumada y que concatenada con los demás medios probatorios que promoví en su oportunidad demuestran la existencia de una POSESIÓN LEGITIMA de mis representados y por otro lado una falta de probidad por parte del accionante cuyo único fin era defraudarlos. Es una prueba determinante en la suerte del dispositivo de la recurrida porque desvirtuaría el tercer elemento concurrente para que prospere la acción de reivindicación, como lo sería, "la falta de derecho a poseer del demandado", ya que con esta prueba se demuestra plenamente el derecho a poseer de mis representados, aunada a la misiva original suscrita por el ciudadano ORLANDO JAVIER CORDERO DOMÍNGUEZ cursante al folio 47 del asunto principal y dirigida a la Asociación de Vecinos de la urbanización Plaza Caribe, Asociación Plaza Caribe fechada 19 de junio de 2019; donde la parte actora una vez recibido 40 % del pago inicial de la venta, autorizaba a mis representados, ante la Junta de Condominio para que OCUPARA LA VIVIENDA en cuestión como inquilino y futuro propietario del inmueble objeto de la precitada negociación de compra venta pactada entre ambos.
Esta prueba determinante demuestra la existencia de una VENTA CONSUMADA y así ha sido expresamente definida en jurisprudencia de la Sala de Casación Civil en su sentencia N° 116/22.03.2013, vigente para el momento en que se dictó la decisión.
Al respecto, es menester señalar el contenido del mencionado fallo de la Sala de Casación Civil, que es del tenor siguiente:
( )
Conforme a las citadas jurisprudencias se determina que la acción reivindicatoría es improcedente en este caso ya que lo ajustado a derecho seria la vía resolutoria si lo que se pretendía era resolver la venta y por otro lado la existencia de una venta tal como lo define la sentencia ut supra desvirtúa como se citó anteriormente el tercer elemento concurrente para que prospere la acción de reivindicación, como lo sería, "la falta de derecho a poseer del demandado".
Así de trascendental considera esta representación que es la prueba promovida y donde el ad quem incurrió en una falta absoluta de valoración, razón por la cual solicito respetuosamente sea declarada procedente la presente denuncia. (Resaltado del texto).
Para decidir, la Sala observa:
Alega el formalizante que el tribunal de alzada incurrió en el vicio de silencio de pruebas, por cuanto no valoró En la oportunidad legal para presentar INFORMES ( ) documental de carácter público constante de COPIAS CERTIFICADAS de las declaraciones rendidas ante el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (CICPC) y la FISCALÍA SÉPTIMA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO LARA , insistiendo que el tribunal de alzada incurrió en el vicio de silencio de prueba, por cuanto no valoró la presente documental.
Ahora bien, el vicio de silencio de pruebas se patentiza en los casos en los que el jurisdicente ignora la probanza aportada a los autos, o aun mencionándola no realiza el debido análisis sobre ella para expresar su mérito, por otra parte, para la procedencia de este tipo de denuncia se exige que la infracción de derecho sea determinante en el dispositivo del fallo.
De igual forma esta Sala ha determinado, que no existe silencio de prueba cuando de la sentencia recurrida se observe, que el juez analizó y valoró la misma, dado que el supuesto de hecho generador del vicio es la falta absoluta de su apreciación por parte del juez de instancia.
Precisado lo anterior, es necesario destacar la posición que ha venido manteniendo esta Sala con respecto a la obligación que tiene el tribunal de pronunciarse sobre los alegatos esgrimidos en informes, entre otras decisiones, la asumida mediante la sentencia número 522, del 7 de octubre de 2009, caso: Banco Sofitasa, Banco Universal, C.A. contra Sermitec Talleres Industriales, C.A. y otra, en la cual reiteró lo siguiente:
Del precedente jurisprudencial se desprende que para dar por cumplido el principio de congruencia del fallo, los jueces están obligados a emitir expreso pronunciamiento respecto de aquellos alegatos, peticiones o defensas que la parte haga en su escrito de informes, relativos a la confesión ficta u otros similares, independientemente de que se encuentren o no contenidos en la demanda o en su contestación, siempre que pudieran tener influencia determinante en la solución del caso, lo contrario implicaría incurrir en el vicio de incongruencia negativa .
En virtud de la jurisprudencia antes expuesta, esta Sala ratifica que es deber del juez pronunciarse sobre todo lo solicitado en el escrito libelar y la contestación de la demanda. Sin embargo esa obligación, no ha estado limitada a los mencionados escritos sino que se ha extendido inclusive aquellos alegatos que la parte haga en su escrito de informes referidos a la confesión ficta, cosa juzgada, u otras similares como la perención, supeditado a que éstos tengan influencia determinante en la resolución del caso, a fin de no incurrir en el vicio de incongruencia negativa. (Resaltado de la Sala).
Ahora bien, se observa que los recurrentes denuncian que el tribunal superior no valoró en la etapa de informes documental de carácter público consignado en la oportunidad legal correspondiente de los informes en alzada, referente a una supuesta venta del inmueble objeto a reivindicar; ahora bien, se observa que el documento presentado por la representación judicial de la parte demandada es un documento privado y no de carácter público, ver folios 221 al 241 de la segunda pieza principal del expediente, por lo que tal alegato expuesto ante el tribunal superior, no encuadra en el supuesto relativo a las excepciones establecidas en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, que dispone En segunda instancia no se admitirán otras pruebas sino la de instrumentos públicos, la de posiciones y el juramento decisorio. Los primeros podrán producirse hasta los informes, si no fueren de los que deban acompañarse con la demanda; las posiciones y el juramento podrán evacuarse hasta los informes, siempre que se solicite dentro de los cinco días siguientes a la llegada de los autos al Tribunal , razón por la cual el tribunal superior no valoró el documento privado anteriormente señalado.
Con vista a lo anterior, se tiene que el tribunal de alzada no incurrió en el delatado vicio de silencio de pruebas señalado por los recurrentes, por cuanto de las actas que conforman el presente asunto se evidencian documentales de carácter privado, y como quiera que no fueron promovidos dentro del lapso legal establecido se desestiman, razón por la cual se declara improcedente la presente delación. Así se establece.
En consecuencia, y en vista de todos los argumentos expuesto el tribunal de alzada no incurrió en el supuesto vicio de silencio de pruebas. Así se decide.
II
Con fundamento en el ordinal 2o del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 del mencionado cuerpo normativo, el formalizante denunció la infracción por parte de la recurrida del vicio de suposición falsa; en tal sentido, alega lo que sigue:
Al efecto me permito citar extracto de la sentencia acá recurrida donde textualmente la ad quem señala:
( )
La ad quem parte del hecho positivo de que las copias simples de los mensajes de WHATSAPP no fueron reconocidas por la parte actora en su debida oportunidad, hecho este totalmente falso ya que no consta en el expediente ninguna diligencia donde la parte actora haya IMPUGNADO las copias simples en cuestión, razón por la cual hacen plena prueba. Al respecto de la obligación que tenía el actor de impugnar las copias simples de los mensajes de WhatsApp para una consecuente desestimación como prueba se hace necesario dictar la siguiente jurisprudencia:
( )
Esta infracción cometida por la ad quem resulta determinante para el dispositivo del fallo ya que de haberse percatado de que las copias simples de los mensajes de whatsApp no habían sido IMPUGNADAS por la parte actora y en aplicación de la precitada sentencia y demás sentencias relativas a los mensajes de whatsApp, hubiera adminiculado esta prueba con la misiva referida por el demandado, cursante al folio 47 de asunto principal, donde la parte accionante notifica a la Asociación Civil Vecinos Urbanización Plaza Caribe, para que le permitan el acceso al urbanismo en razón de que sería inquilino y futuro propietario del inmueble objeto de reivindicación su decisión sería totalmente contraria dejando asentado que no estaba lleno el tercer requisito para la procedencia de la reivindicación razón por la cual solicito respetuosamente sea declarada procedente la presente denuncia. (Resaltado del texto).
Para decidir, la Sala observa:
Del extracto previamente citado, se observa que el formalizante asoma implícitamente que el tribunal de alzada cometió el vicio de silencio de prueba, por cuanto parte del hecho positivo de que las copias simples de los mensajes de WHATSAPP no fueron reconocidas por la parte actora en su debida oportunidad, hecho este totalmente falso ya que no consta en el expediente ninguna diligencia donde la parte actora haya IMPUGNADO las copias simples, razón por la cual hacen plena prueba, siendo que tales instrumentos serían determinantes en el dispositivo del fallo recurrido, ya que con las mismas se comprueba que la parte demandante no cumple con el tercer requisito para la procedencia de la reivindicación.
Ahora bien, el vicio de silencio de pruebas se patentiza en los casos en los que el jurisdicente ignora la probanza aportada a los autos, o aun mencionándola no realiza el debido análisis sobre ella para expresar su mérito, por otra parte, para la procedencia de este tipo de denuncia se exige que la infracción de derecho sea determinante en el dispositivo del fallo.
De igual forma esta Sala ha determinado, que no existe silencio de prueba cuando de la sentencia recurrida se observe, que el juez analizó y valoró la misma, dado que el supuesto de hecho generador del vicio es la falta absoluta de su apreciación por parte del juez de instancia.
A ese respecto, al delatar el recurrente que el tribunal de alzada no valoró el documento privado producido en juicio en la oportunidad legal correspondiente, esta Sala de Casación Civil considera pertinente, para el análisis del asunto debatido, transcribir un extracto de la sentencia recurrida, donde se trata el punto al cual se consagró la presente denuncia:
Pruebas presentadas por la parte actora:
Con el libelo de la demanda:
1. Copia simple, cancelación de hipoteca de primer grado, suscrito por la ciudadana María Celia Sagrario del Reguero Agudo, apoderada de Banesco Banco Universal C.A., protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Iribarren del Estado Lara, en fecha 30 de diciembre de 2020, bajo el N° 43, folio 352, Tomo 10. folio 06 al 09.
2. Copia simple de documento de crédito del Banco Banesco Universal.
3. Copia fotostática de documento de venta realizada por el ciudadano José de Jesús Salazar Álvarez (vendedor) al ciudadano Orlando Javier Cordero Domínguez (comprador) sobre un inmueble destinado a vivienda distinguida por una parcela de terreno signada con el N° 24 y la casa-quinta sobre el construida situado en la Terraza Martinica Tres (03) del Condominio Martinica, parcelamiento denominado Condominios Plaza Caribe, ubicado en El Ujano, parroquia Catedral del municipio Iribarren del estado Lara. folio 13 al 18.
Los medios probatorios identificados con los números 1, 2 y 3, se valoran conforme a lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, y su incidencia será establecida más adelante. Así se declara.
4. Copia simple de Registro Electoral- Consulta de datos del ciudadano Orlando Javier Cordero Domínguez y la ciudadana María Celia Sagrario Del Reguero Agudo; el anterior medio probatorio se valora conforme lo establecido en el artículo 1.363 del Código Civil, demostrativo de la residencia de la parte actora. Así se determina.
En la oportunidad procesal de PROMOVER PRUEBAS la parte actora, trajo a autos:
1. Promovió la prueba de informes a la Junta de Condominio Martinica del condominio Plaza Caribe; el anterior medio probatorio fue debidamente evacuado conforme lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, evidenciándose del mismo que los demandados se encuentran ocupando el inmueble objeto de litigio. Así se declara.
2. Promovió la prueba de informes a la Oficina de Registro Público del Primer Circuito del Municipio Iribarren del estado Lara; el anterior medio probatorio fue debidamente evacuado conforme lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, evidenciándose en los documentos anexos enviados, que la parte actora figura como propietario del inmueble objeto de la pretensión incoada. Así se declara.
3. Promovió la prueba de exhibición de documentos, sobre los soportes de los pagos de cánones de arrendamiento desde el mes de junio del año 2019 hasta junio de 2023; dicho medio probatorio no es objeto de valoración por cuanto el mismo no fue evacuado por falta de impulso procesal. Así se decide.
4. Promovió la prueba de experticia sobre el inmueble distinguido con el N° 24 situado en la Terraza Martinica Condominio Martinica del Parcelamiento denominado Plaza Caribe; se valora conforme a lo establecido en el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil y su incidencia sobre el asunto será establecida infra. Así se determina.
5. Promovió la prueba de inspección judicial sobre el inmueble distinguido con el N° 24 situado en la Terraza Martinica Condominio Martinica del Parcelamiento denominado Plaza Caribe; dicho medio probatorio por cuanto fue debidamente evacuado conforme a lo establecido en los artículos 1.428 al 1.430 del Código Civil y 472 al 476 del Código de Procedimiento Civil, adquiere valor probatorio y su incidencia sobre la causa será establecida más adelante. Así se determina.
La parte demandada promovió los siguientes medios probatorios:
Con la contestación de la demanda:
1. Copia simple de misiva suscrita por el ciudadano Orlando Javier Cordero Domínguez y dirigida a la Asociación de Vecinos de la urbanización Plaza Caribe, Asociación Plaza Caribe fechada 19 de junio de 2019; tratándose de una copia simple, que no fue impugnada, adquiere valor probatorio conforme a lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y su incidencia sobre la causa será establecida infra. Así se determina.
2. Duplicado del original de solicitud de averiguación penal, presentado por ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público.
3. Duplicado del original de solicitud de imputación presentado por ante la Fiscalía Séptima del Ministerio Público.
Los medios probatorios identificados con los números 2 y 3, por cuanto son impertinentes para la resolución de la causa, se desestiman. Así se decide.
En la oportunidad procesal de PROMOVER PRUEBAS en la presente causa la parte accionada, trajo a los autos:
1. Promovió la prueba testimonial del ciudadano Frank Jiménez.
2. Promovió la prueba testimonial del ciudadano Alejandro Ferrini.
3. Promovió Posiciones Juradas.
4. Promovió la prueba de la experticia informática.
Los medios probatorios identificados con los números del 1 al 4, no son objeto de valoración, por cuanto los mismos no fueron evacuados por falta de impulso procesal de la parte promovente. Así se decide.
5. Promovió prueba de informes a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, sobre el curso de la investigación MP-22-3510-21; dicho medio probatorio no es objeto de valoración, por cuanto el mismo, no fue evacuado tal y como consta en auto de fecha 10 de octubre de 2023 proferido por el a-quo. Así de determina.
6. Promovió copias fotostáticas de mensajes de la aplicación Whatssapp realizado desde el número +58412-5103991 y Orlando Cordero Javi 2, +58 414-5186270, folios 186 al 246; dicho medio probatorio será objeto de valoración infra. Así se determina.
7. Copia fotostática de recibo emitido por Coautos camino a la excelencia de fecha 11/12/2019, emitida por el ciudadano Jean Carlos Basantes al ciudadano Carlos Torres; por cuanto es impertinente para la resolución de la causa, se desestima. Así se decide.
Seguidamente venció el lapso de evacuación de las pruebas, asimismo estando dentro de la oportunidad procesal se ordenó agregar a los autos escritos de informes, en fecha 07 de noviembre de 2023, siendo la ocasión procesal correspondiente el a-quo dejó constancia que comienza a transcurrir el lapso para la presentación de las observaciones, seguidamente agregó a las actas procesales el escrito presentado por la parte accionante. Vencido el lapso para presentar observaciones en consecuencia, advierte a las partes que comienza a computar el lapso de 60 días continuos para dictar sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, fallo sobre la cual versa la apelación de la parte demandada, por lo que en vista de los eventos procesales sucedidos esta alzada entra en conocimiento de todas y cada una de las actas que conforman la presente causa para determinar si el A-quo se ajustó a derecho al emitir su pronunciamiento. En tal sentido se observa:
( )
Del fondo de la causa.
Ahora bien, de seguidas el tribunal pasa a decidir sobre la pretensión de reivindicación formulada en el caso que nos ocupa y en tal sentido observa, que el artículo 548 del Código Civil establece:
( )
En este sentido, se define la acción reivindicatoria como aquella mediante la cual una persona reclama contra un tercero detentador la restitución de una cosa de la cual se pretende propietario (GERT KUMEROW; Bienes y Derechos Reales. 3º Edición Pág. 338, citando DE PAGE, TRAITE ELEMENTAIRE DE DROIT CIVIL BELGA. Tomo VI, Pág. 105). La procedencia de la acción reivindicatoria requiere que se aduzcan y comprueben suficientemente cuatro elementos concurrentes: a) El derecho de propiedad o dominio del actor. b) El carácter de tenedor, poseedor por parte del demandado. c) La falta de derecho a poseer del demandado. d) Identificación del objeto reivindicado y que se trate del mismo bien a reivindicar.
Vista así las cosas, se desprende que los demandantes tienen la carga de una doble prueba, la identificación de la cosa sobre la cual recae la propiedad y la demostración de que esa misma cosa es la que indebidamente posee la persona contra quien se dirige la acción.
En efecto, es evidente que a la parte actora correspondía la carga de la prueba de los presupuestos de la acción, de conformidad con los artículos 1.354 del Código Civil, y 506 del Código de Procedimiento Civil. Así lo ha venido afirmando la Sala de Casación Civil, desde la sentencia del 05 de febrero de 1.987 (Nugopar C.A contra M. Franco), donde expresó:
( )
La acción reivindicatoria es una acción real, que le impone al demandante la carga de una prueba Frecuentemente Difícil (Mazeaud, Hanry y Jean. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda, Volumen IV. Ed EJEA, Buenos Aires, Argentina. 1.960, pág. 349). Para los Civilistas Franceses, encabezados por los hermanos Mazeaud, el principio Actori incumbit probatio, se aplica a la prueba no sólo del derecho de propiedad, sino al hecho fáctico de que el demandado posee ese bien que se pretende reivindicar. Por lo que en definitiva, el demandante debe establecer su derecho de propiedad y demostrar a su vez, que ese bien, que pretende reivindicar, es el mismo que poseen los demandados, tal conducta procesal, involucra directamente el contenido normativo de los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y el 1.354 del Código Sustantivo.
En este sentido, la Doctrina Nacional, encabezada por el Maestro René de Sola (De Sola, René. Cuestiones Posesorias. Editorial Grafor, Caracas 1.956.) Ha expresado sobre la Carga de la Prueba del Actor en la Acción de Reivindicación, lo siguiente:
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Ahora bien, puede observarse que como soporte de la acción de reivindicación, es requisito sine qua non, demostrar, por parte de la actora, la identidad del inmueble cuya reivindicación pretende con el inmueble ocupado por la parte poseedora, circunstancia ésta fundamental a la litis y, donde el medio probatorio idóneo para probar tal presupuesto es la prueba de experticia.
Así las cosas, en el caso sub judice, era fundamental, por efecto de los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, que la demandante probara su afirmación fáctica relativa a la identidad que existe en metraje y linderos entre el título que esboza la parte actora y el inmueble que ocupa el demandado, a través de la prueba de experticia, que es el medio idóneo, vale decir, pertinente, conducente y legal, para demostrar tal identidad.
Atendiendo a tales consideraciones, es conveniente traer a colación, la decisión N° 2.238 de fecha 11 de octubre de 2.006, (caso: ANTONIO MARTINEZ LOPEZ vs INAVI) de la Sala Política Administrativa, se estableció lo siguiente:
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Cuando se interpreta el artículo 548 del Código Civil y se establece que la identidad de la cosa reivindicada es un presupuesto o requisito concurrente de la acción reivindicatoria, se está haciendo referencia a la comprobación que son una misma cosa aquella determinada en el libelo de demanda de la cual se pretende propietario el actor, y la poseída por el demandado, pues, es lógico distinguir que una cosa es singularizar, determinar un inmueble en el libelo de demanda y otra completamente distinta es el proceso tendiente a precisar materialmente en el terreno esa misma determinación o singularidad, y de donde resultaría la debida identificación requerida al efecto para verificar si se cumplió o no con dicho requisito.
Así las cosas, a esta Alzada le corresponde constatar el cumplimiento de los requisitos concurrentes de procedencia de la acción reivindicatoria aquí propuesta, tal como lo establece el referido artículo 548 del Código Civil, y lo ha venido desarrollando el más alto Tribunal, para lo cual se puntualiza de la manera siguiente:
1- Con relación al derecho de propiedad del reivindicante, se aprecia que con el fin de probar este requisito se consignó documento de venta realizada por el ciudadano José de Jesús Salazar Álvarez (vendedor) al ciudadano Orlando Javier Cordero Domínguez (comprador) sobre un inmueble destinado a vivienda constituido por una parcela de terreno distinguida con el N° 24 y la casa-quita sobre el construida situada en la Terraza Martinica Tres (03) del Condominio Martinica, parcelamiento denominado Condominios Plaza Caribe, ubicado en El Ujano, parroquia Catedral del municipio Iribarren del estado Lara; asimismo consignó cancelación de hipoteca de primer grado, suscrita por la ciudadana María Celia Sagrario Del Reguero Agudo, apoderada de Banesco Banco Universal C.A., protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Iribarren del Estado Lara, en fecha 30 de diciembre de 2020, bajo el N° 43, folio 352, Tomo 10 donde evidencia la extinción de la hipoteca legal habitacional que el ciudadano Orlando Javier Cordero Domínguez, constituyó a favor de Banesco Banco Universal C.A., sobre el inmueble antes identificado.
Ahora bien, con el fin de considerar el título presentado por la parte demandante como suficiente, esta Alzada encuentra que la parte demandada no alegó ni presentó titularidad sobre el referido inmueble en virtud de presentar algún alegato, así como tampoco título posesorio alguno; razón por la cual, quien juzga estima cumplido el primer requisito para la procedencia de la pretensión reivindicatoria. Así se precisa.
2- Con relación al segundo elemento determinante a los efectos de declarar la procedencia de la presente acción tenemos el hecho de encontrarse el demandado en posesión de la cosa a reivindicar, fue debidamente probado, ya que la misma parte demandada, en sus escritos señala que esta poseyendo el inmueble en discusión; aunado a la inspección judicial practicada en el inmueble a reivindicar donde se comprobó la ocupación del mismo por el demandado; queda así probado el segundo requisito. Así se indica.
3- De la falta de derecho de poseer de la parte demandada; sobre este aspecto, el apoderado de la accionada señala que el actor mintió descaradamente cuando dijo que no autorizó bajo ningún concepto a su representado a ocupar el inmueble contradiciéndose con la misiva de fecha 19 de junio de 2019, suscrita por el accionante, dirigida a la Asociación Civil Vecinos Urbanización Plaza Caribe notificándole que el demandado junto a su familia ocuparan la vivienda como inquilino y futuro propietarios; y agrega que una vez en posesión del inmueble comenzaron a realizar los abonos del precio de la venta en moneda extranjera y para la fecha adeuda por concepto de precio de venta condicionada sobre el precio del inmueble la cantidad de cuarenta y seis mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (46.000 $) los cuales se le informó al actor que se cancelaría cuando él mostrara los documentos públicos que acreditaran la propiedad.
Ciertamente, cursa en autos la misiva referida por el demandado, donde la parte accionante notifica a la Asociación Civil Vecinos Urbanización Plaza Caribe, para que le permitan el acceso al urbanismo en razón de que sería inquilino y futuro propietario del inmueble objeto de reivindicación; tal comunicación a juicio de esta sentenciadora evidencia que inicialmente estaba en negociación el alquiler y posterior adquisición del inmueble por parte del accionado; sin embargo no constituye plena prueba de que ello haya ocurrido ya que no existe otro medio probatorio que soporte tal hecho, porque los pagos que alega el demandado realizó y que pretende probarlo con las impresiones de conversaciones sostenidas entre las partes contendientes a través de la aplicación whatsapp, deben desestimarse en razón de que el artículo 4 de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas establece que los mensajes de datos tienen la misma eficacia probatoria de los documentos escritos, se refiere es a los documentos originados en formato digital que cumplen con lo requerido en el artículo 8 de la ley en comento que establece lo siguiente:
Artículo 8.- Cuando la ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con relación a un Mensaje de Datos, si la información que éste contiene es accesible para su ulterior consulta. Cuando la ley requiera que ciertos actos o negocios jurídicos consten por escrito y su soporte deba permanecer accesible, conservado o archivado por un período determinado o en forma permanente, estos requisitos quedarán satisfechos mediante la conservación de los Mensajes de Datos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que la información que contengan pueda ser consultada posteriormente.
2. Que conserven el formato en que se generó, archivó o recibió o en algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la información generada o recibida.
3. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen y el destino del Mensaje de Datos, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido. Toda persona podrá recurrir a los servicios de un tercero para dar cumplimiento a los requisitos señalados en este artículo.
En el sub iudice, estima esta sentenciadora que al no evacuarse la prueba de la experticia electrónica no se verificó el cumplimiento de las exigencias estipuladas en los numerales 2 y 3 de la norma comentada, por lo que no se le puede atribuir la eficacia probatoria de un documento privado escrito. En este sentido, considera quien juzga que se tratan de copias simples no reconocidas, razón por la cual deben desestimarse; por tal razón el demandado no logró demostrar su derecho de permanencia en el inmueble objeto de reivindicación, y por consiguiente se cumple el tercer requisito para la procedencia de la acción reivindicatoria. Así se determina.
4- La identidad de la cosa reivindicada, esto es, que la cosa reclamada sea la misma sobre la cual la parte demandante alega derechos como propietario, requisito que a juicio de esta sentenciadora fue probado con la experticia evacuada donde quedó demostrado que el inmueble reclamado en el libelo de demanda es el mismo que figura en el título de propiedad presentado por el accionante, y es el ocupado por el demandado. Así se establece. Por todo lo anterior, quien aquí decide estima que se cumplen en el presente caso, los requisitos concurrentes para confirmar la declaratoria con lugar de la acción reivindicatoria. Así se declara. Por lo que luego del estudio del caso y con base en las consideraciones anteriores, esta Alzada declara sin lugar la apelación propuesta, consecuencia de ello, se confirma la decisión dictada por el Juzgado ad-quo, de reivindicación y se ordena al demandado, restituir a la parte demandante, el inmueble cuyas características y especificaciones serán determinadas en la parte dispositiva del presente fallo. Así se decide. (Resaltado del texto).
De los extractos del fallo transcrito, esta Sala verifica que el tribunal de alzada, en la oportunidad de valorar el documento privado presentado por la parte demandada, la cual se encuentra en el folio 47 de la primera pieza del expediente, señaló que dicho instrumento probatorio sería objeto de valoración posterior, es decir, en la parte motiva de la decisión recurrida.
Así, la alzada sostuvo en la motiva que en la misiva referida por el demandado, por la cual, la parte actora notificó a la Asociación Civil Vecinos Urbanización Plaza Caribe, de que el ciudadano Carlos Alberto Torres Rodríguez y su familia ocuparían la vivienda como inquilinos y futuros propietarios, con el fin de que les permitieran el acceso al urbanismo, que evidencia que inicialmente estaba en negociación el alquiler y posterior adquisición del inmueble por parte del accionado, no constituye plena prueba del hecho alegado, aunado que, no existe otro medio probatorio que soporte tal hecho, ya que al no evacuarse la prueba de experticia de los mensajes de whatsapp no se verificó el cumplimiento de las exigencias estipuladas en los numerales 2 y 3 de la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, por lo que no se le puede atribuir la eficacia probatoria de un documento privado escrito (mensajes de whatsapp).
Concluyendo la alzada, que el demandado no habría probado, su derecho de permanencia en el inmueble de manera lícita (objeto de reivindicación) y, por consiguiente, se cumpliría el tercer requisito para la procedencia de la acción reivindicatoria (la falta de derecho de poseer),
Ahora bien, esta Sala evidencia que ciertamente el tribunal de alzada valoró la referida documental y la desestimó por cuanto no existe otro medio de prueba que adminiculada con los mensajes de whatsapp probaran la ocupación lícita que alega detentar la parte demandada.
Por otro lado, evidencia la Sala que la parte demandada solicitó al tribunal la prueba de experticia para darle validez a dichas conversaciones de whatsapp y el promovente hoy recurrente no impulsó la misma, por lo que el tribunal de alzada desestimó las conversaciones presentadas en copia simple por los demandados, razón por la cual es improcedente la presenta denuncia, ya que el tribunal de alzada no incurrió el vicio de silencio de pruebas.
En consecuencia, se declara improcedente la denuncia bajo análisis por las razones de hecho y derecho establecidas anteriormente. Así se establece.
DECISIÓN
Por todas las razones de hecho y de Derecho antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada, ciudadana MARÍA ESTHER MARTÍN VELÍZ y el ciudadano CARLOS ALBERTO TORRES RODRÍGUEZ, contra el acto de juzgamiento que pronunció, el 11 de junio de 2024, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto.
Se CONDENA en costas del recurso extraordinario de casación al demandado recurrente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto. Particípese de la presente remisión al juzgado superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025). Años: 214º de la Independencia y 165º de la Federación.
Magistrado Presidente de la Sala,
___________________________
HENRY JOSÉ TIMAURE TAPIA
Magistrado Vicepresidente,
____________________________
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ PARRA
Magistrada-Ponente,
_______________________________
CARMEN ENEIDA ALVES NAVAS
Secretario,
_______________________________
PEDRO RAFAEL VENERO DABOÍN
Exp. AA20-C-2024-000454
Nota: Publicada en su fecha a las
Secretario,
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