Venley

Sentencia N.º 00393

Sentencia
N.º 00393
Fecha
04/07/2017
Sala
Político Administrativa
Expediente
2016-0113
Ponente
Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta
Procedimiento
Demanda

Magistrado Ponente: INOCENCIO ANTONIO FIGUEROA ARIZALETA

Exp. Nro. 2016-0113

 

Mediante escrito presentado ante esta Sala el 4 de febrero de 2016, el abogado Mario Eduardo Trivella, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 55.456, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES CONOROPITA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del hoy Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda el 29 de noviembre de 1976, bajo el Nro. 38, Tomo 142-A, interpuso demanda con medida cautelar innominada contra las vías de hecho presuntamente materializadas por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA “…al haber ocupado ilegalmente los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías que conforman el HOTEL EDWARDS…”.

El 16 de febrero de 2016, se dio cuenta en Sala, y el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta fue designado Ponente a los fines de la admisión de la demanda.

En fecha 7 de junio de 2016, la representación judicial de la parte demandante solicitó pronunciamiento acerca de la admisión de la demanda.

El 13 de junio de 2016, mediante decisión Nro. 000592 esta Sala declaró su competencia para conocer de la demanda de autos, admitió la misma, ordenó la citación de la Procuraduría General de la República e improcedente la medida cautelar innominada peticionada.

En fecha 29 de junio de 2016, se libraron los oficios de notificación dirigidos a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía General de la República y a la parte demandante.

El 30 de junio de 2016, la representación judicial de la parte accionante se dio por notificada.

En fecha 6 de julio de 2016, compareció el Alguacil de esta Sala a los fines de dejar constancia de que los días 29 de junio y 4 de julio de 2016, citó y notificó a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General de la República, respectivamente.

El 2 de agosto de 2016, la representación judicial de la República presentó escrito de informes.

En fecha 20 de septiembre de 2016, se fijó para el jueves 13 de octubre de 2016 a las 10:20 a.m, la oportunidad para la celebración de la Audiencia Oral.

En esa misma oportunidad, venció el lapso para que la parte demandada presentara informes.

En fecha 13 de octubre de 2016, ocasión fijada para la celebración de la Audiencia Oral, se dejó constancia de la comparecencia de la representación judicial de las partes y, en esa misma oportunidad, el demandante solicitó se fijara la oportunidad para la conciliación. Asimismo, la representación en juicio de la República consignó escritos de consideraciones y pruebas, ordenándose pasar el expediente al Magistrado Ponente.

El 24 de febrero de 2017, se eligió la Junta Directiva de este Máximo Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada esta Sala Político-Administrativa de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidente, Magistrado Marco Antonio Medina Salas; la Magistrada, Bárbara Gabriela César Siero; el Magistrado, Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta; y la Magistrada, Eulalia Coromoto Guerrero Rivero.

Realizada la revisión del expediente, esta Sala Político-Administrativa pasa a decidir conforme a las siguientes consideraciones:

I

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

 

La representación judicial de la sociedad mercantil Inversiones Conoropita, C.A., interpuso demanda con medida cautelar innominada, contra las vías de hecho presuntamente materializadas por la Procuraduría General de la República, en los siguientes términos:

Señala que, su representada es propietaria de los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías que conforman el Hotel Edwards, ubicado en la Calle Norte Nro. 8 entre las esquinas de Piñango y Camino Nuevo, Avenida Oeste, Terreno Nro. 42, Parroquia Altagracia, Municipio Libertador del Distrito Capital.

Relata que, mediante Decreto Nro. 1.786 del 26 de mayo de 2012, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 40.669 del 27 de ese mismo mes y año, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ordenó la “adquisición forzosa” de los bienes muebles, inmuebles y demás bienhechurías que constituyen o sirven para el funcionamiento de los Hoteles Ausonia y Edwards.

Afirma que, el mencionado Decreto ordena a la Procuraduría General de la República que inicie el procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública, pero en ningún momento hace referencia a una “ocupación forzosa”.

Precisa que, el 20 de junio de 2015, la Procuraduría General de la República libró un cartel publicado en el diario “Últimas Noticias” donde se notificó a los propietarios, poseedores y a todas aquellas personas que tengan algún derecho o interés sobre los inmuebles objeto de “adquisición forzosa”, que debían comparecer a la sede del aludido organismo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, hecho que materializó su representada el 17 de julio de 2012, a fin de hacer valer su condición de propietaria del inmueble identificado en el Decreto.

Que, de igual forma la sociedad mercantil Hotelera 5077, C.A., actuando con el carácter de arrendataria y operaria del Hotel Edwards, presentó escrito informando su condición y solicitando sea notificada de cualquier acción.

Manifiesta que el 12 de agosto de 2015, el Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República solicitó ante el Juzgado Vigésimo Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que se trasladara al inmueble a los fines de notificar que el Ministerio del Poder Popular para la Defensa procedería a ocupar el inmueble, actuación que fue materializada el 13 de agosto de 2015 por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, despojando a los poseedores del mismo a la fuerza y desalojando a los habitantes y huéspedes del hotel.

Denuncia la violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia, por cuanto -a su decir- es evidente que la Procuraduría General de la República ha vulnerado el artículo 78 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuando desconoce el derecho al uso, goce y disposición del inmueble propiedad de su representada, sin que haya mediado el respectivo procedimiento de ocupación previa previsto en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, como única medida excepcional para tomar los bienes objeto de expropiación.

Afirma que no puede la Procuraduría General de la República ordenar la ocupación del hotel propiedad de su representada, en primer lugar porque la Ley no se lo permite y en segundo lugar porque no puede considerarse bajo ningún concepto como una ocupación temporal.

Aduce que están en presencia de unas vías de hecho administrativas, en donde la Procuraduría General de la República conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Defensa han pretendido apoderarse y apropiarse de un inmueble propiedad de su representada, sin cumplir con el procedimiento judicial previsto en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social, pues únicamente la autoridad judicial competente es quien puede decretar la ocupación previa de los inmuebles. 

Afirma que las vías de hecho que se reclaman constituyen una clara violación al derecho de su representada a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, consagrado en el artículo 112 de la Constitución, ya que la priva de cualquier actividad que desee desarrollar en los inmuebles y bienhechurías de su propiedad.

Solicita medida cautelar innominada en la cual se le ordene a las autoridades de la Procuraduría General de la República, así como a cualquier tercero que ocupe el inmueble, desalojar en forma inmediata el mismo hasta tanto no se hayan cumplido todos los trámites y requisitos previstos en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social.

Por todo lo anterior, solicitó se declare con lugar la presente demanda y se ordene a la accionada y a cualquier tercero desalojar el inmueble y restituir el mismo a su representada en las mismas condiciones en que se encontraba al momento de su ocupación.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento en relación a la solicitud realizada por la representación judicial de la sociedad mercantil Inversiones Conoropita, C.A., en fecha 13 de octubre de 2016, oportunidad en que se llevó a cabo la Audiencia Oral, relativa a que se fije la oportunidad para la conciliación.

Siendo así, este Alto Tribunal estima oportuno citar lo previsto en el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual:

“Artículo 258.

(…omissis…).

La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos.”

De la señalada norma, se desprende que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el deber que tiene el legislador de promover el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios para la solución de conflictos, como alternativa ante las típicas disputas o querellas en sede judicial, lo que refleja la constitucionalización de los medios alternativos para la resolución de conflictos.

Asimismo, dicho precepto encuentra desarrollo en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conforme al cual:

“Artículo 6. Los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa promoverán la utilización de medios alternativos de solución de conflictos en cualquier grado y estado del proceso, atendiendo a la especial naturaleza de las materias jurídicas sometidas a su conocimiento.”

De tal forma, la promoción de los medios alternativos de solución de conflictos dentro del marco del ejercicio de la función jurisdiccional va en procura del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la misma Carta Magna.

Por tanto, los órganos de administración de justicia que conforman la Jurisdicción Contencioso Administrativa, incluyendo a esta Sala Político-Administrativa, deben reconocer la importancia de los medios alternativos de solución de conflictos para facilitar el acuerdo entre las partes de un proceso, que pueda generar mayores ámbitos de encuentro entre ellas e incrementar la fluidez en sus relaciones jurídicas, en aras de solventar las desavenencias que puedan tener sin depender de la intervención de los órganos jurisdiccionales para dirimir tales controversias e imponer la solución (Vid. entre otras, sentencia de esta Sala Nro. 104 del 4 de julio de 2013).

De allí que, esta Máxima Instancia, como rectora del proceso y promotora de los medios alternativos de solución de conflictos, en consonancia con los principios que le imponen observar el proceso y las decisiones que se dicten dentro del marco de los valores constitucionales, así como en la necesidad de mantener el equilibrio justo entre los intereses debatidos, y visto que es la propia parte actora quien propuso la celebración de un evento conciliatorio, ordena notificar a la Procuraduría General de la República, a los fines de que manifieste su interés y anuencia en participar en un Acto de Resolución Alternativa de Controversias en el proceso que se sigue ante esta Sala Político-Administrativa, para lo cual se otorga un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de que conste en autos su notificación. Así se establece. (Ver sentencia de esta Sala Nro. 172 del 15 de marzo de 2017, caso: Calderys Refractarios Venezolanos, S.A.).

Una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, y en caso de que exista una respuesta positiva por parte de la demandada, se fijará –previa notificación– la oportunidad para que tenga lugar el mencionado acto. Así se determina.

III

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA notificar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a los fines de que manifieste -en un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de que conste en autos su notificación- su interés y anuencia en participar en un Acto de Resolución Alternativa de Controversias en el proceso que se sigue ante esta Sala Político-Administrativa, en el marco de la demanda con medida cautelar innominada ejercida por la sociedad mercantil INVERSIONES CONOROPITA, C.A., contra las vías de hecho presuntamente materializadas por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA “…al haber ocupado ilegalmente los bienes muebles, inmuebles y bienhechurías que conforman el HOTEL EDWARDS…”.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la parte actora. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017). Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

 

 

La Presidenta

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

 

 

 

 

 

 

El Vicepresidente

MARCO ANTONIO MEDINA SALAS

 

La Magistrada

BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO

 

 

 

 

 

 

El Magistrado - Ponente

INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA

La Magistrada

EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO

 

 

 

 

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD

 

 

 

En fecha cuatro (04) de julio del año dos mil diecisiete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00393.

 

 

 

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD

 

 

 

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