Venley

Sentencia N.º 00817

Sentencia
N.º 00817
Fecha
08/12/2022
Sala
Político Administrativa
Expediente
2015-0383
Ponente
Malaquías Gil Rodríguez
Procedimiento
Demanda

Magistrado Ponente: MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ

Exp. Nro. 2015-0383

 

Mediante escrito presentado el 8 de abril de 2015, el abogado Omar Alberto Mendoza Sevilla (INPREABOGADO Nro. 66.393), actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil INMOBILIARIA BANCOMER PUERTO LA CRUZ, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 09 de febrero de 1979, bajo el Nro. 25, Tomo 23-A, (RIF J-29899053-8), interpuso “(…) demanda de NULIDAD ABSOLUTA DE LOS CONTRATOS DE VENTAS [de] TERRENO URBANO DE ORIGEN EJIDAL” suscritos, el primero de ellos, por “(…) los ciudadanos ANA BAUTISTA AMAYA DE MARTÍNEZ y MARCOS ANTONIO GÓMEZ TORRES (…) titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-3.669.442 y V.- 11.902.510, respectivamente, [con] (…) el MUNICIPIO JUAN ANTONIO SOTILLO DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoátegui (…) de fecha 12 de marzo de 2012, anotado bajo el Nro. 2012.243, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nro. 261.2.13.2.2936 (…)”; y el segundo, por “(…) los ciudadanos ANA BAUTISTA AMAYA DE MARTÍNEZ y MARCOS ANTONIO GÓMEZ TORRES (…) [con] el ciudadano JORGE JOSÉ HAYEK DJANDJI (…) titular de la cédula de identidad Nro. V.- 13.565.919, protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoátegui de fecha 04 de septiembre de 2.012, anotado bajo el Nro. 2012.243, Asiento Registral 2 del inmueble matriculado con el Nro. 261.2.13.2.2936 (…)”; así como de la “(…) ACLARATORIA DE LOS LINDEROS DEL ‘TERRENO URBANO DE ORIGEN EJIDAL’ [presentada por] el ciudadano JOSÉ HAYEK DJANDJI (…) [protocolizado] en fecha 09 de abril de 2013, anotado bajo el Nro. 2012.243, Asiento Registral 3 del inmueble matriculado con el Nro. 261.2.13.2.2936 (…)”. Subsidiariamente, solicitó que una vez declarada “(…) la NULIDAD ABSOLUTA DE LOS CONTRATOS DE VENTA Y LA ACLARATORIA [antes descritos] verificada como fuere que [su poderdante] (…) es propietaria única, exclusiva y legítima de un terreno ubicado en la Av. Municipal de la ciudad de Puerto La Cruz, cruce con calle Bolívar, en jurisdicción del Municipio Sotillo del Estado Anzoátegui (…) [cuyos linderos se encuentran descritos en el libelo] (…) [demandan] al ciudadano JORGE JOSÉ HAYEK DJANDJI, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.565.919, por ACCIÓN REIVINDICATORIA, para que sea condenado a devolver, restituir y entregar a [su] patrocinada el (…) inmueble libre de bienes y personas (…)”. (Agregados de la Sala).

Mediante decisión Nro. 147, de fecha 30 de abril de 2015, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala Político-Administrativa, admitió la presente demanda, de conformidad con lo previsto en los artículos 57 y 61 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en el que se ordenó emplazar al Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoátegui, en la persona del Síndico Procurador Municipal, y a los ciudadanos Ana Bautista Amaya de Martínez, Marcos Antonio Gómez Torres y Jorge José Hayek Djandji, a fin de que comparecieran ante este Máximo Tribunal a la audiencia preliminar. De igual forma, se acordó la notificación del Alcalde del prenombrado Municipio (conforme al citado artículo 153). Seguidamente, y de conformidad con el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se acordó notificar a los ciudadanos Dialis Nurami Orta, Carlos Alberto Carrasco y Carlos Iván Suárez, en su condición de depositarios judiciales de la empresa mercantil Inmobiliaria Bancomer Puerto La Cruz, C.A., así como al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE), por haber ejercido la administración de la empresa demandante hasta el 29 de noviembre de 2006.

Mediante decisión Nro. 167 del 19 de mayo de 2015, y en virtud de la diligencia de fecha 5 del mismo mes y año, suscrita por la representación judicial de la parte actora, sociedad mercantil Inmobiliaria Bancomer Puerto La Cruz, C.A., en la cual solicitó se acordara el emplazamiento de los cónyuges de los codemandados Ana B. Amaya y Marcos A. Gómez, ciudadanos Jonis Martínez Viamonte y Edelia Susana Guzmán de Gómez, acordando dicho pedimento, de conformidad con lo previsto en los artículos 57 y 61 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a fin de que comparecieran ante este órgano jurisdiccional a la audiencia preliminar, la cual se fijará una vez que conste en el expediente la última de las citaciones ordenadas en el auto de admisión Nro. 147 del 30 de abril de 2015.

Para practicar las citaciones de los prenombrados ciudadanos, se acordó comisionar suficientemente al Tribunal (Distribuidor) de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta, de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui; se concedieron cuatro (4) días como término de la distancia y se ordenó incorporar dicho auto como alcance de la decisión de admisión Nro. 147 del 30 de abril de 2015. Por auto de fecha 26 de mayo de 2015, se acordó designar correo especial al abogado Omar Alberto Mendoza Sevilla, ya identificado, a los efectos de gestionar las citaciones y notificaciones acordadas en el auto de admisión de la demanda, conforme a lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

El 28 de mayo de 2015, compareció el abogado Omar Mendoza, plenamente identificado en autos, se dio por citado en nombre de sus poderdantes ciudadanos Dialis Nurami Orta, Carlos Alberto Carrasco y Carlos Iván Suárez, titulares de las cédulas de identidad Nros. 11.414.575, 5.927.484 y 5.974.075, respectivamente, en su condición de depositarios judiciales de la empresa mercantil Inmobiliaria Bancomer Puerto La Cruz, C.A.

En fecha 9 de junio de 2015, compareció el Alguacil de este Tribunal, quien consignó en tres folios útiles, boletas de notificación con sus respectivos anexos dirigidos a los ciudadanos Dialis Nurami Orta, Carlos Alberto Carrasco y Carlos Iván Suárez, en virtud de que su apoderado judicial se diera por notificado mediante diligencia de fecha 3 de junio del mismo año.

El 16 de junio de 2015, compareció el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa, consignó acuse de recibo del oficio de notificación Nro. 0664, dirigido al Presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE), recibido por el jefe de seguridad de dicha institución en fecha 8 del mismo mes y año.

En fecha 25 de junio de 2015, compareció el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa, consignó acuse de recibo del oficio de notificación  Nro. 0663, dirigido a la Procuraduría General de la República, firmado en fecha 19 del mismo mes y año.

El 14 de julio de 2015, el apoderado de la parte actora consignó diligencias con sus respectivos anexos, suscritas por el Alguacil del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en las cuales deja constancia de: (a) Haber practicado la citación del Síndico Procurador Municipal del Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoátegui; y (b) No haber podido lograr la citación personal de los ciudadanos Jorge José Hayek Djandji, Ana Bautista Amaya de Martínez, Jonis Martínez Viamonte, Edelia Susana Guzmán de Gómez y Marcos Antonio Gómez Torres.

En fecha 16 de julio de 2015, previa solicitud de la parte actora, se acordó oficiar al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), a fin de que suministraran la dirección que aparece en sus registros de los prenombrados ciudadanos, a los fines de gestionar la citación de los mismos.

El 4 de agosto de 2015,  el representante judicial de la parte demandante consignó diligencia suscrita por el Alguacil del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial, en la cual dejó constancia de haber entregado el Oficio de Notificación Nro. 000668, dirigido al Alcalde del Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoátegui.

En fecha 21 de octubre de 2015, compareció la representación judicial de la parte actora, quien solicitó se instara nuevamente a los organismos oficiales, es decir, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), a los fines de que remitan la información solicitada en un tiempo perentorio, acordándose dicho pedimento en fecha 22 del mismo mes y año.

En fecha 4 de noviembre de 2015, fue recibida por parte del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), las direcciones requeridas, por lo que se acordó comisionar al Tribunal primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medida de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

El 26 de noviembre de 2015, este órgano sustanciador acordó designar correo especial al apoderado de la parte accionante, a los fines de gestionar las citaciones de los ciudadanos Jorge José Hayek Djandji, Ana Bautista Amaya de Martínez, Jonis Martínez Viamonte, Edelia Susana Guzmán de Gómez y Marcos Antonio Gómez Torres, por medio de un Alguacil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui; y en consecuencia, dejó sin efecto la comisión que había librado el 17 de noviembre de ese año.

En fecha 4 de febrero de 2016, comparecieron los ciudadanos Dialis Nurami Orta Delgado y Carlos Alberto Carrasco Meléndez, actuando como depositarios judiciales de la parte actora, sociedad mercantil Inmobiliaria Bancomer Puerto La Cruz, C.A., y el ciudadano Jorge José Hayek Djandji, supra identificados, quienes consignaron “BORRADOR DE TRANSACCIÓN JUDICIAL”, el cual pidieron fuera remitido a los siguientes organismos: (i) A la Procuraduría General de la República; (ii) Al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE); (iii) A la Fiscalía General de la República; (iv) Al Juzgado de la causa penal, a saber, el Tercero (3°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cuya disposición se encuentran los bienes confiados en depósito judicial; y, a (v) La Alcaldía del Municipio Juan Antonio Sotillo, del Estado Anzoátegui, con el objeto de que estos “emitan la correspondiente opinión y /o autorización” dentro de los límites de su competencia, sobre la propuesta de transacción formulada por el ciudadano Jorge José Hayek Djandji y “aceptada” por la parte demandante.

Mediante decisión de fecha 16 de marzo de 2016, Nro 332, esta Sala Político-Administrativa, declaró procedente la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar solicitada por la sociedad mercantil Inmobiliaria Bancomer Puerto La Cruz, C.A., sobre el bien inmueble protocolizado ante el Registro Público del Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoátegui, en fecha 4 de septiembre de 2012, bajo el Nro. 2012.243, Asiento Registral 2, matriculado con el Nro. 261.2.13.2.2936; e improcedente la medida cautelar de secuestro, así como las medidas cautelares innominadas. 

         Mediante decisión Nro. 110, de fecha 31 de marzo de 2016, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa, negó los pedimentos formulados el 4 de febrero de 2016, por los Depositarios Judiciales, la parte demandante y por el ciudadano Jorge José Hayek Djandji, demandado subsidiariamente por reivindicación, ordenándose notificar al Síndico Procurador Municipal y al Alcalde del Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoátegui, así como a la Procuraduría General de la República.

En fecha 30 de junio de 2016, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa, acordó la citación por carteles de los ciudadanos Ana Bautista Amaya de Martínez y Jonis Martínez Viamonte, y en relación a los co-demandados Edelia Susana Guzmán de Gómez y Marcos Antonio Gómez Torres, se requirió sus respectivos domicilios al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

El 7 de julio de 2016, compareció la parte actora, quien solicitó la revocatoria del auto que antecede (30 de junio de 2016), negándose dicho pedimento en fecha 14 de julio del mismo año.

En fecha 2 de agosto de 2016, compareció el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa, consignó acuse de recibo del oficio de notificación Nro. 0700, dirigido al Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

El 24 de noviembre de 2016, compareció la parte actora, quien solicitó se librara el respectivo cartel de citación a los co-demandados Edelia Susana Guzmán de Gómez y Marcos Antonio Gómez Torres, lo cual fue acordado el 8 de diciembre del mismo año.

Mediante auto de fecha 2 de febrero de 2017, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político-Administrativa, en razón de la diligencia del 24 de enero de 2017, antes mencionada, observó que siendo que en las actas procesales no constan las resultas de las comisiones libradas, ni han sido retirados los carteles de prensa para su respectiva publicación, este Juzgado, estimó prudente dejar sin efecto todos los carteles librados así como las comisiones realizadas, a objeto de que sean expedidos con la misma data. Se ordenó librar los cuatro (4) carteles que serían fijados en cada una de las moradas de los ciudadanos antes mencionados, para que concurrieran a darse por citados en el término de quince (15) días continuos, vencidos como fuesen los cuatro (4) días continuos concedidos como término de la distancia. Para tal fin, se comisionó al tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Sión Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Asimismo, se acordó fijar los carteles mencionados en la cartelera de este Juzgado y en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia. De igual modo, se ordenó realizar un solo cartel de prensa en el cual se incluyera a los cuatro (4) ciudadanos antes mencionados, el cual deberá ser publicado (a expensas de la parte demandante), en los diarios “Vea” y “Últimas Noticias”, con intervalos de tres (3) días continuos entre la primera publicación y la segunda. Se dejó establecido que el término de distancia y el lapso de quince (15) días continuos comenzarían a contarse el día siguiente a aquel en que la Secretaria de este Juzgado dejara constancia de haberse cumplido todas las formalidades del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y las ordenadas en el presente auto, a saber: la publicación de los carteles por prensa, la fijación del cartel en la morada, oficina o negocio de los demandados, en la cartelera del Juzgado y en el portal electrónico; se advirtió que vencido el aludido lapso sin que estos comparecieran, se oficiaría a la Defensa Pública, a objeto de que designara un funcionario con quien se entenderá la defensa de los prenombrados ciudadanos. Finalmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 345 eiusdem se designó correo especial al abogado Omar Mendoza a fin de que gestione la entrega de la comisión acordada.

En fecha 14 de febrero de 2017, la Secretaria del Juzgado de Sustanciación dejó constancia que se publicó en la página web del Tribunal Supremo de Justicia y se fijó en la cartelera de este Juzgado los carteles de citación dirigidos a los ciudadanos Marcos Antonio Gómez Torres, Edelia Susana Guzmán de Gómez, Jonis Martínez Vianmonte y Ana Bautista Amaya de Martínez, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El 22 de febrero de 2017, el apoderado judicial de la parte actora, procedió a retirar el “cartel de citación y despacho de comisión a los fines legales correspondientes”

El 9 de marzo de 2017, el Tribunal Cuarto de Municipio y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, le dio entrada a la comisión.

Mediante diligencia, de fecha 31 de mayo de 2017, el apoderado judicial de la parte actora, expuso lo siguiente: “Cumplidas como han sido todas las formalidades a que alude el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, y por cuanto la fijación de los Carteles tuvo lugar el día 29/3/2017 y la consignación de la publicación de los carteles tuvo lugar el día 5/4/2017, siendo que la Sentencia Interlocutoria de fecha 2/2/ 2017, señala que el lapso de 15 días continuos y el término de la distancia comenzará al día siguiente a aquel que las Secretaria deje constancia de la fijación del cartel ; solicit[a] (…) al Tribunal de Sustanciación que designen Defensor ad-litem (…)”. (Corchetes de la Sala).

En vista de la mencionada diligencia, en fecha 7 de junio de 2017, el Juzgado de Sustanciación, apreció de las actas procesales Oficio Nro. 3570-104 de fecha 3 de abril de 2017, emanada del Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de las Medidas de los Municipios Sotillo y Guanta de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, mediante el cual remitió las resultas de la comisión conferida por auto de fecha 2 de febrero de 2017, de las cuales se desprenden diligencias de la secretaria del prenombrado tribunal de fecha 29 de marzo de 2017,  con contenidos similares y manifestando en la primera de ellas que se dirigió a ambas direcciones a fijar el cartel.  Expresa el Juzgado que de la revisión de las aludidas resultas, observó que la funcionaria supra mencionada no fijó el cartel de la morada en las otras direcciones señaladas en el despacho, en consecuencia, se negó por improcedente la solicitud del abogado supra mencionado, y se acordó comisionar nuevamente al tribunal antes referido para los efectos de fijar el cartel en dichas direcciones. Se concedieron cuatro (4) días continuos como término de la distancia.

En fecha 14 de junio de 2017, el Juzgado de Sustanciación comisionó al Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui para la fijación de los carteles a que hace referencia el auto de fecha 7 de junio de 2017. Siendo la misma recibida en fecha 5 de diciembre de 2017, en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil de Barcelona.

Seguidamente, en fecha 6 de diciembre de 2017, le correspondió al Tribunal Décimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, darle entrada dicha comisión. Posteriormente, en fecha 21 de febrero de 2018, el mencionado Tribunal Décimo de Municipio, remitió la resultas de dicha comisión a la Sala.

En fecha 22 de marzo de 2018, el Juzgado de Sustanciación dio cuenta de las resultas de la comisión remitidas por el Tribunal Decimo de Municipio, mediante Oficio Nro. 053-18 de fecha 21 de febrero de 2018, de las cuales se desprende diligencia del Alguacil de ese despacho, manifestando que se trasladó a la dirección indicada a fijar los carteles. Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, la Secretaria del Tribunal comisionado es la encargada de fijar los carteles in comento, por lo tanto, se acordó comisionar nuevamente al Tribunal Décimo de Municipio, para ello se concedieron cuatro (4) días continuos como término de la distancia.

En fecha 26 de abril de 2018, mediante oficio 000348 la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial Civil de Barcelona dio por recibida la comisión; seguidamente en fecha 30 de abril de 2018, por distribución le correspondió al Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

Mediante Oficio Nro. 183-2018, de fecha 8 de junio de 2018, el Tribunal Séptimo de Municipio antes mencionado, remitió las resultas de la comisión a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de lo cual se dio cuenta en Sala el 3 de julio de 2018.

En fecha 12 de julio de 2018, la Secretaria de Juzgado dejó constancia que se dio cumplimiento a las formalidades previstas en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.

Por diligencia de fecha 31 de julio de 2018, la parte actora solicitó se nombrara defensor ad-litem a los codemandados.

El  7 de agosto de 2018, el Juzgado de Sustanciación, ordenó oficiar a la Defensa Publica, a fin de que se sirviera  designar un defensor público con quien se entenderán las citaciones.

Por auto de fecha 14 de noviembre de 2018, el Juzgado de Sustanciación determinó lo siguiente:

“ (…) se hace evidente que han trascurrido en exceso los sesenta (60) días entre la citación del Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoátegui, en la persona del Sindico Procurador Municipal (14.7.15), y la fecha en la cual el Defensor Público identificado supra aceptó la defensa de los ciudadanos Marcos Antonio Gómez Torres, Edelia Susana Guzmán de Gómez, Jonis Martínez Vianmonte y Ana Bautista Amaya de Martínez (7.11.18) situación que acarrearía – en principio- la aplicación de la consecuencia procesal a que alude el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, esto es decaimiento de las citaciones practicadas (…) Ante tal situación, este órgano sustanciador considera que en el caso concreto, deben prevalecer los principios y derechos establecidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución (…) esta Juzgado como director del proceso, acordó la continuación de la causa en los términos [siguientes]:

1.- En lo que respecta a los codemandados Municipio Juan Antonio Sotillo del Estado Anzoátegui, y al ciudadano Jorge José Hayek Djandji, no obstante que se encuentren debidamente citados, este Juzgado (…) acuerda notificarlos.

Para los efectos de las notificaciones ordenadas precedentemente, se acuerda comisionar al Tribunal de Municipio y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que corresponda por distribución. Se concede cuatro (4) días como término de la distancia (…).

2.- Asimismo, se ordena desglosar las actuaciones cursantes (…) de la pieza Nro.  del expediente, contentivas de las copias certificadas del libelo de demanda y de las decisiones Nros. 147, 167 de fechas 30.4.15 y 19.5.15, y entréguense al Defensor de los ciudadanos Marcos Antonio Gómez Torres, Edelia Susana Guzmán de Gómez, Jonis Martínez Vianmonte y Ana Bautista Amaya de Martínez.

Finalmente se dejó establecido que una vez que consten en autos las notificaciones ordenadas, se fijará por auto separado la oportunidad en la cual tendrá la audiencia preliminar a la que refiere el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”. 

 Mediante Oficio Nro. 3780-166-19, del 15 de julio de 2019, el Tribunal Sexto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, a quien le correspondió por distribución, remitió a la Sala, las resultas de la comisión cumplida.

En fecha 13 de agosto de 2019, el Juzgado de Sustanciación, dado que constan en las actas procesales la citación y notificaciones ordenadas en la decisión Nro. 556 de fecha 14 de noviembre de 2018, vencido como se encontraba el término de la distancia concedido, ese Juzgado fijó para las 9:00 a.m. del decimo (10°) día de despacho siguiente a la presente fecha, la audiencia preliminar a que se refiere el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En fecha 3 de octubre de 2019, el Juzgado de Sustanciación, dejó constancia de la celebración de la referida audiencia.

Mediante diligencia de fecha 16 de enero de 2020, los abogados Omar Alberto Mendoza Sevilla, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, sociedad mercantil Inmobiliaria Bancomer Puerto La Cruz, C.A. Marigle Soledad Torres Calatayud, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 177.626, Defensora Pública designada, en representación de los ciudadanos Ana Bautista Amaya De Martínez, Marcos Antonio Gómez Torres, Jonis Martínez Vianmonte y Edalia Susana Guzmán De Gómez, y por el ciudadano Jorge José Hayek Djandji, asistido por la abogada Janeth Díaz Maldonado, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 72.062, expusieron lo siguiente: “(…) acudimos a su competente autoridad para de común acuerdo SUSPENDER el curso de la causa por un lapso de NOVENTA (90) días continuos prorrogables, computados a partir de la presente fecha exclusive (…)”.  (Mayúsculas, destacado y subrayado del original).

En razón de ello, el 16 de enero de 2020, mediante auto, el Juzgado de Sustanciación, acordó suspender la causa por un lapso de noventa (90) días continuos, contados a partir de esa fecha, exclusive.

Mediante auto de fecha 3 de diciembre de 2020, se dejó constancia que el lapso de los noventa (90) días calendarios de suspensión de la causa, culminó el día 2 de ese mes y año. 

Mediante diligencia de fecha 11 de mayo de 2021, el apoderado judicial de la parte actora, solicitó cómputo de los días continuos transcurridos desde el 3 de diciembre de 2020 hasta el día 11 de mayo de 2021, ambos inclusive.

En fecha 24 de mayo de 2021, el Juzgado de Sustanciación, acordó que se practicara por Secretaria cómputo de los días continuos transcurridos en las fechas anteriormente señaladas, con exclusión del disfrute de vacaciones judiciales en virtud de la Resolución Nro. 2020-0035 del 9 de diciembre de 2020 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. 

Por diligencia de fecha 6 de julio de 2021, el apoderado judicial de la parte actora, solicitó “(…) se declare por auto expreso concluida la SUSTANCIACIÓN DE LA CAUSA (…)”. (Mayúsculas, destacado y subrayado del original).

Por auto de fecha 20 de julio de 2021, el Juzgado de Sustanciación, en razón de la diligencia supra, señaló que en la audiencia preliminar del 3 de octubre del 2019, se concedió el lapso de suspensión de los sesenta (60) días prorrogables, computados a partir de esa fecha exclusive, a fin de que los interesados presentaran esta acta a las autoridades competentes y sometieran a su consideración la posibilidad de otorgar o no las autorizaciones requeridas para perfeccionar el consentimiento necesario para la celebración de la transacción y dejó establecido que finalizado ese lapso de suspensión o de prórroga si fuera necesaria, sin que las partes llegasen a un acuerdo, comenzaría a discurrir el lapso para la contestación de la demanda la cual era de cuarenta y cinco (45) días conforme al artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, siendo que uno de los sujetos demandados es un municipio, computados a partir del vencimiento del término de la distancia fijado en cuatro (4) días continuos. Ahora bien, vencido como se encontraba  el lapso de contestación a la demanda y el lapso de promoción de pruebas, se declaró concluida la sustanciación de la causa y ordenó remitir a la Sala las presentes actuaciones a los fines legales subsiguientes.

El 3 de noviembre de 2021, se dio cuenta en Sala. En esa misma fecha, mes y año, se fijó de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la audiencia conclusiva para el día 11 de ese mes y año, a las 11:40 a.m.

Mediante auto de fecha 11 de noviembre de 2021, se suspendió la mencionada audiencia conclusiva.

Por auto de fecha 25 de enero de 2022, se fijó de conformidad con el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la audiencia conclusiva para el día 3 de febrero de 2022, a las 11:00 a.m.

En fecha 3 de febrero de 2022, se dejó constancia de la celebración de la referida audiencia  a las 11:00 a.m.

Por diligencia de fecha 20 de septiembre de 2022, la apoderada judicial del ciudadano  Jorge José Hayek Djandji, ambos identificados anteriormente, solicitó se fije la oportunidad para que tenga lugar “UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, con el objeto que, de estar conteste la representación judicial de la parte accionante, en mantener los acuerdos señalados en el Barredor Transaccional, se libren a los organismos referidos (Procuraduría General de la República, Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE) y el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas), el Oficio solicitando sometan a su consideración la posibilidad de otorgar o no a las autoridades requeridas para perfeccionar el consentimiento necesario para la celebración de la transacción (…) mencionada”. (Mayúsculas y destacado del original).

El 21 de septiembre de 2022, se dejó constancia que el 26 de abril de igual año, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero y los Magistrados Malaquías Gil Rodríguez y Juan Carlos Hidalgo Pandares, designados y juramentados por la Asamblea Nacional en la misma fecha.

En igual fecha (21 de septiembre de 2022), se dejó constancia que el 28 de abril de ese mismo año, en sesión de Sala Plena se eligió la Junta Directiva de este Máximo Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada esta Sala Político-Administrativa de la forma siguiente: Presidente, Magistrado Malaquías Gil Rodríguez; Vicepresidenta, Magistrada Bárbara Gabriela César Siero y el Magistrado Juan Carlos Hidalgo Pandares. En igual oportunidad se reasignó la ponencia al Magistrado Malaquías Gil Rodríguez.

Mediante diligencia de fecha 27 de septiembre de 2022, el apoderado judicial de la parte actora, expresó que  “(…) no tienen inconveniente en que se fije la oportunidad para que tenga lugar la misma y se acuerde NOTIFICAR  a los organismos referidos en la diligencia”. (Mayúsculas del original).

En fechas 4 de octubre y 1° de noviembre de 2022, el apoderado judicial del ciudadano Jorge José Hayek Djandji, identificado ut supra, ratificó su pedimento referido a que se realice la audiencia conciliatoria.

Realizado el estudio del expediente, pasa a esta Máxima Instancia a decidir previo a lo cual formula las siguientes observaciones:

I

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento en relación a la solicitud realizada en fechas 20 de septiembre, 4 de octubre y 1° de noviembre de 2022 por el apoderado judicial del ciudadano Jorge José Hayek Djandji, identificados anteriormente, relativa a que se acuerde “UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, con el objeto que, de estar conteste la representación judicial de la parte accionante, en mantener los acuerdos señalados en el Barredor Transaccional, se libren a los organismos referidos (Procuraduría General de la República, Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE) y el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas), lo Oficio solicitando sometan a su consideración la posibilidad de otorgar o no a las autoridades requeridas para perfeccionar el consentimiento necesario para la celebración de la transacción (…) mencionada”. (Mayúsculas y destacado del original).

Asimismo, es conveniente destacar, que frente a dichas solicitudes, en fecha 27 de septiembre de 2022, el apoderado judicial de la sociedad mercantil Inmobiliaria Bancomer Puerto La Cruz, C.A.  expresó que  “(…) no tienen inconveniente en que se fije la oportunidad para que tenga lugar la misma y se acuerde NOTIFICAR a los organismos referidos en la diligencia”. (Mayúsculas del original).

En tal sentido, este Alto Tribunal estima oportuno citar lo previsto en el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual:

“Artículo 258.

(…omissis…)

La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos.”

De la señalada norma, se desprende que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el deber que tiene el legislador de promover el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios para la solución de conflictos, como alternativa ante las típicas disputas o querellas en sede judicial, lo que refleja la constitucionalización de los medios alternativos para la resolución de conflictos.

Al respecto resulta oportuno traer a colación el criterio sostenido por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en torno a los medios alternativos de resolución de conflictos vinculados con el derecho a la tutela judicial efectiva contemplada en el artículo 26 de la Constitución. En ese sentido, dispuso:

“(…) Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se incluyó en el sistema de administración de justicia a los medios alternativos de resolución de conflictos, y se exhortó su promoción a través de la ley, promoción ésta que a juicio de la Sala, se materializa con el ejercicio de la iniciativa legislativa, la cual ha de procurar el desarrollo y eficacia del arbitraje, la conciliación, la mediación y demás medios alternativos de solución de conflictos. Sobre este particular, los artículos 253 y 258 de la Constitución establecen lo siguiente:

(…) Al respecto, esta Sala ha señalado que ‘(…) la Constitución amplió el sistema de justicia para la inclusión de modos alternos al de la justicia ordinaria que ejerce el poder judicial, entre los que se encuentra el arbitraje. Esa ampliación implica, a no dudarlo, un desahogo de esa justicia ordinaria que está sobrecargada de asuntos pendientes de decisión, y propende al logro de una tutela jurisdiccional verdaderamente eficaz, célere y ajena a formalidades innecesarias (…). Así, a través de mecanismos alternos al del proceso judicial, se logra el fin del Derecho, como lo es la paz social, en perfecta conjunción con el Poder Judicial, que es el que mantiene el monopolio de la tutela coactiva de los derechos y, por ende, de la ejecución forzosa de la sentencia (…). A esa óptica objetiva de los medios alternativos de solución de conflictos, ha de añadírsele su óptica subjetiva, en el sentido de que dichos medios con inclusión del arbitraje, en tanto integran el sistema de justicia, se vinculan con el derecho a la tutela jurisdiccional eficaz que recoge el artículo 26 de la Constitución. En otras palabras, puede decirse que el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional eficaz entraña un derecho fundamental a la posibilidad de empleo de los medios alternativos de resolución de conflictos, entre ellos, evidentemente, el arbitraje (…)’ (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 192/08). Por ello, el deber contenido en el artículo 258 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se agota o tiene como único destinatario al legislador (Asamblea Nacional), sino también al propio operador judicial (Poder Judicial), en orden a procurar y promover en la medida de lo posible la utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos (…)”. (Vid., sentencia de la Sala Constitucional Nro. 1784 del 30 de noviembre de 2011). (Destacado del presente fallo).

Asimismo, dicho precepto encuentra desarrollo en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conforme al cual:

“Artículo 6. Los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa promoverán la utilización de medios alternativos de solución de conflictos en cualquier grado y estado del proceso, atendiendo a la especial naturaleza de las materias jurídicas sometidas a su conocimiento”.

De tal forma, la promoción de los medios alternativos de solución de conflictos dentro del marco del ejercicio de la función jurisdiccional va en procura del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la misma Carta Magna.

Por tanto, los órganos de administración de justicia que conforman la Jurisdicción Contencioso Administrativa, incluyendo a esta Sala Político-Administrativa, deben reconocer la importancia de los medios alternativos de solución de conflictos para facilitar el acuerdo entre las partes de un proceso, que pueda generar mayores ámbitos de encuentro entre ellas e incrementar la fluidez en sus relaciones jurídicas, en aras de solventar las desavenencias que puedan tener sin depender de la intervención de los órganos jurisdiccionales para dirimir tales controversias e imponer la solución. (Vid., entre otras, sentencia de esta Sala Nro. 00393 del 4 de julio de 2017).

De allí que, esta Máxima Instancia, como rectora del proceso y promotora de los medios alternativos de solución de conflictos, en consonancia con los principios que le imponen observar el proceso y las decisiones que se dicten dentro del marco de los valores constitucionales, así como en la necesidad de mantener el equilibrio justo entre los intereses debatidos, y dado que fueron ambas partes, quienes propusieron la celebración de un evento conciliatorio, es por lo que esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, declara PROCEDENTE la solicitud realizada en fechas 20 de septiembre, 4 de octubre y 1° de noviembre de 2022 por el apoderado judicial del ciudadano Jorge José Hayek Djandji, identificados anteriormente, relativa a que se acuerde “UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN” con la finalidad de dirimir el presente asunto mediante un acto de resolución alternativa de controversias.

En tal sentido, se ordena notificar a la sociedad mercantil Inmobiliaria Bancomer Puerto La Cruz, C.A, en la figura de su representante legal, al ciudadano Jorge José Hayek Djandji y/o sus apoderados judiciales, al Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE), al Defensor Público de los ciudadanos  Marcos Antonio Gómez Torres, Edelia Susana Guzmán de Gómez, Jonis Martínez Vianmonte y Ana Bautista Amaya de Martínez, y a la Procuraduría General de la República, para que participen en una audiencia conciliatoria en esta Sala Político-Administrativa bajo la dirección del Magistrado Ponente, la cual será fijada una vez que conste en autos la práctica de las referidas notificaciones. Así se decide.

Se advierte a las partes que en el momento de celebración del referido acto alternativo deberán presentar un poder en el que se acredite que sus apoderados judiciales se encuentran autorizados para “(…) convenir, desistir, transigir, (…) conciliar o utilizar cualquier otro medio alternativo para la solución del conflicto (…)” conforme a lo previsto en los artículos 154 del Código de Procedimiento Civil y 82 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Así se determina.

Finalmente, resulta menester para esta Máxima Instancia precisar que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en aras de garantizar la consecución de los postulados consagrados en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconoció la preponderancia de la ciencia, la tecnología, y los servicios de información como elementos de interés público, destacando el deber del Poder Público -y concretamente de los órganos jurisdiccionales- de valerse de los avances tecnológicos para su optimización, procediendo en consecuencia a dictar la Resolución Nro. 2021-0011 de fecha 9 de junio de 2021, contentiva de las normas generales que regularán la suscripción y publicación de decisiones con firma digital, práctica de citaciones y notificaciones electrónicas y la emisión de copias simples o certificadas por vía electrónica relacionadas con los procesos seguidos ante esta Sala Político-Administrativa.

Ello así y, visto que los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 3 de la Resolución en comento, consagran la posibilidad de practicar las citaciones y notificaciones por correo electrónico o cualquier otro medio que utilice tecnologías de la información y la comunicación, este Máximo Tribunal con miras a procurar la mejora continua del servicio de administración de justicia, ordena efectuar un análisis de las actas que conforman el expediente de la causa, a los efectos de determinar si las partes cuentan o no con los medios telemáticos suficientes para hacer efectiva dicha actuación procesal y, de ser el caso, proceder a practicar las notificaciones a las que haya lugar por medios electrónicos; en el entendido de que la falta de indicación en autos de algunos de los elementos digitales previamente señalados, dará lugar a que se practique la notificación conforme a lo establecido en el artículo 5 de la aludida Resolución y en las leyes. Así se dispone.

II

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara PROCEDENTE la solicitud realizada en fechas 20 de septiembre, 4 de octubre y 1° de noviembre de 2022 por el apoderado judicial del ciudadano Jorge José Hayek Djandji, identificados anteriormente, relativa a que se acuerde “UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN” con la finalidad de dirimir el presente asunto mediante un acto de resolución alternativa de controversias. En consecuencia, se ORDENA notificar a la sociedad mercantil INMOBILIARIA BANCOMER PUERTO LA CRUZ, C.A, en la figura de su representante legal, al ciudadano JORGE JOSÉ HAYEK DJANDJI y/o a sus apoderados judiciales, al FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (FOGADE), al Defensor Público de los ciudadanos  MARCOS ANTONIO GÓMEZ TORRES, EDELIA SUSANA GUZMÁN DE GÓMEZ, JONIS MARTÍNEZ VIANMONTE y ANA BAUTISTA AMAYA DE MARTÍNEZ,  y a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA para que participen en una audiencia conciliatoria en esta Sala Político-Administrativa bajo la dirección del Magistrado Ponente, la cual será fijada una vez que conste en autos la práctica de las referidas notificaciones.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los ocho días (8) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.

 

El Presidente –Ponente,

MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ

 

 

 

 

                       La Vicepresidenta,

BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO 

El Magistrado,

JUAN CARLOS HIDALGO PANDARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaria,

CHADIA FERMIN PEÑA

 

 

En fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil veintidós, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00817.

 

 

La Secretaria,

CHADIA FERMIN PEÑA

 

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