Venley

Sentencia N.º 00874

Sentencia
N.º 00874
Fecha
01/08/2017
Sala
Político Administrativa
Expediente
2017-0218
Ponente
María Carolina Ameliach Villarroel
Procedimiento
Regulación de jurisdicción

Magistrada Ponente: MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

Exp. Nro. 2017-0218

Adjunto al Oficio Nro. 149/2017, de fecha 13 de marzo de 2017, recibido en esta Sala el día 20 de ese mismo mes y año, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió el expediente contentivo de la demanda por “ACCIÓN REIVINDICATORIA” sobre un inmueble destinado a vivienda interpuesta por los abogados Miguel Ángel Díaz Carrera y Richard Fabián Melchor Suárez (INPREABOGADO Nros. 186.876 y 191.467, respectivamente), en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana YOLANDA PRESILLA LANDER, (cédula de identidad Nro. 985.757), en su condición de propietaria, contra los ciudadanos DANIEL ENRIQUE ROJAS NÚÑEZ y ROBERT JOSÉ MORALES GÓMEZ (cédulas de identidad Nros. 6.809.742 y 5.478.870, respectivamente),  “(…) de conformidad con el artículo 548 del Código Civil, en concordancia con el artículo (sic) 115 y 26 de la Carta Política (…) [pues] nunca existió un contrato de arrendamiento entre ‘La propietaria’ y ‘Los ocupantes’ (…) los cuales carecen completamente de un derecho -o título jurídico- que les permita usar el bien inmueble, por no haberlo consentido expresamente ‘La propietaria’ (…)”. (Agregado de la Sala).

Tal remisión, se efectuó para que esta Sala se pronuncie acerca del recurso de regulación de jurisdicción incoado el 26 de septiembre de 2016 por la parte accionada, por haber declarado el prenombrado órgano jurisdiccional mediante sentencia del día 22 del mismo mes y año, “SIN LUGAR” la cuestión previa contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

El 4 de abril de 2017, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha se designó ponente a la Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, a los fines de decidir la referida regulación de jurisdicción.

Revisadas las actas del expediente, esta Sala Político-Administrativa pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

En fecha 7 de marzo de 2016, los abogados Miguel Ángel Díaz Carrera y Richard Fabián Melchor Suárez, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana Yolanda Presilla Lander, todos ya identificados, interpusieron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, demanda por “ACCIÓN REIVINDICATORIA” sobre un inmueble destinado a vivienda, propiedad de la referida ciudadana, contra los ciudadanos Daniel Enrique Rojas Núñez y Robert José Morales Gómez “(…) de conformidad con el artículo 548 del Código Civil, en concordancia con el artículo (sic) 115 y 26 de la Carta Política (…) [pues] nunca existió un contrato de arrendamiento entre ‘La propietaria’ y ‘Los ocupantes’ (…) los cuales carecen completamente de un derecho -o título jurídico- que les permita usar el bien inmueble, por no haberlo consentido expresamente ‘La propietaria’ (…)”, con fundamento en los siguientes argumentos:

Que su representada “(…) es la titular de un derecho de propiedad sobre un bien inmueble constituido por un Apartamento, N° 9-PH1, ubicado en el piso 9, Residencias ‘El Parque’, ubicada en la Av. Rómulo Gallegos Municipio Sucre, Estado Miranda, como se evidencia de documento protocolizado por ante el Registro Público Inmobiliario del Municipio Sucre, Estado Miranda, en fecha veinte (20) de febrero de 1964, bajo el N° 16, Tomo 29, Protocolo Primero (…)”.

Arguyeron que el 9 de enero de 2008 “(…) suscribió con el ciudadano MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SERRADA (…) un contrato de comodato  mediante el cual daba en préstamo de uso por el período de un (1) año el referido bien inmueble al mencionado comodatario y su pareja (…) posteriormente, al término de la referida relación contractual (…) procederían a la novación -sin reducirlo a escrito- de este contrato de comodato, el cual se tornaría en un contrato de arrendamiento”.

Señalaron que “(…) ‘el arrendatario’ sin conocimiento expreso o tácito de la ‘propietaria’ para suscribir contratos de subarrendamiento, o cualquier contrato afín, permitiría irresponsablemente el acceso del referido inmueble de los ciudadanos DANIEL ENRIQUE ROJAS NÚÑEZ y ROBERT JOSÉ MORALES GÓMEZ (…) a las que se les permitió momentáneamente la  pernocta en el mencionado inmueble, hasta que pudieran arrendar o comprar una vivienda adecuada. Lo cierto es que nunca existió un contrato de arrendamiento entre ‘La propietaria’ y ‘Los ocupantes’ ni contrato de sub-arrendamiento” los cuales -a su decir- “carecen completamente de un derecho -o título jurídico- que les permita usar el bien inmueble, por no haberlo consentido expresamente ‘La propietaria’ (…)”.

Explicaron que el 3 de diciembre de 2014, “(…) el ciudadano DANIEL ENRIQUE ROJAS NÚÑEZ, uno de ‘Los ocupantes’ mencionados, impidió a ‘El arrendatario’ y a su pareja la pernocta en el referido bien inmueble, haciéndolos  víctima de vejaciones y hasta de violencia física  que acabarían por causarle unas lesiones leves a la pareja de ‘El Arrendatario’ (…) como se evidencia de expediente que cursa por ante el Ministerio Público (…)”.

Destacaron que “(…) a raíz de esos hechos, y a pesar de que no sería esa la primera oportunidad en que ‘Los ocupantes’ o uno de ellos hacía uso de la violencia, victimizando a los únicos arrendatarios, no obstante, sí sería esa la primera oportunidad en que se haría imposible para ‘El arrendatario’ y su pareja permanecer en el inmueble arrendado abandonándolo y dejándolo en ocupación de los ciudadanos DANIEL ENRIQUE ROJAS NÚÑEZ y ROBERT JOSÉ MORALES GÓMEZ. A partir de ese momento, ‘La propietaria’ dejaría de percibir una justa remuneración (canon de arrendamiento) por el alquiler de su bien inmueble, el cual se apropiaron ilegal e inconstitucionalmente ‘Los ocupantes’ sin acaso intentar obtener su consentimiento, por lo que no se encuentra más justificación la ocupación que esos ejercen, que la violencia (vías de hecho)”.

Expusieron, que “(…) no se trata (…) de una posesión legítima, por carecer de dos (2) de sus características, como no ser una posesión pacífica por cuanto se inició y perpetuó mediante el uso de la violencia, así como por el hecho que ‘Los ocupantes’ se encuentran en conocimiento que se trata de una propiedad ajena (…)”.

Respecto a lo anterior, también alegaron “(…) que nadie puede mejorársele su condición por un hecho ilícito que haya cometido  (…) por lo cual, sin perjuicio de que esos hechos se condenen penalmente, la justicia es competente para tutelar el derecho fundamental de propiedad de la ciudadana YOLANDA PRESILLA LANDER y establecer si la posesión de ‘Los ocupantes’ puede o no tutelarse por el derecho, e incluso, (…) por el Decreto-Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, puesto que (…) no se trata de inquilinos, usufructuarios, comodatarios, deudores hipotecarios, o en fin, poseedores legítimos; por el contrario, son simples ocupantes ilegales o detentadores violentos, sin ánimo de dueño (…) de una cosa ajena” (sic).

Fundamentaron su demanda en los artículos 548, 772 y 777 del Código Civil, así como también en “nuestra doctrina patria”, en la sentencia de “la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (…) N° RI.000175 de fecha 17 de abril de 2013 (ponencia conjunta) (…)” y en una “doctrina extranjera, mediante la cual señala aquellos títulos capaces de engendrar hechos punibles (…) [planteado por] la Sala Penal del Tribunal Supremo de España (…)”. (Agregado de la Sala).

Pidieron, la “Medida Innominada de entrega Material [del aludido inmueble] Libre de Bienes y Personas” de conformidad con lo dispuesto en “los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil”.

   Finalmente solicitaron: i) la “REINVINDICACIÓN y consecuente restitución del apartamento” antes descrito, ii) el pago de las “costas y costos del proceso” y iii) estimaron su demanda en la cantidad de “CIEN MILLONES DE BOLÍVARES (BS. 100.000.000,00) cuya equivalencia en unidades tributarias (…) [para la fecha de interposición de la acción es] la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS (564.971,75 U.T.)”. (Corchetes añadidos).

Por auto del 14 de marzo de 2016, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a la cual le correspondió el conocimiento de la causa previa distribución, admitió la acción incoada y ordenó practicar  los emplazamientos correspondientes.

Según diligencia del 3 de marzo de 2016, la representación judicial de la parte actora, ratificó la solicitud de la “Medida Innominada, libre de bienes y personas de entrega Material del Inmueble”, pedida en el libelo de la demanda.

El 9 de agosto de 2016, el abogado Daniel Enrique Rojas Núñez (INPREABOGADO Nro. 45.611) actuando en su nombre y en representación del ciudadano Robert José Morales Gómez, antes identificado, presentó escrito de promoción de cuestiones previas establecidas en los ordinales 1°, 6°, 8° y 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

El 19 de septiembre de 2016, el apoderado judicial de la ciudadana Yolanda Presilla Lander, ya identificada, consignó escrito de oposición a las cuestiones previas antes indicadas.

Mediante sentencia de fecha 22 de septiembre de 2016, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró “SIN LUGAR” la cuestión previa contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en los términos siguientes:

“Se evidencia de los autos que la parte demandada opone la cuestión previa contenida en el ordinal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la falta de jurisdicción del juez y su incompetencia para conocer del presente juicio en virtud de argumentar por un lado que éste tribunal no es competente para conocer de la presente acción pues dicha demanda versa sobre la ‘desocupación’ de un apartamento destinado a vivienda y, por ser esto así, está sujeto al régimen jurídico especial de arrendamientos de inmuebles urbanos destinados a viviendas de carácter administrativo y cuyas normas son de orden público, y, por otro lado, solicita se declare la incompetencia de éste órgano jurisdiccional por razón de la materia, ya que existe una controversia ante el Tribunal Sexto en Funciones de Control de ésta Circunscripción Judicial el cual debe acumularse por razones de accesoriedad, de conexión o de continencia con ésta demanda.

Se observa de la redacción de la defensa previa que el abogado que la opone da un tratamiento indistinto a la falta de jurisdicción, la falta de competencia y la acumulación, siendo tres defensas que deben ser bien diferenciadas a la hora de alegarlas. Debe advertir éste sentenciador que tanto la doctrina nacional como nuestro máximo Tribunal de la República ha establecido la diferencia entre Jurisdicción y Competencia a objeto de evitar confusiones (…).

(…Omissis…)

Tratándose el presente caso sobre una acción reivindicatoria la misma constituye una acción real que persigue el reconocimiento de la propiedad del demandante de un bien determinado frente a otra persona que detenta sin ser propietario con la finalidad de que éste último restituya el bien al demandante junto con los frutos si hubiere lugar a ello, dicha acción se encuentra contenida en el artículo 548 del Código Civil el cual establece: ‘El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes. (…)’ y no como pretende el demandado en su defensa donde aduce estar en presencia de una ‘desocupación’ queriendo dar un matiz inquilinario al presente asunto que es el que ameritaría, en todo caso, la sustanciación de una fase administrativa.

En refuerzo de lo anterior, éste Tribunal observa que la Acción Reivindicatoria al ser una acción de estricta naturaleza civil es el llamado a conocer de la presente demanda tanto jurisdiccional como competencialmente, y, de existir alguna característica inquilinaria en la relación que tienen las partes deberá ser analizada y valorada en la oportunidad procesal correspondiente y ASÍ SE DECIDE.

 

(…Omissis…)

En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, este JUZGADO (…) declara SIN LUGAR la cuestión previa contenida en el ordinal 1º artículo 346 Código de Procedimiento Civil”. (Sic).

Mediante diligencia del 26 de septiembre de 2016, la parte accionada solicitó “(…) la regulación de jurisdicción y competencia (sic), establecida en el artículo 349 de C.P.C., en concordancia con los artículos 59 y 62 ejusdem (…)” (sic).

            Por auto del 30 de septiembre de 2016, el prenombrado órgano jurisdiccional ordenó enviar al “JUZGADO DISTRIBUIDOR SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, copia certificada de la solicitud de Regulación de Competencia” interpuesta por la parte demandada.  

            El 4 de octubre de 2016, los ciudadanos Daniel Enrique Rojas Núñez y Robert José Morales Gómez, ya identificados, solicitaron al tribunal remitente se pronunciara “(…) sobre la impugnación de la jurisdicción (…) solicitada por diligencia de fecha 26 de septiembre de 2016 (…)”.

            Respecto a lo anterior, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas por auto del 11 de octubre de 2016, “(…) ratifica la nota de secretaría de fecha 30 de septiembre mediante la cual se solicitaron fotostatos, a los fines su remisión al Juzgado Superior, en virtud de la Regulación de Competencia interpuesta (…)”.

            El 18 de octubre de 2016, la parte demandada apeló del auto del día 11 del mismo mes y año “(…) en virtud que no se pronuncia en lo absoluto sobre la impugnación de la jurisdicción solicitada (…)”.

En fecha 25 de octubre de 2016, el aludido Juzgado negó la apelación propuesta, pues consideró que es un acto de mera sustanciación que impulsa y ordena el proceso “por ello no causan lesión o gravamen de carácter material o jurídico a las partes”.

Por diligencia del 2 de noviembre de 2016, la parte accionada consignó escrito de contestación a la demanda y reconvención de la misma.

En fecha 4 de noviembre de 2016, el apoderado judicial de la demandante interpuso “escrito de alegatos”, mediante el cual solicitó -entre otros aspectos- “la admisión de la Tercería Adhesiva”, siendo aceptada por el a quo el 1° de diciembre del mismo año.

El 1° de diciembre de 2016, el juzgado remitente por “auto complementario al auto dictado en fecha 30 de septiembre de 2016”, advirtió que por “error involuntario” señaló -en esa oportunidad- que las copias certificadas serían remitidas al “Juzgado Distribuidor Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, siendo lo correcto la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia”.

Respecto a lo anterior, el 2 de diciembre de 2016 el prenombrado órgano jurisdiccional acordó certificar las copias fotostáticas consignadas, a los fines legales consiguientes.

  En esa misma fecha (2 de diciembre de 2016), los demandados presentaron “escrito de alegatos”.

El 7 de diciembre de 2016, la parte accionada apeló del auto dictado por el a quo el día 2 de ese mismo mes y año, siendo negado el referido recurso por auto del 19 de diciembre de 2016.

 Mediante sentencia del 10 de febrero de 2017, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar las cuestiones previas contenidas en los ordinales 6° (defecto de forma de la demanda), 8° (existencia de una cuestión prejudicial), y 11° (prohibición de la ley) del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuestas por los demandados el 9 de agosto de 2016.

El 15 de febrero de 2017, la parte accionada apeló de la decisión antes citada, proferida por el prenombrado Tribunal.

 En fecha 16 de febrero de 2017, la representación judicial de la demandante solicitó “sea desestimada” la apelación interpuesta al aludido fallo, “en virtud a lo establecido en el artículo 357 del C.P.C.” (Sic).

El 17 de febrero de 2017, el apoderado de la ciudadana Yolanda Presilla Lander, antes identificada, consignó “escrito de alegatos” mediante el cual solicitó: i) “SE DÉ TRAMITE AL RECURSO DE REGULACIÓN DE COMPETENCIA,  ejercido por la parte demandada (…)”, y ii) una vez conste en autos “el oficio de la Sala Político-Administrativa relativo al pronunciamiento del Recurso de Regulación de Jurisdicción, y por otro lado, el oficio del Tribunal Superior pronunciando el Recurso de Competencia, se inicie el lapso de contestación de la demanda (…)”.  

Por auto del 10 de marzo de 2017, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, oyó “EN UN SOLO EFECTO DEVOLUTIVO” la apelación interpuesta el 15 de febrero de 2017 por los accionados.   

Mediante auto del 13 de marzo de 2017, el referido Juzgado acordó: i) remitir copias certificadas del expediente al “Juzgado Distribuidor Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas” a los fines del respectivo pronunciamiento sobre la competencia, de acuerdo a lo dispuesto en el auto dictado por ese órgano jurisdiccional el 30 de septiembre de 2016, y ii) libró el oficio Nro. 149/2017 dirigido a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante el cual ordenó remitir el expediente original de la causa “conforme a lo dispuesto en el artículo 62 (sic) del Código de Procedimiento Civil”.

El 20 de marzo de 2017, se recibió en esta Máxima Instancia el expediente contentivo de la demanda bajo examen.

 

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento en la presente regulación de jurisdicción, de conformidad con la competencia atribuida en las disposiciones previstas en los artículos 23, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 26, numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con los artículos 59 y 66 del Código de Procedimiento Civil.

i)                    Punto Previo.

Esta Sala se considera oportuno hacer referencia -en primer lugar- a lo siguiente: 

De la revisión de las actas procesales que conforman los autos, esta Máxima Instancia aprecia que la pretensión de la demanda interpuesta por la ciudadana Yolanda Presilla Lander, ya identificada, recae en la “ACCIÓN REIVINDICATORIA” sobre un inmueble destinado a vivienda -de su propiedad- contra los ciudadanos Daniel Enrique Rojas Núñez y Robert José Morales Gómez.

También se advierte que el 9 de agosto de 2016, la parte demandada presentó escrito de promoción de cuestiones previas establecidas en los ordinales 1°, 6°, 8° y 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

Luego, mediante sentencia de fecha 22 de septiembre de 2016 el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró “SIN LUGAR” la cuestión previa contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de jurisdicción.

A través de diligencia del 26 de septiembre de 2016, la parte accionada solicitó “(…) la regulación de jurisdicción y competencia, (sic) establecida en el artículo 349 de C.P.C., en concordancia con los artículos 59 y 62 ejusdem (…)” (sic).

Por auto del 30 de septiembre de 2016 el prenombrado órgano jurisdiccional ordenó, entre otros aspectos, enviar al “JUZGADO DISTRIBUIDOR SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, copia certificada de la solicitud de Regulación de Competencia” interpuesta por la parte demandada.

Posteriormente el 1° de diciembre de 2016, el juzgado remitente por “auto complementario al auto dictado en fecha 30 de septiembre de 2016”, advirtió que por “error involuntario” señaló -en esa oportunidad- que las copias certificadas serían remitidas al Juzgado Distribuidor en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, “siendo lo correcto la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia”.

No obstante lo anterior, mediante sentencia del 10 de febrero de 2017, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar las cuestiones previas contenidas en los ordinales 6°, 8°, y 11° del Código Civil, interpuestas por los demandados el 9 de agosto de 2016.

El 15 de febrero de 2017, la parte accionada apeló de la decisión antes indicada, la cual fue oída en un solo efecto el 10 de marzo del mismo año.

Finalmente, se constata que el 13 de marzo de 2017, el prenombrado órgano jurisdiccional acordó: i) remitir copias certificadas del expediente al Juzgado (Distribuidor) Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines del respectivo pronunciamiento sobre la competencia, de acuerdo a lo dispuesto en el auto dictado por ese órgano jurisdiccional el 30 de septiembre de 2016, y,  ii) libró el oficio Nro. 149/2017 dirigido a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mediante el cual ordenó remitir el expediente original de la causa “conforme a lo dispuesto en el artículo 62 (sic) del Código de Procedimiento Civil”.

Analizado lo anterior, esta Sala observa que el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, erró en su proceder, ya que aun después de ejercido el recurso de regulación de jurisdicción, siguió conociendo de la causa, decidiendo en una sentencia posterior, el resto de las cuestiones previas opuestas.

Tal proceder es contrario a lo establecido en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone lo siguiente:

“Artículo 66. La solicitud de regulación de la jurisdicción suspende el procedimiento hasta que sea decidida la cuestión de jurisdicción”. (Destacado de la Sala).

De la norma antes citada se desprende, que el recurso de regulación de jurisdicción suspende el procedimiento hasta que se decida la jurisdicción del asunto, por lo que únicamente debió remitirse el expediente original a esta Sala Político-Administrativa.

Efectuada la anterior precisión pasa la Sala a conocer de conformidad con los artículos 59 y 66 eiusdem del recurso de regulación de jurisdicción incoado por los accionados contra la decisión de fecha 22 de septiembre de 2016, proferida por el prenombrado tribunal mediante la cual declaró sin lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

ii)                  De la regulación de jurisdicción:

La representación judicial de la ciudadana Yolanda Presilla Lander interpuso ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas, demanda por “ACCIÓN REIVINDICATORIA” sobre un inmueble destinado a vivienda, propiedad de la referida ciudadana, contra los ciudadanos Daniel Enrique Rojas Núñez y Robert José Morales Gómez “(…) de conformidad con el artículo 548 del Código Civil, en concordancia con el artículo 115 y 26 de la Carta Política (…) [pues] nunca existió un contrato de arrendamiento entre ‘La propietaria’ y ‘Los ocupantes’ (…) los cuales carecen completamente de un derecho -o título jurídico- que les permita usar el bien inmueble, por no haberlo consentido expresamente ‘La propietaria’ (…)”.(Agregado de la Sala).

Por otra parte, se evidencia que el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante decisión del 22 de septiembre de 2016, declaró sin lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; interponiendo la parte demandada el día 26 de se mismo mes y año el recurso de regulación de jurisdicción en el presente asunto.

En tal sentido, se advierte que la acción reivindicatoria está contemplada en el artículo 548 del Código Civil, el cual dispone lo siguiente:

“Artículo 548.- El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes.

 

Si el poseedor o detentador después de la demanda judicial ha dejado de poseer la cosa por hecho propio, está obligado a recobrarla a su costa por cuenta del demandante; y, si así lo hiciere, a pagar su valor, sin prejuicio de la opción que tiene el demandante para intentar su acción contra el nuevo poseedor o detentador”.

            De la norma antes transcrita, se evidencia que la demanda reivindicatoria de la propiedad constituye una acción que ejerce una persona que se afirma propietaria de un bien determinado, contra un tercero que funge como poseedor del mismo, independientemente de que con posterioridad dicho poseedor haya dejado de poseer la cosa por hecho propio, con la finalidad de que se reconozca su derecho de propiedad y que se ordene al poseedor la restitución del inmueble.

En tal sentido, se trata de una acción que puede ejercer el propietario que no posee contra el poseedor que no puede alegar un mejor título jurídico como fundamento de su posesión, y su objetivo no es otro que recuperar la posesión sobre la cosa y obtener el reconocimiento del derecho de propiedad discutido por el poseedor; en definitiva, de recobrar o rescatar ese bien para su propia tenencia, uso y disfrute. (Vid. Sentencia de esta Sala Nro. 01317 del 8 de octubre de 2014).

           Por lo tanto, visto que la ciudadana Yolanda Presilla Lander, antes identificada persigue el reconocimiento de la propiedad de un determinado bien -en este caso en concreto- un inmueble “(…) constituido por un Apartamento, N° 9-PH1, ubicado en el piso 9, Residencias ‘El Parque’, ubicada en la Av. Rómulo Gallegos Municipio Sucre, Estado Miranda (…)”, frente a los ciudadanos Daniel Enrique Rojas Núñez y Robert José Morales Gómez, ya identificados, se deduce que esta solicitud es una acción real de estricta naturaleza civil, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 548 del Código Civil, antes citado, corresponderá al Poder Judicial conocer y decir la presente causa,  Así se decide.

En fuerza de las consideraciones precedentes debe la Sala declarar sin lugar el recurso de regulación de jurisdicción incoado por los demandados y que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer de la demanda de autos interpuesta por la representación judicial de la ciudadana Yolanda Presilla Lander, ya identificada, en consecuencia, se confirma, en los términos expuestos, la sentencia dictada en fecha 22 de septiembre de 2016 por el  Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide.

Se condena en costas a la parte accionada conforme a los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado vencida en esta incidencia.

III

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.      SIN LUGAR el recurso de regulación de jurisdicción ejercido en fecha 26 de septiembre de 2016 por los ciudadanos DANIEL ENRIQUE ROJAS NÚÑEZ y ROBERT JOSÉ MORALES GÓMEZ, antes identificados, contra la sentencia dictada el día 22 de ese mismo mes y año por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

2.      Que el PODER JUDICIAL TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda por “ACCIÓN REIVINDICATORIA” sobre un inmueble destinado a vivienda interpuesta la representación judicial de la ciudadana YOLANDA PRESILLA LANDER, en su condición de propietaria, contra los ciudadanos DANIEL ENRIQUE ROJAS NÚÑEZ y ROBERT JOSÉ MORALES GÓMEZ, ya identificados.

3.      Se CONFIRMA, en los términos expuesto, la sentencia recurrida.

4.      Se CONDENA en costas a parte demandada conforme a los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado vencida en la presente incidencia.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, al primer (01) día del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017). Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

 

 

La Presidenta - Ponente

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

 

 

 

 

 

 

El Vicepresidente

MARCO ANTONIO MEDINA SALAS

 

La Magistrada

BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO

 

 

 

 

 

 

El Magistrado

INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA

La Magistrada

EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO

 

 

 

 

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD

 

 

 

En primero (01) de agosto del año dos mil diecisiete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00874, la cual no está firmada por la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, por motivos justificados.

 

 

 

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD

 

 

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