Venley

Sentencia N.º 00930

Sentencia
N.º 00930
Fecha
02/08/2018
Sala
Político Administrativa
Expediente
2017-0887
Ponente
Eulalia Coromoto Guerrero Rivero
Procedimiento
Declinatoria de competencia

Magistrada Ponente: EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO

Exp. Núm. 2017-0887

Mediante oficio Núm. CSCA-2017-002793 de fecha 25 de octubre de 2017, recibido en esta Sala el 03 de noviembre del mismo año, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo remitió el expediente contentivo del “recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos” por la ciudadana EUDELINA ROJAS ESTABA, cédula de identidad Núm. 10.195.624, asistida por la abogada Lil Felicia Vargas, INPREABOGADO Núm. 52.171, contra el acto administrativo Núm. TSJ-CJ-547-2017 de fecha 06 de abril de 2017, emitido por la COMISIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA  que  dejó sin efecto su designación como Jueza Provisoria del Tribunal Segundo de Primera Instancia Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Nueva Esparta.

La remisión se efectuó con ocasión de la sentencia Núm. 2017-00723 de fecha 17 de octubre de 2017 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, que declaró entre otras determinaciones, lo siguiente: “3) ORDENA la remisión del  expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que la misma emita un pronunciamiento sobre el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la querellante”. (Mayúscula del fallo).

En fecha 22 de noviembre de 2017 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, a los fines de pronunciarse sobre la competencia.

Por diligencia del 23 de enero de 2018 la Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel se inhibió en la presente causa.

Mediante auto de vicepresidencia Núm. 003, publicado en fecha 31 de enero de 2018, se declaró con lugar la inhibición planteada y se acordó convocar al respectivo suplente, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El 15 de mayo de 2018 el abogado Luis Alfredo Pérez Morales, INPREABOGADO Núm. 57.775, informó que fue designado Defensor Público de la ciudadana Eudelina Rojas Estaba, antes identificada.

En fecha 04 de julio de 2018 se constituyó la Sala Político-Administrativa Accidental, previa convocatoria y aceptación del Tercer Suplente César Alejandro Sanguinetti Mayabiro, la cual quedó integrada de la siguiente manera: Presidente Magistrado Marco Antonio Medina Salas; Vicepresidenta Magistrada Bárbara Gabriela César Siero; Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta; Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero y Magistrado Suplente César Alejandro Sanguinetti Mayabiro. Asimismo se ratificó la ponencia a la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero.

Para decidir la Sala observa:

I

ANTECEDENTES 

 

Mediante escrito presentado en fecha 19 de julio de 2017 ante el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, la ciudadana Eudelina Rojas Estaba, asistida por la abogada Lil Felicia Vargas, antes identificadas, interpuso “querella funcionarial contra [el] acto administrativo de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia”  Núm. TSJ-CJ-547-2017 de fecha 06 de abril de 2017, que  dejó sin efecto su designación como Jueza Provisoria del Tribunal Segundo de Primera Instancia Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Nueva Esparta. (Agregado de la Sala).

Por decisión de fecha 25 de julio de 2017 el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, se declaró incompetente para conocer del recurso de nulidad incoado por la parte actora y declinó la competencia en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 

En diligencia del 02 de agosto de 2017 la ciudadana Eudelina Rojas Estaba, antes identificada, INPREABOGADO Núm. 155.225, actuando en su nombre “APELӔ de la decisión Núm. Q-1238-17 de fecha 25 de julio de 2017 dictada por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta.

Mediante auto de fecha 07 de agosto de 2017 el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, acordó oír la referida apelación en ambos efectos y ordenó remitir el expediente a la U.R.D.D. de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo.

En fecha 27 de septiembre de 2017, previa distribución, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dio por recibido el expediente contentivo del “recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos”, a los fines de dictar la decisión correspondiente.

Por decisión Núm. 2017-000723 de fecha 17 de octubre de 2017, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declaró entre otras aseveraciones: “3) ORDENA la remisión del  expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que la misma emita un pronunciamiento sobre el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la querellante”. (Mayúscula del fallo).

El 25 de octubre de 2017 la referida Corte remitió las actuaciones a la Sala.

II

SENTENCIA QUE DECLINÓ LA COMPETENCIA

            Mediante fallo Núm. 2017-000723 de fecha 17 de octubre de 2017, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo estableció lo siguiente: 

“(…) Previo a cualquier pronunciamiento, corresponde a esta Alzada verificar su competencia, la cual encuentra su fundamento en lo establecido en el artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el numeral 7 del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010; razón por la cual, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se declara COMPETENTE para conocer de la presente apelación. Así se declara.

Del recurso de apelación interpuesto

Determinada la competencia, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo pasa a resolver el recurso de apelación interpuesto y al efecto resulta pertinente traer a colación lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente al proceso contencioso administrativo según lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa:

‘Artículo 69: La sentencia en la cual el Juez se declare incompetente, aun en los casos de los artículos 51 y 61, quedará firme si no se solicita por las partes la regulación de competencia dentro del plazo de cinco (5) días después de pronunciada, salvo lo indicado en el artículo siguiente, para los casos de incompetencia por la materia o de la territorial prevista en el artículo 47. Habiendo quedado firme la sentencia, la causa continuará su curso ante el Juez declarado competente, en el plazo indicado en el artículo 75’. [Negritas y subrayado de esta Corte].

De la norma transcrita, se desprende que cuando un Juez se declare incompetente para conocer de determinado asunto, el mecanismo procesal para impugnar esa decisión corresponde al recurso de regulación de competencia, y en el supuesto de que no sea ejercido dentro del lapso de cinco (5) días después de la declaratoria de incompetencia quedará firme¸ por lo cual la causa deberá continuar ante el Juez declarado competente de conformidad con lo establecido en el artículo 75 eiusdem, el cual es del siguiente tenor: “[…] La decisión se comunicará mediante oficio al Tribunal donde se haya suscitado la regulación de competencia. Si la decisión declarase la incompetencia del Juez que venía conociendo, este pasará inmediatamente los autos al Juez o tribunal declarado competente, en el cual se continuará el curso del juicio al tercer día siguiente al recibo del expediente […]”.

Dicho lo anterior, y circunscribiéndonos al caso de marras, se observa que la presente querella fue interpuesta por la ciudadana Eudelina Rojas Estaba, con el objeto de que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio N° TSJ-CJ-547-2017, de fecha 6 de abril de 2017, emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual se dejó sin efecto su designación como Juez Provisoria del Tribunal Segundo de Primera Instancia Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Nueva Esparta, y en consecuencia, se ordenara su reincorporación en un cargo acorde a su trayectoria en el Poder Judicial.

Vista la querella interpuesta el a quo se declaró incompetente para conocer de la misma, y declaró competente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 
Asimismo, se observa que ante tal declaratoria la parte actora procedió a ejercer recurso de apelación, razón por la cual el a quo, dictó auto mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto y ordenó remitir el presente expediente a las Cortes de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que correspondiera por distribución.

Ello así, considera esta Corte que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 75 del Código de Procedimiento Civil, explanados con anterioridad, el mecanismo procesal que debió ejercer la parte actora para impugnar el aludido fallo, debió ser el recurso de regulación de competencia, cuya interposición corresponde a las partes, quienes deben formular su solicitud ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, expresando las razones o fundamentos que se aleguen para impugnarla, razón por la cual, esta Corte considera que el medio ejercido por la parte actora resulta improponible. Así se declara.

De esta forma, se observa que tal situación de subversión procesal, genera desgastes inútiles de la jurisdicción, y en consecuencia de retardo procesal que va en detrimento de los principios del debido proceso y de la justicia expedita, lo que hace que sean decisiones írritas que, lejos de resolver los asuntos que le son sometidos a su consideración causan daño a la jurisdicción y a las partes que recurren a ella para resolver sus conflictos, razón por la cual, en virtud del principio de economía procesal y en aras de la tutela judicial efectiva, se ordena la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, , a los fines de que la misma emita pronunciamiento sobre el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la querellante. Así se declara.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Corte Segunda declara IMPROPONIBLE el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y por consiguiente, se REVOCA el auto de fecha 7 de agosto de 2017, dictado por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto por la recurrente en fecha 2 de agosto de 2017, en consecuencia, se ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que la misma emita pronunciamiento sobre el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la querellante.

IV

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1. IMPROPONIBLE el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana EUDELINA ROJAS ESTABA¸ contra la decisión dictada el 25 de julio de 2017, por el Juzgado Superior Estadal Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, mediante la cual declaró su incompetencia para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial que interpusiera contra la COMISIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
2. REVOCA el auto de fecha 7 de agosto de 2017, dictado por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto por la recurrente en fecha 2 de agosto de 2017.
3. Se ORDENA la remisión del expediente la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que la misma emita pronunciamiento sobre el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la querellante.”

III

COMPETENCIA DE LA SALA

Previo a todo pronunciamiento esta Sala considera necesario precisar lo siguiente:

Por decisión de fecha 25 de julio de 2017 el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, se declaró incompetente para conocer del recurso de nulidad incoado por la parte actora y declinó la competencia en la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.  Fallo que fue apelado por la accionante y el expediente remitido a las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

            Mediante sentencia Núm. 2017-000723, de fecha 17 de octubre de 2017, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declaró: “1. IMPROPONIBLE el recurso de apelación interpuesto (…). 2. REVOCA el auto de fecha 7 de agosto de 2017, dictado por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, mediante el cual oyó en ambos efectos el recurso de apelación (…). 3. Se ORDENA la remisión del expediente la Sala Político Administrativa (…) a los fines de que (…) emita pronunciamiento sobre el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la querellante.”

            Al respecto considera esta Sala que aunque la actora lo denominó apelación, la referida Corte debió entender que se trataba de un recurso de regulación de competencia y pasar a resolverlo como Alzada de los Juzgados Superiores Contencioso Administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, en vez de declararlo improponible y remitirlo directamente a esta Sala Político Administrativa.

            No obstante lo expuesto, en aras de resguardar la tutela judicial efectiva y celeridad procesal propugnada por nuestra Constitución, esta Sala pasará a determinar su competencia para conocer de este caso. Así se decide.  

En este sentido se observa, que el presente asunto se refiere al “recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos”  incoado por la ciudadana Eudelina Rojas Estaba, asistida por la abogada Lil Felicia Vargas, antes identificadas, contra el acto administrativo Núm. TSJ-CJ-547-2017 de fecha 06 de abril de 2017, emitido por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, que  dejó sin efecto su designación como Jueza Provisoria del Tribunal Segundo de Primera Instancia Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Nueva Esparta.

Precisado lo anterior se advierte que, con la creación de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), mediante la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, dictada por este Alto Tribunal y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Núm. 37.014, de fecha 15 de agosto de 2000, cesó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial en las funciones que correspondían al extinto Consejo de la Judicatura en sus Salas Plena y Administrativa, y se creó la Comisión Judicial, según lo dispuesto en su artículo 2, como órgano del Tribunal Supremo de Justicia, para ejercer por delegación las funciones de control y supervisión de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y las demás competencias previstas en esa normativa.

En virtud de ello, este Máximo Tribunal le ha asignado a la Comisión Judicial la función de designar y remover jueces, pero siempre sujeta a la determinación de la Sala Plena. En efecto, esta Sala estableció que la Comisión Judicial es “(…) la representación abreviada de la totalidad de los miembros que componen el Tribunal Supremo de Justicia, al punto que se encuentra integrada por un Magistrado de cada una de las Salas”; además, está legitimada “para actuar por delegación en las tareas que le sean asignadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del amplio espectro que conlleva la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial”, lo cual implica el ingreso y permanencia de los jueces  (ver sentencia Núm. 01798 de fecha 19 de octubre de 2004, ratificada entre otras en decisión Núm. 0548 del 30 de abril de 2008).

Conforme a lo precisado, la Comisión Judicial es una dependencia administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, por lo que debe atenderse a lo previsto en el numeral 5 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo contenido se transcribe a continuación:

“Artículo 26. Son competencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:

(…omissis…)

5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los ministros o ministras del Poder Popular, así como por las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional, cuyo conocimiento no estuviere atribuido a otro órgano de la Jurisdicción Administrativa en razón de la materia”.

En los mismos términos el  numeral 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispone: 

“Artículo 23.- La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de: (…)

 5.  Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados  por el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional, si su competencia no está atribuida a otro tribunal.  (…)”    (Resaltado de la Sala). 

Las normas parcialmente citadas atribuyen a esta Sala la competencia para conocer de los recursos de nulidad incoados contra los actos administrativos emanados del Presidente o Presidenta de la República, del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, de los Ministros o Ministras, y de las máximas autoridades de los demás órganos de rango constitucional.

En este caso, en las líneas que anteceden se precisó que se interpuso un recurso de nulidad contra una decisión de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que con fundamento en la norma parcialmente transcrita, corresponde a esta Sala la competencia para conocer el presente asunto. Así se decide.

En atención a las consideraciones expresadas y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, numeral 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 23, numeral 5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, esta Sala acepta la competencia para conocer del “recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos”  por la ciudadana Eudelina Rojas Estaba contra el acto administrativo Núm. TSJ-CJ-547-2017 de fecha 06 de abril de 2017, emitido por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que, previa notificación de la parte actora y de la Procuraduría General de la República, verifique las causales de inadmisibilidad. Así se determina.

IV

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa Accidental del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

  1.- QUE ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la demanda incoada por la ciudadana EUDELINA ROJAS ESTABA contra el acto administrativo Núm. TSJ-CJ-547-2017 de fecha 06 de abril de 2017, emitido por la COMISIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.    

2.- Se ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que, previa notificación de la parte actora y de la Procuraduría General de la República, verifique las causales de inadmisibilidad.

 Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación. Cúmplase lo ordenado. 

      Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, el primer (1) día del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018). Años 208º de la Independencia y 159º de la Federación.

 

El Presidente,

MARCO ANTONIO MEDINA SALAS

 

 

 

 

 

 

 

La Vicepresidenta,

BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO

 

El Magistrado,

INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA

 

 

 

 

 

La Magistrada,

EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO

Ponente

El Magistrado Suplente,

 

       CÉSAR ALEJANDRO SANGUINETTI MAYABIRO

 

 

 

 

 

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD

 

 

 

En fecha dos (2) de agosto del año dos mil dieciocho, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00930, la cual no está firmada por la Magistrada Gabriela César Siero y el Magistrado Suplente César Alejandro Sanguinetti Mayabiro, por motivos justificados.

 

 

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD

 

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias