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Sentencia N.º 0176

Sentencia
N.º 0176
Fecha
24/11/2020
Sala
Constitucional
Expediente
17-0154
Ponente
Calixto Antonio Ortega Ríos
Procedimiento
Acción de Amparo contra sentencia

MAGISTRADO PONENTE: CALIXTO ORTEGA RIOS

El 10 de febrero de 2017, fue presentado ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Luis Javier Serrano González, inscrito en el Inpreabogado bajo el n° 79.527, en su carácter de apoderado del ciudadano HÉCTOR ALBERTO CORONA, titular de la cédula de identidad n° V- 11.760.326,contra la decisión dictada, el 8 de agosto de 2016, por el Juzgado Superior Agrario de la  Circunscripción Judicial de los Estados Apure y Amazonas que declaró sin lugar la apelación ejercida contra la sentencia del 4 de abril de 2016, dictada por el Jugado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas  que declaró con lugar la acción posesoria intentada en contra del hoy quejoso en amparo.   

           

El 08 de febrero de 2017, se dio cuenta del escrito en Sala y se designó ponente al Magistrado CALIXTO ORTEGA RIOS.

 

Ahora bien, vista la reconstitución de esta Sala Constitucional en virtud de la reincorporación del Magistrado Suplente, René Alberto Degraves Almarza, toda vez que la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado fue designada mediante decisión N° 0070 del 12 de junio de 2020, como Rectora Principal Quinto del Consejo Nacional Electoral, dicha Sala quedó integrada de la siguiente manera: Magistrado Juan José Mendoza Jover, Presidente; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas, Carmen Zuleta de Merchán, René Alberto Degraves Almarza, Calixto Antonio Ortega Rios, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson; ratificándose en su condición de ponente al Magistrado Calixto Ortega Rios, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

El 27 de octubre de 2017, mediante sentencia N° 813, esta Sala admitió la presente  acción de amparo, dictó medida cautelar de suspensión de efectos de la antes referida sentencia dictada el 8 de agosto de 2016, ordenó la notificación del Juez Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Apure y Amazonas y al Fiscal del Ministerio Público para que comparezcan ante la Secretaria de esta Sala, a fin de conocer el día y la hora en que se celebrara la audiencia oral y pública, finalmente ordenó al aludido Juzgado Superior  notificar al ciudadano José Ramón Bona, titular de la cédula de identidad  N° V- 1.830.004, en su condición de demandante de la acción posesoria y de restitución por despojo, como tercero interesado.

 

El 6 de noviembre de 2017, comparece ante la Secretaria de esta Sala la abogada Mouna Akil Hasmieh, titular de la cédula de identidad N° V-10.622.643, en su condición de Jueza Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Apure y Amazonas a consignar diligencia en la cual solicitó se fije día hora para la celebración de la audiencia Constitucional.

El 5 de diciembre de 2017, el abogado Adolfo Petitjean, en  su carácter de apoderado judicial del ciudadano José Ramón Bona, (tercero interesado), se dio por notificado de la presente acción de amparo, consignó instrumento poder y solicitó se proceda a la notificación al Ministerio Público, para que una vez conste en autos dicha notificación, se proceda a fijar la oportunidad para que tenga lugar la audiencia constitucional. En esta misma fecha, el aludido abogado mediante diligencia solicitó copia simple de la acción de amparo y del título de adjudicación de tierras.

EL 10 de enero de 2018, el abogado Víctor Hugo Arias Revilla,  en su condición de Fiscal Primero del Ministerio Público, consignó diligencia solicitando copias simples.

El 11 de enero de 2018, el abogado Adolfo Petitjean, mediante diligencia, formula alegatos, consigna documentos y efectúa pedimentos.

El 25 de enero de 2018, el abogado Víctor Hugo Arias Revilla, en su condición de Fiscal Primero del Ministerio Público, retira copias simples.

Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

ÚNICO

 

Conoce la Sala de la acción de amparo ejercida por el abogado Luis Javier Serrano González, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Héctor Alberto Corona, contra la decisión dictada, el 8 de agosto de 2016, por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Apure y Amazonas, que declaró sin lugar la apelación ejercida contra la sentencia dictada el 4 de abril de 2016, por el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas que declaró con lugar la acción posesoria intentada en contra del hoy accionante.

En el caso sub lite, el abogado accionante denunció entre otros aspectos, que la sentencia proferida el 8 de agosto de 2016, por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Apure y Amazonas, lesionó el derecho al debido proceso y la defensa de su representado, toda vez que a su decir, dicha sentencia fue proferida quebrantando lo establecido en el articulo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil.

 

Ahora bien, esta Sala el 27 de octubre de 2017, mediante sentencia N° 813, admitió la presente  acción de amparo, dictó medida cautelar de suspensión de efectos de la sentencia del 8 de agosto de 2016 y ordenó librar las respectivas notificaciones. Sin embargo, verifica esta Sala, que la decisión que se acciona en amparo era susceptible de ser impugnada a través del recurso de casación, recurso que fue anunciado y formalizado el 19 de septiembre de 2016, por el ciudadano Héctor Alberto Corona, debidamente asistido por el abogado Cherrys Armando Laya, en su carácter de Defensor Público Auxiliar Primero del Estado Apure, y del cual tuvo conocimiento esta instancia por notoriedad judicial.  

 

En tal virtud, visto que la parte actora sí contaba con el recurso idóneo el cual fue debidamente agotado, la acción de amparo constitucional deviene en inadmisible, de conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la sentencia citada supra. Así se declara.

 

Al respecto, es menester citar el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual textualmente establece lo siguiente:

 

“…No se admitirá la acción de amparo:

(omissis)

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”.

 

            La norma parcialmente transcrita ha sido interpretada por esta Sala Constitucional en diversos fallos. Así, mediante sentencia N° 2369 del 23 de noviembre de 2001 (caso: Parabólicas Service´s Maracay C.A.), dispuso lo siguiente:

 

“En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los  artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente (…)”. Resaltado del fallo.

 

  En virtud de las anteriores consideraciones, y tomando en cuenta que la parte accionante agotó la vía para atacar la decisión hoy impugnada -recurso de casación-, esta Sala Constitucional declara inadmisible, de conformidad con lo previsto en el artículo 6, numeral 5,  de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Luis Javier Serrano González, quien manifiesta actuar en su carácter de apoderado judicial del ciudadano HÉCTOR ALBERTO CORONA, contra la decisión dictada, el 8 de agosto de 2016, por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Apure y Amazonas, con la cual declaró sin lugar la apelación intentada por la representación judicial del hoy accionante, contra la sentencia dictada el 4 de abril de 2016, por el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas. Así se decide.

 

Finalmente, en virtud de la decisión anterior, esta Sala Constitucional revoca la medida cautelar acordada el 27 de octubre de 2017, mediante sentencia N° 813, de suspensión de efectos de la sentencia dictada, el 8 de agosto de 2016, por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Apure y Amazonas. Así también se decide.

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela  por autoridad de la Ley, declara:

 

1)    INADMISIBLE el amparo interpuesto por el abogado Luis Javier Serrano González, inscrito en el Inpreabogado bajo el n° 79.527, en su carácter de apoderado del ciudadano HÉCTOR ALBERTO CORONA, titular de la cédula de identidad n° V- 11.760.326, contra la decisión dictada, el 8 de agosto de 2016 por el Juzgado Superior Agrario de la  Circunscripción Judicial de los Estados Apure y Amazonas.

 

2)    REVOCA la medida cautelar acordada por esta Sala Constitucional el 27 de octubre de 2017, mediante sentencia N° 813, referida a la suspensión de los efectos de la sentencia dictada, el 8 de agosto de 2016, por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Apure y Amazonas.

 

 Publíquese, regístrese, notifíquese. Archívese el expediente.

 

Remítase copia criticada del presente fallo al Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Apure y Amazonas.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,  a los 24  días del mes de Noviembre   dos mil veinte (2020). Años: 210º  de la Independencia y   161º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

El Vicepresidente,

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

Los Magistrados,

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

CALIXTO ORTEGA RIOS

                                                                                                           (Ponente)

 

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

 

 

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

 

 

 

RENÉ ALBERTO DEGRAVES ALMARZA

 

La Secretaria,

 

 

 

MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES

 

17-0154

COR.

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