Sentencia N.º 0392
- Sentencia
- N.º 0392
- Fecha
- 15/06/2018
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 17-1030
- Ponente
- Juan José Mendoza Jover
- Procedimiento
- Acción de Amparo Constitucional
- Enlace fuente oficial
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Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
Exp.17-1030
El 03 de octubre de 2017, el abogado EDUARDO ANTONIO CLAVIER CHACÍN, titular de la cédula de identidad número: 497.715, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 3.475, actuando en nombre propio, asistido de la abogada María Cristina Quintero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 44.726, interpuso ante esta Sala acción de amparo constitucional contra de la decisión que dictó, el 16 de agosto de 2017, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, en la que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra la decisión dictada el 17 de agosto de 2016, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, en la cual decretó medidas cautelares consistentes en: 1) Prohibición de enajenar y gravar bienes, específicamente el inmueble constituido por un lote de terreno identificado con el número catastral 03-21-01-UR-07-02-07-00-00-00, ubicado en el Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, Estado Anzoátegui, 2) Bloqueo e inmovilización de cuentas del hoy accionante y del ciudadano Miguel Ángel Quintero Aponte y; 3)Prohibición de salida del país de ambos.
En la misma fecha se dio cuenta en Sala del expediente contentivo de la acción de amparo interpuesta, designándose como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a dictar sentencia, previo análisis de las consideraciones siguientes:
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
En el escrito contentivo de la solicitud de amparo, el accionante alegó lo siguiente:
Que él, junto con el ciudadano Miguel Ángel Quintero Aponte, fungen como directores de la empresa Desarrollos 5454, C.A., y que dicha empresa era propietaria de un inmueble ubicado en el sector Rómulo Gallegos de la ciudad de Lechería, Estado Anzoátegui, constituido por un lote de terreno de aproximadamente dos mil trescientos veintitrés metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados (2.323,08 mts2), el cual fue comprometido en venta a las sociedades mercantiles Inversora NK, C.A., e Inversora Aveiro, C.A.
Que, el 09 de enero de 2013, Las Sociedades Mercantiles Inversora NK, C.A., e Inversora Aveiro, C.A., demandaron civilmente a la empresa Desarrollos 5454, C.A., por cumplimiento de contrato, toda vez que, de acuerdo a lo alegado por éstas, la referida empresa tal como lo señalaron en el libelo de demanda no había cumplido con las obligaciones contraídas en el contrato de promesa bilateral de compra venta . Asimismo, luego de la admisión por parte del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, éste dictó medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar sobre el bien objeto de litigio.
Que, el 01 de julio de 2014, el precitado Tribunal acordó el levantamiento de la medida cautelar pesante sobre el bien objeto de controversia, previa consignación de caución.
Que, el 09 de julio de 2014, el referido juzgado de instancia, declaró sin lugar la demanda incoada por las sociedades mercantiles Inversora NK, C.A., e Inversora Aveiro, C.A en contra de Desarrollos 5454, C.A.
Que, vista la decisión dictada por el juzgado que venía conociendo la causa y teniendo en cuenta que no pesaba sobre el bien medida cautelar alguna, la sociedad mercantil Desarrollos 5454, C.A., procedió a dar venta, el 02 de septiembre de 2014, el referido bien inmueble a la sociedad mercantil Desarrollos Lido Suite, C.A.
Que, el 11 de noviembre de 2015, el representante legal de las sociedades mercantiles Inversora NK, C.A., e Inversora Aveiro C.A, denunció ante la Fiscalía Superior del Estado Anzoátegui que: los representantes de la empresa Desarrollos 5454, C.A., vendieron con conocimiento que el bien objeto de la venta se encuentra en proceso de litigio, por lo que se podría estar en presencia o no de la comisión de un delito tipificado en la ley sustantiva y adjetiva (sic) en perjuicio de [sus] representados, específicamente en el artículo 463, numeral 6 del Código Penal .
Que, el 17 de marzo de 2016, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, resolvió la apelación ejercida por los demandantes, es decir, las sociedades mercantiles Inversora NK, C.A., e Inversora Aveiro C.A, confirmando de este modo la decisión emanada del juzgado de instancia, asimismo la parte perdidosa no recurrió el casación, quedando definitivamente firme la decisión.
Que, el 10 de agosto de 2016, la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en virtud de la denuncia realizada por el apoderado judicial de las sociedades mercantiles Inversora NK, C.A., e Inversora Aveiro C.A, solicitó, al juzgado de control que correspondiera conocer por distribución, 1) Medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar bienes, específicamente del bien inmueble ubicado en el sector Rómulo Gallegos de la ciudad de Lechería, Estado Anzoátegui, constituido por un lote de terreno de aproximadamente dos mil trescientos veintitrés metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados (2.323,08 mts2), 2) Bloqueo e inmovilización de cuentas del hoy accionante así como del ciudadano Miguel Ángel Quintero Aponte y; 3) Prohibición de salida del país para los referidos ciudadanos.
Que, el 12 de agosto de 2016, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, declaró parcialmente con lugar la solicitud realizada por la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del Estado Anzoátegui y, en consecuencia, decretó la medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el bien supra señalado, así como la prohibición de salida del país de los precitados ciudadanos.
Que, el 20 de septiembre de 2016, ejercieron recurso de apelación en contra la referida decisión, correspondiendo el conocimiento a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, la cual, el 16 de agosto de 2017, dictó decisión en la cual declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó el fallo recurrido.
Que la presente acción de amparo constitucional se ejerce en contra el fallo del 16 de agosto de 2017, dictado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, mediante la cual confirmó la decisión del 17 de agosto de 2016 emanada del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Función de Control y confirmó el precitado fallo.
Que, para sustentar su recurso de apelación, consignó copia certificada de la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, la cual fallaba a favor del accionante, señalando que las medidas cautelares se habían levantado y por ende se desvirtuaban las afirmaciones de la Fiscalía.
Denuncian que, la decisión accionada incoa en su fondo el vicio de inmotivación, ello por cuanto hay una carencia de análisis propio respecto al conflicto planteado en apelación, aunado al hecho de la falta de determinación de los supuestos que deben darse para decretar medidas cautelares, es decir, el fumus bonis iuris y periculum in mora.
Que, la Fiscalía no realizó investigación alguna, sino que solicitó la medida únicamente fundamentada en los elementos de convicción que ofreció la parte denunciante, motivo que la Alzada pasó por alto.
Que, la Alzada accionada tampoco motivó con criterio propio la denuncia relativa a la falta de motivación de la medida de coerción personal de prohibición de salida del país decretada en [contra del ciudadano accionante] .
Por otra parte solicitó que la presente acción de amparo sea tramitada de mero derecho y solicitó sea declarada procedente in limine litis, se anule la decisión accionada y se reponga la causa al estado de que una Sala accidental se pronuncie sobre el fondo del recurso de apelación.
II
DE LA DECISIÓN ACCIONADA
Del fallo proferido el 16 de agosto de 2017, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra la decisión dictada, el 17 de agosto de 2016, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, en la cual decretó medidas cautelares consistentes en: 1) Prohibición de enajenar y gravar bienes, específicamente el inmueble constituido por un lote de terreno identificado con el número catastral 03-21-01-UR-07-02-07-00-00-00, ubicado en el Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, Estado Anzoátegui, y 2) Prohibición de salida del país del ciudadano accionante y Miguel Ángel Quintero Aponte, se puede leer, en su motiva, lo siguiente:
DE LA DECISIÓN DE ESTA CORTE DE APELACIONES
Corresponde a este Tribunal Colegiado emitir pronunciamiento con ocasión al recurso de apelación interpuesto y a tal efecto se observa lo siguiente:
Del estudio de las actas procesales se aprecia que la presente causa tiene su origen en denuncia interpuesta en fecha 11 de noviembre de 2015 por ante la fiscalía Superior del Ministerio Público en contra de los ciudadanos MIGUEL ANGEL QUINTERO APONTE y EDUARDO ANTONIO CLAVIER, Directores Gerentes de la Sociedad Mercantil Desarrollos 5454 C.A, en virtud del hecho presuntamente ocurrido en fecha 31 de Julio de 2012 por medio del cual actuando estos en nombre y representación de la Sociedad Mercantil 5454 C.A ofrecen en venta a las victimas un lote de terreno identificado con el numérico catastral 03-21-01-UR-07-02-07-00-00-00, ubicado en el Municipio licenciado Diego Bautista Urbaneja, cuyos linderos y especificaciones se encuentran discriminados en la presente causa, y que luego de haberse efectuado el pago inicial del precio de venta según cheque de gerencia girado contra el banco venezolano de crédito N- 0020909, emitido el 30 de agosto de 2012 a favor de la sociedad mercantil representada por los hoy denunciados, no se llega a protocolizar la referida venta por presuntamente artificios ejecutados por los denunciados quienes a pesar de haber recibido el pago no aportaron la documentación debida por ante la oficina subalterno (sic) del Registro, por lo que se procedió a instaurar proceso en jurisdicción civil, procediendo el ciudadano EDUARDO ANTONIO CLAVIER a vender a un tercero el objeto litigioso.
El fallo objeto de revisión en alzada, fue apelado por la Abogada MARIA CRISTINA QUINTERO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 44.726, actuando en su carácter de Defensora de Confianza del ciudadano EDUARDO ANTONIO CLAVIER, titular de la cédula de identidad N° 497.715, teniendo como primera denuncia la presunta violación de derechos de rango constitucional y legal, al señalar la recurrente que la jueza a quo al momento de decretar las Medidas Cautelares Innominadas en su razonamiento judicial se limitó a efectuar parcamente, una compilación de decisiones judiciales y fragmentos doctrinarios que tratan la procedencia de las medidas cautelares en los procesos judiciales, omitiendo hacer un análisis de las situaciones de hechos ocurridas durante el proceso y su concatenación con los preceptos jurídico aplicables, conforme a los cuales el juzgador está obligado a establecer el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la cautelar típica solicitada: a) El fumus bonis iuris; y b) El periculum in mora especifico, por lo que el pronunciamiento judicial quedo preñado de imprecisiones, oscuridad y omisiones aparejadas a la falta de racionalidad que origina a su vez la falta absoluta de motivación de dicha decisión. Señalando igualmente la recurrente que la controversia contractual fue resuelta en la jurisdicción correspondiente.
Como segunda denuncia alega la recurrente, que la decisión hoy recurrida infringe la garantía de la libertad personal, en razón de que se decretó la prohibición de salida del país del ciudadano Eduardo Antonio Clavier, sin que el Juzgador Quinto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, sustentara motivadamente con criterio propio suficiente dicha medida de coerción personal.
Finalmente la impugnante alega; que la AUSENCIA DE MOTIVACION vulnero (sic) la esfera de derechos y garantías fundamentales previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, a favor de mi defendido quien sujeto de una medida de prohibición de salida del país, sin que tenga pendiente con la justicia venezolana ningún asunto, , que la relación contractual, de cuyos efectos supuestamente se protege a los denunciante (sic), ya fue resuelta y sobre ese asunto existe sentencia definitivamente firme, sin que pueda la justicia penal establecer la existencia de derechos, obviando la competencia material de los jueces que conocieron de dicho asunto, razón por la cual solicito la declaratoria con lugar de la impugnación hoy presentada.
De lo anterior se establece, que el caso sometido al conocimiento de esta Corte de Apelaciones, se trata de un recurso de apelación de autos previsto en el artículo 439.5 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, referente a aquellas decisiones que causen un gravamen irreparable, salvo que sean declaradas inimpugnables por este Código..
En este sentido, consideramos importante destacar el artículo 432 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, faculta a las Cortes de Apelaciones para conocer solo los puntos de la decisión que han sido refutados, de manera que dentro de estos parámetros se producirá la decisión de esta Superioridad, criterio éste que ha sido ratificado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su fallo Nº 104 del 20 de febrero de 2008, con Ponencia del Magistrado DR. PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, en el cual, entre otras cosas, se dejó asentado lo siguiente:
el Juez de la apelación no podrá conocer sino, exclusivamente, los particulares de la decisión que han sido impugnados; ello, justamente, como tutela al derecho fundamental a la tutela judicial eficaz que reconocen los artículos 26 y 257 de la Constitución, protección esta que se vería seriamente menoscabada si se entrara al conocimiento de una apelación que fuera interpuesta sin la concreción de los puntos contra los cuales se originó la contención, ya que ello obligaría a la valoración de la integridad del fallo que sea objeto de dicho recurso, tal como debía hacerse en el caso de la ahora extinta consulta, contra la cual son oponibles no sólo los fundamentos que fueron explicados en el antes referido acto decisorio, sino, igualmente, al ya anotado riesgo de que, en perjuicio de las partes, se decida sobre particulares del fallo, respecto de los cuales aquéllos no tengan objeción alguna
En cuanto a la primera denuncia planteada por la recurrente, donde señala entre otras cosas que En el caso que nos ocupa, el razonamiento judicial se limitó a efectuar parcamente, una compilación de decisiones judiciales y fragmentos doctrinarios que tratan la procedencia de las medidas cautelares en los procesos judiciales, omitiendo hacer un análisis de las situaciones de hechos ocurridas durante el proceso y su concatenación con los preceptos jurídico aplicables, conforme a los cuales el juzgador está obligado a establecer el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la cautelar típica solicitada: a) El fumus bini iuris; y b) El periculum in mora especifico, por lo que el pronunciamiento judicial quedo preñado de imprecisiones, oscuridad y omisiones aparejadas a la falta de racionalidad que origina a su vez la falta absoluta de motivación de dicha decisión.
Ahora bien, cuando un juez penal en funciones de control acuerda una medida de coerción personal o real, debe previamente realizar la articulación y análisis de las circunstancias fácticas del caso que se someta a su consideración tomando en cuenta los elementos de convicción que han sido presentados por las partes, para luego adoptar la mencionada provisión cautelar como una medida excepcional, subsidiaria, provisional, necesaria y proporcional a los hechos investigados o imputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 236 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Ante ello, la función de la Corte de Apelaciones, como tribunal de alzada, se circunscribe a determinar la conformidad a derecho de la decisión acordada por el a quo.
En tal sentido, analizado el fallo impugnado, advierte la Corte que la juez Quinta de Control de este mismo Circuito, luego de determinar que los hechos por los cuales se dio inicio a la investigación son de naturaleza penal, realiza un análisis de los elementos de convicción que sirvieron de sustento a la representación fiscal para solicitar el amparo cautelar que ofrece un decreto de medidas, entre los que se encuentran:
Corre inserta a los folios uno (01) al cinco (05) y vuelto de la primera pieza del asunto Nº BP01-P-2016-014685, 1.- ESCRITO DE DENUNCIA, de fecha 11 de noviembre de 2015, interpuesta por el ciudadano CARLOS CECILIO ORTIZ BOLIVAR, Representación Legal de las Empresas INVERSORA NK e INVERSORA AVEIRO.
A los folios diecisiete (17) al veinticuatro (24) de la pieza I del asunto Nº BP01-P-2016-014685, consta copia ACTA CONSTITUTIVA de fecha 18 de julio de 2012, de la empresa INVERSORA NK C.A., inscrita dicha empresa por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, quedando anotada bajo el nº 40 Tomo 53-A RM3ROBAR.
Corre inserta a los folios veinticinco (25) al treinta y cinco (35) de la primera pieza del asunto principal, copia ACTA CONSTITUTIVA de fecha 18 de julio de 2012, de la empresa INVERSORA AVEIRO C.A., inscrita dicha empresa por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, quedando anotada bajo el nº 35 Tomo 53-A RM3ROBAR.
Cursa a los folios treinta y seis (36) al cuarenta y tres (43) de la primera pieza del asunto principal, copia de CONTRATO DE OPCION A COMPRA-VENTA de fecha 30 de julio de 2012, registrado por ante la Notaria Pública Primera de Barcelona, Estado Anzoátegui, quedando anotado bajo en Nº 05, Tomo 117, suscrito entre los Representantes de la Empresa DESARROLLOS 5454 CA., denominada LA PROMITENTE CLAVIER, y las empresas INVERSORA NK C.A., e INVERSORA AVEIRO C.A.., denominadas LAS PROMITENTES COMPRADORAS, representantes SERGIO ALEXANDER AVERIRO COELHO DE SOUSA y VAIRIÑO MANUEL PERALTA NUÑEZ, respectivamente, a través del cual la PROMITENTE VENDEDORA se compromete a vender a las PROMITENTES COMPRADORAS un lote de terreno de un área aproximada en propiedad de dos mil trescientos veintitrés metros cuadrados con cero ocho centímetros cuadrados (2.323,08 M2) numero catastral 03-21-01-UR-07-02-07-00-00-00, ubicado en el Sector Rómulo Gallegos de Lechería, Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja.
Cursa al folio cuarenta y cuatro (44) de la primera pieza de la causa principal, fotocopia del CHEQUE DE GERENCIA, de fecha 30 de agosto de 2012, N° 00020909, por la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BS ( 5.250.000, 00 Bs) del banco VENEZOLANO DE CREDITO, para pagarse a la orden de DESARROLLO 5454, C.A.
Cursa a los folios ciento veintiuno (121) al ciento veinticuatro (124) de la primera pieza del asunto principal, fotocopia de documento definitivo de COMPRA-VENTA, presentado al registro y no suscrito por las partes; a través del cual el ciudadano EDUARDO ANTONIO CLAVIER actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercantil DESARROLLO 5454 CA., da en venta a las empresas INVERSORA NK C.A., e INVERSORA AVEIRO C.A.., representantas por el ciudadano SERGIO ALEXANDER AVERIRO COELHO DE SOUSA, un lote de terreno de un área aproximada en propiedad de dos mil trescientos veintitrés metros cuadrados con cero ocho centímetros cuadrados (2.323,08 M2) numero catastral 03-21-01-UR-07-02-07-00-00-00, ubicado en el Sector Rómulo Gallegos de Lechería, Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja.
Cursa a los folios del seis (06) al dieciséis (16) de la primera pieza de la causa principal Nº BP01-P-2016-014685, copia certificada de DEMANDA CIVIL POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, interpuesta por los ciudadanos SERGIO ALEXANDER AVERIRO COELHO DE SOUSA y VAIRIÑO MANUEL PERALTA NUÑEZ, en su carácter de directores principales de las firmas Mercantiles INVERSORA NK C.A., e INVERSORA AVEIRO C.A.., en contra de la Sociedad Mercantil DESARROLLO 5454 CA., de fecha 09 de enero de 2013, del asunto BP02-V-2013000013.
Al folio cincuenta y tres (53) de la primera pieza del asunto principal cursa copia certificada del AUTO DE ADMISION DE DEMANDA, de fecha 14 de enero de 2013 dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con ocasión a demanda por cumplimiento de contrato accionada por las victimas en contra de los denunciados, del asunto BP02-V-2013000013.
Cursa al folio doscientos cuarenta y cuatro (244) del asunto principal pieza I, copia de ESTADO DE CUENTA de fecha 31 de agosto de 2012 emitido por el banco Venezolano de Crédito, de compra de cheque de gerencia, referencia 3304552063, por la cantidad de 5.250.000,00.
Cursa al folio doscientos sesenta y dos (262) de la pieza I del expediente Orden de Inicio de la Investigación de fecha 11 de noviembre de 2015, emanada de la Fiscalía Sexta del Ministerio Publico, Abogada JOHANA MIRANDA.
Cursa a desde folio uno (01) hasta el folio ciento noventa y siete (197) de la segunda pieza del expediente COPIA CERTIFICADA DEL ASUNTO PRINCIPAL BP02-V-2013000013, contentivo proceso civil iniciado con ocasión a demanda por cumplimiento de contrato accionada por las victimas en contra de los denunciados.
Consta en la cuarta pieza del asunto principal desde el folio uno (01) al Cuarenta y dos (42) CUADERNO SEPARADO IDENTIFICADO CON EL ALFANUMERICO BP02-R-2014-677, instruido por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial Nor- Oriental, cuyo recurrente es la inversora NK C.A e INVERSORA AVEIRO C.A a los fines de acreditar que para el 15 de Diciembre de 2014 no existía sentencia definitivamente firme en el asunto de naturaleza civil, y no obstante a ello el investigado EDUARDO ANTONIO CLAVIER, en nombre y representación de la Sociedad Mercantil DESARROLLO 5454 C.A enajeno como libre el objeto litigioso.
Cursa a los folios veinticinco (25) al treinta y uno (31) de la cuarta pieza del asunto principal, CONTRATO DE COMPRA-VENTA de fecha 02 de septiembre de 2014, autenticado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, a través del cual el ciudadano EDUARDO ANTONIO CLAVIER actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercantil DESARROLLO 5454 CA., da en venta a la Sociedad Mercantil DESARROLLO LIDO SUITE C.A, el inmueble objeto de litigio, documento que quedo anotado bajo el Nº 2011.1915, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el N° 250.2.17.1.1297, Libro del Folio Real del Año 2011.
En este orden de ideas, esta Alzada debe tener presente que las Medidas Cautelares Preventivas se identifican plenamente por sus características particulares, en el sentido de que ellas no son nunca fines en sí mismas ni tampoco pueden aspirar a convertirse en definitivas, además de que sirven de ayuda y auxilio a la providencia principal, y presentan una anticipación mucho mayor a lo que de por si le es propia a toda medida cautelar, llegando a decretarse aún antes de que exista el juicio, con la salvedad de que el contenido de esta última sea dictada en favor del que ampara la medida cautelar, además, se destaca la judicialidad en el sentido de que estando al servicio de una providencia principal, necesariamente están referidas a un juicio, es decir, tienen una conexión vital con el proceso y la terminación de este conlleva necesariamente a obviar su existencia, y la variabilidad por cuanto las medidas cautelares se encuentran comprendidas dentro del grupo de providencias con la cláusula rebus sic stantibus, según la cual, aun estando ejecutoriadas, estas pueden ser modificadas en la misma medida en que cambie el Estado de cosas para el cual se dictaron, y también, la urgencia vista como la garantía de eficacia de las providencias cautelares, debido a que la causa original de estas viene a ser el peligro en el retardo de la administración de justicia, originado en la tardanza de los trámites procesales hasta la satisfacción de la pretensión de la parte, finalmente, de derecho estricto por cuanto las normas cautelares, son por regla general, de interpretación restringida, por cuanto tienden a limitar o prohibir, según sus características, las garantías personales, ya sean estas, individuales, sociales, económicas, entre otras, que prevén la Constitución y las Leyes, pero determinadas por las facultades discrecionales del Juez de la causa, para establecer equitativamente cada caso particular.
El Código de Procedimiento Civil, el cual es aplicable en el ámbito penal por remisión expresa del artículo 518 de la Ley penal adjetiva, establece dos requisitos para la procedencia de las Medidas Cautelares Preventivas, esto es, la llamada presunción grave del derecho que se reclama, mejor conocida como fumus boni iuris y la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo, también llamada fumus periculum in mora, en tal sentido, el peligro en la mora tiene dos causas motivas, una constante y notoria que además no requiere ser probado, esto es, la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el tiempo que necesariamente transcurre desde la demanda hasta la sentencia ejecutoriada, y la otra, constituida por los hechos realizados por el demandado durante todo ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada por el accionante.
El artículo 518 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
Las disposiciones del Código de Procedimiento Civil relativas a la aplicación de las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, serán aplicables en materia procesal penal.
Las decisiones que se dicten con ocasión de las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, serán impugnables únicamente por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código .
Así mismo en relación a las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, relativas a la aplicación de las medidas cautelares podemos citar:
Artículo 585: Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.
Artículo 588: En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier Estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1° El embargo de bienes muebles;
2° El secuestro de bienes determinados;
3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.
Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra.
En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión .
Es así como encontramos las llamadas medidas cautelares nominadas e innominadas de carácter asegurativo, que sirven para garantizar la satisfacción de la pretensión del actor, relacionada con un derecho real o un derecho personal, o un derecho de crédito, y donde figuran el secuestro, el embargo y la prohibición de enajenar y gravar.
Para mayor comprensión debemos hacer una pequeña definición de lo que se entiende por el fumus boni iuris y el fumus periculum in mora. En primer lugar, el fumus boni iuris, se establece con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación, que emane de los argumentos de inconstitucionalidad que se formulen en la petición y, en segundo lugar, el periculum in mora es el elemento que se determina por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido de forma inmediata, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la lesión.
En este sentido, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en el fallo No. 093, de fecha 25.03.2014, sobre la motivación sobre las providencias cautelares de aseguramiento de bienes explano lo siguiente:
Así, durante el proceso penal pueden ser dictadas diferentes medidas cautelares preventivas, tal como lo dispone el artículo 518 del Código Orgánico Procesal Penal que remite expresamente al Código de Procedimiento Civil, encontrándose establecidas en el artículo 588 de la citada norma adjetiva civil, siendo necesario la verificación previa de los requerimientos que se refieren a la presunción grave del derecho que se reclama fumus boni iuris; el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva periculum in mora, y en algunos casos se impone una condición adicional, que consiste en el fundado temor de que una de las partes puedan causar lesiones graves o de difícil reparación periculum in damni (omisisi) [sic] .
Es por ello que esta Alzada puede afirmar, que las medidas cautelares nominadas e innominadas son un aspecto consustancial con la finalidad del proceso en cuanto al aseguramiento de sus resultas a los efectos de salvaguardar el patrimonio económico de la víctima y así como vía de consecuencia evitar se establezca legalmente la continuidad de la perpetración de un delito. No son más que medidas de carácter asegurativo, que sirven para garantizar la satisfacción de la pretensión del solicitante.
Se ha verificado de la recurrida que a los ciudadanos ut supra mencionados, se les está investigando por la presunta comisión de un delito CONTRA LA PROPIEDAD, donde aparece como víctimas INVERSORA NK, C.A e INVERSORA AVEIRO C.A, representadas por los ciudadanos SERGIO ALEXANDER AVERIRO COELHO DE SOUSA y VAIRIÑO MANUEL PERALTA NUÑEZ, respectivamente; aunado a que en la recurrida se señalaron recaudos consignados por la Fiscalía Sexta del Ministerio Publico que sirvieron de basamento para el decreto de las medidas preventivas cautelares de prohibición de enajenar y gravar bienes, y la prohibición de salir sin autorización del país, que hoy pesa en contra de los ciudadanos EDUARDO ANTONIO CLAVIER Y MIGUEL ANGEL QUINTERO.
En atención a lo anterior, esta Alzada considera que de la investigación que adelanta el Ministerio Publico y del cúmulo de elementos de convicción traídos por el Tribunal A quo, hacen aparecer que los ciudadanos EDUARDO ANTONIO CLAVIER Y MIGUEL ANGEL QUINTERO, plenamente identificados en autos, como las personas que realizaron las operaciones que actualmente están siendo investigadas por la Fiscalía Segunda del Ministerio Público y de encontrarlos incurso en éstos, deberán asumir los daños económicos derivados de los hechos punibles y garantizar de esta manera derechos de las víctimas.
Es así como se mantiene que la única finalidad de las medidas cautelares impuestas es: asegurar las resultas del proceso, esto es, que en ningún caso el fin de las mismas puede ser asegurar el cumplimiento de la pena, sino el fin procesal de asegurar la comparecencia de los procesados o investigados, cada vez que fueren requeridos y así garantizar que no quede ilusoria la ejecución del fallo que llegase a dictar el Tribunal, y en criterio de esta Superioridad se justifican las medidas cautelares innominadas dictadas por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control Nº 05 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, por cuanto está resguardando los intereses sociales mediante el establecimiento de medios procesales para garantizar las futuras y eventuales resultas del proceso.
Ahora bien, motivar una sentencia implica expresar las razones por las cuales el Juzgador toma una determinada decisión, de tal manera que con la simple lectura de la misma, se entienda qué es lo que se está decidiendo, siendo que en el caso que nos ocupa; se evidencia que la Juzgadora hizo un análisis de las circunstancias fácticas de los hechos y el derecho sometido a su consideración, realizó una ponderación que la llevó a concluir la existencia y la necesidad del decreto de las medidas preventivas cautelares de prohibición de enajenar y gravar el bien inmueble, constituido por un lote de terreno identificado con el numero catastral 03-21-01-UR-07-02-07-00-00-00, ubicado en el Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, que garantizasen con ellos las resultas del proceso.
Así, respecto al requisito relativo a el fumus boni iuris el cual supone un juicio de valor que haga presumir que la medida cautelar va a asegurar el resultado práctico de la ejecución o la eficacia del fallo, se constata de la lectura de la recurrida, que posterior a efectuarse un análisis de las circunstancias fácticas que rodean el caso en concreto, la juez de instancia, estableció lo siguiente: ( ) Se evidencia de las actuaciones presentadas en su oportunidad por la Fiscalia del Ministerio Público, que el fin que persigue la Representación fiscal con su solicitud, con fundamento a las atribuciones que le confiere la ley, de conformidad con los artículos 127, 285 ordinales 1 y 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 111 ordinal 10 del Código orgánico procesal penal, así como el artículo 112 de la Constitución nacional, así como el artículo 551 de la citada ley adjetiva conjuntamente con el artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, es el decreto de una Medida Precautelativa que pueda prevenir, eliminar o interrumpir la existencia de un daño cierto, determinado, real, posible e inminente( ) .
En este mismo orden de ideas, refiere la recurrida respecto a el periculum in mora, posterior al análisis de las presuntas conductas evasivas ejecutadas por los investigados, quienes de acuerdo a los elementos de convicción presuntamente a través de una transacción mercantil traspasaron a un tercero el objeto sobre el cual recaía la acción civil intentada por las presuntas víctimas, explana lo siguiente: ( ) Observa este Tribunal que conforme a los elementos aportados en autos se investigan hechos presuntamente punibles por los cuales se ha solicitado la aplicación de medidas cautelares innominadas tendientes a la búsqueda de la protección de los derechos patrimoniales de los agraviados, a los cuales presuntamente se le ha causado la lesión originada por la conducta de los ciudadanos EDUARDO ANTONIO CLAVIER, titular de la cédula de identidad Nº 497.715, y MIGUEL ANGEL QUINTERO APONTE, titular de la cédula de identidad Nº 9.882.275, representantes de la empresa DESARROLLOS 5454 C.A., y que de ser así, debe garantizarse su resarcimiento , realizando la motivación del porqué adoptó la medida hoy cuestionada.
Por su parte el artículo 157 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal); establece lo siguiente:
Artículo 157. Clasificación. Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación.
Se dictará sentencia para absolver, condenar o sobreseer.
Se dictarán autos para resolver sobre cualquier incidente.
(Resaltado y subrayado de esta Superioridad)
Obviamente, la intención del legislador en el artículo 157 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, es la de procurarle a las partes seguridad jurídica, pues como actos producidos en el proceso deben estar debidamente fundados siempre que por su naturaleza ello lo exija. Efectivamente, la argumentación realizada en la motivación de las decisiones judiciales, es un mecanismo de seguridad que debe seguir el Juez para garantizar a las partes la posibilidad del control de la resolución judicial, de conocer la fundamentación de la sentencia, que garantiza el derecho a la defensa y proporciona seguridad en las mismas, ya que éstas al conocer los motivos de la decisión, tendrán los elementos necesarios para poder conocer y eventualmente atacar las razones que utilizó el Juzgador para estimar o desestimar sus pretensiones.
Criterio ratificado en decisión de fecha 28 de febrero de 2012 en sentencia Nº 24, con Ponencia de la Magistrada NINOSKA QUEIPO, de la Sala Penal del Máximo Tribunal de la República, en la cual se indicó:
La motivación de las sentencias, constituye un requisito de seguridad jurídica, que permite establecer con exactitud y claridad a las diferentes partes que intervienen en el proceso; cuáles han sido los motivos de hecho y Derecho, que llevaron al juez, acorde con las reglas de la lógica, las máximas de experiencias, la sana crítica y los conocimientos científicos, declarar el derecho a través de decisiones debidamente fundamentadas en la medida que éstas se hacen acompañar de una enumeración congruente, armónica y debidamente articulada de los distintos elementos que cursan en las actuaciones y se eslabonan entre sí, los cuales, al ser apreciados jurisdiccional y soberanamente por el Juez, convergen a un punto o conclusión serio, cierto y seguro.
En tal orientación, la Sala de Casación Penal, en decisión N° 38 del 15 de febrero de 2011, expresó que:
Como es sabido, la motivación de las resoluciones judiciales cumple una doble función. Por una parte, permite conocer los argumentos que justifican el fallo y, por otra, facilita el control de la correcta aplicación del derecho. De ahí que, la finalidad o la esencia de la motivación no se reduce a una mera o simple declaración de conocimiento sino que ha de ser la conclusión de una argumentación que ajustada al thema decidendum, permita tanto a las partes como a los órganos judiciales superiores y demás ciudadanos conocer las razones que condujeron al dispositivo del fallo, de manera tal que pueda comprobarse que la solución dada al caso es consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento que escapa de lo arbitrario .
Igualmente, la misma Sala sostuvo con relación a este punto en decisión No. 127, de fecha 5 de abril de 2011, lo siguiente:
...la motivación de las decisiones judiciales, en especial de las sentencias, debe ser además de expresa, clara, legítima y lógica; completa, en el sentido que debe comprender todas las cuestiones de la causa, abrazar las situaciones de hecho y de derecho, valorando completa y exhaustivamente los argumentos de impugnación, para así llegar a una conclusión, que ofrezca certeza y seguridad jurídica a las partes, sobre cuáles han sido los motivos de orden fáctico y legal que en su respectivo momento, determinaron a la Alzada, para conformar o eventualmente anular la decisión del Tribunal de Instancia .
(Resaltado de esta Corte de Apelaciones)
En relación a la presente denuncia, consideran quienes aquí deciden que los fundamentos que inspiran el fallo dictado en fecha 17 de agosto de 2016 por el Tribunal Quinto de Control de este Circuito Judicial Penal, fueron visualizados y analizados, que le permitieron acreditar los elementos concurrentes para la procedencia de la medida preventiva cautelar de prohibición de enajenar y gravar el bien inmueble, constituido por un lote de terreno identificado con el numero catastral 03-21-01-UR-07-02-07-00-00-00, ubicado en el Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, referidos al fomus bonis iuris y periculum in mora, no incurriendo el Juzgador en la falta de fundamentación de este punto en concreto de su decisión, necesarios para el decreto de la tutela jurisdiccional cautelar y la correcta motivación de la resolución que los acuerda, las cuales considero suficientes para asegurar la finalidad del proceso penal, conforme a lo establecido en el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia este Tribunal Superior declara SIN LUGAR la presente denuncia, en virtud de lo antes expuesto y ASÍ SE DECIDE.
II
El impugnante en su segunda denuncia alega que la decisión hoy recurrida infringe la garantía de la libertad personal, en razón de que se decretó la prohibición de salida del país del ciudadano EDUARDO ANTONIO CLAVIER, sin que el Juzgador Quinto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, sustentara motivadamente con criterio propio suficiente dicha medida de coerción personal.
En tal sentido, aprecia esta Instancia tal y como ya se indicó ut supra en esta etapa del proceso, solo puede verificarse la existencia de los requisitos establecidos por el legislador en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, no siendo materia para debatir ahora, máxime cuando estamos en el inicio del proceso y el pronunciamiento que se pretende impugnar es la primera decisión proferida por la Juez a quien correspondió el conocimiento del presente asunto. Así las cosas, para el presente momento el asunto signado con la nomenclatura BP01-P-2016-014685 se ubica en fase de investigación en la que el Ministerio Público cuenta con un lapso para concluir sus averiguaciones y recabar los elementos tendientes a confirmar o descartar la sospecha acerca de la comisión de un hecho punible y sus posibles culpables a fin de lograr en definitiva la presentación del correspondiente acto conclusivo bajo la modalidad de acusación, solicitar el archivo respectivo o bien clausurar la persecución penal (sobreseimiento), para el caso de que se considerase concluir la investigación con el último de los mentados actos conclusivos.
En cuanto a la vigencia de las medidas de coerción personal decretadas que no podrán sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos (2) años, lo cual menoscaba los derechos humanos relativos al libre tránsito, trabajo y desenvolvimiento de su personalidad.
El artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente:
PROPORCIONALIDAD:
No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando esta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.
En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para casa delito, ni exceder del plazo de dos años.
Esta disposición recoge el criterio de la proporcionalidad contenido en el de afirmación de libertad por el cual las medidas de coerción personal (privativas o cautelares sustitutivas de estas), nunca podrán superar los DOS (02) AÑOS para su mantenimiento.
Por otro lado el Artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal consagra lo siguiente:
Modalidades:
Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado o imputada, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado o imputada, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, algunas de las medidas siguientes:
1. La detención domiciliaria en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal ordene.
2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la que informará regularmente al tribunal.
3. La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquél designe.
4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal.
5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.
6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa.
7. El abandono inmediato del domicilio si se trata de agresiones a mujeres niños o niñas, o de delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado o imputada.
8. La prestación de una caución económica adecuada, de posible cumplimiento por el propio imputado o imputada o por otra persona, atendiendo al principio de proporcionalidad, mediante depósito de dinero, valores, fianza de dos o más personas idóneas, o garantías reales.
9. Cualquier otra medida preventiva o cautelar que el tribunal, mediante auto razonado, estime procedente o necesaria.
En caso de que el imputado o imputada se encuentre sujeto a una medida cautelar sustitutiva previa, el tribunal deberá evaluar la entidad del nuevo delito cometido, la conducta predelictual del imputado o imputada y la magnitud del daño, a los efectos de otorgar o no una nueva medida cautelar sustitutiva.
En ningún caso podrán concederse al imputado o imputada, de manera simultánea tres o más medidas cautelares sustitutivas. .( Sic).
(Subrayado de la Corte)
Ahora bien, hemos de considerar a los fines de resolver la presente denuncia lo siguiente:
En fecha 17 de agosto de 2016 el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control Nº 5 de este Circuito Judicial Penal decreto en contra del ciudadano EDUARDO ANTONIO CLAVIER, titular de la cédula de identidad número V- 497.715, MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, correspondiente a la PROHIBICION DE SALIDA DEL PAIS, a solicitud de la DRA. YURAIMA CAMPOS, Fiscal Provisoria Sexta del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial.
Es bien sabido que la titularidad de la acción penal recae directamente sobre el Ministerio Público quien es el órgano encargado de investigar y de incorporar al proceso los elementos de convicción con los cuales sustentará las solicitudes que efectúe ante el Juez de Control. En el caso bajo estudio, en su atribución investigativa el Ministerio Público consideró que con el aseguramiento de los bienes antes mencionados, el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de salida del país de los investigados se garantizarían las resultas del proceso y así fue conteste el a quo al acordar parcialmente con lugar la solicitud fiscal, las cuales tienen como principio originario la cautela y la tutela judicial efectiva con un fin preventivo, en el que debe respetarse no sólo el derecho de los investigados, sino el derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios.
En este orden de ideas, la apelación fue ejercida en contra de una decisión de fecha 17 de agosto de 2016, proferida en la fase preparatoria del proceso, dictada en contra de los ciudadanos EDUARDO ANTONIO CLAVIER y MIGUEL ANGEL QUINTERO, es bueno acotar que esa decisión proferida por la Juez de Instancia fue la primera del proceso aplicada por el órgano jurisdiccional sólo para garantizar las resultas del proceso y la correcta marcha del mismo, habida cuenta que nos encontramos en una fase incipiente del proceso, el cual apenas está comenzando y es cuando el Ministerio Público inicia las investigaciones a los fines de esclarecer la verdad de los hechos.
Al respecto, nuestro más Alto Tribunal de la República se ha pronunciado en el fallo Nº 077 de fecha 03/03/2011, en Sala de Casación Penal con Ponencia de la Magistrada Dra. NINOSKA BEATRIZ QUEIPO BRICEÑO, en el cual dejó asentado lo siguiente:
debe señalarse, que la imposición de cualquier medida de coerción personal, debe necesariamente obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados, que atendiendo a las circunstancias que rodean cada caso, se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, tanto el respeto al derecho de los procesados penalmente a ser juzgados en libertad como al derecho del Estado y la sociedad de que se resguarden los intereses sociales, mediante el establecimiento de medios procesales que garanticen las futuras y eventuales resultas de los juicios.
Por ello, el análisis de todas y cada una de las circunstancias fácticas que reposan en las actuaciones y acompañan a las respectivas solicitudes de privación o cautelar sustitutiva de libertad, deben ser ponderadas bajo los criterios de objetividad, magnitud del daño, cuantía de la pena, peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, lo cual permitirá luego de un debido y motivado juicio, determinar con certeza la mayor o menor severidad de la medida a imponer .
A tal fin debe precisarse el contenido del artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece lo siguiente:
Articulo 13. Finalidad el Proceso. El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho y a esta finalidad deberá atenerse el juez o jueza al adoptar su decisión (Sic)
Delimitados como han sido los argumentos formulados por la parte recurrente, estima esta Instancia oportuno señalar que en el ordenamiento jurídico venezolano el derecho a la libertad está claramente definido en las leyes que rigen la materia, las cuales a su vez, han sido interpretadas, en ciertas ocasiones, por el Tribunal Supremo de Justicia en sus distintas Salas, en aras de aplicar el derecho con justicia, con fundamento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual en su artículo 2 establece las bases del nuevo Estado, al establecer lo siguiente: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político...
Siguiendo el mismo orden de ideas, el Constituyente de 1999, preceptuó al Estado Venezolano como un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
De allí que tal mandato constitucional, a su vez conlleva para todos los jueces y juezas, la responsabilidad que tienen al momento de tomar sus decisiones, promulgar y garantizar con las mismas tales valores, dándole en derecho a cada quien lo que le corresponda, donde el fin último siempre debe ser que se aplique con la mayor justicia posible, dando respuesta oportuna a las solicitudes que se presenten, lo cual consagra la tutela judicial efectiva, que garantiza que cualquier persona, no sólo las que sean imputadas por el Ministerio Público por la presunta comisión de uno o varios delitos, sino también a las víctimas de tales delitos o terceros (en este caso, en el ámbito penal), pueden recurrir ante los órganos correspondientes para hacer valer sus derechos y/o peticiones, así como a recibir respuesta oportuna; a tenor de lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que lo consagra de la manera siguiente:
Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles
Es así que tal garantía constitucional va íntimamente ligada con el derecho que tiene cualquier persona a ser escuchada en todo proceso (por ejemplo, civil, administrativo, penal, etc) y el funcionario encargado a dar respuesta dentro del ámbito de su competencia, garantizando el respeto a los derechos y garantías de rango constitucional, lo cual forma parte del debido proceso, cualquiera sea su naturaleza, con fundamento en el artículo 49 del Texto Constitucional.
Destaca esta Corte de Apelaciones que el debido proceso se encuentra determinado en el artículo 49 de la Constitución de República Bolivariana el cual establece lo siguiente:
Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos individuales en todo Estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por lo cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3.- Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4.- Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdiccionales ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
5.- Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro de cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad.
6.- La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
7.- Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas. (Sic.)
Debe resaltarse, que el debido proceso comprende un conjunto de garantías mínimas para el juzgamiento. En el marco del proceso penal, una de las exigencias que derivan del mismo, implica, el cumplimiento de una serie de requisitos y formas, que le permita a las partes materializar la defensa de sus derechos e intereses en condiciones de igualdad. De igual forma, involucra que el órgano jurisdiccional mantenga un equilibrio y equidistancia de las acusaciones y las defensas, asegurándole a las partes tanto el Ministerio Público como a la defensa- ejercer sus facultades correspondientes a los fines de someter al debate contradictorio sus argumentos y sus pretensiones probatorias (vid. CORDÓN MORENO, Faustino. Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal. 2ª edición. Editorial Aranzadi. Madrid, 2002, p. 192).
Sobre este particular, la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la República, en sentencia del 19 de marzo de 2003, ha señalado al respecto que:
el debido proceso es el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia; que le aseguren la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a Derecho. Desde este punto de vista, entonces, el debido proceso es el principio madre o generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios del Derecho Procesal Penal (Sentencia N° 106, del 19 de marzo de 2003. Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Penal. Magistrado ponente Beltrán Haddad. Expediente N° 02-0369) (Sic)
Así las cosas el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, dentro de una lista de decisiones apelables, se refiere a los fallos judiciales que causen gravamen irreparable, siendo por tanto necesario determinar si la recurrida causó realmente tal gravamen. La ratio legis de esa norma jurídica, establece como propósito fundamental, que una vez verificada la violación, se subsane y se restablezca de inmediato la situación jurídica quebrantada que está causando el perjuicio grave a un imputado o acusado a quien la decisión judicial, no solo le ocasione un gravamen, sino que además éste debe ser irreparable.
En este sentido hacemos referencia a la sentencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, expediente Número 11-0521, de la Magistrada DRA. CARMEN ZULETA DE MERCHAN, donde se establece:
En definitiva en el área Procesal Penal uno de los requisitos indispensable para que las decisiones sean apelables, es que las mismas causen un gravamen irreparable valorado conforme a los parámetros contenidos en el Proceso Civil, y que pueden ser aplicados al Proceso Penal, por ello, la reparabilidad o irreparabilidad del gravamen tiene relación directa tanto para la sentencia definitiva, como para el hecho, donde el supuesto gravamen puede ser reparado o desaparecer en el desarrollo del proceso penal por medio de las vías procesales . (SIC).
En el presente asunto sometido a consideración de esta Instancia, es oportuno destacar que la motivación de un fallo son las causas o razones en la que se fundamenta el Juez, para que de acuerdo a la norma aplicable dicte su criterio en un acto procesal, en un asunto o litigio sometido a su conocimiento jurisdiccional.
Este Tribunal Colegiado advierte, que si bien es cierto el Juez de Control durante la fase preparatoria tiene la facultad cuando así lo considere de decretar y mantener una medida cautelar sustitutiva de libertad en razón de los hechos y del derecho del proceso en cuestión, conforme lo establece nuestra norma adjetiva penal y a fin de evitar que en un futuro el fallo quede ilusorio en su ejecución, ante un peligro de daño inminente; es más cierto aun; que debe hacerlo bajo una motivación cónsona acerca de las razones que lo llevaron a dictar esta decisión.
En torno a lo planteado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 107 de fecha 16 de marzo de 2015, con ponencia de la Magistrada FRANCIA COELLO GONZÁLEZ., cuando con respecto a la debida motivación estableció:
Advierte la Sala, que para cumplir con la obligación legal de dar una oportuna y debida respuesta por parte de los tribunales, no se requiere, necesariamente, una exposición extensa y repetitiva, sino que basta que la misma sea clara, precisa, completa y referida al tema objeto de la solicitud; de allí que, si el órgano jurisdiccional le dio respuesta a las denuncias planteadas, debe considerarse la sentencia como motivada... Siendo tal criterio pacífico y reiterado de la mencionada Sala (Vid. Sentencia 220. De fecha 03 de julio de 2014. Magistrada ELSA JANETH GÓMEZ MORENO) en la cual estableció: la motivación de las sentencias debe ser suficiente . sin que ello obligue a que la misma sea excesiva ni extensa .
(Subrayado nuestro).
Al hilo conductor de las máximas transcritas se observa que el juez de la recurrida manifiesta en su decisión lo siguiente:
2.- PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS, de los ciudadanos EDUARDO ANTONIO CLAVIER, titular de la cédula de identidad Nº 497.715 y MIGUEL ANGEL QUINTERO APONTE, titular de la cédula de identidad Nº 9.882.275; con cuyas medidas se garantiza las eventuales resultas de la investigación iniciada en su contra, no acogiendo este Tribunal la totalidad de las medidas cautelares innominadas solicitadas por la representación fiscal en orden a que pudieren afectarse los intereses colectivos que pudieren derivarse en cuanto a las empresas o sociedades mercantiles que resultan igualmente limitadas en sus operaciones mercantiles por efecto de las medidas sobre movilización de cuentas bancarias, siendo las medidas que se acuerdan suficientes para los fines de la investigación, que esta no pueda entorpecerse y que pueda realizarse de manera eficaz y eficiente para la búsqueda de la verdad, de igual manera dichas medidas son idóneas y proporcionales, Y ASI SE DECIDE.-
En virtud de lo precedentemente expuesto, concluye este tribunal colegiado que la recurrida cumple con los extremos exigidos en el encabezado del artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal en cuanto a su motivación, y por el contrario a lo argüido por la defensa quien denuncia ausencia de motivación; se constata que la decisión impugnada es explicita y precisa permitiendo a las partes conocer cuáles fueron las razones que tuvo como administrador de justicia para decidir; se denota palmariamente que la Juez de la recurrida hizo mención acerca de los motivos por los cuales acordó la medida cautelar cuestionada, al ciudadano EDUARDO ANTONIO CLAVIER; por lo que debe destacarse que se dio inicio a un procedimiento ordinario, con una fase preparatoria y pendientes diligencias por practicar en aras del esclarecimiento de la verdad y de que tal como se expresó en líneas anteriores las medidas son de carácter preventivo y las partes pueden solicitar su levantamiento las veces que lo consideren oportuno, lo que quiere decir, que pueden ser levantadas en cualquier grado y Estado del proceso, razones por las cuales se declara SIN LUGAR la denuncia de la apelante y ASÌ SE DECIDE.
Como corolario de lo aquí explanado, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA CRISTINA QUINTERO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 44.726, actuando en su carácter de Defensora de Confianza del ciudadano EDUARDO ANTONIO CLAVIER, titular de la cédula de identidad N° 497.715, y en consecuencia se CONFIRMA la decisión dictada en fecha 17 de Agosto del año 2016, por el Tribunal Penal de Primera Instancia en Función de Control Nº 05 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, mediante la cual decretó PRIMERO: DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la solicitud hecha por la Abogada YURAIMA CAMPOS, en sus carácter de Fiscal Provisorio Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, mediante el cual solicita MEDIDAS PREVENTIVAS CAUTELARES INNOMINADAS, CONSISTENTES EN 1.- PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR BIENES, específicamente UN INMUEBLE constituido por un lote de terreno identificado específicamente UN INMUEBLE constituido por un lote de terreno identificado con el numero catastral 03-21-01-UR-07-02-07-00-00-00, ubicado en el Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, protocolizado por ante la Oficina de Registro Publico del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, siendo sus linderos generales los siguientes: Norte: Con el estacionamiento del edificio Arrecife Norte, en treinta y seis metros con cincuenta y seis centímetros (36,56 Mts); Sur: Con la carrera 5 de la Urbanización Rómulo Gallegos, en una distancia de treinta y un metros con ochenta y tres centímetros (31,83 Mts); Este; con tanque agua del Estacionamiento de la Residencia Rebeca, y terrenos que son o fueron de Manuel González, en una distancia de sesenta y siete metros con cuarenta y ocho centímetros (67, 489 Mts): y Oeste: Con calle 6 de la Urbanización en una distancia de sesenta y ocho metros con cuarenta y seis centímetros (68,467 Mts); registrada en la Oficina Inmobiliaria de Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, en fecha 02 de septiembre de 2014, quedando asentado bajo en Nº 2011-1915, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el Nº 250.2.17.1.1297, libro del folio Real del año 2011, de la Sociedad Mercantil DESARROLLO LIDO SUITE. C.A, RIF: J-40458475-7, de conformidad con lo establecido en los artículos 588 y 585 del Código de Procedimiento Civil, aplicado en el presente caso de manera supletoria por disposición del texto adjetivo penal. SEGUNDO: Se Decreta LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, correspondiente a la PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS, de los ciudadanos EDUARDO ANTONIO CLAVIER, titular de la cédula de identidad Nº 497.715 y MIGUEL ANGEL QUINTERO APONTE, titular de la cédula de identidad Nº 9.882.275; debiéndose remitir los respectivos oficios al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), con sede en la Avenida Urdaneta, Esquina de Platanal, Edificio Sede del Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, Caracas, Distrito Capital y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), con sede en la Avenida Baralt, frente a la Plaza Miranda, Edificio Sede SAIME, Caracas, Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal,..; al considerar que tal decisión se encuentra enmarcada dentro del debido proceso y la tutela judicial efectiva, garantías estas consagradas en nuestra Carta Magna en los artículos 2, 26, 49, 51 y 257, así como cumple con los requisitos del artículo 157 de la Ley adjetiva penal. Siendo que, en criterio de esta Alzada la referida decisión no vulneró, así como tampoco menoscabó derechos ni garantías de rango Constitucional o legal ninguno que fueron denunciados por la recurrente. Y ASI SE DECIDE.
III
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo, y a tal efecto observa:
El numeral 20 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que esta Sala Constitucional es competente para Conocer de las demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
Siendo que en el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala, una acción de amparo constitucional interpuesta contra el fallo dictado el 16 de agosto de 2017, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, declara su competencia para resolver la presente acción en única instancia. Así se decide.
IV
DE LA ADMISIBILIDAD
Pasa esta Sala a pronunciarse en cuanto a la admisibilidad de la presente acción de amparo. En este sentido, se observa que la acción de amparo interpuesta por el ciudadano el abogado EDUARDO ANTONIO CLAVIER CHACÍN, actuando en nombre propio, contra el fallo dictado el 16 de agosto de 2017, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, cumple con los requisitos de forma que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, asimismo se verificó que la misma no está incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales ni en el 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Y así se decide.
V
DE LA PROCEDENCIA
Previo a cualquier pronunciamiento esta Sala observa lo siguiente:
El 16 de julio de 2013, esta Sala Constitucional en sentencia número 993 (Caso: Daniel Guédez Hernández), estableció criterio vinculante respecto a la procedencia in limine litis en aquellos casos de acciones de amparo constitucional interpuesta contra decisión judicial, cuando el asunto fuere de mero derecho, y al respecto se señaló, entre otras, lo siguiente:
En la sentencia N° 7, del 1° de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía), la Sala ajustó a la nueva Carta Magna el procedimiento de amparo constitucional, de la siguiente manera:
Omissis
2.- Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se emitió el fallo, inmediatamente a su recepción, se notificará al juez o encargado del Tribunal, así como a las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia.
Las partes del juicio donde se dictó el fallo impugnado podrán hacerse partes, en el proceso de amparo, antes y aún dentro de la audiencia pública, mas no después, sin necesidad de probar su interés. Los terceros coadyuvantes deberán demostrar su interés legítimo y directo para intervenir en los procesos de amparo de cualquier clase antes de la audiencia pública.
La falta de comparecencia del Juez que dicte el fallo impugnado o de quien esté a cargo del Tribunal, no significará aceptación de los hechos, y el órgano que conoce del amparo, examinará la decisión impugnada.
Omissis
Por lo tanto, la exigencia de la celebración de la audiencia oral, a juicio de la Sala en realidad se justifica en aquellos procedimientos de amparo constitucional en los cuales debe oírse ineludiblemente a las partes intervinientes, lo que coincide además con lo señalado en el artículo 49.3 constitucional que establece: [t]oda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso. Sin embargo, en los casos en los cuales se interponga una demanda de amparo contra una decisión judicial, la Sala estableció que la falta de comparecencia a la audiencia oral del Juez o de los Jueces que dictaron la sentencia considerada como lesiva no significa la aceptación de los hechos, toda vez que el pronunciamiento judicial adversado se basta por sí solo para contradecir los alegatos plasmados en la solicitud de amparo, por lo que el derecho a la defensa de dichos funcionarios judiciales, en este supuesto, no se encuentra cercenado.
Omissis
Así pues, tanto la acción de amparo como el derecho al amparo llevan implícita la celeridad y el restablecimiento inmediato de la situación jurídica lesionada constitucionalmente, razón por la cual el artículo 27 constitucional, conforme con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, refieren que la autoridad judicial competente tendrá la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella; de allí que pueda o no hacerse exigible el contradictorio en el procedimiento de amparo, dependiendo ello del hecho de que el juez constitucional estime el procedimiento más conveniente para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida que es lo medular en la vía del amparo; si ello no fuese así, el amparo carecería de eficacia. Por lo tanto, cuando el mandamiento de amparo se fundamente en un medio de prueba fehaciente constitutivo de presunción grave de la violación constitucional, debe repararse inmediatamente, en forma definitiva, y sin dilaciones la situación infringida, sin que se haga necesario abrir el contradictorio, el cual, sólo en caso de duda o de hechos controvertidos, justificará la realización de una audiencia oral contradictoria. Si ello no fuera así se desvirtuaría la inmediatez y eficacia del amparo.
En efecto, existen situaciones de mero derecho o de tan obvia violación constitucional que pueden ser resueltas con inmediatez y sin necesidad del previo debate contradictorio porque se hace obvia igualmente la situación jurídica infringida; ¿por qué demorar entonces la restitución de los derechos constitucionales infringidos?
La Sala considera que el procedimiento de amparo constitucional, en aras de la celeridad, inmediatez, urgencia y gravedad del derecho constitucional infringido debe ser distinto, cuando se discute un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo para decidir la controversia constitucional. En estos casos, a juicio de la Sala, no es necesario celebrar la audiencia oral, toda vez que lo alegado con la solicitud del amparo y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento en que se incoa la demanda, es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva.
Omissis
De modo que, condicionar la resolución del fondo del amparo a la celebración de la audiencia oral sería inútil en aquellos casos en los cuales se intenta el amparo contra una decisión judicial por un asunto de mero derecho o de obvia violación constitucional, toda vez que ello ocasionaría la violación del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 eiusdem, que se concreta en materia de amparo constitucional en el artículo 27 ibidem, debido a que el Estado no garantizaría, en estos casos, una justicia expedita.
Por lo tanto, a pesar de que en anterior oportunidad la Sala, con base en la necesidad de celebrar la audiencia oral contradictoria, negó una solicitud de declaratoria de mero derecho en un procedimiento de amparo (vid. sentencia N° 988 del 15 de octubre de 2010, caso: Clarense Daniel Rusian Pérez), se impone en el presente caso un complemento de la sentencia N° 7/2000 y se establece, con carácter vinculante, que, en las demandas de amparos en las cuales se ventile la resolución de un punto de mero derecho, el Juez constitucional podrá, en la oportunidad de la admisión de la solicitud de amparo, decretar el caso como de mero derecho y pasar a dictar, sin necesidad de convocar y celebrar la audiencia oral, la decisión de fondo que permita restablecer inmediatamente y en forma definitiva la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Así se establece.
Del extracto de la decisión supra transcrita se desprende que el Juez o Jueza Constitucional podrá aplicar la institución de la procedencia in limine litis de la acción de amparo cuando de éste se pueda observar obvias violaciones de derechos constitucionales o cuando versen sobre temas de mero derecho, siempre y cuando se verifique del expediente los supuestos que permitan la declaratoria de la procedencia conforme a los términos establecidos en la decisión anterior.
Siendo así las cosas, en el caso de marras, la Sala observa que a los autos consta que la decisión accionada fue consignada en copia certificada, aunado al hecho de que se está en presencia de un asunto de mero derecho, motivo por el cual esta Sala pasa a pronunciarse con respecto al fondo de la pretensión. Y así se declara.
VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala Constitucional emitir pronunciamiento en cuanto al fondo de la acción de amparo constitucional incoada contra la decisión que dictó, el 16 de agosto de 2017, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, en la que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra la decisión dictada el 17 de agosto de 2016 por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, en la cual decretó medidas cautelares consistentes en: 1) Prohibición de enajenar y gravar bienes, específicamente el inmueble constituido por un lote de terreno identificado con el número catastral 03-21-01-UR-07-02-07-00-00-00, ubicado en el Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, Estado Anzoátegui, 2) Bloqueo e inmovilización de cuentas del hoy accionante y del ciudadano Miguel Ángel Quintero Aponte y; 3)Prohibición de salida del país de ambos.
Habiendo realizado un estudio minucioso del escrito libelar, observa esta Sala que la denuncia que da génesis a la presente acción de amparo es la relativa al vicio de inmotivación, que, a parecer de la parte accionante, incuba en su fondo la decisión objeto de controversia.
En este sentido, el accionante señaló que la decisión que hoy se acciona no proporcionó una motivación propia respecto a la procedencia o no de las medidas cautelares que fueron decretadas en perjuicio del precitado, es decir, a opinión del accionante, la Alzada fundamentó su decisión en las mismas consideraciones de hecho y derecho en la cual sustentó su fallo el Juzgado de Primera Instancia, sin hacer una revisión profunda del fallo recurrido.
Adicional a lo anterior, señala que el fallo objeto de amparo carece de suficiencia, pues, a pesar de tratarse de una decisión extensa, ésta no da respuesta a las denuncias planteadas en el escrito recursivo, lo cual, una vez más, se traduce en la inmotivación del fallo.
Además, denunció que la accionada hace una extensa referencia encaminada a señalar que, en efecto, el fallo recurrido se encuentra motivado, sin embargo, tales señalamientos no encuentran sustento alguno pues no se evidencia análisis de los elementos de convicción que, como se dijo antes, hacen procedente o no las medidas cautelares decretadas en perjuicio de quien hoy acciona.
De modo que, corresponde a esta Máxima Instancia Constitucional dilucidar si, en efecto, el fallo accionado cumple o no con el requisito constitucional de la motivación de la sentencia.
En Venezuela, la motivación del fallo nace con la Constitución de 1819, la cual señalaba que los juzgados debían fundar sus sentencias con expresión a la ley aplicable al caso. La motivación de la sentencia es un requisito primordial, cuya falta acarrea la defunción de ésta; asimismo tiene como propósito evitar la arbitrariedad en la administración de justicia. A través de la motivación se fundan, adminiculan y explican los elementos de hecho y derecho que dan sustento al dispositivo del fallo, por eso, tiempo atrás se decía que los jueces hablaban por sus sentencias, pues a diferencia de otras profesiones, los jueces explican su decisión en la motivación.
La motivación es, como a los carros, el motor del fallo, sin ésta cualquier decisión resulta superfluo pues no da bases a las afirmaciones que en ella se expone, haciendo que la sentencia pase a ser un simple mandato sin fuerza alguna, cuya vida será efímera puesto que no tardará en ser objeto de nulidad.
La motivación debe ser el resultado del estudio del juez expresado en el análisis y concatenación de los elementos de hecho y derecho los cuales ven luz en la trabazón de la litis. Una sentencia no puede fundamentarse únicamente en un análisis teórico que en nada ayude a destrabar la litis, sino que debe haber un sincretismo entre hecho y derecho que logre resolver el conflicto planteado de manera clara, precisa y concreta, de forma que personas ajenas a la abogacía comprendan los motivos que llevaron al juez a emitir el fallo.
Por ello, a los fines de verificar la motivación o no del fallo objeto de amparo, resulta conveniente citar un extracto del fallo accionado en el cual señalan las denuncias realizadas en apelación por el hoy accionante, así como la resolución dada por la Alzada. En este sentido la primera denuncia la sintetizó la Corte en los siguientes términos:
teniendo como primera denuncia la presunta violación de derechos de rango constitucional y legal, al señalar la recurrente que la jueza a quo al momento de decretar las medidas cautelares innominadas en su razonamiento judicial se limitó a efectuar parcamente, una complicación de decisiones judiciales y fragmentos doctrinarios que tratan de la procedencia de las medidas cautelares en los procesos judiciales, omitiendo hacer un análisis de las situaciones de hechos (sic) ocurridas durante el proceso y su concatenación con los preceptos jurídicos aplicables, conforme a los cuales el juzgador está obligado a establecer el cumplimiento de los requisitos de la procedencia de la cautelar típica solicitada ( ) Por lo que el pronunciamiento judicial quedó preñado de imprecisiones, oscuridad y omisiones aparejadas a la falta de racionalidad que origina a su vez la falta absoluta de motivación
La resolución por parte de la Alzada a dicha denuncia, se encuentra cursante al folio ciento sesenta y siete (167) al folio ciento setenta y siete (177), del anexo cuatro (04) del presente expediente. Ahora bien, de tal dictamen en el cual los jueces de Alzada declaran sin lugar tal denuncia se puede apreciar que este es por completo inmotivado, por las razones que a continuación se exponen:
Primeramente, la Corte de Apelaciones accionada procedió a citar los elementos de convicción, de manera incompleta, es decir, únicamente los nombres, calificativos y fechas de tales elementos, los cuales fungieron como sustento al juez de instancia para decretar las medidas cautelares objeto de debate, ello sin hacer un examen o análisis relativo a establecer como tal cúmulo de elementos de convicción, adminiculados el uno con el otro, hacen procedente las medidas cautelares decretadas por la Instancia a quo, sino que se limitó a desarrollar un extenso e inoficioso estudio teórico de las medidas cautelares y su procedencia, así como de la motivación del fallo, sin llegar a una conclusión acertada y sustancial en cuanto como tales elementos de convicción dan procedencia a las medidas cautelares, concluyendo la Alzada accionada lo siguiente:
En relación a la presente denuncia, consideran quienes aquí deciden que los fundamentos que inspiran el fallo dictado en fecha 17 de agosto de 2016 por el Tribunal Quinto de Control de [ese] Circuito Judicial Penal, fueron visualizados y analizados, que le permitieron acreditar los elementos concurrentes para la procedencia de la medida preventiva cautelar de prohibición de enajenar y gravar el bien inmueble, constituido por un lote de terreno identificado con el numero catastral 03-21-01-UR-07-02-07-00-00-00, ubicado en el Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, referidos al fomus bonis iuris y periculum in mora, no incurriendo el Juzgador en la falta de fundamentación de este punto en concreto de su decisión, necesarios para el decreto de la tutela jurisdiccional cautelar y la correcta motivación de la resolución que los acuerda, las cuales considero suficientes para asegurar la finalidad del proceso penal, conforme a lo establecido en el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia este Tribunal Superior declara SIN LUGAR la presente denuncia, en virtud de lo antes expuesto y ASÍ SE DECIDE.
Lo anterior no es más que el resultado obvio del vicio de inmotivación, pues resulta una conclusión efímera e insustancial de lo que debió ser un estudio pormenorizado y detallado de los elementos que hacen procedente las medidas cautelares, así como de la normativa adjetiva prevista en el artículo 242 del Texto Ritual Penal que exige la motivación del decreto de las medidas cautelares, tan es así la inmotivación dada en la resolutoria de la primera denuncia que en ningún momento la Alzada hace mención alguna respecto de los hechos que se explanan en los elementos de convicción, lo que denota una dejadez trascendente al momento de realizar la decisión, teniendo únicamente un sustento teórico que poco sirve para la fundamentación de la resolutoria de la litis planteada en la presente denuncia.
Por otra parte, la segunda denuncia realizada por la parte recurrente, hoy accionante, fue recopilada por la Alzada accionada de la manera que a continuación se cita:
Como segunda denuncia alega la recurrente, que la decisión hoy recurrida infringe la garantía de la libertad personal, en razón de que se decretó la prohibición de salida del país del ciudadano Eduardo Antonio Clavier, sin que el Juzgador Quinto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, sustentara motivadamente con criterio propio suficiente dicha medida de coerción personal
Se observa pues que la segunda denuncia va en contra del pronunciamiento que declaró la prohibición de salida del país al ciudadano accionante.
De una simple lectura de la motivación resolutoria del fallo accionado sobre la presente denuncia se evidencia que ni el Juzgado de Primera Instancia, ni la Alzada, realizaron un examen en cuanto a los supuestos que deben cumplirse para que se dé la procedencia de dicha medida cautelar, pues en ningún momento se observa análisis alguno respecto a si el ciudadano imputado posee un trabajo fijo, su residencia en el país y en fin su arraigo en éste. Asimismo, no se evidencia en la motivación de la resolutoria señal o elemento alguno que haga sospechar o intuir al juzgador de instancia o a los jueces de Alzada, que quien hoy acciona tenga intención alguna de salir del país a los fines de evitar un proceso penal, lo cual deja en amplia evidencia el vicio de inmotivación incubo en el fallo accionado.
Dadas las consideraciones anteriores, concluye esta Sala Constitucional que el fallo objeto de la acción de amparo, en efecto es poseedor del vicio de inmotivación, ello por cuanto los jueces de la Alzada hicieron gala magistral de la retórica a los fines de ocultar la inmotivación del fallo. Sin embargo, como se expuso anteriormente, resulta evidente que en el amplio contenido estructural de la motivación de la decisión objeto de amparo se hace únicamente un desarrollo doctrinario, jurisprudencial y legal respecto a los puntos en controversia, sin producir un estudio práctico y de análisis respecto a las denuncias alegadas por el recurrente de autos, hoy accionante.
Resulta meritorio resaltar que para la realización de un fallo motivado debe darse una simbiosis entre los elementos teóricos y prácticos que componen la trabazón de la litis, pues un único estudio teórico, no es suficiente para concebir un fallo motivado, tiene que haber una unión entre ambos elementos, para así procrear un fallo que cumpla con los requisitos mínimos de la motivación de la sentencia.
Es por las consideraciones expuestas supra, que esta Sala declara la procedencia in limine litis de la presente acción de amparo, en consecuencia, se anula el fallo dictado, el 16 de agosto de 2017, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui que confirmó la decisión dictada, el 17 de agosto de 2016, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, en la cual decretó medidas cautelares consistentes en: 1) Prohibición de enajenar y gravar bienes, específicamente el inmueble constituido por un lote de terreno identificado con el número catastral 03-21-01-UR-07-02-07-00-00-00, ubicado en el Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, Estado Anzoátegui, 2) Bloqueo e inmovilización de cuentas del hoy accionante y del ciudadano Miguel Ángel Quintero Aponte y; 3)Prohibición de salida del país de ambos; motivo por el cual se ordena la conformación de una Sala Accidental de dicha Corte de Apelaciones a los fines de que se pronuncie del fondo del recurso de apelación interpuesto por el hoy accionante. Y así se decide.
VII
DISPOSITIVA
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley declara:
PRIMERO: Su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional.
SEGUNDO: La admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional.
TERCERO: PROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional intentada por el ciudadano EDUARDO ANTONIO CLAVIER CHACÍN, actuando en nombre propio, asistido de la abogada María Cristina Quintero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el número 44.726, contra la decisión que dictó, el 16 de agosto de 2017, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, en la que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra la decisión dictada el 17 de agosto de 2016 por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, en la cual decretó medidas cautelares consistentes en: 1) Prohibición de enajenar y gravar bienes, específicamente el inmueble constituido por un lote de terreno identificado con el número catastral 03-21-01-UR-07-02-07-00-00-00, ubicado en el Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, Estado Anzoátegui, 2) Bloqueo e inmovilización de cuentas del hoy accionante y del ciudadano Miguel Ángel Quintero Aponte y; 3)Prohibición de salida del país de ambos.
CUARTO: La NULIDAD del fallo dictado el 16 de agosto de 2017 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui.
QUINTO: ORDENA la conformación de una Corte de Apelaciones Accidental para que se pronuncie sobre el fondo del recurso de apelación, teniendo en cuenta los señalamientos realizados en el presente fallo.
Publíquese, regístrese y remítase copia certificada del presente fallo a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de Junio de dos mil dieciocho (2018). Años: 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
El Presidente de la Sala,
Juan José Mendoza Jover
Ponente
El Vicepresidente,
Arcadio Delgado Rosales
Los Magistrados,
Carmen Zuleta de Merchán
Calixto Ortega Ríos
Luis Fernando Damiani Bustillos
Lourdes Benicia Suárez Anderson
René Alberto Degraves Almarza
La Secretaria,
Mónica Andrea Rodríguez Flores
EXP. N° 17-1030
JJMJ/
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