Venley

Sentencia N.º 0406

Sentencia
N.º 0406
Fecha
28/11/2019
Sala
Constitucional
Expediente
16-0885
Ponente
Luis Fernando Damiani Bustillos
Procedimiento
Reclamo

MAGISTRADO PONENTE: LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

 

Mediante escritos presentados el 2 de octubre de 2019, las ciudadanas DARCY LORENA SÁNCHEZ NIETO y JHOLEESKY DEL VALLE VILLEGAS ESPINA, titulares de las cédulas de identidad N° 13.562.314 y 6.802.002, respectivamente, actuando en nombres propios, interpusieron recursos de reclamo ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contra el auto N° 0302 del 16 de agosto de 2019, mediante el cual esta Sala impuso multa a las precitadas ciudadanas junto al ciudadano Reinaldo Octavio Rojas Requena, titular de la cédula de identidad N° 11.810.124, en su condición de Juez Superior Provisoria Presidenta (la primera de ellos) y Jueces Superiores Provisorios (los dos últimos), respectivamente, de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, por el desacato a la orden contenida en el auto N° 0831 del 3 de diciembre de 2018, mediante el cual se le solicitó que remitiera determinados fotostatos e informara el estado actual del juicio que se le sigue a los ciudadanos Andrés Calero Gonnella y Sergio Jesús Morillo Castillo, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en modalidad de distribución, y asociación para delinquir, que conoció esa Corte de Apelaciones en el expediente identificado con el alfanumérico UP01-R-2016-000006 (nomenclatura de ese órgano jurisdiccional).

 

En esa misma fecha se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

El 29 de octubre de 2019, se consignó en autos las notificaciones practicadas en igual fecha a los ciudadanos Darcy Lorena Sánchez Nieto, Reinaldo Octavio Rojas Requena, y Jhooleesky Del Valle Villegas Espina, en sus condiciones de Juez Presidente (la primera de los nombrados) y Jueces Superiores Provisorios (los dos últimos), todos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.

 

Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones.

 

I

DE LOS RECLAMOS INTERPUESTOS

 

La ciudadana Darcy Lorena Sánchez Nieto expuso que “(…) con fecha 07 de [m]arzo de 2019, se libró oficio (…) recibido en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de [esta] (…) Sala el día 18 de [m]arzo de 2019, (…) el cual tuvo por finalidad dar acuse de recibo (…) [y por que] se remitió a es[ta] (…) Sala, copia certificada del [e]xpediente N° UP01-R-2016-000006, perteneciente a los ciudadanos ANDRES (sic) CALERO GONELLA y SERGIO JESUS (sic) MORILLO, contentiva de dos carpetas[,] una de setenta y cinco (75) folios útiles, con el [a]cta de [a]udiencia [p]reliminar; auto de apertura a [j]uicio; resulta[s] de las experticias de la cual se verifica las características de las presuntas ilícitas cuyo tráfico fue imputado a los mencionados ciudadanos. Igualmente en dicha comunicación se adjuntó anexos complementarios contentivos de ciento cincuenta folios a modo de índice (…)”.

 

Por tal motivo, la mencionada reclamante sostuvo que “(…) se dio cumplimiento a las instrucciones impartidas, por es[te] Superior (sic) Despacho, no obstante ext[endió] [su]s disculpas en caso de haber incurrido en alguna inadvertencia involuntaria que no satisfizo las exigencias de es[ta] [m]áxima [a]utoridad (…) [por lo que] con el más alto sentimiento de [h]umildad y (…) al haberse cumplido con lo exigido por [est]a Sala en los términos arriba señalados, y exteriorizada como ha sido [su] (…) excusa (…) formalmente present[ó] por escrito reclamo de la sanción [impuesta y] (…) [s]olicit[ó] que [fuese] (…) reconsiderada y revocada la sanción [de] (…) multa (…) al no haber puesto de manifiesto conducta intencional que [l]e haga merecedora de tal sanción (…)”.

 

Por su parte, los alegatos de la ciudadana Jholeesky Del Valle Villegas Espina se circunscriben a sostener que “(…) para el momento de la solicitud del 03 de [d]iciembre de 2018, ya no formaba parte de la Corte de Apelaciones, al haber sido objeto de la [j]ubilación de [d]erecho a través de [r]esolución J-0224 (…) materializada el día 16 de [j]ulio de 2018, fecha en la cual ces[ó] en [su]s funciones como [j]ueza superior activa, pasando al estatus de [j]ubilada (…)”.

 

II

DE LA COMPETENCIA

 

El artículo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia señala:

 

“Artículo 125.- El sancionado o sancionada podrá reclamar por escrito la decisión judicial que imponga las sanciones a que se refieren los artículos 121, 122 y 123 de esta Ley, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, cuando expondrá las circunstancias favorables a su defensa. El reclamo será decidido por la Sala respectiva dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para reclamar la decisión en la cual la Sala podrá ratificar, revocar o reformar la sanción, siempre y cuando no cause mayor gravamen al sancionado”.

           

La referida norma, prevé la posibilidad de que cualquier persona que haya sido sancionada en una decisión judicial, pueda realizar el reclamo, con la obligación de la respectiva Sala de revocar, reformar o ratificar la sanción impuesta, siempre que la misma no cause mayor gravamen al sujeto sancionado (cfr. sentencia de esta Sala N° 0246 del 18 de julio de 2019).

 

Ello así, y en vista que las ciudadanas Darcy Lorena Sánchez Nieto y Jholeesky Del Valle Villegas Espina, anteriormente identificadas, en ejercicio la potestad otorgada por el prenombrado artículo, ejercieron los respectivos reclamos en contra de la sanción contenida en el auto N° 0302 del 16 de agosto de 2019 dictado por esta Sala, se asume la competencia para el conocimiento de tales peticiones, y así se decide.

 

III

DE LA TEMPESTIVIDAD DE LOS RECLAMOS

 

            Corresponde a esta Sala verificar si los reclamos presentados cumplen con las condiciones señaladas por el artículo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Al respecto se desprende de autos que el 30 de septiembre de 2019, la Secretaría de esta Sala Constitucional dejó constancia de haber remitido vía correo electrónico copia del auto N° 0302 del 16 de agosto de 2019 a la ciudadana Darcy Lorena Sánchez Nieto, en su condición de Juez Presidenta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy con el objeto de imponerla del contenido del mismo.

 

En tal sentido, visto que el 2 de octubre de 2019 la precitada juzgadora dirigió oficio N° 0702/2019 del 1° de octubre del mismo año, a esta Sala Constitucional, mediante el cual ejerció el recurso de reclamo contra el mencionado auto N° 0302/2019, y en igual fecha (2 de octubre de 2019) la ciudadana Jholeesky Del Valle Villegas Espina consignó escrito mediante el cual expresamente indicó que el 30 de septiembre de 2019 se dio por notificada de la mencionada decisión y ejerció recurso de reclamo contra la misma actuación judicial, en consecuencia, esta Sala estima que ambas reclamantes ejercieron dicho medio de impugnación al segundo (2°) día de despacho siguiente a la notificación que del mismo se practicara, por lo tanto, se consideran tempestivos ambos medios de impugnación, ya que fueron presentados dentro del lapso de tres (3) días que prevé el artículo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Y así se decide.

 

IV

DEL FONDO DE LOS RECLAMOS

 

Corresponde a esta Sala conocer los recursos de reclamo presentados contra la decisión N° 0302 del 16 de agosto de 2019, mediante la cual esta Sala Constitucional impuso multa a la ciudadana Darcy Lorena Sánchez Nieto, Jholeesky Del Valle Villegas Espina y Reinaldo Octavio Rojas Requena, en su condición de Juez Superior Provisoria Presidenta (la primera de ellos) y Jueces Superiores Provisorios (los dos últimos) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, por el desacato a la orden contenida en el auto N° 0831 del 3 de diciembre de 2018, mediante el cual se le solicitó al referido órgano colegiado que “(…) inform[ara] a esta Sala el estado actual del juicio que se le sigue a los ciudadanos Andrés Calero Gonnella y Sergio Jesús Morillo Castillo, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto en el artículo 149 de la Ley de Drogas, y el delito de asociación, sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en grado de autores, que conoció esa Corte en el expediente identificado con el alfanumérico UP01-R-2016-000006 (nomenclatura de ese órgano jurisdiccional) y, de igual forma, remit[iera] a esta Sala copias certificadas de: i) el acta de audiencia preliminar; ii) el auto de apertura a juicio; iii) las resultas de los reconocimientos médico legales practicados a los ciudadanos Andrés Calero Gonnella y Sergio Jesús Morillo Castillo; y iv) las resultas de la experticia de la cual se verifi[caran] las características de las presuntas sustancias ilícitas cuyo tráfico fue imputado a los mencionados ciudadanos (…)”.

 

La sanción administrativa en cuestión fue tasada por este Supremo Tribunal en su límite máximo de acuerdo a lo previsto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esto es, en la suma de doscientas unidades tributarias (200. U.T.).

 

En este orden de ideas, esta Sala observa que la ciudadana Darcy Lorena Sánchez Nieto expuso que “(…) dio cumplimiento a las instrucciones impartidas (…)”, por cuanto consignó -a su decir- “(…) copia certificada del [e]xpediente N° UP01-R-2016-000006, perteneciente a los ciudadanos ANDRES (sic) CALERO GONELLA y SERGIO JESUS (sic) MORILLO, contentiva de dos carpetas[,] una de setenta y cinco (75) folios útiles, con el [a]cta de [a]udiencia [p]reliminar; auto de apertura a [j]uicio; resulta[s] de las experticias de la cual se verifica las características de las presuntas ilícitas cuyo tráfico fue imputado a los mencionados ciudadanos. Igualmente en dicha comunicación se adjuntó anexos complementarios contentivos de ciento cincuenta folios a modo de índice (…)”.

 

Al respecto, es pertinente señalar que si bien mediante oficio s/n del 7 de marzo de 2019, emanado la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, remitió a este despacho copias certificadas pertenecientes al expediente judicial N° UP01-R-2016-000006 (de la nomenclatura de ese órgano jurisdiccional), contentivo de la causa penal que se le sigue a los ciudadanos Andrés Calero Gonnella y Sergio Jesús Morillo Castillo; no es menos cierto que, tal como indicó esta Sala mediante auto N° 0302 del 16 de agosto de 2019, dicho órgano colegiado -cuya titularidad se encontraba a cargo de la mencionada reclamante e, incluso, continúa en la actualidad-, no remitió la totalidad de la información solicitada.

 

En efecto, dicha Corte de Apelaciones no refirió en modo alguno el estado actual de la causa ni del decreto cautelar que acordó la sustitución de la medida de coerción personal por una medida humanitaria a favor de los acusados (detención domiciliaria), lo cual resultaba de cardinal importancia por ser el objeto de la acción de amparo que originó la presente causa, máxime cuando de los fotostatos recibidos se constata que mediante auto del 1° de diciembre de 2016 el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy acordó el traslado preventivo del ciudadano Andrés Calero al Centro de Coordinación Policial de Cocorote, por cuanto “(…) se tuvo conocimiento que el mismo fue aprehendido aparentemente violentado el beneficio de arresto domiciliario (…)” (folio 137 de la segunda pieza de anexos).

 

Por tal motivo, visto que el incumplimiento fue parcial por parte de la ciudadana Darcy Lorena Sánchez Nieto al mandato contenido en el auto de esta Sala N° 0831 del 3 de diciembre de 2018, tal circunstancia se subsume en la causal de desobediencia a las órdenes judiciales impartidas por este Supremo Tribunal, prevista en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se declara parcialmente con lugar el recurso de reclamo interpuesto, en consecuencia, de acuerdo al principio de proporcionalidad se reforma la sanción de multa estimada en su límite medio, esto es, cien unidades tributarias (100 U.T.), así se decide.

 

Por otra parte, la ciudadana Jholeesky Del Valle Villegas Espina en su escrito de reclamo esgrimió que “(…) para el momento de la solicitud del 03 de [d]iciembre de 2018, ya no formaba parte de la Corte de Apelaciones, al haber sido objeto de la [j]ubilación de [d]erecho a través de [r]esolución J-0224 y materializada el día 16 de [j]ulio de 2018, fecha en la cual ces[ó] en [su]s funciones como [j]ueza superior activa, pasando al estatus de [j]ubilada (…)”.

 

En este sentido, se aprecia que cursa a los folios ciento ochenta (180) y ciento ochenta y uno (181) del presente expediente copia certificada del acta de entrega suscrita por la ciudadana Jholeesky Del Valle Villegas Espina, en su condición de Juez Superior Provisorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, con ocasión al cese de funciones por el beneficio de jubilación le fue otorgado por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura mediante resolución N° J-0224 del 12 de junio de 2018.

 

Así las cosas, visto que la orden contenida en el auto N° 0831 del 3 de diciembre de 2018 -cuyo desacato motivó la multa impuesta a través del auto N° 0302 del 16 de agosto de 2019- fue posterior al cese de funciones de la ciudadana Jholeesky Del Valle Villegas Espina como juez superior provisorio de la Corte de Apelaciones Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, es por lo que se considera que la conducta desplegada por la precitada ciudadana no se configuró la causal de desobediencia a las órdenes judiciales impartidas por este Supremo Tribunal que prevé el artículo 121 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, razón por la cual se declara con lugar el recurso de reclamo interpuesto, y así se decide.

 

Finalmente, esta Sala de oficio advierte que si bien el ciudadano Reinaldo Octavio Rojas Requena, anteriormente identificado, formó parte del órgano colegiado que decidió  la  causa  de  la  cual  se  requirió  la  información  cuyo  incumplimiento  conllevó a la multa  impuesta;  no  obstante,  conoce  por  notoriedad  judicial,  según  consulta del repositorio institucional digital de este Máximo Tribunal (cfr. http://yaracuy. tsj. gob.ve/ decisiones/decisiones_dia.asp?instituto=1228&fc=19/11/2018&id=023) que para la fecha en que fue dictado el auto N° 0831 del 3 de diciembre de 2018, el precitado ciudadano no suscribía las decisiones emanadas de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, por lo que no incurrió en la causal de desobediencia a las órdenes judiciales, y así se decide.

 

En razón de lo expuesto, esta Sala de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, reforma la multa por desacato impuesta mediante el auto N° 0302 del 16 de agosto de 2019, en consecuencia, se deja sin efecto la multa impuesta a los ciudadanos Jholeesky Del Valle Villegas Espina y Reinaldo Octavio Rojas Requena, anteriormente identificados, y se impone dicha sanción administrativa a los ciudadanos Darcy Lorena Sánchez Nieto, Fabiola Inés Vezga Medina y Arnaldo José Osorio Petit, en su condición de Juez Superior Provisoria Presidenta (la primera de los nombrados) y Jueces Superiores Provisorios (los dos últimos) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, para la fecha en que se efectuó la solicitud de información que motivó el ulterior desacato (a saber: 3 de diciembre de 2018), la cual se estima en la suma de cien unidades tributarias (100 U.T.).

 

En tal sentido, dicho monto debe ser pagadero a favor de la Tesorería Nacional en cualquier entidad bancaria receptora  de fondos públicos nacionales, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la presente decisión, y la constancia de haberse efectuado el pago deberá ser consignada en autos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para el pago, previo el transcurso del tres (3) días como término de la distancia, por lo que se ordena notificar el contenido de la presente decisión a la reclamante y los interesados. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley,  declara:

 

PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer de los reclamos presentados por las ciudadanas DARCY LORENA SÁNCHEZ NIETO y JHOLEESKY DEL VALLE VILLEGAS ESPINA (anteriormente identificadas), ambos contra el auto de esta Sala     N° 0302 del 16 de agosto de 2019, mediante el cual se le impuso multa a las referidas ciudadanas por la cantidad de doscientas unidades tributarias (200 U.T.).

 

SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la solicitud de reclamo presentada por la ciudadana DARCY LORENA SÁNCHEZ NIETO (antes identificada), en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se REFORMA LA SANCIÓN POR DESACATO impuesta por esta Sala mediante el auto N° 0302 del 16 de agosto de 2019, y se impone MULTA por la cantidad de cien unidades tributarias (100 U.T.), pagaderas a favor de la Tesorería Nacional en cualquier entidad bancaria receptora de fondos públicos nacionales, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la presente decisión, cuya constancia de haberse efectuado el pago deberá ser consignada en autos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para el pago, previo el transcurso del tres (3) días como término de la distancia.

 

TERCERO: CON LUGAR la solicitud de reclamo propuesta por la ciudadana JHOLEESKY DEL VALLE VILLEGAS ESPINA (anteriormente identificada), en consecuencia, se deja sin efecto la multa impuesta a dicha ciudadana.

 

CUARTO: De oficio se DEJA SIN EFECTO la mencionada sanción administrativa respecto del ciudadano REINALDO OCTAVIO ROJAS REQUENA, anteriormente identificado.

 

QUINTO: Se IMPONE MULTA a los ciudadanos FABIOLA INÉS VEZGA MEDINA y ARNALDO JOSÉ OSORIO PETIT, en su condición de Jueces Superiores Provisorios de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, por la cantidad de cien unidades tributarias (100 U.T.), pagaderas a favor de la Tesorería Nacional en cualquier entidad bancaria receptora de fondos públicos nacionales, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la presente decisión, cuya constancia de haberse efectuado el pago deberá ser consignada en autos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para el pago, previo el transcurso del tres (3) días como término de la distancia.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese a los interesados. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  28  días del mes de    Noviembre de dos mil diecinueve (2019). Años: 209º de la Independencia y 160º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

El Vicepresidente, 

 

 

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

                                                                

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

                                                                      

 

 

 

 

 

CALIXTO ORTEGA RÍOS                   

 

 

 

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ponente                      

 

 

 

 

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

 

 

La Secretaria,

 

 

MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES

16-0885

LFDB

 

 

 

 

 

 

 

 

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