Venley

Sentencia N.º 0498

Sentencia
N.º 0498
Fecha
09/04/2025
Sala
Constitucional
Expediente
21-0280
Ponente
Michel Adriana Velásquez Grillet
Procedimiento
Acción de Amparo contra sentencia

 

MAGISTRADA PONENTE: MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET

 

Consta en autos que, el 7 de junio de 2021, los abogados Mauricio Izaguirre Luján, Jinés del Cármen Herrera y Milagro Rengifo Rincones, venezolanos, titulares de las cédulas de identidades números V-10.799.113, V-7.959.686 y V-11.204.538, respectivamente e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo los números 68.361, 81.893 y 77.833, correspondientemente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana RAQUEL CRISTINA DÍAZ RUÍZ, titular de la cédula de identidad número V-16.661.326, quien es víctima y querellante en el proceso principal signado con el alfanumérico WJ02-2020-0001 (antes alfanumérico WP01-S-2020-0000133) que cursa ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, presentaron ante esta Sala acción de amparo constitucional, conjuntamente con solicitud de medida cautelar, intentada contra la decisión N.° 0017-2021 dictada, el 10 de mayo del 2021, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, en el expediente identificado con el  alfanumérico CA-0083-2021-VCM (nomenclatura de esa Corte), que emitió los siguientes pronunciamientos: “(…) i) “PRIMERO: (sic) DECLARAR INADMISIBLE la recusación interpuesta por la ciudadana RAQUEL CRISTINA DIAZ (sic) RUIZ, representadas por las abogadas MILAGRO RENGIFO RINCONES y JINES DEL CARMEN HERRERA, contra la Jueza Suplente del Tribunal Segundo (2°) de Primera  Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas Abg. María Fernanda Godoy  Mayora, por no darse los supuestos legales contenidos en los numerales 7 y 8 del  artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal.  ii) SEGUNDO: (sic) DECLARA LA  TEMERIDAD de la recusación interpuesta por las recusantes y en consecuencia este  Tribunal Colegiado Apercibe por su actuación por primera y única vez a las Abogadas  MILAGRO RENGIFO RINCONES y JINES DEL CARMEN HERRERA, inscritas en  el Inpreabogado bajo los números 77.833 y 81.893 respectivamente, en su carácter de  representantes legales de la ciudadana RAQUEL CRISTINA DIAZ (sic) RUIZ, en su  condición de víctima en la causa penal signada con nomenclatura WP01-S-2020- 00133; iii) TERCERO: (sic) SE ORDENA a la Jueza Suplente del Tribunal Segundo (2°) de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas, Abg. María  Fernanda Godoy Mayora, proceda de forma inmediata a citar a las partes para el  día Viernes catorce (14) de Mayo de 2021, para que tenga lugar la Audiencia  Preliminar, conforme a lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica sobre  el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de dar  cumplimiento a lo establecido en el Literal Segundo de la Resolución 2020-0009, de  fecha 04 de noviembre de 2020, en concordancia con el Literal Noveno de la  Resolución 2021-001, de fecha 29 de abril de 2021, dictada por la Sala de Casación  Penal del Tribunal Supremo de Justicia, donde se esgrimen los lineamientos a seguir  para cumplir con la tutela judicial efectiva (…)”, ello en el marco del juicio penal contra el ciudadano Juan Carlos Curbata Corrales por incurrir supuestamente en los delitos de violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza agravada, actos lascivos y violencia patrimonial previsto y sancionado en los artículos 39, 40, 41 primer aparte, 45 y 50 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

 

Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto, del  7 de junio de 2021, y se asignó la ponencia al Magistrado Arcadio Delgado Rosales.

 

El 4 y 19 de agosto, 3 y 15 de septiembre, 25 de octubre, 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2021, la abogada Milagro Rengifo, actuando como apoderada judicial de la ciudadana Raquel Cristina Díaz Ruíz, ya identificada, interpuso escrito, vía correo electrónico, ante la Secretaría de la Sala, con el cual ratificó su interés en las resultas de la solicitud de acción de amparo constitucional interpuesta.

 

El 13 de diciembre de 2021 y 23 de febrero de 2022, las abogadas Milagro Rengifo y Jinés Herrera, actuando en nombre y representación de la ciudadana Raquel Cristina Díaz Ruíz, ya identificada, interpusieron escrito, vía correo electrónico, ante la Secretaría de la Sala, con el cual ratificaron su interés en las resultas de la solicitud de acción de amparo constitucional interpuesta, formularon alegatos y requirieron sea "acordado con urgencia una audiencia a los efectos de realizar todos los planteamientos urgentes”.

 

El 27 de abril de 2022, se reunieron en el Salón de Audiencias de esta Sala los ciudadanos Magistrados Doctores Gladys María Gutiérrez Alvarado, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Ortega Rios y Tania D’Amelio Cardiet, designados por la Asamblea Nacional en sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2022, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.696 Extraordinario del 27 de abril de 2022, a los fines de la instalación de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, Presidenta, Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta, y los Magistrados Luis Fernando Damiani Bustillos, Calixto Ortega Rios y Tania D’Amelio Cardiet.

 

El 2 de mayo de 2022, se reasignó la ponencia del presente expediente al Magistrado Calixto Ortega Rios.

 

El 9 de mayo de 2022, la abogada Jinés Herrera, actuando en nombre y representación de la ciudadana Raquel Cristina Díaz Ruíz, ya identificada, interpuso escrito, ante la Secretaría de la Sala, con el cual ratificó el interés en las resultas de la solicitud de acción de amparo constitucional interpuesta y formuló alegatos.

 

El 14 de junio y 10 de agosto de 2022, la abogada Milagro Rengifo, actuando como apoderada judicial de la ciudadana Raquel Cristina Díaz Ruíz, ya identificada, interpuso escritos, ante la Secretaría de la Sala, con los cuales ratificó el interés en las resultas de la solicitud de acción de amparo constitucional interpuesta y solicitó pronunciamiento en la presente causa.

 

El 20 de septiembre de 2022, la abogada Jinés Herrera, actuando en nombre y representación de la ciudadana Raquel Cristina Díaz Ruíz, ya identificada, interpuso escrito, ante la Secretaría de la Sala, con el cual ratificó el interés en las resultas de la solicitud de acción de amparo constitucional interpuesta y formuló alegatos.

 

El 27 de septiembre de 2022, vista la licencia autorizada por la Sala Plena de este Alto Tribunal al Magistrado Calixto Ortega Rios y la incorporación de la Magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet, esta Sala Constitucional, queda constituida de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta; Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, Magistrada Tania D'Amelio Cardiet y Magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet.

 

 El 27 de octubre de 2022, se reasignó la ponencia del presente asunto a la Magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

El 27 de octubre de 2022, la abogada Milagro Rengifo, actuando como apoderada judicial de la ciudadana Raquel Cristina Díaz Ruíz, ya identificada, interpuso escrito, ante la Secretaría de la Sala, con el cual ratificó su interés en las resultas de la solicitud de acción de amparo constitucional interpuesta y solicitó pronunciamiento en la presente causa.

 

El 27 de febrero y 13 de abril de 2023, la abogada Jinés Herrera, actuando en nombre y representación de la ciudadana Raquel Cristina Díaz Ruíz, ya identificada, interpuso escritos, ante la Secretaría de la Sala, con los cuales ratificó el interés en las resultas de la solicitud de acción de amparo constitucional interpuesta y solicitó pronunciamiento en la presente causa.

 

El 28 de abril de 2023, esta Sala dictó la Sentencia N.° 413, mediante la cual se decidió que:

 

“(…) PRIMERO: Que esta Sala es COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados en ejercicio Mauricio Izaguirre Luján, Jinés del Cármen Herrera y Milagro Rengifo Rincones, quienes actúan en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana RAQUEL CRISTINA DÍAZ RUÍZ, ya identificada, en contra de la sentencia N.° 0017-2021 dictada, el 10 de mayo del 2021, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia Delitos de  Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, en el expediente identificado con el alfanumérico CA-0083-2021-VCM (nomenclatura de esa Corte).

SEGUNDO: Se ADMITE la referida acción de amparo, en consecuencia se ORDENA la notificación de la presente admisión a los abogados en ejercicio Mauricio Izaguirre Luján, Jinés del Cármen Herrera y Milagro Rengifo Rincones, quienes actúan en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana RAQUEL CRISTINA DÍAZ RUÍZ, ya identificada.

TERCERO: Se ORDENA la notificación del Presidente de la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia Delitos de  Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, o quien haga sus veces, para que comparezca ante la Secretaría de esta Sala, a fin de conocer el día y la hora en que se celebrará la audiencia oral y pública. Igualmente se ordena remitir copias certificadas de la presente decisión y del escrito contentivo de la acción adjunto a la notificación ordenada. Se deja constancia que la ausencia en el acto del referido Juez, no se presumirá como aceptación de las presuntas lesiones denunciadas.

CUARTO: Se ORDENA la notificación del ciudadano Fiscal General de la República sobre la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

QUINTO: Se ORDENA al Presidente de la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia Delitos de  Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, que notifique de la presente admisión al ciudadano Juan Carlos Curbata Corrales, titular de la cédula  de identidad número V-12.911.855, quien tiene el carácter de acusado en el proceso penal primigenio, y a quien ejerza como su abogado defensor,  dentro del lapso de cinco (5) días, contados a partir de la respectiva notificación, con la advertencia que el incumplimiento de la orden acarreará la imposición de la multa prevista en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Cumplida esta actuación, se servirá informar inmediatamente de las resultas de su actuación a esta Sala Constitucional.

SEXTO: Se ACUERDA medida cautelar y, en consecuencia, se SUSPENDEN los efectos de la sentencia N.° 0017-2021 dictada, el 10 de mayo del 2021, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia Delitos de  Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, en el expediente identificado con el alfanumérico CA-0083-2021-VCM (nomenclatura de esa Corte), hasta tanto se resuelva la presente acción de amparo constitucional.

SÉPTIMO: Se ORDENA notificar a la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia Delitos de  Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, y al Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas,  con Competencia en Materia Delitos de  Violencia contra la Mujer del mismo Circuito Judicial Penal, sobre el decreto de la medida cautelar innominada solicitada por la accionante, consistente en la suspensión de los efectos de la sentencia N.° 0017-2021 dictada, el 10 de mayo del 2021, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia Delitos de  Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, en el expediente identificado con el alfanumérico CA-0083-2021-VCM (nomenclatura de esa Corte).

OCTAVO: Se ORDENA a la Secretaría de la Sala que para el cumplimiento expedito de lo aquí decretado, podrá practicar las notificaciones por vía telefónica, conforme con lo señalado en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (…)”.

 

El 12 de mayo de 2023, se recibió en la Secretaría de la Sala, el oficio N.° 007-2023, del 11 de mayo de 2023, mediante el cual el abogado José Luis Díaz Chacón, quien se identificó como Presidente de la Corte de Apelaciones con Competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado La Guaira, remitió una Minuta que contiene información relacionada con la causa penal que se le sigue al ciudadano Juan Carlos Curbata Corrales, titular de la cédula  de identidad número V-12.911.855, quien tiene el carácter de acusado en el proceso penal primigenio, identificado con el alfanumérico WP01-S-2020-000133 (nomenclatura del Tribunal Segundo de Primera Instancia, en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado La Guaira), con la cual señaló a esta Sala, que el 13 de octubre de 2021, con el oficio N.° 073-2021, se remitió  dicho expediente, en original, a la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, visto que esa dependencia conocía sobre un Avocamiento solicitado por los abogados Mauricio Izaguirre Luján, Jinés del Carmen Herrera y Milagro Rengifo Rincones, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana Raquel Cristina Díaz Ruíz. También informó que posteriormente fue notificada la Presidencia de la Corte de Apelaciones con Competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado La Guaira, por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, sobre la Sentencia N.° 206 del 25 de noviembre de 2021, dictada en la solicitud de Avocamiento, la cual entre otros aspectos decidió: “(…) CUARTO: Se ORDENA sustraer el expediente del Circuito Judicial con Competencia en Materia Delitos de Violencia contra la Mujer del estado La Guaira, y remitirlo al Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Miranda. QUINTO: Se acuerda la remisión del presente expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, a los fines de que sea distribuido a un Juzgado en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer, para que continúe conociendo del presente proceso penal (…)”.

 

El 12 de junio de 2023, se recibió en la Secretaría de la Sala, escrito presentado y suscrito por  el ciudadano Juan Carlos Curbata Corrales, titular de la cédula  de identidad número V-12.911.855, actuando sin asistencia técnica, quien tiene el carácter de acusado en el proceso penal primigenio, identificado con el alfanumérico WP01-S-2020-000133 (nomenclatura del Tribunal Segundo de Primera Instancia, en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado La Guaira), quien en esa misma oportunidad realizó planteamientos, presentó alegatos y formuló pedimentos; entre ellos señaló que:

 

“(…) Solicito muy respetuosamente las revocatoria de las medidas de seguridad y protección impuestas el 3 de marzo de 2022 y el cierre definitivo del expediente, por tener decretado un sobreseimiento definitivo y firme en la audiencia preliminar del 6 de septiembre de 2021, por la jueza Dra. María Fernanda Godoy, a cargo del Tribunal Segundo de Primera Instancia, en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado La Guaira (…)”. También refirió que: “(…) He tenido muchos obstáculos para hacer uso de los recursos y mecanismos que el ordenamiento jurídico dispone para oponerse a las medidas impuestas de manera injusta. Fue el día 30 de mayo de 2022 que finalmente logré consignar ante el Tribunal Quinto de Primera Instancia, en Funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda, la solicitud de revocación  de las medidas de protección y seguridad que se me impusieron de  manera injusta por ese tribunal el día 3 de marzo de 2022, teniendo yo decretado un sobreseimiento firme a mi causa (…)”.

 

El 20 de junio de 2023, se recibió en la Secretaría de la Sala, las resultas de la remisión del oficio identificado con el alfanumérico TSJ/SCS/OFIC/0578-2023, emitido el 10 de mayo de 2023, dirigido al abogado José Luis Díaz Chacón,  Presidente de la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Estado La Guaira, remitiendo copia certificada de la sentencia N.°  413, del 28 de abril de 2023, dictada por esta Sala en esa misma fecha.

 

El 9 de octubre de 2023, esta Sala dictó la Sentencia N.° 1397, mediante la cual se decidió que:

 

“(…) PRIMERO: Se ORDENA a la  Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, la inmediata remisión de la causa identificada con el alfanumérico WP01-S-2020-000133 (nomenclatura del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Estado La Guaira), la cual actualmente cursa ante el Tribunal Quinto, en Funciones de Control, del Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda, contentiva del proceso penal instaurado contra el ciudadano Juan Carlos Curbata Corrales, titular de la cédula  de identidad número V-12.911.855, y en el cual aparece como víctima la ciudadana RAQUEL CRISTINA DÍAZ RUIZ, dentro del lapso de tres (3) días continuos siguientes al recibo del oficio que a tal efecto se ordena librar, más el término de la distancia de un (1) día,  con la advertencia que los casos atendidos por esta Sala Constitucional se caracterizan por ser de alta relevancia, y sus decisiones son de urgente y obligatorio cumplimiento, en vista de los derechos constitucionales que pudieren resultar afectados; por tanto, se le advierte que la desatención a las órdenes impartidas por esta Sala, en el suministro inoportuno de las informaciones, datos o expedientes que solicitare, acarrean para el infractor la posibilidad de incurrir en desacato de la decisión judicial o desobediencia a la autoridad, sancionada con la multa establecida en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que prevé lo siguiente:

 “Multas por Desacato.

Artículo 122. Las Salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multa equivalente hasta doscientas veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, a las personas funcionarias o funcionarios que no acataren sus órdenes o decisiones o no le suministraren oportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar”.

 SEGUNDO: Se ORDENA notificar al Tribunal Quinto, en Funciones de Control, del Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda, que esta Sala el 28 de abril de 2023, dictó la Sentencia N.° 413, con la cual entre otras decisiones, se acordó el decreto de la medida cautelar innominada solicitada por la accionante, ciudadana RAQUEL CRISTINA DÍAZ RUIZ, consistente en la suspensión de los efectos de la sentencia N.° 0017-2021 dictada, el 10 de mayo del 2021, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal con Competencia en Materia Delitos de  Violencia contra la Mujer  del Estado La Guaira, en el expediente identificado con el alfanumérico CA-0083-2021-VCM (nomenclatura de esa Corte).

TERCERO: Se ORDENA a la Secretaría de la Sala que para el cumplimiento expedito de lo aquí decretado, podrá practicar las notificaciones por vía telefónica, conforme con lo señalado en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (…)”.

 

El 31 de octubre de 2023, se recibió en la Secretaría de la Sala, el oficio N.°  1711-23, del 30 de octubre de 2023, mediante el cual el abogado Bernardo Antonio Odierno Herrera, quien se identificó como Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, remite el oficio N.° 2363/2023, del 27 de octubre de 2023, suscrito por la abogada Sharlott Carolina Di Salle Navas, quien en su carácter de Jueza del Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda, remitió el expediente original identificado con el alfanumérico 5CM-474-21 (nomenclatura de ese Juzgado), constante de veinticinco (25) piezas, que contiene la causa penal seguida al ciudadano Juan Carlos Curbata Corrales, y en el cual aparece como victima la ciudadana Raquel Cristina Díaz Ruíz, dando cumplimiento con lo ordenado en la sentencia N.° 1397, del 9 de octubre de 2023, dictada por esta Sala Constitucional.

 

El 28 de noviembre de 2023, se recibió en la Secretaría de la Sala, las resultas de la remisión del oficio identificado con el alfanumérico TSJ/SCS/OFIC/1847-2023, emitido el 27 de octubre de 2023, dirigido al abogado Bernardo Antonio Odierno Herrera, Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, remitiendo copia certificada de la sentencia N.° 1397, del 9 de octubre de 2023, dictada por esta Sala en la misma fecha.

 

El 28 de noviembre de 2023, se recibió en la Secretaría de la Sala, las resultas de la remisión del oficio identificado con el alfanumérico TSJ/SCS/OFIC/1886-2023, emitido el 2 de noviembre de 2023, dirigido a la abogada Sharlott Carolina Di Salle Navas, en su carácter de Jueza del Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda,  remitiendo copia certificada de la sentencia N.° 1397, del 9 de octubre de 2023, dictada por esta Sala en la misma fecha.

 

El 17 de enero de 2024, se constituyó esta Sala Constitucional en virtud de la elección de la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia, la misma quedó integrada de la manera siguiente: Magistrada Tania D'Amelio Cardiet, Presidenta; Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta; Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos y Magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet, ratificándose como ponente del presente caso a la Magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

En fechas 24 de enero, 16 de febrero, 3 de mayo, 22 de octubre y 14 de noviembre  de 2024, la abogada Milagro Rengifo, actuando como apoderada judicial de la ciudadana Raquel Cristina Díaz Ruíz, ya identificada, interpuso escrito, ante la Secretaría de la Sala, con el cual ratificó su interés en las resultas de la solicitud de acción de amparo constitucional interpuesta y solicitó pronunciamiento en la presente causa.

 

El 21 de marzo de 2025, la abogada Milagro Rengifo, actuando como apoderada judicial de la ciudadana Raquel Cristina Díaz Ruíz, ya identificada, mediante escrito presentado ante la Secretaría de la Sala, solicitó pronunciamiento de la presente causa.

 

Efectuado el análisis del escrito de solicitud consignado en el presente caso, esta Sala para decidir, pasa a hacer las siguientes observaciones:

 

I

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

Se desprende del escrito de la solicitud de amparo presentado, que la tutela constitucional invocada está dirigida contra la decisión N.° 0017-2021 dictada, el 10 de mayo del 2021, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, en el expediente identificado con el  alfanumérico CA-0083-2021-VCM (nomenclatura de esa Corte).

Del análisis del caso, se evidencia que los solicitantes interpusieron la acción de amparo constitucional a favor de su representada  ciudadana Raquel Cristina Díaz Ruíz, ya identificada, y denunciaron que presuntamente se le ha vulnerado los derechos y las garantías constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso, a la defensa, al juez natural, de participación en el proceso, a ser oída, a la igualdad de trato en el proceso, a la verdad, a la justicia y a la reparación, consagrados  en los artículos 19, 23, 26, 27, 49 encabezado y numerales 1 y 4 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente y fundamentaron dicha acción en los artículos 1, 2 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en virtud de ello argumentaron lo siguiente:

 

“Es el caso que en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil veinte (2020), se presenta ante el Tribunal Primero (1º) de Violencia Contra La Mujer del Estado La  Guaira, el ciudadano JUAN CARLOS CURBATA CORRALES, titular de la cédula  de identidad número V-12.911.855, siendo que en esa oportunidad, la víctima en la presente causa ciudadana RAQUEL CRISTINA DIAZ (sic) RUIZ, titular de la Cédula de Identidad No. V-16.661.326, venía advirtiendo situaciones relacionadas con  violencia física, acoso u hostigamiento, amenaza agravada, actos lascivos y violencia  patrimonial, la juzgadora en su oportunidad impuso medidas de protección a favor de la víctima conforme a los numerales 5º y 6º del artículo 90 de la Ley Orgánica Sobre  el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

En fecha dieciséis (16) de octubre del mismo año, transcurriendo un aproximado  de cinco (05) meses, estando la víctima fuera de su hogar con dos niños y luego de  múltiples solicitudes por ante el Ministerio Público, en razón que el imputado JUAN CARLOS CURBATA CORRALES, no respetaba ninguna medida y eran continuos y reiterados los actos de amenazas y acoso u hostigamiento en contra de la ciudadana  RAQUEL CRISTINA DIAZ (sic) RUIZ, el Ministerio Público solicita mediante escrito  por ante el referido juzgado especial una modificación de las medidas de protección, a  través de una revisión (Consignamos copia de los folios 29 al 41 de la pieza I del  expediente principal signado con el número de asunto: WJ02-2020-0001 número  antiguo WP01-S-2020-0000133, marcada ‘K’ ), solicitando la modificación de las  medidas existentes de conformidad con lo establecido en los artículos 91 y 94 de ley especial, por las previstas del artículo 90 numerales 4 y 11 de la misma ley y requiriendo igualmente se fijara audiencia formal de imputación, conforme a la  sentencia 537 del doce (12) de julio de dos mil diecisiete (2017) emanada del Tribunal  Supremo de Justicia. Siendo que transcurrieron dos meses y fue necesario que  interpusiéramos formal escrito de querella en data diecinueve (19) de noviembre de dos mil veinte (2020); siendo esta admitida el treinta (30) de noviembre, obteniendo nuestra cualidad de PARTE en el proceso.

En fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil veinte (2020), la defensa del  imputado JUAN CARLOS CURBATA CORRALES, introduce un amparo por falta  de pronunciamiento en contra de la juzgadora Primero (1º) de Control, alegando el  vencimiento de los lapsos procesales, el cual en esa oportunidad, no tenía tramitación  inmediata por cuanto no había corte especializada constituida. 

En fecha treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020), la juzgadora del Tribunal Primero de Primera Instancia Audiencia y Medidas de Violencia Contra  la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, modificó las medidas de  protección existentes, acordando la reinserción de la víctima RAQUEL CRISTINA  DIAZ (sic) RUIZ, en el hogar común con la salida inmediata del agresor JUAN CARLOS  CURBATA CORRALES. 

En fecha dos (02) de diciembre, se llevó a cabo el formal acto de imputación, en  donde la Fiscal Cuarta (4º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del  Estado La Guaira, imputó al ciudadano JUAN CARLOS CURBATA CORRALES los delitos de Violencia Psicológica, Acoso u Hostigamiento, Amenaza Agravada,  Actos Lascivos y Violencia Patrimonial, previstos y sancionados en los artículos 39,  40, 41, 45 y 50 de la ley de género, donde de igual forma, solicitó se ratificara las  medidas de protección YA MODIFICADAS y requirió se impusiera medida cautelar  especializada, conforme a las previsiones del artículo 95 numerales 2º y 6º de la misma  ley y 242 numeral 5º y 8° del Código Orgánico Procesal Penal; la juzgadora analizando  los elementos de convicción presentados para el acto de imputación por el Ministerio  Público, así como lo advertido en el escrito de querella presentado por quienes  suscriben, ratifica las medidas de protección 3, 4 y 11 del artículo 90 ejusdem y acuerda  imponer medidas cautelares 95 numerales 2º y 6 de la ley especial y 242 numeral 3º  del Código Orgánico Procesal Penal.  

En fecha cuatro (04) de diciembre de 2020, la defensa pública del imputado  JUAN CARLOS CURBATA CORRALES, presentó RECUSACIÓN POR  ESCRITO, en contra de la Juzgadora REINA BIGOTT, a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control Audiencia y Medidas del Circuito  Judicial Penal del Estado la Guaira. 

En fecha siete (07) de enero de dos mil veintiuno (2021), la Fiscal 4º del  Ministerio Público del Estado La Guaira, presenta Escrito de Acusación en contra del  ciudadano JUAN CARLOS CURBATA CORRALES, por los delitos de Violencia  Psicológica, Acoso u Hostigamiento, Amenaza Agravada, Actos Lascivos y Violencia  Patrimonial, previstos y sancionados en los artículos 39, 40, 41, 45 y 50 de la ley de  género. 

En fecha primero (1) de febrero la Corte de Apelaciones especializada del Estado  La Guaira, actuando en sede constitucional, solicita mediante oficio 002-2021 al  Tribunal Segundo (2º), se le remita copia de las actuaciones del expediente número  WP-01-S-2020-000133, a los efectos de tramitar el amparo instaurado por la  defensa del ciudadano JUAN CARLOS CURBATA; en fecha tres (03) de febrero,  mediante oficio 003-2021, la corte ratifica la solicitud requerida entorno al  expediente. ( toda vez que el accionante NO CONSIGNO (sic) COPIAS NI SIMPLES  NI CERTIFICADAS DE LAS DECISIONES ACCIONADAS EN AMPARO, SIN  EMBARGO LA CORTE AGRAVIANTE EN ESTE CASO SUSTITUYO (sic) A LA  PARTE ADMITÓ Y REQUIRIÓ EL EXPEDIENTE (folios 193 de las copias de  la decisión de la causa CA-0077-2021 de AMPARO CONSTITUCIONAL, ya consignada con la letra “F”). 

En fecha dos (02) de febrero, en nuestro carácter de representante de la víctima,  luego que el primero del mismo mes, solicitáramos acceso al expediente del amparo en  calidad de parte; toda vez que la corte especializada había habilitado para resolver la  acción instaurada por la defensa del imputado JUAN CARLOS CURBATA  CORRALES, NOS FUE NEGADO TODO ACCESO AL LEGAJO DEL  AMPARO DESCONOCIENDO NUESTRA CUALIDAD DE PARTE  PRESENTAMOS UN ESCRITO POR ANTE LA CORTE DE APELACIONES,  SOLICITANDO SE NOS RECONICERA (sic) NUESTRA CUALIDAD DE  INTERESADOS EN EL PROCESO, SE NOS PERMITIERA LA  INTERVENCIÓN EN EL AMPARO QUE ESTABA INCOADO Y SE NOS  DIERA COPIA DEL EXPEDIENTE (anexamos fotocopias de la solicitud,  marcado ‘L’).

En fecha cuatro (04) de febrero, consignamos mediante diligencia, solicitud de  repuesta ante Tercería de Amparo, así como las copias que veníamos solicitando  (anexamos en foto la diligencia marcado ‘M’); en igual contexto, en fecha cinco (05) de febrero, solicitamos igualmente repuesta a nuestra petición y las copias  requeridas, no dando la corte repuesta alguna. (Consignamos marcada ‘M1’) Ahora bien, increíblemente, la Corte de Apelaciones Agraviante, el cinco (05) de  febrero de dos mil veintiuno (2021), entra a conocer del amparo interpuesto por la  defensora pública MAIRY QUIJADA “y de una supuesta ampliación de amparo constitucional, interpuesto por la nueva defensora privada MARGHERITA COPPOLA”.

Ahora bien, de la revisión de la decisión del amparo, que es lo único que para la  fecha habíamos tenido acceso, se pudo constatar, que: PRIMERO: La Dra. MAIRY  QUIJADA, presuntamente solicita una acción de amparo por violación de Tutela  Judicial Efectiva, Debido Proceso y Derecho a la Defensa, por considerar que después de celebrarse en fecha 21 de mayo de 2020 la audiencia para oír al imputado, hubo  omisión por parte de la ciudadana jueza al no emitir pronunciamiento de las solicitudes  del 06 de julio, 24 de agosto, 08 de septiembre y 03 de noviembre, en virtud de la  inexistencia de pronunciamiento por parte de la juez, en torno a los requerimientos  establecidos conforme a los artículos 81, 82 y 94 de la ley especial, en razón de los  lapsos procesales, solicitando de igual manera la defensora que se paralizara la causa  por la tramitación del amparo.

Ahora bien, se puede observar que la Corte de Apelaciones agraviante NO  SOLO EN LA DECISIÓN ACCIONADA, sino en cualquier solicitud del  IMPUTADO, en sus proceso accionados por el (sic) o no HA ACTUADO CON TOTAL VIOLACIÓN AL DERECHO DE IGUAL DE TRATO EN LOS PROCESO (sic), ya que mientras a la Victima (sic) NUNCA LE TRAMITÓ SU SOLICITUD DE INTERVENCIÓN, al IMPUTADO JUAN CARLOS CURBATA, sin estar  funcionando la corte, sin haber admitido el amparo y sin haber despacho  saneador, tal como lo prevé la normativa especializada en materia de amparo constitucional, la nueva defensa privada, en fecha trece (13) de enero de dos mil  veintiuno (2021), hace una ampliación de la acción de amparo, haciendo alegatos  totalmente distintos de la falta de pronunciamiento objeto de la acción de amparo inicial incoada, ampliando el contexto, no solo en torno a los lapsos procesales, descontextualizando la decisión creando un falso presupuesto, por cuanto  incorpora elementos que no habían sido advertidos en el amparo, ya que el mismo  era supuestamente del dieciséis (16) de noviembre de dos mil veinte (2020) y hace  alegatos de hechos ocurridos el dos (02) de diciembre.

Es importante destacar que frente a cualquier solicitud de la defensa la Corte de  Apelaciones ha actuado de forma inmediata. Al punto que sustituyo la obligación legal  del consignar la copias de sus alegatos y pido copia del expediente. 

Tramitado el amparo, la Corte de Apelaciones declara su competencia y procede  admitir el amparo, destacando el artículo 6 y dejando constancia que de la revisión  exhaustiva del amparo interpuesto por Margherita Coppola y de la acción incoada por  la defensa pública, entra analizar las actuaciones de la juzgadora, presunta agraviante,  dejando constancia que la presunta agraviante no dio repuesta a las solicitudes de la  accionante, y entrar a debatir los elementos de la investigación y del contexto y luego  hace un alegato con respecto a las previsiones de los lapsos procesales, advirtiendo  textualmente lo siguiente: ‘… toda vez que se evidencia de igual forma que la  Representación Fiscal no solicitó la prórroga adicional establecido en el artículo 82  ejusdem, y que; una vez vencido el lapso original, sin que la Fiscalía Cuarta (4º) del  Ministerio Publico (sic) hubiere dictado el acto conclusivo correspondiente, la jueza no  dio cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 106 de la ley especial,  referido a la prórroga extraordinaria; es decir, notificar de dicha omisión al o la fiscal  que conoce del caso, y al o la fiscal superior, exhortándolo a la necesidad de presentar  las conclusiones de investigación, en un lapso extraordinario y definitivo que no  excederá de diez (10) días continuos…’.

Luego pasa hablar del acto de imputación, dejando constancia que el veinte (20)  de noviembre de dos mil veinte (2020), la agraviante acuerda las medidas solicitadas  por la fiscal 3, 4 y 11 y luego dice que se mantuvieron las del artículo 90 numerales 5  y 6 de la ley especial, para posteriormente dejar sin efecto las medidas contenidas en  el artículo 90 numerales 5, 6 y 11 y 95 numerales 2 y 6, hace un punto previo negando  nuestra participación a la Acción de Amparo, así como las solicitudes de copias y es en  la dispositiva, sin punto previo dentro de la motiva de la decisión, que menciona  declararla de mero derecho, para luego declarar improcedente el amparo, modificando  las medidas de protección, ordenando la ejecución inmediata, así como oficiar a la  Inspectoría para iniciar una investigación disciplinaria para la juzgadora Primero de  Control y a la Fiscal Cuarta por la omisión fiscal. 

Ahora bien, en el conocimiento pleno que en fecha diez (10) de febrero de dos  mil veintiuno (2021), anunciamos apelación en contra de esta decisión irregular,  descontextualizada e irresponsable, de una corte especializada, la cual nos tocó  fundamentar a ciega, porque ya el mismo once (11) se habían desprendido del  expediente desconocemos si tramitando la apelación de nosotros o de la defensa, para la Sala Constitucional, YA QUE JAMÁS SE NOS DIO ACCESO A ESE AMPARO,  por cuanto para el Órgano Colegiado Agraviante, nosotros NO ERAMOS PARTES y  rechazó nuestra cualidad de interesados porque a su juicio LOS AMPAROS NO  ADMITEN TERCERIAS (sic). 

En fecha veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021), el Juzgado  Primero (1º) de Control de Violencia Contra La Mujer del Estado La Guaira, a cargo  de la abogada REYNA BIGOTT, se desprende de la causa número asunto propio  WJ02-S-2020-0001 asunto: WP01-S-2020-00133, mediante oficio 057-2021, en  razón de la Recusación que fuera presentada en su contra por parte de la defensa del  ciudadano JUAN CARLOS CURBATA CORRALES. 

En fecha primero (1) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), consta Auto de  Abocamiento de la juzgadora del Tribunal Segundo de Control de la misma  jurisdicción, abogada MARIA (sic) FERNANDA GODOY MAYORA; llamando  poderosamente la atención, que si la Unidad Receptora del Documento recibió las  actuaciones el veintinueve (29) de enero del mismo año; es decir, el día viernes,  operando del primero (1º) al siete (7) de Febrero 2021, semana radical, que  presuponemos no tenía despacho ordinario, ningún tribunal de la República, sólo por  las semanas de flexibilización decretadas por el Ejecutivo Nacional, considerándose  hábiles los días de lunes a viernes en todo los Tribunales de la República, durante ese  lapso de flexibilización; así como deja asentado que no correrá lapso procesal alguno,  no existiendo despacho ordinario durante la semana de restricción; por lo que no  entendemos, como la Juzgadora del Tribunal Segundo (2) de Control se aboca a la  revisión de la causa (Consignamos copia del folio 89 segunda pieza del expediente signado con el número de asunto: WJ02-2020-0001 número antiguo WP01-S 2020-0000133 , marcada ‘N’), cuando (no tenía despacho ni actividades, sino las  urgentes en razón de su guardia), para posteriormente recibir e instruir la causa al punto  que en fecha lunes ocho (08) de febrero, sin haber dado auto de canalización procesal  de la situación jurídica del expediente, es decir, no hay un auto explicativo donde una  vez dada la entrada al expediente verifica su situación procesal, notifica el abocamiento  a las partes y de continuidad al proceso, además que deje constancia que está actuando  en la causa, pese a que no es su juez natural, en razón de la recusación de la cual fuere  objeto la juzgado del primero de control.

Luego de ello, levanta un auto no identificado, en el cual se deja constancia de  “en virtud de que este tribunal acordó fijar la celebración de la AUDIENCIA PRELIMINAR, prevista en el artículo 107 del Código Orgánico Procesal Penal (sic), en la causa seguida al ciudadano JUAN CARLOS CURBATA CORRALES, titular  de la cédula de identidad NºV-12-911.855, para el día, JUEVES ONCE (11) DE  FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021) LAS 9:30 (sic) HORAS  DE LAS MAÑANA, asimismo se acuerda librar boleta de notificación a todas las  partes” (Consignamos copia del folio 93 segunda pieza del expediente signado con  el número de asunto: WJ02-2020-0001 número antiguo WP01-S-2020-0000133, marcada ‘N1’).

En esa misma fecha, vista la irregular convocatoria, nos fue presentado en calidad  de representante de la víctima boleta de notificación, en la cual al momento de  recibirla, dejamos constancia de la violación procesal en la que se estaba incurriendo  contra nuestra representada a tenor de no dar el lapso procesal para presentar la  Acusación Particular Propia o en su defecto adherirnos a la acusación fiscal, a la cual  dicho sea de paso, no habíamos tenido acceso para verificar; por lo que, en esa misma  fecha introdujimos una diligencia dejando constancia de la irregularidad y solicitando  el saneamiento del acto, conforme al artículo 175 y 176 del Código Orgánico Procesal  Penal (Consignamos copia del folio 106 segunda pieza del expediente signado con  el número de asunto: WJ02-2020-0001 número antiguo WP01-S-2020-0000133 ,  marcada “N2”),. En fecha nueve (09) de los corrientes, presentamos escrito,  solicitando copia de la acusación fiscal, así como de las otras actuaciones que constaban  en el expediente y dejamos constancia de la negativa de acceso al mismo  (Consignamos copia de los folio 103 y 104 segunda pieza del expediente signado  con el número de asunto: WJ02-2020-0001 número antiguo WP01-S-2020- 0000133, marcada N3 y N4). 

En esa misma data, una vez que revisamos el legajo de la causa, dejamos  constancia que no estaba dentro de ninguna de sus piezas, las solicitudes presentadas  para las fechas ocho (08) y nueve (09) y que seguía corriendo el lapso para la audiencia  convocada, sin que nosotras tuviéramos respuesta a nuestra solicitud Consignamos  copia del folio 105 segunda pieza del expediente signado con el número de asunto:  WJ02-2020-0001 número antiguo WP01-S-2020-0000133 , marcada “N5”). Frente  a la falta de respuesta, comparecimos al tribunal nuevamente el día diez (10) de febrero  de dos mil veintiuno (2021) e igualmente dejamos constancia, que no nos fue facilitado  el expediente, no teníamos información del saneamiento requerido y tampoco se nos  había acordado la copia requerida para presentar nuestro ejercicio de acción penal y así  lo hicimos constar, siendo las once (11) de la mañana, por ante el tribunal (Consignamos copia del folio 140 segunda pieza del expediente signado con el  número de asunto: WJ02-2020-0001 número antiguo WP01-S-2020-000013 ,  marcada “N6”) presentando, en virtud de tantas irregularidades, nuestra primera  RECUSACIÓN ante el tribunal Segundo en contra de la juzgadora a la once y cuarenta  y dos (11:42) horas de la mañana por las irregularidades antes nombradas del cual no  consta información. 

Es el caso, que casualmente, luego que nosotros advertimos todas las  irregularidades y recusamos, al lograr tener acceso vía digital al expediente (porque  hasta el día de hoy no hemos tenido las copias simples ni certificadas del expediente,  sólo nos facilitaron en digital escaneado de las dos piezas), pudimos observar que  consta del folio 128 al 130 de la pieza II del expediente, decisión del Tribunal Segundo  de Control, mediante la cual deja constancia entre otras cosas de lo siguiente: “Al respecto, es importante resaltar que el artículo 106 de la Ley Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, en su último aparte señala que …la víctima tiene la potestad de ejercer la acusación particular propia, si vencida la prórroga extraordinaria o el o la fiscal no hubiera (sic) presentado el acto conclusivo… Se observa de la revisión del presente asunto, que se dio inicio al proceso, en  fecha veintiuno de mayo de dos mil veinte , por la aprehensión en flagrancia del ciudadano JUAN CARLOS CURBATA, transcurriendo más de cuatro meses de investigación sin que el Ministerio Público solicitara la prorroga correspondiente a la que alude la norma parcialmente transcrita up supra. También se evidencia que la víctima estaba debidamente representada por sus abogados querellantes quienes han podido interponer acusación particular propia tal y como lo refiere la ley especial”. (Copia del auto de fecha 10 de febrero de 2021, que fuere consignada con marcado ‘G’). 

Es decir, que la juzgadora de la causa de marras, ESTABLECIÓ, QUE HABIA FENECIDO LOS LAPSOS PARA QUE EL FISCAL PRESENTARE EL ACTO CONCLUSIVO, aunado a que dejó sentado que y transcribo textual que: También se evidencia que la víctima estaba debidamente representada por sus abogados querellantes quienes han podido interponer acusación particular propia tal y como lo refiere la ley especial. Es decir que ya la juzgadora en este proceso sin que se haya realizado la AUDIENCIA PRELIMINAR, DEJÓ SENTADO QUE OPERÓ LA OMISIÓN FISCAL, al afirmar y cito textual “, transcurriendo más de cuatro meses de investigación sin que el Ministerio Público solicitara la prorroga correspondiente a la que alude la norma parcialmente transcrita up supra”. Y que “…la víctima tiene la potestad de ejercer la acusación particular propia, si vencida la prórroga extraordinaria o el o la fiscal no hubiera (sic) presentado el acto conclusivo…”.

De igual manera también dijo que debíamos haber presentado la acusación particular propia, que pone en duda la temporalidad de la acusación Lo cual advierte, en la presente causa un evidente adelanto de opinión, toda vez,  que no se ha efectuado acto preliminar alguno y no constaba para el momento de la  decisión, escrito de excepción o planteamiento de la defensa, que soportaran el  fundamento alegado por la juzgadora, ya que la solicitud que inspiro su  pronunciamiento, había sido instaurada por la representación querellada de la víctima  RAQUEL CRISTINA DIAZ (sic) RUIZ, conforme a las previsiones del artículo 309 del  Código Orgánico Procesal Penal aplicado por remisión directa del artículo 67 de la ley  especial de género y no con respecto a ninguna omisión fiscal, de manera tal que es  evidente que la juzgadora, en un TOTAL desorden procesal, adelantó opinión al fondo  advirtiendo una situación jurídicamente inexistente, por cuanto ella misma en el  extracto de su resolución deja constancia, que debe fijar las audiencias solo durante la  semana de flexibilización en razón a la instrucción de la sala plena, por lo cual, si no  corría lapso cuando no existía flexibilización, entonces como va a operar una omisión  fiscal, lo que a todas luces revierte no solo un adelanto de opinión de la juzgadora,  además una contradicción de su propio dicho, y un desacato directo tanto al decreto de  excepción de estado de alarma, dictado en marzo de 2020, como a todas las  resoluciones vinculante para los tribunales, numeradas del 001 al 008, que fueron  emanadas de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.  

Ahora bien Increíblemente, pese a que existía desde diciembre pendiente de  pronunciamiento una recusación en contra de la Juzgadora Primera de Control de  Violencia Contra la Mujer desde el 04 de diciembre de 2020 (JUEZA NATURAL  DE LA CAUSA PRINCIPAL), la Corte especializada entra a conocer primero de  la recusación presentada por la víctima en contra de la juzgadora Segunda de  Control de la misma jurisdicción, la tramita primero dando incluso entrada  primero y le asigna el N° CA-0080-2021, la cual fue recibida el 12 de febrero de  2021 y acuerdan darle entrada el 16 de marzo de 2021, ENTRA A CONOCER LA  RECUSACIÓN, EMITIENDO DECISIÓN EL 19 DE MARZO DE 2020, donde  deja constancia que “Observa este tribunal Colegiado, que a todas luces la Jueza  suplente del Tribunal A quo Dra. María Fernanda Godoy Mayora, se desprendió de  la causa Principal a partir del día 10 de febrero 2021 a las doce del medio día (sic)…”; y con fundamento en ello declara sin Lugar la Recusación (consignamos  fotostato del folio 44 del EXPEDIENTE CA-0080-2021, cuya decisión de fecha  19 de Marzo de 2021, que fue consignada marcada ‘K’).

Pero para mayor gravedad, consta al folio 150 de la II pieza del expediente, auto  de fecha 11 de febrero de 2021, mediante la cual levanta Acta Jurando Cumplir con las  Obligaciones interpuestas por el Tribunal, donde la jueza recusada MARIA (sic)  FERNANDA GODOY M, es decir no dejó sentada la Magistrada OLIMPIA  MULLER, que la juzgadora se había desprendido el DÍA 10 DE FEBRERO DE  2021 A LAS 12 DE MEDIODÍA, por lo que cabe preguntarse cómo es que al día  siguiente de la recusación; es decir (habiéndose desprendido del expediente), impone  al ciudadano JUAN CARLOS CURBATA CORRALES, de unas obligaciones en el  cual, primero: el imputado miente descaradamente sobre su dirección de residencia,  cuando, si la juzgadora hubiere revisado el expediente, es claro, que desde el 02 de  diciembre de 2020, el referido imputado, le fue ordenada su salida de la residencia  ubicada en el kilómetro 23 del Junquito, Urbanización El Tiburón, Calle Los Pinos, casa  Nº 47, Parroquia El Junko y a pesar de ello, la juzgadora recusada, deja sin efecto las  medidas de protección establecidas en el artículo, 90 numerales 5, 6 y 11 y las medidas  cautelares del 95 numerales 2 y 6 de la ley especial, asimismo, consta al folio 152 de  fecha 11 de febrero donde la juez recusada, emite oficio número 079-2021 al Director  Interpol al folios 153 oficio 078 al Director de Migración de Servicio Autónomo de  Migración y Extranjería, al folio 154 oficio número 182-2021 al Coordinador del  Equipo Multidisciplinario del Tribunal de Violencia, al folio 155 oficio 083-2021 este  y todos los anteriores de fecha 11 de febrero de 2021.( soportes que fueron  consignamos marcado ‘H’, copia del auto emitido en la causa principal WJ02- S-2020-00001/ WP01-S-2020-000133, marcado ‘H1’, copia de oficio N°078-2021  dirigido al SAIME; marcado ‘H2’, copia del oficio N° 082-2021; marcado ‘H3’  copia del oficio N° 083-2021, dirigido a la Oficina de Presentaciones de  alguacilazgo todos de fecha 11 de febrero de 2021, es decir un día después de que  supuestamente la jueza recusada se había separado del conocimiento de la causa).

En razón de tanta irregularidades, presentamos formal denuncia por escrito en  data 07 de marzo de 2021, vía correo electrónico, por ante la Inspectoría General de  Tribunales la cual fue ratificada y remitida para inicio de procedimiento disciplinario  en contra de la jueza recusada MARIA (sic) FERNANDA GODOY, en data 13 de  abril de 2021, siendo entregada en físico en data 14 de abril de 2021, para su  trámite efectivo, proceso que de acuerdo a la información de la Inspectoría General fue notificada a la referida jueza. ( los cuales rielan a los folios 28 y 29 de la  Copia Certificada del expediente CA-0083-2021-VCM, consignado previamente  con la letra ‘C’). 

En fecha 15 de marzo de 2021, la Corte de Apelaciones le da entrada a la  recusación, cuya remisión he informe había sido remitidos a la referida  magistratura desde el 29 de enero de 2021, en data 16 de marzo de 2021, le da  entrada a tramitación a la segunda recusación interpuesta por la Defensa de  Imputado, el 17 de marzo de 2021, se recibe en la Corte de apelaciones escrito de  la Defensa Privada donde RATIFICA LOS MEDIOS DE PRUEBAS  PROMOVIDOS EN LA RECUSACIÓN Y SOLICITA UNA AUDIENCIA PARA  OIR AL TESTIGO; SIN EMBARGO DE LA REVISIÓN DEL ESCRITO  PRESENTADO POR LA DEFENSORA PÚBLICA, NO PRESENTÓ MEDIOS  DE PRUEBAS ALGUNO, Y ASI LO ALEGA Y AFIRMA LA JUEZA REINA  BIGOTT EN SU ESCRITO DE INFORME, PERO INCREIBLEMENE  NUEVAMENTE LA CORTE DE APELACIONES NO DECLARA LA  INADMISIÓN IN LIMINE LITIS, SINO QUE PERMITIÓ A LA DEFENSA  CONSINAR PRUEBAS DESPUÉS DEL DESCARGO DE LA JUEZA (tres  meses después de presentada) Y LAS ADMTIO A VALORACIÓN, FIJANDO  INCLUSO UNA AUDIENCIA PARA ESCUCHAR AL IMPUTADO; es decir  vuelve la CORTE AGRAVIANTE, a operar en favor del Imputado y supliendo  las faltas de soportes de sus alegatos. (Consignamos copia del escrito de descargo  de la jueza del Tribunal Primero de Primera Instancia Audiencia y Medidas de  Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira en  EXPEDIENTE CA-0081-2021, consignamos marcada ‘Ñ’).

Notifica a todas las partes de la ADMISIÓN DE LA RECUSACIÓN Y DE  LAS PRUEBAS, ASÍ COMO DE LA FIJACIÓN DE AUDIENCIA PARA OIR  AL RECUSANTE, por lo que cabe preguntarse porque a las solicitudes de la  defensa se les permite correcciones de errores y la corte de oficio le permitió  presentar prueba fuera de lapsos y peor como es que en este caso signado CA 0081-2021, TOMADA LA DECISIÓN ESTABLECEN LOS SIGUIENTE: “… lo  procedente y ajustado a derecho es declarar sin Lugar, la incidencia de recusación…  Respecto al escrito de Recusación y la ratificación de los medios de pruebas  de la abogada recurrente se desprende de presente escrito cursante al folio 19 y vuelto  y el folio 21 de la presente recusación, que del asunto principal signado con el N° WP01-S-2020-000133, en el cual existe Acción de Amparo Constitucional de esta  Alzada en fecha 05 de febrero de 2021 signado con la numeración (WP01-0-2020- 00003)incoado contra la ciudadana Jueza Reina Bigott Jueza Primera de Primera  Instancia de Audiencias y Medidas de esta Circunscripción del Estado La Guaira,  en virtud de ello la Alzada Garantizando el debido proceso consagrado en el artículo  1 del Código Orgánico Procesal Penal… acuerda separa a la Ciudadana Abogada Reina Bigott… del presente Expediente y que el mismo sea conocido por una jueza  o Juez de la misma instancia Especial de esta Circunscripción judicial del Estado la  Guaira… Pero para mayor gravedad pese a que DECLARÓ SIN LUGAR LA  RECUSACIÓN, le notifica a la juzgadora que debe dar cumplimiento a lo expuesto  en el artículo 90 del Código Orgánico Procesal Penal... Es decir le ordena que se inhiba de la causa o que ella debió inhibirse. ( folio  110 EXPEDIENTE CA-0081-2021, cuya decisión de fecha 13 de abril de 2021,  que ya fue consignada marcada ‘J’). ES IMPORTANTE DESTACAR QUE DE ESTA DECISIÓN SE  NOTIFICÓ AL IMPUTADO, A LA FISCALÍA A LA JUEZ  PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE, PERO NUNCA A LA VICTIMA (sic). 

En virtud que ya habíamos advertido un adelanto de opinión por parte de la  Juzgadora y las acciones irregulares todas con un evidente favorecimiento al imputado  JUAN CARLOS CURBATA CORRALES, el 26 de Abril de 2021, presentando  nuestra segunda recusación en contra de la Jueza Segunda de Control Audiencia y  Medidas, con las pruebas fundamentadas conforme a derecho y ofreciendo el  expediente, ya que la pese a que habíamos solicitado copias del expediente y la  acusación fiscal jamás no fue acordada aunado al hecho que para el momento la víctima  no contaba con suficientes medios económicos para hacer las impresión del expediente  digital que no fue facilitado ( folios 01 al 30 de las copias certificadas del expediente  CA-0083-2021-VCM, CONTENTIVO DE LA DECISIÓN ACCIONADA EN  AMPARO CONSTITUCIONAL, que consignáramos marcado “C”). 

El 27 de abril de 2021, la juzgadora Recusada, se desprende de la causa y instaura  el cuaderno separado y remite el cuaderno de incidencia mediante oficio N° 228-2021  la Corte Agraviante. Y pese a que ya se había decidido la recusación de la  Juzgadora Primera en Funciones de Control y no se le remitió el conocimiento de  la causa, ni se designó tribunal accidental para que conociera la causa y se  mantuvo paralizado en la Coordinación de la Jurisdicción del Estado La Guaira. ( folio 36 de las copias certificadas del expediente CA-0083-2021-VCM,  CONTENTIVO DE LA DECISIÓN ACCIONADA EN AMPARO  CONSTITUCIONAL, que consignáramos marcado “C”). 

En esta tramitación el 31 de abril de 2021, comparecimos ante la Corte de  Apelaciones y solicitamos: al secretario RENSO BRISEÑO GUEVARA, nos facilitara  el N° de distribución de la causa, así como el ponente asignado y la causa  propiamente dicha para verificar su tramitación, siendo informada que la causa había  ingresado en 29 de abril de 2021, que le correspondía el N° CA-0083-2021 VCM,  y que el ponente designado era el Juez JOSÉ LUIS DÍAZ CHACON (sic), quien se  encontraba trabajando la causa y por ello no se nos facilitó, razón por la cual en  la misma data introdujéramos diligencia donde solicitamos que nos fuera  notificada en igualdad de condiciones que las tramitación de la recusación  planteada por el imputado, de la ADMISIÓN Y DESIGNACIÓN DEL  PONENTE, esto jamás ocurrió, por cuanto interpuesta semana radical, el  primer día hábil , es decir el 10 de mayo de 2021, solicitamos que nos FIJARA  AUDIENCIA PARA OIR A LA VICTIMA (sic) TESTIGO Y SE TOMARA EN  CUENTA EL FOLIO 44 DE LA DECISIÓN DEL EXPEDIENTE CA-0080-2021  VCM, donde dejaba constancia que la que se desprendió del expediente el día 10  de febrero de 2021 ( folio 45 de las copias certificadas del expediente CA-0083- 2021-VCM, CONTENTIVO DE LA DECISIÓN ACCIONADA EN AMPARO  CONSTITUCIONAL, que consignáramos marcado ‘C’), de lo cual ni se  molestaron en darnos respuestas. En fecha nos notificaron que YA ESTABA LA DECISIÓN, DONDE HABIA  DECLARADO INADMISIBLE Y TEMERARIA NUESTRA RECUSACIÓN,  ORDENADO SANCIONES A LAS ABOGADAS, CUANDO ESTABAMOS  ACTUANDO EN ASISTENCIA Y SIN SER OIDAS. De igual manera ORDENA  A LA JUZGADORA QUE SIGA CONOCIENDO Y FIJA LA AUDIENCIA  PARA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2021. (Folio 48 al 69 de las copias certificadas  del expediente CA-0083-2021-VCM, CONTENTIVO DE LA DECISIÓN  ACCIONADA EN AMPARO CONSTITUCIONAL, que consignáramos marcado  ‘C’).

Sin embargo. INCREIBLEMENTE DE ESTA DECISIÓN SI  NOTIFICARON A TODAS LAS PARTES. Es por lo que cabe preguntarse, como es que hay tanta diferencia en la  tramitación de las recusaciones que a la víctima le declaran las dos temerarias  pese a que se presentaron en tiempo hábil y con el ofrecimiento de los soportes  probatorios, porque en las dos recusaciones de la víctima jamás se nos notificó de  la admisión de la recusación y designación del ponente, y como es que a nosotros  no niega la incorporación de las pruebas legalmente ofrecidas y la Corte de  Apelaciones Agraviante, A LA DEFENSA DEL IMPUTADO NO SOLO LE  ADMITIÓ UN AMPARO SIN COPIAS DE LA DECISIÓN, PESE A QUE  TUVIERON MAS DE UN MES PARA SU TRAMITACIÓN, ADEMAS LES  TRAMITÓ LA SEGUNDA RECUSACIÓN SIN HABER OFRECIDO  PRUEBAS Y LUEGO LE PERMITIÓ TRES (03) MESES DESPUÉS,  INCOPORAR PRUEBAS. (CONSIGNAMOS COPIA DE LA DECISIÓN DE  ADMIISIBILIDAD del expediente CA-0081-2021 marcada “O”). LO MAS GRAVE ES QUE LA CORTE DE APELACIONES, EN UNA  TOTAL SUBVERSIÓN PROCESAL, EN LA DECISICIÓN DE UNA  RECUSACIÓN ORDENA LA FIJACIÓN DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR  PARA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2021. 

Como colorario de lo anterior, es de destacar con este escrito, que las actuaciones  de la Corte de Apelaciones agraviante son totalmente contrario a los parámetros del  género y al espíritu y razón de La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar  y Erradicar La Violencia Contra La Mujer (Belén Do Para) en sus artículos 1, 2  cardinales a (y) b, artículos 3, 4 encabezado y literal f (y) g, 5, 6 literal b, así como a la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia,  desarrollado en su exposición de motivos donde JAMÁS SE HA OIDO LAS  SOLITUDES DE LA VICTIMA, SIENDO INEXISTENTE PARA LA CORTE DE  APELACIONES AL PUNTO QUE POR HABER EJERCIDO EL DERECHO QUE  LE CORRESPONDE A EXIGIR LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA POR ANTE  SU JUEZ NATURAL, Y PRESENTAR LOS ELEMENTO QUE FRANCAMENTE  DETERMINA LA VIGENCIAS DE LA FALTA DE IMPARCIALIDAD DE LA  JUZGADORA SEGUNDA EN FUNCIONES DE CONTROL aludida al punto que  hasta el día de hoy la Juzgadora en fecha 14 de mayo de 2021, pretendió realizar la  AUDIENCIA PRELIMINAR SIN LA VICTIMA, acto del cual habíamos solicitado  el diferimiento y pretendiendo sustituir los derechos de la víctima en una defensa  metropolitana MARIA (sic) CUICA defensora de la Mujer cuya juramentación cursa al  folio 145 de la pieza III, del Expediente WJ02-2020-00001/ WP01-2020-000133 (…)’. (Negrillas, subrayado y  mayúsculas propias del escrito).

Definitivamente, demandaron los abogados solicitantes que sea admitida y declarada con lugar la presente acción de amparo, en resguardo de los derechos constitucionales invocados, a favor de su representada, la ciudadana Raquel Cristina Díaz Ruíz, ya identificada, los cuales además guardan relación con las garantías establecidas en los artículos 1, 2 cardinales a y b, artículos 3, 4 encabezado,  cardinales f y g, 5, 6.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belén Do Para”,  en los artículos 8, 10 y 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 18 de la Declaración Americana de Derecho y Deberes del Hombre, en el artículo 25.1 de la Convención Americana de Sobre Derechos Humanos  “Pacto de San José” y en los artículos 2, 3, 3.1, 3.2, 4.4, 6.1 y 11 de la Carta Iberoamericana de los Derechos de las Víctimas (Argentina, 2012), y que sea acordada la medida cautelar innominada solicitada.

 

II

DE LA DECISIÓN ACCIONADA

 

La decisión accionada en amparo fue la N.° 0017-2021, dictada, el 10 de mayo del 2021, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, en el expediente identificado con el  alfanumérico CA-0083-2021-VCM (nomenclatura de esa Corte), mediante la cual se declaró inadmisible la recusación propuesta, la temeridad de la misma y fija una fecha para la celebración de la Audiencia Preliminar; siendo del siguiente tenor:

 

 “En el presente caso, la ciudadana RAQUEL CRISTINA DÍAZ RUIZ, titular cédula de identidad № 16.661.326, representada por las profesionales del Derecho MILAGRO RENGIFO RINCONES y JINES DEL CARMEN HERRERA, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 77.833 y 81.893, respectivamente, recusaron a la ciudadana Jueza Suplente Dra. María Fernanda Godoy Mayora, adscrita al Tribunal Segundo (2o) de Primera Instancia en Funciones de Control,  Audiencias y Medidas con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de esta Circunscripción Judicial, por cuanto, refieren que la Jueza recusada se encuentra incursa en las causales previstas en los ordinales 7o y 8o del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, consignando en tiempo hábil en cumplimiento a lo previsto en el artículo 96 del Código Orgánico Procesal Penal, la Recusación.

Analizados como han sido los argumentos explanados, este Tribunal Colegiado mención sobre la figura procesal de Recusación, prevista en el artículo 89 numerales 7 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual consagra lo siguiente:

(…omissis…)

En ese orden y dirección, esta Alzada considera conveniente traer a colación lo que se entiende por Recusación, por lo que según Couture la define como la facultad acordada a los litigantes para provocar la separación del juez o de ciertos auxiliares de la jurisdicción, en el conocimiento de un asunto de su competencia, cuando media un motivo de impedimento o sospecha determinada en la ley, reconocido por el mismo juez o debidamente justificado por el recusante.

Ahora bien, entrando a conocer sobre la Recusación planteada, esta Corte observa que la mencionada institución se ha concebido como aquella destinada a preservar la imparcialidad del juez, a través del poder que ejercen las partes para solicitar la exclusión del mismo del conocimiento de la causa, por cualquiera de los motivos previstos legalmente.

En efecto, el Juez en el ejercicio de su función como es el administrar justicia debe ser imparcial, esto es, que no debe existir ninguna vinculación subjetiva, bien entre el juzgador y los sujetos de la causa sometida a su conocimiento, o con el objeto de la misma, ya que la existencia de algunos de estos vínculos conlleva a la inhabilidad del funcionario judicial para intervenir en el caso concreto, de tal modo que: esta limitación de la competencia subjetiva del Juez tiene carácter relativo, ya que la misma sólo de respecto a la controversia sometida a su análisis, y no en otros pleitos en los cuales el funcionario recusado no haya intervenido.

Ello así, esta Alzada observa que el alegato de las recusantes se circunscribe fundamentalmente en que la Jueza Suplente del Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia en Funciones de Control. Audiencias y Medidas con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del estado La Guaira. Dra. María Fernanda Godoy Mayora, se encuentra incursa en el supuesto de hecho previsto el ordinal 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto a su decir, la misma adelantó opinión sobre la presente causa.

Al respecto, se observa que la causal invocada se basa en que la Jueza recusada haya emitido opinión sobre el caso en concreto antes de realizar la Audiencia Preliminar conforme a lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Así, que para que prospere tal pretensión, el recusante requiere de tres conclusiones fundamentales a saber: a) debe alegar hechos concretos; b) tales hechos deben estar directamente relacionados con el objeto del proceso, de manera que afecte la capacidad del recusado de participar en dicho juicio: y c) debe señalar el nexo causal entre los hechos alegados y las causales señaladas.

(…omissis…)

Ahora bien, no es cierto que de las actuaciones que ha realizado la Jueza Recusada, se motiven circunstancias que fundamenten recusar, como en efecto alegan las recusantes que la Jueza se encuentra incursa en las causales previstas en los ordinales 7° y 8° del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, pues en ningún momento se evidencia que la misma haya actuado en favor de una de las partes, ni menos aún, ha manifestado opinión sobre incidencias pendientes antes de la respectiva decisión que ha de recaer en la Audiencia Preliminar.

Asimismo, el hecho de que en estricto acatamiento a la decisión proferida por esta Alzada que resolvió la Acción de Amparo Constitucional ejercida por la Defensa del imputado de la causa principal № WP01-S-2020-000133 ciudadano JUAN CARLOS CURBATA CORRALES, en contra del Jueza Provisorio Dra. Reyna Bigott, del Tribunal Primero (1o) de Primera Instancia en Función de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Delitos de Violencia Contra La Mujer de esta Circunscripción Judicial, la Jueza recusada Dra. María Fernanda Godoy Mayora. haya procedido a imponer de las medidas dictadas por la Corte de Apelaciones, en estricto acatamiento al derecho, en ningún caso constituye un patrocinio a favor de las otras partes intervinientes en el proceso, pues; con las decisiones aludidas por la presentante de la recusación, entre otros aspectos, se persigue ratificar la obligatoriedad de las decisiones judiciales, ya que es deber de los jueces cumplir y hacer cumplir, las sentencias, autos y decretos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales.

(…omissis…)

Por todo lo anterior, considera esta Alzada que la Recusación se fundamenta incorrectamente, ante la palpable evidencia de ser argumentos carentes de razonamiento jurídico, resultantes de una discontinuidad del conocimiento y una narración de hechos dirigidos a formar una opinión alejada de la causal de recusación, llegando al extremo de afirmar las recusantes que son causales graves el cumplimiento de las órdenes dadas por la superioridad, tales como la que corresponden a la decisión dictada por esta Corte de Apelaciones, las Resoluciones y lineamientos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia y la Comisión Nacional de Justicia de Género, a través del escrito consignado por las recusantes, quienes verifican una serie de señalamientos ofensivos e irrespetuosos, derivados de una acción temeraria que implica un comportamiento sin razón,  haciendo uso abusivo de dicha facultad sin fundamentos en motivo que la haga admisible, ya que no puede censurarse la conducta de la Jueza por el respeto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás Leyes de la República a conveniencia de cualquiera de las partes, ni colocar su actuación en tela de juicio, ideando la concurrencia de las causales establecidas en el artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, con el propósito de obtener su separación del conocimiento de la causa principal № WPO1 -S-2020-000133, por lo cual es infundado ya que, si una de las partes considera que no le asiste la razón, las decisiones respectivas no se discuten, por el contrario se recurren de conformidad con la ley.

En este sentido se ha pronunciado la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. en la Decisión de fecha 21 de mayo del año 2.010, con Ponencia del Magistrado Eladio Aponte, señalando entre otros puntos que:

(…omissis…)

Con base a los razonamientos aquí expuestos, considera esta Alzada que las quejosas de autos han realizado planteamientos dilatorios y en franco abuso de las facultades que les confiere el Código Orgánico Procesal Penal vigente, quebrantando de manera flagrante el contenido del artículo 89 y siguientes de la normativa adjetiva en comentario, evidenciándose la ejecución de actos dolosos, mediante dichos o aseveraciones hasta falsas, realizando actos que obstaculizan una eficaz y rápida administración de justicia en la causa principal número WP01-S-2020-000133, quebrantando el deber institucional contenido en el artículo 5 del Código de Ética Profesional del Abogado, relativo a la indivisibilidad del honor de la abogacía, a la .obligatoriedad de actuar con dignidad y decoro, pues lo contrario lesiona el patrimonio moral de todo el gremio.

(…omissis…)

Cabe mencionar que del análisis exhaustivo de la recusación interpuesta por la ciudadana RAQUEL CRISTINA DÍAZ RUIZ, representada por las abogadas MILAGRO RENGIFO RINCONES y JINES DEL CARMEN HERRERA, contra la Jueza Suplente del Tribunal Segundo (2°) de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas, Abg. María Fernanda Godoy Mayora, no se han dado los supuestos legales contenidos en los numerales 7 y 8 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, declarándose Inadmisible la Recusación. Y así se decide.

Ahora bien, considera este Órgano Colegiado que las Abogadas MILAGRO RENGIFO RINCONES y JINES DEL CARMEN HERRERA, en su carácter de representantes legal de la ciudadana RAQUEL CRISTINA DÍAZ RUIZ, actuaron con mala fe y temeridad, pues se observa que la recusación interpuesta fue a los fines de evitar la realización de la Audiencia Preliminar, sin existir una causal legal para ello, tal y como quedó demostrado en la presente incidencia. Y así se declara.

Con base a lo anteriormente expresado, esta Corte de Apelaciones acuerda de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Código Orgánico Procesal Penal DECLARAR LA TEMERIDAD en la recusación interpuesta por las Abogadas MILAGRO RENGIFO RINCONES y JINES DEL CARMEN HERRERA, inscritas en el Inpreabogado bajo los números 77.833 y 81.893 respectivamente, en su carácter de representantes legal de la ciudadana RAQUEL CRISTINA DÍAZ RUIZ, en su condición de víctima en la causa penal signada con nomenclatura WP01-S-2020-00133, en contra de la Jueza Suplente Segunda (2o) de Primera Instancia en Funciones de Control. Audiencias y Medidas con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer. Dra. María Fernanda Godoy Mayora,  apercibidas por su actuación, tal como ya se expresó en la presente decisión, por primera y única vez. Y así se declara.

Asimismo, se ordena a la Jueza Suplente del Tribunal Segundo (2°) de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas, Abg. María Fernanda Godoy Mayora, proceda de forma inmediata a citar a las partes para el día Viernes Catorce (14) de mayo de 2021, para que tenga lugar la Audiencia Preliminar conforme a lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Literal Segundo de la Resolución 2020-0009, de fecha 04 de noviembre de 2020, en concordancia con el Literal Noveno de la Resolución 2021-0001, de fecha 29 de abril de 2021, dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, donde se esgrimen los lineamientos a seguir para cumplir con la tutela judicial efectiva. Y así se decide

DECISIÓN

“Por las razones que han sido expuestas, esta Corte de Apelaciones con Competencia en Materia Delitos de  Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, acuerda:

PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE la recusación interpuesta por la ciudadana RAQUEL CRISTINA DIAZ (sic) RUIZ,  representadas por las abogadas MILAGRO RENGIFO RINCONES y JINES DEL  CARMEN HERRERA, contra la Jueza Suplente del Tribunal Segundo (2°) de Primera  Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas Abg. María Fernanda Godoy  Mayora, por no darse los supuestos legales contenidos en los numerales 7 y 8 del  artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEGUNDO: DECLARA LA  TEMERIDAD de la recusación interpuesta por las recusantes y en consecuencia este  Tribunal Colegiado Apercibe por su actuación por primera y única vez a las Abogadas  MILAGRO RENGIFO RINCONES y JINES DEL CARMEN HERRERA, inscritas en  el Inpreabogado bajo los números 77.833 y 81.893 respectivamente, en su carácter de  representantes legales de la ciudadana RAQUEL CRISTINA DIAZ (sic) RUIZ, en su  condición de víctima en la causa penal signada con nomenclatura WP01-S-2020- 00133.

TERCERO: SE ORDENA a la Jueza Suplente del Tribunal Segundo (2°)  de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas, Abg. María  Fernanda Godoy Mayora, proceda de forma inmediata a citar a las partes para el  día Viernes catorce (14) de Mayo de 2021, para que tenga lugar la Audiencia  Preliminar, conforme a lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica sobre  el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de dar  cumplimiento a lo establecido en el Literal Segundo de la Resolución 2020-0009, de  fecha 04 de noviembre de 2020, en concordancia con el Literal Noveno de la  Resolución 2021-001, de fecha 29 de abril de 2021, dictada por la Sala de Casación  Penal del Tribunal Supremo de Justicia, donde se esgrimen los lineamientos a seguir  para cumplir con la tutela judicial efectiva […]”.(Negrillas, subrayado y  mayúsculas propias del escrito).

 

III

PUNTO PREVIO

 

Como punto previo, se observa de la revisión de las actas del expediente, que desde el 13 de abril de 2023 al 24 de enero de 2024, la parte accionante no ha realizado alguna actuación que ponga en manifiesto su interés en obtener la tutela constitucional demandada, habiendo transcurrido, desde ese entonces, un período superior a seis (6) meses; por tanto, en condiciones normales, se configuraría el abandono del trámite en la presente causa.

 

No obstante lo anteriormente expresado, en materia de amparo el legislador previó la posibilidad de la excepción a la aplicación de dicho lapso de caducidad, cuando se trate de posibles lesiones al orden público o a las buenas costumbres, como presuntamente ocurre en el presente asunto, pues alegó la parte accionante, entre otras cuestiones, que la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, le vulneró “(…) los derechos y las garantías constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso, a la defensa, al juez natural, de participación en el proceso, a ser oída, a la igualdad de trato en el proceso, a la verdad, a la justicia y a la reparación, consagrados  en los artículos 19, 23, 26, 27, 49 encabezado y numerales 1 y 4 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente y fundamentaron dicha acción en los artículos 1, 2 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (…)”.

 

Al respecto, la Sala ha señalado reiteradamente, que cuándo se trate de supuestas infracciones constitucionales que involucran derechos constitucionales de eminente orden público o que afecten las buenas costumbres, no puede declararse terminado el procedimiento. (ver sent. del 6 de julio de 2001 (caso:”Ruggiero Decina y Fara Cisneros de Decina” y sentencia N° 1.419 del 10 de agosto de 2001), por tal motivo, aun habiéndose producido en el presente caso, el transcurso del lapso que ordinariamente provoca la terminación del proceso por abandono del trámite, esta Sala decide continuar con el conocimiento del presente procedimiento de amparo, por lo que, resuelve desestimar el abandono de trámite y pasar a dilucidar lo planteado. Así se decide.

 

 

IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Determinada previamente la competencia de esta Sala para conocer la presente acción de amparo en sentencia número 0413 dictada el 28 de abril de 2023, pasa de seguidas esta Sala Constitucional a decidir el caso de autos y, al respecto, establece lo siguiente:

 

            En primer lugar, se observa que, los abogados Mauricio Izaguirre Luján, Jinés del Cármen Herrera y Milagro Rengifo Rincones, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana Raquel Cristina Díaz Ruíz, denunció que la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, le vulneró “(…) los derechos y las garantías constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso, a la defensa, al juez natural, de participación en el proceso, a ser oída, a la igualdad de trato en el proceso, a la verdad, a la justicia y a la reparación, consagrados  en los artículos 19, 23, 26, 27, 49 encabezado y numerales 1 y 4 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente y fundamentaron dicha acción en los artículos 1, 2 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (…)”, por cuanto, la mencionada Corte de Apelaciones, “(…) había habilitado para resolver la  acción de amparo instaurada por la defensa del imputado JUAN CARLOS CURBATA  CORRALES, NOS FUE NEGADO TODO ACCESO AL LEGAJO DEL  AMPARO DESCONOCIENDO NUESTRA CUALIDAD DE PARTE  PRESENTAMOS UN ESCRITO (…)  SOLICITANDO SE NOS RECONICERA NUESTRA CUALIDAD DE  INTERESADOS EN EL PROCESO, SE NOS PERMITIERA LA  INTERVENCIÓN EN EL AMPARO QUE ESTABA INCOADO Y SE NOS  DIERA COPIA DEL EXPEDIENTE” asimismo, señaló que “(…) hubo  omisión por parte de la ciudadana jueza al no emitir pronunciamiento de las solicitudes  del 06 de julio, 24 de agosto, 08 de septiembre y 03 de noviembre, en virtud de la  inexistencia de pronunciamiento por parte de la juez, en torno a los requerimientos  establecidos conforme a los artículos 81, 82 y 94 de la ley especial, en razón de los  lapsos procesales, solicitando de igual manera la defensora que se paralizara la causa  por la tramitación del amparo”. Además, señaló que, ante cualquier solicitud del imputado, ha actuado con total violación al derecho de igual trato en los procesos, ya que, mientras a la víctima “(…) NUNCA LE TRAMITÓ SU SOLICITUD DE INTERVENCIÓN”.

 

Ahora bien, de las actas que reposan en el expediente, se observa que la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, mediante su sentencia dictada el 10 de mayo de 2021, declaró inadmisible la recusación interpuesta contra la abogada María Fernanda Godoy  Mayora, en su condición de Jueza suplente del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira; la temeridad de la recusación interpuesta por las recusantes y; ordenó a la mencionada recusada a citar a las partes para el 14 de mayo de 2021 para que tenga lugar  la Audiencia  Preliminar, conforme a lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica sobre  el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al constatar de los alegatos expuestos por las recusantes, se basó en el supuesto previsto el ordinal 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto, -a su decir-, la misma adelantó opinión sobre la presente causa, antes de realizar la Audiencia Preliminar conforme a lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, evidenciándose que, “(…) en ningún momento (…) la misma haya actuado en favor de una de las partes, ni menos aún, ha manifestado opinión sobre incidencias pendientes antes de la respectiva decisión que ha de recaer en la Audiencia Preliminar”, asimismo, advirtió que de las resultas de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el imputado de la causa, cumplió la recusada en estricto acatamiento, al dictar las medidas  por lo que, “(…)en ningún caso constituye un patrocinio a favor de las otras partes intervinientes en el proceso, pues; con las decisiones aludidas por la presentante de la recusación, entre otros aspectos, se persigue ratificar la obligatoriedad de las decisiones judiciales, ya que es deber de los jueces cumplir y hacer cumplir, las sentencias, autos y decretos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales”, así como también, determinó que la Recusación se fundamenta incorrectamente, ante la palpable evidencia de ser argumentos carentes de razonamiento jurídico, resultantes de una discontinuidad del conocimiento y una narración de hechos dirigidos a formar una opinión alejada de la causal de recusación, llegando al extremo de afirmar las recusantes que son causales graves el cumplimiento de las órdenes dadas por la superioridad, tales como la que corresponden a la decisión dictada por esta Corte de Apelaciones, las Resoluciones y lineamientos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia y la Comisión Nacional de Justicia de Género, a través del escrito consignado por las recusantes, quienes verifican una serie de señalamientos ofensivos e irrespetuosos, derivados de una acción temeraria que implica un comportamiento sin razón,  haciendo uso abusivo de dicha facultad sin fundamentos en motivo que la haga admisible, ya que no puede censurarse la conducta de la Jueza por el respeto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás Leyes de la República”.

 

Por último, consideró que “(…) las quejosas de autos han realizado planteamientos dilatorios y en franco abuso de las facultades que les confiere el Código Orgánico Procesal Penal vigente, quebrantando de manera flagrante el contenido del artículo 89 y siguientes de la normativa adjetiva en comentario, evidenciándose la ejecución de actos dolosos, mediante dichos o aseveraciones hasta falsas, realizando actos que obstaculizan una eficaz y rápida administración de justicia  (…)” actuando las hoy accionante “con mala fe y temeridad, pues se observa que la recusación interpuesta fue a los fines de evitar la realización de la Audiencia Preliminar, sin existir una causal legal para ello, tal y como quedó demostrado en la presente incidencia”.

 

Ahora bien, esta Sala Constitucional, pudo constatar por notoriedad judicial  y por las actas que reposan en el expediente que, el 25 de noviembre de 2021, la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 0206, se avocó a la presente causa penal, donde declaró: 1- parcialmente procedente la solicitud de avocamiento; 2- declaró la nulidad del acta dictada el 11 de febrero de 2021 por la jueza recusada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del estado La Guaira, e impuso al ciudadano Juan Carlos Curbata Corrales, de las medidas dictadas el 5 de febrero de 2021, por la Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del referido estado La Guaira; 3- dejó sin efecto, los oficios Nros. 078-2021, 079-2021, 082-2021, y 083-2021, dirigidos, en su orden, al Director de la Policía Internacional (INTERPOL); al Director de Migración del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería; al Coordinador del Equipo Interdisciplinario del Tribunal de Violencia contra la Mujer del estado La Guaira; y, a la Oficina de Presentación del Alguacilazgo del referido Circuito Judicial Penal, librados con ocasión a la referida imposición del ciudadano Juan Carlos Curbata Corrales; 4- mantuvo la vigencia de las medidas de protección y seguridad impuestas al ciudadano Juan Carlos Curbata Corrales en la decisión del 5 de febrero de 2021 proferida por la Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado La Guaira; 5-ordenó sustraer el expediente del Circuito Judicial con Competencia en Materia Delitos de Violencia contra la Mujer del estado La Guaira, y remitirlo al Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Miranda y, por último, 6- acordó la remisión del presente expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, a los fines de que sea distribuido a un Juzgado en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer, para que continúe conociendo del presente proceso penal.

 

Advirtiendo además la mencionada sentencia dictada por la Sala de Casación Penal, que, la actuación de la jueza a cargo del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medida del Circuito Judicial Penal del estado La Guaira, con respecto a las recusaciones planteadas y en todo el proceso penal, actuó no solo dentro de los límites de su competencia funcional, sino además, con la autonomía e independencia de la que gozan los jueces para decidir, toda vez que, dentro del margen de valoración del derecho aplicable al caso en concreto, dictó las resoluciones propias en el marco de su función de decidir y juzgar. Por tanto, si las partes en litigio consideraban que las decisiones dictadas por el Tribunal de Alzada infringían sus derechos y garantías constitucionales, por presumirse “parciales” y “desequilibradas”, disponían de los mecanismos que el ordenamiento jurídico coloca a su disposición, vale decir, la figura de la recusación, a los fines de separar a los miembros del referido Tribunal Colegiado del conocimiento del caso de marras y no sólo acudir a la Comisión de Género e Inspectoría General de Tribunales a elevar su inconformidad con la actuación de los mismos.

 

Asimismo, de las actas del expediente se desprende que, el 6 de septiembre de 2021, el  Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado La Guaira, llevó a cabo la audiencia preliminar, después de varios diferimientos constatándose (ocho (8) oportunidades, por inasistencia de la víctima, sus representantes legales y el Ministerio Público, a pesar que se encontraban debidamente notificados), donde declaró entre otras cosas, la desestimación de la acusación particular propia, por ser extemporánea y el abandono de la querella; la desestimación de la acusación presentada por el Ministerio Público; y, en consecuencia, decretó el sobreseimiento de la causa a favor del ciudadano Juan Carlos Curbata Corrales, sin que, de la revisión de las actas se aprecie que el Ministerio Público ni los apoderados judiciales de la víctima hayan ejercido el correspondiente recurso de apelación.

 

Por lo que, se observa que la Sala de Casación Penal, se avocó, analizó y estudio todas las actas del proceso penal de autos, resultando con esta decisión, el cese de los derechos que supuestamente se le habían cercenado a la hoy accionante en amparo, la ciudadana Raquel Cristina Díaz Ruíz,  siendo evidente además, que la presente acción de amparo constitucional interpuesta, devino en inadmisible, de conformidad  con lo establecido en el cardinal 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que con el referido fallo cesó las supuestas violaciones  de lesión constitucional denunciada; en tal sentido, el amparo de autos debe ser declarado inadmisible. Así se declara.

 

En cuanto a la medida cautelar innominada, solicitada por la parte accionante, destinada a suspender los efectos de la sentencia N.° 0017-2021 dictada, el 10 de mayo del 2021, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia Delitos de  Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira, en el expediente identificado con el alfanumérico CA-0083-2021-VCM (nomenclatura de esa Corte), la cual fue acordada por esta Sala, mediante sentencia N.º 413 del 28 de abril de 2023, se deja sin efecto la misma, en virtud de su carácter accesorio respecto de la acción principal. Así se decide.

 

Finalmente, la Sala estima que se debe notificar y remitir copia certificada de la presente decisión al Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda y a la Jueza del Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda. Así se decide.

 

V

Decisión

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

 

PRIMERO: INADMISIBLE la pretensión de amparo interpuesta por los abogados Mauricio Izaguirre Luján, Jinés del Cármen Herrera y Milagro Rengifo Rincones, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana RAQUEL CRISTINA DÍAZ RUÍZ, contra la decisión N.° 0017-2021 dictada, el 10 de mayo del 2021, por la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado La Guaira.

 

SEGUNDO: Que se DEJA SIN EFECTO la medida cautelar innominada, acordada a favor de la parte accionante, por esta Sala, mediante sentencia N.º 413 del 28 de abril de 2023, en virtud de su carácter accesorio respecto de la acción principal.

 

TERCERO: Se ORDENA notificar y remitir copia certificada de la presente decisión al Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda y a la Jueza del Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda.

 

Publíquese y regístrese. Notifíquese a la ciudadana RAQUEL CRISTINA DÍAZ RUÍZ, y a sus abogados apoderados Mauricio Izaguirre Luján, Jinés del Cármen Herrera y Milagro Rengifo Rincones, todos ya identificados, de la presente decisión y de la multa impuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Archívese el expediente (solo las dos piezas principales) y devuélvase al Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda, el expediente original identificado con el alfanumérico 5CM-474-21 (nomenclatura de ese Juzgado), conformado por veinticinco (25) piezas. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 9 días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025). Años: 214° de la Independencia y 166° de la Federación.

La Presidenta,

 

TANIA D´AMELIO CARDIET 

La Vicepresidenta,

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

 

Los Magistrados

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

 

MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET 

                                              Ponente

JANETTE TRINIDAD CÓRDOVA CASTRO

El Secretario,

 

CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

21-0280

MAVG.

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