Venley

Sentencia N.º 056

Sentencia
N.º 056
Fecha
04/03/2022
Sala
Casación Penal
Expediente
A22-41
Ponente
Maikel José Moreno Pérez
Procedimiento
Avocamiento

Magistrado Ponente Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

En fecha 25 de enero de 2022, los abogados en ejercicio JOSÉ DANIEL LINARES MONSALVE y MAIKER GABRIEL GONZÁLEZ, identificados con las cédulas de identidad nros. V-21.344.856 y 15.836.642 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 264.726 y 235.515, respectivamente, quienes actúan en este acto como apoderados judiciales del ciudadano ROMMEL GILBERTO GUERRERO GALINDO, víctima en el proceso penal seguido contra el ciudadano CÉSAR ENRIQUE CACCIALANZA MARTÍNEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad nro. 6.702.790, consignaron ante la Secretaría de esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, SOLICITUD DE AVOCAMIENTO con relación al proceso penal seguido al ciudadano antes mencionado.

 

La fecha de entrada de la indicada solicitud es el 7 de febrero de 2022, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2022-000041, dándose cuenta en Sala de la misma en la precitada fecha, correspondiéndole la ponencia, previa asignación efectuada en dicha oportunidad, al Magistrado Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

En virtud de ello, en la oportunidad de emitir pronunciamiento sobre la pretensión de avocamiento, con el referido carácter se resuelve en los términos siguientes:

 

 

 

 

 

I

DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

 

 Los abogados en ejercicio JOSÉ DANIEL LINARES MONSALVE y MAIKER GABRIEL GONZÁLEZ, identificados con las cédulas de identidad nros. V-21.344.856 y 15.836.642 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 264.726 y 235.515, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano ROMMEL GILBERTO GUERRERO GALINDO, víctima en el proceso penal seguido contra el ciudadano CÉSAR ENRIQUE CACCIALANZA MARTÍNEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad nro. 6.702.790, por la comisión del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 del Código Penal, interpusieron solicitud de avocamiento, en los siguientes términos:

“(…) Quienes suscriben, JOSÉ DANIEL LINARES y MAIKER GABRIEL GONZÁLEZ, (…) abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 264.726 y 235.515 (…) actuando en este acto como apoderados judiciales del ciudadano ROMMEL GILBERTO GUERRERO GALINDO, titular de a cédula de identidad Nro. y- 6.913.413, quien funge como víctima en el presente proceso, seguido contra el acusado César Enrique Caccialanza Martínez, titular de la cédula de identidad Nro. V- 6.702790, quien en fecha 17 de septiembre de 2021, fuera condenado por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cumplir la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, tipificado en el artículo 468 del Código Penal, por medio del presente escrito y con el debido respeto y acatamiento, ocurrimos por ante esa honorable Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la República, en el ejercicio de as funciones inherentes a la defensa técnica de nuestro representado, y conforme a las disposiciones establecidas en los artículos 26 y 51 ambos de nuestra Constitución Nacional, a los fines de interponer formal SOLICITUD DE AVOCAMIENTO, sobre el asunto penal signado con el N° 21J-1273-20, de acuerdo a lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Tribunal Supremo de Justicia vigente, en razón de los siguientes términos y fundamentos:

DE LA COMPETENCIA

(…) El asunto penal sobre el cual se solicita avocamiento, se encuentra en conocimiento de la Sala 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, bajo el asunto penal signado con el N° 4802-21, que guarda relación con el asunto original penal N° 21J-1273-20, es decir que con relación a la materia, la misma es de evidente carácter penal, por estar directamente referida a la presunta comisión de hechos punibles, en ese sentido es competente esa Máxima Instancia Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por ante la cual se interpone la presente solicitud de avocamiento,

 

 

 

 

 

 

 

DE LA PROCEDENCIA Y LA ADMISIÓN

Ha reiterado esa Máxima Instancia Penal, en sentencia N° 157, de fecha 06 de abril de 2015, que con relación la institución del avocamiento, deben concurrir determinados requisitos taxativos para la admisión de la solicitud del mismo, y al respecto ha señalado lo siguiente:

1.- LA CAUSA DEBE CURSAR POR ANTE UN ÓRGANO CON JURISDICCIÓN, ES DECIR ANTE CUALQUIER TRIBUNAL DE INSTANCIA: En el caso que nos ocupa tal requisito se cumple al verificarse que la causa reclamada, se encuentra bajo el conocimiento de la Sala 5 de la Corte de Apelaciones del Circulo Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, bajo el asunto penal signado con el N° 4802-21 que guarda relación con el asunto original penal N° 21J-1273-20.

2. LA MATERIA DE QUE SE TRATE LA CAUSA DEBE SER DE LA RESPECTIVA COMPETENCIA DE LA SALA QUE PRETENDA AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE LA MISMA: La materia que obedece dicha causa es de evidente carácter penal, por estar directamente referida a la presunta comisión de hechas punible, razón por la cual es competente la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

3. LAS IRREGULARIDADES QUE SE ALEGAN DEBEN HABER SIDO OPORTUNAMENTE RECLAMADAS SIN ÉXITO: A tal efecto y con relación al presente asunto penal, con ocasión al Recurso de Apelación de sentencia, la Sala 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, conoció del mismo y en su lugar con su fallo dictado, incurrió en el vicio de incompetencia y la obtención de justicia, violentando los principios de inmediación y contradicción, dejando a la víctima en un estado de indefensión, al no poder ejercer otros medios idóneos en razón del delito, agotándose de esta manera la línea jerárquica, sin que se resuelvan los graves vicios y violaciones a derechos y garantías fundamentales en perjuicio de nuestro representado.

4. EL AVOCAMIENTO ES PROCEDENTE SÓLO EN CASOS GRAVES, O DE ESCANDALOSAS VIOLACIONES AL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE PRODUZCAN COMO EFECTO, UN PERJUICIO CONTRA LA IMAGEN DEL PODER JUDICIAL, LA PAZ PÚBLICA, LA DECENCIA O LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA VENEZOLANA: Este requisito en particular se patentiza y se acredita de manera directa, como consecuencia inmediata de los graves vicios y violaciones a derechos y garantías fundamentales, que no sólo perjudican a nuestro patrocinante, sino también atentan contra la imagen del Órgano Jurisdiccional en representación del Poder Judicial, que inequívocamente origina inseguridad jurídica y perturba a paz pública y social del colectivo, como una noción de igualdad ante los administrados.

5. QUE SE HAYA DESATENDIDO O ERRÓNEAMENTE TRAMITADO LOS RECURSOS ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS QUE LOS INTERESADOS HUBIEREN EJERCIDO: Con el fallo dictado por la Corte de Apelaciones, se ha materializado una dolosa y arbitraria actividad procesal, al incurrir en el vicio de incompetencia y la obtención de justicia.

DE LOS HECHOS

Estos fueron acreditados por el Tribunal de Juicio, de la siguiente manera: (…)

DE LA NECESIDAD DEL AVOCAMIENTO

En este sentido la Sala, en sentencia N° 154 de fecha 26-03-2015 ha señalado: El avocamiento, es una institución jurídica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas, la facultad de solicitar, en cualquier estado de la causa, de oficio o a instancia de parte, el expediente de cuyo trámite este conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o en su defecto, lo asigna otro tribunal.

Asimismo, es oportuno señalar, que el avocamiento procede sólo cuando no existe otro medio procesal idóneo, capaz de restablecer la situación jurídica infringida. En este sentido el avocamiento procede, sólo en caso de graves desordenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, debiendo este ser ejercido con suma prudencia. Así se encuentra contemplado en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia…

Tal como se ha verificado en los capítulos anteriores, la necesidad de avocamiento por parte de esa Honorable Sala de Casación Penal, sobre el presente asunto, surge de manera inminente ante la arbitrariedad cometida por la Sala 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana al incurrir en el vicio de incongruencia positiva en detrimento no solo del justiciable sino a la imagen del poder judicial, en tal sentido se puede constatar:

En fecha 28 de octubre de 2021, los profesionales del derecho Eliecer Peña Granda y Yalira Granda, actuando como Defensores Privados del acusado César Enrique Caccialanza Martínez, presentaron ante la respectiva Alzada, recurso de apelación de sentencia contra la decisión dictada en fecha 19 de septiembre de 2021, por el Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia en función de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, quien condenó al ciudadano antes mencionado a cumplir la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 del Código Penal, dicho recurso fue presentado por la presunta violación del artículo 444 numerales 2 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal, alegándose como fundamento la falta de motivación y a violación de la ley por errónea interpretación de una norma jurídica.

Luego en fecha 26 de noviembre de 2021, la Salas de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con relación al recurso de apelación de sentencia presentado emite entre otras cosas el siguiente pronunciamiento:
DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación (...) en consecuencia se revoca la antes dicha sentencia y ABSUELVE al ciudadano CESAR ENRIQUE CACCIALANZA MARTINEZ (...) de la comisión del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 del Código Penal, ello de conformidad con el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal.

En este orden de ideas, es cuando nace la necesidad de la figura del avocamiento, la cual no puede ser entendida como una disconformidad de quienes pretendemos dicha solicitud contra el fallo de la Alzada sino por el contrario la decisión ha subvertido el orden procesal en detrimento del Poder Judicial, a saber:

En la segunda denuncia, referida a la VIOLACIÓN DE LA LEY POR ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA JURÍDICA, la cual fue declarada CON LUGAR, la misma es contradictoria en su fundamento, por cuanto no logra entender esta defensa técnica como supone que la recurrida en razón de la cual, dio por demostrado el delito de apropiación indebida calificada.,», para luego establecer como única motivación para manifestar el vicio que Por ello, con base en la comprobación de los hechos acreditados por la instancia, como en las pruebas evacuadas durante el debate y valoradas por la Juez de juicio, estas juzgadoras aprecian que ciertamente, dicha jueza de juicio incurrió en el vicio delatado cuando subsumió los hechos en el derecho, vale decir, en la adecuación del elemento factico en el contenido del tipo penal aplicado.

Insiste la Alzada en su afán de contradictorio, frente a una sentencia inmotivada, señalar que ´... Sin embargo, pasa por alto la recurrida que si bien en el debate quedaron comprobados los hechos señalados precedentemente, no lo es así respecto de la afirmación referida a que el ciudadano acusado se apropió de los depósitos destinados a la sociedad mercantil ... vale decir, que quedara demostrado el animus sibi habendi.

Para luego concluir a Alzada, que tampoco quedo demostrado en el desarrollo del debate mediante la recepción de los órganos de prueba, la cantidad del dinero que, en definitiva, se afirma se apropiare el ciudadano Cesar Enrique Cazzialanza Martínez, puesto que no se realizó en el curso del proceso la experticia correspondiente para determinar cuánto fue el monto de lo apropiado…´.

Siendo así, con el fallo proferido por el Tribunal Colegiado, se puede palpar que existe en primer lugar inmotivación, cuando recibida las alegaciones que aluden los recurrentes, no se cumpliera con la obligación de revisar el fallo impugnado con sujeción a todos los elementos probatorios, decidiendo con prescindencias de éstos o apreciándolos sesgadamente.

En sentencia número 95 del 5 de abril de 2013, la Sala de Casación Penal del Tribunal Suprema de Justicia, señaló que: ´Este proceso no es automático para las Coites de Apelaciones, es por el contrario un proceso metódico, profundo, compenetrado con los esquemas comparativos de la argumentación jurídica, en correspondencia con la motivación judicial efectuada por el juez o jueza de primera instancia, labor que ha de ser plasmada con ayuda de los operadores de justicia bajo un sentido riguroso y sobre la base de las actas procesales. Tan importante es la motivación de los fallos, que su inexistencia acarrea una grave pérdida para el sistema de administración de justicia  originando un daño incalculable, por cuanto en la actividad jurisdiccional las partes tienen el derecho de conocer las razones sustanciales por las cuales la representación judicial expide una opinión jurídica.´ (Resaltado nuestro).

En el presente caso el Tribunal Colegiado, ha incurrido en franca violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, por cuanto ha omitida su labor de revisar la fundamentación de la sentencia producida por el Tribunal de Juicio, debiendo circunscribirse a las alegaciones plasmadas en el recurso de apelación, y respetando los elementos facticos ya establecidos por esa instancia, y con su actuar en el fallo proferido no permitió corroborar la racionalidad de la motiva y desvirtuó os requisitos mínimos de la actividad probatoria al valorar pruebas fuera de su esfera jurisdiccional.

Del texto transcrito de la decisión recurrida, se puede verificar que la Sala 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para revocar la sentencia condenatoria en apelación y absolver al acusado realizo una valoración distinta, propia en independiente de los medios probatorios ofertados y evacuados.

Con esta valoración realizada por la Alzada, considerando y desvirtuando pruebas ya fijadas por la instancia de juicio, transgredió el principio de inmediación, determinando hechos nuevos, siendo esto una actividad prohibida para las Cortes de Apelaciones.

Tan grave es la irregularidad cometida por la Alzada, en consideración a la expectativa plausible contravino jurisprudencias sobre el tema como la sentencia número 303 del 29 de junio de 2006, de esa Sala de Casación Penal la cual indicó: ´El conocimiento que sobre los hechos tiene la Corte de Apelaciones: se produce de manera indirecta y mediata, por cuanto en un tribunal que conoce de derecho y de los posibles vicios cometidos en el juicio que precede a la sentencia recurrida Por ello, les está vedado dictar una decisión propia, estableciendo hechos nuevos o considerando y desvirtuando pruebas ya fijadas por el Tribunal de instancia, lo cual atentada contra el principio de inmediación que garantiza el sistema acusatorio´.

En conclusión, la Alzada con su actuar quebrantó la seguridad jurídica y la racionalidad de la jurisdicción, que impide que los jueces al interpretar la ley, la desvirtúen y que al aplicarla a los casos particulares, la infrinjan.

Por consiguiente, la competencia de la alzada está limitada a pronunciarse respecto de las pruebas presentadas en esa instancia, de manera que al haber apreciado el cumulo probatorio incorporado en la primera instancia como lo fue en el acto del juicio oral y público, incurrió en el vicio de incompetencia, lesionando el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y de la obtención de la justicia.

Por lo tanto con el fallo proferido ha quedado en evidencia y os argumentos expuestos que la figura del avocamiento es la institución por excelencia a los fines de salvaguardar el estado de derecho, la equidad y la justicia.

DEL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS

A los fines de acreditar y verificar las argumentaciones esgrimidas en la presente solicitud por parte de esa Máxima Instancia Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quienes suscriben considera procedente y ajustado a derecho consignar como elementos de prueba COPIAS CERTIFICADAS de las actas procesales que conforman el asunto Penal Principal N° 21J-1 273-20 y el Asunto Penal Corte de Apelaciones N° 4802-21.

Así mismo si esa honorable Sala considera la posterior consignación de otros elementos de prueba, en virtud de la continuidad y desarrollo del proceso penal que constituye el asunto por el cual se solicita avocamiento, ruego a Ustedes Honorables Magistrados se sirvan notificarnos -si fuera el caso-, a los fines de hacer efectiva dicha consignación a la brevedad posible.

PETITORIO

En virtud de todas las razones anteriormente expuestas, de sus consideraciones y da la normativa legal antes señalada, ésta representación de la defensa considera necesario SOLICITAR, como en efecto lo hace, AVOCAMIENTO a esa Máxima Instancia Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por resultar necesaria la intervención y avocamiento de la misma sobre el asunto Penal Principal NG 21J-1273-20 y el Asunto Penal Corte de Apelaciones N°4802-21, seguido en contra de nuestro patrocinado, le solicitamos a ustedes, Honorables Magistrados, lo siguiente:

PRIMERO: Admitan la incoada SOLICITUD DE AVOVAMIENTO (sic), de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; a los fines de que sea sustanciada, por ser procedente y ajustada a derecho dicha solicitud.

SEGUNDO: Se declare CON LUGAR la presente solicitud de AVOCAMIENTO y como efecto jurídico inmediato se decrete la NULIDAD ABSOLUTA de la decisi6n dictada por la Sala 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictada en fecha 26 de noviembre de 2021, y reponga a causa al estado que otra Sala de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal, convoque y celebre la audiencia establecida en los artículos 447 y 448 ambos del Código Orgánico Procesal Penal y dicte la sentencia de fondo que corresponda. (…)” [sic] (Subrayado del texto).

 

 

Los abogados en mención consignaron como “ANEXO”, lo siguiente:

 

Anexo A:

 

1) Poder especial penal, otorgado por el ciudadano ROMMEL GILBERTO GUERRERO GALINDO, a los abogados JOSÉ DANIEL LINARES MONSALVE, NELSON RAFAEL DELGADO CARVAJAL y MAIKER GABRIEL GONZÁLEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 264.726, 12.892 y 235.515, respectivamente.

 

Anexo B:

 

1) Acta de juicio oral y público realizada por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 7 de julio de 2021.

 

2) Escrito suscrito por el ciudadano ROMMEL GILBERTO GUERRERO GALINDO, dirigida al Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, conforme al artículo 309 del Texto Adjetivo Penal.

 

3) Escrito suscrito por los abogados en ejercicio JOSÉ DANIEL LINARES MONSALVE y MAIKER GABRIEL GONZÁLEZ, apoderados judiciales del ciudadano ROMMEL GILBERTO GUERRERO GALINDO, mediante el cual, consignan “un extenso del escrito consignado en fecha viernes treinta (30) de agosto del corriente año (…)”.

 

4) Acta de continuación de juicio oral y público efectuada por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 21 de julio de 2021.

 

5) Oficio N° 103-21, emitido por el mencionado Juzgado de Primera Instancia al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

 

6)  Acta de continuación de juicio oral y público efectuada por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 22 de julio de 2021.

 

7) Oficio 21J-106-21, de fecha 22 de julio de 2021, emitido por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dirigido al Superintendente Nacional de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

 

8) Oficio N° 103-21, emitido por el mencionado Juzgado de Primera Instancia al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), en el cual, consta el acuse de recibo por la mencionada entidad de fecha 23 de julio de 2021.

 

9) Acta de continuación de juicio oral y público efectuada por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 28 de julio de 2021.

 

10) Nota Secretarial suscrita por el abogado Wilmer Reyes, Secretario adscrito al Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 2 de agosto de 2021.

 

11) Acta de continuación de juicio oral y público efectuada por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 3 de agosto de 2021.

 

12) Oficio 21-J-114-21 de fecha 4 de agosto de 2021, emitido por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a la Oficina de Enlace del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.

 

13) Oficio 21-J-114-21 de fecha 4 de agosto de 2021, emitido por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a la Oficina de Enlace del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, consta el acuse de recibo del 6 de agosto del mismo año.

 

14) Acta de continuación de juicio oral y público efectuada por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 11 de agosto de 2021.

 

15) Oficio 9700-194-A/2021-2232 de fecha 11 de agosto de 2021, proveniente de la Oficina de Enlace del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, anexo a movimientos migratorios del ciudadano Antonio Baptista.

 

16)  Acta de continuación de juicio oral y público efectuada por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 18 de agosto de 2021.

 

17) Acta de continuación de juicio oral y público efectuada por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 23 de agosto de 2021

 

18) Oficio 21J-106-21, emitido por el Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 22 de julio de 2021, a la Superintendencia Nacional de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), consta acuse de recibo del 30 de julio del mismo año.

 

19)  Acta de conclusión de juicio oral y público efectuada por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 25 de agosto de 2021.

 

20) Sentencia definitiva publicada en fecha 17 de septiembre de 2021, por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 

21) Escrito de solicitud de copias fotostáticas suscrita por la defensa del acusado, presentado en fecha 19 de octubre de 2021.

 

22) Escrito de solicitud de “aclaratoria de la sentencia”, suscrito por el ciudadano ROMMEL GILBERTO GUERRERO GALINDO, en su condición de víctima, presentado en fecha 22 de octubre de 2021.

 

23) Comunicación N° 02784, de fecha 28 de septiembre de 2021, emitida por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera al Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 

Anexo C:

 

1) Decisión publicada por la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 16 de noviembre de 2021, mediante la cual, emite los pronunciamientos siguientes:

 

“(…) PRIMERO: Se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por los profesionales del derecho ELIECER PEÑA GRANDA y YALIRA GRANDA (…) defensores privados del ciudadano CÉSAR ENRIQUE CACCIALANZA MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.702.790, en contra de la decisión dictada en fecha 19 de septiembre de 2021, por el Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual, CONDENA al acusado antes mencionado, a cumplir la pena de tres (03) años de prisión, por la comisión del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, tipificado en el artículo 468 del Código Penal venezolano.

SEGUNDO: Se fija el ACTO DE AUDIENCIA ORAL, que tendrá lugar para el día MARTES 23 de noviembre de 2021 (…)

TERCERO: Se INADMITE los escritos de contestación al recurso de apelación, expedidos por la Profesional del derecho DURBY RAQUEL PULIDO LAREZ, en su carácter de Fiscal Provisoria Centésima Trigésima Octava (138°) encargada de la Fiscalía Centésima Cuadragésima Octava (148°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas con Competencia para intervenir en Fase Intermedia y los Profesionales del Derecho JOSÉ DANIEL LINARES y MAIKER GRABIEL (sic) GONZALEZ (sic), en su carácter de apoderados del ciudadano ROMMEL GILBERTO GUERRERO GALINDO, por haber sido interpuestos anticipadamente (…)”. 

 

2) Acta de audiencia oral levantada por la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 23 de noviembre de 2021.

 

3) Escrito suscrito por los abogados en ejercicio JOSÉ DANIEL LINARES MONSALVE y MAIKER GABRIEL GONZÁLEZ, apoderados judiciales de la víctima ROMMEL GILBERTO GUERRERO GALINDO, mediante el cual, ejercen el recurso de revocación.

 

 

 

 

4) Decisión, dictada por la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 23 de noviembre de 2021, mediante la cual, declara con lugar el recurso de revocación interpuesto por los apoderados judiciales de la víctima.

 

5) Decisión publicada por la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 23 de noviembre de 2021, mediante la cual, admitió el recurso de apelación ejercido por la defensa privada del acusado, fijó el acto de audiencia oral para el día 25 de noviembre de 2021, y admitió los escritos de contestación interpuestos por el Ministerio Público y los apoderados judiciales de la víctima.

 

6) Acta de audiencia oral efectuada en fecha 25 de noviembre de 2021, por la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

 

7) Decisión publicada en fecha 26 de noviembre de 2021, por la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual, se declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido por la defensa privada del acusado, revocó la sentencia condenatoria y dictó sentencia propia, absolutoria a favor del ciudadano CÉSAR ENRIQUE CACCIALANZA MARTÍNEZ.

 

8) Escrito interpuesto por la defensa privada del acusado, de solicitud de copias.

 

9) Auto dictado por el Tribunal de Alzada, mediante el cual, se acordó expedir las copias solicitadas por la defensa.

 

10) Escrito de solicitud interpuesto por los abogados JOSÉ DANIEL LINARES MONSALVE y MAIKER GABRIEL GONZÁLEZ, de copias fotostáticas.

 

11) Auto dictado por la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, acordando expedir las copias requeridas por los apoderados judiciales de la víctima.

 

12) Escrito de solicitud de aclaratoria interpuesta por los apoderados judiciales de la víctima, dirigida al “Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (sic)”.

 

13) Auto publicado en fecha 16 de diciembre de 2021, por la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual, declaró “improcedente dicha solicitud”.

 

14) Boletas de notificaciones dirigidas a los apoderados judiciales de la víctima.

 

15) Auto dictado por la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y oficio N° 005-22, de fecha 11 de enero de 2022, remitiendo las actuaciones al Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

II

COMPETENCIA DE LA SALA

 

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 31, numeral 1, establece la competencia de cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal, para solicitar y avocarse al conocimiento de una causa, en los términos siguientes: “Competencia comunes de las Salas. “(…) Artículo 31. Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia: 1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley (…)”.

 

Por su parte, el artículo 106 eiusdem, dispone lo siguiente: “Competencia. Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal (…)”.

 

 

 

 

 

Ahora bien, se desprende de los fundamentos expuestos en la solicitud de la avocación, que lo pretendido por los solicitantes en el caso examinado, es que esta Sala de Casación Penal, se avoque a analizar las actuaciones concernientes al  procedimiento judicial que según se señala en el escrito respectivo, cursa contra el ciudadano CÉSAR ENRIQUE CACCIALANZA MARTÍNEZ, por la presunta comisión del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 del Código Penal, por ante la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con el nro. 4802-21 y que guarda relación con la causa que conoce el Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, signada con la nomenclatura 21J-1273-20.

 

Por dicha razón, esta Sala de Casación Penal, vista la materia sobre la cual versa el planteamiento sometido a su conocimiento, se declara competente para conocer y decidir sobre dicho asunto. Así se declara.

 

III

DE LOS HECHOS

 

El Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la sentencia condenatoria publicada en fecha 17 de septiembre de 2021, dejó sentado los hechos, de la forma siguiente:

“(…) La presente investigación, inició en fecha 13 de enero de 2016, por medio de la distribución de Querella, siendo el querellante el ciudadano ROMMEL GILBERTO GUERRERO GALINDO, quien manifestó, que en el año 2015, Corporación Gamar RO, SA. RIF (…), de la cual es accionista y director, conjuntamente con el Ingeniero César Enrique Caccialanza Martínez (…) firmaron un contrato en fecha 12 de enero de 2015 de construcción de Vivienda Unifamiliar Primera Etapa con el ciudadano Antonio Baptista, (…) y su empresa Corporación Gamar RC, SA., la obra se realizó en la Urbanización Los Naranjos, sector el Hatillo, estado Miranda por un monto de Bs. 25.487.813,19, y que se ha cobrado hasta la fecha más de Bs. 13.000.000,00, siendo depositado el dinero sin su autorización en la cuenta corriente personal del Ingeniero César Enrique Caccialanza Martínez, es decir, los ingresos no fueron depositados a la cuenta de Corporación Gamar RC, S.A. En la entrevista tomada al ciudadano Antonio Baptista Freitas, el ciudadano manifestó que si firmó un contrato con la empresa Corporación GAMAR RC, S.A., para la obra de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PRIMERA ETAPA, ubicada en la Urbanización Los Naranjos, sector el Hatillo, estado Miranda, en Caracas a los 12 días del mes de Enero (sic) de 2015, se reunió con el dueño de la empresa Corporación Gamar RC, S.A., el Ingeniero César Enrique Caccialanza Martínez para definir detalles del proyecto en su oficina ubicada en el edificio Galerías Pantin en Chacao, Caracas. Cuando firmaron el contrato nos dio la mitad del 50% que dice el contrato, sino que hizo varios abonos durante el año que sumaron Bs. 13.000.000,00 a la cuenta del Ingeniero César Enrique Caccialanza Martínez del Banco Caribe, la mayoría de los pagos eran por transferencia de su cuenta personal, quedando así demostrado la apropiación indebida calificada, cuando el ciudadano César Caccialanza indicaba al ciudadano Antonio Baptista que el depósito se realizará en su cuentas personales, siendo el deber ser que los depósitos por el pago de la obra se realizare en la cuenta CORPORACIÓN GAMAR RC, SA. RIF J-30634830-1 del Banco Caribe (…)” [sic].

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Determinada la competencia de esta Sala de Casación Penal para conocer de la solicitud de avocamiento incoada por los abogados en ejercicio JOSÉ DANIEL LINARES MONSALVE y MAIKER GABRIEL GONZÁLEZ, identificados con las cédulas de identidad nros. V-21.344.856 y 15.836.642 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 264.726 y 235.515, respectivamente, quienes actúan en este acto como apoderados judiciales del ciudadano ROMMEL GILBERTO GUERRERO GALINDO, le corresponde a la Sala, pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la misma y, en tal sentido, observa lo siguiente:

 

El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas, y en las materias de su respectiva competencia, la facultad de solicitar, en cualquier estado de la causa, bien de oficio o a instancia de partes, el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad, y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

 

Es por ello, que debido a su carácter especial y excepcional, la solicitud que al respecto se realice debe ser examinada reflexivamente por cuanto debe cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, so pena de la declaración de inadmisibilidad de la misma.

 

 

 

 

 

En tal sentido, la referida Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en los artículos 106, 107, 108 y 109, respectivamente, regula la figura en análisis de la manera siguiente:

 

Competencia

“(…) Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

Procedencia

Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

Procedimiento

Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independiente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida.

 

Sentencia

Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal competente en la materia, así como adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido (…)”.

 

Como se aprecia de las normas citadas, el avocamiento será procedente solo en caso de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, que se produzcan en la tramitación de algún asunto cursante ante los Tribunales de la República, cualquiera que sea su jerarquía y especialidad, con independencia de la etapa o fase procesal en que se encuentre.

 

 

 

En tal sentido, ha sido criterio reiterado de esta Sala de Casación Penal que la solicitud de avocamiento debe ser ejercida previo agotamiento de los recursos ordinarios oportunamente interpuestos ante la autoridad competente, sin el resultado esperado, pues las partes deben agotar los trámites, incidencias y recursos existentes para reclamar las infracciones que consideren han sido cometidas por los órganos de investigación o jurisdiccionales y no pretender acudir a la vía del avocamiento para separar momentáneamente la causa de su juez natural, subvirtiendo así las formas del proceso, por cuanto la figura bajo análisis “(…) no constituye una nueva instancia judicial o administrativa, para emitir un nuevo pronunciamiento a las partes, en cuanto a la resolución de una causa que no le favorezca…” [Cfr. Sentencia N° 313 del 17 de octubre de 2014 de la Sala de Casación Penal].

 

Bajo estos supuestos, en el presente caso, esta Sala de Casación Penal estima necesario verificar si se encuentran satisfechos los requisitos para la procedencia del avocamiento, a saber: a) que el solicitante esté legitimado para actuar; b) que la solicitud no sea contraria al ordenamiento jurídico; c) que el asunto curse ante un tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal donde se encuentre; d) que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios y, e) que se alegue la existencia de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, los cuales deben ser concurrentes, pues la ausencia de alguno de ellos conllevaría a que sea declarado inadmisible.

 

En este sentido, la Sala pasa a examinar la legitimación de los solicitantes como parte en el proceso, y al respecto se constató, del escrito suscrito y firmado por los abogados en ejercicio JOSÉ DANIEL LINARES MONSALVE y MAIKER GABRIEL GONZÁLEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 264.726 y 235.515, respectivamente, en su condición de apoderados judiciales del ciudadano ROMMEL GILBERTO GUERRERO GALINDO, en su condición de víctima que consignaron poder especial penal para actuar en la causa identificada con la nomenclatura 21J-1273-2020, protocolizado ante la Notaría Pública Segunda de Caracas, en fecha 16 de noviembre de 2020, por lo que resulta acreditada su legitimación para actuar como parte en el proceso.

 

Observa esta Sala que la solicitud de la avocatoria radica en la causa principal incoada contra el ciudadano CÉSAR ENRIQUE CACCIALANZA MARTÍNEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad nro. 6.702.790, ante la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con el nro. 4802-21 y que guarda relación con la causa que conoce el Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, signada con la nomenclatura 21J-1273-20; constatándose a los autos el ejercicio de la institución del avocamiento en un proceso penal, en el cual se realizó el juicio oral y público, y al término del mismo, el acusado obtuvo sentencia condenatoria, sin embargo, del referido fallo recurrió la defensa del acusado, y el Tribunal Colegiado, revocó la sentencia condenatoria, y dictó sentencia propia en la que absolvió al ciudadano CESAR ENRIQUE CACCIALANZA MARTÍNEZ, la cual quedó firme sin que las partes hubieren recurrido del mismo.

Al respecto, los solicitantes del avocamiento, consignaron copias debidamente certificadas de la sentencia condenatoria publicada en fecha 17 de septiembre de 2021 por el Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, cuya dispositiva se dictó al término del juicio oral y público, en fecha 25 de agosto de 2021, mediante la cual, se CONDENÓ al ciudadano CÉSAR ENRIQUE CACCIALANZA MARTÍNEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad nro. 6.702.790, a cumplir la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 del Código Penal.

Así mismo, consignaron copias debidamente certificadas de la decisión publicada en fecha 26 de noviembre de 2021, por la Sala Cinco de la  Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal, mediante la cual, “(…) DECLARÓ PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación ejercido por los abogados ELIECER PEÑA GRANDA y YALIRA GRANDA, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 12.130 y 14.920, en su carácter de defensores privados del ciudadano CÉSAR ENRIQUE CACCIALANZA MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N° V-6.702.790, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 19 de septiembre de 2021, por el Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual, condenó al acusado antes mencionado, a cumplir la pena de tres (03) años de prisión, por la comisión del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, tipificado en el artículo 468 del Código Penal venezolano. En consecuencia, se revoca la antes dicha sentencia condenatoria del Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal. En consecuencia, este Tribunal Colegiado dicta sentencia propia y ABSUELVE al ciudadano CÉSAR ENRIQUE CACCIALANZA MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N° V- 6.702.790, de la comisión del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, tipificado en el artículo 468 del Código Penal venezolano, de conformidad con el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal (…)” [sic].

Consecutivamente, en fecha 9 de diciembre de 2021, los abogados en ejercicio JOSÉ DANIEL LINARES MONSALVE y MAIKER GABRIEL GONZÁLEZ, apoderados judiciales de la víctima ROMMEL GILBERTO GUERRERO GALINDO, consignaron diligencia ante la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, solicitando “(…) copias simples de la decisión de esta Sala con ocasión al Recurso de Apelación interpuesto por la defensa del imputado (…)”.

En la misma fecha, es decir, el 9 de diciembre de 2021, la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó auto acordando expedir las copias fotostáticas requeridas por los apoderados judiciales de la víctima.

Posteriormente, en fecha 14 de diciembre de 20221, la mencionada representación judicial de la víctima (abogados JOSÉ DANIEL LINARES MONSALVE y MAIKER GABRIEL GONZÁLEZ, apoderados judiciales de la víctima ROMMEL GILBERTO GUERRERO GALINDO), consignaron escrito de solicitud de aclaratoria de la sentencia, dirigido al “(…) Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (…)”, de conformidad con lo previsto en el artículo 434 del Código Orgánico Procesal Penal.

En fecha 16 de diciembre de 2021, la mencionada Sala Cinco de la Corte de Apelaciones, declaró “(…) IMPROCEDENTE dicha solicitud por cuanto la misma fue recibida por error, toda vez que no está dirigida a este Tribunal Colegiado, sino al ´JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS´ por lo que mal podría esta Alzada pronunciarse sobre una solicitud no dirigida a (…) este Tribunal Superior (…)”. Auto del cual se notificó a la parte y así consta la boleta de notificación, efectuada el 17 de diciembre de 2021.

En fecha 11 de enero de 2022, el mencionado Tribunal Colegiado, dictó auto en el que dejó expresa constancia del vencimiento del lapso previsto en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal y ordenó la remisión del expediente al Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el oficio N° 005-22.

Ahora bien, señalado lo anterior observa la Sala que en el presente caso, la sentencia propia dictada por la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la que revocó la sentencia condenatoria dictada contra el ciudadano CÉSAR ENRIQUE CACCIALANZA MARTÍNEZ, y lo absolvió del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, se encuentra firme, por ende está revestida de cosa juzgada, lo cual hace que la solicitud de AVOCAMIENTO sea inadmisible al no tratarse de un proceso que esté en curso ante algún Tribunal de la República.

                                                              

Acorde con lo anterior, la Sala de Casación Penal en sentencia dictada el 19 de octubre de 2010, ratifica el criterio sostenido por la Sala Constitucional en la decisión N° 2.156 del 14 de septiembre de 2004, expresó lo siguiente: “(…) En el presente caso se pretende que la Sala se avoque al conocimiento de la causa sentenciada el 8 de febrero de 2008, por la Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, (…) la cual adquirió firmeza, por lo que el AVOCAMIENTO no es admisible. Lo contrario se traduciría en una clara violación de la cosa juzgada, garantía que encuentra su excepción en el procedimiento de revisión constitucional previsto en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, en concordancia con los numerales 10, 11 y 12 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde se prevé como requisito de admisibilidad que la sentencia tenga firmeza, tal como se aprecia en la decisión N° 2.156 del 14 de septiembre de 2004, donde la Sala Constitucional manifestó lo siguiente: ‘Esta Sala ha señalado, reiteradamente, que, para la revisión que establece la predicha disposición constitucional, debe tenerse la certeza de que el fallo, cuyo examen se pretenda mediante el referido mecanismo, tenga carácter definitivamente firme’ (…)” [sic].

 

 

 

 

 

En consecuencia, considera la Sala que no están satisfechas a cabalidad las condiciones validas y concurrentes requeridas para la admisión del AVOCAMIENTO, siendo ineludible para la Sala de Casación Penal, declarar inadmisible la solicitud propuesta por los abogados en ejercicio JOSÉ DANIEL LINARES MONSALVE y MAIKER GABRIEL GONZÁLEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 264.726 y 235.515, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la víctima.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la solicitud de avocamiento interpuesta por los abogados JOSÉ DANIEL LINARES MONSALVE y MAIKER GABRIEL GONZÁLEZ, identificados con las cédulas de identidad nros. V-21.344.856 y 15.836.642 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 264.726 y 235.515, respectivamente, quienes actúan como apoderados judiciales del ciudadano ROMMEL GILBERTO GUERRERO GALINDO, del proceso penal seguido contra el ciudadano CÉSAR ENRIQUE CACCIALANZA MARTÍNEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad nro. 6.702.790, por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 del Código Penal, ante la Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la causa signada con el nro. 4802-21 y que guarda relación con las actuaciones seguidas ante el Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, signada con la nomenclatura 21J-1273-20; de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 108, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Publíquese, regístrese, ofíciese lo conducente. Remítase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022). Años: 211° de la Independencia y 163° de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

 

 

 MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

(Ponente)

 

 

 

   La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

 

 

 ELSA JANETH GÓMEZ MORENO    

 

 

                                                                                  

La Magistrada,

 

 

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

 

 

 

El Magistrado,

 

 

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

 

 

 

La Magistrada,

 

 

 

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

 

 

 

 

Exp. nro. AA30-P-2022-000041

MJMP

 

 

La Magistrada, Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, no firmó por motivo justificado.

 

La Secretaria,

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

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