Sentencia N.º 223
- Sentencia
- N.º 223
- Fecha
- 13/04/2026
- Sala
- Casación Penal
- Expediente
- A26-16
- Ponente
- Elsa Janeth Gómez Moreno
- Procedimiento
- Avocamiento
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO
El 9 de diciembre de 2025, los abogados Alba Inés Martínez Geara y Espartaco José Martínez Barrios, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 111.478 y 86.743, respectivamente, actuando como apoderados judiciales del ciudadano Ricardo Javier Briceño, titular de la cédula de identidad número V- 9.676.758, en su condición de Presidente de la sociedad mercantil MILENIUM METAL, C.A. presentaron ante la Secretaría de esta Sala de Casación Penal escrito contentivo de SOLICITUD DE AVOCAMIENTO del proceso penal que cursa ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, distinguido con el alfanumérico BP01-P-2023-001208, en contra de los ciudadanos JOSÉ LUIS ACOSTA LEREICO, RONALDO JESÚS GOITIA PEDRIQUE, MARCO ANTONIO URBINA TAPISQUEN, ROBERT JOSÉ MORA TORO, MIGUEL ALEJANDRO GRATEROL QUEVEDO, YORNI JOSÉ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JORGE JESÚS BARRETO AZUAJE y RAFAEL HUMBERTO GRATEROL RUZA, titulares de las cédulas de identidad números V-20.087.224, V-25.257.473, V-20.359.275, V-27.268.378, V-29.841.267, V-26.842.200, V-25.652.472 y V- 6.662.050, en ese mismo orden, por los delitos de TRÁFICO DE MATERIAL ESTRATÉGICO, previsto y sancionado en el artículo 34, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111, de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
El 21 de enero de 2026, la Sala de Casación Penal dio entrada a la solicitud de avocamiento, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2026-00016, y de conformidad con la disposición contenida en el artículo 99, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó ponente a la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
DE LA COMPETENCIA
La figura del avocamiento se encuentra prevista en los artículos 31, numeral 1 y 106, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establecen, respectivamente, lo siguiente:
“Artículo 31. Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:
1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone la Ley.”.
(…)
“Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.”.
De lo anterior se desprende que se atribuye a las Salas del Tribunal Supremo de Justicia la competencia para conocer de las solicitudes de avocamiento, sea de oficio o a instancia de parte, de una causa que curse ante cualquier tribunal, en las materias de su respectiva competencia, independientemente del estado o grado en que se encuentre la misma, para resolver si asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.
Siendo así, corresponde a la Sala de Casación Penal conocer de la presente solicitud de avocamiento por ser la causa de naturaleza penal. Así se declara.
DE LOS HECHOS
Los hechos que dieron lugar a la causa, cuyo avocamiento se solicita fueron expuestos en el escrito de la siguiente manera:
“…En fecha 30 de mayo de 2023, funcionarios adscritos a la Policía del Estado Anzoátegui irrumpieron en la sede de la compañía MILENIUM METAL C.A, ubicada en Calle 2, cruce con Pasaje II, Zona Industrial Los Mesones II, Galpón sin número, Barcelona, Municipio Simón Bolívar, Estado Anzoátegui; aprehendiendo a los ciudadanos JOSÉ LUIS ACOSTA LEREICO, RONALDO JESÚS GOITIA PEDRIQUE, URBINA TAPISQUEN MARCO ANTONIO, ROBERT JOSÉ MORA TORO, MIGUEL ALEJANDRO GRATEROL QUEVEDO, YORNI JOSÉ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JORGE JESÚS BARRETO AZUAJE Y RAFAEL HUMBERTO GRATEROL RUZA, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-20.087.224, V-25.257.473, V-20.359.275, V-27.268.378, V-29.841.267, V-26.842.200, V-25.652.472, y V-6.662.050, todos estos empleados de la empresa. A partir de esa fecha se genera una incautación de facto.
En fecha 3 de junio de 2023, se llevó a cabo ante la sede del Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, (PIEZA I Folio 67) audiencia de presentación de los detenidos de autos, oportunidad en la cual le fue decretada MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DELIBERTAD contenida en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, por encontrarse incursos en la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO DE MATERIAL ESTRATÉGICO, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y control de Armas y Municiones, siendo oportuno acotar que fue la ÚNICA medida judicial requerida por la Fiscalía a cargo de la investigación y acordada por el tribunal.
Transcurridos los 45 días de investigación preliminar previstos en el tercer aparte del artículo 236 del texto adjetivo penal, la Fiscalía Novena del Ministerio Público, en fecha 15 de julio de 2023 solicitó al tribunal de control la REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR (PIEZA II folio 163) al considerar que no tenía fundamentos serios para acusar a los encausados, toda vez, que fue demostrado durante la investigación que los imputados no habían ejecutado ninguna acción antijurídica y que la sociedad mercantil posee toda la permisología vigente y necesaria emanada de la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora y demás entes competentes para el almacenaje, destrucción, reciclaje, compra y venta, distribución, comercialización, importación y exportación de materiales ferrosos y no ferrosos…”.
DE LOS FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO
Los solicitantes, plenamente identificados, expresaron en la solicitud de avocamiento presentada, lo siguiente:
“ALEGATOS DEL AVOCAMIENTO SOLICITADO
(…)
Desde el 30 de mayo de 2023 hasta el 17 de abril de 2024, funcionarios policiales adscritos a la Policía Bolivariana del Estado Anzoátegui, se encontraban en la entrada de la empresa MILENIUM METAL C.A., ejerciendo una férrea incautación de facto sobre las instalaciones, tanto en sus patios de flota y maniobras, así como todas las oficinas administrativas, impidiendo el acceso de los trabajadores o de los miembros de la junta directiva de la empresa o sus apoderados legales, paralizando por completo las actividades fabriles en la entidad de trabajo, causando con tal accionar un daño patrimonial irreparable tanto a los propietarios de la empresa como a sus trabajadores, viéndose mermada la nómina de la misma, vista la suspensión de la relación laboral (de hecho), lesiones de orden laboral que afecta a un universo de trabajadores de aproximadamente cien (100) empleados, violentando con tal accionar ilegal y arbitrario derechos de rango constitucional como lo son el DEBIDO PROCESO, DERECHO AL TRABAJO, DERECHO A LA LIBRE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DERECHO A LA PROPIEDAD, consagrados en los artículos 49, 87, 112 v 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, encontrándose paralizada dicha empresa.
En fecha 11 de marzo de 2024 (pieza III folio 40), el Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, pudo evidenciar que la presente causa se inició en fecha 3 de junio del 2023, y que en fecha 17 de julio del 2023, previa solicitud de revisión de medida del Ministerio Público, que este Tribunal acordó la sustitución de la Medida Privativa de Libertad por las Medidas Cautelares Sustitutivas previstas en los ordinales 3º y 4º del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal a los imputados identificados en autos, y hasta la presente fecha, el Fiscal Noveno del Ministerio Público del Estado Anzoátegui, no ha presentado acto conclusivo, por lo que el mencionado Tribunal ordenó la remisión inmediata de la causa, a fin de que dicho Fiscal emitiera el correspondiente acto conclusivo.
La ausencia de pronunciamiento por parte del órgano investigador evidencia una omisión grave e imputable al Ministerio Público, que exige la intervención de este Tribunal Supremo de Justicia, para garantizar la celeridad y efectividad de la acción penal, conforme a los principios que rigen la función pública y la administración de Justicia. Asimismo, incumple procesalmente con lo dispuesto en el artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal.
En fecha 12 de abril del 2024, el Ministerio Público, solicitó MEDIDA DE ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN PREVENTIVA (folio 95 pieza III), observamos como el ministerio público en esta solicitud omite todos los elementos exculpatorios, permisos, contratos, solvencias, addendums, con los cuales solicitó el cambio de medida a los imputados de la presente causa, que se encontraban con medida de privación preventiva de libertad. Es importante referir que esta defensa interpuso escrito de oposición a la solicitud de esa medida en fecha 18 de abril de 2024, sin que fuese realizado pronunciamiento por parte del Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui.
En fecha 10 de octubre de 2024, año y medio después de la toma ilegal y sin que variara sustancialmente los elementos probatorios o de convicción que dieron lugar a las medidas de presentación, el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia en Funciones de Control del Estado Anzoátegui (Barcelona), declaró:
‘PRIMERO: CON LUGAR la solicitud realizada por los ABG. JONATHAN CARRERO, Fiscal Provisorio 83 Nacional Plena contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y el ABG. DANIEL YEGUEZ, Fiscal Décimo Sexto encargado de la Fiscalía Novena del Ministerio Público con Competencia en Materia de Drogas, Delincuencia Organizada y Delitos Económicos. SEGUNDO: SE DECRETA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN PREVENTIVA, en contra de los siguientes bienes muebles (...)’ (Cita textual).
La decisión antes transcrita se pronuncia respecto a una solicitud de incautación de la empresa, en una tardía y cuestionada decisión que para esta defensa, vulnera el Derecho al Trabajo de más de 100 empleados y la gravísima afectación de sus grupos familiares, el Derecho a la Propiedad de RICARDO JAVIER BRICEÑO, y la consecuente vulneración del Debido Proceso, con una medida de incautación a destiempo e igualmente arbitraria, en virtud de esta actuación lesiva de derechos constitucionales y legales ejecutados en contra de la Sociedad Mercantil por el órgano auxiliar de la investigación y que hoy se pretende convalidar por medio del órgano judicial, todo ello a pesar de que rielan en actas y así fue debidamente señalado al Tribunal de marras los diferentes contratos que avalan la tenencia y procesamiento de la materia prima de la compañía la cual está constituida entre otros por material de CORPOELEC y Tuberías (entre otros) de la estatal de petróleos PDVSA, material asignado mediante contrato los cuales pasamos a especificar:
La empresa LATAN NAVEGATION COMPANY C.A. realizó un contrato (CJ-N-061-2021) con la empresa Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (CORPOEZ) donde se le asigna a dicha empresa material de desincorporación de la estatal PDVSA, y entre estos materiales se encuentra material de tuberías así mismo en el referido contrato hace referencia a que la empresa SERVICIOS Y SUMINISTRO FULL SERVICE R&F, C.A. seria el operador logistico de dichos contratos. La empresa PROVECA, realizó un contrato (C)-N-221-2022) con la empresa CORPOEZ donde se le asigna a dicha empresa material de desincorporación de la estatal PDVSA, entre estos materiales se encuentra material propios de la actividad petrolera tal y como se observa cuando advierte la desincorporación de materiales de diversos campos petroleros que supone entre otros materiales la presencia de tuberías así mismo en el referido contrato hace referencia a que la empresa SERVICIOS Y SUMINISTRO FULL SERVICE R&F, C.A. sería el operador logístico de dichos contratos.
La empresa CORPOELEC asignó según contrato (CJ-N-075-2021) con la empresa Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (CORPOEZ) material de desincorporación en la cual autoriza realizar el retiro de material estratégico relacionada al suministro de energía eléctrica, así como bienes propios de esa industria, donde a su vez se observa que dentro del material comercializado se encuentran distintos vehículos. Porque por su condición son considerados "material estratégico susceptible de reciclaje" tal y como se observa cuando advierte la desincorporación de materiales así mismo en el referido contrato hace referencia a que la empresa SERVICIOS Y SUMINISTRO FULL SERVICE R&F, C.A. sería el operador logístico de dichos contratos. (Pieza II, folio 87).
La empresa SERVICIOS Y SUMINISTRO FULLSERVICE R&F, C.A, (Registro Mercantil Pieza I folio 153) le pertenece en un cincuenta (50) por ciento al ciudadano RICARDO JAVIER BRICEÑO, por lo cual el material asignado a la misma es trasladado a LA SOCIEDAD MERCANTIL MILENIUM METAL C.A., empresa de la cual también es propietario al ciudadano RICARDO JAVIER BRICEÑO. Igualmente se consignó oportunamente a la Fiscalía Novena del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, contrato de arrendamiento entre las mismas para la permanencia del material en la sede (Pieza II, folio 75).
Han transcurrido dos (2) años y seis (6) meses, desde que fue iniciada la presente investigación por parte del Ministerio Público, sin que a la fecha se haya emitido acto conclusivo que determine la continuidad, el archivo o el cierre del procedimiento. Esta prolongación excesiva y sin justificación razonable vulnera el derecho constitucional del interesado al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, en cuanto genera una situación de incertidumbre e indefensión.
ALEGATOS DEL AVOCAMIENTO SOLICITADO
Es el caso honorables Magistrados que interponemos el presente avocamiento, en virtud de las siguientes denuncias violatorias del debido proceso, de la tutela judicial efectiva, de graves desórdenes procesales al ordenamiento jurídico, que perjudican ostensiblemente la imagen del Poder Judicial y la Paz Pública, lo cual está contemplado, tanto en el artículo 106, como del 107 al 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y se hace saber:
1. Hasta la presente fecha, el Fiscal Noveno del Ministerio Público del Estado Anzoátegui, ni el Fiscal 83 Nacional contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, no han presentado acto conclusivo. La ausencia de pronunciamiento por parte del órgano investigador evidencia una omisión grave e imputable al Ministerio Público, que exige la intervención de este Tribunal Supremo de Justicia para garantizar la celeridad y efectividad de la acción penal, conforme a los principios que rigen la función pública y la administración de justicia. Asimismo, incumple procesalmente con lo dispuesto en el artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone:
(…)
Ahora bien, se evidencia que de los actos de investigación realizados hasta el momento no le ha sido posible encontrar elementos de convicción suficientes para Interponer acusación como acto conclusivo.
2. En fecha 31 de enero de 2024, quienes suscriben Alba Martínez Geara y Espartaco Martínez Barrios, solicitamos al Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de Barcelona, la entrega material de la sede de la Empresa MILENIUM METAL C.A., así como los demás objetos y bienes muebles que se encontraban en ella, tales como vehículos, tipo camionetas, maquinarias y demás bienes ilícitamente retenidos.
3. El 8 de febrero del 2024 (…), interpusimos ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de Barcelona, solicitud de Control Judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual contempla: (…)
Tal solicitud la realizamos en razón de las actuaciones ilegales y arbitrarias que han sido suficientemente discriminadas en el título anterior, ejecutadas por funcionarios adscritos a la Policía Bolivariana del Estado Anzoátegui, quienes impiden el acceso a la sede de la empresa MILENIUM METAL C.A., sin que medie una orden judicial de incautación preventiva sobre bienes muebles o inmuebles decretada por este tribunal conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, lo cual atenta contra la garantía del debido proceso, afectando la actividad comercial de la referida sociedad mercantil y menoscabando el Derecho al Trabajo de más de 100 empleados, lo cual a tenor del citado artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, es menester hacer cesar los actos arbitrarios que hoy se denuncian.
(…)
El 6 de marzo del 2023, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Control de la referida Circunscripción Judicial, declaró INADMISIBLES las solicitudes de conclusión de investigación y control judicial, Interpuesta (…) apoderados del ciudadano RICARDO JAVIER BRICEÑO ARENAS, Presidente de la Compañía Anónima MILENIUM METAL C.A. POR LA SUPUESTA FALTA DE CUALIDAD para actuar en el presente proceso por parte de nuestro representado.
4. En fecha 10 de octubre de 2024, año y medio después de la toma ilegal y sin que variara sustancialmente los elementos probatorios o de convicción que dieron lugar a las medidas de presentación, el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia en Funciones de Control del Estado Anzoátegui (Barcelona), declaró:
‘PRIMERO: CON LUGAR la solicitud realizada por los ABG. JONATHAN CARRERO, Fiscal Provisorio 83 Nacional Plena contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y el ABG. DANIEL YEGUEZ, Fiscal Décimo Sexto encargado de la Fiscalía Novena del Ministerio Público con Competencia en Materia de Drogas, Delincuencia Organizada y Delitos Económicos, SEGUNDO: SE DECRETA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN PREVENTIVA, en contra de los siguientes bienes muebles (...)’.
(…)
5. En este sentido, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de Barcelona, no cumplió durante el proceso con el principio procesal que rige el derecho penal, como: ‘celeridad procesal’ y presunción de inocencia entre otros, consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, así como en diversos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, concretamente en su artículo 14, debe ejercer un control sobre los aspectos formales y materiales del ejercicio de la acción penal, para así garantizar la debida seguridad jurídica.
La situación descrita constituye una escandalosa violación al orden público constitucional, por cuanto se trata de la vulneración al Derecho al Trabajo de más de 100 empleados y la gravísima afectación de sus grupos familiares, el Derecho a la Propiedad de RICARDO JAVIER BRICEÑO.
6. El 19 de mayo de 2025, la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, decidió que SUPUESTAMENTE lo ajustado a derecho era declarar INADMISIBLE POR FALTA DE LEGITIMIDAD AD CAUSAM, el recurso de apelación de auto, interpuesto por los abogados ALBA MARTÍNEZ GEARA Y ESPARTACO MARTÍNEZ BARRIOS, apoderados del ciudadano RICARDO JAVIER BRICEÑO ARENAS, contra la decisión judicial dictada el 10 de octubre del 2024, por el Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 424 y 428 literal ‘a’ del Código Orgánico Procesal Penal.
III DEL DERECHO
(…)
PETITORIO
Sobre la base de los planteamientos de hecho y de derecho expuestos a lo largo del presente escrito y, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicitamos a esta honorable Sala de Casación Penal, que declare:
PRIMERO: Se ADMITA la presente solicitud de avocamiento en todas y cada una de sus partes.
SEGUNDO: Se OFICIE al Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Estado Anzoátegui, a fin de requerir el expediente ASUNTO PRINCIPAL: BP01-P-2023-001208, ASUNTO: BP01-P-2023-001208, y en consecuencia ORDENAR la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación.
TERCERO: Se declare CON LUGAR la presente solicitud de avocamiento.
CUARTO: Se SUSTRAIGA de su jurisdicción natural, el expediente identificado con el alfanumérico ASUNTO PRINCIPAL: BP01-P-2023-001208, ASUNTO: BP01-P-2023-001208, que cursa ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Estado Anzoátegui, contentivo de la causa seguida en contra de los ciudadanos JOSÉ LUIS ACOSTA LEREICO, RONALDO JESÚS GOITIA PEDRIQUE, URBINA TAPISQUEN MARCO ANTONIO, ROBERT JOSÉ MORA TORO, MIGUEL ALEJANDRO GRATEROL QUEVEDO, YORNI JOSÉ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JORGEJESÚS BARRETO AZUAJE Y RAFAEL HUMBERTO GRATEROL RUZA, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-20.087.224, V-25.257.473, V-20.359.275, V-27.268.378, V-29.841.267, V-26.842.200, V-25.652.472, y V-6.662.050 y ORDENE la remisión del expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que distribuya a un Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control...”. (sic).
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
La figura del avocamiento se encuentra prevista en el capítulo III, artículos 106, 107, 108 y 109, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en los cuales se establece, respectivamente, lo siguiente:
“Capítulo III
Avocamiento
“Artículo 106. Competencia
Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier Tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro Tribunal”.
“Artículo 107 Procedencia
El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática”.
“Artículo 108. Procedimiento
La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al Tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo, y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida”.
“Artículo 109. Sentencia
La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en Tribunal competente en la materia, así como, adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido”.
Tal como se desprende de los artículos previamente citados, el avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional, que le otorga a cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia, la competencia para conocer, de oficio o a petición de parte, en las materias de su respectiva competencia, las causas que cursen ante cualquier Tribunal de la República, independientemente del estado o grado en que se encuentren, cuando en las mismas existan graves desordenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico venezolano, que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, y no exista otro medio jurídico idóneo o capaz de restablecer la situación jurídica infringida.
De igual modo, para su procedencia se exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1) Que el solicitante esté legitimado para pedir el avocamiento por tener interés en la causa, salvo en los casos en los que esta Sala de Casación Penal lo hiciere de oficio.
2) Que el proceso cuyo avocamiento se solicita curse ante un Tribunal de la República cualquiera sea su jerarquía y especialidad, con independencia de la etapa o fase procesal en que se encuentre.
3) Que la solicitud de avocamiento no sea contraria al orden jurídico, vale decir, opuesta a las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
4) Que la solicitud sea interpuesta una vez ejercidos los recursos ordinarios, ante la autoridad competente y sin éxito; esto es, que las irregularidades que se alegan deben haber sido oportunamente reclamadas sin el resultado esperado.
5) Referido a la alegación de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.
En tal sentido, cabe acotar que las circunstancias de admisibilidad anteriormente mencionadas deben ser concurrentes, por lo que la ausencia de alguna de estas conllevaría a la declaratoria de inadmisibilidad del avocamiento. Criterio que ha establecido de forma reiterada y pacífica esta Sala de Casación Penal, entre otras, en sentencia número 21, del 18 de febrero de 2019.
Visto lo anterior, resulta menester enfatizar que es necesario que la solicitud de avocamiento presentada ante cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal, cumpla de forma concurrente con los requisitos de admisibilidad expresados, así como también con lo establecido en los artículos 106, 107, 108 y 109, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, previamente transcritos.
Ahora bien, debe proceder esta Sala a analizar los requisitos de admisibilidad de la solicitud de avocamiento propuesta, de la siguiente forma:
1. En cuanto al primer requisito, el solicitante debe estar debidamente legitimado para solicitar el avocamiento, por tener interés en la causa, toda vez que la Sala no se encuentra procediendo de oficio.
En el presente caso, se observa que la presente solicitud de avocamiento fue presentada por los abogados Alba Inés Martínez Geara y Espartaco José Martínez Barrios, actuando como apoderados judiciales del ciudadano Ricardo Javier Briceño, en su condición de Presidente de la sociedad mercantil MILENIUM METAL, C.A., tercero interesado en la causa; no obstante, se verificó que el instrumento poder que acredita su representación autenticado en fecha 17 de octubre de 2024, ante la Notaría Pública Décima Quinta del Municipio Libertador del Distrito Capital, anotado bajo el número 37, tomo 75, y que consta en la pieza denominada 1-1, folios 15 al 20, faculta a dichos profesionales del derecho conforme se indica a continuación:
“…Yo, RICARDO JAVIER BRICEÑO ARENAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, casado y titular de la Cédula de Identidad N° V- 9.676.758 Presidente de la Compañía Anónima MILENIUM METAL C.A, (…) declaro: Que en nombre de mi representada confiero PODER ESPECIAL EN MATERIA PENAL, siendo este, amplio y suficiente cuanto en derecho se requiere, a los abogados ADANEVA OMAIRA GUERRERO RODRIGUEZ, ALBA INES MARTINEZ GEARA Y ESPARTACO JOSE MARTINEZ BARRIOS, (…), para que actuando conjunta o separadamente, representen, reclamen, sostengan y defiendan los derechos, intereses y acciones de mi representada ante el Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en todas sus Instancias, la Fiscalía General de la República y todas sus Fiscalías, los organismos policiales competentes y cualquier otra sede administrativa. En ejercicio de la presente representación, los mencionados apoderados podrán realizar en nombre de mi representada, todo lo que en su cualidad de derechos de Tercería, Víctima o cualquier otro Sujeto Procesal ejercería para la defensa de sus derechos y garantías ante los organismos referidos v especialmente EJERCER Y SOSTENER LAS Acciones PENALES Y CIVILES NECESARIAS Y PERTINENTES en relación a los hechos que se investigan en la Fiscalía Novena (90) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, bajo el expediente Número MP-115397-2023 y que conoce el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de Barcelona, signada con la nomenclatura No BP01-P-2023-001208, así como cualquier otro órgano que conozca de eso hechos y esta causa. Entre las facultades aquí otorgadas y encomendadas se encuentran el derecho de examinar las actas procesales, con el objeto de contribuir a establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, comparecer y gestionar ante todas las autoridades judiciales, fiscales y policiales; presentar denuncia o querella, asistir en nombre de mi representada a cualquier audiencia y demás actos propios de un proceso penal, seguir los juicios en todas las instancias, grados, trámites e incidencias; intentar recusaciones, solicitar nulidades, oponer excepciones, ejercer todos los recursos ordinarios y extraordinarios establecidos o previstos en nuestra legislación, solicitar la práctica de Inspecciones Judiciales, Pruebas Anticipadas, Amparos Constitucionales, Medidas Cautelares, disponer del derecho en litigio, realizar transacciones tanto judiciales como extrajudiciales, realizar cualquier clase de Acuerdo Reparatorio, recibir cantidades de dinero y otorgar los finiquitos y recibos de ley, solicitar la práctica de medidas cautelares preventivas o ejecutivas, desistir de la acción o del procedimiento, transigir y/o convenir, promover y evacuar toda clase de pruebas y en general, oponerse a medidas de ocupación, incautación o asegurativa de cualquier forma de bienes muebles o inmuebles propiedad de la empresa, solicitar la entrega de bienes muebles o inmuebles propiedad de la empresa, ejercer cuantos actos y acciones se consideren necesarios y útiles para la mejor defensa de los intereses y derechos de mi representada. Los mencionados apoderados podrán sustituir, total o parcialmente, el poder conferido en abogados de su confianza, reservándose su ejercicio y en general realizar todos los actos que sean necesarios para efectuar cualquier otra gestión que esté relacionada con este mandato en el entendido que las facultades aquí conferidas conllevan todos y cada uno de los supuestos de autorizaciones y consentimientos exigidos por el artículo 1169 del Código Civil Venezolano, ya que estas atribuciones que mencionamos tienen un carácter meramente enunciativo y no taxativo y menos uno limitativo. Caracas, a la fecha de su presentación…”.(sic)
Conforme a la transcripción que antecede, se verifica que el instrumento poder que acredita la representación de los abogados Alba Inés Martínez Geara y Espartaco José Martínez Barrios, quienes acuden a este Máximo Tribunal en nombre de su mandante, el ciudadano Ricardo Javier Briceño, en su condición de Presidente de la sociedad mercantil MILENIUM METAL, C.A., tercero interesado en la causa, requiriendo que la Sala se avoque al proceso, aun cuando el mismo tiene carácter penal y, por ende especial, en el que se especifica el proceso penal sobre el cual es conferido, e indica igualmente, seguir los juicios en todas las instancias, grados, trámites e incidencias; intentar recusaciones, solicitar nulidades, oponer excepciones, ejercer todos los recursos ordinarios y extraordinarios establecidos o previstos en nuestra legislación, solicitar la práctica de inspecciones judiciales, pruebas anticipadas, amparos constitucionales, medidas cautelares, disponer del derecho en litigio, no obstante, no se hace mención alguna a la expresa facultad de solicitar el avocamiento de la causa, razón por la que, a pesar que dichos profesionales del derecho tienen atribuciones para representar a su mandante en el proceso penal, no le permite formular ante la Sala dicha solicitud, siendo que tal potestad deber ser taxativa en el mandato conferido.
Sobre el particular antes mencionado, respecto al ejercicio de los recursos, en anteriores ocasiones la Sala se ha pronunciado y ha dejado claramente establecido que el avocamiento no es un recurso, aunado al hecho que, dicho remedio procesal no es susceptible de interponerse ante cualquier circunstancia o decisión con la que exista discordancia, pues tan excepcional figura constituye un medio de defensa ejercido bien sea a instancia de parte, o de oficio por este Máximo Tribunal, que lo faculta por vía de excepción, para examinar una causa que curse ante un inferior jerárquico, y bajo los supuestos que determinen la viabilidad, de decidir en el mismo; siempre y cuando en el proceso penal que se trate, se hayan empleado los mecanismos establecidos en nuestros cuerpos normativos, y hayan resultado ineficaces para garantizar la adecuada protección de los derechos e intereses jurídicos de las partes.
Señalado lo anterior, y haciendo referencia al instrumento poder con el que los solicitantes efectúan la petición avocatoria, se determina con precisión que, tal mandato no los faculta para su requerimiento, lo que ha sido un criterio sostenido por esta Sala de Casación Penal, citándose como ejemplo de ello, las siguientes sentencias:
Sentencia número 9, del 20 de mayo de 2019, que señaló lo siguiente:
“…Siendo así, esta Sala de Casación Penal advierte que aun cuando los referidos instrumentos poder otorgan a los prenombrados profesionales del derecho facultades especiales para la representación de sus derechos antes los Tribunales de la República, estos no los facultan expresamente para formular la presente petición avocatoria en nombre de aquellos, por lo que no pueden pretender dichos profesionales del derecho atribuirse un carácter que no ostentan.
Así las cosas, se concluye que para poder demostrar la legitimidad en un proceso, es necesario consignar en original o copia autenticada un instrumento poder con facultades especiales que habiliten el ejercicio de la solicitud de avocamiento, en virtud de lo cual, en el caso bajo estudio, resulta evidente que los solicitantes, a través de los poderes especiales, no acreditaron la cualidad que les permitan el ejercicio de la presente solicitud, requisito indispensable para proceder a la admisión del avocamiento…”.
Sentencia número 28, del 17 de febrero de 2022, que en consonancia con lo expuesto indicó:
“…para que los representantes de las víctimas puedan solicitar a la Sala que se avoque al conocimiento de una determinada causa, como ocurre en el caso particular, requiere que se le haya facultado de manera expresa y específica para ello, mediante el instrumento legal correspondiente…”.
De la misma forma, la decisión número 69 del 27 de febrero de 2025, expresó:
“…Por consiguiente, tomando en consideración lo expresado en torno al caso y al aplicar el contenido de la cita efectuada, se colige que el instrumento poder con el que el apoderado judicial presentó la solicitud de avocamiento, no lo faculta para el ejercicio de tan extraordinaria figura, cuyo mandato debe ser específico para su viabilidad efectiva ante esta Sala de Casación Penal, en lo atinente a la legitimidad, razón por la que esta Sala considera inoficioso pronunciarse sobre los restantes requisitos de admisibilidad.
Atendiendo a lo precedente, estima oportuno la Sala mencionar que la potestad conferida para actuar bajo el amparo de un poder especial al solicitar un avocamiento, tiene carácter restrictivo en virtud a la excepcionalidad de la mencionada figura, en razón de lo que es impretermitible la expresa manifestación de voluntad por parte del mandante para su ejercicio, sin que ello implique falta de legitimidad como apoderado, pues la misma se deriva del cumplimiento previo de las formalidades exigidas para la validez jurídica del instrumento, entendiéndose que a pesar de estar investido como representante legal para un asunto específico, no ostenta la potestad para requerir la admisión de tal solicitud, es decir no posee legitimación procesal, la cual concede la facultad para ejercer una acción determinada, siendo ello la capacidad procesal….” .
Por consiguiente, tomando en consideración lo expresado en torno al caso y al aplicar el contenido de la cita efectuada, se colige que los abogados Alba Inés Martínez Geara y Espartaco José Martínez Barrios, carecen de legitimación para solicitar el avocamiento que ocupa a la Sala, razón por la que se considera inoficioso pronunciarse sobre los restantes requisitos de admisibilidad.
En consecuencia, y sobre la base de los fundamentos que anteceden, visto que la legitimación de las partes al solicitar la figura de avocamiento debe ser expresa, y en el caso de autos la misma no se cumple, es menester para la Sala de Casación Penal declarar INADMISIBLE la presente solicitud de avocamiento formulada por los abogados Alba Inés Martínez Geara y Espartaco José Martínez Barrios, actuando como apoderados judiciales del ciudadano Ricardo Javier Briceño, en su condición de Presidente de la sociedad mercantil MILENIUM METAL, C.A. del proceso penal que cursa ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, distinguido con el alfanumérico BP01-P-2023-001208, en contra de los ciudadanos JOSÉ LUIS ACOSTA LEREICO, RONALDO JESÚS GOITIA PEDRIQUE, MARCO ANTONIO URBINA TAPISQUEN, ROBERT JOSÉ MORA TORO, MIGUEL ALEJANDRO GRATEROL QUEVEDO, YORNI JOSÉ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JORGE JESÚS BARRETO AZUAJE y RAFAEL HUMBERTO GRATEROL RUZA, por los delitos de TRÁFICO DE MATERIAL ESTRATÉGICO, previsto y sancionado en el artículo 34, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111, de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, visto que no se encuentran satisfechas las condiciones delimitadas en el artículo 106, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la solicitud de avocamiento suscrita y presentada por los abogados Alba Inés Martínez Geara y Espartaco José Martínez Barrios, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 111.478 y 86.743, respectivamente, actuando como apoderados judiciales del ciudadano Ricardo Javier Briceño, titular de la cédula de identidad número V- 9.676.758, en su condición de Presidente de la sociedad mercantil MILENIUM METAL, C.A. del proceso penal que cursa ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, distinguido con el alfanumérico BP01-P-2023-001208, en contra de los ciudadanos JOSÉ LUIS ACOSTA LEREICO, RONALDO JESÚS GOITIA PEDRIQUE, MARCO ANTONIO URBINA TAPISQUEN, ROBERT JOSÉ MORA TORO, MIGUEL ALEJANDRO GRATEROL QUEVEDO, YORNI JOSÉ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JORGE JESÚS BARRETO AZUAJE y RAFAEL HUMBERTO GRATEROL RUZA, titulares de las cédula de identidad números V-20.087.224, V-25.257.473, V-20.359.275, V-27.268.378, V-29.841.267, V-26.842.200, V-25.652.472 Y V- 6.662.050, en ese mismo orden, por los delitos de TRÁFICO DE MATERIAL ESTRATÉGICO, previsto y sancionado en el artículo 34, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 111, de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones. Todo de conformidad con lo previsto en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los trece (13) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026). Años: 215° de la Independencia y 167° de la Federación.
La Magistrada Presidenta,
ELSA JANETH GÓMEZ MORENO
(Ponente)
La Magistrada Vicepresidenta, El Magistrado,
CARMEN MARISELA CASTRO GILLY MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
La Secretaria,
ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA
EJMG
Exp. AA30-P-2026-0016
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