Venley

Sentencia N.º 299

Sentencia
N.º 299
Fecha
10/05/2017
Sala
Constitucional
Expediente
16-0934
Ponente
Luis Fernando Damiani Bustillos
Procedimiento
Conflicto de Competencia

 

 

 

 

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

Expediente N° 16-0934

 

El 27 de septiembre de 2016, se recibió en esta Sala el Oficio Nº JE41OFO2016000435 del 12 de septiembre de 2016, mediante el cual el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, remitió el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Alexis Rafael Rodríguez Sarmiento, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el N° 94.003, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ASOCIACIÓN DE COLEO DEL TERRITORIO FEDERAL INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA, registrada ante el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Vargas del Estado Vargas, bajo el N° 37, Folio 179, Tomo 16, Protocolo de Transcripción de 2015, del 21 de diciembre de 2015.

 

El 12 de septiembre de 2016, el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, se declaró incompetente para conocer del presente amparo, y en vista de haber sido el segundo órgano jurisdiccional en declarar su incompetencia, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el expediente contentivo de la presente acción de amparo constitucional, a los efectos de resolver el conflicto negativo de competencia planteado.

 

El 30 de septiembre de 2016, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 24 de febrero de 2017, fue designada la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y tuvo lugar la reconstitución de esta Sala Constitucional, la cual quedó integrada de la siguiente manera: Magistrado Juan José Mendoza Jover, Presidente; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados Carmen Zuleta De Merchán; Gladys María Gutiérrez Alvarado; Calixto Ortega Ríos; Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson.

 

 Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

 

I

ANTECEDENTES

 

El 17 de agosto de 2016, el abogado Alexis Rafael Rodríguez Sarmiento, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Asociación de Coleo del Territorio Federal Insular Francisco de Miranda, interpuso ante el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, acción de amparo constitucional contra “la decisión que impide la inscripción de los Atletas, la inscripción de la ASOCIACIÓN DE COLEO DEL TERRITORIO FEDERAL INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA y la de inscribir a otros atletas en nombre de otro Colegio, para participar en el XV CAMPEONATO NACIONAL DE COLEO ABOGADOS, (sic) los días 25 y 26 de Agosto del año en curso en la Manga de Coleo del Complejo Turístico y Agropecuario ‘JUAN CANELÓN’ (sic)”.

 

Mediante decisión del 19 de agosto de 2016, el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, declaró su incompetencia para decidir la acción de amparo constitucional interpuesta, y declinó el conocimiento de la causa al Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.

 

Recibidas las actuaciones en el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, éste por decisión del 12 de septiembre de 2016, se declaró incompetente a su vez, y en vista de haber sido el segundo órgano jurisdiccional en declarar su incompetencia, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el expediente, a los efectos de resolver el conflicto negativo de competencia planteado.

 

                                                      II

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

La parte accionante expuso como fundamento de su pretensión, lo siguiente:

 

Que “[su] representada, ASOCIACION DE COLEO DEL TERRITORIO FEDERAL INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA, pudiendo ser identificada indistintamente como (ACOTEIN), debidamente registrada en el Registro Publico (sic) del Segundo Circuito Municipio Vargas del estado (sic) Vargas, inscrita bajo el N° 37, Folio 179, Tomo 16, Protocolo de Transcripción del 2015, de fecha 21 de Diciembre del 2015, dando obligatorio cumplimiento al artículo 10, numerales 1 y 2 del Reglamento Parcial N° 1 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física (Anexo marcado B), con la esperanza de participar en calidad de Invitado Especial (sic) en el XV CAMPEONATO NACIONAL DE COLEO ABOGADOS, (sic) impulso (sic) a través de la FEDERACION VENEZOLANA DE COLEO, pudiendo identificarse indistintamente con las siglas (FEVECO) como ente rector del Coleo Nacional la solicitud escrita correspondiente, según Oficio Ns. (sic) Ref. N° 1842/16 de fecha 12 de Julio de 2016 a la FEDERACION DEPORTIVA DEL ABOGADO VENEZOLANO, de aquí en adelante pudiendo ser identificada como (FEDEAV), amparados en el artículo 111 Constitucional, (sic) el cual establece el Derecho (sic) pleno que tienen los Venezolanos (sic) y Venezolanas (sic) al Deporte, Recreación y Educación Física (sic) como Política de Estado, (sic) (…) (Mayúsculas y negrillas del escrito)”.

 

Que “[su] representada cumpl[ió] con las formalidades de Ley, por tal motivo tiene el Derecho que la asiste por Ley para participar en el XV CAMPEONATO NACIONAL DE COLEO ABOGADOS, (sic) además cumpl[ió] con los requisitos establecidos en el Reglamento de la FEDERACION (sic) DEPORTIVA DEL ABOGADO VENEZOLANO específicamente el CAPITULO (sic) V, DE LOS PARTICIPANTES, articulo (sic) 16 y en el CAPITULO (sic) IX, DE LAS INSCRIPCIONES, artículo 29, relacionado con el plazo para la inscripción con nombres (Anexo marcado E), para demostrar que [su] representada cumplió con los requisitos mencionados anteriormente y que se encuentran plasmados en el Reglamento (sic) de FEDEAV (…) (Mayúsculas y negrillas del escrito)”.

 

Que “(…) desde que [su] poderdante solicito (sic) ante la FEDEAV a través de la FEVECO la participación al Campeonato (sic) mencionado como Asociación debidamente constituida y acreditada, ha venido presentando perturbaciones por parte de la FEDEAV, hasta el punto de impedir de cualquier modo negarle (sic) la participación a [su] representada a dicho Campeonato (sic), tal es el caso que en la Asamblea efectuada por la FEDEAV el viernes 12 de Agosto (sic) del año en curso, fue sometida a consideración las solicitudes (sic) por (sic) FEVECO donde solicita formalmente la participación de [su] representada al Campeonato (sic), la cual fue negada por la mayoría de los asambleístas, alegando que [su] representada no cumpl[ió] con los requisitos de inscripción estipulada (sic) en el Reglamento de la FEDEAV (…)”.

 

Que dicha decisión le fue participada “(…) vía telefónica por el ciudadano José Alemán quien es miembro activo de dicha Federación, alegando además que por este año no se le dará a la ACOTEIN la oportunidad de participar pero que el año que viene si, [por lo que] inmediatamente solicit[ó] que dicha decisión [se] la hicieran llegar por escrito, lo cual fue negada (sic), manifestando que es una decisión interna y no puede ser divulgada, a pesar de estar afectando el Derecho a la Defensa (sic) y el Debido Proceso (sic) consagrado en nuestra (sic) Carta Magna en el artículo 49, numeral 1,  que asiste a [su] representada (…) (Mayúsculas y negrillas del escrito)”.

 

Que “(…) se le ha afectado a los ciudadanos Atletas (sic) que conforman la selección Deportiva (sic) de Coleo (sic) de la ASOCIACIÓN DE COLEO DEL TERRITORIO FEDERAL INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA el Derecho (sic) Constitucional (sic) al Deporte (sic) y a la Recreación, (sic) al no poder ejercer los atributos de la misma regulados por la ley, tal como lo ha establecido nuestra (sic) Carta Magna, siendo así como se le ha infringido el Derecho (sic) Social (sic) y de la Familia, (sic) como lo es el Derecho al Deporte (sic) y a la Recreación, (sic) a los fines de ejercer plenamente los atributos que otorgan este Derecho (sic) (Mayúsculas y negrillas del escrito)”.

 

Que “(…) interpon[e] en este Acto (sic) RECURSO (sic) DE AMPARO CONSTITUCIONAL en contra de (sic) FEDERACION (sic) DEPORTIVA DEL ABOGADO VENEZOLANO, en representación del ciudadano ENRIQUE JOSÉ ROMERO PERDOMO, titular de la cédula de identidad N° V-9.557.362, puede ser notificado mediante correo electrónico ([email protected]), debido a que la FEDEAV no cuenta con sede fija, con el objeto de que este Tribunal en función de la seguridad jurídica, de garantizar los Derechos (sic) Constitucionales (sic), le ordene al referido ciudadano, como representante de la FEDEAV, el cese de la decisión que impide la inscripción de los Atletas (sic), la inscripción de la ASOCIACIÓN DE COLEO DEL TERRITORIO FEDERAL INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA y la de inscribir a otros atletas en nombre de otro Colegio (sic), para participar en el XV CAMPEONATO NACIONAL DE COLEO ABOGADOS, los días 25 y 26 de Agosto (sic) del año en curso en la Manga de Coleo del Complejo Turístico y Agropecuario ‘JUAN CANELON’ (sic) en la ciudad de Barquisimeto (sic) estado (sic) Lara (…) (Mayúsculas y negrillas del escrito)”.

 

Finalmente, “(…) solicit[ó] a este Honorable Juzgado, decretar medida cautelar innominada de suspensión de los efectos de la decisión impuesta por la FEDERACION (sic) DEPORTIVA DEL ABOGADO VENEZOLANO (FEDEAV), de fecha 12-08-2016, y permita la participación de los Atletas (sic) en la competencia, a los solos y únicos fines mientras dure el presente procedimiento de amparo constitucional y hasta que recaiga sentencia definitiva en el mismo (…)  (Mayúsculas y negrillas del escrito)”.

 III

DE LAS DECLINATORIAS DE COMPETENCIA

 

1.- Mediante decisión 19 de agosto de 2016, el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, se declaró incompetente para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta y declinó la competencia en el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con base a las siguientes consideraciones:

 

“(…) III

DE LA COMPETENCIA

Visto que la presente causa versa en la Acción de Amparo Constitucional, interpuesta por la ASOCIACIÓN DE COLEO DEL TERRITORIO FEDERAL INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA (ACOTEIN), por intermedio del ciudadano Abogado Alexis Rafael Rodríguez Sarmiento, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 94.003, en su carácter de ‘Apoderado Judicial Especial’ contra la FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL ABOGADO VENEZOLANO (FEDEAV).

En ese sentido, se observa que la misma esta (sic) fundamentada en las disposiciones contenidas en los artículos 26, 27, 49 Y 111 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre (sic) Derechos y Garantías Constitucionales, siendo delimitada la pretensión de la accionante en los términos que se citan: ‘Omissis… con el objeto de que este Tribunal en función de la seguridad jurídica, de garantizar los Derechos Constitucionales, le ordene al referido ciudadano, como representante de la FEDEAV, el cese de la decisión que impide la inscripción de los Atletas,(sic) la inscripción de la ASOCIACIÓN DE COLEO DEL TERRITORIO FEDERAL INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA, y la de inscribir a otros atletas en nombre de otro Colegio, (sic) para participar en el XV CAMPEONATO NACIONAL DE COLEO ABOGADOS, los días 25 y 26 de Agosto del año en curso en la Manga de Coleo del Complejo Turístico y Agropecuario JUAN CANELON, (sic) ubicada en la ciudad de Barquisimeto estado (sic) Lara ...’.

Ahora bien, de la revisión preliminar de las actas procesales, este Juzgado Superior Estadal, en Sede Constitucional, observa que la parte actora identificada en el caso de marras, ASOCIACIÓN DE COLEO DEL TERRITORIO FEDERAL INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA, conforme al acta constitutiva y/o estatutos sociales, que cursan en los folios ocho (08) al diecisiete (17) del expediente judicial, estableció su domicilio en El Gran Roque, Los Roques, Territorio Federal Insular Francisco de Miranda.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Dependencias Federales, Gaceta Oficial N° 39.787, de fecha 27 de octubre de 2011, debe señalarse que el Territorio Insular Francisco de Miranda, es la organización político territorial de la Dependencia Federal de Los Roques. No obstante, se precisa que la parte accionada a la cual se le imputan las presuntas lesiones o agravios mediante el ejercicio de la Acción de Amparo Constitucional no esta (sic) comprendida en esa jurisdicción.

Por su parte, la accionante señaló en el escrito de demanda que presuntamente la recurrida no posee una sede física fija, siendo esta una circunstancia que no amerita ser comprobada en la presente fase procesal.

Aunado a ello, se destaca que a los efectos procesales, el ‘Apoderado Judicial Especial’ fijó como domicilio la siguiente dirección: Urbanización Los Laureles, calle Araure N° 02, San Juan de los Morros, estado (sic) Guárico, tal como consta al folio tres (03) del escrito de la demanda.

Siendo ello así resulta oportuno traer a colación que mediante la Resolución N° 2010-0020 de fecha 14 de Abril de 2010, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 2 señala: ‘Omissis... Artículo 2: Se crea un (1) Tribunal Superior Contencioso Administrativo en el Estado Guárico, con sede en San Juan de Los Morros, el cual se denominará: Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico...’.

Continuando con el presente análisis, se hace mención que la competencia es un presupuesto procesal de validez de la relación jurídica procesal, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Código de Procedimiento Civil, los jueces tienen la obligación de administrar justicia en la medida en que las leyes determinen su competencia para conocer del
respectivo asunto.

Así, la competencia se considera en el derecho procesal como la medida de la jurisdicción, siendo que todos los jueces tienen jurisdicción, mas no todos tienen competencia para conocer de un determinado asunto, por lo que viene a señalar los límites de actuación del órgano jurisdiccional en atención a la materia, territorio y cuantía. En virtud de ello, la competencia se encuentra investida de inminente carácter de orden público.

De conformidad con el criterio transcrito, visto el carácter de orden público que ostenta la competencia, dicha institución puede ser revisada por el juez de la causa en cualquier grado y estado del proceso, teniendo éste la facultad de corregir y controlar dicho presupuesto procesal, en virtud de la función de dirección a que lo autoriza la ley. Es importante destacar que la competencia, bien sea en el ámbito, en la materia, el grado o el territorio, delimita el espectro dentro del cual un determinado Tribunal puede ejercer su respectiva autoridad, siendo ello así, cuando un recurso se interpone ante un Juez incompetente éste de oficio puede declararla y dependiendo del asunto, remitirlo al que considere competente, caso en cual se produce la declinatoria de competencia.

Respecto a la competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente:

‘Omissis... Artículo 7. Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín, con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurriere el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.

Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.

Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley...’.

De la disposición legal transcrita, se establece la competencia del Tribunal que debe conocer de la acción de amparo en razón del grado, la materia y del territorio, de manera específica, atribuye al Tribunal de la Circunscripción Judicial correspondiente al lugar donde ocurrió el hecho, acto u omisión que motivó el amparo, en razón del territorio.

En el mismo orden de ideas, si bien, la Federación Deportiva del Abogado Venezolano (FEDEAV), no consiste en una autoridad pública, es imprescindible hacer alusión al criterio jurisprudencial fijado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a partir de la sentencia N° 1.700· de fecha 7 de agosto de 2007, (caso: Carla Mariela Colmenares Ereú), posteriormente ratificada, mediante sentencia N° 503 de fecha 12 de mayo de 2009 (caso. SUTRABFOGADE), estableció:

‘Omissis... La competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas de forma autónoma viene determinada, conforme lo dispone la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por el criterio material y orgánico.

El primero de dichos criterios, previsto en el artículo 7 de la referida ley, establece la afinidad entre la competencia natural del juez -de primera instancia- y los derechos y garantías presuntamente lesionados. Este criterio constituye el elemento primordial para dilucidar. la competencia en materia de amparo, y cuando se acciona en amparo contra la Administración Pública adquiere operatividad con el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual la jurisdicción contencioso administrativa es competente para ‘[...] anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder, condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por las actividad administrativa’, lo que conduce a afirmar que aquellas situaciones jurídico-subjetivas que resulten lesionadas por actos o hechos dictados o ejecutados, en ejercicio de la función administrativa u omisiones o abstenciones de órganos o personas obligados por normas de Derecho Administrativo, se encuentran salvaguardadas en virtud de la potestad que la Constitución otorga a esos órganos jurisdiccionales (Vid. sentencia n° 1700 del 7 de agosto de 2007).

(Omissis…)

El segundo, a saber, el criterio orgánico, se encuentra vinculado a la jerarquía o autoridad del órgano del cual emana el acto u omisión que generan la lesión a los derechos constitucionales.

No obstante que la competencia en materia de amparo se determina con base en los criterios material y orgánico, es este último el que tradicionalmente ha resultado preponderante en los casos de los agravios provenientes de la Administración, con algunas particularidades de competencia funcional.

Ahora bien, esta Sala ha considerado que la aplicación del criterio orgánico frente a la Administración, u otros entes distintos de ella que ejercen función administrativa, tiene por finalidad equiparar el grado del tribunal con base en la jerarquía del ente u órgano accionado, estableciendo una relación de elevación de la instancia dependiendo de la jerarquía, y su ubicación dentro de la estructura de la Administración Pública, de lo cual se desprende que el régimen de competencias en amparo contra la Administración ha estado subordinado directamente a la estructura de la organización administrativa, por lo que la situación jurídica del particular accionante no determina el conocimiento de los amparos en esta materia (Vid. sentencia n° 1700 del 7 de agosto de 2007).

De igual forma, debe afirmarse que, tradicionalmente, la aplicación del criterio orgánico ha estado íntimamente asociada al régimen general de competencias del contencioso administrativo, estableciéndose una análoga equiparación en el conocimiento de los recursos contencioso administrativos y la acción de amparo constitucional.

En razón de esta equiparación, la competencia para el conocimiento de las acciones de amparo ejercidas contra el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), ha sido determinada por la jurisprudencia con base en el criterio de la competencia residual, la cual correspondía a las cortes de lo contencioso administrativo, razón por la cual el control por vía de amparo de los actos, omisiones o vías de hecho desplegadas por dicho ente de la Administración, quedaba en cabeza de los mencionados órganos jurisdiccionales.

No obstante, esta Sala Constitucional, en sentencia n° 1700 del 7 de agosto de 2007, revisó y modificó el prenombrado criterio atributivo de competencia, estableciendo al respecto:

‘En los términos en que ha sido empleado el criterio orgánico tiene cierta ilogicidad, toda vez que no se está frente a un control objetivo de los actos de la Administración (aunque esto incida en la esfera subjetiva de los particulares) sino frente a la protección de situaciones jurídicas subjetivas constitucionales. De modo que si la aplicación del criterio orgánico delimita la competencia en un tribunal cuya ubicación aleje al afectado de la posibilidad de accionar en amparo se está en presencia de una conclusión que obstaculiza al justiciable el acceso a la justicia.

Este último señalamiento se hace en consideración al supuesto de la competencia residual de las Cortes de lo Contencioso Administrativo-proveniente de la competencia que en su momento la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia le atribuía a la entonces Corte Primera de lo Contencioso Administrativo- que asignaba en esta instancia el conocimiento del contencioso administrativo de los órganos de inferior instancia de la Administración Central, sin importar el domicilio del acto o la ubicación geográfica de la dependencia. En este caso, el control del acto basado en la jerarquía del ente u órgano para una asignación residual de competencia podría ser un determinante de atribución de competencia dentro del ámbito de asignación para los tribunales contencioso administrativos; sin embargo, la aplicación del criterio de la competencia residual de las Cortes en materia de amparo constitucional resulta un obstáculo para el ejercicio de la acción de amparo, propia de la tutela de situaciones jurídicas fundamentales constitucionalmente garantizadas.

En suma, considerar la aplicación del criterio de competencia residual puede resultar atentatorio para el caso en que existan dependencias administrativas de inferior jerarquía que se encuentren desconcentradas -vgr. Inspectorías del Trabajo- o que su ubicación sea ajena a la ciudad de Caracas, como ocurre por ejemplo en el caso de algunas Universidades Nacionales, Colegios Universitarios y Colegios Profesionales. Inclusive, aplicar dicho criterio en amparo, como ocurre en áreas especiales como el caso de contencioso funcionarial, y hasta, por la protección en amparo en áreas particulares como en el caso de los servicios públicos, tal como así lo dispone el artículo 259 de la Constitución, haría prácticamente nugatorio para los afectados ejercer el amparo en procura de proteger sus derechos si obligatoriamente deben accionar ante las Cortes de lo Contencioso al margen del lugar donde ocurrió la afectación del derecho, o el lugar donde en realidad se encuentre el ente o dependencia administrativa.

En conclusión, considera esta Sala que mantener el criterio residual para el
amparo partiendo de lo que establecía el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, no resulta idóneo frente al principio de acceso a la justicia, siendo necesario aproximar la competencia en aquellos tribunales contenciosos más próximos para el justiciable, ello, por considerarse que de esta manera en lo referente a la protección constitucional se estaría dando cumplimiento a la parte final del artículo 259 de la Constitución cuando dispone que el deber para el Estado de ‘disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa’.

[ ... ]

Por ende, esta Sala determina que el criterio residual no regirá en materia de amparo, por lo que en aquellos supuestos donde el contencioso administrativo general le asigne la competencia a las Cortes para el control de los actos, ese criterio no será aplicable para las acciones de amparo autónomo, aplicándose, en razón del acceso a la justicia, la competencia de los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo con competencia territorial donde se ubique el ente descentralizado funcionalmente (vgr. Universidades Nacionales) o se encuentre la dependencia desconcentrada de la Administración Central, que, por su jerarquía, no conozca esta Sala Constitucional.

En igual sentido, y para armonizar criterio, lo mismo ocurrirá si el amparo autónomo se interpone contra un ente u órgano de estas características que, con su actividad o inactividad, haya generado una lesión que haya acontecido en la ciudad de Caracas: en este caso la competencia recaerá en los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital’.

Entonces, en virtud de la decisión citada, se abandonó el criterio de la competencia residual de las cortes de lo contencioso administrativo, para el conocimiento de las acciones de amparo autónomo ejercidas contra entes descentralizados funcionalmente y contra dependencias desconcentradas de la Administración Central, la cual con carácter vinculante estableció, que dicha competencia correspondería a los juzgados superiores de lo contencioso administrativo ubicados en el territorio donde se encuentre el órgano accionado (…)”.

Con base a ese criterio, se coloca de relieve que lo más idóneo es ponderar el acceso a la justicia, siendo necesario aproximar la competencia en aquellos tribunales contenciosos más próximos para el justiciable, ello, por considerarse que de esta manera en lo referente a la protección constitucional se estaría dando cumplimiento a la parte final del artículo 259 de la Constitución cuando dispone que el deber para el Estado de ‘disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa’ tal como concluyó la referida Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. (Vid. Sentencia N° l.700 de fecha 7 de agosto de 2007] (sic).

En tal sentido, es preciso señalar que en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, tal como lo establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es necesario evitar las cargas injustificadas a la parte accionante y mantener la accesibilidad de los órganos jurisdiccionales que conforman la Jurisdicción Contencioso Administrativa, perdiendo relevancia atenerse al lugar donde ocurrieron los hechos o la ubicación de la sede de la parte accionada; razón por la cual, al ponderarse el principio del acceso a la justicia, y dado que el ‘Apoderado Judicial Especial’ estableció que su domicilio procesal se encuentra en la ciudad de San Juan de Los Morros, del estado Guárico, este Juzgado Superior Estadal, considera que le resultaría más accesible el conocimiento de la presente causa al Tribunal en el estado donde se encuentra dicho domicilio, esto en garantía del derecho de acceso a la justicia de los particulares.

En consecuencia debe considerarse que al tener un Tribunal con competencia en el Contencioso Administrativo ubicado en la ciudad de San Juan de los Morros, la causa puede conocerse, sustanciarse y decidirse en dicho Juzgado Estadal, evitando precisamente que la Representación Judicial de la accionante deba trasladarse grandes distancias del sitio donde se halla su domicilio, ello en ejecución de los principios de orden Constitucional relativos al Juez natural y a la tutela judicial efectiva contenidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, resguardando el derecho al acceso a la Justicia y de conformidad con el criterio dispuesto en fallo N° l.700 de fecha 7 de agosto de 2007, por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, y al cual se adhiere este Órgano Jurisdiccional.

Finalmente, en virtud de las normas y los criterios transcritos ut supra, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del estado Aragua, se declara INCOMPETENTE para conocer y decidir la presente solicitud; y en consecuencia DECLINA el conocimiento de la presente causa ante el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, a los fines de que conozca en primer grado de Jurisdicción por competencia territorial la presente Acción de Amparo Constitucional, conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada. Así se decide.-

IV

DECISIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado (sic) Aragua, Actuando en sede Constitucional, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley resuelve:

PRIMERO: SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer, sustanciar y decidir la acción de amparo constitucional, conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, interpuesta por la ASOCIACIÓN DE COLEO DEL TERRITORIO FEDERAL INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA (ACOTEIN), por intermedio del ciudadano Abogado (sic) Alexis Rafael Rodríguez Sarmiento, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 94.003, en su carácter de ‘Apoderado Judicial Especial’ contra la FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL ABOGADO VENEZOLANO (FEDEAV).

SEGUNDO: DECLINA la COMPETENCIA ante el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, al cual se ordena remitir de inmediato el presente expediente, a los fines legales subsiguientes (…) (Mayúsculas, subrayado y negrillas del fallo)”.

 

2.- Mediante sentencia del 12 de septiembre de 2016, el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, se declaró incompetente a su vez, y remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el expediente contentivo de la presente acción de amparo constitucional, a los efectos de resolver el conflicto negativo de competencia planteado, en base a las siguientes consideraciones:

 

“(…)III 
COMPETENCIA
 
Considera quien suscribe, una de las responsabilidades que tiene quien administra justicia es intentar que el justiciable comprenda el tema tratado en un fallo, respecto a la competencia podemos expresar; es la facultad que tiene un tribunal para ejercer la jurisdicción en un asunto determinado. Respecto a la competencia por la materia del asunto, en algunas oportunidades, quienes nos dedicamos a ser abogados, lo consideramos rutinario, sobre entendido, es decir, al comprender el tema asumimos que el justiciable también lo conoce, no es así, en la mayoría de los casos hasta los profesionales del derecho desconocemos las figuras jurídicas y la ley. Por esta razón de seguidas se practicará un breve estudio respecto a la competencia en esta causa.

COMPETENCIA POR LA MATERIA

Estamos en presencia de la petición de amparo constitucional de una asociación deportiva (ACOTEIN) ante las presuntas vulneraciones que le ha propiciado, a ella y a los atletas que conforman su selección, la decisión proferida por una federación deportiva (FEDEAV).

Desde la óptica del artículo 111 de la CRBV (sic) todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva, el Estado garantizará la atención integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, evaluará y regulará a las entidades deportivas del sector público y del privado de conformidad con la ley.

La entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física persigue materializar la tesis sostenida por el constituyente del 99 al momento de crear el artículo 111 de la CRBV; (sic) en ella, artículo 01 (sic) y 10, están regulados la promoción, organización y administración del deporte y la actividad física como servicios públicos y considera a estas facetas del deporte como derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y un deber social del Estado, todas las actividades contempladas en la referida ley pueden ser desarrolladas por el Estado directamente o por los particulares debidamente autorizados.

En el artículo 06, (sic)  numeral 10 de la referida ley están definidas las organizaciones de deporte profesional y son aquellas constituidas bajo las formas del derecho privado con o sin fines de lucro, con el objeto de organizar la práctica y desarrollo profesional del deporte; respecto a esas mismas organizaciones el artículo 34, en su numeral 1, de la ley define a las organizaciones asociativas y establece que son las que se constituyen para la promoción de una o varias disciplinas deportivas, en el ámbito de las comunidades, los estados y a nivel nacional, son estas: los clubes federados o no, las ligas federadas o no, las asociaciones deportivas estadales delegadas federadas o no, las federaciones nacionales deportivas delegadas, entre otros.

Con esta misma visión fue redactado el artículo 07 de la ley que regula al deporte en Venezuela, le da el carácter de orden público a sus disposiciones y estas (sic) les son aplicables a la Administración Pública en todos sus niveles, a las organizaciones del Poder Popular, así como a todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que se dediquen a realizar cualquier actividad relacionada con la práctica, promoción, organización, fomento, administración o alguna actividad económica vinculada con el deporte.

Es interesante pasearse por el contenido del artículo 86 de la tantas veces mencionada ley del deporte, allí quedó establecido que las acciones jurisdiccionales por la violación de los deberes previstos en la referida ley serán conocidas por los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa en los términos de la ley que rige sus funciones, lo expone así:

‘…Artículo 86: Las acciones jurisdiccionales por la violación de los derechos y deberes previstos en la presente Ley, serán conocidas por los órganos de la jurisdicción contencioso administrativo, en los términos de la ley que rige sus funciones…’.

De otro lado, el artículo 01 (sic) de la Ley Orgánica de Amparo Sobre (sic) Derechos y Garantías Constitucionales plantea que toda persona natural o jurídica, habitante o domiciliada en la República respectivamente, podrá solicitar ante los tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 27 de la CRBV, (sic) expresa el referido artículo 27 lo siguiente:

‘Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos´.

En ese mismo orden de ideas el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre (sic) Derechos y Garantías Constitucionales explana:

‘Artículo 7: Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo …omissis…’.

Al respecto la Sala constitucional en sentencia del Jueves, 06 de abril de 2000 expresó: 
(…Omissis…) 
Visto lo anterior, utilizando el criterio jurisprudencial citado para compararlo con nuestro caso bajo estudio, es diáfano, estamos en presencia de un conflicto jurídico surgido por la interacción de una asociación deportiva y una federación deportiva, ambas reguladas por la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, las dos organizaciones deportivas desarrollan una actividad, considerada por la ley que las rige, como servicio público. En fin, se presume que una decisión (acto de autoridad) emanada de la federación (FEDAV) vulnera derechos constitucionales de la asociación (ACOTEIN), entonces, de conformidad con los artículos
(sic) 86 de la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, en coordinación con el artículo 7 (sic) Ley Orgánica de Amparo Sobre (sic) Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo constitucional que persiga la protección de derechos y garantías constitucionales, presuntamente vulnerados, será conocida por los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en especial por un juzgado superior contencioso administrativo por tener estos (sic) competencia en primera instancia para conocer de amparo autónomo con las características que reúne el que ahora tenemos bajo estudio.

COMPETENCIA POR EL TERRITORIO

La facultad de un tribunal para conocer de un amparo constitucional autónomo también esta (sic) vinculada al lugar donde se han materializado los hechos violatorios de garantías o derechos, respecto a esta competencia es prudente reiterar la cita del artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías (sic):

‘…Artículo 7. Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.

En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.

Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.

Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley…’.

Manifestó el apoderado judicial de la presunta agraviada, el día 12 de agosto de este año se materializó una asamblea de miembros de la presunta agraviante (FEDAV), dijo además que la asamblea fue desarrollada en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, allí se tomó una decisión por mayoría que consistió en negar la participación de ACOTEIN en el ‘XV CAMPEONATO NACIONAL DE COLEO ABOGADOS’ por cuanto la presunta agraviada no cumple con los requisitos de inscripción estipulados en el reglamento de FEDEAV, la referida decisión fue comunicada al representante de la presunta agraviada vía telefónica.

En el fallo citado supra, la Sala Constitucional del TSJ el 06-04-2000 también dispuso: 
(…Omisis…) 
Una vez que la presunta agraviada consignó la aclaratoria o corrección del libelo, resulta translucido para este órgano jurisdiccional, los hechos presuntamente violatorios, que dan origen a la petición de amparo constitucional y a la cautelar innominada se materializaron en Barquisimeto, Estado Lara, en razón de esto, este tribunal considera que el competente, por el territorio, para conocer de este asunto debería ser el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Estado Lara, por tanto, es obligante para este Tribunal Superior Contencioso Administrativo del Estado Guárico, en estricto ajuste al artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su primer aparte, en coordinación con el criterio jurisprudencial antes transcrito, no aceptar la competencia por el territorio declinada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo del Estado Aragua. Así se decide.

IV 
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA

Como consecuencia del anterior pronunciamiento se ha configurado un conflicto de competencia de no conocer, este (sic) surge por cuanto un tribunal con competencia territorial en el estado Aragua se declara incompetente por el territorio y declara que lo es un tribunal con competencia territorial en el estado Guárico y este (sic) a su vez, también declara su incompetencia por el territorio, y expresa que el competente debe ser un juzgado con competencia territorial en el estado Lara. Ahora bien:

¿Mediante cual mecanismo procesal va a ser solucionada la presente situación?

La norma adjetiva civil vigente en la República, en lo adelante Código de Procedimiento Civil nos ofrece en su articulado unas hipótesis aplicables al conflicto negativo de competencia que ha emergido aquí, Establece el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil:

(…Omissis…)
En ese mismo orden argumentativo dice
(sic) el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil:

(…Omissis…) 
En sentencia de la Sala Civil de la otrora Corte Suprema de Justicia del 29-07-1992, citada a su vez en sentencia de la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, bajo el Nº 1.437 del 24 de noviembre de 2000, fue establecido lo siguiente:

(…Omissis…)
Bajo la óptica de la norma transcrita, en coordinación con el criterio judicial citado, el mecanismo procesal mediante el cual será solucionado el caso sub iudice será el planteamiento oficioso de conflicto negativo de competencia.

Entonces, este Juzgado Contencioso Administrativo del Estado Guárico Plantea Conflicto Negativo de competencia. Y así se decide. 
¿Cual es el tribunal competente para dilucidar el conflicto negativo de competencia planteado y declarar a cual Juzgado Contencioso Administrativo le corresponde conocer la acción de amparo constitucional?.

Estamos en presencia de una acción autónoma de amparo constitucional (Amparo autónomo) con petición de medida cautelar innominada, si bien es cierto que los tribunales de la República tienen distribuidas distintas competencias, a todos le es común conocer la materia Constitucional, se planteará la acción de amparo constitucional por ante aquel tribunal con un régimen competencial afín con la materia del derecho o garantía violados, entonces, podría conocer de una acción de amparo constitucional según el caso un tribunal civil, penal, contencioso tributario, marítimo, aeronáutico, entre muchos otros. En nuestro caso, las violaciones constitucionales son afines a la materia contencioso administrativa, ahora bien, el Constituyente de 1.999, en el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableció las competencias del Tribunal Supremo de Justicia, en lo adelante TSJ, entre ellas, en el numeral 7 le asignó el conocer de los conflictos de competencia entre tribunales cuando no exista un tribunal común a ellos en el orden jerárquico.

Este es un Tribunal Superior Contencioso Administrativo, en materia contencioso administrativo, desde el punto de vista jerárquico, están por encima las Cortes Primero y Segunda de lo Contencioso Administrativo y la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, pero, el caso que ahora nos ocupa (conflicto negativo de competencia en amparo autónomo) corresponde a materia de derecho constitucional, en esa misma dirección es necesario apreciar que la cúspide de la competencia constitucional la detenta la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 
En fecha 06-04-2000, en el fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que hemos venido citando, también se expreso: 
(sic)
(…Omissis…) 
La Sala Constitucional en sentencia Nº 3526 del 14-11-05 al respecto expresó: 
(…Omissis…) 
Este tribunal, bajo el imperio del artículo 266, numeral 01; y ultimo aparte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en coordinación con el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y desde la perspectiva de los anteriores criterios jurisprudenciales transcritos establece: Es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, por ser este un amparo constitucional autónomo y por ser dicha sala la cúspide de la jurisdicción constitucional en la República, quien va a dilucidar el conflicto negativo de competencia planteado oficiosamente por esta sede judicial. Así se decide.

V 
DECISIÓN
 
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado
(sic) Guárico, actuando de sede constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 
1 -.No acepta la competencia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada por el abogado Alexis Rafael Rodríguez Sarmiento, titular de la cédula de identidad Nº 5.161.216, IPSA 94.003, domiciliado en San Juan de los
(sic) Morros, Estado Guárico, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ‘ASOCIACIÓN DE COLEO DEL TERRITORIO FEDERAL INSULAR FRANCISCO DE MIRANDA’ contra las presuntas violaciones materializadas por la Federación Deportiva del Abogado Venezolano.

2   -.Plantea Conflicto Negativo de Competencia.

3 -.Ordena, la remisión, IPSO FACTO, de este asunto a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los fines que sea asignada la competencia al órgano jurisdiccional correspondiente (…) (Mayúsculas y negrillas del fallo)”.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Para la determinación de la competencia de la Sala en lo que concierne a los conflictos negativos de competencia que en materia de amparo constitucional se susciten entre los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, se observa que el artículo 266 numeral 7 de la Constitución vigente establece, “(…) Artículo 266.- Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (...) 7. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior común a ellos en el orden jerárquico (…)”.

 

            Asimismo, el artículo 31.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, al respecto señala lo siguiente: “(…) Artículo 31.- Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 4. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico”.

 

En este sentido, esta Sala ha establecido que en el caso de conflictos de competencia para conocer de controversias en materia de amparo constitucional, entre tribunales ordinarios o especiales, sobre los cuales no exista un tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico, la resolución de aquellos conflictos corresponde a esta Sala Constitucional. (Vid. Sentencia N° 1.219/2000, caso: “Héctor Westell García Ojeda”).

 

Mediante Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 del 16 de junio de 2010, se publicó la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual estableció en el artículo 11 eiusdem, la creación de los Juzgados Nacionales como órganos integrantes de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

 

Igualmente, el artículo 24 de la Ley ut supra señalada estableció dentro de las competencias de dichos Juzgados Nacionales:

 

“Artículo 24. - Competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:

1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algúninstituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) y no supera setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido expresamente a otro tribunal, en razón de su especialidad.

2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de las treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) y no supera setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.

3. La abstención o la negativa de las autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 3 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 4 del artículo 25 de esta Ley.

4. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las autoridades a las que se refiere el numeral anterior.

5. Las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 de esta Ley, cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia.

6. Los juicios de expropiación intentados por la República, en primera instancia.

7. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de las consultas que les correspondan conforme al ordenamiento jurídico.

8. Las demandas derivadas de la actividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico desplegada por las autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público, cuyo control no haya sido atribuido a la Sala Político-Administrativa o a los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

9. Las demás causas previstas en la ley.

Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con sede en la ciudad de Caracas, conocerán exclusivamente la materia de los supuestos previstos en los numerales 3, 4 y 5 de este artículo, cuando se trate de autoridad cuya sede permanente se encuentre en el Área Metropolitana de Caracas” (Subrayado de la Sala).

 

Ahora bien, este Tribunal Supremo de Justicia mediante Resolución de Sala Plena N° 2003-00033 del 10 de diciembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.866, creó la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, “ (…) con sede en Caracas y jurisdicción en todo el territorio nacional”, la cual tendría “las mismas competencias que [correspondían] a la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 185 de la [derogada] Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia”, en cuya norma se establecía en el numeral 1°, “los conflictos de competencia que surgieran entre tribunales de cuyas decisiones pudiera conocer en apelación”.

Recientemente, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la Resolución N° 2015-0025 del 25 de noviembre de 2015, creó un (1) Juzgado Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en la Región Centro-Occidental, con sede en la ciudad de Maracaibo estado Zulia, con competencia en las Circunscripciones Judiciales de los estados Falcón, Lara, Portuguesa, Barinas (excepto Municipio Arismendi), Táchira, Trujillo, Mérida y Zulia, el cual se denominó: “Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental”, suprimiendo a las Cortes de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Caracas, la competencia territorial en las Circunscripciones Judiciales de los estados Falcón, Lara, Portuguesa, Barinas (excepto Municipio Arismendi), Táchira, Trujillo, Mérida y Zulia.

 

Se colige entonces, que hasta tanto no se creen los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que supriman las competencias de las Cortes de lo Contencioso Administrativo ubicadas en la ciudad de Caracas, las cuales mantienen jurisdicción en todo el territorio nacional, con las excepciones antes señaladas, corresponderá a dichas Cortes conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre juzgados superiores en lo contencioso administrativo sobre los cuales no exista un tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico.

 

En el presente caso, tratándose de una acción de amparo y habiéndose planteado el conflicto de competencia entre el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico y el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, observa la Sala que las Cortes en lo Contencioso Administrativo ubicadas en la ciudad de Caracas, tienen “jurisdicción en todo el territorio de la República” y constituyen por lo tanto un tribunal superior y común a los Juzgados Superiores Estadales en lo Contencioso Administrativo en conflicto, por lo que esta Sala, en atención a las disposiciones antes señaladas debe declinar la competencia en las Cortes de lo Contencioso Administrativo, para que sea aquella a la cual corresponda conocer por distribución quien conozca y decida el presente conflicto negativo de competencia. Así se decide.

 

                                                            V

DECISIÓN

  

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: Que no es COMPETENTE para conocer del conflicto de competencia planteado entre el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua y el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico y DECLINA la competencia para conocer del conflicto de competencia planteado entre el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua y el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en las Cortes de lo Contencioso Administrativo conforme a la distribución que se efectúe del expediente de la causa. En consecuencia, se ORDENA la remisión del expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo.

 

Publíquese y regístrese. Remítase copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 10 días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017). Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

Los Magistrados,

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

 

 

CALIXTO ORTEGA RÍOS

 

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

                                                                         Ponente

 

 

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

La Secretaria,

 

 

DIXIES J. VELÁSQUEZ R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp. N° 16-0934

LFDB.-

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