Venley

Sentencia N.º 348

Sentencia
N.º 348
Fecha
09/08/2023
Sala
Casación Social
Expediente
22-292
Ponente
Edgar Gavidia Rodríguez
Procedimiento
Recurso de control de la legalidad

 

Ponencia del Magistrado Doctor EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ

 

En el juicio que por partición y liquidación de la comunidad conyugal sigue la ciudadana KARIN DESIRÉ FERNÁNDEZ SCOTT, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad número V-11.117.655, asistida por los abogados Rubén Fernández, Edicta Scott de Fernández, Billy Padilla, Milagros Fernández y Frank Torres, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo los números 2.545, 59.687, 101.533, 1.848 y 35.926, en su orden, contra el ciudadano SERGIO RAFAEL GIL GARCÍA, de nacionalidad venezolano, titular de la cédula de identidad número V-10.061.377, representado judicialmente por el abogado Héctor Francisco Martínez, inscrito en el I.P.S.A. bajo el número 46.927; el Tribunal Superior del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Guárico, con sede en San Juan de los Morros, conociendo el medio de gravamen intentado por el demandado contra el fallo proferido el 5 de febrero de 2020, por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la referida Circunscripción Judicial, mediante sentencia del 19 de julio de 2022, declaró con lugar dicho recurso ordinario de apelación, y en consecuencia, anuló la decisión recurrida, declarando en ese sentido, nulas las actuaciones dictadas por el tribunal a quo a partir del día 8 de abril de 2018.

 

Contra la decisión emitida por la alzada, la representación judicial de la parte demandante interpuso tempestivamente recurso de control de la legalidad, el 25 de julio de 2022, por lo que el expediente fue remitido a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. No hubo impugnación.

 

Recibido el expediente el 14 de octubre de 2022, se dio cuenta en Sala, asignándose la ponencia al Magistrado Dr. Edgar Gavidia Rodríguez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Siendo la oportunidad procesal, pasa la Sala a decidir el presente recurso en los términos siguientes:

 

ÚNICO

 

El artículo 490 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, prevé el recurso de control de la legalidad como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que, aun cuando no fueran recurribles en casación, violenten o menoscaben el orden público.

 

Asimismo, la oportunidad para interponer el referido recurso se encuentra limitada a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que sea publicada la sentencia sujeta a revisión, a través de un escrito, el cual no podrá exceder tres (3) folios útiles y sus vueltos.

 

De allí que, atendiendo al principio de legalidad en concordancia con lo establecido en el citado artículo 490 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, constituyen requisitos objetivos para recurrir en control de la legalidad en materia de protección, los siguientes: i) que se trate de sentencias definitivas emanadas de los Tribunales Superiores de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; ii) que dichas sentencias no estén sujetas al recurso de casación, y iii) que violenten o menoscaben el orden público.

 

Determinadas las formalidades técnico-procesales indicadas supra, pasa la Sala a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad. A tal efecto observa lo siguiente:

 

A los fines de fundamentar el recurso de control de la legalidad, la representación judicial de la ciudadana Karin Desiré Fernández Scott, alega que la sentencia impugnada vulnera normas de orden público, la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, puesto que, a su decir, infringe los artículos 26, 49, 89, 91, 93 y 94 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 450 literal “J” y 488 en su último aparte de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los artículos 213, 214, 243 ordinal 5°, 272, 532, 778, 780 y 787 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 186 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y lo preceptuado por esta Sala en sentencia Nº 957 del 29 de octubre de 2013, además del principio de exhaustividad, la cosa juzgada formal y sus efectos procesales, el principio de la continuidad de ejecución de la sentencia, al incurrir en los vicios de falsa y falta de aplicación de norma, así como, error de interpretación, causando gravamen irreparable a la parte demandante.

 

Asimismo, afirma que la sentenciadora de alzada al declarar con lugar la apelación intentada por el demandado y anular el fallo dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución, de fecha 5 de febrero de 2020, “menoscaba de manera flagrante los derechos de la parte demandante”.

 

Al respecto, luego del examen exhaustivo de las actas procesales que conforman el presente asunto, la Sala en uso de la potestad discrecional que le confiere el artículo 490 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, observa que el fallo dictado en fecha 19 de julio de 2022, por el Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, no adolece violación de normas regidas por el orden público, todo ello con fundamento en que la juzgadora ad quem en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 488-D eiusdem, el cual señala: “Podrá también el juez o jueza superior, de oficio, hacer pronunciamiento expreso, para anular el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucionales que en él encontrare, aunque no se les haya denunciado.”, evidenció de las actas del expediente un “desorden procesal” que se produjo en fecha 8 de abril de 2019, cuando se emplazó a las partes para el nombramiento del partidor en una forma distinta a la preceptuada en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente de conformidad con el artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, lo que condujo a la subversión del orden público procesal, acarreando la violación del debido proceso y el derecho de defensa. En tal sentido, resulta propicio señalar que, es doctrina inveterada, diuturna y pacífica del Tribunal Supremo de Justicia desde el 24 de diciembre de 1915, -la cual queda aquí ratificada-: “…que aún cuando las partes litigantes manifiesten su acuerdo, no es potestativo a los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios; pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público…”. (Cfr. Memorias de 1916, página 206; sentencia del 24 de diciembre de 1915).

 

Con base a los razonamientos expuestos, la Sala estima que la decisión sujeta a revisión se encuentra ajustada a derecho. En consecuencia, visto que el alcance del control de la legalidad ejercido no se ajusta a los fines del recurso, se procederá a declarar su inadmisibilidad. Así se resuelve.

 

D E C I S I Ó N

 

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la ciudadana KARIN DESIRÉ FERNÁNDEZ SCOTT, contra la decisión proferida por el Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros, en fecha 19 de julio de 2022. En consecuencia, SEGUNDO: SE CONFIRMA el fallo recurrido.

 

NO SE CONDENAN LAS COSTAS DEL RECURSO, dada la naturaleza de la presente decisión.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en San Juan de los Morros.

 

Particípese de esta remisión al juzgado superior de origen, antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 489-I de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

 

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (09) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023). Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala y Ponente:

 

 

_____________________________

EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ

 

 

El Vicepresidente,                                                                                     Magistrado,

 

 

________________________________           _______________________________

CARLOS  ALEXIS  CASTILLO  ASCANIO           ELÍAS RUBÉN BITTAR ESCALONA

 

La Secretaria,

 

 

______________________________________

ANABEL DEL CARMEN HERNÁNDEZ ROBLES

 

 

 

C.L. N° AA60-S-2022-000292

Nota: Publicada en su fecha a

 

 

La Secretaria,

 

        

 

        REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA    

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA         

SALA DE CASACIÓN SOCIAL        

 

            

 

         JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN                  

 

    

                   Caracas, treinta y uno (31) de octubre de 2023. Años: 213° y 164°.

 

   Por cuanto en sentencia nº 0348, publicada el 09 de agosto de 2023, en el expediente alfanumérico AA60-S-2022-000292, conocido por esta Sala en virtud del juicio que por partición y liquidación de comunidad conyugal, sigue la ciudadana KARIM DESIREÉ FERNÁNDEZ SCOTT contra el ciudadano SERGIO RAFAEL GIL GARCÍA, se incurrió en error material en la narrativa y dispositiva del fallo al identificar incorrectamente los nombres de la parte demandante como “KARIN DESIRɔ, cuando lo correcto es “KARIM DESIREɔ, tal como se advierte en las actas del expediente y puede verificarse en la página que contiene datos de identificación del Consejo Nacional Electoral (CNE); en consecuencia, téngase este cambio tantas veces aparezca en el fallo. Queda de esta manera subsanado el error en referencia.

 

El Presidente de la Sala de Casación Social,

 

 

 

 

____________________________

EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ.

 

                                                                                                                           La Secretaria                             

 

 

__________________________________________

                                                              ANABEL DEL CARMEN HERNÁNDEZ ROBLES

 

 

Exp. Nº AA60-S-2022-000292

Control de la legalidad (LOPNNA)

Auto n°  1472

EGR/AdelCHR/jrms/bafv/orp.-

 

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