Venley

Sentencia N.º 560

Sentencia
N.º 560
Fecha
08/11/2024
Sala
Casación Penal
Expediente
A24-490
Ponente
Elsa Janeth Gómez Moreno
Procedimiento
Avocamiento

Ponencia de la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

En fecha 19 de septiembre de 2024, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal, la solicitud de AVOCAMIENTO suscrita y presentada por el abogado José Cristóbal Álvarez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 268.850, quien indica actuar como “abogado de confianza” del ciudadano  HÉCTOR NICOLÁS SOTO ARAUJO, titular de la cédula de identidad número V-26.008.019, de la causa que identificó con la nomenclatura “JP21-P-2024-000257” que según indicó, se sigue actualmente ante el  Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, Extensión Valle de la Pascua, que cursa en contra de su defendido conjuntamente con el ciudadano  SERGIO DE JESÚS CARMONA LA POSTA, titular de la cédula de identidad número V-21.363.001, por la presunta comisión de los delitos de “CÓMPLICE DE EXTORSIÓN y AGAVILLAMIENTO”, previstos y sancionados en el artículo 16, en relación con el artículo 11, de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, y el artículo 286 del Código Penal  (respectivamente).

 

El 27 de septiembre de 2024, la Secretaría dio entrada a la solicitud de avocamiento, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2024-000490, se dio cuenta en Sala y se  designó como ponente a la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

I

DE LA COMPETENCIA

 

La figura del avocamiento se encuentra prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 31, numeral 1 y en el artículo 106, que establecen, respectivamente, lo siguiente:

 

“Artículo 31. Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:

1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone la Ley.”.

(…)

 

“Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.”.

 

De lo anterior, se desprende que se atribuye a las Salas del Tribunal Supremo de Justicia la competencia para conocer de las solicitudes de avocamiento, sea de oficio o a instancia de parte, de una causa que curse ante cualquier tribunal, en las materias de su respectiva competencia, independientemente del estado o grado en que se encuentre la misma, para resolver si asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal. Siendo así, corresponde a la Sala de Casación Penal conocer de la presente solicitud de avocamiento por ser la causa de naturaleza penal.

 

II

DE LOS HECHOS

 

 Revisado el escrito presentado directamente ante la Sala, no se constata la narrativa de las circunstancias de  modo, tiempo y lugar de los hechos; no obstante, en los anexos consignados se verificó el escrito acusatorio suscrito por la Representación del Ministerio Público, en el cual indica que el proceso penal en referencia tuvo su inicio en atención a lo siguiente:

 

“CAPITULO II

RELACIÓN CLARA,   PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO  PUNIBLE  ATRIBUIDO A LOS  IMPUTADOS

En fecha veintiséis (26) de abril del año 2024, el ciudadano G.L.M.L (…), se encontraba en su lugar de trabajo  ubicado  en  la  calle  Los   Tulipanes,   Valle  de   la   Pascua, estado Guárico, cuando comenzó a recibir mensajes y notas de voz mediante la aplicación Whatsapp a través del abonado telefónico (…) a su número personal, donde le manifestaron que eran EL TREN DEL LLANO y le solicitaron la cantidad de cinco mil (5.000) dólares norteamericanos a cambio de no atentar contra su integridad física la de su grupo familiar, por lo que decidió acudir en fecha veintisiete (27) de abril al Comando Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana con sede en Valle de la Pascua, en virtud de ello y a la denuncia oportunamente presentada, se dio inicio a las actas procesales N° GNB-CONAS-GAES-34-G-U.I-SIP-033-04-2023, quienes le participaron lo acontecido a esta dependencia Fiscal quien procedió a impartir la correspondiente orden de inicio de investigación asignándole la nomenclatura única de caso MP-79216-2024, donde se ordenó realizar pesquisas de campo con el propósito de identificar al autor y participes en los presentes hechos ejercidos en contra la víctima G.L.M.L …”  (sic)

 

 

 

III

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

 

El  peticionante, en la pieza identificada “1-1”, de la pretendida solicitud,  señaló  lo siguiente:        

“…CAPITULO I

DE LOS HECHOS

Ha causado gran asombro, que la representación fiscal, aun en conocimiento de los elementos de prueba que demuestran que mi representado es inocente le llamó poderosamente la atención a esta defensa que posterior a la imputación formal ante el tribunal de control, y presentadas las pruebas que exculpan a mi defendido mantuvo la precalificación sin tomar en cuenta los elementos consignados en su oportunidad. Pues el Ministerio Publico en su escrito Acusatorio en el Punto Previo señala que los elementos de convicción incorporados en la investigación, observa que en relación al ciudadano SERGIO DE JESÚS CARMONA LA POSTA, titular de la cédula de identidad No. V-21.363.001 a quien le fue imputado el delito de AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal, en virtud de las primeras pesquisas realizadas por los funcionarios del órgano aprehensor "por presumir que había actuado en coordinación y previo conocimiento con los ciudadanos JEAN FRANCO DÍAZ MÉNDEZ (Jamás resultó aprehendido ni imputado por el Ministerio Publico) y HÉCTOR NICOLÁS SOTO ARAUJO (Quien fue privado de manera ilegítima de su libertad, pues el se presentó en la sede del CONAS en compañía de su abogado de confianza y jamás fue encontrado en flagrancia ni mucho menos capturado con orden de aprehensión), resulta capcioso que sea el mismo Ministerio Publico quien valiéndose de artificios procesales busca desestimar al imputado y hoy acusado SERGIO DE JESÚS CARMONA LA POSTA el delito de AGAVILLAMIENTO de manera temeraria y a conveniencia. Aunado a estas graves violaciones de orden procesal es importante destacar que al momento de la celebración de la audiencia de presentación la defensa técnica de HÉCTOR NICOLÁS SOTO ARAUJO solicito una revisión de medidas y el otorgamiento de una medida humanitaria por razones de grave estado de salud que pone en riesgo su vida, ello demostrado en autos con informe de médicos especialistas debidamente validados por el médico forense adscrito al SENAMEF, posteriormente a eso la defensa técnica ha solicitado en dos oportunidades más con informes médicos actualizados un arresto domiciliario para HÉCTOR NICOLÁS SOTO ARAUJO pero por su parte la Defensoría del Pueblo en instrumentos que acompaño marcados "B" y "C" para que surta los efectos legales pertinentes ha solicitado la medida humanitaria consistente en un arresto domiciliario por presentar grave estado de salud que pone en riesgo su vida, ello está perfectamente demostrado en el universo del presente expediente, y el mismo ha sido negado sin basamento legal alguno. No obstante, la defensa técnica deja expresamente sentado que esta solicitud de avocamiento versa únicamente con relación a los desórdenes cometidos en la causa principal signada con el número JP21-P-2024-000257, así como en sus incidencias, inclusive la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Guárico tiene conocimiento de todas estas irregularidades y ha sido tolerante, beligerante y consentido todo este desorden procesal violatorio del orden público y derechos fundamentales. Los elementos probatorios fundamentales fueron ignorados por la representación del Ministerio Publico y que así mismo también fueron ignorados por el Tribunal los cuales demuestran la inocencia de mi representado, según Acusación Fiscal que acompaño marcada "D" para que surta los efectos legales pertinentes. La sustanciación de la causa principal signada con el JP21-P-2024-000257, así como en sus incidencias ha estado plagada de desórdenes procesales que conllevaron a la violación de derechos constitucionales al debido proceso, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y privativa ilegitima de libertad que asisten a mi representado; por tal razón y bajo el amparo de los artículos enunciados me veo en la imperiosa necesidad de solicitar que esta Honorable Sala se AVOQUE al conocimiento de la causa, y resuelva lo planteado en la presente solicitud. Solicito que el mismo sea declarado con lugar. En virtud de lo expuesto, requiero a esta Sala se sirva apercibir u ordenar el inicio de los procedimientos relativos hacer efectiva la responsabilidad administrativa, disciplinaria y/o penal y civil a la que haya lugar que pudieran tener los jueces y fiscales que actuaron en la presente causa, quienes con sus actuaciones afectaron los derechos constitucionales de mi patrocinado, al privarlo al acceso de una justicia imparcial, equitativa y responsable. Así lo solicito y sea ordenado. Finalmente solicito medida cautelar de suspensión de los efectos de la decisión causante de la lesión denunciada, manifestando a tal efecto que: "en virtud de las grandes irregularidades detectadas en el presente caso, es imperiosa la necesidad de solicitar, con fundamento en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, medida cautelar de suspensión de los efectos de la decisión del Tribunal 03 en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del estado Guárico-Extensión Valle de la Pascua al ordenar el pase ajuicio con mi representado privado de libertad y el otro, o sea SERGIO DE JESÚS CARMONA LA POSTA en libertad, ya que está afectada la libertad individual y personal de mi representado, y de cualquier actuación que la Fiscalía Vigésima Séptima del estado Guárico con sede en Valle de la Pascua, pueda realizar ante cualquier Tribunal en contra de la persona afectada, de igual manera se ordene la paralización del proceso hasta la oportunidad en que sea decidido el fondo del avocamiento.

CAPITULO II

FUNDAMENTO DE DERECHO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25, ordinal 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala podrá avocar las causas en las que se presuma violación al orden público constitucional, tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no haya recaído sentencia definitivamente firme'".

 

En este orden de ideas, los artículos 106 y 107 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establecen, lo siguiente:

 

(…)

CAPITULO III

PETITORIO

Solicito de esta Honrosa Sala de Casación Penal que de conformidad con los artículos 26, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia del artículo 31 numeral 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia ya mencionados en este escrito SE AVOQUE al conocimiento de la causa MP-79216-2024 y JP21-P-2024-000257 que fundamento en los hechos del derecho expuestos en el capítulo primero de esta solicitud y que expongo la violación del debido proceso, el derecho a la defensa, y la tutela judicial efectiva por todo lo antes solicito: 1) Tener por recibido el presente escrito; 2) Se me tenga legitimado para la actuación 3) Proveer lo solicitado en la mayor prontitud; 4) Digna Sala se AVOQUE AL CONOCIMIENTO de la causa MP-79216-2024 y JP21-P-2024-000257

 

Por las razones antes expuestas, solicitamos respetuosamente a los honorables Magistrados de esta digna Sala, sea admitida la solicitud de Avocamiento interpuesto y sea declarado con lugar.…” (sic)

 

 

Al respecto es menester señalar, que a la solicitud elevada al conocimiento de la Sala, se anexó la siguiente documentación:

 

-        Poder especial otorgado en fecha 16 de septiembre de 2024, por el ciudadano Héctor Nicolás Soto Araujo, en su condición de imputado, al abogado José Cristóbal Álvarez, ante el Registro Público del Municipio José Félix Ribas del estado Guárico, anotado bajo el número 61, tomo  5, folios 184 al 186.

-        Planilla de atención primaria de salud a nombre del ciudadano Arturo Celestino Soto Loreto.

-        Solicitud de otorgamiento de medida cautelar a favor del ciudadano Héctor Nicolás Soto Araujo formulada por la Defensoría del Pueblo del estado Guárico al Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del mencionado estado, ello en atención al estado de salud del mismo, adjuntando al mismo los soportes correspondientes.

 

-        Acusación presentada por los Fiscales Provisorio y Auxiliar de la Fiscalía Vigésima Séptima del Ministerio Público con Competencia Contra la Extorsión y el Secuestro, en contra de los ciudadanos HÉCTOR NICOLÁS SOTO ARAUJO y SERGIO DE JESÚS CARMONA LA POSTA, por la presunta comisión de los delitos de AGAVILLAMIENTO y EXTORSIÓN.

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

 El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional, que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas, la facultad de solicitar, en cualquier estado de la causa, el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y, una vez recibido, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

 

Asimismo, el avocamiento procede, de oficio o a instancia de parte, solo cuando no existe otro medio procesal capaz de restablecer la situación jurídica infringida, en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática; debiendo ser ejercido con suma prudencia, lo cual está contemplado, tanto en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, transcrito en el capítulo referido a la competencia, como en los artículos 107, 108 y 109, de la referida ley, los cuales, respectivamente, establecen:

 

“Procedencia

Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia, y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, o la institucionalidad democrática”.

“Procedimiento

Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independiente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida”.

“Sentencia

Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro Tribunal competente en la materia, así como, adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido”.

 

 

En consonancia con las normas transcritas, el avocamiento será ejercido, bien de oficio o instancia de parte, en caso de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, como en aquellos en los cuales sea evidente la violación del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

De igual modo, para su procedencia se exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

 

1) Que el solicitante esté legitimado para pedir el avocamiento por tener interés en la causa, salvo en los casos en los que esta Sala de Casación Penal lo hiciere de oficio.

 

2) Que el proceso cuyo avocamiento se solicita curse ante un juzgado cualquiera sea su jerarquía y especialidad, con independencia de la etapa o fase procesal en que se encuentre.

 

3) Que la solicitud de avocamiento no sea contraria al orden jurídico, vale decir, opuesta a las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

4) Que la solicitud sea interpuesta una vez ejercidos los recursos ordinarios, ante la autoridad competente y sin éxito; esto es, que las irregularidades que se alegan deben haber sido oportunamente reclamadas sin el resultado esperado.

 

En tal sentido, cabe acotar que las circunstancias de admisibilidad anteriormente mencionadas deben ser concurrentes, por lo que la ausencia de alguna de estas conllevaría a la declaratoria de inadmisibilidad del avocamiento.

 

Ello, es la razón por la cual esta Sala de Casación Penal reiteradamente ha establecido que “(…) el juicio de admisibilidad se dirige a verificar si la pretensión es jurídicamente apta para que el juzgador pase a estudiar el fondo del asunto, ya que si la materia o el objeto contenido en los planteamientos del solicitante no se adaptan a las exigencias del ordenamiento jurídico, el juez no podrá enjuiciar el fondo de la causa (…)” [Vid. sentencias números 672, del 17 de diciembre de 2009; 287, del 25 de julio de 2016; 351, del 11 de octubre de 2016; 451, del 14 de noviembre de 2016, y más reciente la, 21 del 18 de febrero de 2019].

 

Ahora bien, en el presente caso, se observa:

 

Que la presente solicitud de avocamiento fue presentada por el ciudadano José Cristóbal Álvarez, quien indica actuar como “abogado de confianza” del ciudadano HÉCTOR NICOLÁS SOTO ARAUJO, titular de la cédula de identidad número V-26.008.019, en el proceso penal que según indicó, es seguido contra este ante el  Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, extensión Valle de la Pascua, identificada bajo la nomenclatura JP21-P-2024-000257, por la presunta comisión de los delitos de  “CÓMPLICE DE EXTORSIÓN y AGAVILLAMIENTO”, previstos y sancionados en el artículo 16, en relación con el artículo 11, de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, y el artículo 286 del Código Penal venezolano (respectivamente).

 

Con respecto a la presente solicitud, debe mencionar la Sala de manera inicial, que el recurrente obvió consignar la documentación necesaria a efectos de demostrar que la causa actualmente cursa en el Tribunal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, extensión Valle de la Pascua, con la nomenclatura especificada, ni evidencia de actuaciones emanada de los órganos judiciales involucrados contra las cuales haya ejercido recurso alguno, solo se constata un trámite efectuado por la Defensoría del Pueblo, mediante comunicación dirigida al Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, extensión Valle de la Pascua, y un escrito acusatorio formulado ante el referido Tribunal, por los Fiscales Provisorio y Auxiliar de la Fiscalía Vigésima Séptima del Ministerio Público con Competencia Contra la Extorsión y el Secuestro de la referida Circunscripción Judicial, en contra de los ciudadanos HÉCTOR NICOLÁS SOTO ARAUJO y SERGIO DE JESÚS CARMONA LA POSTA, por la presunta comisión de los delitos de AGAVILLAMIENTO y EXTORSIÓN, pretendiendo que únicamente con su exposición se den por ciertas las presuntas irregularidades graves, que según su percepción, ameritan que la Sala se avoque al conocimiento del caso.

 

Ha referido esta Sala en múltiples decisiones, la excepcionalidad de la figura del Avocamiento como mecanismo para subsanar situaciones lesivas, en virtud de las actuaciones contrarias a derecho ejecutadas por los órganos de administración de justicia en detrimento de principios y garantías tuteladas constitucionalmente, las cuales deben ser de tal magnitud que coloquen en entredicho el Poder Judicial, omitiendo en la solicitud elevada al conocimiento de la Sala cumplirse con tales parámetros, por no proceder adecuadamente al requerir el avocamiento.

 

En atención con lo señalado, se constata que la solicitud presentada por el abogado José Cristóbal Álvarez está orientada a refutar la inocencia del ciudadano de quien se adjudica su defensa, planteando circunstancias concernientes a los elementos probatorios tomados en cuenta por el tribunal en funciones de control, así como lo expuesto por el Ministerio Público en el curso de las investigaciones del proceso penal instaurado en contra del ciudadano HÉCTOR NICOLÁS SOTO ARAUJO, lo que se observa de la siguiente manifestación: “…Ha causado gran asombro, que la representación fiscal, aun en conocimiento de los elementos de prueba que demuestran que mi representado es inocente le llamó poderosamente la atención a esta defensa que posterior a la imputación formal ante el tribunal de control, y presentadas las pruebas que exculpan a mi defendido mantuvo la precalificación sin tomar en cuenta los elementos consignados en su oportunidad...”, (sic), dejando entrever una sesgada percepción de la figura del avocamiento, la cual no puede bajo ninguna premisa ser empleada con una finalidad distinta a su naturaleza, no siendo a través de este la determinación de la responsabilidad penal de un acusado, toda vez que, ello será el resultado del debate probatorio ante el Tribunal en funciones de juicio que corresponda el conocimiento de la causa.

 

Debe indicar la Sala, a efectos de considerar admisible una solicitud de avocamiento, que al peticionante le corresponde obrar con sabiduría antes de su interposición, teniendo presente las acciones que debió ejecutar previo a requerir tal remedio procesal, siendo ello, la interposición de todos los recursos que la ley pone a su disposición, agotando las opciones para subsanar las irregularidades cometidas en el proceso sin haber obtenido un resultado satisfactorio, siendo prudente mencionar, que con ello no quiere decir la Sala, que pueda ser utilizado en cualquier ocasión que le haya sido negada una petición al interesado, es menester, tal como fue indicado precedentemente, que las acciones lesivas ejecutadas por los órganos integrantes del Poder Judicial, constituyan un gravamen de tal envergadura que socaven la imagen de este, y que los recursos ejercidos hayan procurado la rectificación de la transgresión advertida.

 

Se observa que el solicitante refiere la ocurrencia de presuntas irregularidades cuyo planteamiento es genérico, citándose para evidenciar tal afirmación lo siguiente “… La sustanciación de la causa principal signada con el JP21-P-2024-000257, así como en sus incidencias ha estado plagada de desórdenes procesales que conllevaron a la violación de derechos constitucionales al debido proceso, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y privativa ilegitima de libertad que asisten a mi representado…” (sic) sin exponer con detalle las circunstancias que demuestren fehacientemente la existencia de actuaciones contrarias a derecho, que ameriten la admisión de la petición elevada al conocimiento de la Sala.

 

No obstante lo antes mencionado, debe indicarse además que el abogado José Cristóbal Álvarez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 268.850, quien indica actuar como “abogado de confianza” del ciudadano  HÉCTOR NICOLÁS SOTO ARAUJO, se adjudica la defensa del mismo, consignando a tales efectos un instrumento poder especial penal, cuyo contenido se cita a continuación:

 

Yo, HÉCTOR NICOLÁS SOTO ARAUJO, (…) identificado en la causa penal No. JP21-P-2024-000257 y MP-79216-24, por medio del presente documento declaro: Que otorgo Poder Especial, pero amplio y suficiente en cuanto a Derecho se requiere al Abogado en Ejercicio JOSÉ CRISTÓBAL ALVAREZ. (…) para que me defienda en todos aquellos asuntos Judiciales y Extrajudiciales que se me puedan presentar por ante los Órganos Jurisdiccionales Administrativos, Ministerio Público, en demandas y querellas que intentaré contra actos, sentencias, dispositivas, y de cualquier otra índole que se me presenten en el juicio penal en mi contra. En virtud del presente poder, queda facultado el referido apoderado para: Intentar todo tipo de acciones o demandas ante los Tribunales Civiles, Penales, Tribunal Supremo de Justicia, entre otros y solicitudes de toda índole; darse por citado y/o notificado; contestar todo tipo y clase de demandas o providencias administrativas; contestar y oponer reconvenciones; contestar y oponer cuestiones previas; promover y evacuar todo tipo de pruebas; solicitar y estampar posiciones jurada comprometer en árbitros de toda índole; solicitar la práctica de medidas preventivas o ejecutivas; solicitar decisiones según equidad; desconocer, impugnar y tachar documentos en contenido y firma; convenir, desistir, transigir, recibir cantidades de di otorgando correspondientes recibos o finiquitos tanto por acciones judiciales como extrajudiciales; ejercer todo los recursos tanto ordinarios como extraordinarios; sustituir o asociar abogado (os) de su confianza, en todo o en parte, en el presente poder, reservándose .siempre el ejercicio, en fin hacer todo cuanto exista en la mejor defensa y resguardo, de mis derechos, intereses y acciones. Igualmente, mi apoderado queda facultado para presentar ante los Tribunales competentes notificaciones en mi nombre solicitante y cualquier otro tipo de acreencias; hacerse asistir en actos en los Tribunales por Abogados en mi nombre. En fin, actuar en mi nombre y representación sin limitación alguna en cuanto no sea opuesto a derecho, pues la anterior enumeración es solo enunciativa y por ningún respecto taxativo o limitado….”  (sic)

 

En el sentido indicado, llama la atención que el profesional del derecho José Cristóbal Álvarez, manifiesta un total desconocimiento sobre la legitimidad de un abogado defensor en el proceso penal, cuya condición está sujeta al cumplimiento de cierta formalidad para ostentarla y actuar haciendo uso de la misma, siendo tal, la designación y juramentación de ley, asumiendo que por la concesión de un poder penal especial en el que se indicó la nomenclatura del proceso seguido a su otorgante, le confiere la facultad para actuar amparado bajo tal figura.

 

En el presente caso, dicho profesional del derecho solicitó el avocamiento en el proceso penal seguido a su asistido, quien fue acusado por la presunta comisión de los delitos de “CÓMPLICE DE EXTORSIÓN y AGAVILLAMIENTO”, previstos y sancionados en el artículo 16, en relación con el artículo 11, de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, y en el artículo 286 del Código Penal venezolano (respectivamente), no verificándose de autos, documentación alguna que acredite su legitimidad como defensor del ciudadano HÉCTOR NICOLÁS SOTO ARAUJO, por lo que resulta pertinente citar el contenido de la sentencia número 267 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 14 de abril de 2014, con respecto al defensor de confianza estableció lo siguiente:

 

“…la ley adjetiva penal ha desarrollado a lo largo del proceso todo un abanico de posibilidades de acceso a la justicia y de defensa para el imputado acorde con sus derechos fundamentales. En tal sentido, el artículo 127, en sus numerales 2 y 3, y los artículos 139, 140 y 141 eiusdem, materializan el derecho constitucional a la defensa técnica mediante la asistencia jurídica de un abogado de confianza, facilitando al máximo y por cualquier medio la designación de defensor sin sujeción a ninguna clase de formalidad, salvo la prestación del juramento de ley (sentencia nro. 875/2008, del 30 de mayo)…” (Subrayado y negrillas del texto)

 

En el mismo orden de ideas, esta Sala de Casación Penal en su decisión número 134, de fecha 11 de marzo de 2016, señaló lo que a continuación se transcribe:

 

“…la configuración y constitución del defensor técnico en el proceso penal requiere de un trámite integrado por actos procesales diversos que –como se dijo anteriormente–comienza con la designación o nombramiento de parte (o en su defecto, de oficio por el Tribunal) y continúa con la manifestación de voluntad del designado, en lo atinente a la aceptación del cargo, y concluye con la consecuente juramentación en sede judicial mediante acto formal, es decir, con la efectiva participación del abogado designado y el Tribunal para ese específico propósito, acto que debe quedar debidamente protocolizado en autos; todo lo cual, constituye un procedimiento necesario, útil y de carácter obligatorio para la válida provisión del defensor técnico en cualesquiera proceso penal…”

 

En consecuencia, es necesario reiterar, que la representación de una persona sometida a un proceso penal, implica una gran responsabilidad, y quien la asuma debe obrar con sapiencia, por lo que debe cumplir con las formalidades establecidas, a objeto que sus actuaciones produzcan la eficacia requerida para una correcta defensa de los derechos, intereses y acciones de quienes en la condición de justiciables, depositan su confianza en un profesional del derecho.

 

Respecto a la importancia de social de la abogacía, el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla,  De acuerdo a lo verificado en la web oficial de dicho Colegio, expresó que:

 

“…la labor más característica de los abogados es la de actuar ante los tribunales defendiendo los derechos e intereses de sus clientes. Entonces el letrado se constituye en presupuesto de funcionamiento del Poder Judicial, pues sólo su intervención garantiza el ejercicio del derecho a la defensa. No puede administrarse justicia sin abogados que defiendan a todas las partes que lo son en el proceso….”  (sic)

 

Siendo que, en el presente caso, el  abogado José Cristóbal Álvarez no demostró obrar adecuadamente, quien tan solo con un poder especial, acudió ante esta Sala pretendiendo que la misma, separe la causa de su juez natural, adjudicándose una cualidad que no ostenta, ocupando a este Máximo Tribunal que se pronuncie sobre un avocamiento que resultará inadmisible, por falta de legitimidad de quien lo solicitó, aunado a la carencia de recaudos a través de los cuales se constaten las presuntas irregularidades cometidas por los órganos de administración de justicia al margen de la ley, así como la falta de soportes de haber ejercido todos los recursos que la ley pone a su disposición para restituir la situación jurídica infringida sin el resultado favorable.

 

De lo antes expuesto surge la necesidad de citar lo expresado por esta Sala, en fecha 13 de junio de 2024, que mediante la sentencia número 310, expuso:

 

“…una solicitud mal planteada no solo imposibilita a la Sala, de efectuar un análisis pormenorizado de cada uno de los requisitos de admisibilidad según sea el caso, sino que además, constituye una acción que atenta contra la celeridad tendiente a la subversión del orden procesal, poniendo en marcha el aparato judicial por un requerimiento que no se ajusta a los parámetros legalmente establecidos, conllevando a la pérdida de un tiempo necesario para resolver situaciones que realmente ameriten la intervención de este Máximo Tribunal, pues de la revisión de lo expuesto en el escrito de avocamiento…” .

 

 

 Aún cuando no es aplicable en este caso, es prudente indicar a quienes tienen la pretensión de formular una solicitud de avocamiento ejerciendo la figura de apoderado judicial que el instrumento que acredite su representación debe reunir características específicas, no siendo suficiente un poder especial penal que indique la nomenclatura del proceso penal que se trate, ni el señalamiento de ejercer todos los recursos que la ley prevé por cuanto las facultades conferidas son enunciativas, pues el avocamiento no es un recurso, sino un mecanismo de carácter excepcional que se emplea ante circunstancias graves que impliquen lesividad por la actuación de los órganos de administración de justicia, en consecuencia, la facultad del mismo para su ejercicio tiene que ser plasmada taxativamente.

 

En consecuencia, y sobre la base de los fundamentos que anteceden, la Sala de Casación Penal, de manera concluyente y conforme al contenido de lo invocado en la presente solicitud considera, que no se encuentran satisfechas las condiciones delimitadas en los artículos 107 y 108, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en razón de lo cual, resulta procedente declarar INADMISIBLE POR FALTA DE LEGITIMIDAD la solicitud de avocamiento suscrita y presentada por el abogado José Cristóbal Álvarez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 268.850, quien indica actuar como “abogado de confianza” del ciudadano  HÉCTOR NICOLÁS SOTO ARAUJO, titular de la cédula de identidad número V-26.008.019, de la causa que identificó con la nomenclatura “JP21-P-2024-000257” la cual según indicó, se sigue actualmente ante el  Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, extensión Valle de la Pascua, en contra de su asistido conjuntamente con el ciudadano  SERGIO DE JESÚS CARMONA LA POSTA, titular de la cédula de identidad número V-21.363.001, por la presunta comisión de los delitos de “CÓMPLICE DE EXTORSIÓN y AGAVILLAMIENTO”, previstos y sancionados en el artículo 16, en relación con el artículo 11, de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, y en el  artículo 286 del Código Penal venezolano (respectivamente). Así se decide.

 

V 

DECISIÓN

 

Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR FALTA DE LEGITIMIDAD la solicitud de avocamiento suscrita y presentada por el abogado José Cristóbal Álvarez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 268.850, quien indica actuar como “abogado de confianza” del ciudadano  HÉCTOR NICOLÁS SOTO ARAUJO, titular de la cédula de identidad número V-26.008.019, de la causa que identificó con la nomenclatura “JP21-P-2024-000257” la cual según indicó, se sigue actualmente ante el  Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, extensión Valle de la Pascua, en contra de su asistido conjuntamente con el ciudadano SERGIO DE JESÚS CARMONA LA POSTA, titular de la cédula de identidad número V-21.363.001, por la presunta comisión de los delitos de “CÓMPLICE DE EXTORSIÓN y AGAVILLAMIENTO”, previstos y sancionados en el artículo 16, en relación con el artículo 11, de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, y el artículo 286 del Código Penal (respectivamente), constatándose el incumplimiento de las regulaciones exigidas en el ordenamiento jurídico venezolano, para la procedibilidad de tal solicitud, delimitadas en los artículos 107 y 108, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

 Publíquese y regístrese, ofíciese lo conducente. Remítase el expediente.

 Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los ocho (8) días del mes de noviembre                                               de dos mil veinticuatro (2024). Años: 214° de la Independencia y 165° de la Federación. 

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

 

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

(Ponente)

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,                                                  El Magistrado,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARMEN MARISELA CASTRO GILLY                                  MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ  

 

 

La Secretaria,

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

EJGM/

Exp.AA30-P-2024-000490

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