Venley

Sentencia N.º 621

Sentencia
N.º 621
Fecha
11/08/2017
Sala
Constitucional
Expediente
17-0551
Ponente
Lourdes Benicia Suárez Anderson
Procedimiento
Acción de Amparo contra sentencia

 

EN SALA

CONSTITUCIONAL

Expediente 17-0551

Magistrada Ponente: Lourdes Benicia Suárez Anderson

 

El 16 de mayo de 2017, el ciudadano VÍCTOR JOSÉ MORENO ESCALONA, titular de la cédula de identidad n.° 7.917.005, asistido por la abogada Norma Delgado Aceituno, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el n.° 30.935, presentó ante la Secretaría de esta Sala Constitucional demanda de amparo constitucional contra la decisión judicial del día 16 de febrero de 2017, dictada por la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, en la causa de nomenclatura UP01-R-2016-000015, que anuló la sentencia del 13 de enero de 2016, dictada por el Tribunal de Juicio Itinerante n.° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, que había absuelto al hoy accionante de la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y ocultamiento o falsedad de datos, “previsto [sic] y sancionado [sic] en el artículo 66 de la Ley [sic] de Salvaguarda del Patrimonio Público (hoy artículo 73 [sic] de la Ley contra la Corrupción) y artículo 76 [sic] de la misma Ley”.

El 22 de mayo de 2017, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

El 28 de junio de 2017, la Sala Constitucional incorporó al magistrado suplente René Alberto Degraves Almarza, debido a la licencia concedida por la Sala Plena a la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, para que se separe temporalmente de su cargo, conforme a lo previsto en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada la Sala de la siguiente manera: magistrado Juan José Mendoza Jover, Presidente; magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los magistrados y magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson y René Alberto Degraves Almarza.

Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:

 

I

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

Los hechos invocados en la acción de amparo constitucional son, en síntesis, los siguientes:

El día 13 de enero de 2016 fue publicada, por el Tribunal de Primera Instancia de Juicio Itinerante n.° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, la sentencia que absolvió al accionante Víctor José Moreno Escalona de la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y ocultamiento o falsedad de datos, “previsto y sancionado en el artículo 66 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público (hoy artículo 73 [sic] de la Ley contra la Corrupción) y artículo 76 [sic] de la misma Ley”. Este fallo fue recurrido en apelación por parte del Ministerio Público; recurso ordinario que fue decidido en sentencia del 16 de febrero de 2017 por la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, en la que se declaró con lugar el mencionado recurso y anuló el fallo absolutorio dictado en primera instancia y ordenó la realización de un nuevo juicio oral y público con un juez distinto al que dictó la sentencia anulada.

La parte accionante señaló que la Corte de Apelaciones, en el fallo impugnado en amparo constitucional, anuló la sentencia absolutoria indicando que vulneró el contenido del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, porque no valoró correctamente las experticias, según el siguiente argumento:

“[D]ebió darle valor a una de las testimoniales de los expertos, no desecharlos, aplicando el principio del tercero excluido y el de la no contradicción, propuesto por Aristóteles de la siguiente manera: ‘Todo objeto tiene que ser A o no A’”.     

 

Adicionalmente, el accionante adujo que la Corte de Apelaciones del Estado Yaracuy había analizado un “auto de cierre” de un procedimiento administrativo y señaló al respecto que se trata de una prueba documental que debía ser promovida y evacuada en juicio como tal. De esta manera, el tribunal de primera instancia no debió haber valorado dicho auto como una experticia, exigiendo la asistencia del experto en el juicio oral para explicar y ratificar su contenido.

En la fundamentación jurídica de la acción de amparo constitucional, el demandante aduce lo siguiente:

El accionante en amparo señaló que la sentencia denunciada lesionó su derecho a la tutela judicial efectiva, porque:

“[L]a nulidad produce como efecto la realización de un nuevo juicio oral y público excediendo los límites de su competencia, al valorar las pruebas presentadas en audiencia oral y pública, atribución única y exclusiva de los tribunales de juicio de primera instancia en virtud del principio de inmediación y oralidad, por lo que está vedado a las Cortes de Apelaciones en materia penal entrar a valorar los hechos debatidos en la audiencia oral y pública.

[…]

La Corte de Apelaciones, resolviendo la impugnación fiscal, anula […] procediendo a valorar las pruebas de primera instancia, indicando que debieron ser valoradas de forma distinta. Y esa valoración no la podía hacer la Corte de Apelaciones, toda vez que al hacerlo actuó fuera de su competencia al pronunciarse en la alzada sobre los hechos acreditados en juicio y haciendo valoraciones de las pruebas debatidas en el mismo, decidiendo contrario al derecho y a la justicia”.

 

Una vez esbozados estos señalamientos, el accionante insiste en que se violaron los siguientes derechos: derecho a la igualdad, porque el fallo accionado no mantuvo a las partes en igualdad de condiciones; derecho a la tutela judicial efectiva, porque la Corte de Apelaciones actuó fuera de su competencia, con lo cual se le negó el derecho a obtener una decisión “[E]n derecho” y el accionante alegó que la instrumentalidad del proceso como medio para realizar la justicia resultó vulnerada, porque, a su entender, la justicia no pudo materializarse al ser decidido el recurso de apelación mediante una sentencia decidida fuera de la competencia del tribunal de alzada.

Asimismo, el accionante solicitó que le sea acordada una medida cautelar de suspensión de efectos, en el sentido de que se paralice la convocatoria de la audiencia oral y pública por parte del juez de juicio hasta tanto se resuelva la presente acción de amparo constitucional.

En el petitorio del escrito de acción de amparo constitucional, el presunto agraviado solicitó que se declare con lugar la medida cautelar innominada de suspensión de efectos de la decisión del 16 de febrero de 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, que sea declarada con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta contra la misma decisión y que se reponga la causa al estado de que otra corte de apelaciones accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy dicte una nueva sentencia.

 

II

LA SENTENCIA ACCIONADA

 

El 16 de febrero de 2017, la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, en la causa de nomenclatura UP01-R-2016-000015, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión del 13 de enero de 2016, emanada del Tribunal de juicio Itinerante n.° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, en los siguientes términos:

“Ha sido criterio reiterado de la Corte de Apelaciones constituida con sus Jueces [sic] Naturales [sic], criterio que acoge esta Corte Accidental, que de acuerdo a las tendencias Jurisprudenciales [sic] sostenidas por la Sala de Casación Penal que, ‘Las Cortes de Apelaciones en su labor de motivación deben descartar cualquier posible apreciación arbitraria que de las pruebas haya hecho el sentenciador de Primera [sic] Instancia [sic]’. Asimismo dentro de la labor creadora en el orden Jurídico le es prohibido a las Cortes de Apelaciones descender a las declaraciones rendidas por los órganos de pruebas durante el juicio oral, ya que ello equivaldría a realizar un nuevo análisis de valoración de pruebas que ya fueron estimadas por el órgano competente, en este caso el Juez [sic] de Instancia [sic], ya que es esa Instancia la que determina los hechos del proceso, lo contrario sería atentar contra los principios de inmediación y Juez [sic] Natural [sic] garantizados en la norma Adjetiva [sic] Penal [sic].

Así las cosas, en cumplimiento al Principio [sic] de la Tutela [sic] Judicial [sic] Efectiva [sic], esta Alzada [sic] procederá a analizar las denuncias planteadas en el escrito recursivo, confrontándolo con la sentencia recurrida y la causa principal, la cual contiene las actas de las diferentes incidencias acontecidas en el juicio oral y público con el objeto de determinar si efectivamente se ha materializado en la sentencia apelada los vicios denunciados.

Se verifica que la sentencia recurrida es de fecha 13 de Enero [sic] de 2016, producto del Juicio [sic] Oral [sic] y Público [sic] celebrado durante veinte (20) sesiones, dictadapor [sic] el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio Itinerante No. 3 de este Circuito Judicial Penal, a cargo de la Jueza [sic] Abg. [sic] Naylet Zunilde Flores Robertis.

La sentencia recurrida fue estructurada de la siguiente forma:

A) Identificación de las Partes [sic].

B) Fundamentación de Sentencia [sic] y a tal efecto desarrolla un Apartado [sic] que titula Capitulo I que trata del Desarrollo del Juicio Oral y Público. En el Capítulo II, resalta la a quo las pruebas traídas al Juicio [sic] Oral [sic] y Público [sic] y los hechos acreditados, dejando establecido en el cuerpo escritural de la sentencia las razones por las cuales estima cada una de las declaraciones sometidas al debate oral y público y las experticias igualmente sometidas al contradictorio, para establecer la responsabilidad del acusado. El Capítulo III, que trata de la Narración de los Hechos; igualmente se constata otros apartados titulados Del Derecho y Hechos Probados y Motivación para Decidir. Y Por [sic] último el Dispositivo del Fallo.

Constató esta Instancia [sic] Superior [sic] que el recurso de apelación se centra en dos denuncias a saber:

Primera Denuncia: Inmotivación por ilogicidad manifiesta en el fallo, por cuanto el Tribunal [sic] valora una prueba y posteriormente desvirtúa tal medio probatorio, sobre lo cual se razonará más adelante.
En torno a la Primera
[sic] Denuncia [sic], se constata que está fundamentada bajo lo preceptuado en el artículo 444 numeral 2º del Código Orgánico Procesal Penal, que establece tres supuestos, a saber:
Cuando se señala falta está referida a la inmotivación del fallo, y Justamente
[sic] los recurrentes denuncian la falta de motivación del fallo bajo un supuesto de Ilogicidad [sic] manifiesta en la decisión.
Ahora, cuando es por contradicción, la Sala Constitucional ha señalado que, el vicio de contradicción en la motivación constituye una de las modalidades de inmotivación del Juzgamiento
[sic], que se da cuando los motivos del fallo son tan incompatibles entre sí que se desvirtúan, se desnaturalizan o se destruyen en igualdad de intensidad y fuerza, lo que produce una decisión carente de sustento y, por ende, nula, (Vid [sic] sentencia No.889/2008); también ha dicho la Sala que no se trata de una contradicción por la absurda interpretación de una disposición legal, razonamiento que daría motivo al recurso por error en el Juzgamiento [sic], sino el quebrantamiento por parte del Juez de los principios de la lógica Jurídica [sic]. La motivación contradictoria genera, también, una situación equiparable a la falta absoluta de motivos, siempre que la contradicción verse sobre un mismo punto (Vid [sic] sentencia No. 1619/08).
Y por último, la manifiesta Ilogicidad
[sic] en la motivación, que de manera reiterada ha establecido la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Yaracuy, que tal vicio se materializa cuando se han violentado las reglas del correcto razonar cuyos principios más resaltantes son el principio de identidad; el de no contradicción; el del tercero excluido y el de la razón suficiente.

Del escrito recursivo se desprende que el apelante censura que la recurrida incurrió en ilogicidad manifiesta en su decisión, violentándose en consecuencia la Tutela [sic] Judicial [sic] Efectiva [sic] y por ende el debido proceso y con ello el orden constitucional, debiendo valorar el informe final de auditoría Patrimonial [sic] en una sola forma y no incurrir en un doble pronunciamiento, al valorar la declaración del funcionario experto y estableciendo la recurrida en una contradicción cuando se pronunció en cuanto a la desestimación del dicho de los expertos cuando concurrieron al debate oral y público, manifestando en el fallo que éstos no fueron contestes en los resultados que dan como producto de la aplicación de los conocimientos en los métodos científicos y teóricos aplicados a las experticias.

Segunda Denuncia: Se denuncia la violación de ley por inobservancia de la disposición adjetiva penal contenida en el artículo 322, numeral 2 referente a la incorporación de la prueba documental o de informes, al no valorar el auto de cierre de fecha 14 de Mayo[sic] de 2007, emitido por la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Dirección de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República.

Ahora bien, a los fines de mayor comprensión del contenido de este fallo, precisa esta Alzada establecer la relación inter procesal de las veinte (20) sesiones del Juicio [sic] Oral [sic] y Público [sic], celebradas en la causa principal Nº UP01-S-2003-002484, a saber:

(…omissis…)

Ahora bien, analizado el texto de la Sentencia [sic], en efecto esta Alzada observa en el apartado, titulado como Capitulo II, la Jueza [sic] recurrida, hace referencia a las pruebas que fueron sometidas al debate oral y público y de los hechos acreditados, estableciendo una vez transcritas cada una de las declaraciones, su postura en cuanto a la valoración de dichas pruebas.

En este sentido esta Corte Accidental, analizando la racionalidad utilizada por la Jueza [sic] y puesta de manifiesto en el fallo, en cuanto a su motivación, se detalla lo siguiente:

En lo que respecta a la declaración rendida por el ciudadano JESUS ANTONIO CAMPOS VASQUEZ, inserta al folio 193 al 203 del acta de debate de fecha 28 de Octubre [sic] de 2015, pieza No. 7, de la causa principal, experto en Auditoria [sic] Patrimonial [sic], adscrito a la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, según se desprende de las actas, la Jueza [sic] de la recurrida le da pleno valor probatorio y así en su fallo señala:

‘La declaración del Funcionario [sic] Experto [sic] es apreciada y valorada por esta instancia judicial por cuanto logra explicar de manera técnica, científica y práctica, que de acuerdo al análisis de la situación financiera se desprende que el ciudadano Víctor Moreno omitió incluir en su declaración jurada de patrimonio ciertos bienes inmuebles, y cuentas bancarias y que igualmente se encuentra un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos legítimos percibidos durante el desempeño de sus funciones como Alcalde del municipio San Felipe del Estado Yaracuy, durante tres períodos 2001, 2002, 2003 lo que en consecuencia constituiría la configuración del delito.’(Negritas de la Corte).

Al adminicular dicho testimonio con la prueba documental del Informe ‘Final de Auditoría Patrimonial’, incorporada al debate por su lectura, la recurrida establece en su fallo que le da valor probatorio, motivando su postura así:

‘se deja constancia de las conclusiones del informe, de la existencia, dictamen escrito y circunstancias de conocimiento científico que el ciudadano Víctor Moreno omitió incluir en su declaración jurada de patrimonio ciertos bienes inmuebles, y cuentas bancarias y que igualmente se encuentra un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos legítimos percibidos durante el desempeño de sus funciones como Alcalde del municipio San Felipe del Estado Yaracuy, durante tres períodos 2001, 2002, 2003.’ (Negritas de la Corte).

Asimismo en torno a la declaración que rindiera el Experto [sic] Aquiver Román Toro Azuaje, adscrito a la Coordinación Nacional de Criminalística, Dirección de Criminalística Financiera e Informática y División de Experticias Contables Financieras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, para la época de los hechos, quien suscribió el Informe de Experticia Contable de fecha 20 de enero de 2009, inserta al folio 10 al 16 del acta de debate de fecha 24 de Noviembre [sic] de 2015, pieza No. 8, de la causa principal, la A [sic] quo le da pleno valor probatorio, señalando en su fallo:

‘En relación a esta testimonial el tribunal la aprecia, conforme al sistema de apreciación de la prueba, esto es, la sana crítica, la aprecia como un indicio de culpabilidad en contra de los acusados solo como una prueba que demuestra la Experticia [sic] contable que se le realizara a las Declaraciones Juradas de Patrimonio del ciudadano Víctor Moreno.’ (Negritas de la Corte).

Igualmente, esta Instancia [sic] observa que la recurrida adminicula esta testimonial con la prueba documental del Informe de Experticia Contable de fecha 20 de enero de 2009, suscrita por los Expertos [sic] Juan Carlos Leal y Aquiver Román Toro Azuaje, para indicar que le da pleno valor probatorio, al establecer lo siguiente:

‘En virtud de su incorporación licita [sic] al debate oral y público conforme a las previsiones de los artículo 337 y 339 del Código Orgánico Procesal Penal; toda vez que fue ratificada por el funcionario Aquiver Román Toro Azuaje quien la suscribe, y las partes no se opusieron válidamente a su incorporación, en consecuencia se le da pleno valor probatorio; por cuanto se deja constancia de la existencia, dictamen escrito y circunstancias de conocimiento científico, de las conclusiones del informe, que el ciudadano Víctor Moreno no presentaba un incremento patrimonial a través de las declaraciones juradas, así mismo logro [sic] comprobar que no se evidenció pago alguno y de acuerdo a la verificación de la declaración jurada se logró su patrimonio. Prueba valorada por el tribunal, siendo recepcionada e incorporada por su lectura en el debate probatorio. Las partes no realizaron objeciones ni oposición.’(Negritas de la Corte).

A sí [sic] las cosas, quienes deciden consideran que, la ilogicidad denunciada es tal, por cuanto si bien otorgó valor probatorio a las declaraciones e informe arriba señalados, dejó establecido que, ‘sin embargo, este resultado por sí solo, no es suficiente a los fines de demostrar sin lugar a dudas la culpabilidad del encartado en el hecho que le imputa el Ministerio Público’ (destacado de la Corte); con ello la recurrida incurre explícitamente en violación a los principios del correcto razonar siendo los más resaltantes: el de la no contradicción; el tercer excluido; la razón suficiente; el de identidad y concretamente en este asunto se violentó el principio del tercer excluido y el de la no contradicción, aquel que fue propuesto por Aristóteles de la siguiente manera: ‘Todo objeto tiene que ser A o no A’.

De acuerdo a la lógica Jurídica [sic], este principio se formula así: ‘Cuando dos normas de Derecho se oponen contradictoriamente, no pueden ambas carecer de validez’, visto de manera más sencilla, ‘cuando existen dos juicios que se contradicen, no pueden ser los dos falsos’; basta que reconozcamos la verdad de uno para que podamos afirmar la falsedad del otro,’ no puede existir una tercera alternativa entre el ser y el no ser’. En este caso concreto la jueza valora y estima la declaración del Funcionario JESUS ANTONIO CAMPOS VASQUEZ, por cuanto a su entender, logra explicar de manera técnica, científica y práctica, que de acuerdo al análisis de la situación financiera se desprende que el ciudadano Víctor Moreno omitió incluir en su declaración jurada de patrimonio ciertos bienes inmuebles, y cuentas bancarias y que igualmente se encuentra un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos legítimos percibidos durante el desempeño de sus funciones como Alcalde del municipio San Felipe del Estado Yaracuy, durante tres períodos 2001, 2002, 2003 lo que en consecuencia constituiría la configuración del delito; así igualmente estimó la testimonial del Experto [sic] Aquiver Román Toro Azuaje, adscrito a la Coordinación Nacional de Criminalística, Dirección de Criminalística Financiera e Informática y División de Experticias Contables Financieras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, como un indicio de culpabilidad en contra del acusado solo como una prueba que demuestra la Experticia [sic] contable que se le realizara a las Declaraciones Juradas de Patrimonio del ciudadano Víctor Moreno; así como Informe de Experticia Contable de fecha 20 de enero de 2009, suscrita por los Expertos [sic] Juan Carlos Leal y Aquiver Román Toro Azuaje, dentro de su razonamiento la a quo señala, que se deja constancia de la existencia, dictamen escrito y circunstancia de conocimiento científico, de las conclusiones del informe, que el ciudadano Víctor Moreno no presentaba un incremento patrimonial a través de las declaraciones juradas, así mismo logro [sic] comprobar que no se evidenció pago alguno y de acuerdo a la verificación de la declaración jurada se logró su patrimonio. Prueba valorada por el tribunal, siendo recepcionada e incorporada por su lectura en el debate probatorio, señalando que las partes no realizaron objeciones ni oposición.

Por su parte, del cuerpo escritural de la sentencia, concretamente en el capitulo ‘Hechos Probados y motivaciones para Decidir’, lo siguiente:
‘Las conclusiones emanadas de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio, avaladas posteriormente por el Contralor General de la República, sin duda, hacen la diferencia entre la presunción que pesa sobre el ciudadano Víctor José Moreno Escalona y su realidad patrimonial hoy verificada. En efecto, este Tribunal es de la opinión que la Contraloría General de la República fue erigida como el órgano llamado a conocer y determinar cualquier posible irregularidad patrimonial de un funcionario público, y dada la naturaleza de sus funciones y la estructura organizativa que la integra, no hay duda de que a efectos del pronunciamiento judicial correspondiente, su análisis resulta determinante…. OMISIS… no es menos cierto que el informe de Experticia Contable presentado y realizado por expertos de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, División de Experticias Contables financieras, emitió su dictamen respecto del Ciudadano
[sic] Víctor Moreno Escalona, con relación a la solicitud que hiciera el Ministerio Público para estudiar la posible configuración del delito de enriquecimiento ilícito, haciendo expresa declaración que desde el punto de vista administrativo, las declaraciones patrimoniales presentadas por el funcionario debían ser revisadas. Con base a ello y en la presunción de buena fe de que gozan, en este caso, las actuaciones realizadas por los expertos adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, División de Experticias Contables financieras; este Tribunal se acoge a las conclusiones emitidas por dicho órgano, e interpreta que al resultar que no presentaba un incremento patrimonial a través de las declaraciones juradas, así mismo logro comprobar que no se evidenció pago alguno y de acuerdo a la verificación de la declaración jurada se logró su patrimonio, pues uno de los órganos a cargo de tal verificación se encargó de aclarar, mediante expreso informe, la situación patrimonial del declarante.’ (Negritas de la Corte).

Así observa esta Alzada que, en efecto la Juez [sic] de la recurrida señaló en su motivación que ese Tribunal se acogía a las conclusiones emitidas por dicho órgano, e interpreta que no presentaba un incremento patrimonial a través de las declaraciones juradas, así mismo logró comprobar que no se evidenció pago alguno y de acuerdo a la verificación de la declaración jurada se logró su patrimonio, pues uno de los órganos a cargo de tal verificación se encargó de aclarar, mediante expreso informe, la situación patrimonial del declarante, para arribar a la conclusión la recurrida:

‘Es así como se estableció que con esos hechos no se configura indicio suficiente, que pueda calificarse de plena prueba, para aseverar en última instancia que el acusado obtuvo un enriquecimiento ilícito y manejo [sic] un patrimonio no declarado, ya que hay otras alternativas posibles, por lo que resulta prueba insuficiente, que rompe con la causalidad, y limitan su vinculación con el curso ordinario de las cosas, ya que las exposiciones y resultados ratificados por ambos expertos, fueron contradictorias, su indistinto testimonio impide convencer, más allá de toda duda razonable, que realmente se configuro [sic] tal delito, y permita inferir que de sus declaraciones no se desprende algún elemento de convicción que conduzca a establecer la participación del acusado en el hecho imputado.’ (Negritas de la Corte).

Sin embargo en franca violación a los principios de las lógica la recurrida estimó, valoró las declaración de estos expertos para luego afirmar que las exposiciones y resultados ratificados por ambos expertos, fueron contradictorias.

Siendo ello así, se observa del proceso de razonamiento que discurrió en la jueza de la recurrida la manifiesta ilogicidad en su fallo, no podía valorar pruebas que eran contradictorias entre sí, unas que demostraban en su criterio la omisión en incluir en su declaración jurada de patrimonio ciertos bienes inmuebles, y cuentas bancarias y que igualmente se encuentra un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos legítimos percibidos durante el desempeño de sus funciones como Alcalde y la valoración que otorgó al dicho del Experto Aquiver Román Toro Azuaje y el informe como indicio de culpabilidad para determinar que el ciudadano Víctor Moreno no presentaba un incremento patrimonial, resultando una sentencia absolutoria, frente a un razonamiento manifiestamente ilógico por contradictorio, como bien lo ha señalado el tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Penal:

‘hay contradicción cuando se dan argumentos contrarios que se destruyen recíprocamente. En lógica, algo contradictorio es cualquiera de dos preposiciones, de las cuales una afirma lo que la otra niega y no pueden ser a un mismo tiempo verdaderas ni a un mismo tiempo falsas’ (vid Sentencia. Nro. 28 de fecha 26/01/2001, con ponencia del Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros).

Por ello, conforme a lo expuesto en la primera denuncia debe ser declarada con lugar, al observarse de manera palmaria que la recurrida violentó las reglas del correcto razonar, así la Lógica [sic] en función del Derecho, ha afirmado esta Alzada que, juega un papel de trascendencia e importancia en el proceso penal cuando se aplica adecuadamente sus principios, sus métodos y reglas para la preparación de decisiones y dictámenes que se desprenden durante el proceso; ello porque a través de la aplicación de las reglas de la lógica se corroborarán o se subestimarán las entrevistas, declaraciones y exposiciones de los testigos que surjan del hecho objeto del proceso; también, porque a través de la lógica razonada se verifican y se confirman los hechos a través de los conocimientos científicos proporcionados que determinan las circunstancias precisas del hechos [sic] y porque mediante la aplicación de la lógica y la secuencia concordante y congruente se establecerá con certeza la culpabilidad o la inocencia del acusado, surgirá así una sentencia fehaciente y una adecuada calificación jurídica.
(…omissis…)

Así las cosas en criterio de esta Alzada, en este caso concreto, se violentó el artículo 22 de la norma adjetiva Penal, que expresamente señala:

(…omissis…)

Entonces el juez o jueza, también lo ha afirmado la Corte de Apelaciones, cuando procede a recepcionar pruebas en la fase de Juicio [sic], lo hace en cumplimiento congruo con la Ley [sic] Procesal[sic], su valoración obedece un proceso mental de análisis; donde debe en la sentencia definitiva entre otras cosas determinar los hechos para subsumirlos al Derecho; analizar con cuales medios de prueba el Tribunal de Juicio sustenta su convicción; examinar, de forma individual y después conjunta, las declaraciones, es decir adminicularlas, compararlas entre sí y decantarlas, para que con la ayuda de las reglas de la lógica o del correcto razonar, aplicando los principios de la no contradicción, el tercero excluido, de la razón suficiente, el de identidad entre otros, así como las máximas de experiencias y los conocimientos científicos le otorgue valor o no a las pruebas incorporadas al debate.

En este caso concreto, el razonamiento puesto de manifiesto en la sentencia al momento de valorar la declaración rendida por el ciudadano JESUS ANTONIO CAMPOS VASQUEZ, inserta al folio 193 al 203 del acta de debate de fecha 28 de Octubre [sic] de 2015, pieza No. 7 y que la jueza señala en el contenido escritural del fallo que, de acuerdo al análisis de la situación financiera se desprende que el ciudadano Víctor Moreno omitió incluir en su declaración jurada de patrimonio ciertos bienes inmuebles, y cuentas bancarias y que igualmente se encuentra un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos legítimos percibidos durante el desempeño de sus funciones como Alcalde [sic] del municipio San Felipe del Estado Yaracuy, durante tres períodos 2001, 2002, 2003 lo que en consecuencia constituiría la configuración del delito, adminiculada con la prueba documental del Informe ‘Final de Auditoría Patrimonial’ y al valorar la prueba documental del Informe de Experticia Contable de fecha 20 de enero de 2009, suscrita por los Expertos [sic] Juan Carlos Leal y Aquiver Román Toro Azuaje, para concluir que, el ciudadano Víctor Moreno no presentaba un incremento patrimonial a través de las declaraciones juradas, y afirmar así mismo que logro [sic] comprobar que no se evidenció pago alguno y de acuerdo a la verificación de la declaración jurada se logró su patrimonio, prueba valorada por el tribunal, siendo recepcionada e incorporada por su lectura en el debate probatorio, sin lugar a dudas se patentiza el vicio de ilogicidad en el fallo y así se decide.

Por lo expuesto, atendiendo a la ilogicidad verificada forzosamente esta Alzada debe como en efecto lo hace, declarar con lugar esta denuncia y así se decide.

En cuanto a la Segunda Denuncia: Los apelantes cuestionan la violación de la ley por inobservancia de la disposición contenida en el artículo 322 numeral 2 de la norma adjetiva penal, referente a la incorporación de la prueba documental o de informes, al no valorar el auto de cierre que contiene las conclusiones relacionadas con la verificación de la veracidad de la declaración jurada de patrimonio del imputado, su situación patrimonial y la de su ex cónyuge, de fecha 14 de mayo de 2007, emitido por la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Dirección de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República, inserto a los folios 41 al 48, del anexo pieza No. 22.

En este sentido, la Sala de Casación Penal, en sentencia de fecha 9 de Abril [sic] del 2015, Expediente No. 2014-000234, dejó establecido:
(…omissis…)
Esta Corte de Apelaciones Accidental, de manera pedagógica precisa abordar algunas definiciones al respecto a la prueba de Informe
[sic], para poder dar respuesta a la denuncia planteada por la inobservancia de la disposición contenida en el artículo 322 numeral 2 de la norma adjetiva penal, referente a la incorporación de la prueba documental o de informes, al no valorar el auto de cierre al cual se ha hecho referencia.
En este sentido el tratadista Roberto Delgado Salazar, en su texto ‘Las Pruebas en el Proceso Penal Venezolano’, señala que, la prueba de Informe
[sic] es un medio probatorio que está presente en la legislación venezolana desde el Código de Procedimiento Civil del año 1987, no teniendo una regulación en el Código Orgánico Procesal Penal, aunque sí la contempla, en el artículo 322 numeral 2 ejusdem, para su lectura.
El autor establece que la Prueba
[sic] de Informe [sic] es la respuesta escrita, emanada de una persona jurídica pública o privada frente a un requerimiento judicial, sobre datos preexistentes a tal pedido, que se encuentran en sus archivos, registros o libros, o que de alguna manera posea dicha persona informante. Igualmente cita a su vez, a Rivera Morales, quien a su vez, explica que dicha prueba es un medio ideal para traer al proceso instrumentos que fueran útiles para probar hechos controvertidos o de interés en el proceso y así el juez puede formarse una convicción acerca de tales hechos. Sosteniendo además que el informe solo tendrá valor probatorio si es expedido por medio de un funcionario autorizado o por el representante de la persona jurídica privada.
Por otra parte, indica el autor que esta prueba se debe apreciar conforme se prevé en la norma adjetiva penal, debiendo tomarse en cuenta que realmente no haya dudas acerca de que esos datos se encuentren registrados en la persona jurídica que los expide, pues es considerada como una modalidad de la prueba documental, siendo su dificultad ejercer correctamente el derecho de contradicción.

Ahora bien, esta Instancia Superior constató que, el Auto [sic] de Cierre [sic] de fecha 14 de mayo de 2007, suscrito por la Directora de Declaraciones Juradas de Patrimonio (E)Carmen Cecilia Rodríguez Castillo, funcionaria adscrita a la Contraloría General de la República, fue incorporado al debate para su lectura el 19 de Octubre [sic] de 2015, en la cual se deja constancia de la verificación patrimonial realizada al ciudadano Víctor José Moreno Escalona, la cual corre agregada a los folios 168 al 170, de la pieza Nº 7 de la causa principal; dejando establecido la Jueza de Instancia en el capítulo denominado ‘Hechos Probados y Motivación para Decidir’, que:

‘…la Experto [sic] que suscribió el mencionado Auto [sic], no compareciera a dar fe del contenido del Auto [sic] de Cierre [sic] de fecha 14 de mayo de 2007, ya que la misma no fue promovida como tal, corresponde a quien aquí decide, darle cumplimiento a las normas, toda vez que los informes de experticias no pueden ser apreciados sólo si se incorporan por su lectura, al juicio oral y público. Por lo antes expuesto el Auto [sic] de Cierre [sic] de fecha 14 de mayo de 2007 suscrito por Carmen Cecilia Rodríguez Castillo, Directora de Declaraciones Juradas de Patrimonio (E). [sic] El [sic] mismo no pudo ser reconocido en su contenido, ya que la funcionaria que lo suscribe no fue promovida como experto por el Ministerio Publico [sic], violando así el principio de inmediación.’(Negritas de la Corte).

Se observa claramente que en criterio de la jueza recurrida, a quien le correspondió por el principio de inmediación presenciar el debate y por cuanto su razonamiento para no valorar ese informe denominado auto de cierre, no estuvo ajustado a Derecho, habida cuenta que al tratarse de una prueba de informe, no era necesario la comparecencia de la Funcionaria [sic] que lo suscribió y tal como se mencionó, la Prueba [sic] de Informe [sic] es la respuesta escrita, emanada de una persona jurídica pública o privada frente a un requerimiento judicial, sobre datos preexistentes a tal pedido, que se encuentran en sus archivos, registros o libros, o que de alguna manera posea dicha persona informante.

En el caso concreto, en criterio de la Jueza [sic], consideró equivocadamente que para estimar la prueba documental denominada Auto [sic] de Cierre [sic], requería de la presencia dela [sic] Funcionaria [sic] que la suscribió, en razón que ésta no fue promovida como testigo, tal como se evidencia del escrito de acusación el cual corre agregado a los folios 96 al 190 de la pieza Nº 1 de la causa principal, se observa lo siguiente:

(…omissis…)
Así las cosas, siendo que la prueba promovida por el Ministerio Público, trataba de una prueba de informe y por cuanto lo expresado por la Juzgadora
[sic] de la recurrida para no estimar esta Prueba [sic] no estuvo ajustado a Derecho, ya que como se ha dicho al tratarse de una prueba de informe y no de experticia, tal como lo mencionó el apelante […], por lo que no requería para su valoración o desestimación el dicho del Funcionario [sic] que la suscribió, por ello esta Alzada [sic] declara con lugar esta denuncia, al verificarse los vicios denunciados y así se decide.
En consecuencia, esta Corte de Apelaciones constituida en Sala Accidental, declara Con Lugar el recurso de apelación formalizado por los Abg.
[sic] Jeimi Yesenia Duque; Abg. [sic] Ángel Díaz Rojas; y Abg. [sic] Moraidy Santeliz, actuando en su condición de Fiscal Provisoria, Fiscal Auxiliar Interino, adscritos a la Fiscalía 26º Nacional Plena y Fiscal Décima Cuarta de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, todos del Ministerio Público, y anula el fallo dictado en fecha 13 de Enero [sic] de 2016, inserta a los folios 109 al 151, de la pieza No. 8 de la causa principal, dictada por el Tribunal Penal en función de Juicio Itinerante No 3, del Circuito Judicial del estado Yaracuy, y se ordena la realización de un nuevo Juicio [sic] Oral [sic] y Público [sic], por un Juez [sic] distinto al que dictó el fallo con prescindencia de los vicios develados y así se decide”.

 

 

III

COMPETENCIA

 

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente causa y, a tal efecto, advierte que el cardinal 20 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia atribuye a esta Sala la competencia para “conocer de las demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo”.

Así las cosas, se observa que el amparo constitucional de autos fue interpuesto contra la sentencia dictada el 16 de febrero de 2017 por la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy que, al conocer de la apelación ejercida por el Ministerio Público, declaró con lugar dicho recurso ordinario interpuesto contra la decisión dictada el 13 de enero de 2016 por el Tribunal de Juicio Itinerante n.° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, motivo por el cual esta Sala estima que la misma resulta competente para conocer del amparo interpuesto. Así se declara. 

 

IV

DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN

 

Debe previamente esta Sala analizar si la acción de autos cumple con los requisitos contemplados en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y al efecto evidencia que los mismos se encuentran satisfechos. Así se declara.

Ahora bien, respecto de la admisibilidad de la presente acción en atención a las causales contempladas en el artículo 6 eiusdem, así como en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala aprecia que la misma no se encuentra incursa en ellas, motivo por el cual resulta admisible. Así se declara.

 

V

DE LA DECLARATORIA DE MERO DERECHO

 

Esta Sala Constitucional en sentencia n.° 993 de 16 de julio de 2013 dejó establecida la posibilidad de no tramitar el amparo cuando el aspecto controvertido fuere de mero derecho. A tal efecto, dicho fallo precisó lo siguiente: 

“De modo que, condicionar la resolución del fondo del amparo a la celebración de la audiencia oral sería inútil en aquellos casos en los cuales se intenta el amparo contra una decisión judicial por un asunto de mero derecho o de obvia violación constitucional, toda vez que ello ocasionaría la violación del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 eiusdem, que se concreta en materia de amparo constitucional en el artículo 27 ibidem, debido a que el Estado no garantizaría, en estos casos, una justicia ´expedita´.

Por lo tanto, a pesar de que en anterior oportunidad la Sala, con base en la necesidad de celebrar la audiencia oral contradictoria, negó una solicitud de declaratoria de en un procedimiento de amparo (vid. sentencia N° 988 del 15 de octubre de 2010, caso: Clarense Daniel Rusian Pérez), se impone en el presente caso un complemento de la sentencia N° 7/2000 y se establece, con carácter vinculante, que, en las demandas de amparos en las cuales se ventile la resolución de un punto de mero derecho, el Juez constitucional podrá, en la oportunidad de la admisión de la solicitud de amparo, decretar el caso como de mero derecho y pasar a dictar, sin necesidad de convocar y celebrar la audiencia oral, la decisión de fondo que permita restablecer inmediatamente y en forma definitiva la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Así se establece” (subrayado de esta Sala).

 

Atendiendo al criterio jurisprudencial expuesto, esta Sala procede a verificar si, en el caso bajo estudio, lo alegado por la parte accionante se refiere a la resolución de un punto de mero derecho y al respecto observa que la parte actora alegó, como motivo de la interposición del amparo, que la sentencia del 16 de febrero de 2017, dictada por la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy en la causa de nomenclatura UP01-R-2016-000015, no podía valorar pruebas contradictorias entre sí y que había estimado un auto emanado de la Contraloría General de la República como si fuera una prueba de experticia, cuando, según el accionante, se trataba de una prueba de informes.

De allí que, la Sala considera que el presente caso versa exclusivamente sobre un punto de mero derecho, por lo que no es necesario la convocatoria y sucedánea celebración de la audiencia oral, toda vez que lo señalado en la solicitud de amparo y el contenido del expediente constituyen elementos suficientes para que la Sala se pronuncie sobre el fondo de la presente controversia y de efectuarse la audiencia oral no se aportarían datos nuevos que modifiquen el objeto controvertido. Así se declara.

 

VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

La Sala observa, por un lado, que los presuntos agraviados señalaron en su solicitud de amparo que el presunto agraviante es la Corte de Apelación Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, que, mediante el fallo del 16 de febrero de 2017, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión del 13 de enero de 2016, emitida por el Tribunal de Juicio Itinerante n.° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, que había absuelto al hoy accionante de la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y ocultamiento o falsedad de datos, “previsto [sic] y sancionado [sic] en el artículo 66 de la Ley [sic] de Salvaguarda del Patrimonio Público (hoy artículo 73 [sic] de la Ley contra la Corrupción) y artículo 76 [sic] de la misma Ley”.

En relación con las acciones de amparo contra las decisiones judiciales, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales señala los requisitos para su procedencia, que son de interpretación estricta para evitar la vulneración del principio de la cosa juzgada y la seguridad jurídica. Así, para la procedencia de la acción de amparo contra sentencia se requiere, por un lado, que el juez actúe fuera de su competencia y, por otro lado, que se ocasione una lesión a un derecho constitucional.

En este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de esta Sala que, en materia de amparo constitucional contra decisiones judiciales, ha reiterado el siguiente criterio:

“Para la procedencia de la acción de amparo contra actos jurisdiccionales, deben concurrir las siguientes circunstancias: a) que el Juez, de quien emanó el acto supuestamente lesivo, incurra en usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); y b) que tal abuso de poder ocasione violación a un derecho constitucional, lo que implica que no es impugnable mediante amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal. Con el establecimiento de tales extremos de procedencia se ha pretendido evitar la interposición de solicitudes de amparo, con el propósito de que se reabra un asunto que ha sido resuelto judicialmente, en perjuicio de la inmutabilidad de la decisión definitivamente firme; y, por otra parte, para que la tutela constitucional no se convierta en sucedánea de los demás medios procesales (ordinarios y extraordinarios) existentes” (sentencia n.° 213 del 9 de abril de 2014).

 

En este sentido, hay que determinar, en primer lugar, si la sentencia objeto del presente amparo constitucional (emanada de la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy el 16 de febrero de 2017, en el expediente n.° UP01-R-2016-000015, según la nomenclatura de dicha corte de apelaciones) fue dictada por el tribunal actuando fuera de su competencia constitucional (ya sea porque incurrió en usurpación de funciones o porque incurrió en extralimitación o abuso de poder) y en segundo lugar, que tal incompetencia hubiere violado un derecho constitucional.

Habría usurpación de funciones cuando un juez asume y ejerce una función que constitucionalmente corresponde a otro órgano del Poder Público, vicio que no se encuentra denunciado en la presente acción de amparo constitucional ni esta Sala observa que se hubiere materializado, porque la sentencia objeto de la presente acción de amparo dictó una decisión que se encuentra dentro de las competencias que son propias y exclusivas del Poder Judicial. 

En relación con la extralimitación o abuso de poder, entendida como una actuación fuera de la competencia del tribunal, se presenta cuando mediante un acto judicial el órgano jurisdiccional hace un uso desmedido o arbitrario de sus atribuciones.

En este contexto, esta Sala observa que la sentencia accionada señala, en su parte motiva, dos argumentaciones que sostienen el dispositivo del fallo. Por un lado, el presunto agraviante indicó, como respuesta a la primera denuncia esbozada por el Ministerio Público, que la sentencia apelada emanada del Tribunal de Juicio Itinerante n.° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy “no podía valorar pruebas que eran contradictorias entre sí”, con lo cual habría incurrido en una “manifiesta ilogicidad”. Por otro lado, el presunto agraviante señaló que la sentencia apelada estimó que el auto de cierre del 14 de mayo de 2007, emitido por la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Dirección de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República, era una prueba de experticia y no una prueba de informes, por lo que tal pronunciamiento “no estuvo ajustado a Derecho”.

En relación con la primera denuncia, esta Sala observa que la sentencia accionada, en su parte narrativa, señala que el Ministerio Público, en tanto apelante de la sentencia absolutoria de la primera instancia, denunció que la “ilogicidad” de esta estaba referida a que hubo un doble razonamiento contradictorio en relación con una sola prueba, es decir, que a propósito de la prueba de “Informe Final de Auditoria [sic] Patrimonial” de la Contraloría General de la República, el juzgador de primera instancia “en un punto adula y en otro menosprecia” dicho medio de prueba.

Posteriormente, en la parte motiva de la sentencia accionada, se indica que el Ministerio Público alegó la referida “ilogicidad” de la sentencia de primera instancia, al señalar que debió “valorar el informe final de auditoría Patrimonial [sic] en una sola forma y no incurrir en un doble pronunciamiento, al valorar la declaración del funcionario experto y estableciendo [sic] la recurrida en una contradicción cuando se pronunció en cuanto a la desestimación del dicho de los expertos cuando concurrieron al debate oral y público, manifestando en el fallo que éstos no fueron contestes en los resultados que dan como producto de la aplicación de los conocimientos en los métodos científicos y teóricos aplicados a experticias”. 

Luego, en el transcurso de la argumentación de la sentencia que el accionante señala como agraviante, se señala que la sentencia de primera instancia valoró cuatro medios de prueba, a saber:

a) El testimonio del ciudadano Jesús Antonio Campos Vásquez, que es “experto en Auditoría [sic] Patrimonial [sic], adscrito a la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela”. La sentencia indicó que la sentencia de primera instancia había destacado que dicho ciudadano había explicado que, según el análisis de la situación financiera, el ciudadano Víctor Moreno omitió incluir ciertos bienes inmuebles y cuentas bancarias en su declaración jurada de patrimonio, y que había un incremento desproporcionado de su patrimonio en relación con sus ingresos percibidos durante su desempeño como Alcalde del Municipio San Felipe, lo que constituiría delito.  

b) La prueba documental “del Informe ‘Final de Auditoría Patrimonial’”. La sentencia accionada adujo que la sentencia de primera instancia había señalado que esta prueba dejó constancia de que el ciudadano Víctor Moreno había omitido incluir ciertos bienes inmuebles y cuentas bancarias en su declaración jurada de patrimonio y que se halló un incremento patrimonial desproporcionado en relación con sus ingresos percibidos durante el desempeño de sus funciones como alcalde del municipio San Felipe.

c) El testimonio del ciudadano Aquiver Román Toro Azuaje, que está adscrito a la “Coordinación Nacional de Criminalística, Dirección de Criminalística Financiera e Informática y División de Experticias Contables Financieras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas” y que suscribió el “Informe de experticia Contable de fecha 20 de enero de 2009”. La sentencia denunciada en amparo indicó que la sentencia de primera instancia había apreciado este medio de prueba “como un indicio de culpabilidad en contra de los acusados solo como una prueba que demuestra la experticia contable que se le realizara a las Declaraciones Juradas de Patrimonio del ciudadano Víctor Moreno”.

d) La prueba “documental del Informe de Experticia Contable de fecha 20 de enero de 2009, suscrita por los Expertos [sic] Juan Carlos Leal y Aquiver Román Toro Azuaje”. Sobre este medio de prueba, la sentencia accionada en amparo señaló que la sentencia de primera instancia había indicado que había sido ratificado por el funcionario Aquiver Román Toro Azuaje y que dejó constancia de que el ciudadano Víctor Moreno no presentó “un incremento patrimonial a través de las declaraciones juradas” y que comprobó que “no se evidenció pago alguno y de acuerdo a la verificación jurada se logró su patrimonio [sic], pues uno de los órganos a cargo de tal verificación se encargó de aclarar, mediante expreso informe, la situación patrimonial del declarante”.

En virtud de lo anteriormente reseñado, la sentencia accionada en amparo constitucional declaró que la sentencia de primera instancia incurrió en ilogicidad, porque valora la declaración del funcionario Jesús Antonio Campos Vázquez y “estimó la testimonial del Experto [sic] Aquiver Toro Azuaje […] así como Informe de Experticia contable de fecha 20 de enero de 2009, suscrita por los Expertos Juan Carlos Leal y Aquiver Román Toro Azuaje”. Seguidamente, la sentencia accionada señaló que la sentencia de primera instancia sopesó, por un lado, “las conclusiones emanadas de la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio, avaladas, posteriormente, por el Contralor General de la República”, institución que, según el tribunal de la causa, “fue erigida como el órgano llamado a conocer y determinar cualquier posible irregularidad patrimonial de un funcionario” y que su análisis resulta determinante a los efectos de un pronunciamiento judicial y, por otro lado, “el informe de Experticia Contable presentado y realizado por expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, División de Experticias Contables financieras”, cuyas conclusiones fueron acogidas por el tribunal de la causa.

El resultado del examen de la situación por parte del tribunal de la causa determinó que este se inclinara por darle mayor peso probatorio al “informe de Experticia Contable presentado y realizado por expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas”. En efecto, la sentencia accionada señaló que el tribunal de primera instancia “se acogía a las conclusiones emitidas por dicho órgano, e interpreta que no presentaba un incremento patrimonial a través de las declaraciones juradas, así mismo logró comprobar que no se evidenció pago alguno y de acuerdo a la verificación jurada se logró su patrimonio [sic], pues uno de los órganos a cargo de tal verificación se encargó de aclarar, mediante expreso informe, la situación patrimonial del declarante”. La sentencia accionada continúa, en su motivación, citando a la sentencia recurrida en apelación, al señalar que esta estableció “que no se configura indicio suficiente, que pueda calificarse de plena prueba, para aseverar […] que el acusado obtuvo enriquecimiento ilícito y manejo [sic] un patrimonio no declarado, ya que hay alternativas posibles, por lo que resulta prueba insuficiente, que rompe la causalidad, [sic] y limitan su vinculación con el curso ordinario de las cosas, ya que las exposiciones y [sic] indistinto testimonio impide convencer, más allá de toda duda razonable, que realmente se configuró tal delito, y permita inferir que de sus declaraciones no se desprende algún elemento de convicción que conduzca a establecer la participación del acusado en el hecho imputado”.

Tal aseveración, según la sentencia accionada en amparo, vulneró principios de la lógica al valorar las declaraciones de los expertos “para luego afirmar que las exposiciones y resultados ratificados por ambos expertos fueron contradictorias”. En este sentido, la accionada en amparo insistió al señalar que la sentencia de primera instancia “no podía valorar pruebas que eran contradictorias entre sí”, refiriéndose ahora a pruebas “que [por un lado] demostraban en su criterio la omisión en incluir en su declaración jurada de patrimonio ciertos bienes inmuebles, y cuentas bancarias y que igualmente se encuentra un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos legítimos percibidos durante el desempeño de sus funciones como Alcalde” y [por otro lado] la valoración que otorgó al dicho del Experto [sic] Aquiver Román Toro Azuaje y el informe como indicio de culpabilidad para determinar que el ciudadano Víctor Moreno no presentaba un incremento patrimonial, resultando una sentencia absolutoria, frente a un razonamiento manifiestamente ilógico por contradictorio…”.      

En este sentido, la sentencia denunciada manifestó que la estimación conjunta de estos medios de prueba vulneró los principios del tercero excluido y “de la no” contradicción , señalando que “‘Cuando dos normas de Derecho se oponen contradictoriamente, no pueden ambas carecer de validez’, visto de manera más sencilla, ‘cuando existen dos juicios que se contradicen, no pueden ser los dos falsos’; basta que reconozcamos la verdad de uno para que podamos afirmar la falsedad del otro,’ no puede existir una tercera alternativa entre el ser y el no ser’”.        

Del análisis de lo anteriormente descrito, esta Sala observa que la motivación de la sentencia accionada en amparo constitucional es de difícil apreciación. En efecto, dicho fallo señaló, inicialmente, que el Ministerio Público denunció que la sentencia de primera instancia había incurrido en un razonamiento contradictorio al valorar la prueba de “Informe Final de Auditoria [sic] Patrimonial”, emanado de la Contraloría General de la República. Luego, la sentencia accionada destacó que el Ministerio Público denunció que la sentencia apelada incurrió en un “doble pronunciamiento”, al haber valorado lo dicho por los expertos, quienes no fueron “contestes” en los resultados que dan a sus experticias.

De igual forma, en la parte motiva de la sentencia accionada se adujo que la sentencia de primera instancia había incurrido en ilogicidad, porque:

a) Valoró la declaración incriminatoria del funcionario Jesús Antonio Campos Azuaje, por un lado, y el informe de la experticia exculpante elaborada por los funcionarios Aquiver Román Toro Azuaje y Juan Carlos Leal, junto con la declaración del funcionario Aquiver Román Toro Azuaje.

b) Valoró las conclusiones del informe elaborado en dependencias de la Contraloría General de la República, que son inculpatorias, y las conclusiones del informe de la experticia contable elaborado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que son exculpatorias.

En conjunto, se observa que la sentencia accionada en amparo estimó que las conclusiones de los “informes de experticias” formuladas por la Contraloría General de la República y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con sendas ratificaciones de expertos eran contradictorias, por lo que no se podían valorar sin incurrir en ilogicidad, según el accionante.

Visto lo anterior, es preciso indicar que el principio del tercero excluido establece que cuando se tienen dos juicios contradictorios no se da una tercera posibilidad, porque uno de estos juicios necesariamente debe ser verdadero, puesto que los dos no pueden ser falsos al mismo tiempo. Esta situación se daría si un informe de experticia dijera, en un apartado, que el investigado es responsable y, en otro apartado, que no es responsable. De esta manera, se debe optar entre alguna de las dos opciones, porque ambas no pueden ser negadas al mismo tiempo. En el caso de autos, se observa que no se da una situación que pudiera haber vulnerado el mencionado principio lógico, por cuanto no existe un solo informe de experticia que concluya en dos juicios contradictorios, sino que tenemos dos informes de experticias distintos que concluyen de manera contradictoria. Por lo tanto, no se presenta el supuesto de hecho necesario para plantear el principio del tercero excluido.

En relación con el principio de contradicción, también invocado por la sentencia accionada, este se refiere a que si hay dos juicios, de los cuales uno afirma y el otro niega la misma cosa, no es posible que ambos sean verdaderos al mismo tiempo. En este sentido, si uno de los juicios es verdadero, el otro es necesariamente falso. Se observa, en este caso, que la sentencia apelada tampoco vulneró tal principio lógico, porque si bien el sentenciador de primera instancia se encontró ante dos juicios, a saber, irregularidades en la situación patrimonial del investigado y ausencia de tales irregularidades, en ningún momento sostuvo que ambos juicios fueran verdaderos, sino que, por el contrario, indicó que uno de dichos juicios, el que era exculpatorio del ciudadano Víctor José Moreno Escalona, era verdadero, porque “no se evidenció pago alguno y de acuerdo a la verificación jurada se logró su patrimonio [sic], pues uno de los órganos a cargo de tal verificación se encargó de aclarar, mediante expreso informe, la situación patrimonial del declarante”.

De tal manera que se evidencia que la sentencia accionada en amparo incurrió en un uso desmedido o arbitrario de sus atribuciones, al pretender anular el fallo dictado el 13 de enero de 2016 por el Tribunal de Juicio Itinerante n.° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, que se encontraba apoyado en razones que permiten conocer los criterios jurídicos fundamentadores de la decisión. En este sentido, la sentencia de apelación accionada en amparo no podía censurar la circunstancia de que la jueza de primera instancia valorara pruebas contradictorias entre sí, ya que la labor jurisdiccional implica, en muchas ocasiones, apreciar las pruebas según la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, según lo señalado el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. En la apreciación de las pruebas, los jueces y juezas pueden encontrarse con situaciones contradictorias, que deberán ser resueltas según las reglas del señalado sistema de la sana crítica o libre convicción razonada.

En este sentido, cabe destacar que la Sala de Casación Penal, mediante sentencia n.° 417 del 27 de noviembre de 2013, señaló que las infracciones denunciadas que atañen a la valoración y apreciación de las pruebas cursantes en autos y, por ende, a los hechos que quedaron acreditados durante el debate oral y público, no pueden ser objeto de recurso de apelación en segunda instancia. Asimismo, la referida sentencia estableció que las Cortes de Apelaciones en ninguna circunstancia pueden analizar, comparar ni valorar pruebas, pues la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que se estiman acreditados para la configuración de los delitos analizados corresponde a los juzgados de juicio en virtud del principio de inmediación y por ello las Cortes de Apelaciones estarán sujetas a los hechos ya establecidos.

En el caso de autos, se observa que la sentencia accionada declaró que “la jueza de la recurrida […] no podía valorar pruebas que eran contradictorias entre s텔, a pesar de que la sentencia de primera instancia sí había explicado, de una manera del todo mejorable, que “se acogía a las conclusiones emitidas por [la División de Experticias Contables Financieras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas] e interpreta que [el acusado] no presentaba un incremento patrimonial a través de las declaraciones juradas” y que “no se logró comprobar pago alguno y de acuerdo a la verificación de la declaración jurada se logró [sic] su patrimonio, pues uno de los órganos a cargo de tal verificación se encargó de aclarar, mediante expreso informe, la situación patrimonial del declarante”; lo que llevó a la sentenciadora de primera instancia a concluir que “no se configura indicio suficiente […] para aseverar […] que el acusado obtuvo enriquecimiento ilícito y manejo [sic] un patrimonio no declarado, ya que hay alternativas posibles, por lo que resulta prueba insuficiente […] ya que las exposiciones y resultados ratificados por ambos expertos, fueron contradictorias, su indistinto testimonio impide convencer, más allá de toda duda razonable, que realmente se configuró tal delito, [sic] y permita inferir que de sus declaraciones no se desprende algún elemento de convicción que conduzca a establecer la participación del acusado en el hecho imputado”.

De lo anteriormente citado se desprende que no solamente la juzgadora de primera instancia sí podía valorar pruebas que eran contradictorias, sino que además, motivó por qué el resultado de una de las pruebas le pareció verdadero, desde la perspectiva del principio de contradicción que había sido invocado como vulnerado por la sentencia accionada en amparo constitucional.

En virtud de lo antes explanado, aprecia esta Sala que la aseveración del presunto agraviante según la cual “la jueza de la recurrida […] no podía valorar pruebas que eran contradictorias entre s텔 es violatoria de la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este derecho de amplísimo contenido no solamente comprende el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes procesales, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares impartiendo una justicia idónea y responsable. El hecho de que la sentencia accionada hubiere sugerido que la jueza de primera instancia no podía valorar pruebas que eran contradictorias entre sí llevaría a una posible absolución de la instancia, lo que resta idoneidad y responsabilidad a la decisión y deja al acusado en el proceso penal en una situación de indefensión producida por la actividad de un órgano de administración de justicia.

Por lo tanto, esta Sala observa que la sentencia del 16 de febrero de 2017, emanada de la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, incurrió en extralimitación o abuso de poder, con lo cual vulneró la tutela judicial efectiva del ciudadano Víctor José Moreno Escalona, razón por la cual debe esta Sala declarar procedente in limne litis la presente acción de amparo y por tanto se anula la decisión dictada, el 16 de febrero de 2017, por la Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy. Así se decide.

Como consecuencia del anterior pronunciamiento, se ordena a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, integradas con jueces distintos a los que decidieron en la mencionada sentencia anulada, que se pronuncie nuevamente sobre el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el fallo dictado el 13 de enero de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio Itinerante n.° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, tomando en consideración lo asentado en el presente fallo.

En relación con la segunda denuncia, relativa a que el presunto agraviante estimó que el auto de cierre del 14 de mayo de 2007, emitido por la Dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Dirección de Averiguaciones Administrativas y Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República, era una prueba de experticia y no una prueba de informes, como sostiene el presunto agraviado, se estima que en virtud de lo declarado supra en el presente fallo, resulta inoficioso pronunciarse sobre la misma. Así se declara.

 

VII

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Se ADMITE la acción de amparo interpuesta por el ciudadano VÍCTOR JOSÉ MORENO ESCALONA contra la decisión judicial del día 16 de febrero de 2017, dictada por la Corte de Apelación Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy.

SEGUNDO: Que la resolución del presente amparo es DE MERO DERECHO.

TERCERO: Se declara PROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción interpuesta por el ciudadano VÍCTOR JOSÉ MORENO ESCALONA, contra la decisión judicial del día 16 de febrero de 2017, dictada por la Corte de Apelación Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, la cual se ANULA.

CUARTO: Se REPONE la causa al estado en que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, integrada por jueces suplentes distintos de los que decidieron la sentencia anulada, se pronuncie nuevamente sobre el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión del 13 de enero de 2016, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio Itinerante n.° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, tomando en consideración lo asentado en el presente fallo. En consecuencia, se ordena la remisión del presente expediente al Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 11 días del mes de agosto de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

El Presidente,

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 El Vicepresidente,

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

Los Magistrados,

 

  

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

CALIXTO ORTEGA RIOS

 

 

 

 

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

 

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

Ponente

 

 

RENÉ ALBERTO DEGRAVES ALMARZA

                       

             

La Secretaria (T),

 

 

MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp. 17-0551

LBSA/

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