Venley

Sentencia N.º 705

Sentencia
N.º 705
Fecha
31/10/2025
Sala
Casación Penal
Expediente
A25-579
Ponente
Maikel José Moreno Pérez
Procedimiento
Avocamiento

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

En fecha 11 de agosto de 2025, el abogado Luis Eduardo Meléndez Ulacio, identificado con la cédula de identidad número V-7.549.983 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 30.777, actuando como apoderado judicial del ciudadano OSCAR EDUARDO RAMÍREZ SAUVAIN, quien funge en la presente causa como víctima, identificado con la cédula de identidad número V-11.815.386, presentó ante la Secretaría de esta Sala de Casación Penal escrito contentivo de la solicitud de AVOCAMIENTO del proceso penal seguido en contra del ciudadano JOSÉ ORLANDO GALLARDO QUIJANES, ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, contenido en el expediente signado con el alfanumérico D-2024-74402 (nomenclatura de dicho Juzgado), por la presunta comisión del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468, del Código Penal.

 

En fecha 13 de agosto de 2025, se dio entrada a la presente solicitud, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2025-000579, y en la misma oportunidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 99, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó ponente al Magistrado Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

 

 

I

COMPETENCIA DE LA SALA

 

La potestad para que el Tribunal Supremo de Justicia, en cualquiera de las Salas que lo integran, requiera algún expediente y se avoque a conocer la causa allí documentada, está prevista en el numeral 1, del artículo 31, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 106 eiusdem, los cuales prevén:

 

“Artículo 31. Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:

1.- Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley”.

 

“Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal”.

 

De lo anterior, se desprende con manifiesta claridad, la potestad de la que dispone cada una de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer de las solicitudes de avocamiento, sea de oficio o a instancia de parte, de una causa que curse ante cualquier tribunal, en las materias de su respectiva competencia, independientemente del estado o grado en que se encuentre, para resolver si asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.

 

Siendo así, al verificar que el proceso objeto de la solicitud versa sobre una causa penal tramitada ante los Tribunales del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, la Sala de Casación Penal declara su competencia para conocer el presente asunto. Así se decide.

 

II

DE LOS HECHOS

 

De la presente solicitud de avocamiento, se aprecia que el solicitante señaló los siguientes hechos:

 

“(…) El origen del presente caso se remonta al momento en que nuestro representado, ciudadano Oscar Eduardo Ramírez Sauvain, en un acto de buena fe y confianza personal, accedió a dejar en resguardo sus vehículos en las instalaciones de la empresa Transporte Intermundial S.A., propiedad del ciudadano José Orlando Gallardo Quijanes, quien también fungía como su empleador en calidad de jefe de taller de dicha empresa.

Este acuerdo inicial no estuvo precedido de negociación alguna de precio, ni de firma de contrato de arrendamiento, comodato, deposito o cualquier otra figura contractual que genera obligaciones reciprocas distintas a la mera custodia. La entrega de los vehículos se hizo únicamente sobre la base de la confianza personal, sin que mediara contraprestación económica ni limitación alguna al derecho de propiedad y disposición de nuestro representado sobre los mismos.

Sin embargo, esta situación de confianza fue aprovechada indebidamente por el referido José Orlando Gallardo Quijanes, quien, sin el consentimiento ni conocimiento de mi representado, procedió a realizar actos de disposición sobre los vehículos, traspasándolos de forma directa y contraria a derecho a terceros. Estos hechos se verificaron sin la existencia de documento autentico de transmisión, sin orden judicial y sin cumplir con los procedimientos legales ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), lesionando gravemente el derecho de propiedad consagrado en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ante el conocimiento de estas actuaciones irregulares, nuestro representado acudió a las autoridades competentes, generándose una investigación penal (…) en fecha 13 de mayo del 2024 nuestro mandante se dirige al INTT y le informara que los vehículos de su propiedad habían sido traspasados de manera directa, al percatarse sobre este hecho, se dirige al CICIPC y al realizar la respectiva consulta por el serial de carrocería de los vehículos propiedad de Oscar Eduardo Ramírez, evidenciándose que los vehículos habían sido traspasados sin su consentimiento por el ciudadano José Orlando Gallardo quien era la persona que los estaba guardando en la sede del Transporte Intermundial S.A., el cual es su propietario, tal como se evidencia del reporte CONSULTAR VEHÍCULOS POR SERIAL DE CARROCERÍA, emanada del INTT (…) en fecha 14 de mayo de 2024, Oscar Ramírez realizó la denuncia ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial (…) en fecha 29 de mayo de 2024, es remitida la denuncia a la fiscalía tercera del ministerio público (…)” .[sic].

 

III

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

 

El abogado Luis Eduardo Meléndez Ulacio, actuando como apoderado judicial del ciudadano OSCAR EDUARDO RAMÍREZ SAUVAIN, fundamentó la solicitud de avocamiento, exponiendo lo siguiente:

 

“(…) Irregularidades por parte de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo

En fecha 4 de julio de 2024, el ciudadano Fiscal tercero (…) presentó escrito de solicitud de sobreseimiento dentro de la presente causa. En dicho escrito se advierte, con total claridad, la incorporación de afirmaciones falsas y jurídicamente improcedentes, que no solo distorsiona la realidad de los hechos, sino que además pretenden justificar una decisión que cercena los derechos de la víctima y vulnera de manera directa los principios constitucionales del debido proceso, igualdad procesal y tutela judicial efectiva. (…)

‘En el capítulo IV del referido escrito (…) se afirman textualmente: (…) que en la presente causa no son típicos los presupuestos hechos cometidos por ser una controversia entre socios y los mismo no son tipificados en el Código Penal (…) no existe razonablemente la posibilidad de que sea por la vía pena, en razón de lo mencionado en la denuncia la existencia de una APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, se pudo terne la certeza de que tal hecho no ocurrió ya que en las actuaciones se logra evidenciar (…) que el denunciante interpuso denuncia con la finalidad de obtener sus vehículos  y no cancelar los cánones de arrendamiento los cuales evadió durante DIEZ (10) AÑOS al ciudadano JOSÉ ORLANDO GALLARDO QUIJANES (…) quien acordó (…) un pago de manera verbal con el ciudadano RAMÍREZ por tener los vehículos en sus instalaciones’ (…)

Tal exposición contiene afirmaciones abiertamente falsas y carentes de respaldo probatorio:

Primero, no existe en todo el expediente documento público ni privado que acredite relación societaria alguna entre el ciudadano Oscar Eduardo Ramírez Sauvain y el ciudadano José Orlando Gallardo Quijanes o su empresa Transporte Intermundial S.A. (…) lo que mediaba era una relación laboral, siendo nuestro representado (…) Jefe de Taller (…)

Segundo, supuestos ‘cánones de arrendamiento’ es igualmente falsa y carente de soporte jurídico, por cuanto nunca se suscribió contrato de arrendamiento (…)

Tercero, el fiscal invoca erróneamente el articulo 300 ordinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal para fundamentar la atipicidad de los hechos, cuando dicho ordinal no se refiere a la atipicidad, sino a supuestos de inexistencia del hecho o imposibilidad de atribuirlo al imputado (…)

(…)  Además, el fiscal omitió de manera dolosa y deliberada ordenar o incorporar diligencias esenciales para el esclarecimiento de los hechos (…) estas irregularidades iniciales constituye el primer eslabón de una cadena de violaciones al debido proceso (….)

 

(…) Irregularidades cometidas por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo

En fecha 11 de julio de 2024, y en un lapso de apenas siete (7) días contados desde la solicitud fiscal, el Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control homologó el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Público, sin ordenar la práctica de diligencias esenciales ni valorar elementos probatorios decisivos, ni notificar a la víctima (…)

Gravemente, el sobreseimiento fue homologado sin que se notificara a la víctima, en contravención directa de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal, y de la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en especial la Sentencia N° 902 del 13 de diciembre de 2018 (ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán), que establece la obligatoriedad de notificar a la víctima antes de la decisión sobre el sobreseimiento, y de las jurisprudencias números 372, de fecha 20-3-2025, de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Penal, Sentencias Números: 152 y 642 de fechas 4-4-2025 y 4-12-2024 (…)

 

(…) Asimismo, en los "Fundamentos de Hecho y de Derecho" la ciudadana Juez (…) afirmaciones, sin examen crítico, las falsedades introducidas por el Ministerio Público, sin que exista en autos documento alguno que acredite sociedad mercantil ni contrato de arrendamiento entre la víctima y el investigado. La juez incurre así en inmotivación y en violación al deber de valoración integral de las actas procesales, reproduciendo sin fundamento una versión que carece de soporte probatorio (…)

Más grave aún, la juez cita el artículo 300 ordinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal —que se refiere a la inexistencia del hecho o a la imposibilidad de atribuirlo al imputado—, cuando el Ministerio Público nunca transcribió dicho ordinal ni lo invocó expresamente, limitándose a alegar atipicidad, causal que se ubica en el ordinal 2. De este modo, el tribunal no solo convalidó las irregularidades fiscales, sino que incorporó de oficio un ordinal legal no alegado, alterando así el marco jurídico invocado por la acusación pública y viciando de nulidad la motivación del sobreseimiento (…)De esta forma, el Tribunal Sexto de Primera Instancia no solo dejó de corregir las irregularidades cometidas por el Ministerio Público, sino que las convalidó, amplificó y agravó, incorporando argumentos no solicitados y disposiciones legales no invocadas por la representación fiscal, lo que demuestra (…)

Irregularidades cometidas por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones y Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo

La Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones y Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, en fecha 9 de mayo de 2025, dictó decisión declarando inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por nuestro representado contra la decisión de sobreseimiento dictada el 11 de julio de 2024 por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control.

Como tribunal de alzada, la Corte estaba jurídicamente obligada a ejercer su función de control de legalidad y garantía de derechos fundamentales, corrigiendo las irregularidades cometidas en las instancias inferiores y evitando que se consolidaran violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. No obstante, lejos de cumplir este deber, la Corte agravó la cadena de irregularidades iniciada por la Fiscalía y convalidada por el Tribunal de Primera Instancia, incurriendo en vicios graves que vician de nulidad absoluta su decisión, entre las cuales se detallan a efectos de mayor comprensión:

a) Confusión entre "estar a derecho" y notificación válida:

La Corte sostuvo que el lapso recursivo previsto en el artículo 440 del COPP comenzó a contarse el 11 de julio de 2024 fecha en que —según afirmó— nuestro representado "se encontraba a derecho" por haberse publicado la decisión in extenso ese mismo día.

Tal razonamiento desconoce la norma expresa del artículo 440 COPP, que establece que el lapso de cinco (5) días para apelar se computa a partir de la notificación válida de la decisión. La condición de "estar a derecho" no suple la notificación personal ni autoriza a presumir conocimiento del fallo.

En el caso concreto, no existe constancia procesal de que nuestro representado haya sido notificado conforme a los artículos \ 169, 174 y 175 del COPP, por lo que el cómputo del lapso recursivo nunca se inició válidamente.

b) Falsedad procesal sobre la supuesta notificación del 14-11-2024:

La Corte afirmó que la boleta de notificación librada el 07-11-2024 fue "efectiva" el 14-11-2024 y que estaba "debidamente firmada". Sin embargo:
• La boleta presenta una dirección inexistente (Nº 92-65), distinta a la verdadera Nº 92-65), lo que imposibilita una entrega efectiva.

• En su reverso solo consta un sello con fecha 14-11-2024 (lo cual no estaba antes), y se observa un texto manuscrito ilegible, una mención confusa y una firma igualmente ilegible, sin identificación del funcionario actuante ni del supuesto notificado.

• No hay documento alguno que vincule esa firma a nuestro representado, ni se practicó diligencia alguna para verificar su autenticidad. Esta supuesta notificación carece de validez jurídica y procesal, configurando un acto inexistente o nulo de pleno derecho (arts. 174 y 175 COPP).

c) Alteración de la fecha del Auto motivado:

La Corte sostuvo que el "Auto motivado" es de fecha 14-11-2024, cuando en realidad fue dictado el 11-07-2024. Este cambio:

• Distorsiona la realidad procesal, creando la apariencia de que la decisión es posterior.

• Modifica indebidamente el punto de partida del lapso recursivo, afectando el derecho de defensa.

• Introduce una contradicción insalvable en la motivación de la sentencia.

d) De las Notificaciones Irregulares y Maniobras Procesales Incompatibles con la Buena Fe:

La revisión exhaustiva de la Carpeta Confidencial evidencia serias irregularidades que comprometen la pureza del trámite y afectan de manera directa el derecho a la defensa de un adulto mayor, Óscar Eduardo Ramírez Sauvain.

En este sentido, se constata la existencia de tres boletas de notificación supuestamente relacionada con el mismo acto que refiere la corte de apelaciones:

1. Primera boleta: distinta en su contenido y presentación a las dos siguientes, lo que de por sí revela una alteración documental injustificada.

2. Segunda boleta: con sello del alguacil identificado como "Yusneidy", fechado el 12 de noviembre de 2024.

3. Tercera boleta: relativa a la misma notificación anterior, sin el sello del alguacil Yusneidy, pero con la adición posterior de un sello inexistente en la versión inicial, acompañado de una nota y firma ilegibles que impiden verificar su autenticidad (…)

(…)

e) Omisión de control de legalidad sobre la ausencia de notificación:

La Corte ignoró que, según la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional (Sentencia Nº 902/2018), la notificación a la víctima es requisito previo e indispensable antes de resolver sobre un sobreseimiento, y que sin tal notificación no puede iniciarse el cómputo del lapso para recurrir.

En lugar de ordenar la reposición de la causa para practicar una notificación válida y garantizar el ejercicio del derecho a apelar, la Corte optó por declarar inadmisible el recurso, consolidando así la indefensión.

f) Desatención de pruebas promovidas en la apelación

En el recurso de apelación se promovieron pruebas documentales, testimoniales y periciales, incluyendo la declaración de funcionarios del CICPC y del INTT que podían acreditar los traspasos directos de los vehículos de nuestro representado a empresas del mismo propietario, sin su consentimiento. Estas pruebas eran necesarias para esclarecer la verdad material y evidenciar la omisión investigativa del Ministerio Público y del Tribunal de Primera Instancia.

La Corte, al declarar la inadmisibilidad por extemporaneidad basándose en una notificación inexistente y con un sello de dudosa procedencia, privó a la víctima de la posibilidad de que dichas pruebas fueran consideradas, afectando gravemente su derecho a la defensa y al acceso a la justicia (…)

(…) ineficacia jurídica de la supuesta notificación del 14-11-2024 por haberse practicado con posterioridad al decreto de sobreseimiento (criterio vinculante Sentencia N° 902/2018) (…)

 (…) La actuación de la Corte de Apelaciones, lejos de restablecer la juridicidad consolidó un desorden procesal estructural iniciado por la Fiscalía y convalidado por el Tribunal Sexto. La ruptura de uniformidad de criterio, el pronunciamiento sobre aspectos no alegados, la validación de actos procesales nulos, el desconocimiento de jurisprudencia vinculante y la omisión de control sobre la falta de investigación constituyen un conjunto de vicios graves que justifican plenamente la intervención de esta Sala mediante el avocamiento, para restablecer el orden jurídico vulnerado y garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales de la víctima (…)”.

 

Adicionalmente, el solicitante consignó, los siguientes recaudos:

 

“(…) Expediente certificado completo, correspondiente a la causa signada con el número D-2024-74402, tramitado por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, el cual contiene:

Pieza N°1

Solicitud de sobreseimiento (…)

Copia de los títulos de propiedad de los vehículos, oficio emanado de la fiscalía tercera solicitando la realización de diligencias de investigación, entre otras, Solicitar al INTT expediente e historial de trámite del vehículo, actas policiales y actas de entrevistas (…)

La sentencia interlocutoria con fuerza definitiva: Sobreseimiento con sus respectivas boletas de notificación (…) donde se evidencia que nuestro representado no fue notificado (…)

Escrito de diligencias suscritas por  nuestro representado (…)

Carpeta confidencial (…)

Pieza N°2

Recurso de apelación interpuesto por nuestro representado, con todos sus soportes (…)

Escrito de emplazamiento del investigado (…)

La decisión dictada por la Sala N°2 de la Corte de Apelaciones de fecha 9 de mayo de 2025 (…)

Las demás piezas procesales que ilustran el desarrollo cronológico y sustantivo del procedimiento penal.

Escritos suscritos por el ciudadano Oscar Eduardo Ramírez (…)

Original del poder especial (…)”. (Folios 23 y 24 de la pieza 1-1 del expediente).

 

 

 

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional, que le otorga el Tribunal Supremo de Justicia, en cada una de sus Salas, la facultad de solicitar en cualquier estado de la causa, el expediente de cuyo trámite este conociendo cualquier tribunal (independientemente de su jerarquía y especialidad) a modo de impedir que se produzca una situación de caos, desquiciamiento o anarquía, que pudiera perturbar el normal desenvolvimiento de la sana administración de justicia.

 

Esta institución procederá cuando no exista otro medio procesal capaz de restablecer la situación jurídica afectada, de oficio o a instancia de parte, lo cual, la hace de utilidad restrictiva, toda vez que, su tramitación representa una ruptura del principio de la instancia natural, así como el doble grado de jurisdicción. Razones estas que justifican que reciba un tratamiento de aplicación limitada.

 

Dicha figura jurídica, tiene como objetivo primordial proteger a los administrados frente a los actos que comporten la puesta en peligro o menoscabo, de los derechos fundamentales.

 

Es así que para su sustanciación, comprende la realización de dos fases o etapas, la primera comprendida por la verificación del cumplimiento de los requisitos contemplados en el marco legal, que de ser admisible, corresponderá a la Sala ordenar la suspensión de la causa en instancia, para requerir el expediente y darle paso a esa segunda fase del avocamiento, consistente en el conocimiento del asunto y resolver el fondo.

 

Tal figura jurídica, encuentra su fundamento y regulación en el artículo 266, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los artículos 31, 106, 107, 108, todos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; y de ellos subyace, el carácter de fase previa, que tiene el proceso, de determinar a “prima facie” la probabilidad fundada de la configuración de “graves desórdenes o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico” que trastoquen el debido proceso.

 

De allí que, la solicitud de avocamiento debe estar revestida de formalidades esenciales, las cuales están sujetas al control jurisdiccional por parte de la Máxima Instancia Judicial de la República, a modo de evitar que se ejerzan falsos reproches que pudieran desencadenar en el ejercicio caprichoso de las herramientas que brinda el ordenamiento jurídico, para proteger el curso normal del proceso.

 

Puesto que, al ser de carácter excepcional, el avocamiento debe ser analizado con extrema prudencia, atendiendo los principios de tutela judicial efectiva, economía procesal, estabilidad del Poder Público y supremacía constitucional.

 

A tal efecto, los artículos 107 y 108, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, prevén lo siguiente:

 

“(…) Artículo 107. Procedencia. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática (…)”

 

“(…) Artículo 108. Procedimiento. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al Tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo, y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida (…)”.

 

Conforme a lo planteado, el trámite procesal para el avocamiento, exige que sea sometido al examen preliminar de requisitos, taxativos y concurrentes indispensables para su admisión, los cuales se circunscriben en:

 

1) “La legitimidad” del proponente para solicitar el avocamiento. Es decir, que el peticionante disponga de la capacidad legal e interés procesal de restablecer un derecho en virtud del menoscabado suscitado con ocasión a una circunstancia o situación jurídica que afecta un derecho y, por ende, acude a la vía judicial para su restablecimiento y protección.

 

2) Que el asunto “curse ante algún Tribunal de la República”, independiente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre (artículo 108 Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).

 

3) Que la solicitud de avocamiento “no sea contraria al orden jurídico”, vale decir, opuesta a las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal como lo dispone el artículo 341, del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a los procesos judiciales que cursen ante la Sala, de acuerdo con lo previsto en el artículo 98, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

4) Que “se hayan agotado previamente los mecanismos para el restablecimiento del derecho infringido, sin el resultado esperado”. Esto es, que las irregularidades que se alegan deben haber sido oportunamente reclamadas sin el resultado esperado.

 

5) Que en el proceso, se propicie un perjuicio ostensible en contra de la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática venezolana, derivando en “graves desórdenes o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico” que trastoquen el debido proceso. Entendiéndose por “desorden procesal”, los actos o eventos generados en la instrumentalización del proceso que dan lugar a la desestabilización del mismo, en detrimento de los derechos de las partes, el cual, ha de ser de tal magnitud que no garantice un equilibrio en el ejercicio de las pretensiones.

 

De ahí, que no todo evento defectuoso o desorden suscitado en el proceso, ha de ser catalogado como motivo para invocar el avocamiento, sino del que propicie la anarquía, e impida la correcta administración de justicia. En este sentido la Sala Constitucional, lo definió en sentencia número 2821, del 28 de octubre de 2003, de la siguiente manera: “(…) consiste en la subversión de los actos procesales, que producen la nulidad de las actuaciones, al desestabilizar el proceso, y que en sentido amplio es un tipo de anarquía procesal, que se subsume en la teoría de las nulidades procesales (…)”

 

Así las cosas, es importante destacar que el avocamiento, no solo pasa por la revisión de los requisitos materiales para la admisión, circunscritos a la legitimidad, formalidad, identificación de las partes; sino que, adicionalmente requiere del examen de los argumentos planteados por el solicitante en el escrito, a modo que sean lo suficientemente idóneos para generar la certeza y convicción de la existencia de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que originen un perjuicio ostensible en contra de la imagen del Poder Judicial, la paz pública y la institucionalidad democrática.

 

Motivo por el cual, le corresponde a la Sala, de seguida, efectuar el examen de admisibilidad en la referida solicitud, a fin de determinar si lo planteado por la defensa privada cumple con los extremos de ley previamente establecidos, a saber:

 

En lo concerniente al PRIMER REQUISITO, referido a la “legitimidad”, se verifica de las actas que el ciudadano OSCAR EDUARDO RAMÍREZ SAUVAIN, ostenta la condición de víctima (denunciante), en el proceso seguido en contra del ciudadano Jose Orlando Gallardo Quijanes, ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, por la presunta comisión del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468, del Código Penal. En lo que respecta a la legitimidad del solicitante, quien ostenta la condición de apoderado judicial del ciudadano supra mencionado, esta se evidencia del poder penal especial, otorgado el 7 de agosto de 2025, por ante la Notaria Pública Quinta del estado Carabobo, quedando el documento Poder inserto con el número 26, tomo 137 de los libros llevados en dicha notaria; por lo tanto, se cumple con el requisito relativo a la legitimidad. Así se decide.

 

En cuanto al SEGUNDO REQUISITO, establecido en el citado artículo 108, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, relativo a que el asunto “curse ante un Tribunal de la República”, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en la cual se encuentre, esta Sala observa, que en el caso bajo análisis, el objeto de la solicitud de avocamiento es la causa penal signada con el alfanumérico D-2024-74402, no obstante, se observa que dicho proceso fue culminado por el Tribunal Sexto de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, luego de haber decretado el sobreseimiento de la causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 300, numeral 1, del Código Orgánico Procesal Penal, al haber sido impugnado por la victima, mediante el recurso de apelación el cual fue declarado inadmisible por extemporáneo, razón por la cual, dicho sobreseimiento se encuentra definitivamente firme, adquiriendo el carácter de cosa juzgada.

Así pues, la cosa juzgada es un principio fundamental que otorga firmeza e inmutabilidad a las decisiones judiciales definitivas. Su objetivo principal es garantizar la seguridad jurídica y la paz social al evitar que un mismo conflicto sea reabierto o juzgado de nuevo. Esto implica que, una vez la sentencia o resolución judicial ha adquirido firmeza (es decir, ya no es susceptible de ser impugnada por los recursos procesales ordinarios) el asunto que resolvió no puede ser sometido nuevamente a juicio, donde hayan participado las mismas partes, por la misma causa y sobre el mismo objeto.

Sobre este particular, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 196, de fecha 24 de abril de 2025, dejó establecido lo siguiente:

“(…) en el presente caso surge una causa de INADMISIBILIDAD, ya que las referidas sentencias quedaron definitivamente firmes y confirmaron los fallos dictados en primera instancia, motivo por el cual, esta Sala se encuentra imposibilitada de admitir la presente solicitud de avocamiento, pues con su admisión se estaría violentando una institución procesal de suma importancia como lo es la cosa juzgada, por lo cual, se estima que la solicitud de Avocamiento, debe ser Inadmisible.

 

 Es importante resaltar, que cuando a una sentencia se le ha conferido el valor de cosa juzgada, ya no será posible revisar lo decidido, ni pronunciarse sobre su contenido, así sea en el mismo sentido, en un proceso posterior entre las mismas partes que verse sobre el mismo objeto y se funde sobre la misma causa. (…)”

 

Por lo tanto, al no existir un proceso activo que curse ante un juzgado, no es posible avocarse a la causa en cuestión, toda vez que tal y como se indico anteriormente, la causa penal cuestionada, adquirió firmeza definitiva con el pronunciamiento de sobreseimiento, que le puso fin al proceso, lo cual, para esta Sala de Casación Penal, resulta un impedimento de admisibilidad para conocer la solicitud incoada, de conformidad con lo establecido en el artículo 108, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Finalmente, esta Sala deja establecido, que dado el carácter concurrente de los requisitos legales para la procedencia del avocamiento, y ante el incumplimiento de uno ellos, esta Sala se abstiene de verificar el resto de las exigencias de procedencia por considerarlo inoficioso. Así se declara.

 

De modo que, de acuerdo con lo antes expuesto, y dado a que las condiciones válidas y concurrentes requeridas por la ley, para la admisión del presente avocamiento, no se cumplen en el presente caso, para esta Sala de Casación Penal, resulta ineludible declarar INADMISIBLE la solicitud de avocamiento interpuesta por el abogado Luis Eduardo Meléndez Ulacio, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano OSCAR EDUARDO RAMÍREZ SAUVAIN, por no cumplir con lo establecido en los artículos 107 y 108, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la SOLICITUD DE AVOCAMIENTO interpuesta por el abogado Luis Eduardo Meléndez Ulacio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 30.777, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano OSCAR EDUARDO RAMÍREZ SAUVAIN, identificado con  la cédula de identidad N° V-11.815.386, del proceso penal que se sigue en contra del ciudadano JOSÉ ORLANDO GALLARDO QUIJANES, identificado con la cédula de identidad número V-11.938.253, ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, contenido en el expediente signado con el alfanumérico D-2024-74402 (nomenclatura de dicho Juzgado), por la presunta comisión del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468, del Código Penal, por no cumplir con lo establecido en los artículos 107 y 108, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los                       treinta y uno  (31) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025). Años: 215° de la Independencia y 166° de la Federación.

 

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,                                                           

 

 

 

 

 

CARMEN MARISELA CASTRO GILLY  

 

 

                                                                  El Magistrado,

 

 

 

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

(Ponente)

 

La Secretaria,

 

 

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

MJMP

Exp. N° AA30-P-2025-000579.

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias