Sentencia N.º 742
- Sentencia
- N.º 742
- Fecha
- 27/10/2017
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 16-0667
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Acción de Amparo contra sentencia
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El 4 de julio de 2016, fue presentado ante esta Sala Constitucional, escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Carlos José Castillo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 169.080, actuando en su carácter de defensor privado del ciudadano ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS, titular de la cédula de identidad N° V-19.358.090, contra la decisión dictada, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida del 30 de mayo de 2016, en la cual dicho Juzgado Colegiado declaró con lugar el recurso de apelación pero no suspendió la medida privativa de libertad ordenada por el Tribunal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control N° 05 del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, dicho recurso de apelación fue interpuesto contra el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, en razón de la negativa de otorgar medida cautelar sustitutiva de la prisión. Todo ello en ocasión al proceso penal que se le sigue al quejoso por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y uso de niño, niña o adolescente para delinquir.
El 11 de julio de 2016, se dio cuenta en la Sala del presente expediente y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El 24 de febrero de 2017, se reconstituyó esta Sala Constitucional en virtud de la elección de la nueva Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia, quedó integrada de la siguiente manera: Magistrado Juan José Mendoza Jover, Presidente; Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Calixto Antonio Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson; ratificándose en su condición de ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTO DE LA ACCION DE AMPARO
El 4 de julio de 2016, el abogado Carlos José Castillo, en su condición de defensor privado del ciudadano Zamir Buendía Villegas, interpuso la acción de amparo constitucional, bajo los fundamentos que, a continuación, se resumen:
Que [r]esulta imperioso señalar que en la presente causa es necesario la revisión del proceso legal que se viene implementando, pues los hechos están generando un severo daño al imputado, al mantenerlo ilegítimamente privado de libertad, pagando errores de la vindicta pública, que ahora lo son también del tribunal a quo y de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, pues ha quedado demostrado que se manejo (sic) muy mal (por desconocimiento del procedimiento) el principio de delación y , en consecuencia, se ocasionan privativas ilegales de libertad y otros daños colaterales.
Como primer aspecto la parte accionante alegó que se [i]nicia el procedimiento con una ilegal orden de aprehensión dictada por el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, la cual fue solicitada contra mi defendido, sin que mediara previamente una demostración fehaciente de que existía (para ese momento), un razonable peligro de fuga u obstaculización de la justicia, es más, jamás le convocaron a la sede fiscal al cuerpo investigativo para informarlo del proceso que se investigaba en su contra. No obstante lo anterior, ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS fue aprehendido y presentado por ante el Tribunal (sic), el día 09 de octubre de 2015, momento en el cual se le hace audiencia de presentación y, finalmente, el Tribunal Tercero de Control (sic) ratifica la medida judicial privativa de libertad y deja claro que el delito del imputado es el de Robo (sic) Agravado (sic), previsto y sancionado en el artículo 458, cómplice necesario en armonía con el artículo 84,3 y el delito de Adolecente (sic) Para (sic) Delinquir (sic) 264 de la Ley [orgánica] para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Folios 107 al 110). Cabe señalar que esta imputación se contrapone, según lo ha señalado el criterio del Máximo Tribunal, pues para aplicarse el calificativo de Adolescente (sic) Para (sic) Delinquir (sic), es necesario que el adulto posea el carácter de autor de los hechos y, como se puede notar, en el presente caso, los sucesos están señalado a ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS como cómplice necesario, pues quien organizó conjuntamente con su hermano- y efectuó el robo fue el adolescente.
Como segundo aspecto la parte accionante alegó que [c]on fecha 06 de noviembre de 2015, cursa el folio 151 del expediente, la delación que hiciera mi defendido ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS, acogiéndose así al principio de informante arrepentido, previsto en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal. Tal delación fue recibida -en su oportunidad- por el mismo Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial merideño (sic) y, luego, fue enviado el expediente al Despacho (sic) Fiscal (sic), a los fines de que éste realizara lo conducente, conforme a la ley.
Seguidamente la parte accionante señaló que la vindicta pública [n]o solicitó -como era su deber- la suspensión prevista en el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal, ni efectuó ninguna diligencia tendiente a esclarecer lo delatado, de manera que pudiese tener bases para admitir o rechazar lo informado por ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS en su oportunidad y verificar que mi defendido se encontraba bajo amenaza de un arma de fuego, existiendo coacción en su participación. En cambio, el representante del Ministerio Público procedió a presentar (de forma extemporánea, por demás), su escrito acusatorio, sin que en su contenido exista una expresión sobre la delación y su eficacia. Así las cosas, presentando el escrito acusatorio, le correspondió conocer por ser un asunto sin sede en ese momento- al Tribunal Quinto Penal con Funciones de Control de Circuito Judicial Penal del Estado de Mérida, bajo la actual nomenclatura LP01-P-2015-011061.
Que [a]hora bien, es el caso Ciudadano Magistrados, que ante las circunstancias señaladas, el día 22 de enero de 2016, esta defensa interpuso por ante el Tribunal de la causa, un escrito oponiéndose a la referida situación, pues ella viola el debido proceso y la tutela judicial efectiva, así como también lo establecido en reiterados criterios del Tribunal Supremo de Justicia y, específicamente cito aquel emanado de la Sala Constitucional, Sentencia N°. 58, de fecha 14 de Febrero de 2013, ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover.
Posteriormente, la parte accionante en sus alegatos señaló que [e]l día 05 de febrero de 2016, tuvo lugar la Audiencia Preliminar del caso y, en lugar de analizar las implicaciones negativas que las fallas de la vindicta pública traen a mi defendido ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS, se procedió a dictar un descabellado decreto: 1) Con lugar el Escrito (sic) de Excepciones (sic) presentado por la Defensa (sic); 2) Rechazar la acusación fiscal presentada; 3) Reponer la causa al estado en que la Fiscalía de Ministerio Público presente un nuevo acto conclusivo, corrigiendo los errores del presente; 4)Mantener privado de Libertad a mi defendido ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS.
Que [c]omo se puede detallar, ciudadanos magistrados, el juez de la causa no advirtió el representante fiscal de las consecuencias de la reposición decretada la cual, a decir de la transcripción efectuada up supra, no es otra que prescindir de la acción penal contra ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS mientras dure el proceso investigativo de lo delatado.
Que [p]or otro lado, el Tribunal a quo debió tomar en consideración que el Ministerio Público presentó su escrito de Acto Conclusivo, pero el mismo fue rechazado por el tribunal y respuesta la causa al estado de volverlo a presentar (Previa investigación de los delatado y estableciendo su eficacia), por lo que se debe tener claro que en los actuales momentos no existe la acusación respectiva y, por lo tanto, al Juzgador se le impone la obligación de aplicar el artículo 236 de vigente Código Orgánico Procesal Penal, ordenamiento citado, en cuanto a: Vencido este lapso sin que el o la Fiscal haya presentado la acusación, el detenido o detenida, quedará en libertad, mediante decisión del Juez o Jueza de Control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva.
Que [e]n ese momento, esta defensa basado en el principio legal antes transcrito- le pidió oralmente al Juez que revisara la medida, pues indubitablemente están cambiando las circunstancias originales que permitieron su imposición, por lo tanto, se pidió al a quo que otorgara la medida sustitutiva, sin embargo ello no ocurrió y el juzgador determinó mantener la privativa de libertad, alegando invariada la condición inicial, pero es el caso que el a quo no dejó constancia en el acta del pronunciamiento vinculado a la privativa de libertad y, peor aún aperturó indirectamente- un nuevo lapso investigativo que no se encuentra en ninguna norma legal, aceptando que ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS mantenga una privativa de libertad SIN QUE EXISTE UN TRIBUNAL U OTRO ORGNISMO RESPONSABLE DE SU SITUACION LEGAL (¿?).
Que [c]abe decir, ciudadanos Magistrados, que el joven ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS se encuentra detenido desde el pasado mes de octubre, cuando fue aprehendido por una orden judicial ilegal, hecho acaecido en la población de Mérida, estado (sic) Mérida. Desde entonces, se ha visto involucrado en diferentes situaciones (errores tras errores, los cuales no pueden serle imputados), que lo mantienen privado de libertad injustamente.
Que [p]or supuesto, en la presente situación se debe tener en cuenta el lapso transcurrido desde esa primera presentación en el Tribunal Tercero de Control, pues obviar ese lapso desde tal momento y hasta realización de la última audiencia mencionada, sería un grave perjuicio que cometería el sistema judicial contra ZAMIR BUENDÍA VILLLEGAS.
Que [o]tro aspecto que sirvió de fundamento al realizarle a la Corte de Apelaciones de Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida la solicitud de revisión de la medida (hoy negada, pero declarada Con Lugar), es el hecho de la característica de la imputación que actualmente pesa sobre ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS, en el siguiente sentido: La imputación actual que pesa sobre ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS es Robo (sic) Agravado (sic), previsto y sancionado en el artículo 458, cómplice necesario en armonía con el artículo 84,3, y el delito de Adolescente (sic) Para (sic) Delinquir (sic), previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley [orgánica] para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes (Folios 107 al 110; ahora bien, el segundo de los delitos mencionados requiere que el sujeto activo (delincuente) use al adolescente (sujeto activo concurrente), para llevar a cabo la fechoría y así lo ha determinado la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, según sentencia, de 17 de julio de 2012, Expediente N° 2011-188, ponencia del Magistrado Dr. PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA que, entre los aspectos, menciona: (omisis ) con relación a ello, la Sala observa que el mencionado artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que define el delito, expresa: Quien cometa un delito en concurrencia con un niño, niña o adolescente, será penado con prisión de uno a tres años. Como puede observarse el tipo penal señalado requiere de un sujeto activo que debe ser obligatoriamente mayor de edad, y como sujeto activo calificado concurrente un niño, niña o adolescente (omissis ).
Que [e]n el caso que nos ocupa, el delito principal es cooperador, es decir, no es el sujeto activo, antes por el contrario, está considerado como una persona que ayuda, que es secundario Obviamente no se compagina con el agravante que se pretende imputar en este caso, razones estas que fueron expuestas a los diferentes Jueces de causa, pero las mismas fueron rechazadas.
Que [d]e igual manera, le fue informado al juez hoy a quo- que el elemento de convicción presentado por la vindicta pública para demostrar la supuesta edad del adolescente y, por supuesto, agregar el agravante del asunto, es una copia simple, la cual carece de validez, razón por la cual se debe desechar tal imputación, sin embargo ellos tampoco fue escuchado por el juzgador.
Que [e]ste último aspecto resulta ser muy importante, pues el delito principal imputado permite que ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS, sea juzgado en libertad y, por lo tanto, que se aplique una medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad.
Que [f]inalmente, se le explicó al Juez en ese momento y luego a la Corte de Apelaciones de Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, que el delito imputado merece, en principio, una pena rebajada en su mitad, lo cual indica que el punto de partida (en caso de condenatoria), seria la mitad de 13 años y 6 meses (punto medio de la pena legal prevista en el Código Penal), lo cual indubitablemente- al rebajarla en la mitad, es de 6 años y 9 meses. Esta circunstancia permite la aplicación de una medida sustitutiva de privación de la libertad, sobre todo si recordamos que el imputado a realizado una delación cuyo resultado está por comprobarse, donde se menciona, entre otras cosas- que existe un tercer individuo en el hecho (que es el hermano del autor material, el cual no ha sido implicado), todo lo que conllevaría a una disminución adicional de la mitad de la pena y a ello se le suma que existe un admisión de hechos (requisito indispensable para la delación), que también disminuirá la pena a aplicar.
Que [e]n consecuencia, las circunstancias que rodean el caso permiten concluir que no existe peligro de fuga ni obstaculización de la justicia por parte de ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS.
Que [e]xcelencias: como ya se dijo, el Tribunal Quinto Penal con funciones (sic) de Control de Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida declaró Con lugar la excepción presentada en su momento, pero como el juzgador negó la libertad del imputado y, a pesar de conocer la norma adjetiva penal, esta defensa interpuso un Recurso (sic) de Apelación (sic) sobre esa particularidad de mantener la privativa de libertad, alegando que el tribunal cometió el error de abstención cuando no le informó a la vindicta pública de su obligación de presentar la solicitud de suspensión del proceso y, consecuencialmente, la libertad del imputado.
Que [a]hora bien es el caso de que referida Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, luego de tardar 6 meses en decidir, publica (sic) su sentencia donde, entre otras cosas señala: (omisis) Así pues, de las jurisprudencias anteriormente citadas, se puede concluir que el legislador estableció la inimpugnidad de las decisiones que nieguen el examen, revisión y mantenimiento de medida de coerción personal, toda vez que la defensa puede solicitar el examen y revisión de la medida de privación judicial preventiva de la libertad las veces que lo estime pertinente y cuando considere que las circunstancias que dieron origen al decreto de la misma han variado. Pues bien, ese es un fundamento para declarar Sin Lugar la apelación, pero ello no fue así....
Que [m]ás adelante, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida indica lo siguiente:
De la decisión anteriormente transcrita, se desprende que contrario a lo indicado tanto por el recurrente en recurso de apelación, como por la Fiscalía del Ministerio Público, al dar contestación al recurso, específicamente al afirmar que el juzgador se pronunció sobre la medida de privación judicial preventiva de la libertad-, el tribunal omitió total pronunciamiento en relación al mantenimiento o no de la medida de privación judicial preventiva de la libertad, que fuere decretada en fecha 09-10-2015
Y es que tal circunstancia llama poderosamente a este Tribunal Colegiado, máxime cuando en fecha 22-01-2016 el abogado Carlos José Castillo, defensor técnico del imputado de autos, consignó un escrito ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) del Cuerpo de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, en el cual entre otras cosas- solicitó la revisión de la medida privativa, y el fiscal del Ministerio Público, en la oportunidad de llevarse a cabo la audiencia preliminar de fecha 05-02-2016 y al serle otorgado el derecho de palabra, solicitó tal y como se desprende de la misma acta de audiencia obrante a los folios 213 y 2104 (sic), que se mantuviera la medida de privación judicial preventiva de la libertad al imputado, pues conforme se deslinda tanto de la dispositiva de audiencia, al dejar constancia como primer y único punto, el acuerdo de anular la acusación y ordenar la reposición de la causa, como del contenido íntegro del auto mediante cual fundamentó tal decisión, obviando de esta manera pronunciarse acerca de la medida cautelar, tal como se lo impone el numeral 5 del artículo 313 de Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.
Habida cuenta de ello, se entiende que el juzgador debió haber emitido el correspondiente pronunciamiento, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la recepción del escrito presentando por la defensa en fecha 22-01-2016, conforme lo establece el artículo 161 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, y además, debió pronunciarse y dejar constancia de ello tanto en el acta de audiencia como en el auto de fundamentación, sobre la petición realizada por el ministerio publico al cabo de la audiencia preliminar.
Que [c]on base a lo anterior y apoyada en sentencias dictadas por el Máximo tribunal, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida dictó Con (sic) Lugar (sic) el Recurso (sic) de Apelación (sic) interpuesto por la defensa, reponiendo la causa al estado de que se vuelva a efectuar una audiencia preliminar, sin embargo caben preguntas:
1. ¿Qué significa Con Lugar y cuáles son sus implicaciones en la presente decisión? Pues en este caso, las pretensiones establecidas en el escrito recursivo no fueron satisfechas y, por el contrario, la decisión afecta gravemente a ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS, porque aperturó un lapso de nueva espera mientras se redistribuye el expediente, este nuevo tribunal fija la audiencia, se efectúa la misma y se trata el asunto tal cual se ventiló la ocasión anterior, para luego decidir- conforme al criterio ya expresado y no controvertido por las partes, de que el proceso está viciado porque el Ministerio Público no se pronunció sobre la delación entrada.
2. La presente sentencia declara la nulidad de la decisión dictada por el Tribunal Quinto Penal con funciones (sic) de Control del Circuito Judicial Penal del estado (sic) Bolivariano de Mérida, a pesar de que ella se encuentra definitivamente firme (pues la apelación, en concreto, fue contra la acción de mantener la privativa de libertad de ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS). En este sentido cabe la interrogante: ¿Es ejecutable la sentencia dictada por esta Corte, a pesar de existir una sentencia definitivamente firme? ¿Se puede anular una sentencia que, a su vez, anula otro acto del proceso? Por otro lado, si la parte que anula la acusación de la vindicta pública fue declarada Con Lugar por el a quo en favor del imputado ¿Podía esta corte admitir el Recurso (sic) de Apelaciones (sic)?
3. Con base en lo anterior, la decisión dictada por el Tribunal Quinto Penal con funciones (sic) de Control del Circuito Judicial Penal del estado (sic) Bolivariano de Mérida declaró la nulidad absoluta de acusación presentada por el Ministerio Público, la cual conllevó a realizar la audiencia preliminar estudiada. Pues bien si esa acusación está viciada de nulidad y no mereció un pronunciamiento de esta Corte entonces, ¿En (sic) la actualidad y tras la decisión dictada por la Máxima Sala Estatal, esa acusación cobra vigencia nuevamente? ¿Qué (sic) sucede con la aplicación del principio de informante arrepentido al que se acogió el imputado durante el proceso de investigación? ¿El Ministerio Público no está obligado a informar las resultas de la delación suministrada por ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS?
4. A tenor del artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal, las sentencias en segunda instancia no pueden ser dictada en perjuicio del imputado, entonces: ¿Cómo (sic) queda el derecho que tiene el encausado de saber el resultado del aporte efectuado bajo el principio de informante arrepentido?
5. A lo largo de su exposición, la Corte de Apelaciones aclaró que la decisión de mantener la privativa de libertad aplicada a ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS dictada por el Tribunal Quinto Penal con funciones (sic) de Control el Circuito Judicial Penal de estado (sic) Bolivariano de Mérida es inapelable, sin embargo más adelante explica que el Juez a quo no se pronunció sobre la aplicación de una medida privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público y que pesa sobre ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS, entonces: ¿Cuándo existe un silencio administrativo- no significa que la respuesta es negativa?
6. En ese mismo orden de ideas, la Constitución Nacional (sic), el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal establecen que el proceso penal debe adelantarse en libertad y, como lo dice la Corte, el a quo no se pronunció al respecto cuando lo solicito la vindicta pública, entonces ¿ cómo queda la libertad del imputado ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS? ¿Debe ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS permanecer privado de libertad cuando ha transcurrido tanto tiempo desde su aprehensión, padeciendo reposiciones inútiles, sufriendo por los errores del Ministerio Público quien no ha dado respuesta de las diligencias que tenía el deber de adelantar? ¿Puede (sic) una persona mantenerse privado de libertad sin que algún tribunal sea responsable de conocer su causa? ¿Quién o cual tribunal se hará responsable de su privación de libertad mientras se realiza la transición ordenada por esta Corte de Apelaciones?
7. No existe un impedimento expreso para que la Corte de Apelaciones y los Magistrados que la integran, realicen una revisión y examen de la medida judicial de privación de libertad que pesa sobre ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS, sobre todo si la decisión ha sido anular lo decidido por el a quo en la audiencia preliminar y dejarlo indefenso, si base para su privación de libertad, cambiando totalmente las circunstancias que la generan. En tal sentido, ¿Por qué la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida no se pronunció sobre la privativa de libertad que pesa sobre ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS, cuando esa es la base fundamental de la presente apelación, la cual ha sido declarada Con Lugar?
8. Finalmente, ¿Por qué la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida se ha pronunciado con relación a la supuesta inmotivación de una sentencia que nadie sometió a su consideración? Pues la apelación se refiere a la posición que hace la defensa contra la medida privativa de libertad, no contra un aspecto que le es favorable y que fue declarado Con Lugar por el a quo. ¿Ese pronunciamiento no constituye una ultrapetita de parte de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Estado Bolivariano de Mérida?.
Que [q]uiero dejar claro que no se pretende ofender a la majestad de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Estado Bolivariano de Mérida, pero el cúmulo de dudas que ha nacido luego de la referida sentencia son de tal magnitud, que no se pueden dejar de expresar y, en todo caso, solicitar la correspondiente aclaratoria.
Que [e]n este sentido, se pidió a la Corte de Apelaciones de Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida una declaratoria de una sentencia proferida el pasado 30 de mayo de 2018 (sic), pues en su momento esta defensa solicitó que la Corte realizara un Examen (sic) y Revisión (sic) de la medida privativa de libertad, por considerar que existen violaciones del debido proceso que mantienen ilegalmente privado de libertad a mi defendido ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS, sin embargo tal aclaratoria se declaró improcedente, dejando en estado de indefensión a ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS.
Que [m]agistrados: Este Recurso (sic) de Amparo (sic) está dirigido contra la SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, el pasado 30 de mayo del 2016, a pesar de que ella ha sido declarada Con Lugar a favor de la defensa de ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS, pero que en realidad le perjudica, pues su contenido es incierto, abre unos lapsos inadecuados, no se refiere a privativa de libertad que pesa sobre mi defendido y, por supuesto, no se pronuncia acerca de la incorrecta calificación fiscal, de mal procedimiento que se adelantó en materia de delación y los beneficios investigativos y procesales que podría traerle al imputado.
Que [e]n el caso que nos ocupa, la sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida recoge -adecuadamente- el fondo del asunto planteado, el cual se trata de que el tribunal de control (sic) le causa un gravamen irreparable a mi representado al mantenerlo ilegítimamente privado de libertad , pagando errores de la vindicta pública y del Tribunal (sic) de Control (sic), sin embargo ese alto tribunal estatal estudia el asunto desde la solicitud que la defensa interpusiera en el mes de enero del año actual, estableciendo que el a quo no se pronunció al respecto, así como tampoco lo hizo en la audiencia preliminar lo cual, según los colegiados, es procedente declarar Con Lugar el Recurso (sic) de Apelación (sic), pero no ordena al a quo pronunciarse al respecto, así como tampoco se refiera al silencio impuesto por el tribunal sentenciador preliminar en ese caso. Ahora bien, en su encabezado la defensa expresó claramente que el asunto es un Recurso (sic) de Apelación (sic) contra la negativa de otorgar una medida cautelar alternativa de privación de libertad, por cuanto esa debió ser consecuencia lógica del decreto dictado por el a quo al declarar Con Lugar las Excepciones (sic) interpuestas y reponer la causa al estado en que se presente un nuevo escrito acusatorio; de igual manera, se solicitó en ese recurso (sic) se suspendiera la medida de privación de libertad.
Que [c]omo se puede ver ninguno de los asuntos planteados fueron debidamente atendidos por el órgano de alzada, quien se limitó a presentar otros errores procesales pero sin detallar las consecuencias que ellos traen al imputado ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS y, por supuesto, sin preocuparse adecuadamente con relación a su derecho a ser juzgado en libertad.
Que [a] lo largo de este escrito se han narrado los diferentes hechos, tanto en la primera instancia, como es la segunda, que son violatorios del debido proceso, previsto éste en el artículo 49 de la Constitución Nacional (sic) de la República Bolivariana de Venezuela, ante el cual solicito a la Sala De (sic) Casación (sic) penal (sic) del Tribunal Supremo de Justicia proceda a declarar-con inmediatez del caso- un amparo cautelar (bajo la modalidad de habeas corpus), a favor de ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS, quien se encuentra indebidamente privado de su libertad, según se ha detallado y por las diferentes causas relatadas.
Que [d]enuncia n°1: violación al debido proceso: la Corte de Apelaciones de Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida violó el debido proceso, la tutela judicial efectiva, el control de la legalidad y los derechos de mi defendido cuando, a pesar de declarar Con Lugar la Apelación (sic) interpuesta, no ordenó el decaimiento de la medida preventiva privativa de la libertad del imputado, siendo ello uno de los pedimentos de fondo del escrito recursivo.
Que [d]enuncia n°2: la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, cometió un error de extralimitación (ultrapetita), pues se pronuncio y finalmente anulo, una sentencia de primera instancia que se encuentra definitivamente firme, ya que en todo momento la petición hecha por la defensa al máximo tribunal estatal en materia penal, ha sido su pronunciamiento sobre el derecho a ser juzgado en libertad que tiene ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS, en ningún caso se apeló (por haber beneficiado al imputados, contra la sentencia que anula la acusación fiscal y repone la causa al estado de presentar una nueva corrigiendo los errores cometidos en la primera. De allí que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, no puede ni debe anular tal sentencia definitivamente firme.
Que [d]enuncia n°3: error de omisión: la sentencia dictada el pasado 30 de mayo de 2016, por parte de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Estado Bolivariano de Mérida no se pronunció acerca de la falta cometida por el Juez a quo, cuando omitió su pronunciamiento sobre la solicitud de examen y revisión de la medida efectuada por la defensa en enero de 2016. En efecto, la Corte simplemente hizo alusión de la falta grave cometida por él a quo, sin embargo no se estableció ninguna sanción al respecto, ni procesal ni administrativa, ni de ninguna índole, pues la reposición de la causa genera un daño al imputado privado de libertad quien a fin de cuenta- es la persona que debe esperar el tiempo que tarde el proceso en fijarse una nueva audiencia preliminar, que luego reponga nuevamente la causa y, finalmente, vuelva a comenzar el asunto (casi un año más).
Que [d]enuncia n°4: un nuevo lapso procesal: llama poderosamente a atención en este asunto, la falta de aplicar un criterio cierto con relación a las reposiciones de las causas. Veamos: la sentencia dictada el pasado, 30 de mayo de 2016, por parte de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, fije la celebración de una audiencia preliminar, sin embargo no expresa taxativamente en qué lapso debe efectuar dicha audiencia. Por otro lado qué sucedería si tal como se pronunció el a quo y cuya sentencia no fue apelada por las partes- el nuevo tribunal repone la causa al estado en que la Fiscalía de Ministerio Público presente un nuevo escrito acusatorio ¿En ese momento se abre un lapso de 45 días para que órgano fiscal acuse?.
Que [e]fectivamente, ciudadanos Magistrados, en los actuales momentos se presenta una situación grave cuando se realizan reposiciones, pues el Ministerio Público ha entendido que tiene nuevamente el lapso de 45 días para acusar, a pesar de que ya transcurrido el tiempo legal previsto para ello y que, al reponerse la causa, debe entenderse que tal consignación acusatoria debe hacerse de inmediato, a los fines de evitar retardos procesales que perjudican a los imputados.
Que [e]n el caso que nos ocupa, esa es la situación: el a quo repuso la causa para (sic) se vuelva presentar una acusación y ello ocurrió, el 5 de febrero de 2016, sin embargo ha pasado el tiempo y tal orden no fue cumplida por la vindicta pública; ahora la Corte repone la causa al estado a que se vuelva a realizar la audiencia, echando por la borda una decisión que según la ley- se encuentra firme. Entonces, ¿Que lapso debe transcurrir?.
Que [p]or todas las circunstancias anteriores y con base en los articulo 27 y 49 de la Constitución Nacional (sic) de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 174,175 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal y en concordancia con lo establecido en los artículos 1, 4, 7 y 38 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, solicito en nombre de mi defendido- se otorgue una medida de amparo constitucional a favor de ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS y se decrete una medida cautelar sustitutiva de la libertad, ordenando la liberación inmediata de ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS a los fines de que sea juzgado en libertad.
Como soporte de sus alegatos, la parte actora promovió el siguiente elemento probatorio:
1- En conjunto con el Recurso de Apelación interpuesto por ante el Departamento de Alguacilazgo del Circuito judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida sentencia, del 30 de mayo de 2016.
Que [e]n conclusión, la falta de aplicación del procedimiento adecuado en materia de la delación y, además, la negativa por parte del juez- de otorgar la libertad a ZAMIR BUENDÍA VILLEGAS, aunado al hecho de que actualmente no existe acusación en el caso pues se encuentra anulada por la Corte y por el Tribunal a quo (y ha transcurrido el tiempo legal para que la vindicta pública presente se escrito acusatorio), así como también entender el resto de los elementos relatados en el presente escrito ha hecho que las circunstancias del asunto cambien, conllevan a acusar la errónea interpretación de la Ley Penal y, en consecuencia, denunciar que en el presente caso se ha cometido un exabrupto al negar la medida alternativa de prosecución del proceso penal.
III
DE LA COMPETENCIA
Por cuanto, con fundamento en los artículos 266.1 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 25.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las demandas de amparo contra las sentencias y demás actuaciones judiciales que dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo los casos de las que pronuncien los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y por cuanto, en el asunto de autos, el amparo se intentó contra la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, esta Sala se pronuncia competente para la decisión de la demanda de amparo en referencia. Así se decide.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
El 4 de julio de 2016, fue presentado ante esta Sala Constitucional, escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Carlos José Castillo, actuando en su carácter de defensor privado del ciudadano Zamir Buendía Villegas, contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida del 30 de mayo de 2016, en la cual dicho Juzgado Colegiado declaró con lugar el recurso de apelación pero no suspendió la medida privativa de libertad ordenada por el Tribunal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control N° 05 del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, dicho recurso de apelación fue interpuesto por la representación judicial de dicho ciudadano contra el Tribunal Quinto de Primera Instancia con Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Mérida, en razón de la negativa de otorgar medida cautelar sustitutiva de la prisión. Todo ello en razón al proceso penal que se le sigue al quejoso por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y uso de niño, niña o adolescente para delinquir.
Ahora bien, en las actas que conforman el expediente, esta Sala Constitucional destaca que, desde el 4 de julio de 2016, oportunidad en la cual la representación judicial del ciudadano Zamir Buendía Villegas interpuso la demanda de amparo de autos, hasta la presente fecha ha transcurrido ampliamente el lapso de los seis (6) meses para que se verificara el abandono de trámite; sin que la parte actora impulsara la presente acción de amparo constitucional; por lo que la Sala estima que en el caso bajo estudio opera el abandono de trámite, que permite declarar terminado el procedimiento de amparo constitucional.
En efecto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia.
Sobre este punto, la Sala, mediante decisión N° 982 del 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres), estableció lo siguiente:
...la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.
(...) Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél.
(...)
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara (Negrillas de este fallo).
En atención al criterio jurisprudencial expuesto, la falta de actuación de la parte accionante por seis (6) meses ocasiona el abandono del trámite; visto entonces que en el presente caso desde el 4 de julio de 2016, fecha en la cual se interpuso la demanda de amparo constitucional, hasta la presente fecha ha transcurrido ampliamente un lapso superior de seis (6) meses tal como se señaló-, tal circunstancia encuadra dentro del supuesto de hecho contenido en el precedente judicial transcrito supra, en razón de lo cual, la Sala estima que operó indefectiblemente el abandono de trámite y, en consecuencia, se declara terminado el procedimiento. Así se decide.
Igualmente, esta Sala constata que en el caso sub lite no se encuentra involucrado el orden público a los efectos de la acción de amparo, dado que de las denuncias efectuadas por la parte actora no se verifica que las mismas afecten a una parte de la colectividad o al interés general, sino sólo los intereses particulares del accionante y, además, dicha denuncia contra la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida en cuanto al no pronunciamiento respecto a la libertad personal del imputado, no es de tal magnitud, ya que se asume una presunción legal de fuga en relación a los presuntos delitos cometidos por el imputado robo agravado y uso de niño, niña o adolescente para delinquir-, en tal sentido, no se encuentra principio alguno que se vea vulnerado o comprometa al orden público (Vid. sentencia N° 1419/2001 del 10 de agosto, recaída en el caso: Gerardo Antonio Barrios Caldera).
Por tanto, visto que en caso bajo estudio se ha verificado el abandono de trámite ante la inactividad de la parte accionante por más de seis (6) meses y verificado asimismo que, del estudio pormenorizado que se ha realizado del escrito contentivo de la solicitud de amparo, la situación fáctica alegada como lesiva no afecta derechos o garantías de eminente orden público, esta Sala Constitucional, en aplicación del referido fallo, declara terminado el procedimiento en la acción de amparo de autos. Así se declara.
Finalmente, de conformidad con lo establecido en el único aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se impone a la parte actora una multa de CINCO BOLÍVARES (Bs 5, oo), pagaderos, a favor del Fisco Nacional, en cualquier institución financiera receptora de fondos públicos dentro de los cinco días siguientes a su notificación. El sancionado deberá acreditar el pago mediante la consignación del comprobante correspondiente ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, en cuyo caso la señalada instancia judicial deberá remitir a esta Sala el comprobante respectivo para ser agregada al presente expediente, o en su defecto, el comprobante podrá ser consignado ante esta Sala Constitucional. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO POR ABANDONO DEL TRÁMITE, en la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Carlos José Castillo, actuando en su carácter de defensor privado del ciudadano Zamir Buendía Villegas, contra la sentencia, del 30 de mayo de 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida.
SEGUNDO: Se IMPONE multa a la parte accionante, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en la cual impone multa a la parte accionante por la cantidad de cinco bolívares (Bs. 5, oo), los cuales deberán ser pagados en cualquier oficina receptora de fondos nacionales, dentro de los cinco días siguientes a su notificación. El sancionado deberá acreditar el pago mediante la consignación del comprobante correspondiente ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, en cuyo caso la señalada instancia judicial deberá remitir a esta Sala el comprobante respectivo para ser agregada al presente expediente, o en su defecto, el comprobante podrá ser consignado ante esta Sala Constitucional.
Publíquese, regístrese notifíquese y compúlsese por Secretaría copia certificada de la presente decisión para ser remitida a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida. Cúmplase lo ordenado y archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 27 días del mes de Octubre de dos mil dieciséis (2017). Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
El Presidente,
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
Vicepresidente,
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
Los Magistrados,
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO
CALIXTO ORTEGA RÍOS
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
La Secretaria,
MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES
Exp Nº: 16-0667
CZdM/
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias