Venley

Sentencia N.º RC.000092

Sentencia
N.º RC.000092
Fecha
15/03/2017
Sala
Casación Civil
Expediente
16-508
Ponente
Yván Darío Bastardo Flores
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. 2016-000508

 

Magistrado Ponente: Yvan Darío Bastardo Flores

 

 

En el juicio de cumplimiento de contrato, intentado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, por la ciudadana ZULLY ALEJANDRA FARIAS ROJAS, representada judicialmente por los abogados Alcides Guatarazma López y José Gabriel Dautan Contreras y por ante esta Sala por Alfredo Ramphis Jimenez Casanova, contra la ciudadana ENILSE MATILDE RODRIGUEZ GONZALEZ, representada judicialmente por los abogados José Gregorio Martínez Salazar, Euclides Rodríguez y Yaneth Margarita Delgado Castillo; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 25 de abril de 2016, mediante la cual declaró:

“PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado Yaneth Margarita Delgado Castillo, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 51.291, actuando en su condición de apoderado judicial de la parte demandada ciudadana Enilse Rodríguez, venezolana, titular de la cédula de Identidad número V-14.448.409, contra la sentencia dictada en fecha 05 de Noviembre de 2015, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. SEGUNDO: En consecuencia se REVOCA la sentencia de fecha 05 de Noviembre de 2015, dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial. TERCERO: En virtud de ello se declara CON LUGAR la reconvención presentada por la ciudadana Enilse Rodríguez, antes identificada, a través del juicio por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCION DE COMPRA VENTA intentado por la ciudadana ZULLY ALEJANDRA FARIAS ROJAS, arriba identificada, en consecuencia se ordena a la ciudadana ZULLY ALEJANDRA FARIAS ROJAS, titular de la cédula de Identidad número V-12.537.102, a cancelar a la ciudadana Enilse Rodríguez, titular de la cédula de Identidad número V-14.448.409, la cantidad de: 1) Ciento Sesenta y Cinco Mil Bolívares (Bs 165.000,00) por concepto de daños y perjuicios de conformidad con el artículo 1263 del Código Civil. CUARTO: Se condena en costas a la parte perdidosa por haber sido vencido totalmente, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.”

Contra la citada sentencia de alzada, la parte actora, anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación.

Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

-I-

Con fundamento en el numeral 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción del artículo 509 eiusdem, alegando el vicio de silencio de pruebas, con base en la siguiente fundamentación:

 

“De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio como infringido por la recurrida el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por el vicio de inmotivación por silencio de pruebas.

En efecto ciudadanos Magistrados, mi representada en la oportunidad procesal correspondiente procedió a promover las testimoniales de los ciudadanos Antonio José Brito, Antonio García, Alfredo Estaba Zapata y Edwin Lucena, los cuales fueron evacuados en la oportunidad procesal correspondiente, pero inexplicablemente la recurrida, en toda su extensión hizo silencio absoluto en cuanto a la prueba testimonial, ignoró por completo las declaraciones de los testigos que fueron promovidos y evacuados en el curso del proceso, estas declaraciones si las hubiese sido analizadas y concatenadas con las otra pruebas, eran determinantes al momento de dictar el dispositivo del fallo, puesto que, los mismos tenían pleno conocimiento y así expresamente lo manifestaron en sus deposiciones, de cómo se llevó a cabo la negociación entre mi representada y la demandada ciudadana Enilse Matilde Rodríguez Gonzalez.

La recurrida al analizar las pruebas aportadas por mi representada expresó lo siguiente:

…omissis…

Como podrán ustedes apreciar ciudadanos Magistrados, en lo antes copiado de la recurrida, la Juez, hace silencio total y absoluto sobre las pruebas testimoniales promovidas y evacuadas por mi representada, violando con ello lo previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil e incurriendo en el vicio de inmotivación por silencio de pruebas.


En el anterior sentido, la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 25 de junio de 1998, expresó entre otras cosas lo siguiente:

…omissis…

Al omitir todo examen y valoración de las anteriores pruebas promovidas oportunamente en el juicio, se incurrió en el vicio de silencio de pruebas, quebrantando en consecuencia el deber establecido al Juez en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.

Por todos los razonamientos expuestos, solicito a la Sala que declare con lugar la presente denuncia.” (Resaltado de la Sala)

 

            Para decidir, la Sala observa:

De la anterior transcripción se evidencia que el formalizante, pese a un error en su denominación, denuncia la falta aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido la recurrida en silencio de pruebas, por cuanto “en toda su extensión hizo silencio absoluto en cuanto a la prueba testimonial, ignoró por completo las declaraciones de los testigos que fueron promovidos y evacuados en el curso del proceso”.

En este sentido, esta Sala en innumerables oportunidades ha definido en qué consiste el vicio de falta de aplicación denunciado, indicando que el mismo se produce cuando se niega la existencia o la vigencia de una norma dispuesta para resolver el conflicto. Asimismo esta Sala se ha pronunciado de manera reiterada, al señalar que “…si la denuncia está referida al vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, es porque ésta, aún cuando regula un determinado supuesto de hecho, se niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien porque el juez la considera inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque presume que no se encontraba vigente, aún cuando ella estuviese promulgada o no hubiese sido derogada. Esta omisión conduce a la violación directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente planteaba la solución y que el juez respectivo no aplicó…”. (Sentencia N° 132, de fecha 1 de marzo de 2012, caso Eli Lilly And Company contra Laboratorios Leti S.A.V. y otros ratificada en sentencia N° 290 de fecha 5 de junio de 2013, caso: Blanca Bibiana Gamez contra Herederos desconocidos de José Ramón Vivas Rojas y otras.)

Asimismo, tenemos que el artículo denunciado es del tenor siguiente:

 

Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil:

 

“Los Jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del Juez respecto de ellas. ”

Ahora bien, a los efectos de verificar lo denunciado por el recurrente, la Sala, en uso de su facultad, dada la naturaleza de la denuncia, desciende a las actas y observa:

Corre inserto a los folios 213 al 247, de la primera pieza del expediente, comisión recibida del juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en la cual constan los testimonios de los ciudadanos Antonio José Brito, Edinson Antonio Payares Garcia, Alfredo del Carmen Esteban Zapata y Edwin Jose Luneca Butto.

Ahora bien, con respecto a la referida prueba testimonial, la recurrida sostuvo:

“A fin de constatar lo decidido por el juzgado de la causa mediante sentencia de fecha 17 de Junio de 2015, esta alzada considera necesario analizar el acervo probatorio la partes pertinente en la presente causa:

Pruebas aportadas por la parte demandante:

• Consigno documento de opción compra venta de fecha 01/03/2013, autenticado por ante la notaria publica segunda de Maturín, estado Monagas entre las ciudadanas Enilse Matilde Rodríguez y Zully Alejandra Farías. Observa esta Juzgadora que a verificar la consignación del presente elemento probatorio se constata que de las alegaciones realizadas por ambas partes en cuanto a esta prueba documental ambos afirman la celebración del presente contrato. Por lo que estima esta Juzgadora que tiene pleno valor probatorio. Así se declara.

• Notificación de transferencia electrónica realizada por la ciudadana Zully Farías a la ciudadana Enilse Rodríguez por la cantidad de ciento sesenta y cinco bolívares (Bs 165.000,00) dicha cantidad se ajusta al pago en calidad de arras como evidencia en la clausula segunda del contrato. Ambas (sic) parte reconoce dicha transacción. Por lo que estima esta Juzgadora que tiene pleno valor probatorio.

• Solvencias del inmueble, a nombre Enilse Rodriguez, municipales, servicios de agua y aseo, expedidas por la Alcaldía Bolivariana de Maturín y por Aguas de Monagas C.A., respectivamente.
• Certificación de gravamen expedida cursante a los folios (56 al 58) por el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maturín del Estado Monagas de fecha 01/07/2013. Se observa la hipoteca existente de primer grado en el referido inmueble. Siendo este un documento público y reconocido por las parte tiene valor probatorio.

Pruebas aportadas por la parte demandada:

• Consigno en copia simple de opción compra venta de fecha 01/03/2013, autenticado por ante la notaria publica segunda de Maturín, estado Monagas entre las ciudadanas Enilse Matilde Rodríguez y Zully Alejandra Farías. Siendo este documento anteriormente consignado en original y reconocido por ambas partes y siendo no tachado, tiene valor probatorio.
• Consigno Copia certificada de documento público, emanado por la Notaria Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas, de fecha 26/06/2014, inserto bajo el N° 19, Tomo 79 de los libros de autenticación llevados por esa Notaria. Se desprende del presente documento la liberación de la hipoteca de primer grado que tenía el bien inmueble objeto en la presente causa realizada el 26/06/2013. Siendo este un documento público y reconocido por las parte tiene valor probatorio.

• Copia fotostática simple de correo electrónico donde se observa solicitando información sobre la liberación de hipoteca en fecha 18/06/2013. Siendo este una prueba documental y no fue impugnado en su oportunidad legal tiene valor probatorio.” (Resaltado de la Sala)

 

De la parte pertinente de la recurrida y de todo su contenido, se evidencia que en la misma no se hizo mención ni se valoró la prueba testimonial promovida por la parte actora recurrente, contenida en la comisión recibida del juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. Sin embargo, observa esta Sala que tal infracción no es determinante en el dispositivo del fallo, por cuanto no se puede probar con la prueba testimonial promovida por la parte actora, la existencia o la extinción de una obligación cuando el valor del objeto exceda de dos mil bolívares, tal y como ocurre en el presente caso donde el actor debía cancelar el monto de Seiscientos Mil Bolívares (600.000,00 Bs.) por concepto del precio del inmueble ofrecido en venta, todo ello de conformidad con la norma contenida en el artículo 1387 del código civil que reza: “No es admisible la prueba de testigos para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el valor del objeto exceda de dos mil bolívares”

En consecuencia, esta Sala declara improcedente la denuncia por falta aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

-II-

Con fundamento en el numeral 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción del artículo 509 eiusdem, alegando el vicio de silencio de pruebas, con base en la siguiente fundamentación:

 

“De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio como infringida por la recurrida el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por el vicio de inmotivación por silencio de pruebas.

La recurrida cuando analiza las pruebas aportadas por la parte demandada, no señaló todas las pruebas promovidas, señalando únicamente  (sic) dijo lo siguiente:

…omissis…

Como puede observarse la recurrida al analizar las pruebas de la parte demandada reconviniente, señaló únicamente tres pruebas documentales, haciendo silencio absoluto en cuanto a otras pruebas que fueron promovidas por la demandada y evacuadas en su oportunidad legal, así pues vemos que nuestra doctrina ha señalado que las pruebas una vez que son incorporadas al proceso dejan de pertenecer a la parte que la produjo y son adquiridas para el proceso.

Cada parte puede aprovecharse de ellas, entonces una vez evacuadas la prueba de cada litigante, su resultado no pertenece ya a quien la promovió, sino al proceso mismo, por virtud del principio de adquisición procesal y corresponde por tanto al Juez tenerlas en cuenta a fin de determinar la existencia del hecho a que se refieren, independientemente de cuál de ellas haya sido la promovente de la prueba.

Ahora bien ciudadanos Magistrados, la parte demandada reconviniente en su escrito de promoción de pruebas, promovió la prueba de inspección judicial, para que el tribunal se constituyera en la sede de la Notaría Segunda de Maturin, estado Monagas, en el departamento de archivo de esta institución, a fin de que mediante inspección dejara constancia de los particulares a que se refiere en dicho escrito. En la oportunidad legal correspondiente se evacuó la referida prueba de inspección judicial dejándose constancia entre otros particulares de lo siguiente:

“...al quinto particular el tribunal deja constancia que la fecha de presentación fue el día 04/07/2013 y fue presentado por ENILSE RODRÍGUEZ, C.l. 14.448.409…”.

Sobre esta prueba, la recurrida hizo silencio absoluto, no la valoró y ni siquiera se menciona en la sentencia, al omitir todo examen y valoración sobre la referida prueba incurre la recurrida en el vicio de inmotivación por silencio de pruebas, violando con ello, lo previsto en el artículo 509 del Código del Procedimiento Civil, puesto que es un deber del Juez analizar y valorar todas las pruebas que consten en autos…” (Resaltado de la Sala)

 

            Para decidir, la Sala observa:

De la anterior transcripción se evidencia que el formalizante, pese a un error en su denominación, denuncia la falta aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido la recurrida en silencio de pruebas, por cuanto hizo “silencio absoluto en cuanto a otras pruebas que fueron promovidas por la demandada y evacuadas en su oportunidad legal”.

En atención a lo anteriormente transcrito, se evidencia nuevamente el planteamiento del vicio de falta de aplicación sobre la misma norma delatada anteriormente, a lo que esta Sala a fin de evitar tediosas repeticiones inútiles da por reproducida la doctrina citada en la resolución de la primera denuncia de fondo.

Ahora bien, en esta oportunidad, el formalizante acusa el vicio de silencio de prueba sobre las promovidas por su contraparte, específicamente sobre una inspección judicial, pero sin señalar cuales hechos, que se desprendan de esa probanza, les beneficia y porque tal infracción es determinante en el dispositivo de la sentencia, lo cual deja sin fundamento la denuncia. 

En consecuencia, esta Sala declara improcedente la denuncia por falta aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

-III y IV-

Esta Sala acumula las denuncias 3 y 4 del escrito de formalización dada la similitud en su contenido.

Con fundamento en el numeral 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción de los artículos 509 ejusdem, 1.879, 1.920 y 1.924 todos del Código Civil, alegando el vicio de falta de aplicación, con base en la siguiente fundamentación:

El formalizante expresa su tercera denuncia de la siguiente manera:

 

“De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio como infringida por la recurrida el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, por no haber aplicado los artículos 1.879, 1.920 y 1.924 del Código Civil.

La recurrida cuando analiza las pruebas aportadas por la parte demandada dice lo siguiente:

“Pruebas aportadas por la parte demandada

....Consignó copia certificada de documento público, emanado por la Notaria Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas, de fecha 26/06/2014, inserto bajo el N° 19, Tomo 79 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notarla. Se desprende del presente documento la liberación de la hipoteca de primera grado que tenía el bien inmueble objeto en la presente causa realizada el 26/06/2013. Siendo este un documento público y reconocido por las partes tiene valor Probatorio.”

Como se puede observar la recurrida al darle valor probatorio a esta documental violó flagrantemente los artículos 1.879, 1.920 y 1.924 del Código Civil, puesto que el documento que demuestra la liberación de la hipoteca, en este caso del inmueble dado en venta, debe ser registrado en le oficina de Registro Público donde se encuentra registrado el inmueble, para que así pueda tener efecto contra terceros y al no estar registrado el documento de liberación de hipoteca del inmueble no le podía la recurrida darle valor probatorio y dejar como demostrado que la hipoteca estaba liberada, más aún en el curso del proceso mediante documento público mi representada demostró con una certificación de gravamen emanada del Registro Público donde se encuentra registrado el inmueble, que sobre el mismo pesa hipoteca de primera grado a favor de BARIVEN, S.A, Filial de Petróleos de Venezuela, es por ello que la recurrida incurre en una falta de aplicación por no aplicar las normas antes señaladas.

Incurre la recurrida en el vicio de falta de aplicación, puesto que al hecho de liberación de la hipoteca no le aplicó la norma que debería haberle aplicado, puesto que ese supuesto de hecho de liberación de la hipoteca no podía darle valor probatorio ya que era un documento autenticado y no registrado y que de conformidad con los artículos 1.879, 1.920 y 1.924 del Código Civil los documentos donde se constituyen hipotecas o se liberan las mismas, para que puedan tener efecto contra terceros deben ser registrados.

Cuando la recurrida no le aplicó al supuesto de hecho las normas que ha debido aplicarle fue determinante en el dispositivo del fallo, puesto que, en la contestación de la demanda y en la reconvención ésta le imputo a mi representada el incumplimiento del contrato suscrito, por cuanto no había pagado el remanente del precio, pero resulta que mi representada no podía cumplir con su obligación puesto que sobre el inmueble pesaba una hipoteca de primer grado, y de conformidad con el contrato suscrito mi representada le correspondía cancelar el remanente del precio al momento de la protocolización del documento definitivo de venta (clausula segunda del contrato), hecho este que se pudo dar (sic) en virtud de que la demandada reconviniente no había cumplido con su obligación de liberar la hipoteca, es por ello que si la recurrida aplica correctamente las normas antes señaladas, no le quedaba otra alternativa que declarar con lugar la demanda, por cuanto la parte de demandada reconviniente no había cumplido con su obligación contraída en el contrato de venta de liberar la hipoteca y así poder realizar todos los trámites necesarios para protocolizar la venta definitiva.

Por lo antes expuesto es que solicito a la Sala que declare con lugar la presente denuncia…” (Resaltado de la Sala)

Por último, expresa su cuarta denuncia de la siguiente manera:

“De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio como infringidos por la recurrida por falsa de aplicación de los artículos 1.789 (sic), 1920 y 1924 del Código Civil, por haber incurrido en infracción de ley.

En la recurrida, el Juzgador de Alzada para declarar sin lugar la demanda, establece que:

“Del contenido de las actas procesales se evidencia que el argumento alegado por la parte demandada en cuanto al incumplimiento, se deriva del mismo contrato, toda vez que si bien está obligado a la venta del inmueble, y con ello a la entrega del mismo, esta obligación nace una vez que el comprador opcionante cancelara el saldo deudor dentro de los 120 días o en caso necesario se otorgaría una prorroga de 30 días contenido en la cláusula Tercera y Cuarta de dicho contrato, según se desprende del contenido del mismo, teniendo de esta forma que nos encontramos en presencia de un contrato bilateral del cual surge como obligación principal para el optante el pago del monto restante establecido como precio y para la propietaria el otorgamiento del documento definitivo de venta, siendo que estas obligaciones son de carácter reciproca y de cumplimiento simultaneo, de allí, que por una parte, esta juzgadora destaca que la demandada  en su defensa si bien señala que estaba obligada a otorgar la escritura correspondiente a la venta del inmueble el cual lo hizo como se observa de las actas que cursan en la presente causa en cuanto a la liberación de la hipoteca realizándolo en el lapso de los 120 días, y con ello al entregar del inmueble, se excepcionó de haber cumplido con dicha obligación, señalando que el actor no cumplió con sus obligaciones contractuales en el lapso debidamente estipulado en el contrato especialmente con la contenida en la cláusula Tercera de dicho contrato de opción compra venta, es decir, con la cancelación del monto de Seiscientos Mil Bolívares (Bs. 600.000,oo)...”

....corresponde al actor demostrar que previamente a introducir la presente demanda, ya tenía que haber cumplido con su obligación de pagar la suma contenida en la cláusula Tercera del referido contrato de opción de compra venta, esto es la suma Seiscientos Mil Bolívares ( 600.000,00 Bs.) para que prospere su pretensión de obligar a la demandada reconviniente a otorgar la correspondiente escritura y la entrega del inmueble; o que no ha cumplido con dicho pago por un hecho propio de quien se excepciona. Así se declara”

Con la anterior conducta la recurrida dio por demostrado el hecho de que la demandada había liberado la hipoteca con un documento que no es idóneo para demostrar ese hecho.

En efecto la recurrida valoró como prueba de liberación de la hipoteca un documento autenticado por la Notaria Pública Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital, no obstante que en el curso del proceso mi representada Zully Alejandra Farias Rojas, mediante documentos públicos contentivos de dos (2) certificaciones de gravámenes promovidas y evacuadas en su oportunidad procesal emanadas del Registro Público, logró demostrar con el documento idóneo para ello de conformidad con lo previsto en los artículos 1.879, 1920 y 1.924 del Código Civil que la hipoteca no había sido liberada, es por ello que no nacía para mi representada su obligación de pagar el remanente del precio del precio acordado en la oportunidad de la protocolización del documento definitivo de venta, hecho este que nunca ocurrió puesto que la vendedora no había cumplido con su obligación de liberar la hipoteca.

Mi representada en el escrito de promoción de pruebas señaló lo siguiente:

“TITULO II

PRUEBAS DOCUMENTALES

VI) Promuevo CERTIFICACIÓN DE GRAVAMEN, expedida por el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maturin del Estado Monagas Oficina, de fecha 01-07-2013, donde consta que sobre el referido inmueble distinguido con el N° D-12, ubicado en la calle “D” de la urbanización Bello campo, sector Tipuro parroquia Boquerón, jurisdicción del Municipio Maturin del estado Monagas, existe hipoteca Especial de Primer Grado a favor de “BARIVEN S.A.”, por un monto de Ciento Cuarenta Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Bolívares, con ochenta y dos céntimos (Bs. 140.858,82); instrumento este que acompañamos al Libelo de Demanda, identificado “VI”.

El objeto de esta prueba, es probar como es cierto que sobre el referido inmueble a la fecha 01-07-2013, se mantenía la situación de la hipoteca del inmueble y que era y es, obligación de la OferenteVendedora, liberarlo.

 
En un primer aspecto vemos que cuando la recurrida analizó la prueba instrumental antes referida le dio pleno valor probatorio, entonces nos encontramos que la recurrida da por demostrado que la liberación de la hipoteca no se realizó y en consecuencia existe un incumplimiento por parte de la demandada, puesto que mi representada en el curso del proceso demostró con la prueba idónea para ello que la demandada no había cumplido con su obligación del liberar la hipoteca, requisito este esencial necesario e indispensable para el cumplimiento por parte de mi representada de su obligación del pago del remanente del precio.

En un segundo aspecto vemos como el Juez dio por cierto el hecho con un documento que no es idóneo para ello, contrariándose entre sí, puesto que le da valor probatorio a la certificación de gravamen promovida por mi representada y también le da valor probatorio al documento autenticado promovido por la demandada para demostrar que había liberado la hipoteca, nos encontramos entonces  con dos instrumentos públicos reconocidos por las partes para demostrar un hecho, pero resulta que no obstante que la recurrida le da valor probatorio a los dos instrumentos promovidos por mi representada (certificaciones de gravámenes), escoge el que no es idóneo para ello, no aplicando los artículos 1879, 1920 y 1.924 (sic) del Código Civil que son los idóneos para demostrar ese tipo de hecho, y al no aplicar las normas correctas declarara (sic) sin lugar la demanda, incurriendo en el vicio de infracción de ley por falta de aplicación, ya que para demostrar la constitución de una hipoteca o demostrar la liberación de la misma, para que surta efectos contra terceros la misma debe estar registrada, incurriendo la recurrida en falta de aplicación de los artículos 1.879, 1.920 y 1.924 del Código Civil, los cuales señalan:

…Omissis…

Pues bien, al otorgarle al instrumento autenticado valor probatorio constituye una infracción de ley al no aplicar las normas que debía aplicar, dando por demostrado un hecho con un instrumento que no es idóneo para demostrarlo, documento éste que de conformidad con lo señalado en el artículo 1.924 no tiene efecto contra terceros.

Nótese que la infracción cometida por la recurrida fue determinante en el dispositivo del fallo, ya que si se hubiera aplicado correctamente en el presente caso, los artículos 1.789 (sic), 1.920 y 1.924, del Código Civil no hubiera podido declarar con lugar la apelación ejercida por la parte demandada reconviniente, puesto que, el motivo de la recurrida para declarar sin lugar la demanda fue que mi representada no había cumplido con su obligación del pago remanente del precio, pero resulta que era imposible para mi representada cumplir con el pago, puesto que la oferente vendedora no había cumplido con su obligación de liberar la hipoteca…” (Resaltado de la Sala)

 

Para decidir, la Sala observa:

Como puede apreciarse de las anteriores transcripciones, el formalizante, en sus dos exposiciones, denuncia la falta aplicación de los artículos 509 del Código de Procedimiento Civil, 1.879, 1.920 y 1.924 todos del Código Civil, por cuanto la recurrida a) “al hecho de liberación de la hipoteca no le aplicó la norma que debería haberle aplicado, puesto que ese supuesto de hecho de liberación de la hipoteca no podía darle valor probatorio ya que era un documento autenticado y no registrado y que de conformidad con los artículos 1.879, 1.920 y 1.924 del Código Civil los documentos donde se constituyen hipotecas o se liberan las mismas, para que puedan tener efecto contra terceros deben ser registrados.”  b) y que “para demostrar la constitución de una hipoteca o demostrar la liberación de la misma, para que surta efectos contra terceros la misma debe estar registrada, incurriendo la recurrida en falta de aplicación de los artículos 1.879, 1.920 y 1.924 del Código Civil.

En atención a lo anteriormente transcrito, se evidencia nuevamente el planteamiento del vicio de falta de aplicación, a lo que esta Sala a fin de evitar tediosas repeticiones inútiles da por reproducida la doctrina citada en la resolución de la primera denuncia de fondo.

Asimismo y con respecto a la norma contenida en el artículo 509 del Código Civil, no se evidencia de la exposición hecha por el recurrente en la tercera denuncia, de cómo, cuándo y en qué sentido fue infringida, motivo por el cual se desecha esta parte de la denuncia por falta de fundamentación.

Ahora bien, los artículos del Código Civil denunciados son del tenor siguiente:

Artículo 1.879:

“La hipoteca no tiene efecto si no se ha registrado con arreglo a lo dispuesto en el Título XXII de este Libro, ni puede subsistir sino sobre los bienes especialmente designados, y por una cantidad determinada de dinero.”

Artículo 1.920:

“Además de los actos que por disposiciones especiales están sometidos a la formalidad del registro, deben registrarse:

1º.- Todo acto entre vivos, sea a título gratuito, sea a título oneroso, traslativo de propiedad de inmuebles, o de otros bienes o derechos susceptibles de hipoteca…”

Artículo 1.924:

“Los documentos, actos y sentencias que la Ley sujeta ya las formalidades del registro y que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún efecto contra terceros, que por cualquier título, hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble.

Cuando la Ley exige un título registrado para hacer valer un derecho, no puede suplirse aquél con otra clase de prueba, salvo disposiciones especiales.” (Resaltado de la Sala)

 

A los fines de determinar lo denunciado, tenemos que el formalizante en sus enrevesadas exposiciones sostuvo que la recurrida “al hecho de liberación de la hipoteca no le aplicó la norma que debería haberle aplicado, puesto que ese supuesto de hecho de liberación de la hipoteca no podía darle valor probatorio ya que era un documento autenticado y no registrado y que de conformidad con los artículos 1.879, 1.920 y 1.924 del Código Civil los documentos donde se constituyen hipotecas o se liberan las mismas, para que puedan tener efecto contra terceros deben ser registrados” y que “para demostrar la constitución de una hipoteca o demostrar la liberación de la misma, para que surta efectos contra terceros la misma debe estar registrada”

De lo anterior, se desprende la igualdad de planteamientos en ambas denuncias, a lo que esta Sala observa que, contrario a lo sostenido por el recurrente, ninguna de las normas delatadas en esta oportunidad, están referidas a la formalidad del registro de la liberación de la hipoteca para que pueda ser oponibles frente a terceros, por lo que los supuestos de hecho de las referidas normas no encuadran dentro la situación fáctica habida en el presente caso de cumplimiento de contrato, aunado a que tampoco contienen alguna prohibición expresa de pagar el precio del inmueble mientras se encuentre hipotecado, motivo por el cual la recurrida no podría infringir por falta de aplicación las normas denunciadas. Así se establece.

En consecuencia, esta Sala declara improcedente las denuncias  3 y 4 del escrito de formalización dirigidas a la falta aplicación de los artículos 509 del Código de Procedimiento Civil, 1.879, 1.920 y 1.924 todos del Código Civil. Así se decide.

-V-

Con fundamento en el numeral 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 320 ejusdem,  el recurrente denuncia la infracción del artículo 12 ibidem,  alegando el vicio de suposición falsa, con base en la siguiente fundamentación:

 

“De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 y 320 del Código de Procedimiento Civil, denuncio como infringidos por la recurrida el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido en suposición falsa. En la parte dispositiva, el Juzgador de Alzada señala lo siguiente:

“TERCERO: En virtud de ello se declara con lugar la reconvención presentada por la ciudadana Enilse Rodríguez, antes identificada, a través del juicio por cumplimiento de contrato de opcion compra venta intentado por la ciudadana Zully Alejandra Farias Rojas, arriba identificada, en consecuencia se ordena a la ciudadana Zully Alejandra Farias Rojas, titular de la cédula de identidad número V-12.537.102, a cancelar a la ciudadana Enilse Rodríguez, titular de la cédula de identidad número V-14.448.409, la cantidad de 1) Ciento Sesenta y Cinco Mil Bolívares (Bs. 165.000,00) por concepto de daños y perjuicios de conformidad con el artículo 1263 del Código Civil.”

Como se puede observar del texto transcrito de la recurrida que la misma en primer lugar declara con lugar la reconvención propuesta por la parte demandada ciudadana Enilse Rodríguez y en segundo lugar condena al pago de la cantidad de Ciento Sesenta y Cinco Mil Bolívares (Bs. 165.000,oo) por concepto de daños y perjuicios.

…Omissis…

En segundo lugar la recurrida ordenó a mi representada a pagar la cantidad de Ciento Sesenta y Cinco Mil Bolívares (Bs. 165.000,00) por concepto de daños y perjuicios de conformidad con lo previsto en el artículo 1.263 del Código Civil.
Ahora bien en el escrito libelar la parte demandada reconviniente no especificó los daños y sus causas, incumpliendo con lo previsto en el ordinal 7° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, pero resulta también que en el curso del proceso la parte demandada reconviniente no aportó ningún elemento probatorio para demostrar los supuestos daños y perjuicios demandados en la reconvención, pero inexplicablemente la recurrida en el dispositivo del fallo, sin realizar motivación alguna y sin existir prueba de los supuestos daños y perjuicios ordenó a mi representada a cancelar una cantidad dinero por concepto de daños y perjuicios de conformidad con lo previsto en el artículo 1.263 del Código Civil, incurriendo la recurrida en el vicio de suposición falsa, puesto que la parte demandada reconviniente no especificó los daños en el escrito libelar reconviniente, ni en el curso del proceso demostró la ocurrencia de los supuestos daños y perjuicios violando flagrantemente la recurrida el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.

La recurrida al condenar el pago de los daños y perjuicios sin existir prueba alguna de los supuestos daños dio por demostrado estos hechos, con pruebas que no aparecen en autos, incurriendo la sentencia en el vicio de suposición falsa.

Es de hacer notar que la infracción cometida por la recurrida fue determinante en el dispositivo de la sentencia puesto que, si la recurrida no declara con lugar el pago de los daños y perjuicios, hubiese tenido que declarar sin lugar la reconvención. (Resaltado de la Sala)

 

Para decidir, la Sala observa:

De la anterior transcripción se evidencia que el formalizante denuncia la infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido la recurrida en suposición falsa, por cuanto “al condenar el pago de los daños y perjuicios sin existir prueba alguna de los supuestos daños dio por demostrado estos hechos, con pruebas que no aparecen en autos”

Ahora bien, respecto al vicio de suposición falsa y su planteamiento ante esta máxima jurisdicción, la Sala en decisión N° 611 de fecha 12 de agosto de 2005, en el juicio de Banco Latino y otra contra Inversiones Fococam, C.A. y otros, expediente N° 2005-142, reiterada en fallo N° 666 del 20 de octubre de 2008, caso: Herta María Mendt viuda de Lendewig contra Klaus Thilo, Hans Volker y otro, expediente N° 2006-755, señaló lo siguiente:

“…En este orden de ideas, resulta pertinente ratificar que quien pretenda denunciar el vicio en comentario, debe cumplir con las previsiones establecidas por esta Sala, a través de su doctrina inveterada la cual ha señalado cuando es procedente la denuncia de falso supuesto; resaltando así mismo la existencia de tres hipótesis de suposición falsa y la correcta técnica que deben exhibir los escritos en los que se pretenda alegar el mencionado vicio. Al efecto sobre el punto, en sentencia Nº 201 emanada de esta Sala de Casación Civil en fecha 14 de junio de 2000, en el juicio de Talleres Vita Cars C.A. contra Inmobiliaria Cruz O. C.A., expediente Nº 99-419, se ratificó el criterio de la manera siguiente:

“...El artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, es el que prevé los casos de suposición falsa, antes denominado falso supuesto, así:

‘...o que la parte dispositiva del fallo sea consecuencia de una suposición falsa por parte del juez, que atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo...’.

 (...Omissis...)

Por otra parte, la denuncia de suposición falsa debe cumplir inexorablemente con la técnica elaborada por la Sala a través de su pacífica y constante doctrina, que dice:

‘Para que la Corte pueda examinar y decidir acerca de la determinación y apreciación que los jueces del mérito hayan efectuado sobre los hechos y las pruebas, es indispensable que el formalizante se ajuste a la técnica elaborada por la Sala para la denuncia apropiada de casación sobre los hechos, técnica que exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) indicación del hecho positivo y concreto que el juzgador haya dado por cierto valiéndose de una falsa suposición;

b) indicación específica del caso de falsa suposición a que se refiere la denuncia, puesto que el encabezamiento de artículo 320 del Código de Procedimiento Civil prevé en ese respecto tres (3) situaciones distintas;

c) el señalamiento del acta o instrumento cuya lectura patentice la falsa suposición;

d) Indicación y denuncia del texto o los textos aplicados falsamente, porque el juez da por cierto un hecho valiéndose de una suposición falsa; y

e) la exposición de las razones que demuestren que la infracción cometida fue determinante de lo dispositivo de la sentencia.

Por otra parte, conforme a reiterada jurisprudencia, la suposición falsa tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el juez establece falsa e inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción, entre otras razones, porque no existan las menciones que equivocadamente atribuyó a un acta de expediente. Ahora bien, como el mencionado vicio sólo puede cometerse en relación con un hecho establecido en el fallo, quedan fuera del concepto de suposición falsa las conclusiones del juez con respecto a las consecuencias jurídicas del hecho, porque en tal hipótesis se trataría de una conclusión de orden intelectual que aunque errónea, no configuraría lo que la Ley y la doctrina entienden por suposición falsa...’”.

 

Con base a la anterior doctrina, esta Sala observa la falta de enfoque del formalizante en su planteamiento, por cuanto la denuncia aislada del artículo 12 del Código Adjetivo Civil, en innumerables oportunidades se ha señalado que ello es inadmisible, ya que la norma contenida en el referido artículo no está dirigida a solucionar el conflicto intersubjetivos de intereses de las partes en juicio, a menos que estemos frente a una denuncia por desviación ideológica del contrato, que no es la que se plantea en esta oportunidad, siendo lo anterior suficiente para desechar la denuncia, tampoco sostuvo como fue infringida la referida norma por causa de ese supuesto de error de percepción de los hechos que le acusa a la recurrida, como lo sería por falsa aplicación, falta aplicación o errónea interpretación, asimismo y con respecto a lo que el formalizante acusa como un hecho falsamente establecido, como lo es la condena del pago de los daños y perjuicios dándolos demostrados con pruebas que no aparecen en autos, no lo es por cuanto el mismo no se refiere a la afirmación de un hecho afirmativo y concreto sin sustento probatorio -que es el presupuesto para que exista la suposición falsa-, sino la conclusión que llegó el juez en su dispositivo al declarar con lugar la reconvención, asimismo tal y como lo sostuvo el formalizante en su denuncia, esos daños y perjuicios condenados por la recurrida, lo fueron de conformidad con el artículo 1.263 sustantivo, lo que presupone que los mismos se encuentran establecidos en el contrato de venta sobre el cual se demandó su cumplimiento. Así se establece.

En consecuencia, esta Sala declara improcedente la infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por suposición falsa. Así se decide.

D E C I S I Ó N

Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la actora, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en fecha 25 de abril de 2016.

Se CONDENA en costas del recurso extraordinario de casación a la actora recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. Particípese la presente remisión al juzgado superior de origen ya mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince (15) días del mes de marzo de dos mil diecisiete. Años: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.

 

Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

 

___________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

Vicepresidente,

 

 

 

___________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

Magistrado,

 

 

 

__________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

Magistrada,

 

 

 

________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

 

Magistrada,

 

 

 

_______________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

Secretario Temporal,

 

 

 

________________________

RICARDO ANTONIO INFANTE

 

 

 

Exp. AA20-C-2016-000508

 

Nota: Publicada en su fecha a las  (    )

 

 

 

Secretario Temporal,

 

 

 

 

 

Quien suscribe, Dr. GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ, en atención al contenido y alcance del artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno de este Alto Tribunal, en su carácter de Magistrado de esta Sala de Casación Civil, presenta voto concurrente en los términos siguientes:

En el presente caso, se declara sin lugar el recurso de casación intentado por la demandante reconvenida contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior segundo en lo Civil, mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, que declaró con lugar la reconvención por cumplimiento de contrato de opción de compra venta intentada por la demandada.

Ahora bien, aunque estoy de acuerdo con la declaratoria sin lugar del recurso de casación propuesto por la demandante ciudadana Zully Alejandra Farías Rojas, no es menos cierto que no estoy de acuerdo en lo expuesto por la Sala con relación a las normas denunciadas por la formalizante como presuntamente infringidas.

         En la ponencia, se decide acumular la resolución de las denuncias identificadas como III y IV.

Al respecto, se aprecia que en ambas denuncias por infracción de ley la recurrente acusa, la falta de aplicación de los artículos 1.879, 1.920 y 1.924 del Código Civil, constatándose de los alegatos transcritos que insiste en señalar, el incumplimiento de la vendedora de inscribir en el registro respectivo la liberación de hipoteca que pesaba sobre el inmueble objeto del contrato de compra venta señalando, lo siguiente:

“…al no estar registrado el documento de liberación de hipoteca del inmueble no le podía la recurrida darle valor probatorio y dejar como demostrado que la hipoteca estaba liberada, más aun cuando mi representada demostró con una certificación de gravamen emanada del Registro Público donde se encuentra registrado e inmueble, que sobre el mismo pesa una hipoteca de primer grado a favor de Bariven, S.A. Filial de Petróleos de Venezuela…”

 

Tal y como se desprende de los argumentos de la denuncia a los fines de demostrar su afirmación la formalizante alegó la consignación de “…certificación de gravámenes del Registro Público donde se encuentra registrado e inmueble…”, en la cual consta que sobre el inmueble objeto de la compra venta “…pesa una hipoteca de primer grado a favor de Bariven, S.A. Filial de Petróleos de Venezuela…”, instrumento que denunció no fue valorado por el sentenciador de alzada.

A tal efecto, las normas cuya presunta infracción denuncia, transcritas en el folio 16 de la sentencia, prevén, lo siguiente:

 

Artículo 1.879 del Código Civil: “… la hipoteca no tiene efecto si no se ha registrado, ni puede subsistir sino sobre bienes especialmente designados y por una cantidad determinada de dinero…”.

 

Artículo 1.920 del Código Civil, establece, que: “… deben registrarse los actos entre vivos, sea a título gratuito u oneroso, traslativo de propiedad de inmuebles o de otros bienes o derechos susceptibles de hipoteca…”.

 

Y finalmente, el artículo 1.924 del mismo Código adjetivo dispone, que: “…los documentos, actos y sentencias que la ley somete a las formalidades de registro, no tienen efectos contra terceros que por cualquier motivo hayan adquirido y conservado legalmente derechos, sobre el inmueble…”.

Por su parte, la Sala afirma que: “…ninguna de las normas delatadas en esta oportunidad, están referidas a la formalidad del registro de la liberación de la hipoteca para que pueda ser oponible a terceros…”.

Al respecto estimo, que aun cuando las normas presuntamente infringidas sí se corresponden con la formalidad de registro de la hipoteca a los fines de que pueda producir efectos frente a terceros, los alegatos esgrimidos por la formalizante resultan desacertados por cuanto para ella, el incumplimiento por parte de la vendedora de la obligación de liberar la hipoteca, la eximía de pagar el saldo restante de la deuda (cláusula tercera del referido contrato de opción de compra venta), cuando por el contrario, para que su acción prosperara estaba obligada a acreditar el pago pactado en la cláusula tercera del convención suscrita.

Queda así expresado el voto concurrente del Magistrado que suscribe.

Presidente de la Sala,

 

 

____________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

Vicepresidente,

 

 

 

__________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

 

Magistrado-concurrente,

 

 

 

_________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

Magistrada,

 

 

 

________________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

Magistrada,

 

 

 

________________________________

 MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

 

 

Secretario Temporal,

 

 

 

_________________________

RICARDO ANTONIO INFANTE

 

Exp. 2016-000758.

 

 

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