Sentencia N.º RC.000675
- Sentencia
- N.º RC.000675
- Fecha
- 02/11/2017
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 17-438
- Ponente
- Marisela Godoy Estaba
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
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SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. N° 2017-000438
Magistrada Ponente: MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA.
En el juicio por resolución de contrato de opción de compra venta, iniciado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Los Teques, por los ciudadanos LUIS ARMANDO PALACIOS RAMÍREZ y MIRNA MARILIN JIMÉNEZ DE PALACIOS, representados judicialmente por los abogados Luisa Elena López Quijada y Anneris José López Quijada, contra la ciudadana MARIELA MARTHINA ÁLVAREZ ANTOLINES, representada por los abogados José Francisco Santander López, Jesús Capote, Karent Andrea Santander Contreras y Alexandra del Carmen Ramírez Guayara; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 17 de abril de 2017, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, sin lugar la demanda por resolución de contrato, confesa la parte actora reconvenida, y como consecuencia de ello, con lugar la reconvención por cumplimiento de contrato. De esta manera, ordenó a los demandantes reconvenidos a realizar la venta definitiva del inmueble, y revocó el fallo del a quo de fecha 16 de septiembre de 2016, condenando en costas a la parte actora.
Contra el referido fallo de alzada, anunció recurso de casación la representación judicial de la parte demandante, el cual fue admitido y oportunamente formalizado e impugnación. No hubo réplica.
En fecha 25 de mayo de 2017, se dio cuenta en Sala y se asignó la ponencia a la Magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba.
Concluida la sustanciación del recurso de casación conforme a las previsiones contenidas en el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil y cumplidas como fueron las formalidades legales, quien suscribe el presente fallo pasa a decidirlo previa las siguientes consideraciones:
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
I
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se acusa la infracción por la recurrida de los artículos 4, 1.264 y 1.211 del Código Civil, por falta de aplicación.
El formalizante se fundamenta en lo siguiente:
Alego: ...En efecto, en ninguna de las cláusulas del contrato de OPCIÓN compraventa bilateral se estipuló que su cumplimiento, en relación al optante comprador estaba sujeto a la tramitación de un crédito hipotecario para el pago del saldo del precio. Consta de instrumento privado que LUIS ARMANDO PALACIOS y MIRNA MARILIN JIMÉNEZ DE PALACIOS, denominados por su parte LOS VENDEDORES,
celebraron OPCIÓN DE COMPRA con la Ciudadana MARIELA MARTINHA ALVAREZ ANTOUNES. venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad № V- 12.295.395, documento que se encuentra Autenticado en la Notaría Pública del Municipio Plaza, en fecha Veintiocho (28) de Febrero de 2013, anotado bajo el № 31, Tomo 55 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría. En el referido contrato constan las siguientes cláusulas entre otras: TERCERA: El precio de venta convenido entre las partes para la negociación es la cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ MIL BOLIVARES CON/00 (Bs 810.000.00) de los cuales "LA COMPRADORA" entrega en este acto a "LOS VENDEDORES", la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES CON/00 (Bs 200.000,00) y el saldo restante, es decir la cantidad de SEISCIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs 610.000,00) los cuales serán cancelados ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente. CUARTA: La cantidad dada en esta OPCIÓN en la cláusula anterior será imputable al precio definitivo de venta; en consecuencia el resto del precio, será pagado por "LA COMPRADORA" a "LOS VENDEDORES" en el acto de la protocolización del documento definitivo de COMPRA-VENTA... QUINTA: EL PRESENTE CONTRATO DE OPCIÓN COMPRA-VENTA, TIENE UNA DURACIÓN DE NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS MAS (30) DÍAS CONTINUOS. El artículo 1.264 del Código Civil regula las estipulaciones expresas en el ámbito contractual al establecer... Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas...Omissis
Por lo tanto. Acusó (sic) la falta de aplicación de los artículos 1.264 y 1.211 del Código Civil, pues en el contrato de opción bilateral de compraventa no se estipuló que el saldo pendiente del precio debía pagarse mediante un crédito hipotecario, el sentenciador violó dicha norma cuando aplicó estipulaciones adicionales que no existen en el mencionado contrato, pues señaló que éste seguía vigente a pesar de que culminó el plazo para la ejecución de la obligación con base en que, por lo que únicamente es necesario verificar si la demandada-reconviniente realizó todos los trámites correspondientes para obtener el dinero adeudado durante la vigencia del contrato y proceder a la protocolización de la venta definitiva para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la prenombrada Los Ciudadanos LUIS ARMANDO PALACIOS RAMÍREZ y MIRNA MARILIN JIMÉNEZ DE PALACIOS incumplieron su obligación de vender, aun cuando no tenían ningún derecho para desistir de tal compromiso, pues el hecho de haberse consumado el lapso contractualmente fijado no los liberaba del cumplimiento de las obligaciones adquiridas, se desprende que la prenombrada tramitó dos (2) créditos hipotecarios los cuales fueron aprobados el 16 de mayo de 2013, y 10 de junio del mismo año, respectivamente, es decir antes de finalización del contrato de opción de compra venta, motivo por el cual quien aquí suscribe de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Resolución № 11 del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat de fecha 05 de febrero de 2013 (G.O. 40115 de fecha 21 de febrero del 2013), del cual se desprende que "(...) En los contratos que tengan por objeto, bajo cualquier forma o modalidad, la adquisición de vivienda principal en el mercado segundario, en construcción o ya construidas, suscritos o por suscribirse por los sujetos comprendidos en el sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, solo se permitirá la retención, cobro o descuento de cuotas, alícuotas, porcentajes y/o sumas de dinero, basados en la aplicación de cláusulas penales o penalidades excesiva cuando exista responsabilidad comprobada de alguna de las partes, en el (resaltado añadido); puede afirmar que la demora en finiquitar la venta no le es imputable a la demandada-reconviniente como erróneamente lo afirmó el actor en su libelo de demanda, pues esta efectuó todas las gestiones pertinentes (tramitó y obtuvo tempestivamente la aprobación del crédito hipotecario a los fines de pagar el precio restante de la venta) e incluso cumplió con todas las obligaciones contractuales, siéndole de esta manera el retardo alegado imputable al tercero.-
El juzgador consideró la intervención del (sic) entes financieros pese como causa eximente de responsabilidad de los optantes compradores. estableció estipulaciones adicionales, inexistentes en la relación jurídica contractual, incurriendo en falta de aplicación de la normas jurídicas; precedentemente señaladas . Se evidencia del DOCUMENTO DE OPCION COMPRA-VENTA. Que el pago del precio no fue condicionado a la tramitación de crédito hipotecario alguno, siendo que mis representados jamás pactaron o acordaron que el precio de la venta dependía de un tercero ajeno a la relación. Que pudiera extender más allá el término fijado en el contrato de opción para su ejecución o extinción. Siendo significativo además que no existe ni motivas, ni pruebas, ni razonamiento lógico jurídico, en relación a cuáles son los hechos debidamente comprobados que constituyen según el decir de la juez el retardo de la protocolización del respectivo documento de propiedad, que se le imputen o dependan de un tercero en la relación.
Omissis
Concluyó el juez de alzada que el acuerdo de pago oportuno y su indivisibilidad establecida en el contrato fueron derogados por: a) La aplicación del Decreto № 11 dictado por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, de fecha 5 de febrero de 2013, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 40.115, de fecha 21 de febrero de 2013, pues estableció que el atraso del pago no es imputable a las partes y que fue responsabilidad de los terceros, Banco Mercantil, Ipasme y el Registro Subalterno. b) Los demandantes-reconvenidos no demostraron que la demandada-reconviniente haya incumplido con sus obligaciones adquiridas, e incluso no demostraron haber desplegado una actitud que permita a esta juzgadora inferir que tenían intención de vender el inmueble ofrecido en venta.
Ahora bien, el pronunciamiento del juez de alzada sobre el cumplimiento de lo convenido en el contrato por la demandada-reconviniente, se limitó a indicar:
Omissis
Concluyendo que el retraso en el documento de préstamo hipotecario para realizar el pago del saldo del precio se debió a terceros ajenos a la relación contractual, en virtud de la aplicación que realizó el juez del artículo 1 del Decreto №11, dictado por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, considerando que la conducta del demandado y la aplicación del referido decreta derogaron la obligación de pago oportuno e indivisible establecido en la opción bilateral de compraventa, ya que el atraso no es imputable a la parte demandada-reconviniente y por lo tanto sigue en vigencia el contrato sin más motivaciones o explicaciones y sin evidenciarse las supuestas causas del retraso en la protocolización imputados a los terceros considerando la intervención del (sic) entes financieros per se como causa eximente de responsabilidad de la demandada-reconviniente, sin presupuesto lógico.
Por tanto, si bien el juez de alzada analizó la conducta del demandado-reconviniente con respecto al contrato, no lo hizo con el actor-reconvenido, pues su obligación de efectuar el pago convenido la analizó sólo con base en la normativa contenida en referido Decreto № 11 dictado par el Misterio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, cuya aplicación era violatoria del artículo 4 del Código Civil, pues esta normativa es aplicable a los sujetos comprendidos en el SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT, tal como lo señala su artículo 1 y no estando estipuló que el cumplimiento en relación al optante comprador estaba sujeto a la tramitación de un crédito hipotecario para el pago del saldo del precio. Tal modalidad no estaba pactada y mal podía considerarse a la demandante-reconvenida como sujeto comprendido en el sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Por lo que debió aplicar los artículos 4, 1.264, 1.211 y 1.527 del Código Civil que se relaciona con la obligación que tienen las partes de cumplir los compromisos tales como fueron contraídos, de acuerdo con los términos establecidos en el contrato de promesa bilateral de compraventa, pues el cumplimiento del pago del precio convenido en ninguna cláusula del contrato se había establecido que iba a depender o estaría sujeta a una solicitud de crédito que pudiera extender o derogar el término fijado como momento para la ejecución o extinción de la obligación. Todo lo cual debió interpretar con estricta sujeción al artículo 4 de Código Civil, que le impone el deber de atribuirle a la Ley el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador, que no es sino la Hermenéutica Jurídica. En consecuencia solicito la declaratoria de procedencia de la infracción por falta de aplicación de tos artículos 4, 1.264, 1.211 y 1.527 del Código Civil. Todo lo cual ya fue resuelto por esta Sala en un caso análogo .
Para decidir, la Sala observa:
Alega el recurrente que el juez de alzada incurrió en la falta de aplicación de los artículos 4, 1.264, 1.211 y 1.527 del Código Civil, al declarar que el retraso en el pago del saldo del precio para la protocolización del documento de venta se debió a terceros ajenos a la relación contractual, de conformidad con el artículo 1° del Decreto N° 11, dictado por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, cuando en ninguna de las cláusulas del contrato de opción compra venta se estipuló que su cumplimiento, en relación al optante comprador estaba sujeto a la tramitación de un crédito hipotecario para el pago del saldo del precio .
Asimismo, alegó el formalizante que aplicó estipulaciones adicionales que no existen en el mencionado contrato, pues señaló que éste seguía vigente a pesar de que culminó el plazo para la ejecución de la obligación con base en que, por lo que únicamente es necesario verificar sí la demandada-reconviniente realizó todos los trámites correspondientes para obtener el dinero adeudado durante la vigencia del contrato y proceder a la protocolización de la venta definitiva , de lo que se infiere que pretende denunciar el primer caso de suposición falsa, por desviación ideológica del contrato objeto del presente juicio.
En cuanto al primer caso de suposición falsa, referida a atribuir a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, esta Sala en reiteradas oportunidades, ha señalado que el mismo tiene lugar cuando el juez afirma falsamente, por error de percepción o por olvido de que la verdad es la meta del proceso, que un documento o acta del expediente contiene determinadas menciones que le sirven para establecer un hecho, cuando lo cierto es que esas menciones no existen realmente y han sido creadas por la imaginación o por la mala fe del juzgador . (Ver sentencia Nº 60, de fecha 18 de febrero de 2008, reiterada en sentencia N° 222 de fecha 7 de abril de 2016).
Por otro lado, específicamente sobre los límites entre la interpretación de los contratos y la tergiversación o desnaturalización de la voluntad contractual, esta Sala ha establecido que El límite entre la soberana interpretación del contrato y la tergiversación o desnaturalización de la voluntad contractual está constituido por la compatibilidad de la conclusión del juez con el texto de la mención que se interpreta. Si el establecimiento de los hechos por el juez es compatible con la expresión de la voluntad de las partes, estamos en la esfera de la interpretación; si por el contrario, la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto, estaríamos en presencia de una desnaturalización del contrato . (Vid. sentencia N° 629, de fecha 12 de agosto de 2005, caso: Ana Teresa Pérez Vivas contra Fanny Sánchez y otro, exp. N° 05-205).
Ahora bien, la Sala ha establecido en relación con el vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, que la misma se verifica cuando el sentenciador deja de aplicar una norma jurídica vigente apropiada al caso. De lo anterior, se colige que la obligación del jurisdicente radica en la adecuación de los hechos alegados y probados en juicio a las normas jurídicas pertinentes, realizando el enlace lógico de una situación particular, con la previsión abstracta predeterminada en la ley. (Vid. Sentencia N° 665 de fecha 4 de noviembre de 2014, caso Banco Occidental de Descuento, C.A. Banco Universal contra Responsable de Venezuela, C.A. y otros).
A tal efecto resulta oportuno precisar el contenido de las normas denunciadas por falta de aplicación 4, 1.211, 1.264 y 1.527 del Código Civil:
Artículo 4.- A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador.
Cuando no hubiere disposición precisa de la Ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas; y, si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho .
Respecto a la interpretación del artículo antes transcrito, el autor Nerio Perera Planas. Obra: Código Civil Venezolano. Tercera Edición. Caracas-Venezuela. Pág. 20, establece: La interpretación apunta a la realización efectiva del Derecho. Algunos han pensado erróneamente la interpretación como el proceso de entender lo que unos textos legislativos u otras normas jurídicas quieren decir. Cuando contemplamos unas normas jurídicas como parte del orden jurídico positivo vigente, en lugar de verlas como productos cristalizados, las enfocamos como fuentes para nuevas proyecciones sobre los nuevos hechos, que la realidad social presenta. Desde ese punto de vista, las normas jurídicas, conjugadas con las realidades sociales siempre en renovación, tienen una dimensión dinámica, son criterios para la acción ulterior, renovada una y otra vez, constantemente a lo largo del tiempo". Luis Recasens Siches .
El artículo 1.211 del Código Civil, dispone:
El término estipulado en las obligaciones difiere de la condición en que no suspende la obligación, y sólo fija el momento de la ejecución o de la extinción de la misma ..
Conforme al artículo anterior, el término no suspende la existencia de la obligación, es decir, el nacimiento de ella, ni repone las cosas al estado que tenía como si la obligación no se hubiera jamás contraído, sino que, en un caso, aplaza el cumplimiento de la obligación, que ya tiene existencia, y en el otro, la extingue por el fenecimiento del plazo estipulado para su ejecución.
El artículo 1.264 del Código Civil, establece:
Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios, en caso de contravención .
De la norma antes transcrita el jurista Eloy Maduro Luyando, estableció que es el principio general y rector en materia de cumplimiento de las obligaciones y, como consecuencia del mismo, las partes deben cumplir esas obligaciones fielmente, al pie de la letra. El juez, en caso de controversia, condenará ineludiblemente al deudor a ejecutar la prestación, prescindiendo de criterios subjetivos que atemperen o mediaticen la ejecución de la obligación. (Vid. Curso de Obligaciones. Derecho Civil III, Séptima Edición, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 1989, pág. 545).
Y por último el artículo 1.527 del Código Civil, establece que:
La obligación del comprador es pagar el precio en el día y en el lugar determinados por el contrato ..
De conformidad con el artículo antes transcrito, pagar el precio es la obligación fundamental del comprador, tal como fue convenido en el contrato el día y la hora allí determinado.
Una vez analizado el contenido de las normas denunciadas por el recurrente como infringidas, a fin de verificar las aseveraciones expuestas por el formalizante, en cuanto al documento fundamental de la demanda como lo es el contrato de opción de compra venta, con el objeto de precisar sus estipulaciones para luego compararlo con lo que estableció el juez de alzada en relación a su contenido, por tal razón se pasa a transcribir el mismo en los siguientes términos:
Los ciudadanos LUIS ARMANDO PALACIOS RAMÍREZ y MIRNA MARILIN JIMÉNEZ DE PALACIOS venezolanos, mayores de edad, de estado civil casados ( ) quienes en lo adelante se denominaran LOS VENDEDORES por una parte, y por la otra, MARIELA MARTINHA ÁLVAREZ venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera ( ) quien en lo adelante se denominara LA COMPRADORA, se ha convenido en celebrar un contrato de OPCIÓN DE COMPRA-VENTA contenido en las siguientes cláusulas: PRIMERA:LOS VENDEDORES, Se comprometen a dar en Opción a Compra a LA COMPRADORA, y esta a su vez se obliga a comprar un inmueble propiedad de LOS VENDEDORES, Según consta de documento de propiedad Protocolizado ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Zamora del Estado Miranda en fecha 23 de Septiembre (sic) del 2004, Bajo (sic) el Nº 09, Tomo 21, Protocolo 1ero. SEGUNDA: El inmueble objeto de este contrato está constituido por una (1) vivienda unifamiliar destinada a vivienda, distinguida con el Nº H-1, Ubicada (sic) en el sector A del CONJUNTO RESIDENCIAL LA ROSA, en Guatire, en jurisdicción del Municipio Zamora del Estado Miranda, cuyos linderos, medidas y demás determinaciones consta suficientemente en el Documento de Condominio. El mencionado inmueble; tiene un área aproximada de SETENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (78.00 Mts2), y sus linderos son NORTE: Con fachada norte del módulo H; SUR: Con unidad H-2 ESTE: Con fachada del módulo H y OESTE: Con unidad H-3, Al inmueble descrito le corresponde una participación de Cero (sic) Enteros (sic) Novecientos (sic) Cincuenta (sic) Milésimas (sic) por ciento (0,950%) sobre los bienes comunes y las cargas de la comunidad de Propietarios (sic) y un (1) Puesto (sic) de estacionamiento distinguido con el Nro. H-1 con un superficie aproximada de Trece (sic) Metros (sic) Cuadrados (sic) con Setenta (sic) y cinco Decímetros (sic) cuadrados (13,75 mts2). TERCERA: El precio de venta convenido entre las partes para la negociación es la cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES CON/00 (Bs. 810.000,00), de los cuales LA COMPRADORA entregan (sic) en este acto a los LOS VENDEDORES, la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES CON/00 (Bs. 200.000,00) y el saldo restante, es decir la cantidad de SEISCIENTOS DIEZ MIL BOLIVARES (sic)(Bs. 610.000,00) los cuales serán cancelados ante la Oficina Subalterna del Registro correspondiente. CUARTA: La cantidad dada en esta OPCIÓN en la cláusula anterior será imputable al precio definitivo de venta; en consecuencia el resto del precio, será pagado por LA COMPRADORA a LOS VENDEDORES, en el acto de la protocolización del Documento definitivo de COMPRA-VENTA. QUINTA: El presente contrato de OPCIÓN COMPRA-VENTA, tiene una duración de (90) días continuos más (30) días continuos. SEXTA: Para el caso de que el documento definitivo de COMPRA VENTA no se protocolice dentro del lapso establecido, las partes de mutuo acuerdo establecen como cláusula indemnizatoria de los daños causados la suma de VEINTE MIL BOLÍVARES CON/00 (Bs. 20.000,00), si el documento no se otorga por causas imputables a LOS VENDEDORES, esta deberá reintegrar a la LA COMPRADORA la suma recibida en la cláusula tercera y cancelar adicionalmente la cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES CON/00 (B. 20.000,00), en caso dé que la causa fuese imputable a LA COMPRADORA esta perderá la cantidad de VEINTE MIL BOLÍVARES CON/00 (Bs. 20.000,00) de la suma entregada como reserva en la cláusula tercera, se entiende que los daños causados no requerirán demostraciones previas. SÉPTIMA: Todos los gastos de esta negociación así como los honorarios por redacción del documento hasta la venta definitiva serán por cuenta de LA COMPRADORA. LOS VENDEDORES se obligan a entregar el inmueble libre de todo gravamen, arrendamiento, litigios y completamente solvente en cuanto a servicios públicos . (Resaltado del texto). (Subrayado de la Sala) (f.f 9 al 11, de la pieza 1 de 2 del presente expediente).
De conformidad con la anterior transcripción, en la cláusula tercera se estableció que el precio de la venta es de OCHOCIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES CON/00 (Bs. 810.000,00), que pagó la compradora pago en ese acto DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES CON/00 (Bs. 200.000,00) y el saldo restante, es decir, la cantidad de SEISCIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 610.000,00), la cual sería cancelado en el acto de protocolización del documento definitivo de venta, asimismo, en la cláusula quinta las partes convinieron que la duración del contrato es de (90) días continuos más (30) días continuos y, en la cláusula sexta, que para el caso de que el documento definitivo de compra venta no se protocolice dentro del lapso fijado, señalaron como cláusula indemnizatoria de los daños causados la suma de veinte mil bolívares (Bs. 20.000,00). Siendo firmado ante la Notaría Pública del Municipio Plaza del estado Miranda en fecha 28 de febrero de 2013, inserto bajo el Nº 31, tomo 55 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría.
Respecto al contrato de opción de compra venta el juez de alzada estableció lo siguiente:
DEL FONDO DEL ASUNTO.
Así las cosas, resuelto lo que antecede y vistos los términos en los cuales quedó trabada la presente controversia, previa revisión de todas las probanzas consignadas por las partes en el decurso del proceso, debe pasarse de seguidas a verificar la procedencia o no del fondo de la demanda y reconvención intentada; y en virtud que, el presente juicio es seguido por RESOLUCIÓN DE CONTRATO, quien aquí suscribe considera pertinente establecer en primer lugar que éste tipo de acciones constituyen la facultad que tiene una de las partes intervinientes en un contrato bilateral, de pedir la terminación del mismo y en consecuencia ser liberada de su obligación, si la otra parte no cumple a su vez con la suya. En otras palabras, consiste en la terminación de un contrato bilateral motivado por el incumplimiento culposo de una de las partes que lo suscribió, ello a tenor de lo previsto en el artículo 1.167 del Código Civil, pues de dicha norma se desprende textualmente que:
Omissis
De igual forma, cabe indicar que la resolución se refiere a la disolución de un contrato válido como remedio a una situación sobrevenida con posterioridad al momento de la celebración del contrato, y que por lo mismo, autoriza con base en la expresa previsión de las partes (cláusula resolutoria expresa) o en la directa voluntad de la Ley (resolución legal), para que se impugne la eficacia del contrato con alcance retroactivo; de manera que, la resolución del contrato conlleva a una serie de efectos jurídicos, entre ellos, se destaca principalmente el carácter retroactivo y liberatorio de la sentencia que declara la resolución del contrato, colocándose las partes contratantes en la misma situación jurídica que tenían antes de contratar, como si el convenio jamás se hubiese celebrado.
Siguiendo con este orden de ideas y tomando en consideración lo antes expuesto, puede esta juzgadora determinar que los requisitos de procedencia para las acciones resolutorias, son necesariamente los siguientes: 1º Que el contrato jurídicamente exista; 2º Que alguna de las partes contratantes haya incumplido con sus obligaciones; y 3º Que el actor haya cumplido u ofrecido eficazmente cumplir con sus respectivos compromisos; ahora bien, adentrándonos a las circunstancias propias del caso de marras, quien aquí suscribe observa que:
1) Con respecto al primer requisito, puede afirmarse que éste hace referencia a la existencia jurídica del contrato que se pretende resolver; ahora bien, en el caso que nos ocupa no está en discusión la existencia del CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA VENTA objeto de la presente acción, pues ambas partes han manifestado categóricamente que el mismo existe. Por ende, partiendo de las anteriores consideraciones y en vista que, se comprueba de las actas procesales que ambas partes suscribieron un contrato de opción de compra venta (cursante al folio 9-11, I pieza) el cual fue debidamente autenticado ante la Notaría Pública del Municipio Plaza Guarenas del estado Miranda en fecha 28 de febrero de 2013, anotado bajo el No. 31, Tomo 55 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, del cual se desprende entre otras cosas- que los ciudadanos LUIS ARMANDO PALACIOS RAMÍREZ y MIRNA MARILIN JIMÉNEZ PALACIOS (aquí demandantes reconvenidos, en carácter de vendedores) se comprometieron a venderle a la ciudadana MARIELA MARTINHA ÁLVAREZ ANTOLINES (aquí demandada, en carácter de compradora), un inmueble de su propiedad constituido por una vivienda unifamiliar distinguida con el No. H-1, ubicada en el sector A del Conjunto Residencial La Rosa en Guatire, Municipio Zamora del estado Miranda, con un área aproximada de setenta y ocho metros cuadrados (78,00 mts2), por la cantidad OCHOCIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 810.000,00), pagadera de la siguiente manera: 1) La cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 200.000,00), al momento de la autenticación del documento, y 2) la cantidad de SEISCIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 610.000,00), al momento de la protocolización de la venta definitiva del inmueble, la cual se verificaría dentro del lapso de noventa (90) días continuos más treinta (30) días continuos; así mismo, las partes del presente litigio convinieron como cláusula indemnizatoria de los daños causados la suma de veinte mil bolívares (Bs. 20.000,00), debiendo los vendedores en el supuesto que el incumplimiento sea atribuible a ellos, reintegrar la suma recibida como reserva, más dicha cantidad, y si por el contrario el incumplimiento se debe a causas imputables a la compradora, ésta perdería la cantidad de veinte mil bolívares (Bs. 20.000,00) de la suma entregada como reserva; consecuentemente, debe tenerse por cumplido el primer requisito exigido para la procedencia de las acciones resolutorias, quedando entendido que la relación contractual que vincula a las partes intervinientes en el presente proceso se rige bajo las modalidades y los términos establecidos por ellas en dicha convención.- Así se precisa.
2) En cuanto al incumplimiento como segundo requisito, vale la pena destacar que este es uno de los de mayor relevancia a la hora de exigir la resolución de un contrato, el cual no se encuentra regulado de manera determinante en nuestra Legislación, que simplemente habla de incumplimiento en el texto del artículo 1.167 del Código Civil, norma que viene a ser el fundamento legal de la resolución de contrato; razón por la cual, quien aquí suscribe considera pertinente señalar que para PUIG PEÑA, el incumplimiento comprende aquella situación antijurídica que se produce cuando por la actividad culpable del obligado a realizar la prestación, no queda la relación jurídica satisfecha en el mismo tenor en que se contrajo, reaccionando el derecho contra aquél para imponerle las consecuencias de su conducta (Tratado de Derecho Civil Español, Tomo IV, volumen 1, p. 197, Bosh Barcelona, 1959).
Ahora bien, adentrándonos al caso de marras observamos que los demandantes incoaron la presente acción resolutoria bajo el fundamento de que la demandada en su carácter de futura compradora, no canceló la totalidad del precio convenido en el contrato de opción de compra en cuestión, a saber, ochocientos diez mil bolívares (Bs. 810.000,00), bajo la modalidad pactada; ahora bien, ante tal circunstancia es evidente, que en el presente caso estamos en presencia de un contrato de opción de compra venta, donde nuestra legislación sustantiva en el artículo 1.133 del Código Civil, define el contrato, como una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Así pues, con apego a lo previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que le atribuye a los jueces de instancia la interpretación de los contratos, observa que las partes intervinientes en el presente proceso desarrollaron en el contrato cuya resolución se persigue, específicamente en las cláusulas TERCERA y CUARTA, el precio de la venta del inmueble y la manera de cancelar el mismo (cursante a los folios 9-11, I pieza), en tal sentido resulta necesario transcribir lo pactado, lo cual se hace de seguida:
( )TERCERA: El precio de venta convenido entre las partes para la negociación es la cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ MIL BOLIVARES (sic) CON/00 (Bs. 810.000,00), de los cuales LA COMPRADORA entregan (sic) en este acto a los LOS VENDEDORES, la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (sic) CON/00 (Bs. 200.000,00) y el saldo restante, es decir la cantidad de SEISCIENTOS DIEZ MIL BOLIVARES (sic) (Bs. 610.000,00) los cuales serán cancelados ante la Oficina Subalterna del Registro correspondiente.
CUARTA: La cantidad dada en esta OPCION (sic) en la cláusula anterior será imputable al precio definitivo de venta; en consecuencia el resto del precio, será pagado por LA COMPRADORA a LOS VENDEDORES, en el acto de la protocolización del Documento (sic) definitivo de COMPRA-VENTA. ( ). (Resaltado del texto).
Ante el contenido de tales cláusulas es evidente, que deben tenerse presente una serie de principios generales que rigen en materia de contrato, el primero de ellos, relativo al principio de la fuerza vinculante del contrato, establecido, en el artículo 1.159 del Código Civil, donde se establece que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, lo cual, tiene un significado, por una parte de la tradición normativa que deviene de Códigos anteriores, desde el Código Napoleónico; y por otro lado, pone en alerta a los contratantes sobre la gravedad del acto que ellos tienen la intención de llevar a cabo. Es decir, que una vez celebrado el contrato, éste tiene carácter vinculante, y las partes no pueden desligarse del vínculo, sino es bajo determinada, precisas y excepcionales condiciones. Debiendo traerse a colación igualmente el principio de la buena fe que nos indica, que las partes deben comportarse con lealtad y corrección.
En este sentido, quien decide debe entonces precisar que en atención al labor de indagar la voluntad e intención de las partes contratantes al establecer determinadas obligaciones y derechos, las cuales además deben cumplirse exactamente como han sido contraídas (artículo 1.264 Código Civil), ello con el fin de mantener a las partes contratantes, la certeza de las relaciones jurídicas convenidas y sus consecuencias; observa que en el presente caso, se evidencia que ciertamente el precio de la venta por el inmueble objeto de la presente acción fue fijado por las partes contratantes en la cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 810.000,00), de los cuales la cantidad de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,00) según el contrato- fueron cancelados por la ciudadana MARIELA MARTINHA ÁLVAREZ ANTOLINES hoy demandada reconviniente-, al momento de la autenticación del contrato de opción de compra venta; estableciendo así las partes, que la suma pendiente de seiscientos diez mil bolívares (Bs. 610.000,00) serían pagaderos al momento de la protocolización de la venta definitiva del inmueble; no evidenciándose de esto que la referida cantidad adeudada estaba sujeta a alguna modalidad de pago.
A tal efecto, en la oportunidad para contestar la demandada, el apoderado judicial de la parte demandada-reconviniente, negó, rechazó y contradijo haber incumplido con su obligación de pagar el precio total de la venta del inmueble, señalando que el retardo en la protocolización de éste se debió por causas imputables a un tercero, en este caso, al Banco Mercantil, C.A., Banco Universal y al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (IPASME), quienes le aprobaron un crédito hipotecario para cumplir con la suma debida.
En este sentido, la ciudadana MARIELA MARTINHA ÁLVAREZ ANTOLINES hoy demandada reconviniente-, a los fines de sustentar sus dichos consignó a los autos MISIVA expedida en fecha 17 de mayo de 2013, por la Lic. CAROLA UGENCIO MÉNDEZ en su carácter de Coordinadora de Análisis de Crédito Hipotecario del Banco Mercantil, dirigida a la ciudadana MARIELA MARTINHA ÁLVAREZ ANTOLINES (folio 53, I pieza); SEGUIMIENTO HIPOTECARIO del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (IPASME) actualizado el 19 de septiembre de 2013, correspondiente al afiliado MARIELA MARTINHA ÁLVAREZ DE MORENO parte demandada reconviniente-(folio 54, I pieza), del cual se desprende que en fecha 11 de marzo de 2013, se realizó la solicitud de un crédito, el cual fuere aprobado el 10 de junio del mismo año; y, PRUEBA DE INFORMES dirigida al Banco Mercantil, C.A., Banco Universal (folio 97, I pieza); de las cuales se observa que ciertamente la prenombrada tramitó un crédito bancario ante dicha institución el cual fue aprobado el 16 de mayo de 2013, por un monto de doscientos cuarenta mil bolívares (Bs. 240.000,00), es decir, antes de la finalización del contrato de opción de compra venta, a saber, el 28 de junio de 2013. Sin embargo, como bien se ha venido delatando en el caso de marras las partes intervinientes no sujetaron ni establecieron en el contrato algún medio de pago especifico, únicamente señalaron que el mismo debía ser cancelado al momento de la protocolización de la venta definitiva, por lo que la falta de indicación en el contrato de que la futura compradora cancelaría la cantidad restante mediante un crédito hipotecario, no priva, limita ni prohíbe a ésta la posibilidad de haber solicitado, tramitado y obtenido créditos hipotecarios para cumplir con su obligación, tal y como desacertadamente lo afirmó el a quo, puesto que de tales actuaciones se desprende la intención de la compradora de realizar lo necesario para finiquitar el negocio jurídico celebrado; aunado a que resulta riguroso concluir que por no haber expresado por escrito las partes contratantes la tramitación de un crédito hipotecario, ello impediría al vendedor a no aceptar el dinero proveniente de tales instituciones financieras, y consecuentemente resolver el contrato, porque la principal obligación del comprador es pagar el precio en el día y en lugar determinados por el contrato (ver artículo 1.527 del Código Civil), por lo que únicamente era necesario verificar si la demandada-reconviniente realizó todos los trámites correspondientes para obtener el dinero adeudado durante la vigencia del contrato y proceder a la protocolización de la venta definitiva para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la prenombrada.- Así se precisa.
De este manera, la ciudadana MARIELA MARTINHA ÁLVAREZ ANTOLINES -parte demandada reconviniente-, expone en su contestación que el incumplimiento del contrato debió a que la mencionada entidad financiera, programó firmar el documento definitivo de venta ante el Registro Público en fecha posterior al vencimiento del contrato; por lo que al respecto debe precisarse que, ciertamente de la PRUEBA DE INFORMES dirigida al Banco Mercantil, C.A., Banco Universal (folio 97, I pieza) y del SEGUIMIENTO HIPOTECARIO del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (IPASME) (folio 54, I pieza), se desprende que la prenombrada tramitó dos (2) créditos hipotecarios los cuales fueron aprobados el 16 de mayo de 2013, y 10 de junio del mismo año, respectivamente, es decir, antes de la finalización del contrato de opción de compra venta, motivo por el cual quien aquí suscribe de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Resolución Nro. 11 dictada por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat en fecha 05 de febrero de 2013 (G.O. 40.115 de fecha 21 de febrero del 2013), del cual se desprende que (
) En los contratos que tengan por objeto, bajo cualquier forma o modalidad, la adquisición de vivienda principal en el mercado secundario, en construcción o ya construidas, suscritos o por suscribirse por los sujetos comprendidos en el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, solo se permitirá la retención, cobro o descuesto de cuotas, alícuotas, porcentajes y/o sumas de dinero, basados en la aplicación de cláusulas penales o penalidades excesivas, cuando exista responsabilidad comprobada de alguna de las partes, en el retardo de la protocolización del respectivo documento de propiedad, en ningún caso se considerará responsabilidad de las partes cuando el desembolso de los recursos para la protocolizar la venta del inmueble dependa de un tercero en la relación(resaltado añadido); puede afirmar que la demora en finiquitar la venta no le es imputable a la demandada-reconviniente como erróneamente lo afirmó el actor en su libelo de demanda, pues ésta efectúo todas las gestiones pertinentes (tramitó y obtuvo tempestivamente la aprobación del crédito hipotecario a los fines de pagar el precio restante de la venta) e incluso cumplió con todas sus obligaciones contractuales, siéndole de esta manera el retardo alegado imputable a terceros.- Así se precisa.
De esta manera, siendo que el contrato de opción de compra venta objeto del presente proceso no alcanzó su fin por cuanto los demandantes-reconvenidos, ciudadanos LUIS ARMANDO PALACIOS RAMÍREZ y MIRNA MARILIN JIMÉNEZ DE PALACIOS, incumplieron con su obligación de vender, aun cuando no tenían ningún derecho para desistir de tal compromiso, pues el hecho de haberse consumado el lapso contractualmente fijado no los liberaba del cumplimiento de las obligaciones adquiridas, en razón de que éstos fueron quienes no asistieron el día y la hora en que fue fijada la oportunidad para protocolizar la venta definitiva del inmueble objeto de la controversia; aunado a que, no puede atribuirse el retardo en la protocolización del documento definitivo de venta a la ciudadana MARIELA MARTINHA ÁLVAREZ ANTOLINES parte demandada reconviniente-, ello de conformidad con lo previsto en la Resolución Nº 11 del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, es por lo que este tribunal superior verifica que en el caso de marras no reúne el segundo requisito exigido para la procedencia de la presente acción resolutoria, referido al supuesto incumplimiento de la parte demandada-reconviniente con respecto a sus obligaciones.- Así se establece.
Ahora bien, en vista que los requisitos en cuestión deben cumplirse de manera concurrente, por lo que la falta de uno de ellos hace innecesario el pronunciamiento sobre los restantes requerimientos; y en virtud que el caso de autos -tal como se precisó en el particular que antecede- no reúne el segundo requisito exigido para la procedencia de la acción intentada, pues los demandantes-reconvenidos no demostraron que la demandada-reconviniente haya incumplido con sus obligaciones adquiridas, e incluso no demostraron haber desplegado una actitud que permite a esta juzgadora inferir que tenían intención de vender el inmueble ofrecido en venta, consecuentemente, esta alzada considera innecesario pasar a revisar la procedencia o no del tercer requisito exigido para el acaecimiento de las acciones de naturaleza resolutoria, resultando por vía de consecuencia IMPROCEDENTE en derecho la acción que fuere intentada por los ciudadanos LUIS ARMANDO PALACIOS RAMÍREZ y MIRNA MARILIN JIMÉNEZ DE PALACIOS contra la ciudadana MARIELA MARTINHA ÁLVAREZ ANTOLINES, por RESOLUCIÓN DE CONTRATO de opción de compra venta; todos ampliamente identificados en autos.- Así se establece.
Omissis
De conformidad con la precitada norma cuando el demandante no da contestación a la reconvención en el quinto día siguiente a la admisión de la misma, se le tendrá por confeso siempre y cuando la pretensión esgrimida en su contra, no sea contraria a derecho o no pruebe nada que lo favorezca. Dicho lo anterior, debe pasar a revisarse si en el caso de marras se reúnen o no los extremos requeridos para la procedencia de la figura en cuestión, a saber: 1) que el demandante reconvenido no diere contestación a la demanda, 2) que la petición del demandado reconviniente no fuera contraria a derecho y 3) que el demandante reconvenido nada probare que le favorezca.
Así las cosas, en cuanto al primer requisito referente a que la parte demandante-reconvenida no diese contestación a la reconvención, quien aquí suscribe partiendo de las actas que conforman el presente expediente, observa que ciertamente una vez admitida la reconvención mediante auto de fecha 4 de febrero de 2014, se fijó el término de cinco (5) días de despacho para que comparecieron a los fines de dar contestación a la misma, los cuales transcurrieron de la siguiente manera: 6, 7, 10, 11,12 y 13 de febrero de 2014, según cómputo inserto al folio 140 de la I pieza del presente expediente; desprendiéndose que los demandante reconvenidos no comparecieron por medio de si ni por medio de apoderado judicial alguno, sino por el contrario compareció el día 24 de abril del mismo año a los fines de solicitar la reposición de la causa al estado en que se le conceda el término de la distancia para contestar la reconvención; razón por la que se reúne tal extremo.- Así se precisa.
Así mismo, en cuanto al segundo requisito referido a que la petición de la demandada-reconvenida, no sea contraria a derecho, observa quien aquí decide que ésta persigue el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA VENTA debidamente autenticado ante la Notaría Pública del Municipio Plaza Guarenas del estado Miranda en fecha 28 de febrero de 2013, e inserto bajo el No. 31, Tomo 55 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría; suscrito entre los ciudadanos LUIS ARMANDO PALACIOS RAMÍREZ y MIRNA MARILIN JIMÉNEZ DE PALACIOS (en su carácter de vendedores) y la ciudadana MARIELA MARTINHA ÁLVAREZ (en su carácter de compradora),sobre un inmueble constituido por una (1) vivienda unifamiliar distinguida con el Nº H-1, ubicada en el sector A del Conjunto Residencial La Rosa en Guatire, jurisdicción del Municipio Zamora del estado Miranda; lo cual lejos de estar prohibido por la ley, se encuentra consagrado en el Código Civil en los artículos 1.159 y siguientes; razón por la que también se reúne el extremo en cuestión.- Así se precisa.
En lo que respecta al tercer supuesto de hecho de la norma que nos ocupa, esto es, que los demandantes reconvenidos nada prueben que les favorezca durante el lapso respectivo y exteriorice su rebeldía o contumacia en no dar contestación a la demanda, todo ello en el entendido de que la ley limita las pruebas que pueda aportar éste a desvirtuar los hechos alegados por el reconviniente como fundamento de la acción, pues éste solo podrá probar circunstancias que le favorezcan; quien aquí suscribe partiendo de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, observa que la parte demandante reconvenida una vez abierto el juicio a pruebas no aportó ningún elemento probatorio que desvirtuara lo pretendido por la demandada reconviniente ni que le favoreciera, por lo que se han producido los efectos jurídicos de la aceptación de la parte actora reconvenida, con respecto a las afirmaciones realizadas en la reconvención intentada, por lo que esta sentenciadora considera incumplida la carga que le impone el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, dándose los supuestos para que proceda la confesión ficta de la parte demandante reconvenida.- Así se precisa.
De esta manera, en vista que en el caso de marras se encuentran llenos todos los extremos indicados en el artículo 367 del Código Adjetivo Civil, debe tenerse por CONFESA a la parte demandante reconvenida, ciudadanos LUIS ARMANDO PALACIOS RAMÍREZ y MIRNA MARILIN JIMÉNEZ DE PALACIOS; y como consecuencia de ello, los prenombrados deberán realizar la venta definitiva de los derechos que le corresponden sobre un inmueble constituido por una vivienda unifamiliar distinguida con el No. H-1, ubicada en el sector A del Conjunto Residencial La Rosa en Guatire, Municipio Zamora del estado Miranda, con un área aproximada de setenta y ocho metros cuadrados (78,00 mts2).- Así se establece .
De conformidad con la transcripción de la sentencia recurrida, se evidencia que el juez de alzada estableció:
1) Que había quedado demostrado que las partes suscribieron un CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA VENTA, por un inmueble constituido por una vivienda unifamiliar distinguida con el No. H-1, ubicada en el sector A del Conjunto Residencial La Rosa en Guatire, Municipio Zamora del estado Miranda, con un área aproximada de setenta y ocho metros cuadrados (78,00 mts2), debidamente autenticado ante la Notaría Pública del Municipio Plaza Guarenas del estado Miranda en fecha 28 de febrero de 2013.
2) Que el precio pactado es por la cantidad OCHOCIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 810.000,00), pagadero de la siguiente manera: 2.1) La cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 200.000,00), al momento de la autenticación del documento, y 2.2) la cantidad de SEISCIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 610.000,00), al momento de la protocolización de la venta definitiva del inmueble.
3) Que el pago del precio se verificaría dentro del lapso de noventa (90) días continuos más treinta (30) días continuos; es decir, el 28 de junio de 2013, y que las partes convinieron como cláusula indemnizatoria de los daños causados la suma de veinte mil bolívares (Bs. 20.000,00).
4) Que la parte demandada no canceló el saldo pendiente de seiscientos diez mil bolívares (Bs. 610.000,00), que serían pagaderos al momento de la protocolización de la venta definitiva del inmueble.
5) Que la parte demandada alegó que el retardo en la protocolización se debió por causas imputables a un tercero, en este caso, al Banco Mercantil, C.A., Banco Universal y al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (IPASME), quienes le aprobaron un crédito hipotecario.
6) Que del análisis de la prueba de informes dirigida al Banco Mercantil, C.A., Banco Universal (folio 97, I pieza del presente expediente) y del seguimiento hipotecario del (IPASME) (folio 54, I pieza), se desprende que la prenombrada tramitó dos (2) créditos hipotecarios los cuales fueron aprobados el 16 de mayo de 2013, por la cantidad de doscientos cuarenta mil bolívares (Bs. 240.000,00) y 10 de junio del mismo año por la misma cantidad, respectivamente, es decir, antes de la finalización del contrato de opción de compra venta, a saber, el 28 de junio de 2013.
Concluyendo que con base en el artículo 1º de la Resolución Nro. 11 dictada por el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat en fecha 05 de febrero de 2013, la demora en finiquitar la venta no le es imputable a la demandada-reconviniente, pues ésta efectúo todas las gestiones pertinentes (tramitó y obtuvo tempestivamente la aprobación del crédito hipotecario a los fines de pagar el precio restante de la venta) e incluso cumplió con todas sus obligaciones contractuales, pero no se presentó a la protocolización la parte demandante vendedora, por lo que se declaró improcedente la demanda.
De la transcripción del contenido de contrato, la Sala evidencia que el lapso para el pago del saldo restante vencía tomando en cuenta los noventa (90) días continuos más los treinta (30) días continuos de prórroga, el 28 de junio de 2013, en ese mismo sentido se verifica que las partes no establecieron que el saldo del precio sería cancelado con crédito hipotecario que sería tramitado a través de dos Bancos, a saber, Banco Mercantil e IPASME.
En consecuencia, cuando el juez de alzada concluye que la demora en finiquitar la venta no le es imputable a la demandada-reconviniente como erróneamente lo afirmó el actor en su libelo de demanda, pues ésta efectúo todas las gestiones pertinentes (tramitó y obtuvo tempestivamente la aprobación del crédito hipotecario a los fines de pagar el precio restante de la venta) e incluso cumplió con todas sus obligaciones contractuales, siéndole de esta manera el retardo alegado imputable a terceros , lo hace infringiendo el artículo 1.264 del Código Civil, pues ello no fue acordado por las parte en el contrato objeto de la demanda, con lo cual además le causa un menoscabo al derecho de defensa de la parte ya que se evidencia que la aprobación de los créditos fue en fecha 16 de mayo de 2013, por el Banco Mercantil (f.f 53 de la pieza 1 de 2 del expediente) y en fecha 10 de junio del mismo año por IPASME, (f.f 54 de la pieza 1 de 2 del expediente), la notificación de la demandada a los demandantes en fecha 16 de agosto de 2013, (f.f 57 al 62) y la protocolización fue pautada en el Registro Público en fecha 13 de agosto de 2013 (f.f. 258 al 261 de la pieza 1 de 2), fechas para las cuales ya había sido interpuesta la presente demanda por resolución de contrato, es decir, el 6 de agosto de 2013.
Siendo esto determinante en el dispositivo del fallo, pues al darle validez al hecho de la notificación que le hiciera a la vendedora una vez vencido contrato de opción de compra venta, da por cumplida una obligación la cual ya estaba vencida, considerando que la conducta de la parte demandada y la aplicación del referido decreto deroga la obligación de pago oportuno e indivisible establecido en la promesa bilateral de compraventa, cuando de acuerdo a la cláusula quinta del contrato debía realizarse a los ciento veinte (120) días la firma del documento definitivo y su efectiva protocolización, es decir, antes de la fecha 28 de junio de 2013 en la que vencía el contrato supra indicado.
Razón por la cual evidencia la Sala que el juez de alzada, incurrió en desviación ideológica del contrato de opción de compra venta, en consecuencia, declara la procedencia de la infracción de los artículos 4, 1.211, 1.264 y 1.527 del Código Civil. Así se decide.
En aplicación del reciente criterio de esta Sala de Casación Civil al caso de autos, previsto en decisión N° 394, de fecha 21 de junio de 2017, caso: Colegio Humboldt, C.A., contra Inversiones Azm 44, C.A. y otra, y de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, declara innecesario entrar a conocer las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización. Así se establece.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación anunciado por la parte demandante, contra la sentencia proferida en fecha 17 de abril de 2017, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Los Teques. En consecuencia se declara LA NULIDAD de la sentencia recurrida y SE ORDENA al Juez Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
No ha lugar la condenatoria al pago de las costas del recurso dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.
Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al Tribunal Superior de origen, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil en Caracas, a los dos (2) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
Presidente de la Sala,
_______________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
Magistrado,
____________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
___________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretaria Temporal,
_________________________________
MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA
Exp. Nº AA20-C-2017-000438
Nota: Publicado en su fecha a las
Secretaria Temporal,
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