Sentencia N.º RC.000786
- Sentencia
- N.º RC.000786
- Fecha
- 29/11/2017
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 17-557
- Ponente
- Marisela Godoy Estaba
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. Nº 2017-000557
Magistrada Ponente: MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA.
En el juicio por cobro de honorarios profesionales derivados de actuaciones judiciales que sigue ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, el ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, en ejercicio de sus propios derechos e intereses contra los ciudadanos MARIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ de ORTA y DIEGO GABRIEL ORTA RODRÍGUEZ, representados judicialmente por el abogado Jhon Quintana Luque; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, dictó decisión en fecha 1° de junio de 2017, mediante la cual declaró: 1) sin lugar la apelación intentada por la parte actora contra la decisión del tribunal de primera instancia de fecha 24 de noviembre de 2016; 2) confirmó la sentencia apelada que había declarado que el abogado demandante tiene derecho a percibir honorarios profesionales por las actuaciones judiciales realizadas en el juicio mencionado; 3) condenó a los demandados a satisfacer los honorarios profesionales demandados hasta la cantidad de ochocientos mil bolívares más la indexación de esa suma; y, 4) exoneró de costas al recurrente.
Contra la precitada decisión, la parte intimante anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado oportunamente. No hubo impugnación.
Recibido el expediente en esta Sala, se dio cuenta del mismo en fecha 18 de julio de 2017, oportunidad en la que igualmente su Presidente asignó la ponencia a la magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba.
Concluida la sustanciación en fecha 3 de octubre de 2017 y cumplidas las formalidades de ley, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la magistrada que con tal carácter la suscribe, previas las siguientes consideraciones:
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
- I
Con apoyo en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, el formalizante delata la infracción, por errónea interpretación de los artículos 1.368 y 1.365 del Código Civil.
El formalizante textualmente expresa lo siguiente:
Con fundamento en el ordinal dos del artículo 313 del código (sic) de Procedimiento Civil y del artículo 320 del mismo código, denuncio la infracción de los artículos 1.368 y 1.365 del Código Civil.
En la página 08, línea 31 y siguiente de la sentencia, el sentenciador de segunda instancia establece: "En fecha 9 de agosto de 2016, fue presentado por ante el juzgado de la causa informe de experticia practicada por los expertos, ciudadanos PEDRO JAVIER LOLLET RIVERO, LUIS ALFREDO PINTO OROPEZA Y DULCE SÁNCHEZ del cual se desprende lo siguiente( Folios 104-109, II pieza del expediente): "(...) DOCUMENTO DUBITADO: un (1) documento redactado en hoja de papel bond blanco, de texto computarizado al anverso y reverso; mediante el cual los ciudadanos RAÚL EVENCIO ORTA ORTA, MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DE ORTA Y DIEGO GABRIEL ORTA RODRÍGUEZ, declaran que le deben al ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, la cantidad de un millón seiscientos mil bolívares (1.600.000), por concepto de honorarios profesionales, con una firma ilegible, original en la parte superior izquierda, acompañada de la impresión de sello húmedo, alusiva a "PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, abogada (sic).
( omissis )
Es decir la recurrida le da valor de documento privado a un documento no suscrito por quien se le opone, ni por más nadie que no sean los propios demandados que fueron los únicos que lo firmaron, a pesar que dentro de los que aparecen como supuestos otorgantes aparece una persona fallecida que por razones obvias estaba en la imposibilidad de hacerlo, fundamentando tal decisión en una experticia irregularmente realizada, al (sic) cual es falaz y tendenciosa, que ha debido desechar la recurrida, si la hubiese analizado, como era su deber y como se lo señalé en los informes consignados, prueba que será delatada como irregular en el cuerpo de ésta (sic) formalización.
Igualmente, la recurrida abundando en argumentos, que confirmen su aserto, de que los documentos privados se pueden suscribir en la parte superior izquierda del documento, afirma en el segundo párrafo de la página 17 de la sentencia, lo siguiente: "Al respecto, es de precisar que si bien es cierto el abogado PEDRO BETANCOURT LÓPEZ -aquí intimante- no firmó el contrato de honorarios profesionales mencionado al pie del mismo, no es menos cierto que se observa que éste estampó su firma en original en el borde superior del instrumento, lo que conlleva a deducir que necesariamente participó en la redacción de éste y por ende tuvo consentimiento del contenido allí explanado, en virtud de que, no sólo porque ha sido una práctica reiterada por los abogados litigantes estampar su firma o visar un documento en el que participaron al menos su elaboración sino que además, desconocer posteriormente ello -como así pretende el actor- contraviene los deberes institucionales del profesional de derecho previstos en el CÓDIGO DE ÉTICA DEL ABOGADO VENEZOLANO, el cual no sólo en su artículo 6, estable (sic) que la conducta privada del abogado debe ajustarse "...a las reglas del honor, de la dignidad y de la delicadeza propia del hombre honesto, sino que además sostiene en su artículo 16, que: "ningún abogado permitirá que sus servicios o bien su nombre sean usados de modo que personas legalmente desautorizada para el ejercicio del derecho puedan practicarlo. El abogado se abstendrá de suscribir y visar documentos en cuya redacción no haya participado ; por lo que sostener el ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, que el hecho de haber firmado el instrumento privado contentivo del pago de sus honorarios profesionales sólo en la parte superior del mismo, no implica una prueba de manifestación de voluntad, no comulga con sus deberes como abogado, puesto que -se repite aun cuando señala el prenombrado que nunca pactó el pago de sus honorarios con los hoy demandados, la circunstancia de haber suscrito el documento (independientemente del lugar) o haber visado el mismo, conlleva necesariamente a la conclusión de que participó en su redacción y conocía él (sic) contenido incluido en el instrumento."
En el párrafo siguiente la recurrida afirma: Aunado a ello, de la revisión efectuada a las actas se desprende que al momento en que le fue opuesto el contrato en cuestión por la parte demandada, el abogado intimante manifestó que negaba cualquier firma que pudiera haber en el documento como emanado de su persona, lo que comportó en consecuencia el desconocimiento como medio de impugnación del instrumento privado, ya que, en caso de considerar falso el contenido del documento debió -dependiendo de lo que cuestione- utilizar la vía de impugnación mediante la tacha de falsedad a que se refiere el artículo 1381 del Código Civil, lo que evidentemente no hizo, por lo que consecuentemente debe advertirse que el alegato de defensa del intimante se sostiene es (sic) en la ubicación de la firma que estampó en el documento más no en su contenido; y como quiera que de la prueba de cotejo evacuada en autos (cursante a los folios 104-109, II pieza), se determinó que ciertamente había firmado el documento, es por lo que el mismo debe tenerse como reconocido y consecuentemente, debe otorgársele todo el valor probatorio que de su contenido emane.- Así se precisa.
En este mismo orden, se observa además que el hoy demandante y recurrente tanto en el decurso del proceso como en esta instancia sostuvo que el contrato de honorarios profesionales en cuestión carecía de fecha y por ende no podía tener validez de conformidad con el artículo 1368 del Código Civil; al resto, (sic) es oportuno advertir que la referida norma invocada por el actor textualmente expresa lo siguiente:
( omissis )
De la transcrita disposición se desprende los requisitos que debe contener todo documento privado para su validez, a saber: 1) la suscripción o firma del obligado y, 2) la expresión en letra de la cantidad de dinero que una sola de las partes se obligue a otra a entregarle; por lo que entonces la indicación de una fecha de suscripción en un contrato privado no le resta eficacia a las obligaciones que adquieren sus firmantes, puesto que -se repite- solo se exige que el documento privado esté firmado y que se expresa (sic) en letras el monto a pagar, consecuentemente, debe desecharse del proceso lo afirmado por la parte recurrente en cuanto a lo resulto (sic) en el presente párrafo.- Así se precisa".
De esta manera viola la recurrida flagrantemente el artículo 1.368 del Código Civil, que doy aquí por reproducido, por una errónea interpretación del mismo, y el artículo 1.365 del mismo código el cual establece: Cuando la parte niega su firma o cuando sus herederos o causahabientes declaran no conocerla, se procederá a la comprobación del instrumento como se establece en el Código de Procedimiento Civil".
Indudablemente, que el documento opuesto por los demandados en la contestación de la demanda, no puede considerarse como un documento privado, simplemente porque carece de lugar y fecha de otorgamiento y ostensiblemente no fue suscrito por la persona a quien se le pretende oponer, ni por ninguna otra, a no ser por los demandados mismos, que lo hicieron en forma aviesa. Es imprescindible para que exista el documento privado, de acuerdo al artículo 1.368 del Código Civil, que el mismo esté suscrito por el obligado y por supuesto que tenga fecha y lugar del otorgamiento, ésta es indispensable a los fines de su existencia como tal documento, porque así, como la firma indica el autor, la fecha revela el donde y el cuándo de su formación ( Dr. Arístides Rengel Romberg, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo IV, páginas 159 y 160); en el mismo sentido FRANCESCO CARNELUTTI, en LA PRUEBA CIVIL (ediciones DEPALMA BUENOS AIRES, 2a edición, pagina 175, afirma:" La data del documento autógrafo consiste, precisamente, en la indicación del lugar y del tiempo de su formación.
Respecto de la data, ha de hacerse la misma advertencia que se hizo acerca de la suscripción, a saber: la de que es un elemento del documento y no de la declaración. Y así como quien declara no tiene necesidad de declarar que es él quien declara, porque la persona del declarante es indisoluble de la declaración en el acto de la misma, así tampoco no tiene necesidad de declarar en que lugar y en que tiempo declara, porque la circunstancia de lugar y de tiempo es igualmente indisoluble de la individualidad de la declaración. Pero quiera representar con el documento el hecho de la declaración acaecida en determinado lugar y tiempo, debe mencionar, sin embargo, este lugar y ese tiempo para vincular el documento, que es la huella y casi el residuo de la declaración, con la declaración misma.
La firma es afirmación de individualidad, pero sobre todo de voluntariedad, por eso se exige que sea puesto por la mano misma del interesado, que esté formada por esos rasgos personales que constituyen el modo habitual de hacerlo, y que sea colocada al pie del escrito careciendo de valor en el margen o a continuación del instrumento ya que no les alcanza la expresión cierta de voluntad. (Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XII, página 292).
Firma: nombre y apellido, o título, que se pone al pie de un escrito, para acreditar que procede de quien lo suscribe, para autorizar lo allí manifestado o para obligarse a lo declarado. Por eso es exigida a las partes o a sus representantes en la totalidad de los negocios jurídicos escritos: contratos, testamentos, actas y demás documentos públicos o privados que deban tener alguna eficacia. De carecer de las firmas, los escritos se consideran simples borradores o proyectos. (G. Cabanellas. Diccionario de Derecho Usual).
Por lo tanto, cuando el artículo 1.365 del Código Civil, se refiere a negar la firma, se refiere ineludible, lógica, jurídica, y gramaticalmente a la estampada al pie o al final del documento, como manifestación de voluntad de estar de acuerdo y obligarse a lo que allí se establece. Una interpretación diferente es atentar contra el sentido común, lo establecido en la ley y contra el significado gramatical, lógico y sistemático de las palabras, es realmente absurdo pensar que un documento privado se pueda firmar o suscribir como prueba de la manifestación de voluntad, arriba, antes del escrito o a un lado y no al pie del documento y pretender como valido un documento que aparte de estar únicamente firmado por los demandados, lo tengan ellos en su poder, enervando así e imposibilitando, que el acreedor pueda hacer uso de él para cobrar su acreencia.
Es conveniente resaltar que el referido documento privado fue únicamente suscrito por los demandados, no obstante que en el aparece como otorgante, Raúl Evencio Orta Orta, venezolano, mayor de edad, casado, cédula de identidad No. 2.109.986, quien murió el 14 de diciembre de 2013, a las 2,45 P.M, en Paracotos, estado Miranda como consta de Acta (sic) de Defunción (sic), No. 97, de fecha 15 de diciembre de 2013, que consigné en copia certificada marcada "A". Como es evidente el difunto tampoco suscribió el documento por razones obvias. A este hecho la recurrida no le otorga ninguna relevancia al extremo que ni siquiera toma en cuenta ni analiza el acta de defunción que como se dijo fue consignada en el expediente marcada "A" en el momento de desconocer el inexistente documento privado opuesto por los demandados en el acto de la contestación de la demanda, hecho al cual nos referiremos más adelante.
El visado de un documento por parte de un abogado es un requisito que exige el artículo 6 de la ley de abogado para que el mismo pueda ser otorgado ante un Registro Público o ante una Notaría, esa firma no forma parte del documento, sino que responde a una exigencia de la ley a los efectos de su otorgamiento ante un funcionario público, el abogado que visa no es otorgante del documento visado y la firma estampada en el visado no es manifestación de voluntad en cuanto al contenido del documento, es decir, no es prueba de ninguna manifestación de consentimiento. Los documentos privados no se visan, no es cierto como afirma la recurrida, que sea una práctica reiterada por los abogados litigantes estampar su firma cuando otorga un documento en la parte de arriba del documento, bien sabe un abogado elementalmente instruido que el consentimiento en el otorgamiento de cualquier documento, mucho más, cuando es un documento privado, se realiza con su firma en la parte final del documento, es decir, lo suscribe, lo otorga, sería un verdadero desaguisado, que lo suscribiera u otorgara estampando su firma en la parte de arriba, lo cual atentaría contra la seguridad que el otorgamiento de un documento requiere, porque es muy fácil que quien firma un documento arriba, la otra parte le agregue cualquier cosa que le convenga y sea inconveniente para los intereses del que haya dado su consentimiento en forma tan absurda, desprevenida e ilegal, por tanto una firma que se encuentre arriba fuera del texto del documento, no es prueba de la existencia del documento privado, porque es totalmente contrario a la ley, como ha quedado demostrado en el presente recurso, de allí, que los documentos otorgados se firman en la parte final del documento, es decir, se suscriben, los jueces suscriben las sentencias firmándola en la parte final de la misma; los actos administrativos se firman al final de los mismos, en fin es absurdo pensar que esos documentos jurídicos se firmen en la parte de arriba y no al final de los mismos, como lo señala el sentido común, por lo tanto no tiene ninguna pertinencia lo que establece la recurrida en este sentido y mucho menos que fundamente la sentencia en una prueba absolutamente irregular por falsa y tendenciosa, en cuanto a su objeto y otras indicaciones que en ella se hacen, que serán delatadas en otro punto de la presente formalización. Eso en el supuesto negado que yo hubiese visado dicho documento.
La infracción de los artículos 368 (sic) y 365 (sic) del Código Civil en la forma aquí delatada fue determinante en el dispositivo de la sentencia, porque en un inexistente documento privado, fundamentó la recurrida el dispositivo de la misma, lo cual anula la sentencia recurrida, por lo que pido expresamente a ese alto tribunal así sea establecido .
Del texto de la denuncia resulta claro que el formalizante le endilga a la recurrida la infracción de los artículos 1.368 y 1.365 del Código Civil, por errónea interpretación, alegando que la juez de última instancia le dio valor de documento privado a un instrumento no suscrito por quien se le opone, ni por más nadie que no sean los propios demandados que fueron los únicos que lo firmaron ( ) fundamentando tal decisión en una experticia irregularmente realizada, al (sic) cual es falaz y tendenciosa, que ha debido desechar la recurrida, si la hubiese analizado, como era su deber y como se lo señalé en los informes consignados .
Asevera que de acuerdo con el artículo 1.368 del Código Civil, para que exista el documento privado es indispensable ...que el mismo esté suscrito por el obligado y por supuesto que tenga fecha y lugar del otorgamiento, ésta es indispensable a los fines de su existencia como tal documento .
Sostiene que cuando el artículo 1.365 del Código Civil, hace mención a negar la firma se refiere ineludible, lógica, jurídica, y gramaticalmente a la estampada al pie o al final del documento, como manifestación de voluntad de estar de acuerdo y obligarse a lo que allí se establece .
Para decidir, la Sala observa:
La doctrina de la Sala sostiene que el error de interpretación de una norma se produce en la labor de juzgamiento de la controversia, específicamente, cuando el juez no le da a la norma correctamente elegida su verdadero sentido, haciendo derivar de ella consecuencias incompatibles con su contenido (Cfr. sentencia Nº 417 de 6 julio de 2016, juicio: Inversiones El Lindero, C.A. contra Alicia Ovalles de Mijares y otros).
Ahora bien, para el análisis de la presente denuncia, resulta pertinente pasar a transcribir los artículos 1.368 y 1.365 del Código Civil disponen, en ese orden, lo siguiente:
Artículo 1.368. El instrumento privado debe estar suscrito por el obligado, y, además, debe expresarse en letras la cantidad en el cuerpo del documento, en aquellos en que una sola de las partes se obligue hacia otra a entregarle una cantidad de dinero u otra cosa apreciable en dinero.
Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, y se tratare de obligaciones para cuya prueba se admiten testigos, el instrumento deberá estar suscrito por persona mayor de edad que firme a ruego de aquél, y, además, por dos testigos.
Artículo 1.365. Cuando la parte niega su firma o cuando sus herederos o causahabientes declaran no conocerla, se procederá a la comprobación del instrumento como se establece en el Código de Procedimiento Civil.
Los artículos denunciados y arriba copiados, forman parte de la respectiva sección del Código Civil que trata de los instrumentos privados y dejan claro que se establecieron para regular de una parte, las formalidades que han de cumplir los documentos privados y, de la otra, el desconocimiento de firma y el procedimiento aplicable.
Así pues, ha previsto el legislador mediante las normas trasuntas y para un caso como el que ahora ocupa la atención de la Sala, primeramente, que el instrumento privado debe estar suscrito por el obligado y, además, debe expresar en letras la cantidad en el cuerpo del documento cuando una sola de las partes se obliga frente a la otra a entregarle una cantidad de dinero u otra cosa apreciable en dinero; y, en segundo lugar, que cuando la parte niega su firma o cuando los herederos o causahabientes declaran no conocerla debe procederse a comprobarla según las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, con la finalidad de constatar si la censura del recurrente resulta veraz y visto que se apoya igualmente en la preceptiva del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que permite a la Sala revisar el documento privado que da soporte a la censura analizada, se considera necesario transcribir el mismo, y en tal sentido, se advierte que dicho instrumento, transcrito en su parte pertinente, es del tenor siguiente:
Nosotros, Raúl Evencio Orta Orta, María del Carmen Rodríguez de Orta y Diego Gabriel Orta Rodríguez ( ) por el presente documento declaramos: que le debemos a Pedro Betancourt López ( ) la cantidad de un millón seiscientos mil bolívares (Bs. 1.600.000,00) por concepto de honorarios profesionales causados por la asesoría prestada en el curso de la partición de la herencia dejada por Petra María del Carmen Orta de Orta, Evencio Orta Terán y Diego Nicanor Hipólito Orta Orta ( ) como también por las actuaciones profesionales causadas durante el juicio de partición de la herencia que se llevó a efecto en el Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, expediente No. JMS1-3116-12, que comenzó por demanda introducida el 03 de mayo de 2011 y culminó con partición realizada por las partes ante el mismo tribunal en fecha 10 de diciembre de 2012. De la suma de un millón seiscientos mil bolívares con 00/100 (Bs. 1.600.000,00) le corresponde pagar a Raúl Evencio Orta Orta, la cantidad de ochocientos mil bolívares con 00/100 (Bs. 800.000,00) y a María del Carmen Rodríguez de Orta y a Diego Gabriel Orta Rodríguez, la cantidad de ochocientos mil bolívares con 00/100 (Bs. 800.000,00), sumas estas que serán pagadas en el curso del año siguiente al tener cualquiera de nosotros, copia certificada de la partición realizada, con la respectiva homologación del tribunal y los planos que se agregaron a la misma en el momento de su firma, como el oficio del tribunal (sic) Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito (sic), Los Teques, Circunscripción Judicial del estado Miranda, Expediente (sic) 11603, donde le participa al Registro Público la suspensión de las medidas preventivas decretadas en ese expediente ( ). Y yo, Pedro Betancourt López, ya identificado, acepto el pago de los honorarios profesionales arriba especificados en la forma indicada .
De la precedente transcripción del contrato objeto del presente juicio, permite observar que en su parte superior izquierda, antes del texto trasunto, aparece un visado, con una firma ilegible estampada sobre el nombre impreso Pedro Betancourt López, debajo de ese nombre la palabra Abogado y más abajo la palabra y número INPREABOGADO 8565, para seguir luego con el texto del instrumento, conforme al cual, los demandados junto a un tercero, declaran deberle al intimante por honorarios profesionales, la suma de un millón seiscientos mil bolívares, cuyo monto dividen en dos porciones, de ochocientos mil bolívares cada una, asumiendo los aquí demandados una de las dos partes como fue dividida la obligación; inmediatamente, se escribió una frase que cierra el texto señalando una aceptación de los términos como fue ofrecido el pago en cuestión. Seguidamente, al final del texto trasunto, aparecen dos firmas ilegibles, que ambas partes aceptan como de los demandados.
Ahora bien, el artículo 6 de la Ley de Abogados textualmente establece lo siguiente:
Artículo 6. Los Jueces, los Registradores, los Notarios y los Inspectores Fiscales se abstendrán de protocolizar o dar curso a escrituras contentivas de actos traslativos o declarativos de la propiedad de bienes, títulos supletorios, documentos relativos a constitución o liberación de gravámenes, contratos de cualquier naturaleza, poderes, documentos que deban inscribirse en el Registro de Comercio, declaraciones de herencia y en general toda especie de escrituras que versen sobre cualquier derecho, si dichos documentos no han sido redactados por un abogado en ejercicio.
Cuando se pretenda que un documento redactado en el extranjero surta efecto en Venezuela, deberá ser visado por un abogado en ejercicio en el país.
Si uno de los otorgantes es abogado, o cuando su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos tengan participación directa en el asunto, podrá redactar el documento aunque no se encuentre en ejercicio.
De la preceptiva del artículo 6 de la Ley de Abogados transcrito ut retro, se entiende que el visado en un documento significa redacción del instrumento, pues, no puede expresar idea distinta la frase si dichos documentos no han sido redactados por un abogado en ejercicio , que cierra el encabezamiento de ese precepto, refiriéndose al mandado de abstención de los funcionarios públicos ahí mencionados de dar curso a escrituras que no hayan sido redactadas por abogados, reforzando ese concepto el supuesto normativo de los apartes siguientes de la norma cuando refieren, el primero -aunque establece una excepción-, que el documento redactado en el extranjero deberá ser visado por un abogado en ejercicio en el país , y el último, la hipótesis de cuando uno de los otorgantes es abogado, o familiares de éste que tengan participación directa en el asunto, entonces podrá el abogado redactar el documento aunque no se encuentre en ejercicio .
De tal manera, del referido instrumento, se entiende perfectamente que la persona que escribió su texto, es el abogado intimante, pues, el visado así lo evidencia, por lo que teniendo participación directa en el asunto, la conclusión necesaria es que estaba de acuerdo con los términos como él mismo redactó el documento.
Al respecto, la sentencia recurrida estableció sobre este específico asunto, lo siguiente:
Ahora bien, siendo que de las resultas de la prueba de cotejo, específicamente del informe de la experticia grafotécnica se desprende que la firma plasmada en la presente documental en la parte superior izquierda pertenece al ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ -intimante-, quien aquí decide lo tiene por reconocido de conformidad con lo previsto en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil y le confiere pleno valor probatorio, como demostrativo de que los aquí intimados se comprometieron a pagar a favor del aquí intimante la cantidad de OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 800.000,00) por concepto de concepto (sic) de honorarios profesionales causados por la asesoría prestada en el curso de la partición de la herencia dejada por Petra María del Carmen Orta de Orta, Evencio Orta Terán y Diego Nicanor Hipólito Orta Orta y las actuaciones profesionales causadas durante el juicio de partición de la herencia que se llevó a efecto en el Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, expediente No. JMS1-3116-12, que comenzó por demanda introducida el 3 de mayo de 2011 y culminó con partición realizada por las partes ante el mismo tribunal en fecha 10 de diciembre de 2012, la cual sería exigible en el curso del año siguiente al tener cualquiera de los aquí intimados copia certificada de la partición realizada, con la respectiva homologación del tribunal y los planos que se agregaron a la misma en el momento de su firma más el oficio emanado del tribunal de la causa, donde le participa al registro público la suspensión de las medidas preventivas decretadas en ese expediente.- Así se establece.
( Omissis )
Estando dentro de la oportunidad procesal para la presentación del ESCRITO DE INFORMES ante esta alzada, se evidencia de autos que en fecha 21 de marzo de 2017, la PARTE INTIMANTE señaló -entre otras cosas- que el documento consignado por la contraparte, no puede considerarse como privado por cuanto carece de fecha y ostensiblemente no fue suscrito por la persona a quien se le pretende oponer, por lo que el a quo -a su decir- incurrió en una suposición falsa cuando afirma que el mencionado instrumento fue suscrito por su persona; asimismo, sostuvo que es falso que haya pactado honorario alguno con los demandados, y que además debe tenerse como no existente el referido documento que pretenden oponerle como emanado de su persona. Seguidamente, señaló que el informe presentado por los expertos es falaz y tendencioso y que todo lo alegado en la demanda se encuentra probado siendo -a su decir-, falso todo lo afirmado por los demandados en la contestación de la demanda, por lo que la demanda debe ser declarada con lugar y se debe establecer que el monto a pagar asciende a la cantidad de cinco millones treinta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve bolívares con noventa y nueve céntimos (Bs. 5.037.499,99), más la corrección monetaria.
( Omissis )
Ahora bien, adentrándonos a las circunstancias propias del caso de marras, podemos observar que si bien la parte intimada reconoce el derecho del abogado PEDRO BETANCOURT LÓPEZ de percibir sus honorarios profesionales por las actuaciones que hubiere realizado en sus nombres en el juicio que por partición de herencia fuere incoado ante el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda en fecha 3 de mayo de 2011, niegan el monto por el cual estima los mismos, en virtud de la existencia de un contrato de honorarios profesionales consignado conjuntamente con la contestación a la demanda (cursante al folio 13, II pieza); sin embargo, la referida documental fue desconocida por el abogado intimante, para lo cual los demandados promovieron la respectiva prueba de cotejo, evidenciándose que del INFORME rendido por los expertos designados (cursante a los folios 104-109, II pieza), se concluyó que la firma producida en la parte superior izquierda del documento fue emanada por el abogado PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, es decir, corresponde a su autoría escritural. En esta oportunidad, debe advertirse que en el escrito de informes presentado ante esta alzada la parte recurrente manifestó que no puede tenerse válido el documento contentivo del acuerdo en el pago de sus honorarios profesionales, por cuanto -a su decir- es ( .) absurdo pensar que un documento privado se pueda firmar o suscribir como prueba de la manifestación de voluntad, arriba, antes del escrito o a un lado y no al pie del documento ( ), es decir, la parte intimante sostiene que el hecho de haber firmado -por cuanto así fue reconocido en la prueba de cotejo- el documento en cuestión en su parte superior izquierda donde se lee el nombre Pedro Betancourt López Abogado INPREABOGADO 8565, ello no implica que el mismo haya emanado de su persona, puesto que afirma que para ello debe necesariamente ser firmado el documento en su parte in fine o al final de su contenido.
Al respecto, es de precisar que si bien es cierto el abogado PEDRO BETANCOURT LÓPEZ -aquí intimante- no firmó el contrato de honorarios profesionales mencionado al pie del mismo, no es menos cierto que se observa que éste estampó su firma en original en el borde superior del instrumento, lo que conlleva a deducir que necesariamente participó en la redacción de éste y por ende tuvo consentimiento del contenido allí explanado, en virtud de que, no sólo porque ha sido una práctica reiterada por los abogados litigantes estampar su firma o visar un documento en el que participaron al menos su elaboración sino que además, desconocer posteriormente ello -como así pretende el actor- contraviene los deberes institucionales del profesional del derecho previstos en el Código de Ética del Abogado Venezolano, el cual no sólo en su artículo 6, establece que la conducta privada del abogado debe ajustarse a las reglas del honor, de la dignidad y de la delicadeza propia del hombre honesto, sino que además sostiene en su artículo 16, que: Ningún abogado permitirá que sus servicios o bien su nombre sean usados de modo que personas legalmente desautorizadas para el ejercicio del Derecho puedan practicarlo. El abogado se abstendrá de suscribir y visar documentos en cuya redacción no haya participado. (resaltado añadido); por lo que sostener el ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, que el hecho de haber firmado el instrumento privado contentivo del pago de sus honorarios profesionales sólo en la parte superior del mismo, no implica una prueba de manifestación de voluntad, no comulga con sus deberes como abogado, puesto que -se repite- aun cuando señala el prenombrado que nunca pactó el pago de sus honorarios con los hoy demandados, la circunstancia de haber suscrito el documento (independientemente del lugar) o haber visado el mismo, conlleva necesariamente a la conclusión de que participó en su redacción y conocía el contenido incluido en el instrumento.
Aunado a ello, de la revisión efectuada a las actas se desprende que al momento en que le fue opuesto el contrato en cuestión por la parte demandada, el abogado intimante manifestó que negaba cualquier firma que pudiera haber en el documento como emanado de su persona, lo que comportó en consecuencia el desconocimiento como medio de impugnación del instrumento privado, ya que, en caso de considerar falso el contenido del documento debió -dependiendo de lo que cuestione- utilizar la vía de impugnación mediante la tacha de falsedad a que se refiere el artículo 1.381 del Código Civil, lo que evidentemente no hizo, por lo que consecuentemente debe advertirse que el alegato de defensa del intimante se sostiene es en la ubicación de la firma que estampó en el documento más no en su contenido; y como quiera que de la prueba de cotejo evacuada en autos (cursante a los folios 104-109, II pieza), se determinó que ciertamente había firmado el documento, es por lo que el mismo debe tenerse como reconocido y consecuentemente, debe otorgársele todo el valor probatorio que de su contenido emane.- Así se precisa.
En este mismo orden, se observa además que el hoy demandante y recurrente tanto en el decurso del proceso como en esta instancia sostuvo que el contrato de honorarios profesionales en cuestión carecía de fecha y por ende no podía tener validez de conformidad con el artículo 1.368 del Código Civil; al resto, es oportuno advertir que la referida norma invocada por el actor textualmente expresa lo siguiente:
( Omissis )
De la transcrita disposición se desprende los requisitos que debe contener todo documento privado para su validez, a saber: 1) la suscripción o firma del obligado y, 2) la expresión en letras de la cantidad de dinero que una sola de las partes se obligue a otra a entregarle; por lo que entonces la indicación de una fecha de suscripción en un contrato privado no le resta eficacia a las obligaciones que adquieren sus firmantes, puesto que -se repite- sólo se exige que el documento privado esté firmado y que se expresa en letras el monto a pagar; consecuentemente, debe desecharse del proceso lo afirmado por la parte recurrente en cuanto a lo resulto (sic) en el presente párrafo.- Así se precisa.
Asimismo, el abogado PEDRO BETANCOURT LÓPEZ -aquí intimante-, es (sic) su escrito de informes presentado ante esta alzada, denunció como falaz y tendencioso el informe presentado por los expertos designados en la prueba de cotejo promovida por la parte demandada, señalando en esa oportunidad una serie de desaciertos y errores materiales en el mencionado informe; a tal efecto, debe señalar que de conformidad con el artículo 446 del Código de Procedimiento Civil, El cotejo se practicará por expertos con sujeción a lo que se previene en el Capítulo IV de este Título, de lo que se deduce entonces que las reglas y principios relativos a la prueba de experticia en general gobiernan la prueba grafológica, por ello debe tenerse en cuenta que los expertos cotejadores de firmas, deben circunscribirse al examen de los hechos exclusivamente, determinando sus causas y deduciendo la consecuencia o conclusión del dictamen a partir de sus observaciones y constataciones, sin extenderse a calificaciones jurídicas, o a calificaciones que no están soportadas en los hechos objetivamente considerados; de este modo, vista la supletoriedad de las reglas generales sobre experticia en aquellos aspectos que no tuvieran una regulación especial al momento de evacuar la prueba de cotejo, debe necesariamente traerse a colación entonces el artículo 468 eiusdem, el cual textualmente señala:
( Omissis )
De lo que precede, se observa que el legislador previno la posibilidad de que cualquiera de las partes, pudiera solicitar aclaraciones o ampliaciones de las experticias realizadas, lo que si bien no se dirige a impugnar éstas para que sean anuladas por el juez, tiene como fin obtener el complemento del dictamen o una mayor explicación del mismo; de este modo, de la revisión efectuada a las actas procesales se evidencia que el informe de la prueba de cotejo fue consignada a los autos por los expertos designadas en fecha 9 de agosto de 2016 (folios 104-109, II pieza), desprendiéndose que si bien el abogado PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, compareció en fecha 12 de agosto del mismo año y consignó escrito ante el tribunal de la causa (folios 110-113, II pieza), se evidencia del mismo que aun cuando señaló ciertas observaciones al informe referido, no solicitó al juez que se ordenara a los expertos aclarar o modificar punto alguno en el dictamen, sino únicamente realizó las reflexiones que a bien tuvo a considerar. Por consiguiente, si lo pretendido por el prenombrada (sic) abogado en su escrito de informes presentado ante esta alzada, es la impugnación del dictamen pericial por existir errores materiales en el mismo, se le debe indicar que debió solicitar la aclaratoria o modificación de ellos en su debida oportunidad de conformidad con el artículo 468 del Código de Procedimiento Civil, y no en esta instancia, por lo que consecuentemente, se DESECHA del proceso los alegatos expuestos por la parte recurrente referentes a las observaciones que hiciere al informe rendido en virtud de la prueba de cotejo practicada.- Así se precisa.
En este mismo orden, sentado lo que antecede y circunscribiéndonos en el presente asunto, se tiene entonces que cursa en autos contrato de honorarios profesionales celebrado entre el ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ y los ciudadanos MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DE ORTA y DIEGO GABRIEL RODRÍGUEZ ORTA, el cual en virtud del principio de obligatoriedad de los contratos consagrado en el artículo 1.159 del Código Civil, tienen fuerza de ley entre las partes, y por consiguiente, se desprende de su contenido lo siguiente (cursante al folio 13, II pieza):
( Omissis )
Del contrato en cuestión se desglosa entonces que el abogado aquí intimante convino con la parte accionada en el pago de sus honorarios profesionales por, a) la asesoría prestada en el curso de la partición de la herencia dejada por los causantes, Petra María del Carmen Orta de Orta, Evencio Orta Terán y Diego Nicanor Hipólito Orta Orta, y b) por las actuaciones profesionales causadas durante el juicio de partición de la herencia que se llevó a efecto en el Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, expediente No. JMS1-3116-12, que comenzó por demanda introducida el 3 de mayo de 2011 y culminó con partición realizada por las partes ante el mismo tribunal en fecha 10 de diciembre de 2012; estimando el monto de dichos honorarios en la cantidad de MILLÓN SEISCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.600.000,00), de los cuales sólo le correspondía pagar a los ciudadanos MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DE ORTA y DIEGO GABRIEL ORTA RODRÍGUEZ -aquí intimados-, la cantidad de OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 800.000,00), observándose que las referidas actuaciones judiciales corresponden a las mismas que el intimante reclama en su libelo de demanda.
Asimismo, de la revisión a las probanzas consignadas en el presente expediente, se desprende que el demandante consignó las siguientes documentales conjuntamente con libelo de demanda: 1) ACTUACIONES cursantes en el expediente signado con el No. JE-3116-11, de la nomenclatura interna del Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, contentivo de la acción de PARTICIÓN incoada por el abogado PEDRO BETANCOURT LÓPEZ -aquí intimante-, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos RAÚL EVENCIO ORTA ORTA, MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DE ORTA y DIEGO GABRIEL ORTA RODRÍGUEZ -los últimos dos, intimados en la presente causa- en contra de los ciudadanos Demetrio Arístides Almeida Hernández y Steehen José y Frandy Victoria Almeida Milán (folios 7-48, I pieza del expediente), ello como demostrativo de las actuaciones que realizó el demandante en el referido proceso de partición ante el juzgado conocedor de la causa en primera instancia; 2) ACTUACIONES cursantes en el expediente signado con el No. 12-7803, de la nomenclatura interna del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Miranda contentico (sic) del RECURSO DE HECHO interpuesto por el abogado PEDRO BETANCOURT LÓPEZ -aquí intimante-, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Raúl Evencio Orta Orta, MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DE ORTA y DIEGO GABRIEL ORTA RODRÍGUEZ contra el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Circunscripción Judicial (folios 49-56, I pieza del expediente), ello como demostrativo de que el abogado aquí intimante, ejerció recurso de hecho ante el referido juzgado superior en el juicio que por partición fuere incoado en nombre de sus representados contra los ciudadanos Demetrio Arístides Almeida Hernández y Steehen José y Frandy Victoria Almeida Milán; y 3) DILIGENCIA presentada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Miranda en fecha 4 de julio de 2012, por el abogado PEDRO BETANCOURT LÓPEZ -aquí intimante-, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, mediante la cual se da por notificado de la sentencia de fecha 18 de junio de 2012, y solicita corrección de error material (folio 60, I pieza del expediente).
De este modo, de las referidas documentales se puede verificar la existencia de la actuación judicial por parte del demandante en el juicio señalado, es decir, que efectivamente desarrolló actividades judiciales producto del ejercicio de la profesión del derecho, hechos estos que naturalmente encuadran en lo previsto en el encabezamiento del artículo 22 de la Ley de Abogados, por lo que se debe necesariamente reconocer el derecho al abogado PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, a percibir honorarios profesionales en los términos previstos en el contrato privado suscrito entre las partes, en virtud de haber quedado expresamente demostrado durante el proceso los límites de la controversia como lo son: a) la existencia de una relación contractual y, b) la actividad judicial realizada por el prenombrado con ocasión de la misma. Por consiguiente, en aras de una correcta administración de justicia, y en virtud del principio procesal reformatio in peius, que emerge a propósito de la conducta del jurisdicente que desmejora la condición del apelante, sin que haya mediado el ejercicio del precitado recurso por parte contraria, es por lo que debe declararse que el abogado en ejercicio anteriormente mencionado ciertamente tiene derecho a percibir honorarios profesionales por las actuaciones realizadas en el procedimiento que por partición incoara en nombre de los ciudadanos MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ de ORTA y DIEGO GABRIEL ORTA RODRÍGUEZ -parte intimada-, hasta la suma de OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 800.000,00), ello en atención a lo convenido por las partes en el contrato de servicios profesionales de abogado.- Así se establece.
Seguidamente, se observa que en el libelo de demanda la parte actora solicitó la corrección monetaria de la cantidad ordenada a pagar (
) a partir de la intimación que se haga a los demandados hasta su definitiva cancelación (
); en efecto, debe dejarse sentado que el parámetro inicial de referencia para calcular la indexación, en ningún caso puede ser anterior a la admisión de la demanda, pues podría ocurrir que el demandante pretenda aumentar su acreencia, y como parámetro final para dicho cálculo, debe tenerse la oportunidad en que la sentencia quede definitivamente firme (Vd. SCC N° 257, 22/05/2013, caso: Corporación L´Hotels, C.A. contra Banesco Banco Universal, C.A.); por consiguiente, con apego a lo antes señalado quien aquí suscribe considera que la cantidad condenada a pagar en el particular que antecede, deberá ser INDEXADA desde la fecha en que fue admitida la demanda, esto es, en fecha 20 de junio de 2014, hasta la fecha en que quede definitivamente firme el presente fallo, cabe acotar que dicho cálculo deberá ser realizado mediante experticia complementaria al fallo conforme a lo previsto en el artículo 249 del Código Adjetivo, debiendo el experto contable que se designe tomar en cuenta los índices de precios al consumidor (IPC) publicados por el Banco Central de Venezuela.- Así se decide
.
Se aprecia, de la lectura de aquellos párrafos, que la juez de alzada delimitó el punto a que se contrae la denuncia del recurrente, indicando primeramente que de las resultas de la prueba de cotejo, específicamente del informe de la experticia grafotécnica se desprende que la firma plasmada en la presente documental en la parte superior izquierda pertenece al ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ ; luego precisó que si bien es cierto el abogado PEDRO BETANCOURT LÓPEZ -aquí intimante- no firmó el contrato de honorarios profesionales mencionado al pie del mismo, no es menos cierto que se observa que éste estampó su firma en original en el borde superior del instrumento y, con base en esos hechos, dedujo que el intimante necesariamente participó en la redacción de éste y por ende tuvo consentimiento del contenido allí explanado , lo cual no comporta una errónea interpretación de los artículos 1.368 y 1.365 del Código Civil, porque la decisión de la recurrida de declarar sin lugar la apelación y confirmar la sentencia apelada, tuvo cimientos en que según la preceptiva de tales disposiciones legales, la firma negada quedó comprobada siguiendo las pautas del Código adjetivo y que los requisitos que debe contener todo documento privado para su validez, a saber: 1) la suscripción o firma del obligado y, 2) la expresión en letras de la cantidad de dinero que una sola de las partes se obligue a otra a entregarle , quedaron cumplidos conforme a los argumentos que bien se observan de la transcripción realizada.
Pertinente con la cuestión de los requisitos del documento privado, un precedente jurisprudencial de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, de fecha 23 de junio de 1953, dictado en el juicio de Pedro Moizzi contra Blas Brando, estableció lo que sigue:
Ha previsto el Legislador mediante el conjunto de las previsiones de la mencionada disposición incorporar al proceso, ya revestidos de validez jurídica los documentos privados sin la injerencia del adversario, cuando éstos no concurren oportunamente a reconocerlos o negarlos; naturalmente que tal incorporación no tiene lugar por este medio, sino cuando se trate de instrumentos privados, esto es, de los suscritos por la parte a quien se le oponen, pues, la fuerza probatoria del instrumento no puede lograrse sin la firma del o de los interesados. Si la escritura no está firmada, no hace por tanto fe contra nadie, de donde se sigue que para procurarse un medio de prueba con la escritura privada es indispensable que ella se encuentre firmada por aquél o aquéllos que han contraído la obligación de que se pretende ofrecer la prueba. De ahí se infiere que ningún valor tienen las suscritas con cruces u otros signos ni aquellas otras que no ofrezcan la garantía de la firma considerada como requisito esencial, siendo sólo cuando la firma esté contenida en el cuerpo del documento cuando puede decirse que esos actos han alcanzado la eficacia de escritura privada.
Es obvio pues, que careciendo los fotostatos presentados de la firma, esto es de la suscripción de puño y letra de la parte a quien le fueron opuestas, no eran ellos documentos privados y en consecuencia admisibles para adquirir la fe indispensable para hacer prueba documental en el juicio donde fueron presentados . (Gaceta Forense N° 1, segunda etapa, año 1953, p. 383). (Subrayas y destacado de la Sala).
En conclusión, queda claro que las menciones de la recurrida que motivaron la censura del recurrente no implican en forma alguna una errónea interpretación de los artículos 1.368 y 1.365 del Código Civil, dado que de las mismas se entiende perfectamente que la persona que escribió el texto del documento cuestionado es el abogado intimante, ya que el visado que lo calza así lo evidencia, por consiguiente, teniendo participación directa en el asunto, resulta obligante concluir que el actor estaba de acuerdo con los términos que él mismo redactó y documentó en el instrumento comprobado en la secuela del juicio.
Con relación a la falta de fecha del documento cuestionado, mal pudo infringir la recurrida los preceptos acusados cuando del contenido del artículo 1.368 del Código Civil, resulta evidente que los requisitos esenciales del documento privado son los relativos a la firma y a la expresión en letras de la cantidad en el cuerpo del documento cuando una sola de las partes se obliga frente a la otra a entregarle una cantidad de dinero u otra cosa apreciable en dinero, de suerte que como lo asentó el precedente judicial arriba citado y, que la Sala reitera en esta oportunidad, cuando el documento no está firmado no hace por tanto fe contra nadie, de donde se sigue que para procurarse un medio de prueba con la escritura privada es indispensable que ella se encuentre firmada por aquél o aquéllos que han contraído la obligación de que se pretende ofrecer la prueba , todo lo cual significa que la omisión de fecha en el documento privado no le quita validez o lo hace nulo, dado que el supuesto de hecho de la norma acusada no contempla tal hipótesis.
Corolario obligado de las razones expuestas es, pues, la improcedencia de la denuncia de infracción de los artículos 1.368 y 1.365 del Código Civil. Así se decide.
-II-
Con base en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, el recurrente delata la infracción de los artículos 451, 466 y 467 ibidem, y 1.365 del Código Civil.
Para darle sustentación a su denuncia, el recurrente alega:
Con fundamento en el ordinal dos del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y del artículo 320 del mismo Código, denuncio la infracción de los artículos 451,466, 467 del Código de Procedimiento Civil y 1.365 del Código Civil.
( Omissis )
En la contestación de la demanda, los demandados me oponen un inexistente documento privado, suscrito solamente por ellos, donde supuestamente yo tasé los honorarios profesionales judiciales que demando en el presente juicio, ante la falsedad de tal hecho, en fecha 30 de mayo de 2016, niego, que ese documento haya emanado de mí, en los siguientes términos: "niego como emanado de mí el documento sin fecha ni firma mía consignado por los demandados Diego Gabriel Orta Rodríguez, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad No. 15.315.666 y María del Carmen Rodríguez de Orta, venezolana, mayor de edad, cédula de identidad 4.590.303, asistidos por el abogado Jhon Javier Quintana Luque, cédula de identidad No. 17.000.546, INPREABOGADO 132.108, que marcado "A" fue consignado en escrito presentado al tribunal en fecha 24 de mayo de 2016 a las 10,35 A.M y que fue recibido por la Secretaria como contestación de la demanda. Niego igualmente cualquier firma que pueda haber en el mencionado documento como emanada de mí. En dicho documento aparece mencionado como supuesto otorgante a parte (sic) de mi persona y los demandados, el difunto Raúl Evencio Orta Orta, venezolano, mayor de edad, casado, cédula de identidad No. 2.109.985, quien murió el 14 de diciembre de 2013, a las 2,45 P.M, en Paracotos, estado Miranda, como consta de Acta (sic) de Defunción (sic), No. 97, de fecha 15 de diciembre de 2013, que consigno en copia certificada marcada "A". Niego igualmente que en algún momento haya pactado honorarios profesionales con los demandados derivados del juicio cuyos honorarios judiciales demando en este expediente, esto por la sencilla razón que los demandados siempre fueron renuentes al reconocimiento de mis honorarios profesionales y se me hizo imposible hablar con ellos".
Ante el desconocimiento mío del espurio documento, los demandados promueven, el día 06 de junio del año 2016, folio13 de la pieza 2, la prueba de cotejo, para demostrar como lo afirmaron en la contestación de la demanda, que dicho documento había sido suscrito por mí, es decir que yo con mi firma al pie del documento había dado mi consentimiento a lo que allí se afirma, no precisan firma alguna, por lo tanto, si se está hablando de suscripción, ineluctablemente, el objeto de la prueba de cotejo tiene que ser, determinar si al pie o final del documento aparece la firma mía, sin embargo los expertos, tergiversando los hechos, establecen como el objeto de la experticia, que ellos denominan "motivo", practicar estudio grafotecnico a objeto de determinar: si la firma observable en la parte superior izquierda, acompañada de la impresión de sello húmedo donde se lee entre otras PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, del documento de texto computarizado redactado en una hoja de papel bond blanco, de texto computarizado, en el material señalado como dubitado, y la firma acompañada de las inscripciones C.l 2.967.553- Inpreabogado No. 8565, observable al reverso del folio número tres ( 3), del documento libelo de la demanda presentada por el ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, ante el juez de Primera Instancia en lo Civil .Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, señalado como material indubitado, fueron realizados o no por la misma persona".
Este hecho que señalan los expertos como objeto de la experticia, es absolutamente falso, es un invento de estos, parten de una suposición falsa, ya que el objeto de la prueba de cotejo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.365 del Código Civil, era en concordancia con lo establecido en la Artículo 1.368 del mismo Código, y lo establecido en su promoción y admisión, realizada el 15 de junio de 2016, la de determinar, si la firma mía aparece suscribiendo el documento, ni en la promoción de la prueba ni en su admisión, aparece como objeto de la prueba, lo que los expertos señalan con tanta precisión, esta infracción en cuanto al objeto de la prueba, hace que la misma sea nula y así ha debido declararlo la recurrida.
Pero no solamente en esto mienten los expertos, mienten igualmente, cuando afirman que el ciudadano Raúl Evencio Orta Orta, ha sido demandado en el presente juicio, como lo afirman en el encabezamiento de su informe, en este juicio solamente fueron demandados los ciudadanos Diego Gabriel Orta Rodríguez y Carmen Rodríguez de Orta, en autos identificados, como consta en la demanda. Tampoco es cierto, como afirman los expertos, en el encabezamiento de su informe, que la prueba de cotejo haya sido promovida por mí, como parte actora.
Es igualmente falso, lo que afirman los expertos, en la parte que denominan "ANÁLISIS" de su informe, que hayan dado cumplimiento con lo establecido en el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, que establece, que los expertos juntos o por intermedio de uno cualquiera de ellos deberán hacer constar en los autos, con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos, el día, hora y lugar en que se dará comienzo a las diligencias, sin perjuicio de que la asistencia de las partes a las mismas convalide lo actuado sin tal constancia. Esta falsedad, como la infracción del señalado Artículo 466, hace nula la experticia practicada; aparte que ni siquiera en el informe indican el día en que se realizó la experticia.
Todas estas infracciones e irregularidades, extremadamente graves, que infecta de nulidad la experticia realizada, fueron denunciadas, tanto al sentenciador de primera instancia, como al de segunda instancia, como consta en las conclusiones presentadas en primera instancia, como en los informes de segunda instancia, por lo que no es cierto, lo que afirma la recurrida, en el último párrafo de la página 18, que yo señalé una serie de desaciertos y errores materiales, que se podían corregir con aclaratorias y ampliaciones de la experticia realizada, lo cual tomó como excusa, para no entrar a conocer las graves infracciones en que incurrieron los expertos en la experticia realizadas (sic), incumpliendo con su deber de analizar a fondo el informe presentado y las graves infracciones señaladas y por el contrario le da pleno valor a una prueba que como quedó dicho está infectada de nulidad.
Pero, no obstante, las infracciones denunciadas que anulan la prueba de cotejo, los expertos concluyen, lo cual es ostensible y para lo que no se requería experticia alguna, por lo evidente, que el documento en cuestión fue solamente firmado o suscrito por los demandados Diego Orta Rodríguez y María C Rodríguez de Orta y que excede de las actuaciones y conocimientos técnicos y científicos, la determinación, de sí (sic), el documento dubitado fue emanado de una persona en particular.
Es conveniente igualmente observar el iter de la prueba de cotejo, que se indica en la introducción de este escrito en la parte "LA PRUEBA DE COTEJO", que doy aquí por reproducido, donde se evidencia que los expertos presentan su informe el día 09 de agosto de 2016, después de vencerse todos los lapsos que le fueron concedidos, estando la causa en estado de sentencia, experticia que como ellos mismos señalan, les llevó hacerla 45 minutos, de un día que no especifican y que tampoco consta en los autos, es decir, la experticia comenzó a las 12 M y terminó a las 12,45 PM.
Estas infracciones en la realización de la prueba de cotejo fueron determinante en el dispositivo del fallo, porque en ella basó la recurrida dicho dispositivo, lo cual anula la sentencia y así pido expresamente sea declarado por ese tribunal supremo de justicia .
Para decidir, la Sala observa:
Del texto copiado de la denuncia se evidencia que el formalizante le imputa a la sentencia impugnada, la infracción de los artículos 451, 466 y 467 del Código de Procedimiento Civil y 1.365 del Código Civil, alegando que la juez de alzada fundó su fallo en una prueba irregularmente hecha, como lo sería la prueba de cotejo, pues, habiendo consignado los demandados el documento privado cuestionado con la contestación de la demanda, él negó cualquier firma que pueda haber en el mencionado documento como emanada de mí , ante lo cual aquellos promovieron la prueba de cotejo para demostrar que dicho documento había sido suscrito por él, sin precisar la firma por lo tanto, si se está hablando de suscripción, ineluctablemente, el objeto de la prueba de cotejo tiene que ser, determinar si al pie o final del documento aparece la firma mía y, no obstante, los expertos designados para probar la autenticidad del documento cuestionado tergiversaron los hechos y establecen como el objeto de la experticia, que ellos denominan "motivo", practicar estudio grafotecnico a objeto de determinar: si la firma observable en la parte superior izquierda, acompañada de la impresión de sello húmedo donde se lee entre otras PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, del documento de texto computarizado redactado en una hoja de papel bond blanco, de texto computarizado, en el material señalado como dubitado, y la firma acompañada de las inscripciones C.l 2.967.553- Inpreabogado No. 8565, observable al reverso del folio número tres ( 3), del documento libelo de la demanda presentada por el ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, ante el juez de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, señalado como material indubitado, fueron realizados o no por la misma persona .
Se infiere de la argumentación de la censura, que se acusa al fallo impugnado afincarse en una prueba irregular para sostener su resolutiva dado que, la prueba de cotejo se promovió para demostrar la suscripción por el actor del instrumento privado consignado por los demandados, empero, como éstos no precisaron en qué parte del documento se ubicaba la firma de su antagonista, a juicio del recurrente, los expertos tenían obligatoriamente que entender que el objeto de la prueba de cotejo tiene que ser, determinar si al pie o final del documento constaba la firma autógrafa del intimante, por lo que habiendo ellos determinado como objeto de prueba la autenticidad de la firma que consta en el lado superior izquierdo del documento cuestionado, entonces ello supondría una infracción de tal objeto y, consecuentemente, produce la nulidad de la prueba de cotejo.
Relativo al vicio de error en el establecimiento y valoración de las pruebas, la Sala hace hincapié que dicho vicio se configura cuando el juez quebranta las reglas relativas al establecimiento de la prueba, o sea, aquellas que rigen las formalidades procesales para la promoción y evacuación de alguna prueba en particular y, cuyo cumplimiento resulta necesario para la validez del medio probatorio; o habrá error en la valoración de la prueba cuando se transgreden normas relacionadas estrictamente con la apreciación de éstas, en otras palabras, las que determinan la eficacia probatoria o autorizan la aplicación de las reglas de la sana crítica (Cfr. sentencia N° 18 de 14 de febrero de 2013, juicio: Rafael Ortiz contra Florentino Guerrero).
Forzoso es añadir que los errores que comprende el ordinal 2° del artículo 313 del código adjetivo, deben ser determinantes en el dispositivo del fallo o en el cambio de orientación en la solución de la controversia, ya que lo contrario conduce directamente a declarar su improcedencia.
Precisadas las hipótesis en las que procede la declaratoria de los vicios en referencia, esta Sala considera pertinente realizar la transcripción de los actos procesales que siguen:
La parte demandada le opuso al intimante el documento cuestionado, interpuesto con la contestación de la demanda (ff. 9 a 12, p. 2), expresando respecto de él lo siguiente:
Si bien es cierto que el accionante tiene derecho a percibir Honorarios (sic) Profesionales (sic); no es menos cierto que el abogado Pedro Betancourt López Estimo (sic) y Taso (sic) sus Honorarios (sic) Profesionales (sic) en la Cantidad (sic) de ( ), según consta en Contrato (sic) de Honorarios (sic) Profesionales (sic) que en original acompaño Marcado (sic) A, y que oponemos al intimante, honorarios que fueron aceptados por los Ciudadanos (sic) María del Carmen Rodríguez de Orta y Diego Gabriel Orta Rodríguez, cuya cuotaparte fue distribuida de la forma que allí estableció el mismo intimante ( ).
De lo anterior, se evidencia que el intimante pretende en primer termino (sic) exigir ( ), en segundo termino (sic); dejar sin efecto el contrato de honorarios que el (sic) mismo elaboro (sic) y que fue aceptado por los intimados .
En el escrito cursante al folio 15, de la pieza 2 del expediente, el intimante desconoció el documento que le fue opuesto por su antagonista en la contestación de la demanda con la siguiente argumentación:
niego como emanado de mí el documento sin fecha ni firma mía consignado por los demandados Diego Gabriel Orta Rodríguez ( ) y María del Carmen Rodríguez de Orta ( ), asistidos por el abogado Jhon Javier Quintana Luque ( ), que marcado A fue consignado en escrito presentado al tribunal en fecha 24 de mayo de 2016 a las 10,35 A.M y que fue recibido por la Secretaria como contestación de la demanda. Niego igualmente cualquier firma que pueda haber en el mencionado documento como emanada de mí . (Subrayas y destacado de la Sala).
La parte demandada ofreció la prueba de cotejo, conforme a diligencia de fecha 6 de junio de 2016 (f. 20, p. 2), con el siguiente objeto:
Visto el desconocimiento del ciudadano Pedro Betancourt López, ya identificado en autos, del documento que acompaña la contestación de la demanda, donde el mismo niega que haya sido emanado de su persona, así como también niega la firma del mismo, promuevo ante este honorable tribunal, el cotejo, y señalo como documento indubitado la demanda presentada por el ciudadano Pedro Betancourt López, y como dubitado, el documento presentado por mis representados, el cual riela (sic) en el folio (13) de la pieza número II de la presente demanda . (Subrayado añadido).
De los actos transcritos se advierte, de una parte, que el actor negó de forma general cualquier firma que hubiera en el documento cuestionado como producido por él; y, de la otra, que la parte demandada promovió el cotejo asumiendo la generalidad de la propuesta de su contendor, ofreciendo la prueba visto que el intimante niega la firma del mismo refiriéndose, claro está, al documento cuestionado.
Los expertos al rendir su informe pericial indicaron el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan el objeto de su encargo y sobre el mismo ofrecieron sus conclusiones en estos términos (ff. 104 a 109, p, 2):
MOTIVO:
Practicar estudio grafotécnico a objeto de determinar: si la firma observable en la parte superior izquierda, acompañada de la impresión de sello húmedo donde se lee entre otras PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, del documento de texto computarizado, redactado en una hoja de papel bond blanco, de texto computarizado, en el material señalado como dubitado, y la firma acompañada de las inscripciones C.I. 2967553 - Inpreabogado N° 8565, observable al reverso del folio número Tres (sic), del documento libelo de la demanda presentada por el ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil , señalado como material indubitado, fueron realizadas o no, por la misma persona.
DOCUMENTO DUBITADO:
Un (01) documento redactado en hoja de papel bond blanco, de texto computarizado al anverso y reverso; mediante el cual los ciudadanos RAÚL EVENCIO ORTA ORTA, MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DE ORTA Y DIEGO GABRIEL ORTA RODRÍGUEZ, declaran que le deben al ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, la cantidad de un millón seiscientos mil bolívares (1.600.000,00), por concepto de honorarios profesionales, con una firma ilegible, original en la parte superior izquierda, acompañada de la impresión de sello húmedo, alusiva a PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, Abogado, IMPREABOGADO 8565, la cual es morfológicamente homologa a la firma señalada como indubitada ( ). Dicho documento forma parte de la II pieza del Expediente (sic) Nro. 20529, folio número Trece (13).
DOCUMENTO INDUBITADO:
Un (01) documento LIBELO DE DEMANDA, dirigido al Juez de Primera Instancia en lo civil (sic), Mercantil y Tránsito de la circunscripción (sic) Judicial del Estado (sic) Bolivariano de Miranda ( ). El documento descrito se encuentra inserto a la I pieza del Expediente Nro. 20529, folios identificados con los números Uno01 (sic), Dos (sic) (02) y Tres (sic) (03).
(
Omissis
)
CONCLUSION
1) La firma de Carácter (sic) Cuestionado (sic) de quien como PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, se observa en la parte superior izquierda del documento de declaración de honorarios profesionales, acompañada de las inscripciones C.I. 2967553 - Inpreabogado 8565, documento Dubitado (sic), sobre el cual no hay texto alguno ( ), ha sido producida por la misma persona que suscribió el documento Libelo (sic) de la Demanda (sic) dirigido al Juez de Primera Instancia en lo civil (sic), Mercantil y Tránsito de la circunscripción (sic) Judicial del Estado Bolivariano de Miranda ( ) Es decir, tanto la firma de carácter Dubitado (sic) como la de carácter indubitado, objetos (sic) de (sic) presente dictamen pericial corresponden a una misma autoría escritural.
2) Como ha quedado expresado supra, en el reverso del documento, se ubicaron dos firmas, ninguna de las cuales resulto (sic) ser morfológicamente homologa (sic) a la firma señalada como indubitada, correspondiendo esas únicas dos firmas a DIEGO ORTA Y MARÍA DEL C. RODRÍGUEZ DE ORTA.
Salvedad: Excede de las actuaciones y conocimientos técnicos y científicos, para quienes este Dictamen (sic) suscriben, la determinación de si, el documento Dubitado (sic) fue emanado de alguna persona en particular . (Subrayas y destacado de la Sala).
La recurrida, en los puntos donde específicamente hizo el correspondiente establecimiento y valoración de la prueba de cotejo, expresó lo siguiente:
Revisadas las actas que conforman el presente expediente, se evidencia que el apoderado judicial de los intimados promovió junto con la contestación de la demanda la siguiente prueba documental:
Primero.- (f. 13, II pieza del expediente) marcado con la letra A, en original, DOCUMENTO PRIVADO suscrito por el ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ -aquí intimante- y los ciudadanos MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DE ORTA y DIEGO GABRIEL ORTA RODRÍGUEZ -aquí intimados-, del cual se desprende lo siguiente:
( Omissis )
Con relación a la presente probanza, estando en la oportunidad legal correspondiente el actor negó el presente documento como emanado de él, así como también negó cualquier firma que pudiese haber en la documental como emanada de su persona (folio 14, II pieza del expediente). En virtud del desconocimiento de la documental en cuestión por parte del actor, el apoderado judicial de la parte accionada promovió la prueba de cotejo, señalando como documento indubitado la demanda presentada por el actor (folio 20, II pieza del expediente), siendo admitida por el juzgado de la causa en aplicación del artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, mediante auto de fecha 15 de junio de 2016 (f. 23, II pieza del expediente).
Mediante auto dictado por el a quo en fecha 27 de junio de 2016, fueron nombrados como expertos grafotécnicos los ciudadanos: PEDRO JAVIER LOLLET RIVERO, LUIS ALFREDO PINTO OROPEZA y DULCE SÁNCHEZ, quienes posteriormente aceptaron el cargo recaído en cada uno de ellos y procuraron el respectivo juramento (ff. 83, 94, 95 y 100, II pieza del expediente).
En fecha 9 de agosto de 2016, fue presentado por ante el juzgado de la causa informe de experticia practicada por los expertos, ciudadanos PEDRO JAVIER LOLLET RIVERO, LUIS ALFREDO PINTO OROPEZA y DULCE SÁNCHEZ del cual se desprende lo siguiente (folios 104-109, II pieza del expediente):
( ) DOCUMENTO DUBITADO:
Un (01) documento redactado en hoja de papel bond blanco, de texto computarizado al anverso y reverso; mediante el cual los ciudadanos RAÚL EVENCIO ORTA ORTA, MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DE ORTA Y DIEGO GABRIEL ORTA RODRÍGUEZ, declaran que le deben al ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, la cantidad de un millón seiscientos mil bolívares (1.600.000,oo), por concepto de honorarios profesionales, con una firma ilegible, original en la parte superior izquierda, acompañada de la impresión de sello húmedo, alusiva a PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, Abogado, IMPREABOGADO 8565, la cual es morfológicamente homologa a la firma señalada como indubitada ( ). Dicho documento forma parte de la II pieza del Expediente (sic) Nro. 20529, folio número Trece (13).
DOCUMENTO INDUBITADO:
Un (01) documento LIBELO DE DEMANDA, dirigido al Juez de Primera Instancia en lo civil (sic), Mercantil y Tránsito de la circunscripción (sic) Judicial del Estado (sic) Bolivariano de Miranda ( ). El documento descrito se encuentra inserto a la I pieza del Expediente Nro. 20529, folios identificados con los números Uno01 (sic), Dos (sic) (02) y Tres (sic) (03).
(
Omissis
)
CONCLUSION
1) La firma de Carácter (sic) Cuestionado (sic) de quien como PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, se observa en la parte superior izquierda del documento de declaración de honorarios profesionales, acompañada de las inscripciones C.I. 2967553 - Inpreabogado 8565, documento Dubitado (sic), sobre el cual no hay texto alguno ( ), ha sido producida por la misma persona que suscribió el documento Libelo (sic) de la Demanda (sic) dirigido al Juez de Primera Instancia en lo civil (sic), Mercantil y Tránsito de la circunscripción (sic) Judicial del estado Bolivariano de Miranda ( ) Es decir, tanto la firma de carácter Dubitado (sic) como la de carácter indubitado, objetos (sic) de (sic) presente dictamen pericial corresponden a una misma autoría escritural.
2) Como ha quedado expresado supra, en el reverso del documento, se ubicaron dos firmas, ninguna de las cuales resulto (sic) ser morfológicamente homologa (sic) a la firma señalada como indubitada, correspondiendo esas únicas dos firmas a DIEGO ORTA Y MARÍA DEL C. RODRÍGUEZ DE ORTA. (
).
Ahora bien, siendo que de las resultas de la prueba de cotejo, específicamente del informe de la experticia grafotécnica se desprende que la firma plasmada en la presente documental en la parte superior izquierda pertenece al ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ -intimante-, quien aquí decide lo tiene por reconocido de conformidad con lo previsto en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil y le confiere pleno valor probatorio, como demostrativo de que los aquí intimados se comprometieron a pagar a favor del aquí intimante la cantidad de OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 800.000,00) por concepto de honorarios profesionales causados por la asesoría prestada en el curso de la partición de la herencia dejada por Petra María del Carmen Orta de Orta, Evencio Orta Terán y Diego Nicanor Hipólito Orta Orta y las actuaciones profesionales causadas durante el juicio de partición de la herencia que se llevó a efecto en el Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, expediente No. JMS1-3116-12, que comenzó por demanda introducida el 3 de mayo de 2011 y culminó con partición realizada por las partes ante el mismo tribunal en fecha 10 de diciembre de 2012, la cual sería exigible en el curso del año siguiente al tener cualquiera de los aquí intimados copia certificada de la partición realizada, con la respectiva homologación del tribunal y los planos que se agregaron a la misma en el momento de su firma más el oficio emanado del tribunal de la causa, donde le participa al registro público la suspensión de las medidas preventivas decretadas en ese expediente.
Así se establece.
( Omissis )
Asimismo, el abogado PEDRO BETANCOURT LÓPEZ -aquí intimante-, es (sic) su escrito de informes presentado ante esta alzada, denunció como falaz y tendencioso el informe presentado por los expertos designados en la prueba de cotejo promovida por la parte demandada, señalando en esa oportunidad una serie de desaciertos y errores materiales en el mencionado informe; a tal efecto, debe señalar que de conformidad con el artículo 446 del Código de Procedimiento Civil, El cotejo se practicará por expertos con sujeción a lo que se previene en el Capítulo IV de este Título, de lo que se deduce entonces que las reglas y principios relativos a la prueba de experticia en general gobiernan la prueba grafológica, por ello debe tenerse en cuenta que los expertos cotejadores de firmas, deben circunscribirse al examen de los hechos exclusivamente, determinando sus causas y deduciendo la consecuencia o conclusión del dictamen a partir de sus observaciones y constataciones, sin extenderse a calificaciones jurídicas, o a calificaciones que no están soportadas en los hechos objetivamente considerados; de este modo, vista la supletoriedad de las reglas generales sobre experticia en aquellos aspectos que no tuvieran una regulación especial al momento de evacuar la prueba de cotejo, debe necesariamente traerse a colación entonces el artículo 468 eiusdem, el cual textualmente señala:
( Omissis )
De lo que precede, se observa que el legislador previno la posibilidad de que cualquiera de las partes, pudiera solicitar aclaraciones o ampliaciones de las experticias realizadas, lo que si bien no se dirige a impugnar éstas para que sean anuladas por el juez, tiene como fin obtener el complemento del dictamen o una mayor explicación del mismo; de este modo, de la revisión efectuada a las actas procesales se evidencia que el informe de la prueba de cotejo fue consignada a los autos por los expertos designadas en fecha 9 de agosto de 2016 (ff. 104-109, II pieza), desprendiéndose que si bien el abogado PEDRO BETANCOURT LÓPEZ, compareció en fecha 12 de agosto del mismo año y consignó escrito ante el tribunal de la causa (folios 110-113, II pieza), se evidencia del mismo que aun cuando señaló ciertas observaciones al informe referido, no solicitó al juez que se ordenara a los expertos aclarar o modificar punto alguno en el dictamen, sino únicamente realizó las reflexiones que a bien tuvo a considerar. Por consiguiente, si lo pretendido por el prenombrada (sic) abogado en su escrito de informes presentado ante esta alzada, es la impugnación del dictamen pericial por existir errores materiales en el mismo, se le debe indicar que debió solicitar la aclaratoria o modificación de ellos en su debida oportunidad de conformidad con el artículo 468 del Código de Procedimiento Civil, y no en esta instancia, por lo que consecuentemente, se DESECHA del proceso los alegatos expuestos por la parte recurrente referentes a las observaciones que hiciere al informe rendido en virtud de la prueba de cotejo practicada.- Así se precisa .
De los párrafos correspondientes tanto al dictamen pericial como de la recurrida copiados precedentemente, se evidencia, de una parte que los expertos al delimitar el objeto de la experticia debieron: determinar si la firma observable en la parte superior izquierda, acompañada de la impresión de sello húmedo donde se lee entre otras PEDRO BETANCOURT LÓPEZ visible en el documento dubitado y la firma observable al reverso del folio número Tres (sic), del documento libelo de la demanda presentada por el ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ contenida en el documento indubitado fueron realizadas o no, por la misma persona , en cuyo caso concluyeron que tanto la firma de carácter Dubitado (sic) como la de carácter indubitado, objetos (sic) de (sic) presente dictamen pericial corresponden a una misma autoría escritural , con lo cual observa la Sala que si el objeto de la prueba de cotejo era comparar la firma contenida en el documento cuestionado con la firma estampada en el documento indubitado cuya autoría se atribuye en definitiva al intimante, entonces los expertos lejos de desviarse del objeto de su encargo, lo cumplieron a cabalidad, indistintamente del resultado que obtuvieron.
Y de la otra, la recurrida para establecer el objeto del cotejo lo hizo indicando que el demandante negó cualquier firma que pudiese haber en la documental como emanada de su persona , acción que provocó la reacción de los promoventes del instrumento desconocido ofreciendo, en consecuencia, la mencionada prueba señalando como documento indubitado la demanda presentada por el actor , luego de lo cual y previa verificación de haber sido cumplido el íter procesal de la prueba en cuestión, concluyó que de las resultas de la prueba de cotejo, específicamente del informe de la experticia grafotécnica se desprende que la firma plasmada en la presente documental en la parte superior izquierda pertenece al ciudadano PEDRO BETANCOURT LÓPEZ -intimante-, quien aquí decide lo tiene por reconocido de conformidad con lo previsto en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil y le confiere pleno valor probatorio, como demostrativo de que los aquí intimados se comprometieron a pagar a favor del aquí intimante la cantidad de OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES .
Deviene tempestivo advertir que fijada la oportunidad para la designación de los expertos grafotécnicos mediante auto de fecha 21 de junio de 2016 (f. 27, p. 2), dicho acto se realizó el 27 de junio de ese mismo año (f. 83, p. 2), compareciendo al mismo el abogado intimante y su contendor, procediendo a nombrar cada uno de ellos a su respectivo experto, luego de lo cual, previa juramentación, éstos procedieron a consignar en fecha 9 de agosto de 2016, el informe pericial respectivo (ff. 104 a 109, p. 2).
Como puede advertirse tanto de la relación de actuaciones que hizo la recurrida como de las que la Sala verificó en las actas del expediente e hizo referencia en párrafos anteriores, con relación al trámite procesal del que resultó la prueba de cotejo, el mismo se siguió conforme a las reglas previstas para su evacuación y, fundamentalmente apegado al principio de contradicción de la prueba, pues, tal relación de actuaciones evidencia que la parte demandada tuvo la oportunidad de controlar la evacuación de la prueba de cotejo y, por consiguiente su resultado, derivándose de todo ello como acto conclusivo que la conducta procesal del demandante convalidó el trámite de esa prueba.
Ahora bien, cuando la ley concede a la parte un plazo de tres (3) días siguientes a la presentación del informe pericial para cuestionarlo solicitando al juez ordene a los expertos aclarar o ampliar el dictamen en lo que señale con brevedad y precisión (ex artículo 468 Código de Procedimiento Civil); no obstante, la Sala verificó, como así también lo señala la recurrida, que el formalizante obvió hacer uso de esa facultad, en consecuencia, ello comporta un elemento de convicción válido para la juez de alzada atribuirle la autoría del documento privado anexado por la parte demandada con la contestación de la demanda, como en efecto así lo hizo, al abogado intimante, pues, acogió la conclusión de los expertos, quienes conforme a su encargo, establecieron la autenticidad de la firma del demandante en el documento cuestionado, pues no estaban obligados a buscarla en determinado lugar del mismo si de manera expresa no se les indicó buscarla al final del texto escrito del documento como pretende el intimante.
Como consecuencia de todo lo expuesto, la Sala declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 451, 466 y 467 del Código de Procedimiento Civil y 1.365 del Código Civil. Así se establece.
- III -
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata infracción por la sentencia impugnada del artículo 509 eiusdem por incurrir en el vicio de silencio de pruebas.
En su argumentación de la censura, el recurrente sostiene que:
Con el escrito de desconocimiento del espurio documento privado que los demandados me opusieron en la contestación de la demanda, acto efectuado el 31 de mayo de 2016, consigné en copia certificada marcada "A", el Acta (sic) de Defunción (sic) de Raúl Evencio Orta Orta, venezolano, mayor de edad, casado, cédula de identidad No.2.109.985, quien, como consta en ella, murió el 14 de diciembre de 2013, a las 2,45 P.M, en Paracoto (sic), Estado (sic) Miranda. Esta persona aparece como supuesto otorgante del espurio documento que me fue opuesto en la contestación de la demanda, que por supuesto siendo difunto se encontraba en la imposibilidad absoluta de firmar dicho documento, como efectivamente, no aparece firmado por él, esta prueba, más la prueba de su defunción, la llevé a los autos para demostrar que tal documento no se podía asimilar a un documento privado, que pudiera comprometer a persona distinta a los que los suscribieron, que no fueron otros que los demandados, es decir, que los demandados otorgan un documento donde hacen una oferta de pago, suscrita solamente por ellos, donde no aparece por supuesto, la suscripción del supuesto acreedor y en donde pretenden involucrar a una persona fallecida que por supuesto no firmó el documento. La no firma del documento por parte del fallecido es ostensible, es evidente, con solo mirar al pie del documento, se determina que no fue firmado por él, esta constatación, no necesita de experticia alguna, pero sin embargo en una de las partes en que no mienten los expertos, es que al pie del documento aparecen las firmas solamente de los demandados, más nadie suscribió el espurio documento, por lo tanto el documento es absolutamente inexistente a los fines de comprometer a personas distintas a los que los suscribieron. Esta prueba tan medular para valorar lo espurio del documento, como es el Acta de defunción de Raúl Evencio Orta Orta, en autos identificado y la certidumbre que tampoco suscribió el documento, fue absolutamente silenciada por la recurrida no cumpliendo con lo ordenado en el Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, cuyo acatamiento es de orden público y su violación acarrea consecuencialmente la nulidad de la sentencia y así pido sea declarado.
Esta infracción fue determinante en el dispositivo del fallo, anula la sentencia y pido expresamente así sea establecido por ese Tribunal Supremo de Justicia....
Para decidir, la Sala observa:
El recurrente delata el vicio de silencio de prueba porque el juzgador de alzada no valoró en modo alguno el Acta (sic) de defunción de Raúl Evencio Orta Orta , que promovió para demostrar que el documento que le fue opuesto por los demandados en la contestación de la demanda no se podía asimilar a un documento privado, que pudiera comprometer a persona distinta a los que los suscribieron, que no fueron otros que los demandados, es decir, que los demandados otorgan un documento donde hacen una oferta de pago, suscrita solamente por ellos, donde no aparece por supuesto, la suscripción del supuesto acreedor y en donde pretenden involucrar a una persona fallecida que por supuesto no firmó el documento.
La sentencia en tanto exteriorización de la convicción del juez, debe expresarse con palabras que ofrezcan perfecta ilación y representen una construcción lógica fundada en derecho, por manera que no tendría tal soporte legal cuando el juez no menciona las pruebas que resultan trascendentes para la resolutiva del fallo o cuando mencionándolas omite, sin embargo, el análisis necesario para determinar su mérito, porque el deber de escudriñar la verdad, lo obliga a no sólo mencionarlas sino a valorarlas, expresando siempre, respecto de ellas, el fundamento de su determinación, conforme a lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, ya que no hacerlo según esa preceptiva, implica incurrir en el vico de silencio de pruebas.
En efecto, el indicado precepto legal exige al sentenciador juzgar todas las pruebas incorporadas al proceso que no es otra cosa que realizar una labor de selección y crítica para depurar el proceso de elementos ineptos y reducirlo a los que tiendan fundamentalmente a calificar la controversia y decidirse por el alegato mejor fundado y probado, asunto que, en definitiva, es lo que permite a la sentencia alcanzar su fin de resolver a cabalidad, con apego a la verdad y con justeza, la litis (Cfr. sentencia N° 282 de fecha 20 de mayo de 2015, juicio: Ana Correa contra Juan Gil y otros).
Con relación al vicio de silencio de prueba, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido, en la sentencia N° 798, de fecha 5 de noviembre de 2007, juicio: Dimas Trujillo contra Proyectos Daymar XI C.A., lo siguiente:
Siendo el objeto de dichas pruebas, la demostración de las afirmaciones o negaciones de las partes, el mencionado deber va más allá de la sola expresión de la prueba o de su eficacia conforme a la ley, implicando, además, el establecimiento de los hechos pertinentes que dicha prueba demuestre. Por ello, cuando quien decide no hace mención de los hechos que dio por demostrados mediante una determinada prueba, infringe el referido artículo 509, que no contiene otra cosa distinta sino una norma que regula el establecimiento de los hechos de obligatorio cumplimiento según lo dispuesto por el legislador .
Cabe agregar, que respecto del vicio delatado y atinente específicamente a la trascendencia de la prueba para el dispositivo del fallo, ha sostenido la Sala, entre otras, en la sentencia Nº 610, de fecha 30 de octubre de 2009, juicio: Julia García contra Rosa Piña, lo siguiente:
El silencio de prueba procede cuando el juez incurrió en la falta absoluta o parcial de valoración de una prueba que resulta trascendental para el dispositivo del fallo.
Al respecto, esta Sala mediante decisión Nº 62, de fecha 5 de abril de 2001, caso: Eudoxia Rojas contra Pacca Cumanacoa, Expediente Nº 99-889, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, estableció:
Ahora bien, para la procedencia de este tipo de denuncias, el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, exige que la infracción de derecho sea determinante en el dispositivo de la sentencia, pues de lo contrario la casación sería inútil.
Corresponderá a la Sala determinar en cada caso, la influencia del examen de la prueba en la decisión. A título de ejemplo, puede mencionarse los siguientes casos:
1.) La prueba silenciada se refiere a hechos manifiestamente impertinentes con los discutidos en el proceso, como ocurre si en el interdicto por despojo, el juez no examina la factura de compra de una nevera.
2.) El medio probatorio es ineficaz, pues no fue promovido y evacuado de conformidad con los requisitos exigidos en la ley, como sucede, cuando de las pruebas documentales promovidas por los litigantes, omite el análisis de un recibo antiquísimo que fue consignado como modelo de una cancelación, idéntica a la pretendida, el cual es emanado de un tercero ajeno al juicio y no fue ratificado. En consecuencia, se denuncia el vicio de silencio de prueba con lo cual habría que casar la sentencia de alzada para que el juez de reenvío la valore y determine que al no ser ratificada en el proceso, la misma queda desestimada, de esta manera se estaría profiriendo una nueva decisión para señalar tan evidente declaratoria.
3.) La prueba que no fue analizada se refiere a hechos que resultaron establecidos por el juez, con base en otra prueba que por disposición legal tiene mayor eficacia probatoria, como ocurre si en un juicio por reivindicación el juez hubiese silenciado un documento privado, y si hubiese valorado un documento público ambas referidas a la propiedad del inmueble, pues en ningún caso el primero podría enervar la fuerza probatoria del segundo; y,
4.) La prueba silenciada es manifiestamente ilegal, pues la ley dispone que los hechos no pueden ser establecidos por un determinado medio de prueba; por ejemplo, el artículo 1.387 del Código Civil, prevé que no es admisible la prueba de testigo para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el valor del objeto excede de dos mil bolívares (Bs. 2.000,00).
5) Los casos en los cuales se promueve una prueba sin indicar el objeto de la misma, lo cual impide al contrario cumplir el mandato del artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, y al juez acatar lo previsto en el 398 eiusdem.
En los casos mencionados, existe una razón de derecho que impide el examen de la prueba, lo cual pone de manifiesto su ineficacia probatoria y, por ende, la imposibilidad de influir de forma determinante en el dispositivo del fallo.
Por último, es oportuno señalar que si el juez valora la prueba y le otorga un valor probatorio que no le corresponde por ley, no existe silencio de prueba, pues el juez si se pronuncia sobre el medio incorporado al proceso, lo que existe es un error de juzgamiento, por haber infringido el juez una regla de valoración de la prueba, que es otra de las modalidades previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil . (Negrillas y subrayado de la Sala).
En el sub iudice, con relación al medio probatorio ofrecido por el recurrente, la Sala advierte que si bien la juez de alzada no lo mencionó en la parte de la decisión donde realizó el análisis valorativo del haz de pruebas interpuesto por el intimante, sin embargo, refirió la muerte del ciudadano Raúl Evencio Orta Orta, como se desprende del punto de la recurrida donde se pronunció respecto de la cuestión jurídica previa de inadmisibilidad de la demanda, oportunidad en la que señala ese hecho, del modo que sigue:
Así las cosas, en primer lugar esta juzgadora considera necesario pronunciarse respecto a la inadmisibilidad de la demanda alegada por la parte demandada, sosteniendo que de conformidad con el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, el procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales incoado por el demandante no resulta el correcto, por cuanto -a su decir- el cobro de los mismos debió realizarse mediante el procedimiento breve por existir un contrato de honorarios celebrado entre las partes; ante la situación planteada, esta superioridad considera prudente dejar sentado que en el caso de autos estamos ante la presencia de una demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales, de la cual se desprende que el demandante en su escrito libelar solicitó que los demandados sean condenados a pagar la cantidad de cinco millones treinta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve bolívares con noventa y nueve céntimos (Bs. 5.037.499,99), correspondiente a las actuaciones que realizare ante el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda y ante el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Miranda, en ocasión al juicio de partición que incoare en nombre de los ciudadanos MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ de ORTA y DIEGO GABRIEL ORTA RODRÍGUEZ -aquí intimados-, conjuntamente con el ciudadano RAÚL EVENCIO ORTA ORTA (de cujus) contra los ciudadanos Demetrio Almeida y Steehen José y Frandy Almeida Milán, representados por su madre, ciudadana Devorath Milán Tovar, tramitado bajo el número de expediente JMS1-3116-11 (de la nomenclatura interna del tribunal de la causa) . (Subrayas y resaltado de la Sala).
De la transcripción realizada se observa clara e indubitablemente que la sentenciadora de última instancia no mencionó el medio probatorio que motiva la censura, sin embargo, refirió la muerte de RAÚL EVENCIO ORTA ORTA, que es el hecho pertinente que podía establecerse con él y, con mayor razón, si cuando el actor ofertó esa prueba omitió toda mención sobre el hecho que pretendía se estableciera con el mencionado instrumento.
Ha sido doctrina reiterada de la Sala que la identificación del objeto de la prueba es un requisito de naturaleza intrínseca no del medio probatorio sino de la diligencia por medio de la cual se le lleva a los autos que incide directamente ya no sobre la admisibilidad del medio sino sobre la validez de la actuación con la cual se le produce , lo cual permite entender que mal puede haber silencio de pruebas si el promovente no indicó lo que pretendía establecer con la prueba ofrecida (Cfr. sentencia N° 363 de 16 de noviembre de 2001, juicio: Cedel Mercado de Capitales contra Microsoft Corporation).
En el marco de las observaciones anteriores, se tiene igualmente que la recurrida declaró con lugar la demanda de cobro de honorarios profesionales al concluir, de una parte, que con las copias certificadas de los expedientes judiciales tramitados por el intimante a nombre de los intimados, quedaron demostradas sus actuaciones profesionales y, por tanto, tenía derecho a cobrar honorarios por ellas; y de la otra, que habiéndose establecido la existencia de un contrato de servicios profesionales de abogado entre el actor y los demandados, el derecho de cobro de aquél se extendía hasta la suma de ochocientos mil bolívares, ello, como corolario de su análisis del instrumento consignado por los intimados con la contestación de la demanda en relación con la experticia grafotécnica (prueba de cotejo) a las que concedió valor probatorio, quedando evidenciado de tal manera que la prueba presuntamente silenciada no habría producido un cambio de orientación en la solución de la litis dado que la convicción de la juez de alzada, atinada o extraviada, se configuró con estos tres medios de prueba.
Conclusión necesaria de lo expuesto es que el sentenciador de alzada no incurrió en el vicio delatado de silencio de pruebas.
Con base a las anteriores consideraciones la censura propuesta contra la sentencia recurrida de haber infringido por falta de aplicación el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, no prospera y así se decide.
- IV -
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata la infracción del artículo 12 eiusdem, por violación de una máxima de experiencia, con quebrantamiento de los artículos 506 ibidem y 1.354 del Código Civil.
Por vía de argumentación, el recurrente sostiene su delación de la manera que sigue:
Fundamentado en el ordinal 2°, del artículo 313 del Código de Procedimiento Civi (sic), denuncio la violación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, por violación de máxima de experiencia y violación de los artículos 1354 del Código Civil y del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil.
El ordinal 2° del Artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, establece, entre otras causas para declarar con lugar el recurso de casación, la violación de una máxima de experiencia, la cual ha debido ser determinante en lo dispositivo de la sentencia. El artículo 12 del mismo código, establece entre otras cosas, que el juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentran comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. El Artículo 1.354 del Código Civil establece que quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación. Por su parte el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, en la misma dirección, establece, que las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretende que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Existe también una máxima de experiencia que consiste, que cuando en un documento privado se establece una acreencia, es el acreedor el que se queda con el documento donde conste la misma, para poderla hacer efectiva. Esta máxima de experiencia tiene su equivalencia, cuando se trata del deudor, en la máxima que establece, que cuando se otorga un documento donde se cancela una obligación, es el deudor el que se queda con el documento, nunca el acreedor.
En el caso que nos atañe, aparte de que el documento no está suscrito por la persona a quien se le opone, ni por ninguna otra, que no sean los demandados, el documento espurio donde supuestamente consta la acreencia, se encontraba en poder de los demandados, si a ese documento en una sentencia se le reconoce como cierto, no obstante los vicios denunciados, se viola los artículos anteriormente indicados y la máxima de experiencia señalada, por falta de aplicación, lo cual trae como consecuencia la violación al derecho de la defensa del acreedor, al imposibilitarle el cobro de su acreencia, o que eso dependa de la sola voluntad de los deudores, lo cual atenta contra el orden público. Es increíble que se pueda afirmar, que un documento otorgado por un abogado, donde se establezca una acreencia a su favor, éste lo deje en manos de los deudores, eso no lo hace ni siquiera el más ignaro y desprevenido de los abogados. La violación de los artículos señalados, como de la máxima de experiencia fue determinante en lo dispositivo de la sentencia y por su gravedad anulan la sentencia recurrida, lo cual pido expresamente sea declarado por ese máximo tribunal.
Como se especificó y determinó en cada una de las infracciones denunciadas, éstas fueron determinantes en el dispositivo del fallo, de no haber incurrido en ellas la sentencia recurrida, la misma ha debido declarar con lugar la demanda, establecer el monto a pagar por los demandados, que asciende a la cantidad de cinco millones treinta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve bolívares con 99/100 (Bs. 5.037.499.99), lo que es equivalente a treinta y nueve mil seiscientos sesenta y cinco con treinta y cinco (39.665,35) unidades tributarias, vigentes para el momento de la introducción de la demanda, más la corrección monetaria, monto que debe ser sometido a retasa, de acuerdo a lo solicitado por los demandados en la contestación de la demanda, todo de acuerdo a lo establecido en la sentencia de esa Sala, de fecha 1° de junio de 2011, con ponencia de la magistrada Isbelia Pérez Velásquez, que estableció el procedimiento que se ha seguido en el presente juicio; la sentencia de esa misma Sala de fecha 31 de mayo de 2005, expediente No. 2203-009040 y la sentencia de la Sala Constitucional de ese Tribunal Supremo de Justicia de fecha 20 de marzo de 2006, Exp. 05/2216 .
Para decidir, la Sala observa:
Se desprende del texto de la denuncia transcrito precedentemente, que el recurrente censura la falta de aplicación de los artículos 12 y 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, porque la recurrida violó una máxima de experiencia dado que cuando en un documento privado se establece una acreencia, es el acreedor el que se queda con el documento donde conste la misma, para poderla hacer efectiva de manera que no estando suscrito el documento por la persona a quien se le opone ni por ninguna otra, que no sean los demandados y dicho instrumento se encontraba en poder de éstos, entonces ello conduce a que si a ese documento en una sentencia se le reconoce como cierto, no obstante los vicios denunciados, se viola los artículos anteriormente indicados y la máxima de experiencia señalada .
Al respecto, es preciso señalar, que el criterio de la Sala sostiene, atañente a las máximas de experiencia, que éstas se definen como las nociones o percepciones que poseen un número de personas, y que aplican para ciertas situaciones en un lugar determinado (Cfr. sentencia N° 799, de 16 de diciembre de 2009, juicio: Williams López contra Avior Airlines, C.A.).
Conforme a ello, resulta claro que el deber de los jueces en cumplir con la preceptiva contenida en una norma jurídica no constituye una máxima de experiencia, ya que en tanto regla legal, es la directriz que han de seguir los jueces en ejercicio de su función, pues las máximas de experiencia sólo constituyen nociones de carácter general, que dada la trayectoria, los conocimientos, las costumbres de un lugar, en un momento determinado pueden ser aplicados a un caso concreto para componer un conflicto, cuestión que permite establecer que no existe el vínculo señalado por el recurrente, respecto de lo que él considera una máxima de experiencia y las reglas que regulan la distribución de la carga de la prueba. (Cfr. Sentencia N° 129 de fecha 2 de marzo de 2016, dictada en este mismo juicio).
Hay más, el relato del formalizante y que, a su juicio, sería una máxima de experiencia, no puede considerarse tal, visto que éste pretende convertir en juicios hipotéticos de contenido general una defensa ligada a los hechos que juzgó la recurrida y como tal, sujeto a una tarea probatoria, en el caso concreto, que el documento que le fue opuesto y cuya firma pretende no conocer, establecería una acreencia a su favor que lo haría necesario para pretenderla.
Es evidente entonces que en el sub iudice, el recurrente no siguió la técnica adecuada para delatar el presunto quebrantamiento, pues, en su caso debió alegar la infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, con precisa indicación de la máxima de experiencia infringida, la infracción de la correspondiente norma jurídica y dar cumplimiento a los requisitos que al efecto establece el ordinal 3° del artículo 317 del mismo código . (Cfr. sentencia N° 241 de 30 de abril de 2002, juicio: Arturo Pacheco y otros contra Inversiones Pancho Villas, C.A.).
En el sentido anotado, el criterio de la Sala expuesto, entre otras, en la sentencia N° 577 de fecha 1° de agosto de 2006, juicio: Aguas de Portuguesa, C.A. contra Luis Gallardo y otro, sostiene que resulta importante y necesario utilizar una técnica adecuada para recurrir en casación, traducido ello en una serie de requisitos que permiten la comprensión lógica de los planteamientos expuestos para sustentar la censura, los cuales si bien han sido flexibilizados con base a los principios contenidos en los artículos 26 y 257 constitucionales, sin embargo, no dejan de ser una carga para el recurrente que la Sala no puede suplir.
De tal manera, tratándose de una denuncia por infracción de ley, resultaba obligante que el formalizante además de indicar la norma infringida a la cual integra la máxima de experiencia para su interpretación, señalara en qué sentido se produjo esa infracción, los motivos expresados por la juez que estimó errados, las razones que demuestran la pretendida ilegalidad, las normas que la juez ha debido aplicar para resolver la controversia, y finalmente, demostrar que el error de juicio fue determinante en el dispositivo de la sentencia.
Por último, cabe añadir que del contenido de la censura entiende la Sala que el recurrente pretende embestir con la denuncia las conclusiones jurídicas a las que llegó la juez de alzada, al hacer el análisis pertinente de las pruebas correspondientes al instrumento consignado por la parte demandada con la contestación de la demandada y a la prueba de cotejo promovida para demostrar su autenticidad al ser cuestionada ésta por el demandante, las cuales estimó la juez ad quem al considerar que si bien es verdad que el abogado PEDRO BETANCOURT LÓPEZ -aquí intimante- no firmó el contrato de honorarios profesionales mencionado al pie del mismo, no es menos cierto que se observa que éste estampó su firma en original en el borde superior del instrumento, lo que conlleva a deducir que necesariamente participó en la redacción de éste y por ende tuvo consentimiento del contenido allí explanado además de que la circunstancia de haber suscrito el documento (independientemente del lugar) o haber visado el mismo, conlleva necesariamente a la conclusión de que participó en su redacción y conocía el contenido incluido en el instrumento , razón por la cual si el formalizante no estaba de acuerdo con el razonamiento de la juez superior, y lo que pretendía contradecir era la legalidad de su pronunciamiento, debió plantear la censura pertinente en relación a la valoración de las pruebas.
En consecuencia, siendo ello así, necesariamente la Sala se ve forzada a declarar improcedente la presente denuncia por infracción de de los artículos artículos 12 y 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, pues adolece de una fundamentación adecuada. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por el demandante PEDRO BETANCOURT LÓPEZ contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, en fecha 1° de junio de 2017.
Por la naturaleza del fallo no ha lugar a condenatoria en costas, pues, se trata de sentencia dictada en juicio de cobro de honorarios profesionales de abogado.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antemencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
Presidente de la Sala,
______________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
______________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado,
____________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
__________________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada Ponente,
____________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretaria Temporal,
__________________________________
MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA
Exp. Nº AA20-C-2017-000557
Nota: Publicado en su fecha a las
Secretaria Temporal,
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias