Sentencia N.º 00076
- Sentencia
- N.º 00076
- Fecha
- 02/03/2023
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2021-0065
- Ponente
- Malaquías Gil Rodríguez
- Procedimiento
- Recurso de Nulidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente: MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ
Exp. Nro. 2021-0065
Mediante escrito presentado el 10 de junio de 2021 ante esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el abogado RAMÓN ADONAY CAMACARO PARRA, titular de la cédula de identidad Nro. V- 7.411.301, (INPREABOGADO Nro. 48.561), actuando en su nombre, interpuso demanda de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, contra la decisión contenida en el oficio signado con el alfanumérico TSJ-CJ-N° 2109-2020, dictada por la COMISIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA el 5 de noviembre de 2021, notificada el 10 de diciembre de ese año, mediante la cual fue trasladado ( ) como Juez Titular [del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua] para ejercer el cargo en Juzgado 2° de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano Cojedes ( ). (Sic). (Corchete de la Sala).
En esa misma oportunidad (10 de junio de 2021) se dio cuenta en Sala y se remitieron las actuaciones al Juzgado de Sustanciación, lo cual se efectuó el día 21 de ese mes y año.
El 7 de julio de 2021, la parte actora reformó la demanda
Por decisión Nro. 69 del 19 de julio de 2021, el Juzgado de Sustanciación admitió la indicada demanda; acordó se notificara al Fiscal General de la República, al Procurador General de la República, de conformidad con el artículo 98 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, señalándole a ésta que remitiera el respectivo expediente administrativo; estableció que, una vez constaran en autos la práctica de las aludidas notificaciones, se remitiría el expediente judicial a esta Sala a objeto que se fijara la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio; por último, ordenó se abriera cuaderno separado para el trámite de la medida cautelar solicitada.
El 22 de julio de 2021, se libraron los oficios Nros. 000271, 000272, 000273 y 000274, dirigidos al Fiscal General de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y al Presidente y demás Magistrados de esta Sala Político-Administrativa, respectivamente.
En fechas 17 de agosto y 13 de octubre de 2021, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó acuse de recibo del referido oficio Nro. 000273, en la primera de las fechas, y de los indicados oficios Nros. 000272 y 000271, en la segunda.
Por auto del 27 de octubre de 2021, el Juzgado de Sustanciación estableció que ( ) no se aprecia de los autos que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, haya dado respuesta al oficio número 000273 de fecha 22.7.21, por tanto, acordó ratificar dicha solicitud, para lo cual libró el oficio Nro. 000379 dirigido a la indicada Comisión.
El 2 de noviembre de 2021, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación dejó constancia de la práctica de la notificación del mencionado oficio Nro. 000379.
Mediante oficio identificado con la nomenclatura TSJ-CJ-N° 0716-A-2021, de fecha 3 de septiembre de 2021, recibido en este Alto Tribunal el 4 del mismo mes y año, la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia remitió ( ) copia certificada de los oficios signados con los alfanuméricos TSJ-CJ-N° 2108-2020 y TSJ-CJ-N° 2109-2020, ambos de fecha 05 de noviembre de 2020, cuyos contenidos guardan relación ( ) con la presente causa. (Destacado del original).
En fecha 11 de noviembre de 2021, el Juzgado de Sustanciación acordó remitir las actuaciones a esta Sala, a los fines que se fijara la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio; siendo efectuado materialmente dicho envió el 25 de ese mes y año.
En esa ocasión (25 de noviembre de 2021), se dio cuenta en Sala y se fijó la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio para el día 2 de diciembre de 2021, a las diez horas y veinte minutos de la mañana (10:20 a.m.).
Por diligencia del 29 de noviembre de 2021, la Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel se inhibió de la presente causa, en razón que para ese entonces formaba parte de la referida Comisión Judicial y manifestó opinión en los términos previstos en el artículo 42, numeral 5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En esa fecha (29 de noviembre de 2021), se suspendió la Audiencia de Juicio y se fijó para el día 2 de diciembre de 2021, a las diez horas y veinte minutos de la mañana (10:20 a.m.).
El 1° de diciembre de 2021, la abogada Marlys de la Luz Orfila Márquez (INPREABOGADO Nro. 145.955), actuando con el carácter de sustituta del Procurador General de la República, insertó a los autos oficio-poder signado con la nomenclatura G.G.L.-C.C.A.C N° 000471, de fecha 29 de noviembre de 2021, del cual se deriva dicha representación.
En fecha 26 de abril de 2022, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero y los Magistrados Malaquías Gil Rodríguez y Juan Carlos Hidalgo Pandares, designados y juramentados por la Asamblea Nacional en la misma fecha.
Mediante diligencia presentada el 12 de mayo de 2022, la parte demandante solicitó el abocamiento a la causa.
Por auto del 17 de mayo de 2022, se dejó constancia que el 28 de abril de ese mismo año, en sesión de Sala Plena se eligió la Junta Directiva de este Máximo Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada esta Sala Político-Administrativa de la forma siguiente: Presidente, Magistrado Malaquías Gil Rodríguez; Vicepresidenta, Magistrada Bárbara Gabriela César Siero y el Magistrado Juan Carlos Hidalgo Pandares; y se asignó la Ponencia al Magistrado Malaquías Gil Rodríguez.
El 18 de mayo de 2022, se fijó la Audiencia de Juicio para el día 31 de ese mes y año a las nueve horas y cuarenta minutos de la mañana (9:40 a.m.).
En fecha 25 de mayo de 2022, la abogada Ingrid Concepción Guanipa, (INPREABOGADO Nro. 152.017), actuando como sustituta del Procurador General de la República, consignó oficio-poder identificado con el alfanumérico G.G.L.-C.C.A.C N° 000466 del 23 de ese mes y año, en el que se evidencia dicha representación.
El 31 de mayo de 2022, oportunidad fijada para la referida Audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se hizo el anuncio de Ley, comparecieron las partes y la representación del Ministerio Público, todos manifestaron sus argumentos; tanto la representación judicial de la accionada como el actor incorporaron sus escritos de conclusiones, siendo que éste último, además, ratificó los medios probatorios que promovió en la causa y solicitó se convocara ( ) audiencia conciliatoria entre las partes ( ); en esa misma oportunidad, se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación.
El 1° de junio de 2022, el Juzgado de Sustanciación recibió el expediente judicial.
En fecha 8 de junio 2022, el Juzgado de Sustanciación determinó el inicio del lapso de tres (3) días de despacho para la oposición de las pruebas promovidas en la Audiencia de Juicio, ( ) a partir de esta fecha, exclusive, de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Mediante decisión Nro. 93 del 22 de junio de 2022, el Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas documentales promovidas por la parte actora en el libelo de la demanda, en la reforma de dicho libelo y las señaladas en la referida Audiencia de Juicio, así como, en relación a la solicitud de ( ) audiencia conciliatoria entre las partes ( ), indicó que, una vez constaran las respectivas notificaciones, sería remitido el expediente judicial para que esta Sala se pronunciara al respecto. Por último, ordenó la notificación del Procurador General de la República, de conformidad con el artículo 98 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
El 30 de junio de 2022, se libró el oficio Nro. 000473 dirigido al Procurador General de la República; cuya notificación consta en autos el día 21 de septiembre de 2022.
Por auto del 20 de octubre de 2022, el Juzgado de Sustanciación efectuó el cómputo del lapso previsto en el artículo 98 eiusdem y del lapso para ejercer la apelación del auto de admisión de pruebas. En esa ocasión, dicho Juzgado declaró fenecidos los referidos lapsos y ordenó remitir el expediente judicial a esta Sala. A tal efecto, en esa fecha se libró el oficio Nro. 000845, dirigido a la Secretaría de esta Sala, el cual fue recibido el 3 de noviembre de ese año.
En esa fecha (3 de noviembre de 2022), se fijó el lapso de cinco (5) días de despacho para la presentación de informes, con fundamento en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En tal sentido, ese mismo día la representación del Ministerio Público consignó su escrito de opinión sobre la causa.
En fechas 15 y 16 de noviembre de 2022, la sustituta del Procurador General de la República y la parte actora consignaron sus escritos de conclusiones, respectivamente.
Por auto del 22 de noviembre de 2022, se declaró que la causa entró en estado de sentencia.
Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, pasa esta Máxima Instancia a pronunciarse con fundamento en lo siguiente:
I
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Correspondería a esta Sala emitir pronunciamiento sobre la demanda de nulidad con medida cautelar de suspensión de efectos, interpuesta por el abogado Ramón Adonay Camacaro Parra, ya identificado, contra la decisión dictada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia el 5 de noviembre de 2021, notificada el 10 de diciembre de ese año, mediante la cual trasladado ( ) como Juez Titular [del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua] para ejercer el cargo en Juzgado 2° de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano Cojedes ( ). No obstante, la Sala advierte que en fecha 31 de mayo de 2022, el demandante requirió se convocara una ( ) audiencia conciliatoria entre las partes ( ).
En tal sentido, este Alto Tribunal estima oportuno citar lo previsto en el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual:
Artículo 258.
( omissis )
La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos.
De la señalada norma, se desprende que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el deber que tiene el legislador de promover el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios para la solución de conflictos, como alternativa ante las típicas disputas o querellas en sede judicial, lo que refleja la constitucionalización de los medios alternativos para la resolución de conflictos.
Al respecto resulta oportuno traer a colación el criterio sostenido por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en torno a los medios alternativos de resolución de conflictos vinculados con el derecho a la tutela judicial efectiva contemplada en el artículo 26 de la Constitución. En ese sentido, dispuso:
( ) Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se incluyó en el sistema de administración de justicia a los medios alternativos de resolución de conflictos, y se exhortó su promoción a través de la ley, promoción ésta que a juicio de la Sala, se materializa con el ejercicio de la iniciativa legislativa, la cual ha de procurar el desarrollo y eficacia del arbitraje, la conciliación, la mediación y demás medios alternativos de solución de conflictos. Sobre este particular, los artículos 253 y 258 de la Constitución establecen lo siguiente:
( ) Al respecto, esta Sala ha señalado que ( ) la Constitución amplió el sistema de justicia para la inclusión de modos alternos al de la justicia ordinaria que ejerce el poder judicial, entre los que se encuentra el arbitraje. Esa ampliación implica, a no dudarlo, un desahogo de esa justicia ordinaria que está sobrecargada de asuntos pendientes de decisión, y propende al logro de una tutela jurisdiccional verdaderamente eficaz, célere y ajena a formalidades innecesarias ( ). Así, a través de mecanismos alternos al del proceso judicial, se logra el fin del Derecho, como lo es la paz social, en perfecta conjunción con el Poder Judicial, que es el que mantiene el monopolio de la tutela coactiva de los derechos y, por ende, de la ejecución forzosa de la sentencia ( ). A esa óptica objetiva de los medios alternativos de solución de conflictos, ha de añadírsele su óptica subjetiva, en el sentido de que dichos medios con inclusión del arbitraje, en tanto integran el sistema de justicia, se vinculan con el derecho a la tutela jurisdiccional eficaz que recoge el artículo 26 de la Constitución. En otras palabras, puede decirse que el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional eficaz entraña un derecho fundamental a la posibilidad de empleo de los medios alternativos de resolución de conflictos, entre ellos, evidentemente, el arbitraje ( ) (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 192/08). Por ello, el deber contenido en el artículo 258 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se agota o tiene como único destinatario al legislador (Asamblea Nacional), sino también al propio operador judicial (Poder Judicial), en orden a procurar y promover en la medida de lo posible la utilización de los medios alternativos de resolución de conflictos ( ). (Vid., sentencia de la Sala Constitucional Nro. 1784 del 30 de noviembre de 2011). (Destacado del presente fallo).
Asimismo, dicho precepto encuentra desarrollo en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conforme al cual:
Artículo 6. Los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa promoverán la utilización de medios alternativos de solución de conflictos en cualquier grado y estado del proceso, atendiendo a la especial naturaleza de las materias jurídicas sometidas a su conocimiento.
De tal forma, la promoción de los medios alternativos de solución de conflictos dentro del marco del ejercicio de la función jurisdiccional va en procura del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la misma Carta Magna.
Por tanto, los órganos de administración de justicia que conforman la Jurisdicción Contencioso Administrativa, incluyendo a esta Sala Político-Administrativa, deben reconocer la importancia de los medios alternativos de solución de conflictos para facilitar el acuerdo entre las partes de un proceso, que pueda generar mayores ámbitos de encuentro entre ellas e incrementar la fluidez en sus relaciones jurídicas, en aras de solventar las desavenencias que puedan tener sin depender de la intervención de los órganos jurisdiccionales para dirimir tales controversias e imponer la solución. (Vid., sentencia Nro. 00393 del 4 de julio de 2017, reiterada en los fallos Nros. 00813 y 00817 del 8 de diciembre de 2022, decisiones dictadas por esta Sala).
De allí que, esta Máxima Instancia, como rectora del proceso y promotora de los medios alternativos de solución de conflictos, en consonancia con los principios que le imponen observar el proceso y las decisiones que se dicten dentro del marco de los valores constitucionales, así como en la necesidad de mantener el equilibrio justo entre los intereses debatidos, es por lo que esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, declara PROCEDENTE la solicitud realizada en fecha 31 de mayo de 2022, por el abogado Ramón Adonay Camacaro Parra, parte demandante en el caso de marras, dirigida a que se convocara una ( ) audiencia conciliatoria entre las partes ( ) con la finalidad de dirimir el presente asunto mediante un acto de resolución alternativa de controversias.
En tal sentido, se ordena notificar al abogado Ramón Adonay Camacaro Parra, identificado en autos, y a la Procuraduría General de la República, para que participen en una audiencia conciliatoria en esta Sala Político-Administrativa bajo la dirección del Magistrado Ponente, la cual será fijada una vez que conste en autos la práctica de las referidas notificaciones. Asimismo, se ordena notificar a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
Se advierte a la representación de la parte demandada que en el momento de celebración del referido acto alternativo deberá presentar un poder en el que se acredite que sus apoderados judiciales se encuentran autorizados para ( ) convenir, desistir, transigir, ( ) conciliar o utilizar cualquier otro medio alternativo para la solución del conflicto ( ) conforme a lo previsto en los artículos 154 del Código de Procedimiento Civil y 82 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Así se determina.
Finalmente, resulta menester para esta Máxima Instancia precisar que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en aras de garantizar la consecución de los postulados consagrados en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconoció la preponderancia de la ciencia, la tecnología, y los servicios de información como elementos de interés público, destacando el deber del Poder Público -y concretamente de los órganos jurisdiccionales- de valerse de los avances tecnológicos para su optimización, procediendo en consecuencia a dictar la Resolución Nro. 2021-0011 de fecha 9 de junio de 2021, contentiva de las normas generales que regularán la suscripción y publicación de decisiones con firma digital, práctica de citaciones y notificaciones electrónicas y la emisión de copias simples o certificadas por vía electrónica relacionadas con los procesos seguidos ante esta Sala Político-Administrativa.
Ello así y, visto que los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 3 de la Resolución en comento, consagran la posibilidad de practicar las citaciones y notificaciones por correo electrónico o cualquier otro medio que utilice tecnologías de la información y la comunicación, este Máximo Tribunal con miras a procurar la mejora continua del servicio de administración de justicia, ordena efectuar un análisis de las actas que conforman el expediente de la causa, a los efectos de determinar si las partes cuentan o no con los medios telemáticos suficientes para hacer efectiva dicha actuación procesal y, de ser el caso, proceder a practicar las notificaciones a las que haya lugar por medios electrónicos; en el entendido de que la falta de indicación en autos de algunos de los elementos digitales previamente señalados, dará lugar a que se practique la notificación conforme a lo establecido en el artículo 5 de la aludida Resolución y en las leyes. Así se dispone.
II
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara PROCEDENTE la solicitud realizada en fecha 31 de mayo de 2022 por el abogado RAMÓN ADONAY CAMACARO PARRA, parte demandante en el caso de marras, dirigida a que se convocara ( ) audiencia conciliatoria entre las partes ( ) con la finalidad de dirimir el presente asunto mediante un acto de resolución alternativa de controversias. En consecuencia, se ORDENA notificar a la parte accionante y a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA para que participen en una audiencia conciliatoria en esta Sala Político-Administrativa bajo la dirección del Magistrado Ponente, la cual será fijada una vez que conste en autos la práctica de las referidas notificaciones. Asimismo, se ordena notificar a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas , a los dos (2) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023). Años 212º de la Independencia y 164º de la Federación.
El Presidente, MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ |
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| La Vicepresidenta, BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO |
El Magistrado- Ponente, JUAN CARLOS HIDALGO PANDARES |
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| La Secretaria, CHADIA FERMIN PEÑA |
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| En fecha dos (2) de marzo del año dos mil veintitrés, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00076. |
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| La Secretaria, CHADIA FERMIN PEÑA |
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