Sentencia N.º 01240
- Sentencia
- N.º 01240
- Fecha
- 17/11/2016
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2016-0585
- Ponente
- Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta
- Procedimiento
- Consulta de jurisdicción
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente: INOCENCIO ANTONIO FIGUEROA ARIZALETA
Exp. Nº 2016-0585
Mediante Oficio Nro. 174 de fecha 21 de septiembre de 2016, recibido en esta Sala Político-Administrativa el 13 de octubre del mismo año, el Tribunal Primero de Primera Instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, remitió el expediente contentivo de la demanda por Ilegalidad de Construcción, Demolición de Obra y Daños Materiales y Morales Derivados de Hecho Ilícito interpuesta por las ciudadanas CAROLINA DEL VALLE MARTÍNEZ ANDUEZA e IRMA JOSEFINA MARTÍNEZ APONTE, titulares de las cédulas de identidad Nros. 8.608.626 y 1.144.281, respectivamente, asistidas por la abogada Hilda Barreto, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 135.498, contra los ciudadanos ELIO JOSÉ PALAVICINI SOTO y YACSY YANETH LEMOINE MARTÍNEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. 7.171.090 y 11.099.258, respectivamente.
Dicha remisión obedeció a la consulta de jurisdicción planteada por el referido Juzgado, conforme a lo previsto en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, de la sentencia dictada el 20 de septiembre de 2016 por la cual declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública para conocer el caso.
El 19 de octubre de 2016, se dio cuenta en Sala y el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, fue designado Ponente a los fines del pronunciamiento correspondiente.
Realizado el estudio del expediente pasa esta Máxima Instancia a decidir, previo a lo cual formula las consideraciones siguientes:
I
ANTECEDENTES
En fecha 12 de agosto de 2016, las ciudadanas Carolina del Valle Martínez Andueza e Irma Josefina Martínez Aponte, interpusieron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial de Puerto Cabello, demanda por Ilegalidad de Construcción, Demolición de Obra y Daños Materiales y Morales Derivados de Hecho Ilícito, contra los ciudadanos Elio José Palavicini Soto y Yacsy Yaneth Lemoine Martinez, en la cual expusieron, entre otros aspectos, los siguientes:
Señalan que, la ciudadana Carolina del Valle Martínez Andueza es propietaria de un inmueble constituido por un (01) apartamento destinado a vivienda familiar, ubicado en el Edificio Santa María, Primer (1°) piso de la Urbanización Rancho Grande, Jurisdicción de la Parroquia Bartolomé Salom del Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo, el cual le pertenece por documento inscrito en el registro inmobiliario del Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo bajo el número 22, folios 132 al 139, tomo 10°, fecha 3-09-2007; inmueble que otorgó en comodato a la segunda de las mencionadas IRMA JOSEFINA MARTÍNEZ APONTE (a quien une parentesco de consanguinidad de segundo grado), a través de documento debidamente autenticado por ante la notaría pública primera de Puerto Cabello en fecha 11 de septiembre de 2016, inserto bajo el número 3, tomo 64 de los Libros de autenticaciones respectivos.(Sic). (Resaltados del original).
Refieren que, una vez iniciada la relación comodaticia la comodataria informó a su comodante, sobre la existencia de una irregularidad en cuanto a la definición y deslinde de las áreas comunes que forman parte integrante del inmueble de su propiedad, dicha irregularidad, consiste en: la indefinición del área privada del apartamento propiedad de los Ciudadanos: ELIO JOSÉ PALAVICINI SOTO Y YACSY YANETH LEMOINE MARTÍNEZ ( ) el cual se encuentra ubicado en la planta baja del Edificio Santa María arriba citado por cuanto los antes identificados ciudadanos, procedieron a modificar la infraestructura del mismo solapando los linderos hacia el área común y excediendo el metraje de construcción al establecido en el documento de propiedad y de condominio respectivo. (Resaltados del original).
Destacan que, el área común a que hace mención el documento de propiedad de cada apartamento que toma parte del edificio antes nombrado ( ) pasó a estar bajo el dominio exclusivo de los co-propietarios del apartamento ubicado en la planta baja; vulnerando con ello, de manera flagrante el derecho de propiedad sometido al régimen de propiedad horizontal.(Resaltados del original).
Indican que, Con la finalidad de solventar en vía administrativa y alcanzar el restablecimiento de los derechos de propiedad conculcados y por conducto de la comodataria, se acudió ante la División de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Municipio Puerto Cabello, solicitando se practicara inspección en la construcción realizada en el área común, y se procediera a buscar una solución por vía extrajudicial a la situación planteada. La referida inspección fue practicada en fecha 9 de junio de 2008 emitiendo en fecha 11 de junio del mismo año, una comunicación signada con el número 209/08, y debidamente suscrita por la arquitecto, Yaneth Doumet de Alcalá, Jefe de la División de Planeamiento Urbano, mediante la cual se informó que según estudio realizado por ellos, se determinó que dicha construcción, no cumplía con lo estipulado en las ordenanzas y leyes sobre la materia debido a: 1.-La construcción no tuvo, ni tenía a la fecha permiso de construcción otorgado por el despacho competente. 2.- Fue construida en área correspondiente a la variable urbana retiro. 3.-No consta haberse realizado reunión de co-propietarios para aprobar la referida construcción y al final se insta a acudir a la vía judicial. (Resaltados del original).
Afirman en relación a la inspección practicada que el Juzgado Tercero del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Puerto Cabello y Juan José Mora, dejó constancia que en la planta baja del edificio se encuentran obras realizadas como cerramiento de la parte del frente del edificio en ambos lados, lo que debería ser áreas comunes, así mismo, se dejó sentado, que en la parte norte del edificio, se visualizan nuevas construcciones, dejándose además constancia que no se observan áreas comunes como tal, distintas a las escaleras de acceso al edificio, por otra parte se dejó en evidencia que no existe acceso a las áreas comunes del inmueble. (Resaltados del original).
Finalmente, solicitaron al Tribunal que declare:
PRIMERO: ( ) LA ILEGALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN QUE AMPLIÓ LA ESTRUCTURA DEL APARTAMENTO UBICADO EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SANTA MARIA ( ).
SEGUNDO: CONSECUENCIALMENTE CON LO ANTERIOR SE ORDENE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE PROPIEDAD CONCULCADO A TRAVES DE LA DEMOLICIÓN DE LAS EDIFICACIONES ILEGALES QUE OCUPAN LAS AREAS COMUNES DEL EDIFICIO SANTA MARÍA.
TERCERO: QUE IGUALMENTE SE LE ORDENE A LOS CO-DEMANDADOS PAGUEN A LA PROPIETARIA DEL INMUEBLE AFECTADO, LA SUMA DE UN MILLON QUINIENTOS MIL BOLIVARES (BS. 1.500.000) POR CONCEPTO DE DAÑO PATRIMONIAL ( ).
CUARTO: QUE IGUALMENTE SE LE ORDENE A LOS CO-DEMANDADOS PAGUEN A LA COMODATARIA DEL INMUEBLE AFECTADO, LA SUMA DE TRECIENTOS MIL BOLÍVARES (BS. 300.000) POR CONCEPTO DE DAÑO MORAL DERIVADO DE LA ANGUSTIA Y LA ZOZOBRA A LA CUAL SE HA VISTO Y SE SIGUE VIENDO SOMETIDA. ( ). (Sic). (Mayúsculas del original).
Por sentencia de fecha 20 de septiembre de 2016, el Tribunal Primero de Primera Instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, al que correspondió el conocimiento de la causa previa distribución, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública, por cuanto la tramitación y conocimiento de lo relativo a la demolición de inmuebles ilegalmente construidos le corresponde a esta última en el ámbito nacional o local, según sea el caso.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala Político-Administrativa emitir un pronunciamiento con relación a la consulta de jurisdicción planteada, de acuerdo a la competencia que le ha sido atribuida en el artículo 23 numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los artículos 26, numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual observa:
Del estudio individual de las actas procesales se evidencia la decisión de fecha 20 de septiembre de 2016, mediante la cual, el Juzgado remitente como se expuso en líneas anteriores, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública para conocer y decidir la demanda por Ilegalidad de Construcción, Demolición de Obra y Daños Materiales y Morales Derivados de Hecho Ilícito, interpuesta por las ciudadanas Carolina del Valle Martínez Andueza e Irma Josefina Martínez Aponte, antes identificadas, por cuanto la tramitación y conocimiento de lo relativo a la demolición de inmuebles ilegalmente construidos le corresponde a la Administración Pública nacional o local, según sea el caso.
Así, se advierte que la parte demandante solicitó:
1. Que se declare la ilegalidad de la construcción que amplió la estructura del apartamento ubicado en la planta baja del Edificio Santa María.
2. Que se ordene el restablecimiento del derecho de propiedad conculcado a través de la demolición de las edificaciones ilegales que ocupan las áreas comunes del Edificio Santa María.
3. Que se le ordene a los co-demandados paguen a la propietaria del inmueble afectado la suma de un millón quinientos mil bolívares (Bs. 1.500.000) por concepto de daño patrimonial tomando en consideración la disminución del valor de la propiedad afectada.
4. Que se lo ordene a los co-demandados paguen a la comodataria del inmueble afectado la suma de trescientos mil bolívares (Bs. 300.000) por concepto de daño moral.
Ahora bien, en un caso similar al de autos la Sala se ha pronunciado en la sentencia N° 2.343 del 25 de octubre de 2006, ratificada en la decisión
N° 00719 del 27 de mayo de 2009, en los siguientes términos:
( ) En el caso de autos la demandante pidió conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la demolición de las obras construidas por la demandada en su vivienda signada con el Nº 66, ubicada dentro del Conjunto Residencial de Educadores Villa Dorada, en el Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, debido a la presunta ilegalidad de éstas, pedimento que permite a este Máximo Tribunal arribar a la conclusión de que la obra en cuestión ya estaba terminada. Solicitó además que la demanda se ventilara por el procedimiento previsto en los artículos 102 y 103 eiusdem.
Las citadas normas de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística disponen:
Artículo 69.- Las zonas de parques y recreación no podrán ser destinadas a ningún otro uso; las destinadas a servicios comunales o de infraestructura, sólo podrán afectarse a otro uso cuando fueren sustituidas por otras de igual uso y, por lo menos, igual dimensión y similares características. Cualquier otro uso o acto contrario será nulo de nulidad absoluta y el organismo competente, local o nacional, podrá ordenar, por cuenta del infractor, la demolición de las construcciones o instalaciones realizadas en contravención de lo dispuesto en el presente artículo. Las áreas verdes de protección podrán servir para la prestación de determinados servicios o vías conforme lo establezca el Reglamento.
Artículo 102.- Si un inmueble se destinare presuntamente a un uso contrario al que le corresponda conforme al plan o a la ordenanza de zonificación o si en dicho inmueble se realizaren construcciones ilegales, la Asociación de Vecinos o cualquier persona con interés legítimo, personal y directo podrá solicitar de un Juez de Distrito, Departamento o de equivalente jerarquía, según el caso, de la respectiva Circunscripción Judicial la paralización de las actividades y el cierre o clausura del establecimiento.
El interesado motivará suficientemente su solicitud y acompañará las evidencias que fueren pertinentes al caso. La Fiscalía General de la República podrá intervenir en el procedimiento a solicitud de la Asociación de Vecinos afectada.
Artículo 103.- Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, el Juez citará al ocupante del inmueble a objeto de que éste presente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, original o copia certificada de los documentos o actas que evidencien la legalidad del uso dado al inmueble.
Si no se evidenciare dicha legalidad y el Juez considerase que el destino dado al inmueble es contrario al plan o a la ordenanza de zonificación, deberá ordenar la paralización de las actividades o el cierre o clausura del establecimiento. De esta decisión podrá apelarse libremente ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil quien deberá resolver en un plazo de diez (10) días hábiles.
El Juez revocará la medida dictada cuando el interesado presentare original o copia certificada del documento o acto que evidencie la legalidad del uso dado al inmueble, sin perjuicio de los recursos administrativos o contencioso administrativos que puedan interponerse contra los actos relativos al caso. (Resaltado de la Sala).
El artículo 69 del mencionado texto legal establece a cargo de las autoridades administrativas, la facultad de ordenar -por cuenta del infractor- la demolición de las construcciones o instalaciones realizadas en contravención a lo dispuesto en ese mismo artículo. Dicha norma faculta expresamente a las autoridades administrativas locales o nacionales para ordenar la demolición de las obras realizadas en contravención a los usos establecidos para las zonas de parques o recreación, así como de infraestructura.
Por su parte, el artículo 102 eiusdem prevé dos supuestos, el primero se refiere a los inmuebles que se destinen a un uso contrario al que les corresponde de acuerdo al plan o a la ordenanza de zonificación, y el segundo cuando en un inmueble se están realizando construcciones ilegales. En cualquiera de estas dos circunstancias, el Juez de Municipio de la Circunscripción Judicial correspondiente a la ubicación del inmueble, puede, a petición de parte interesada, ordenar:
la paralización de las actividades, o
la clausura del establecimiento.
Como puede observarse, los artículos 69 y 102 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, estando dirigido el primero a la autoridad administrativa y el segundo a la jurisdiccional, prevén supuestos de hecho distintos, que producen consecuencias jurídicas también diferentes.
El supuesto de hecho del artículo 102 consiste en que las obras estén en proceso de construcción, único caso en el cual el Juez podría ordenar la paralización de las actividades, previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 103 eiusdem.
En el caso de autos, la demandante pidió la demolición del techo construido por la accionada, alegando que ya estaba terminado, basando su pretensión en lo previsto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, cuyo supuesto corresponde al hecho de que las obras estén concluidas y deba decidir el organismo local o la autoridad urbanística nacional, únicos autorizados para ordenar la demolición de las construcciones ilegales ya concluidas. En consecuencia, esta Sala concluye que en esta etapa de la controversia el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer y decidir la solicitud planteada por la parte actora, la cual puede requerir a la autoridad local competente la demolición de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 69 eiusdem, y en caso de inconformidad con la decisión administrativa, podrá entonces acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, tal como lo prevé el artículo 103 in fine. Así se declara.
De la sentencia parcialmente citada se desprende la facultad de la autoridad administrativa competente, prevista en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, para ordenar por cuenta del infractor, la demolición de las construcciones o instalaciones realizadas en las zonas de parques, recreación, destinadas a servicios comunales o de infraestructura y la falta de jurisdicción del juez en casos como el de autos, cuando sea requerida la demolición de obras ilegales ya concluidas.
En consecuencia, respecto a la solicitud de demolición se observa que, tal como lo decidió el a quo, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, el que debe decidir acerca de la solicitud de demolición de la obra es el organismo local o la autoridad urbanística nacional, únicos autorizados para ordenar la demolición de las construcciones ilegales ya concluidas. (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 2.343 de fecha 25 de octubre de 2006).
En ese sentido, se concluye que el Poder Judicial, en efecto, no tiene jurisdicción para conocer y decidir la solicitud de demolición planteada por la parte actora, la cual, se insiste, debe ser conocida por la autoridad local competente, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 69 eiusdem. Así se declara.
Por otra parte, se aprecia que la parte accionante estimó la presente acción en la cantidad de Un Millón Ochocientos Mil Bolívares
(Bs. 1.800.000,00), requirió la suma de Un Millón Quinientos Mil Bolívares (Bs. 1.500.000,00), por concepto de daño patrimonial tomando en consideración la disminución del valor de la propiedad afectada e igualmente pidió la cantidad de Trescientos Mil Bolívares (Bs. 300.000,00), por concepto de daño moral derivado de la angustia y zozobra a la cual se he visto y se sigue viendo sometida. A juicio de esta Sala una vez que medie el acto administrativo correspondiente en relación a la ilegalidad de la construcción realizada es cuando los interesados podrán interponer los recursos administrativos y eventualmente judiciales que procedan, siendo en estos últimos en donde podrán reclamar por tales conceptos. Así se declara. (Vid. sentencia Nro. 00416 del 14 de abril de 2016).
III
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir sobre la solicitud de demolición intentada por las ciudadanas CAROLINA DEL VALLE MARTÍNEZ ANDUEZA e IRMA JOSEFINA MARTÍNEZ APONTE contra los ciudadanos ELIO JOSÉ PALAVICINI SOTO y YACSY YANETH LEMOINE MARTÍNEZ.
En consecuencia, se CONFIRMA la decisión consultada, dictada en fecha 20 de septiembre de 2016 por el Tribunal Primero de Primera Instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
La Presidenta MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL |
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| La Vicepresidenta EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO |
La Magistrada, BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO
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El Magistrado INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA Ponente
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El Magistrado MARCO ANTONIO MEDINA SALAS
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| La Secretaria, YRMA ROSENDO MONASTERIO
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En fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil dieciséis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01240. |
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La Secretaria, YRMA ROSENDO MONASTERIO |
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