Venley

Sentencia N.º 0234

Sentencia
N.º 0234
Fecha
27/02/2025
Sala
Constitucional
Expediente
24-0905
Ponente
Michel Adriana Velásquez Grillet
Procedimiento
Amparo en apelación

 

MAGISTRADA  PONENTE: MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET

 

El 25 de septiembre de 2024, se recibió en esta Sala el oficio N.° 171/2024 del 14 de agosto de 2024, anexo al cual la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, actuando en sede constitucional, remitió el expediente identificado con el alfanumérico EP03-O-2024-000054 (nomenclatura de esa Corte), contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta el 25 de julio de 2024, por el ciudadano GERMÁN FIGUEROA RIVERA, titular de la cédula de identidad N.° V-5.677.459, asistido por el abogado Rodrigo José Casanova,  inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A), bajo el N.° 122.451, con el carácter de víctima, contra la decisión dictada el 6 de junio de 2024, por el Tribunal Quinto de Primera Instancia con Competencia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas que ordenó entre otras cosas: i) admite totalmente la acusación presentada por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público en contra del ciudadano Germán Figueroa Rivera, antes identificado, por la presunta comisión de los delitos de Uso de Documento Falso previsto y sancionado en el artículo 319 del Código Penal y el delito de Forjamiento de Documento previsto y sancionado en 320 del Código Penal  ii) ordenó “el auto de apertura a juicio oral y público al acusado Germán Figueroa Rivera; iii) declaró sin lugar las excepciones opuestas y el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa privada; iv)  se niega la solicitud de la Fiscalía en relación a la medida de privativa de libertad v) se emplaza a las partes a que concurran dentro de los 5 días de audiencia siguientes  al Tribunal de juicio que corresponda.

 

Dicha remisión se efectuó a los fines de que esta Sala se pronuncie respecto al recurso de apelación interpuesto, el 12 de agosto de 2024, por el por el ciudadano Germán Figueroa Rivera, asistido por el abogado Rodrigo José Casanova, contra la sentencia dictada el 7 de agosto de 2024, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, actuando en sede constitucional, que declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el mismo apelante.

 

Luego de la recepción del presente expediente, se dio cuenta en Sala, por auto de la misma fecha, y se designó como ponente a la Magistrada MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET, quien con tal carácter suscribe le presente fallo.

 

El 14 de octubre de 2024, visto el beneficio de jubilación otorgado por la Sala Plena a la Magistrada Dra. Gladys María Gutiérrez Alvarado y la incorporación de la magistrada Dra. Janette Trinidad Córdova Castro, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Dra. Tania D’Amelio Cardiet, Presidenta; Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta; el Magistrado y Magistradas Luis Fernando Damiani Bustillos, Michel Adriana Velásquez Grillet y Janette Trinidad Córdova Castro.

 

Efectuado el análisis del presente caso, esta Sala para decidir, pasa a hacer las siguientes consideraciones:

I

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

 

El 25 de julio de 2024, el  ciudadano Germán Figueroa Rivera, con el carácter de víctima, asistido por el abogado Rodrigo José Casanova, interpuso acción de amparo constitucional, fundamentada bajo los alegatos que esta Sala resume a continuación:

 

Que  “Honorables Jueces de la Corte de Apelaciones del Estado Barinas, en fecha tres (03) de junio de 2024, se llevo a cabo audiencia preliminar por ante el Tribunal Quinto de Primera Instancia con Competencia Estadal y Municipal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, a cargo de la ciudadana Juez abogada ORIANNY CAROLINA SÁNCHEZ LEAL, quien, al término de la referida audiencia, dictó la correspondiente decisión entre cuyos pronunciamientos resolvió declarar sin lugar las excepciones de previo y especial pronunciamiento que, como obstáculos al ejercicio de la acción penal, opuso la defensa del ciudadano GERMÁN FIGUEROA RIVERA. En la referida decisión, también se resolvió declarar sin lugar la solicitud de sobreseimiento definitivo de (a causa; admitir totalmente la acusación y los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, así como los promovidos por la defensa; mantener la medida de coerción personal impuesta al mencionado imputado; ordenándose finalmente la apertura de la causa a juicio oral y público. Dicha decisión fue íntegramente publicada en fecha seis (06) de junio de 2024 (emitiéndose auto fundado de la audiencia preliminar y auto de apertura a juicio, contentivos ambos del pronunciamiento sobre las excepciones opuestas (…)”. (Negrillas, subrayado y mayúsculas propias del escrito).

 

Que, “En este punto, se estima necesario indicar que la defensa técnica del ciudadano GERMÁN FIGUEROA RIVERA, interpuso recurso de apelación de autos contra algunos de los pronunciamientos dictados por el Tribunal aquí señalado como presunto agraviante, respecto de los cuales es procedente el ejercicio de dicha vía impugnatoria, de conformidad con lo señalado en los artículos 314 y 439.5 del Código Orgánico Procesal Penal, así como lo indicado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias N° 942, del 21 de julio de 2015 y Ne 371, de fecha 28 de abril de 2023”. (Negrillas y mayúsculas propias del escrito).

 

Que “Ahora bien, como expresamente lo dispone el artículo 439.2 ibídem, no son recurribles mediante la vía de la apelación de autos, las decisiones del Juez de Control que, en la audiencia preliminar, declaren sin lugar las excepciones, pudiendo estas ser interpuestas nuevamente en la fase de juicio oral, como lo dispone igualmente el artículo 32.3 de la Norma Adjetiva Penal. Sin embargo, atendiendo al criterio reiterado establecido por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, relativo a que si la acción de amparo constitucional no persigue cuestionar la declaratoria sin lugar de una o varias excepciones, sino la inmotivación de dicha resolución, tal solicitud de tutela constitucional es susceptible de ser tramitada, no siendo aplicable la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos v Garantías Constitucionales (Vid. Sentencias N9 1044, del 17 de mayo de 2006; N9 328, del 07 de mayo de 2010; N9 1768, del 23 de noviembre de 2011; N9 1240, del 06 de octubre de 2014; N9 852, del 17 de julio de 2015; N9 1049, del 09 de diciembre de 2016; entre otras). Es por ello, que esta defensa imperiosamente se ve en la necesidad de acudir a la vía del amparo constitucional para impugnar la decisión dictada por el Tribunal accionado, relativa a la declaratoria sin lugar de las excepciones opuestas, denunciándose la inmotivación de dicho fallo, por cuanto no existe una vía ordinaria e idónea para recurrir de dicha resolución judicial, situación que justifica el ejercicio de la presente acción.

 

Que, “Precisado lo anterior, como ya se indico, la defensa opuso como excepciones de previo y especial pronunciamiento, las señaladas en el literal ´e´, así como en el literal ´i´, del numeral 4 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, que versan sobre la acción promovida ilegalmente por incumplimiento de requisitos de procedibilidad para ejercerla, así como la falta de requisitos esenciales para intentar la acusación fiscal. En tal sentido, la defensa del hoy accionante presento escrito fundado (el cual se consigna adjunto en copia certificada) por ante el Tribunal de Control accionado, en la oportunidad indicada por el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, en el que se hizo oposición a la acusación fiscal y se plantearon las referidas excepciones, indicándose que la acusación interpuesta por el Ministerio Público no cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal”.

 

Que, “Conviene indicar que, en el caso concreto, se trata de la segunda acusación presentada por la Representación Fiscal (y así le fue manifestado al Tribunal agraviante, solicitándose en audiencia que se efectuara la comparación de ambos actos conclusivos acusatorios), dado que la primera acusación del Ministerio Público ya fue desestimada en audiencia preliminar de fecha veintisiete (27) de febrero de 2023, al considerarse que no cumplía con los requisitos exigidos por la referida norma procesal, ni poseía fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado, al no derivarse de la misma, indicios suficientes que permitieran vislumbrar un pronóstico favorable de condena en contra del encausado, señalándose que los elementos de convicción y los medios de pruebas no se estimaban suficientes para establecer, en un hipotético juicio oral, la responsabilidad del hoy accionante- Con base en ello, e! Tribunal Segundo de Control de este Circuito Judicial, ante el cual cursaba el asunto para ese momento, decreto el sobreseimiento provisional de la causa seguida al ciudadano GERMÁN FIGUEROA RIVERA, concediendo, no obstante, un lapso de veinte (20) días hábiles para que el Ministerio Público presentara nuevo acto conclusivo subsanado, en atención a lo dispuesto en el artículo 20.2 del Código Orgánico Procesal Penal, como excepción al principio de única persecución. Dicha decisión, que no fue recurrida ni impugnada de manera alguna por las partes y, por tanto, adquirió firmeza, no fue acatada por el Ministerio Público, repitiendo en su nueva acusación, los mismos errores señalados respecto de la primera, pues transcribió de la misma forma los capítulos I y II, relativas a los hechos atribuidos y a los fundamentos de la imputación; incumpliendo igualmente su obligación de aportar, de forma razonada y congruente con el caso concreto, la pertinencia y necesidad de los medios de prueba ofrecidos.

 

Que, “Teniendo ello presente, para hacer patente el incumplimiento de los requisitos del artículo 308 por parte del Ministerio Público en el segundo acto acusatorio interpuesto, la defensa del hoy accionante denuncio que no se estableció la participación del imputado en los hechos que pretenden atribuírsele, no existiendo elementos que así lo señalen, ni se preciso de modo claro una relación entre los elementos de convicción y los hechos narrados en la acusación (debiendo estos soportarse o cimentarse sobre aquellos), sin que se haya expresado como se estableció esa vinculación, ni cuales fueron los elementos de convicción extraídos de las diligencias de investigación llevadas a cabo y de qué manera soportaban la base fáctica fijada en el acto conclusivo, para lo cual no basta la simple enunciación o transcripción de tales diligencias, sin explicar o motivar de alguna manera el por qué se consideran elementos de convicción que permitan sustentar la imputación en contra del ciudadano GERMÁN FIGUEROA RIVERA (habida cuenta además del resultado de la experticia grafotécnica NS 545, obrante en autos de la referida causa penal y presentada como fundamento de la imputación, la cual determine que la firma "plasmada en el documento dubitado NO HA SIDO EJECUTADA por el ciudadano GERMAN FIGUEROA RIVERA)”. (Negrillas, subrayado y mayúsculas propias del escrito).

 

Que, (…) “que la acusación es infundada por carecer de elementos de convicción, así como de medios de prueba, que permitan fundar la imputación, a título de autor o participe, en cabeza del hoy accionante; así como que el Ministerio Público no logró acreditar conducta alguna desplegada por el imputado de autos que resulte típicamente subsumible en las normas materiales del Código Penal esgrimidas por la Fiscalía, presentando los hechos de manera vaga e imprecisa, tratándose básicamente de la transcripción de la denuncia interpuesta en autos”.

 

Que, “(…) como ya se expreso, se denuncio que la acusación no cumplió con los extremos del artículo 308 del Código Adjetivo Penal, dado que no contiene la relación clara (que atiende a lo inteligible), precisa (que atiende a la especificación y descripción suficiente) y circunstanciada (que versa sobre la forma, el momento y el lugar de producción) de los hechos por los que se acuso, sin que se describan como es debido las conductas exteriorizadas por el imputado que satisfagan los elementos típicos requeridos por las normas sustantivas aducidas; o, dicho en otras palabras, que permitan subsumir conducta alguna en los supuestos de hecho que describen los tipos penales (mas aun cuando, se reitera, se trata de dos delitos diferentes, que exigen conductas diversas para la configuración de cada uno), por cuanto el Ministerio Público no realizó un análisis de los dos hechos punibles que se le imputan al hoy accionante y su contestación con conducta alguna de este para considerar tipificadas tales infracciones”.

 

Que, “se denuncio que el acto acusatorio tampoco contiene la expresión de los elementos de convicción que se desprenderían de las diligencias de investigación realizadas {transcritas en la acusación sin precisar que se extrae de las mismas), y que habrían inmotivado (y deberían sostener) la imputación de esos hechos al hoy accionante, sustentándose la pretensión Fiscal en pruebas referenciales, vagas y sin ningún fundamento o elemento de convicción verdadero que pueda atribuir participación activa, conducta típica y, por ende, responsabilidad penal en los hechos, al imputado hoy accionante; es decir, que hagan atribuible algún hecho típico al ciudadano GERMÁN FIGUEROA RIVERA. (Negrillas, subrayado y mayúsculas propias del escrito).

 

Que, “En este estado, es menester indicar, ciudadanos Jueces de la Corte de Apelaciones, que no se trata de la simple disconformidad del imputado y su defensa con lo decidido por el Tribunal accionado, ni se intenta que el asunto sea juzgado nuevamente por la vía del amparo constitucional, como si se tratase de otra instancia. Por ello, debe precisarse que los señalamientos contenidos en los anteriores párrafos, realizados en contra de !a acusación fiscal, se presentan solo a efecto de ilustrar el criterio de esta Superior Instancia en cuanto a los parámetros en que fueran realizadas las solicitudes de la defensa, así como de las circunstancias fácticas que originaron tales solicitudes, las cuales no fueron resueltas cabalmente por el Tribunal accionado, así como tampoco fueron debidamente motivados cada uno de los pronunciamientos que realizo al abordar las excepciones opuestas por la defensa, y en ello consiste precisamente el alegato de fondo de la presente acción, en denunciar la inmotivación del fallo del tribunal agraviante, violatoria, en definitiva, de la tutela judicial efectiva, del debido proceso y del derecho a la defensa del ciudadano GERMÁN FIGUEROA RIVERA”. (Negrillas, subrayado y mayúsculas propias del escrito).

 

Que (…) “Por otra parte, la decisión del Tribunal accionado, señala que procedió ´a revisar evidenciando la existencia de un delito, no existiendo la ausencia de dos presupuestos procesales como la tipicidad de la conducta y la perseguibilidad penal, por cuanto estamos en presencia de un hecho que constituye delito y es justiciable plenamente´. De lo anterior, básicamente se extrae que el fallo impugnado establece que existe un delito porque no hay ausencia de tipicidad al estar en presencia de un hecho que constituye delito”. (Negrillas, subrayado y mayúsculas propias del escrito).

 

Que “(…) aparte de lo redundante de la expresión plasmada por el Tribunal agraviante, es evidente que la misma constituye una falacia circular o cíclica al incluir la conclusión en la premisa: has delito porque no hay atipicidad v no hay atipicidad porque estamos ante un hecho que constituye delito. Ello, claramente nada resuelve sobre la suficiencia de la relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos para ser subsumibles en los supuestos de hecho de las normas del Código Penal alegadas por la acusación y aceptadas por el Tribunal agraviante como aplicables al caso de autos, pues nada se plasmo en cuanto al análisis de tales hechos, a la verificación de la existencia de conductas atribuibles al imputado de autos y la debida motivación de esa imputación, fundada en elementos de convicción que así lo señalen, así como su adecuabilidad a los supuestos de hecho contenidos en las normas sustantivas”. (Negrillas, subrayado y mayúsculas propias del escrito)

Que, “(…) como ya se indicó, el fallo del Tribunal accionado, al abordar la infundada solicitud de imposición de medida privativa de libertad realizada por el Ministerio Público, también señaló que ´estamos en presencia de un hecho punible, suficientes elementos v medios probatorios que hacen presumir a este Tribunal que podría concluirse en un hipotético juicio oral y público en una sentencia condenatoria con respecto a hs tipos penales precalificados por el Tribunal´, pero, nuevamente, sin haber efectuado análisis alguno (o al menos, sin consignarlo en los considerandos de su resolución) respecto de los hechos denunciados como insuficientes (además de no sostenidos por las diligencias señaladas como fundamentos de la imputación) y su correspondencia con los elementos constitutivos de los tipos penales, para poder concluir en la ´presencia de un hecho punible´, para lo cual tampoco basta el señalamiento del nombre del delito o la indicación de los números de los artículos de la norma, sino que se amerita la contestación entre hechos y derecho (o hechos imputados y supuestos de hecho de las normas sustantivas) para arribar motivadamente a la precalificación realizada por el Tribunal”. (Negrillas, subrayado y mayúsculas propias del escrito).

 

II

DEL FALLO APELADO

 

La sentencia objeto de la presente apelación fue la decisión dictada el 7 de agosto de 2024, por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, la cual actuando en primera instancia constitucional, en el expediente identificado con el alfanumérico EP03-O-2024-000054 (nomenclatura de esa Corte), declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo cual hizo en los siguientes términos:

“(…)

Asimismo, la Sala Constitucional ha indicado, repetidamente, que son inadmisibles las pretensiones de amparo que se propongan contra pronunciamientos judiciales, sin que previamente se hubiesen agotado los medios ordinarios o extraordinarios de impugnación preexistentes, a menos que el peticionario alegue y pruebe causas o razones valederas que justifiquen la escogencia de dicho medio de tutela a derechos constitucionales.

En este mismo sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 939, de fecha quince de febrero de dos mil (15/02/2000), con ponencia de la magistrada Lourdes Benicia Suarez Anderson, expreso:

"...En este contexto es menester indicar que la postura que sirve de fundamento al fallo apelado ha sido corregida progresivamente por esta Sala hasta el punto de considerar que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria (vid sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 entre otras); no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidido hacer uso de esta vía -amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador..." (Subrayado y negrillas añadidos)

 

De las actuaciones del caso bajo examen, constata esta Alzada actuando en Sede Constitucional, que la pretensión del accionante es la nulidad absoluta de la decisión dictada en Audiencia Preliminar-Apertura a Juicio, en fecha tres de junio de dos mil veinticuatro (03/06/2024), y publicada en fecha seis de junio de dos mil veinticuatro (06/06/2024), por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 05 del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, mediante la cual admite la acusación y los medios de prueba promovido por la representación fiscal asimismo; declara sin lugar las excepciones planteadas por la defensa del imputado y el sobreseimiento definitivo, ordenando la apertura a juicio oral y público en contra del ciudadano Germán Figueroa Rivera, en perjuicio de la ciudadana Marlen Andreina Herran Sosa.

 

De una revisión exhaustiva al Sistema de Gestión Judicial Independencia, se constata que por ante este Tribunal Colegiado cursa recurso de apelación de autos signado con la nomenclatura EP03-R-2024-000056, interpuesto en fecha cuatro de julio del dos mil veinticuatro (04107/2024), por el abogado Rodrigo José Casanova D' Jesús, actuando con el carácter de defensor privado del ciudadano Germán Figueroa Rivera, titular de la cédula de identidad N° V-15.670.461, de conformidad con el artículo 314 y 439 numeral 5° del Código Orgánico Procesal Penal, en el cual su fundamento se basa en la inmotivación de las solicitudes planteada por el recurrente al término de la audiencia preliminar, generando a criterio de la defensa privada del Imputado de autos un gravamen irreparable y solicita a los miembros de la Corte de Apelaciones que conozcan de asunto antes identificado lo siguiente:

 

"...PRIMERO: SE ADMITA el presente RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO, interpuesto en contra de la decisión dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia con Competencia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, mediante auto fundado de fecha 06 de junio de 2024, mediante la cual, entre otros pronunciamientos emitidos al termino de la audiencia preliminar, resolvió admitir totalmente las pruebas deficientemente promovidas por el Ministerio Público en su acusación, declarando además sin lugar la solicitud de sobreseimiento definitivo de la causa, obviando verificar el cumplimiento de la carga procesal impuesta a la Fiscalía de corregir la acusación presentada, la cual no fue cumplida por el Ministerio Público SEGUNDO: SE DECLARE CON LUGAR el presente RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO y, en consecuencia. SE ANULE la decisión objeto de impugnación y se ordene la celebración de nueva audiencia preliminar ante otro Juez de la misma categoría, que resuelva motivadamente sobre las solicitudes de la defensa, por adolecer de vicios que atentan contra la tutela judicial efectiva, el debido proceso el derecho a la defensa del imputado de autos.

TERCERO: SE DECLARE CON LUGAR la solicitud de NULIDAD ABSOLUTA de la decisión dictada por el Tribunal a quo mediante sendos autos fundados de fecha 06 de junio de 2024, siendo esta oponible en todo estado y grado del proceso, e incluso cognoscible de oficio por parte del Tribunal al advertir la existencia de vicios que conlleven la nulidad absoluta de conformidad con lo señalado en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal...".

 

De lo anteriormente citado se desprende, que el accionante pretende ejercer la vía de amparo constitucional, planteando la presunta inmotivación de las excepciones declaradas sin lugar, haciendo alusión que es el único medio para ejercer el derecho a la defensa, pero con la misma pretensión que en el recurso de apelación de autos, vale decir; la nulidad absoluta de la decisión dictada en Audiencia Preliminar-Apertura a Juicio, en fecha tres de junio de dos mil veinticuatro (03/06/2024), y publicada en fecha seis de junio de dos mil veinticuatro (06/06/2024),

 

Efectuadas las anteriores precisiones, observa esta Alzada actuando en Sede Constitucional, que en el presente caso se denuncia la declaratoria sin lugar de las excepciones opuestas, denunciándose la inmotivación de dicho fallo, por cuanto no existe una vía ordinaria e idónea para recurrir de dicha resolución judicial; lo que al verificarse, queda plenamente claro y demostrado, que el hoy accionante, disponía de los recursos ordinarios, a fin de lograr su pretensión, y siendo el caso que actualmente se encuentra en trámite el respectivo recurso de apelación de autos signado bajo la nomenclatura N° EP03-R-2024-000056, debe entonces agotar las vías judiciales ordinaria y como último la vía de acción de amparo constitucional; es por ello, que la pretensión constitucional aquí incoada, necesariamente debe ser declarada inadmisible, de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y con base en la doctrina reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, todo ello en virtud de no haber agotado las vías recursivas. Y Así se decide.

 

 

III

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

 

El 12 agosto de 2024, el ciudadano Germán Figueroa Rivera, asistido del abogado Rodrigo José Casanova, ya identificados, presentó recurso de apelación, con escrito debidamente fundamentado, contra la decisión dictada el 7 de agosto de 2024, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas alegando como argumentos lo siguiente:

 

 Que, “(…) de los razonamientos empleados por la decisión adversada, se extrae que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, consideró que, en el caso de autos, quien hoy recurre ´disponía de los recursos ordinarios, a fin de lograr su pretensión´, debiendo ´agotar las vías judiciales ordinaria y como ultimo la vía de acción de amparo constitucional´, estimando que actualmente se encuentra en trámite el respectivo recurso de apelación de autos signado bajo la nomenclatura N° EP03-R-2024-000056".

 

Que, “(…) la decisión objeto de apelación parte de que ´la pretensión del accionante es la nulidad absoluta de la decisión dictada en Audiencia Preliminar-Apertura a Juicio, en fecha tres de junio de 2024 (03/06/2024)´ y que el recurso de apelación ejercido contra el mismo auto fundado dictado con ocasión de dicha audiencia preliminar ´se basa en la inmotivación de las solicitudes planteada [sic] por el recurrente al termino de la audiencia preliminar´, por lo que se pretendería ejercer la vía de amparo constitucional planteando lo presunta inmotivación de las excepciones declaradas sin lugar [...] pero con la misma pretensión que en el recurso de apelación de autos, vale decir, la nulidad absoluta de la decisión dictado en Audiencia Preliminar-Apertura a Juicio".

 

Que, “(…), como lo establece el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal y como lo ha señalado en diversas ocasiones esta Máxima Instancia Judicial, al finalizar la audiencia preliminar el juez de control realiza diversos pronunciamientos - dependiendo de las circunstancias concretas de cada caso -decidiendo respecto de varias cuestiones; resolviendo acerca de diferentes puntos relativas al asunto sometido a su conocimiento; y tales pronunciamientos, decisiones o resoluciones se contienen en el mismo auto fundado que se dicta con ocasión de la realización de dicha audiencia oral. Dicho de otra forma, se trata de un mismo acto decisorio que contiene tantos pronunciamientos como solicitudes o puntos haya por resolver en cada caso concreto”.

 

Que (…) “como lo señaló la Sala Dos de la Corte de Apelaciones, tanto en la acción de amparo constitucional como en el recurso se pretende la nulidad de la decisión dictada por el Tribunal Quinto de Control del Estado Barinas; ello como consecuencia jurídica de la magnitud y gravedad de los vicios denunciados, que vulneran la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa. No obstante, cada una de las vías empleadas para oponerse a la referida decisión (recurso de apelación y acción de amparo constitucional) atendiendo al principio de impugnabilidad objetiva, se dirige a atacar distintos puntos o partes del auto fundado dictado por el Tribunal de Control”.

 

Que, “(…) la denuncia realizada a través del amparo constitucional, está referida solo al pronunciamiento efectuado al termino de la audiencia preliminar que declaro sin lugar las excepciones planteadas por la defensa, respecto del cual se alego la inmotivación del fallo. Por otro lado, a través del recurso de apelación, fueron impugnados los pronunciamientos relativos a 1) la ilegal admisión de las pruebas presentadas por el Ministerio Público sin indicación suficiente de su pertinencia y necesidad; 2) la declaratoria sin lugar de la solicitud de sobreseimiento definitivo, por no haber corregido debidamente la acusación el Ministerio Público (para lo cual le fue concedido un plazo de veinte (20) días hábiles) sin que el Tribunal de Control haya verificado su no subsanación; requiriéndose igualmente la nulidad absoluta de tales pronunciamientos (relativos a la admisión de las pruebas y la solicitud de sobreseimiento definitivo) por encontrarse viciados de inmotivación”.

 

Que, “(…) ambos medios o vías empleadas para objetar la decisión dictada por el Tribunal de Control persigan la misma consecuencia jurídica - nulidad absoluta, la cual devendría de la naturaleza y gravedad de los vicios delatados - no los equipara, ni constituye ´la misma pretensión´, pues, como ya se indico, cada uno se encamina a adversar pronunciamientos diferentes, distintos, disimiles, aunque contenidos en el mismo auto fundado dictado por el referido Tribunal, atendiendo a que algunos de dichos pronunciamientos son susceptibles de ser impugnados por la vía del recurso de apelación de autos (como lo relativo a la admisión de las pruebas y la solicitud de sobreseimiento definitivo declarada sin lugar) mientras que otros no lo son (como el relativo a las excepciones declaradas sin lugar en la audiencia preliminar, como expresamente lo señala el artículo 439.2 del Código Orgánico Procesal Penal)”.

 

Que, “(…) salvo criterio más acertado por parte de la Honorable Sala Constitucional, se estima que queda claro, por una parte, que la acción de amparo constitucional intentada por quien aquí recurre, se dirigió contra la decisión que al término de la audiencia preliminar, de manera inmotivada, declaro sin lugar las excepciones presentadas por la defensa, siendo distintos los pronunciamientos impugnados mediante el recurso de apelación ejercido por la defensa; y por otra, que no existe medio de impugnación preexistente o vía ordinaria para recurrir de la decisión que resuelve declarar sin lugar las excepciones en la audiencia preliminar, razón por la cual, alegada la inmotivación de dicho pronunciamiento (violatoria cuando menos de la tutela judicial efectiva), es susceptible de tramitación la acción de amparo constitucional intentada en tales términos, sin que sea aplicable la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Que, “(…) se estima que la decisión aquí adversada, lesiono la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa del accionante de autos, al negársele la vía del amparo constitucional para el restablecimiento de la situación jurídica infringida, en protección de sus derechos y de las garantías constitucionales conculcadas, afectándose además el debido proceso al declararse inadmisible la acción de amparo constitucional por aplicación de una causal que no se adecua al caso concreto de autos, dado que, como ya se expreso, por disposición expresa del artículo 439.2 del Código Orgánico Procesal Penal, ´no cabe recurso de apelación contra la decisión mediante la cual el Juzgado de Control declara sin lugar las excepciones al termino de la audiencia preliminar".

 

Que, “(…) quien aquí recurre, respetuosamente solicita que sea anulada la decisión dictada por la Honorable Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, de fecha 07 de agosto de 2024, mediante la cual declaro inadmisible la acción interpuesta en el presente proceso de amparo constitucional, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia con Competencia Estadal y Municipal en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, que al término de la audiencia preliminar declaro sin lugar las excepciones opuestas por la defensa, por encontrarse dicho pronunciamiento viciado por inmotivación.

 

Que, “(…) en obsequio de la justicia, la celeridad y la economía procesal, a fin de restablecer la situación jurídica infringida en el caso de autos y en salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales del accionante aquí recurrente, conculcados inicialmente por la decisión dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia con Competencia Estadal y Municipal en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, pronunciada al termino de la audiencia preliminar de fecha 03 de junio de 2024, publicada mediante auto fundado del día 06 del mismo mes y ano, de estimarlo procedente la Máxima Instancia Constitucional, declare igualmente la nulidad de dicha decisión por encontrarse viciada de inmotivación, tal como fundadamente se explano en el escrito contentivo de la acción de amparo constitucional”

 

Que, “(…) Por los razonamientos anteriormente expuestos, quien aquí recurre, respetuosamente solicita de esta Honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo siguiente: PRIMERO: SE ADMITA Y SE DECLARE CON LUGAR el presente recurso de apelación, ejercido con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra la decisión dictada en fecha 07 de agosto de 2024, por la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, mediante la cual declaro inadmisible, con fundamento en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo constitucional intentada en fecha veintidós (22) de julio de 2024, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia con Competencia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, que al término de la audiencia preliminar, de forma inmotivada, declaro sin lugar las excepciones opuestas por la defensa. SEGUNDO: SE ANULE la decisión objeto del presente recurso de apelación, descrita en el punto anterior, dictada por la Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas. TERCERO: SE ANULE la decisión dictada en fecha 03 de junio de 2024, publicada mediante auto del 06 de junio de 2024, por el Tribunal Quinto de Primera Instancia con Competencia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, que al término de la audiencia preliminar, de forma inmotivada, declaro sin lugar las excepciones opuestas por la defensa, en la causa penal signada EP03-P-2022-000909.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

Previo a cualquier decisión, esta Sala debe pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación, y en tal sentido se observa que el recurso de apelación se ejerció el 12 agosto de 2024, contra la decisión dictada el 7 de agosto de 2024, por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, por lo que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el artículo 25, cardinal 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala se declara competente para su conocimiento. Así se declara.

 

V

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Establecido lo anterior y determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre la apelación ejercida por el ciudadano Germán Figueroa Rivera, asistido del abogado Rodrigo José Casanova, ya identificados, al respecto para decidir, observa:

 

Esta Sala, como punto previo, considera pertinente pronunciarse sobre la tempestividad del recurso de apelación propuesto, y verificar si el mismo se interpuso dentro del lapso que prevé el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y al efecto, se observa que la decisión objeto de impugnación fue la sentencia dictada el miércoles 7 agosto de 2024, por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, la cual actuando en primera instancia constitucional, declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y posteriormente el día lunes 12 agosto de 2024, el accionante ejerció el recurso de apelación, a través de escrito debidamente fundamentado, en este orden, se advierte que el lapso de tres (3) días para interponer el recurso de apelación en amparo, debe ser computado por días calendarios consecutivos, excepto los sábados, los domingos, el jueves y el viernes santos, los declarados días de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales y los declarados no laborables por otras leyes, en atención al criterio vinculante establecido por esta Sala en la decisión N.° 3.027 de 14 de octubre de 2005  (caso: “César Armando Caldera Oropeza”),  reiterando con carácter vinculante lo ya expresado en el fallo N.° 7 del 1º de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía).

Considerando lo anterior, se aprecia que el lapso para interponer el recurso de apelación inició el jueves 8 agosto de 2024 y finalizó el lunes 12 de agosto de 2024, en consecuencia, la interposición del mismo resultó tempestiva ya que la apelación fue presentada el lunes 12 de agosto de 2024, dentro de los tres (3) días calendarios consecutivos, posteriores a su notificación, lapso previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y conteste con el criterio de esta Sala, sostenido en la decisión N.° 501 del 31 de mayo de 2000 (caso: “Seguros Los Andes C.A.”). Así se decide.

 

También, esta Sala precisa que, tal como quedó plasmado en la sentencia N.° 442 del 4 de abril de 2001, (caso: “Estación Los Pinos S.R.L.”), “… En este sentido, esta Sala considera que habiendo la Ley establecido un plazo para que el tribunal de alzada decida la apelación de la sentencia de amparo constitucional, este plazo debe considerarse como un plazo preclusivo para que las partes interpongan cualquier escrito relacionado con el expediente…”, por lo que habiéndose establecido en la ley un plazo de treinta (30) días para que el tribunal de alzada decida la apelación de la sentencia de amparo constitucional, este plazo debe considerarse como preclusivo para que las partes consignen cualquier escrito relacionado con el recurso. En el caso de autos, se aprecia que el lunes 12 de agosto de 2024, el ciudadano Germán Figueroa Rivera, asistido del abogado Rodrigo José Casanova, ya identificados, ejerció el recurso de apelación, a través de escrito debidamente fundamentado, por lo cual se considera que dicho escrito es igualmente tempestivo, en consecuencia, se estimarán los alegatos contenidos en el mismo. Así se decide.

 

En el caso sub examine, se observa de las actas cursantes del presente expediente específicamente del anexo dos (02) folios 1 al 28, que el 25 de julio de 2024, que el ciudadano Germán Figueroa Rivera, asistido por el abogado Rodrigo José Casanova, antes identificados, presento acción de amparo con fundamento a los dispuesto en los artículo 2, 7, 19, 22, 25, 26, 27, 49, 51 y 257, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículos 1, 12, 13, 19 y 157 del Código Orgánico Procesal Penal; y artículo 1, 2, 4 y 13 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a los fines de interponer ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL en contra del Tribunal Quinto de Primera Instancia con Competencia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, (…) “ dictó la correspondiente decisión entre cuyos pronunciamientos resolvió declarar sin lugar las excepciones de previo y especial pronunciamiento que, como obstáculo al ejercicio de la acción penal, opuso la defensa del ciudadano GERMÁN FIGUEROA RIVERA. Asimismo, se observa del escrito específicamente del petitorio lo siguiente: “SE ADMITA la presente acción de amparo (…) SE ORDENE LA CELEBRACIÓN DE UNA NUEVA AUDICIENCIA PRELIMINAR, ante un juez distinto, en la que se dicte decisión que, de forma debidamente motivada, resuelva cabalmente las excepciones planteadas por la defensa en la causa penal que se le sigue al mencionado ciudadano”. Finalmente, sostuvo que “la decisión dictada al término de la audiencia preliminar de fecha 03 de junio de 2024, publicada en extenso el día 06 de mismo mes y año, mediante la cual declaró sin lugar las excepciones intentadas por la defensa, decisión ésta viciada por inmotivación”. (Negrillas, mayúsculas y subrayado del escrito).

 

Asimismo, se observa que la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, actuando en primera instancia constitucional, al resolver la acción de amparo constitucional, interpuesta el 25 de julio de 2024, por el ciudadano Germán Figueroa Rivera, asistido del abogado Rodrigo José Casanova, ya identificados, fundamentó la inadmisibilidad de la misma, bajo el siguiente argumento:

 

“Efectuadas las anteriores precisiones, observa esta Alzada actuando en Sede Constitucional, que en el presente caso se denuncia la declaratoria sin lugar de las excepciones opuestas, denunciándose la inmotivación de dicho fallo, por cuanto no existe una vía ordinaria e idónea para recurrir de dicha resolución judicial; lo que al verificarse, queda plenamente claro y demostrado, que el hoy accionante, disponía de los recursos ordinarios, a fin de lograr su pretensión, y siendo el caso que actualmente se encuentra en trámite el respectivo recurso de apelación de autos signado bajo la nomenclatura N° EP03-R-2024-000056, debe entonces agotar las vías judiciales ordinaria y como ultimo la vía de acción de amparo constitucional; es por ello, que la pretensión constitucional aquí incoada, necesariamente debe ser declarada inadmisible, de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y con base en la doctrina reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, todo ello en virtud de no haber agotado las vías recursivas. Y Así se decide”.

 

Ahora bien, la representación del ciudadano Germán Figueroa Rivera, asistido por el abogado Rodrigo José Casanova, supra identificados, en su escrito de fundamentación de la apelación  alegó lo siguiente: “(…) la denuncia realizada a través del amparo constitucional, está referida solo al pronunciamiento efectuado al término de la audiencia preliminar que declaro sin lugar las excepciones planteadas por la defensa, respecto del cual se alegó la inmotivación del fallo. Por otro lado, a través del recurso de apelación, fueron impugnados los pronunciamientos relativos a 1) la ilegal admisión de las pruebas presentadas por el Ministerio Público sin indicación suficiente de su pertinencia y necesidad; 2) la declaratoria sin lugar de la solicitud de sobreseimiento definitivo, por no haber corregido debidamente la acusación el Ministerio Público (para lo cual le fue concedido un plazo de veinte (20) días hábiles) sin que el Tribunal de Control haya verificado su no subsanación; requiriéndose igualmente la nulidad absoluta de tales pronunciamientos (relativos a la admisión de las pruebas y la solicitud de sobreseimiento definitivo) por encontrarse viciados de inmotivación”.

 

En tal sentido, se desprende claramente, que la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Germán Figueroa Rivera, asistido del abogado Rodrigo José Casanova, ya identificados, tiene por objeto en el presunto vicio de inmotivación de la sentencia dictada el 6 de junio de 2024, por Tribunal Quinto de Primera Instancia con Competencia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, en lo relativo a la declaratoria sin lugar de las excepciones opuestas en la audiencia preliminar por el accionante.

 

Determinado lo anterior, es pertinente señalar el criterio sostenido por esta Sala Constitucional mediante sentencia 1049, del 9 de diciembre de 2016, en el cual estableció lo siguiente:

 (…)

“Conforme a ello, vemos que no era posible declarar inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que dicha causal no es oponible bajo el argumento de que procede el recurso de apelación contra una decisión que resolvió sin lugar las excepciones, ya que tal como se señaló en la sentencia citada, y tal como lo pauta el artículo 439.2 del Código Orgánico Procesal Penal, solo procede la apelación cuando la decisión resuelva con lugar la excepción, lo cual no es el caso que se planteó a través del amparo, pues aquí lo impugnado era la inmotivación y omisión de pronunciamiento de unas excepciones opuestas.

 

En atención a lo anteriormente expuesto, visto que la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, erró al declarar inadmisible la tutela constitucional invocada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto el objeto del amparo fue la supuesta inmotivación en relación a la declaratoria sin lugar de las excepciones opuestas en la audiencia preliminar, por parte del Tribunal Quinto de Primera Instancia con Competencia Estadal y Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, ante lo cual la acción de amparo constitucional resulta ser la vía idónea para atacar tal pronunciamiento.

 

Desestimado como ha sido que la tutela constitucional invocada sea inadmisible conforme a lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como fue declarado por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, la cual erró por completo en las consideraciones efectuadas y se apartó de los criterios establecidos por esta instancia constitucional, esta Sala declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Germán Figueroa Rivera, asistido del abogado Rodrigo José Casanova, ya identificados, en consecuencia, anula la decisión dictada, el 7 de agosto de 2024, por la mencionada Sala de la Corte Apelaciones y repone la causa al estado de que se pronuncie sobre la acción de amparo constitucional interpuesta, prescindiendo de la causal de inadmisibilidad desestimada en el presente fallo. Así se declara.

 

Finalmente, hace un llamado de atención a los integrantes de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, para que en lo sucesivo no incurran en el mismo error y tengan en cuenta la jurisprudencia vinculante dictada por esta Sala Constitucional en materia de amparo, como a los medios recursivos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley declara:

 

1.- Que esta Sala tiene COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación de amparo constitucional, interpuesto, el 12 de agosto de 2024, por el ciudadano Germán Figueroa Rivera titular de la cédula de identidad N.° V-5.677.459, asistido del abogado Rodrigo José Casanova, contra la sentencia, dictada el 7 agosto de 2024, por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, actuando en sede constitucional, mediante el cual se declaró, de conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional que conoció bajo el expediente identificado con el alfanumérico EP03-O-2024-000054 (nomenclatura de esa Corte),

 

2.- CON LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano Germán Figueroa Rivera, titular de la cédula de identidad N.° V-5.677.459, asistido por el abogado Rodrigo José Casanova, antes identificado.

 

3.- ANULA la mencionada decisión de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, en los términos expuestos en el presente fallo y repone  la causa al estado de que se pronuncie sobre la acción de amparo constitucional interpuesta.

 

Publíquese y regístrese. Notifíquese de la presente decisión, al apelante y a la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, conforme a lo establecido en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Devuélvase el expediente a la Corte de Apelaciones de origen. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 27 días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025). Años: 214° de la Independencia y 166° de la Federación.

La Presidenta,

 

TANIA D'AMELIO CARDIET

La Vicepresidenta,

 

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

Los Magistrados,

 

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

 

 

MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET

                                 (Ponente)                   

 

JANETTE TRINIDAD CÓRDOVA CASTRO

 

El Secretario

 

 

CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

 

MAVG

24-0905.

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