Sentencia N.º 0305
- Sentencia
- N.º 0305
- Fecha
- 16/08/2019
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 18-0863
- Ponente
- Luis Fernando Damiani Bustillos
- Procedimiento
- Acción de Amparo contra sentencia
- Enlace fuente oficial
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MAGISTRADO PONENTE: LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
El 21 de diciembre de 2018, fue recibido en la Secretaría de esta Sala Constitucional, escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por las abogadas Diurkin Daniuska Bolívar Lugo e Indira Mercedes Amarista Aguilar, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 97.465 y 93.181, respectivamente, actuando en su carácter de defensoras privadas, según consta en autos, del ciudadano HÉCTOR DANIEL PÁEZ SALAZAR, titular de la cédula de identidad N° 14.789.759, contra la sentencia dictada el 20 de noviembre de 2018, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación de autos ejercido por la defensa privada del referido ciudadano y en consecuencia, confirmó el auto de ejecución de sentencia dictado el 20 de octubre de 2017, por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual, entre otras cosas, se estableció que el referido ciudadano no podrá optar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
El 21 de diciembre de 2018, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 29 de enero; 5 y 14 de febrero; 2, 8 y 14 de mayo de 2019, la parte accionante solicitó pronunciamiento.
Mediante auto N° 101 del 14 de mayo de 2019, la Sala solicitó al Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el original del expediente contentivo de la causa penal seguida al ciudadano Héctor Daniel Páez Salazar.
El 21 de mayo de 2019, la parte accionante solicitó copias simples.
El 23 de mayo de 2019, se recibió en esta Sala el Oficio N° 1087-19, anexo al cual el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, remitió el expediente contentivo de la causa penal alfanumérica 14E-2655-16 seguida al ciudadano Héctor Daniel Páez Salazar.
El 27 de mayo, 4, 6, 10, 17, 18, 25 de junio, 1°, 8, 25 de julio, 2 y 8 de agosto de 2019, la parte accionante solicitó celeridad en la resolución de la presente causa.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
Las abogadas accionantes, fundamentaron su pretensión de amparo constitucional en los siguientes términos:
Que interponen ( ) FORMAL ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, en contra de la sentencia dictada en fecha 29 (sic) de octubre (sic) de 2018, por la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (expediente N° 6941-18) ( ) (Mayúsculas y subrayado del original).
Que ( ) el caso es que [esa] representación en la etapa procesal correspondiente ejerció formal recurso de apelación en contra del AUTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA de fecha 20 de octubre de 2017, dictado por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; el cual fue admitido por parte de la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 25 de julio de 2018, luego de haber transcurrido aproximadamente CINCO (5) MESES (Mayúsculas del original, corchetes de esta Sala).
Que ( ) dentro de los argumentos de fundamentación del recurso de apelación interpuesto, se encuentra la desatención por parte del Tribunal Décimo Cuarto (14°) de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en cuanto a la decisión dictada por la Sala 6 de la Corte de Apelaciones de la misma Circunscripción Judicial, quien declaró la nulidad del cómputo realizado, y ordenó la distribución de la causa a otro tribunal de ejecución distinto, para el pronunciamiento respectivo con presidencia de los errores y omisiones cometidas; sin embargo, pese a ello a través del auto de fecha 20/10/2017, dicta un nuevo cómputo viciado y contentivo de los mismos errores que le fue ordenado subsanar; a la par de pronunciarse negativamente respecto de la nulidad del cómputo interpuesta por [esa] representación (Corchetes de esta Sala).
Que ( ) después que [esa] representación de manera permanente solicitara a la Sala 3 de la Corte de Apelaciones respectiva formal pronunciamiento, tanto de la admisión como del fondo del recurso; este fue declarado SIN LUGAR en fecha 29 (sic) de octubre de 2018 (sic), teniendo como fundamento principal de la decisión accionada, la imposibilidad que supuestamente posee un tribunal de ejecución para corregir un cómputo de pena evidentemente errado, entre otros aspectos; lo cual evidencia una franca violación de los derechos y garantías constitucionales del ciudadano HÉCTOR PÁEZ SALAZAR, tal es el caso de la violación a la tutela judicial efectiva por inmotivación de la sentencia; debido proceso y, el deber del Estado de garantizar preferentemente el cumplimiento de fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de libertad; por lo que formal y muy respetuosamente [comparecen] ( ) a los fines de interponer la presente acción de amparo constitucional (Mayúsculas del original, corchetes de esta Sala).
Que ( ) tras haberse interpuesto en fecha 14 de noviembre de 2017 formal recurso de apelación en contra del AUTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA dictado en fecha 20 de octubre de 2017, por el Juzgado 14° de Primera Instancia en Funciones de Ejecución Circunscripcional (sic), la sala recurrida recibe el expediente el 19 de enero de 2018, y no es sino hasta el 09 de julio de 2018 que la ponente, abogada GISELA HERNÁNDEZ se avoca (sic) al conocimiento de la causa; admitiendo el mismo el 25 de julio de 2018 (Mayúsculas del original, corchetes de esta Sala).
Que ( ) en el caso particular ( ); la tutela judicial efectiva y el debido proceso, fue totalmente violentado; pues desde su interposición a la fecha de la resolución negativa del mismo, transcurrieron exactamente ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DÍAS; tiempo durante el cual [su] defendido se ha mantenido privado de su libertad en un lugar distinto a un Centro Penitenciario propiamente dicho, tal es el caso de las instalaciones pertenecientes al Centro de Resguardo y Custodia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicado en la urbanización Boleíta (Zona 7), de la ciudad de Caracas; lo cual es responsabilidad exclusiva del órgano jurisdiccional, en nada es atribuible a [su] defendido (Mayúsculas del original, corchetes de esta Sala).
Que ( ) la incongruencia del fallo accionado en amparo se observa cuando, en primer lugar, la Sala 3 de la Corte de Apelaciones a lo largo del fallo accionado, señala que [esa] representación ejerció recurso de apelación en contra del auto de ejecución de la pena dictado por el Tribunal 14° de Ejecución Circunscripcional (sic), de fecha 20 de octubre de 2017 y; por otro lado señala que [pretenden] impugnar la decisión dictada por el Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia de Juicio de la misma Circunscripción Judicial, el cual [saben] tiene valor de cosa juzgada, indicando además que no [ejercieron] en su oportunidad los recursos existentes en su contra. Lo anterior carece de toda lógica visto desde varias perspectivas, ya que [esa] representación asumió la defensa técnica de HÉCTOR PÁEZ SALAZAR, desde el 25 de enero de 2017, a través de la designación de quienes aquí [suscriben]; siendo formal y debidamente juramentadas en autos el 16/02/2017 (Abogada Indira Amarista Aguilar) y 13/06/2017 (Abogada Diurkin Bolívar Lugo); tal y como lo expresa el fallo recurrido (folio 139) y consta de las actas de juramentación que se acompañan al presente escrito en originales; por lo que sería efectivamente un desacierto de esta defensa pretender impugnar una sentencia que adquirió carácter de cosa juzgada judicial, vencido como se encontraba el lapso para su impugnación, sin que, la defensa técnica que para el momento tenía el ciudadano HÉCTOR PÁEZ SALAZAR, realizara lo conducente. (Mayúsculas del original, corchetes de esta Sala).
Que ( ) [esa] representación no pretendió impugnar la decisión dictada por el Tribunal de Juicio; eso sería un error y una arbitrariedad conforme a lo explicado arriba; circunstancia que, sorprendentemente al parecer confunde la Sala 3 de la Corte de Apelaciones y, consecuentemente repite de manera incongruente en el fallo; en razón de lo cual se genera de manera clara la inmotivación del mismo. [Su] recurso de apelación siempre estuvo dirigido al auto dictado por el Tribunal de Ejecución, contentivo del cómputo de la pena aplicada a [su] defendido; lo cual evidentemente existe como consecuencia del fallo dictado por el Juzgado Tercero (3°) de Juicio (Corchetes de esta Sala).
Que existe ( ) el vicio de inmotivación de la sentencia por incongruencia; ya que por una parte se [les] señala de no conocer el alcance de las facultades que se le atribuye a los jueces de ejecución; pero más adelante en el mismo fallo, reproduce cuales (sic) son efectivamente las competencias de los Juzgados aquí referidos; dentro de los que se encuentra TODO LO CONCERNIENTE A LA LIBERTAD DEL PENADO O PENADA, situación que se repite a lo largo de toda la decisión, como consecuencia de la confusión respecto de lo que pretende [esa] defensa tras la impugnación del AUTO DE EJECUCIÓN DE LA PENA, no de la decisión dictada por el Tribunal de Juicio; siendo factible a modo de consecuencia que el tribunal de ejecución efectivamente realice la corrección del cómputo referido, ya que es evidente el error del mismo; sin desconocer con ello que, la sentencia dictada por el Juzgado de Juicio, como consecuencia de la admisión de los hechos de [su] defendido se encuentra definitivamente firme (Mayúsculas del original, corchetes de esta Sala).
Que ( ) [no es] lógico ni apegado al debido proceso que, un tribunal de ejecución simplemente se limite a cumplir con las órdenes impartidas por un tribunal de juicio; sin [que] para ello implemente la sana crítica, el derecho y la justicia; pues si solo se tratare de cumplir de manera autómata, en carencia de criterio y análisis de la causa especial y específica, bastaría con atribuir esta actuación a un órgano administrativo. Sin embargo no es así, ya que [están]ante órganos jurisdiccionales en materia de ejecución, que sin apartar cuál es su función dentro del proceso, tiene discreción para corregir un cómputo que afecta LA LIBERTAD DEL CONDENADO Y SU CONSECUENTE TIEMPO DE CONDENA (Mayúsculas del original, corchetes de esta Sala).
Que ( ) el auto que [esa] defensa impugnó a través del recurso de apelación que conoció la accionada, es el que contiene el cómputo de la pena impuesta al ciudadano HÉCTOR PÁEZ SALAZAR, dictado por el tribunal de ejecución; sin embargo no [pueden] desligar del mismo, el hecho que, pese a la orden impartida por la Sala 6 de la Corte de Apelaciones Circunscripcional (sic) de fecha 09 de octubre de 2017, referente a la obligatoriedad de pronunciamiento lógico y razonable respecto de las nulidades opuestas como defensa en contra del cómputo de la pena; la Sala 3 de la Corte de Apelaciones, desconoció que las nulidades son materia de orden público; por lo que declarar la misma improcedente afecta de manera evidente el auto de fecha 20/10/2017 sobre el que recayó el fallo que hoy se acciona en amparo. Siendo que efectivamente se convalida el vicio cometido por el Juzgado 13° de Ejecución (sic) tras señalar que el mismo es correcto y apegado a derecho, cuando no lo es y, era obligación del Juzgado Décimo Cuarto (14°) de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de esta Circunscripción Judicial Penal, corregir el mismo, en atención a lo consagrado en nuestro texto fundamental (Mayúsculas del original, corchetes de esta Sala).
Que [d]esconoce la Sala accionada en su sentencia y omite consecuentemente lo que consagra nuestro texto fundamental en su artículo 272 ( ). La sentencia que hoy se acciona en amparo, como consecuencia de violaciones constitucionales, bajo ninguna circunstancia consideró el artículo anteriormente transcrito, muy por el contrario, al omitir su alcance y obligatoriedad; se abstiene de emitir pronunciamiento a este respecto, obnubilada en parte por el error en el cómputo de la pena efectuada por el Juzgado 14° de Ejecución Circunscripcional (sic), el cual convalida al mantener que los juzgados de ejecución no tienen la atribución de modificar el cómputo referido; pese a que, con el error y la arbitrariedad, se están violentando derechos fundamentales a HÉCTOR PÁEZ SALAZAR, quien contrario a lo que se deviene de los autos, ya le corresponde la libertad; sin embargo se encuentra privado de la misma por tecnicismos atávicos, arbitrarios e inconstitucionales que en nada se corresponden al derecho y a la justicia (Mayúsculas del original, corchetes de esta Sala).
Que [d]esconocer la nulidad del cómputo, su error y, adicionalmente a ello declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por esta defensa, con fundamento a que el tribunal de ejecución solo cumple con lo que le ordena el tribunal de juicio, aunque esto sea arbitrario y contrario al derecho y la justicia, es sin lugar a dudas un error grave que afecta derechos fundamentales; adicional al hecho de confundir o pretender hacer ver que, [esa] representación trató de impugnar una sentencia con carácter de cosa juzgada; lo cual es totalmente falso (Mayúsculas del original, corchetes de esta Sala).
En virtud de lo anterior, las abogadas accionantes solicitaron: 1.- Admitir la presente acción de amparo constitucional interpuesta en contra de la sentencia dictada en fecha 29 (sic) de octubre (sic) de 2018, por la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (expediente N° 6941-18), ordenando se notifique inmediatamente al ente AGRAVIANTE. 2.- Se sirva admitir como medios de prueba, las copias ofrecidas por esta defensa. 3.- Se sirvan solicitar al AGRAVIANTE cómputo de los días de despacho, transcurridos desde el recibo y admisión del recurso de apelación interpuesto hasta la lecha de la decisión, a fin de evidenciar la violación a la tutela judicial efectiva y el debido proceso en el que incurrió. 4.- Declarada con lugar la presente acción de amparo constitucional; de conformidad con lo establecido en el artículo 26 Constitucional, de acuerdo al principio de celeridad procesal, [solicitan] formal y respetuosamente a esta Sala Constitucional, emita un pronunciamiento de mero derecho y, consecuentemente ordene la libertad del ciudadano HÉCTOR PÁEZ SALAZAR, siendo que, con base al correcto cómputo de la pena, al mismo le correspondía la misma desde el mes de noviembre de 2018 o, en su defecto, se acuerde que la pena correcta a imponer es la mencionada en el escrito de marras ordenando lo conducente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 242 Constitucional (Mayúsculas del original, corchetes de esta Sala).
II
DEL FALLO ACCIONADO
Mediante fallo del 20 de noviembre de 2018, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fundamentó su decisión en los siguientes términos:
Las ciudadanas DIURKIN BOLÍVAR LUGO e INDIRA AMARISTA, en su condición de defensoras del ciudadano HÉCTOR DANIEL PÁEZ SALAZAR, impugnan el auto de ejecución de sentencia dictado en fecha 20 de octubre de 2017... por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Función de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas por considerar que le ocasiona gravamen irreparable a su representado conforme a lo dispuesto en el artículo 439 numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, porque a su criterio afecta el tiempo de condena que su representado debe pagar como consecuencia del delito por el cual fue sentenciado, vulnerando así el principio relativo a tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 26 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela y el principio relativo al debido proceso porque forma parte del debido proceso la realización inequívoca del cálculo de la pena aplicable a la persona que ha sido sentenciada. Aunado a ello, considera que se le está vulnerado a su representado su derecho a reinserción social de acuerdo a lo previsto en el artículo 272 de la Constitución de la República de la República Bolivariana de Venezuela, ya que a su decir, a consecuencia del error en el cálculo de la pena, se le niega la posibilidad de la aplicación de las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena para, posibilitar así su reinserción a la vida social. Por otra parte, refiere la falta de motivación del auto de ejecución de sentencia de fecha 20 de octubre de 2017, porque [no] atendió al llamado de la Sala 6 de la Corte de Apelaciones, así como tampoco a la solicitud de nulidad realizada mediante escrito de fecha 24 de abril de 2017, que dio lugar a la impugnación del pronunciamiento proferido por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Ejecución de la cual conoció la Corte de Apelaciones ambos de este mismo circuito judicial penal y sobre el particular alude la recurrente que fundamentó el recurso en lo establecido en el numeral 7 del artículo 439 eiusdem, por cuanto en fecha 24 de abril de 2017, solicitó la nulidad del cómputo de la pena por considerar que el mismo contenía errores que de forma directa violan y menoscaban los derechos de su representado y como quiera que el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en fecha 12 de mayo de 2017, negó la nulidad de solicitud del cómputo de la pena aplicable a su representado, interpuso el aludido recurso de apelación del cual conoció la Sala 6 de la Corte de Apelaciones, la cual determinó que el Juez de Ejecución no motivó la declaratoria de improcedencia de la solicitud de nulidad, en consecuencia anuló la decisión de fecha 12 de mayo de 2017 por inmotivación y ordenó remitir el expediente a otro Juez de Primera Instancia en Función de Ejecución a fin de que se pronuncie sobre la solicitud efectuada por la defensa privada. Correspondiéndole conocer al Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Función de Ejecución de esta Circunscripción Judicial y a su criterio el mismo hizo caso omiso de la decisión del Tribunal Superior por cuanto dictó un nuevo cómputo viciado de los mismos errores y omisiones en que incurrió el Juez Décimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, motivo por el cual solicita se declare error inexcusable de derecho conforme a lo establecido en el artículo 49 cardinal 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque no resolvió la solicitud de nulidad presentada por la defensa e ignoró por completo lo ordenado por la instancia Superior.
En tal sentido, es preciso destacar que la recurrente en esa oportunidad solicitó la nulidad del cómputo, por considerar que adolecía de error en cálculo de la pena, ya que no se consideró la atenuante genérica prevista en el artículo 74 del Código Penal, según la cual se debe aplicar el límite inferior de la pena que asigna la Ley al hecho punible imputado y a partir de allí se debe aplicar el resto de la norma sustantiva y adjetiva, a saber, el artículo 82 del Código Penal y el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Y sobre este particular, alude que se tomó como equivalente a 1/3 de la pena a imponer para la disminución a la cual se contrae el artículo 82 del Código Penal, la cantidad de 2 AÑOS y 6 MESES, cuando en realidad la disminución que correspondía eran 3 AÑOS y 3 MESES, equivalente a 1/3 de 10 AÑOS que debió aplicarse, quedando la pena entonces en SEIS (6) AÑOS y NUEVE (9) MESES, pena esta que al aplicarle la disminución de otro tercio en aplicación a lo dispuesto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal con motivo de la admisión de los hechos, quedaría según sus cálculos en (3) AÑOS y (6) MESES y no una pena de (5) AÑOS como fue establecido en el cómputo, motivo por el cual solicitó se decretara la nulidad del mismo conforme a lo establecido: en los artículos 25, 26, 49 ordinal 6 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en armonía con lo dispuesto en los artículos 174 y 175 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Y en fundamento a tales (sic) razonamiento ejercen este nuevo recurso de apelación en contra del auto de fecha 20 de octubre de 2017, solicitando se decrete la nulidad del mismo y se restituya la causa a un nuevo Tribunal para que elabore un nuevo cómputo de la pena a su representado, considerando para ello lo aludido en el escrito de nulidad en cuanto a cómo debe realizar el cómputo de la pena.
omissis
De acuerdo a las actuaciones cursantes en los autos, se precisa que el ciudadano HÉCTOR DANIEL PÁEZ SALAZAR, fue condenado en fecha 7 de julio de 2016, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial a cumplir la pena de (5) AÑOS DE PRISIÓN por cuanto admitió los hechos por los cuales el titular de la acción (sic) le formuló acusación por la comisión del delito EXTORSIÓN EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión en concordancia con el artículo 80 del Código Penal, tal como se desprende de la lectura del acta de juicio oral y público, debidamente suscrita por todas las partes intervinientes, así como de la lectura de la sentencia publicada en esa misma fecha por el aludido Tribunal. Y como quiera que no se interpuso recurso de apelación, en fecha 10 de agosto de 2016, el Juzgado Tercero de Primero; Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial, dictó auto mediante el cual declaró definitivamente firme la sentencia que dictó adquiriendo así el carácter de cosa juzgada judicial y en consecuencia ordenó remitir el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos a los fines, de su distribución a un Tribunal en Función de Ejecución, correspondiéndole conocer al Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el cual en fecha 26 de septiembre de 2016 dictó auto mediante el cual practicó el cómputo, determinó la fecha en que finaliza la condena y la fecha a partir de la cual el penado podrá solicitar las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, conforme a lo dispuesto en el artículo 474 del Código Orgánico Procesal Penal. Posteriormente las ciudadanas DIURKIN BOLÍVAR LUGO e INDIRA AMARISTA, en su condición de defensoras del ciudadano HÉCTOR DANIEL PÁEZ SALAZAR, solicitaron la nulidad del cómputo de la pena por considerar que adolecía de error en el cálculo de la pena, ya que no se consideró la atenuante genérica prevista en el artículo 74 del Código Penal, según la cual se debe aplicar el límite inferior de la pena que asigna la Ley al hecho punible imputado y a partir de allí se debe aplicar el resto de la norma, sustantiva y adjetiva, a saber, el artículo 82 del Código Penal y el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal. Procediendo el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia en Función de Ejecución de este Circuito Judicial a dictar auto mediante el cual declaró IMPROCEDENTE la solicitud interpuesta por la defensa. Y de seguida la misma interpuso recurso de apelación contra dicho pronunciamiento, correspondiéndole conocer a la Sala 6 de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial, la cual al estimar la falta de motivación del auto objeto de impugnación declaró con lugar la apelación y anuló el aludido auto. Siendo distribuido el expediente al Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Función de Ejecución de este Circuito Judicial, el cual dictó nuevo auto mediante el cual practicó el cómputo, determinó la fecha en que finaliza la condena el ciudadano HÉCTOR DANIEL PÁEZ SALAZAR y la fecha a partir de la cual el penado podrá solicitar las formulas alternativas de cumplimiento de pena, conforme a lo dispuesto en el artículo 474 del Código Orgánico Procesal Penal, de igual forma dictó nuevo pronunciamiento en relación a la solicitud; interpuesta por la defensa en fecha 24 de abril de 2017, el cual no fue objeto de impugnación, dado que la apelación interpuesta por la defensa de la que conoce esta Alzada, fue contra el auto de ejecución dictado en fecha 20 de octubre de 2017, por falta de motivación y por considerar que no atendió al llamado de la Sala 6 de la Corte de Apelaciones, así como tampoco a la solicitud de nulidad realizada mediante escrito de fecha 24 de abril de 2017, por adolecer de error en el cálculo de la pena, ya que no se consideró la atenuante genérica prevista en el artículo 74 del Código Penal, según la cual se debe aplicar el límite inferior de la pena que asigna la Ley al hecho punible imputado y a partir de allí se debe aplicar el resto de la norma sustantiva y adjetiva, a saber, el artículo 82 del Código Penal y el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal.
Denotando la alzada que la recurrente pretende mediante la impugnación ejercida, que se ordene al Juez en Función de Ejecución que realice un nuevo cómputo de la pena impuesta a su representado mediante sentencia definitivamente firme, lo cual revela un evidente desacierto de las recurrentes en cuanto al conocimiento de las facultades propias del Juez de Ejecución, en tal sentido es pertinente traer a colación la sentencia № 239 del 4 de marzo de 2011, emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia expediente N° 10-0455 ( ), donde asentó en relación al rol del Juez de Ejecución lo siguiente:
omissis
En armonía con lo anteriormente aludido por nuestro máximo Tribunal, resulta evidente que el rol del Juez de Ejecución está centrado en el control legal de la ejecución de las penas impuestas mediante sentencia condenatoria firme, quedando plenamente facultado para la aplicación de un régimen de libertad anticipada, mediante el otorgamiento de algunas medidas como la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el trabajo fuera del establecimiento, el destino a establecimientos abierto y la libertad condicional. Sobre el particular, es pertinente destacar la competencia que corresponde al Juez de Ejecución de acuerdo a lo previsto por el legislador en nuestra norma adjetiva, en donde se establece lo siguiente:
omissis
Debiendo entonces, el Juez de Ejecución velar por la no vulneración de los derechos penitenciarios que le asisten al condenado, que en definitiva son los derechos específicos que derivan de su condición jurídica de sentenciado, los cuales se corresponde con las obligaciones del Estado, vinculados al régimen penitenciario y a las estrategias del tratamiento resocializador, mediante el cumplimiento de su pena a través de fórmulas alternativas o de las formas de libertad anticipada y bajo las condiciones preceptuadas en la Ley, dadas las limitantes previstas por el legislador en razón del principio de proporcionalidad, según el cual, es la magnitud del delito cometido lo que ha conducido a crea una escala punitiva donde los beneficios que gozan los condenados son diferentes, sin que pueda considerarse por ello, que exista discriminación alguna con respecto a los penados, debiendo respetar el Juez de Ejecución dichas limitantes impuestas por el legislador considerando el grado de peligrosidad de acuerdo al delito cometido, la amenaza social y la necesidad de reeducación. Y en el caso en estudio el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Función de Ejecución de este Circuito Judicial al momento de dictar el auto objeto de la presente impugnación, practicó el cómputo, determinó la fecha en que finaliza la condena y la fecha a partir de la cual el penado podrá solicitar las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, conforme a lo dispuesto en el artículo 474 del Código Orgánico Procesal Penal y de acuerdo a la limitante prevista en el artículo 20 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión. Por ende en forma alguna evidencia esta Alzada que haya sido dictado como consecuencia de un error inexcusable como lo aluden las recurrentes, quienes consideran que el aludido auto adolece de error en el cálculo de la pena, por cuanto no aplicó la atenuante genérica prevista en el artículo 74 del Código Penal, según la cual se debe aplicar el límite inferior de la pena que asigna la Ley al hecho punible, imputado y a partir de allí aplicar el resto de la norma sustantiva y adjetiva, saber, el artículo 82 del Código Penal y el artículo 375 del Código Orgánica Procesal Penal. Lo que evidencia a todas luces que se pretende mediante la presente impugnación la revisión de un acto de juzgamiento que ha adquirido el carácter de cosa juzgada judicial, lo que resulta improcedente porque ello generaría una subversión del orden procesal, ya que fue el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien condenó entre otros al ciudadano HÉCTOR DANIEL PÁEZ SALAZAR a cumplir la pena de CINCO (05) AÑOS DE PRISIÓN por la comisión del delito EXTORSIÓN EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, en concordancia con el artículo 80 del Código Penal, luego de que se hubiera acogió (sic) al procedimiento por admisión de los hechos. Y de existir error en el cálculo de la pena impuesta ha debido la defensa solicitar dentro del lapso legal previsto en el artículo 160 del Código Orgánico Procesal Penal aclaratoria y en si aún (sic) la inconformidad ejercitar el recurso de apelación, mas sin embargo la defensa que lo asistía para la fecha no lo hizo, quedando convalidada, motivo por el cual en fecha 10 de agosto de 2016 el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial dictó auto declarando DEFINITIVAMENTE FIRME la sentencia proferida por ese tribunal en fecha 7 de julio de 2016. En atención a lo antes señalado, a la luz de la norma y de los criterios jurisprudenciales es evidente que el ejercicio intelectual realizado por las recurrentes no se corresponde con la realidad procesal, por cuanto el auto de ejecución dictado en fecha 20 de octubre de 2017 por el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Función de Ejecución de este Circuito Judicial Penal en fundamento a lo establecido en el artículo 474 del Código Orgánico Procesal Penal se encuentra ajustado a derecho y en este sentido debe sostener la Sala que la recurrente yerra en su pretensión relativa a la calificación de un error inexcusable y a la modificación de la pena impuesta al ciudadano HÉCTOR DANIEL PÁEZ SALAZAR, mediante sentencia definitivamente firme emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial el 7 de julio de 2016, una vez que admitió los hechos por los cuales el titular de la acción (sic) le formuló acusación por la comisión del delito de EXTORSIÓN EN GRADO DE FRUSTRACIÓN ( ), por cuanto ha adquirido el carácter de cosa juzgada judicial y solo corresponde al Juez de Ejecución la competencia conferida por el legislador en el artículo 471 del Código Orgánico Procesal Penal. En este orden es evidente que la Instancia dio respuesta no solo a la solicitud de nulidad de la defensa sino que acató la decisión emitida por la Sala 6 de la Corte de Apelaciones, por cuanto estimó que no era posible modificar la condena impuesta ya que su competencia se limita a ejecutar la misma. En consecuencia lo procedente y ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las ciudadanas DIURKIN BOLÍVAR LUGO e INDIRA AMARISTA, en su condición de defensoras del ciudadano HÉCTOR DANIEL PÁEZ SALAZAR, quedando confirmado el AUTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA dictado el 20 de octubre de 2017, por el Juzgado Décimo Cuarto (14°) de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Y ASÍ SE DECIDE.
Igualmente, no puede pasar por alto esta Sala, que cuando la defensa afirma que la pena correcta es la que calculó, no es así, dado que la tercera parte de DIEZ (10) AÑOS al tratarse de tiempo no puede calcularse como una simple operación matemática, dividiendo entre 3 y el resultado 3,33 considerarlo como 3 AÑOS y 6 MESES. Yerra la defensa al hacer el aludido cálculo, por cuanto estamos trabajando con el tiempo, donde es preciso para hacer las conversiones según el caso en meses, días y horas con el objeto de que los cálculos sean exactos, es decir los 10 AÑOS se deben dividir y cuando no sean exactos, es decir los 10 AÑOS se deben dividir y cuando no sea posible debe convertirse en meses, para ello debemos multiplicar por 12, porque cada año tiene 12 meses; evidenciándose además que la Instancia para el momento de obtener la pena aplicó a atenuante genérica inserta en el artículo 74 del Código Penal. Tal aclaratoria la realiza la Sala solo a fines educativos. Y así se decide.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, ESTA SALA 3 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las ciudadanas DIURKIN BOLÍVAR LUGO e INDIRA AMARISTA, en su condición de defensoras del ciudadano HÉCTOR DANIEL PÁEZ SALAZAR, en contra del auto de ejecución de sentencia dictado el 20 de octubre de 2017, por el Juzgado Décimo Cuarto (14°) de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, conforme a la dispuesto en el artículo 474 del Código Orgánico Procesal Penal. Y en consecuencia queda confirmada la decisión recurrida
omissis
Dada firmada y sellada en la sala Tres de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a los veintinueve (sic) días del mes de octubre (sic) de dos mil dieciocho (2018). Años 208° de la independencia y 159° de la Federación.
III
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo.
Al respecto, este órgano judicial a través de su sentencia Nº 1 del 20 de enero de 2000, caso: Emery Mata Millán, estableció, a la luz de los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el régimen competencial para conocer de las acciones de amparo constitucional, y, en tal sentido, señaló que le correspondía conocer de las acciones de amparo constitucional ejercidas contra decisiones u omisiones judiciales que hubiesen dictado o incurrido los Juzgados Superiores de la República, Cortes de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal y, respecto de las decisiones u omisiones dictadas o incumplidas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, en tanto su conocimiento no estuviese atribuido a otro tribunal.
Correlativamente, el artículo 25.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, fija entre el elenco de competencias de esta Sala Constitucional, el conocimiento y decisión de las demandas de amparo constitucional autónomas contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra la de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Siendo que en el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala, una acción de amparo constitucional interpuesta contra el fallo dictado el 20 de noviembre de 2018 (y no el 29 de octubre de 2018 como erradamente lo indica la parte accionante y la propia decisión impugna en la dispositiva), por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declara su competencia para resolver la presente acción en única instancia. Así se decide.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Conoce la Sala de la acción de amparo constitucional interpuesta por las abogadas Diurkin Daniuska Bolívar Lugo e Indira Mercedes Amarista Aguilar, actuando en su carácter de defensoras privadas, del ciudadano Héctor Daniel Páez Salazar, contra la sentencia dictada el 20 de noviembre de 2018, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la defensa privada del referido ciudadano y en consecuencia, confirmó el fallo dictado el 20 de octubre de 2017, por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual se negó al ciudadano Héctor Daniel Páez Salazar el beneficio procesal de suspensión condicional de la ejecución de la pena.
La abogadas accionantes, fundamentaron su pretensión al expresar que ( ) en el caso particular ( ); la tutela judicial efectiva y el debido proceso, fue totalmente violentado; pues desde su interposición a la fecha de la resolución negativa del mismo, transcurrieron exactamente ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DÍAS; tiempo durante el cual [su] defendido se ha mantenido privado de su libertad en un lugar distinto a un Centro Penitenciario propiamente dicho, tal es el caso de las instalaciones pertenecientes al Centro de Resguardo y Custodia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ( )
De igual forma denunciaron que el fallo impugnado se encuentra viciado por incongruente, toda vez que ( ) la Sala 3 de la Corte de Apelaciones a lo largo del fallo accionado, señala que [esa] representación ejerció recurso de apelación en contra del auto de ejecución de la pena dictado por el Tribunal 14° de Ejecución Circunscripcional (sic), de fecha 20 de octubre de 2017 y; por otro lado señala que [pretenden] impugnar la decisión dictada por el Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia de Juicio de la misma Circunscripción Judicial, el cual [saben] tiene valor de cosa juzgada, indicando además que no [ejercieron] en su oportunidad los recursos existentes en su contra ( ).
Por último, manifestó que ( ) [no es] lógico ni apegado al debido proceso que un tribunal de ejecución simplemente se limite a cumplir con las órdenes impartidas por un tribunal de juicio; sin [que] para ello implemente la sana critica (sic), el derecho y la justicia; pues si solo se tratare de cumplir de manera autómata, en carencia de criterio y análisis de la causa especial y específica, bastaría con atribuir esta actuación a un órgano administrativo. Sin embargo no es así, ya que esta[n] ante órganos jurisdiccionales en materia de ejecución, que sin apartar cuál es su función dentro del proceso, tiene discreción para corregir un cómputo que afecta LA LIBERTAD DEL CONDENADO Y SU CONSECUENTE TIEMPO DE CONDENA (Mayúsculas del original, corchetes de esta Sala).
Respecto a la admisibilidad de la presente acción de amparo, se observa que cumple, prima facie, con todas las exigencias del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Además, no se desprende de autos que la misma se encuentre incursa en alguna de las causales de inadmisibilidad contempladas en los artículos 6 eiusdem y 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo, conforme a los principios de economía y celeridad procesal, se estima pertinente realizar un análisis previo respecto a la procedencia de la solicitud de tutela constitucional, para lo cual aprecia lo siguiente:
Así las cosas, siendo el objeto de la acción de amparo interpuesta una decisión judicial, es oportuno verificar lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece:
Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.
De la norma que subyace en este precepto legal, se deduce que será procedente esta modalidad de la acción de amparo constitucional en aquellos casos en los que un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional (Vid. Sentencia de esta Sala N° 3.102 del 20 de octubre de 2005).
En el presente caso, se observa que la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del aquí accionante en amparo al expresar que la decisión dictada el 20 de octubre de 2017, por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se encontraba ajustada a derecho, toda vez que dicho órgano judicial acertadamente ( ) practicó el cómputo, determinó la fecha en que finaliza la condena y la fecha a partir de la cual el penado podrá solicitar las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, conforme a lo dispuesto en el artículo 474 del Código Orgánico Procesal Penal y de acuerdo a la limitante prevista en el artículo 20 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión. En tal sentido, sostuvo que ( ) se pretende mediante la presente impugnación la revisión de un acto de juzgamiento que ha adquirido el carácter de cosa juzgada judicial, lo que resulta improcedente porque ello generaría una subversión del orden procesal, ya que fue el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien condenó entre otros al ciudadano HÉCTOR DANIEL PÁEZ SALAZAR a cumplir la pena de CINCO (05) AÑOS DE PRISIÓN por la comisión del delito EXTORSIÓN EN GRADO DE FRUSTRACIÓN ( ).
De igual forma, la referida Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones, sostuvo que ( ) de existir error en el cálculo de la pena impuesta ha debido la defensa solicitar dentro del lapso legal previsto en el artículo 160 del Código Orgánico Procesal Penal aclaratoria y en si aún la inconformidad ejercitar el recurso de apelación, mas sin embargo la defensa que lo asistía para la fecha no lo hizo, quedando convalidada, motivo por el cual en fecha 10 de agosto de 2016 el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial dictó auto declarando DEFINITIVAMENTE FIRME la sentencia proferida por ese tribunal en fecha 7 de julio de 2016.
Ahora bien, del análisis de las actas procesales que en original cursan en el presente expediente, se observa que el 7 de julio de 2016, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión mediante la cual condenó, por el procedimiento especial por admisión de los hechos, a los ciudadanos Héctor Daniel Páez Salazar, Oscar Pastor Suárez Vásquez y Euclides Junior Ríos Rodríguez, a cumplir la pena de cinco (05) años de prisión por la comisión del delito de extorsión en grado de frustración. Posteriormente, una vez que la referida decisión quedó definitivamente firme y la causa se encontraba en fase de ejecución, la defensa del ciudadano Héctor Daniel Páez Salazar, solicitó el 24 de abril de 2017, la nulidad del cómputo de la pena, en los siguientes términos:
Ciudadano (a) Juez, antes de entrar en materia, dejamos expresa constancia que, recientemente nos avocamos a la defensa del ciudadano HÉCTOR DANIEL PÁEZ SALAZAR, por lo que, posterior a ello se procedió al examen minucioso de las actuaciones en el presente proceso, lo que trajo como consecuencia el percatarnos del error existente en el cómputo definitivo de la pena aplicada a nuestro defendido por la comisión del delito de extorsión en grado de frustración ( ).
( ) en estricto acatamiento tanto del artículo 82 del Código Penal, así como del artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, en los que, cada uno reduce la pena (10 años) por un 1/3, es que la pena definitiva aplicable al ciudadano HÉCTOR DANIEL PÁEZ SALAZAR, es la de TRES (3) AÑOS Y SEIS (6) MESES y no de 5 años, como de forma errónea fue establecido en la decisión.
De igual forma, se aprecia del escrito de fundamentación de la apelación, interpuesto el 14 de noviembre de 2017, por la defensa privada del ciudadano Héctor Daniel Páez Salazar, contra la decisión dictada el 20 de octubre de 2017, por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el cual corre en original a los folios 2 al 24 del anexo 4 del presente expediente, que entre los argumentos de dicha fundamentación se expresó que el error cometido en la fórmula del cálculo de la pena de nuestro defendido viola el artículo del texto fundamental antes transcrito (artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), pues niega la aplicación de una fórmula alternativa de la pena, con el objeto de posibilitar la reinserción en la vida social y productiva del ciudadano HÉCTOR DANIEL PÁEZ SALAZAR. Situación que es totalmente factible, visto que el cómputo correcto de la pena, así lo permite. No obstante ello, más adelante en dicho escrito las abogadas defensoras, sostienen que [l]a imprecisión del cómputo de la pena dictada por este Juzgado (Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas), viola lo establecido en la ley adjetiva penal, respecto de las funciones inherentes a un Tribunal en Funciones de Ejecución; siendo que el artículo 474, establece de forma clara y precisa la obligación que éste tiene, respecto de la exactitud de la fecha en la que se realizará la condena ( ). El propio artículo establece la posibilidad de la corrección del cómputo, siempre que se evidencia un error en el mismo, situación está (sic) que fue advertida por esta defensa a través de la solicitud de nulidad del referido cómputo y del cual obtuvo una decisión negativa ( ).
En este contexto, se observa que, tal y como lo estableció la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la parte aquí accionante pretende que en la fase de ejecución de la sentencia, el juez de ejecución revise y modifique la pena impuesta por el juez de juicio al ciudadano Héctor Daniel Páez Salazar, por existir, a su decir, un error en la fórmula de cálculo de la pena. Al respecto, cabe destacar que en los términos del artículo 474 del Código Orgánico Procesal Penal, el juez de ejecución practicará el cómputo y determinará con exactitud la fecha en que finalizará la condena y, en su caso, la fecha a partir de la cual el penado o penada podrá solicitar la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sin que pueda modificar la pena impuesta, por cuanto, en lo que a dicha norma respecta, su función se limita a realizar el cómputo de la condena, en el sentido de establecer cuanto tiempo de la pena impuesta ha cumplido el condenado y en virtud de ello determinar cuándo culminará la misma, actividad jurisdiccional que desarrolló el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y que la referida Corte de Apelaciones convalidó.
Establecido lo anterior, se aprecia que contrario a lo expuesto por la parte accionante, la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en ejercicio de sus funciones determinó motivadamente que la decisión dictada el 20 de octubre de 2017, por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se encuentra ajustada a derecho, por cuanto dicho órgano judicial en los términos establecidos en el artículo 474 del Código Orgánico Procesal Penal, realizó el cómputo de la pena aplicable al ciudadano Héctor Daniel Páez Salazar y negó el beneficio de suspensión condicional de ejecución de la pena, al considerar que el referido ciudadano no podía optar al mismo por no haber cumplido aún el tiempo de prisión necesario para ello.
Por lo antes expuesto, no se evidencia que la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, haya incurrido en los vicos denunciados por la parte accionante, razón por la cual a criterio de la Sala no se encuentran satisfechos los extremos legales exigidos por el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para la procedencia de la acción de amparo. En consecuencia, la presente acción de amparo resulta improcedente in limine litis. Así se declara.
No obstante lo anterior, cabe advertir que esta Sala Constitucional, en defensa y resguardo del orden público, ha procedido a la revisión de oficio en casos que se encuentren incursos en algunas de las causales previstas en el fallo de esta Sala N° 93/2001, recaída en el caso: Corpoturismo, ahora plasmadas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pese a la desestimación de la pretensión que hubiese sido interpuesta, (Vid. Sentencia de esta Sala N° 664/08). Ello en virtud de la condición de este órgano judicial como máximo garante del derecho positivo y custodia de los derechos fundamentales, lo cual implica que está obligado a permanecer alerta ante cualquier situación que pueda menoscabar una garantía constitucional.
En tal sentido, se observa que las abogadas Diurkin Daniuska Bolívar Lugo e Indira Mercedes Amarista Aguilar, denunciaron la vulneración de los derechos constitucionales del ciudadano Héctor Daniel Páez Salazar, en virtud del presunto error en el cálculo de la pena, la cual fue impuesta el 7 de julio de 2016, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por lo que se estima necesario realizar la revisión de oficio de dicho fallo, en el cual se estableció lo siguiente:
IV
DESARROLLO DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO Y LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS DE LAS ACUSADAS Y LOS ACUSADOS.
En fecha siete (07) de julio de dos mil dieciséis (2016) se dio inicio al JUICIO ORAL Y PÚBLICO, en presencia de todas las partes, se constituyó este Tribunal en Funciones de Juicio N° 3 del Área Metropolitana de Caracas, por lo que este Juzgador antes de la apertura del debate, informó a las acusadas (sic) y acusados de autos la oportunidad que tiene de acogerse a la institución de la admisión de los hechos, de conformidad con el articulo (sic) 131 y 375 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo cual de manera separa se procedió a la imposición del [p]recepto Constitucional establecido en el artículo 49, ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestando la (sic) acusada (sic) RÍOS RODRÍGUEZ EUCLIDES JÚNIOR, quien libre de coacción y apremio e impuesto del precepto constitucional manifestó que No deseo declarar sobre los hechos, y quiero decir que admito los hechos. Es todo. Seguidamente se le concede nuevamente la palabra a la Defensas Públicas ABG. DANIELA GUZMAN (44°) Y MILDRED LATTUF (23°), quien (sic) expuso (sic): Visto lo expuesto por mi defendido sobre su deseo de acogerse al procedimiento por admisión de los hechos, solicito se tomen en cuenta las rebajas de ley. tomando en cuenta las atenuantes a que hubiere lugar. Es todo. Seguidamente se impuso del precepto constitucional establecido en el artículo 49, ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestando la (sic) acusada (sic) ÓSCAR PASTOR SUÁREZ VÁSQUEZ, quien libre de coacción y apremio e impuesto del precepto constitucional manifestó que. No desee declarar sobre los hechos, y quiero decir que admito los hechos Es todo. Seguidamente se le concede nuevamente la palabra a la Defensas Públicas ABG. DANIELA GUZMAN (44°) Y MILDRED LATTUF (23°) quien (sic) expuso (sic): Visto lo expuesto por mi defendido sobre su deseo de acogerse al procedimiento por admisión de los hechos, solicito se tomen en cuenta las rebajas de ley, tomando en cuenta las atenuantes a que hubiere lugar Es todo. Seguidamente se impuso del precepto constitucional establecido en el artículo 49, ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestando la (sic) acusada (sic) CONTRERAS GAMBOA ÁNGEL OMAR (sic), quien libre de coacción y apremio e impuesto del precepto constitucional manifestó que: No deseo declarar sobre los hechos, y quiero decir que admito los hechos Es todo. Seguidamente se le concede nuevamente la palabra a la Defensa Públicas ABG. DANIELA GUZMAN (44°) Y MILDRED LATTUF (23°), quien (sic) expuso (sic): Visto lo expuesto por mi defendido sobre su deseo de acogerse al procedimiento por admisión de los hechos, solicito se tomen en cuenta las rebajas de ley tomando en cuenta las atenuantes a que hubiere lugar. Es todo. El Ministerio (sic) no tiene objeción con respecto a lo decidido en la presenta audiencia. Es todo.
V
FUNDAMENTO DE HECHO Y DE DERECHO
Analizando el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, en donde se incorpora el procedimiento de ADMISIÓN DE HECHOS, por ante el tribunal Unipersonal de Juicio una vez admitida la acusación y ante la apertura del debate.
Por otro lado establece el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, que el juez o jueza deberá informar al acusado respecto del procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra, en donde el acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento para lo cual admitirá los hechos objetos del proceso en su totalidad y solicitará al Tribunal la imposición inmediata de la pena, respectiva, por lo que la juez o jueza deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado, y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuestas. Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, y en los casos de delitos de: homicidio intencional, violación, delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delitos de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y a la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, el Juez o Jueza solo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable.... En cuanto a esto este juzgador quiere hacer mención al artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reza: Si un sujeto es condenado, la finalidad de la imposición de la pena va dirigida hacia su resocialización, reeducación, reintegro a la sociedad y no al castigo con más o menos pena. Por el contrario, el fin constitucional debe ser cumplido independientemente del quantum de la pena impuesto al condenado. De esto podemos claramente deducir que el estado representado en el ius puniendi por el Juez o Jueza que administra justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley no debe perseguir venganza sino equidad, darle a cada cual lo que se merece y la disminución de la pena en un tercio o en la mitad según sea el caso, en nada obstaculiza la administración de justicia.
Por otro lado cabe destacar que la garantía del debido proceso debe ser entendida en el sentido de que en todo proceso, sea judicial o administrativo, debe cumplirse las garantías indispensables para que se escuchen a las partes, que se les permita el tiempo necesario para presentar pruebas y ejercer plenamente la defensa de sus derechos e intereses, siempre de la manera prevista en la ley, de forma tal, que la controversia sea resuelta conforme a derecho, en aras de una tutela judicial efectiva ( ).
omissis
( ) las garantías constitucionales que le son inherentes al acusado, y que le asisten, a fin de avalarles el acceso a la justicia, de conformidad con lo previsto en el artículo 2o de la Carta Política venezolana que consagra la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, así como el primer párrafo del artículo 49 ejusdem, en concordancia con el artículo 1o del mencionado Código Orgánico Procesal Penal, referente al juicio previo y el debido proceso. Por lo que, cuando el consentimiento del hoy acusado haya sido prestado con toda libertad se establece como beneficio para el mismo la aceptación de este procedimiento y debe provenir una rebaja en la pena aplicable al delito imputado, ya que tal procedimiento fue instituido en el sistema acusatorio en el Código Orgánico Procesal Penal, para permitir a las partes en el proceso penal, suprimir el debate en el juicio oral por razones de economía procesal, cuando el acusado admita la comisión del delito imputado por el representante del Ministerio Público en la acusación, lo cual en sentido negativo, podría igualmente entenderse como agravante de la situación del acusado, toda vez que las garantías de un juicio oral y público no albergarían su proceso judicial penal, de allí que tanto la ley como la doctrina hayan establecido los parámetros a fin de su aplicación, tales como: Que exista una acusación formal que fije los hechos imputados, siempre que esta admisión se origine de forma clara y espontánea ante el juez, y que el imputado admita la totalidad de los hechos que fundamentan la acusación, de manera consciente, sin apremios ni coacción alguna, y sin procurar otra solución procesal que no sea su condena con la rebajas indicadas en el artículo 375 del tan mencionado Código Adjetivo Penal.
Por todo lo antes expuesto considera este juzgador, que una vez instruido totalmente de los pro y contra del referido beneficio al hoy acusado y de recibírsele de forma voluntaria y consciente la solicitud de una sentencia condenatoria, y la aplicación de la pena correspondiente conforme a la admisión total de los hechos, y cumpliéndose los requisitos necesarios para la aplicación del mismo, lo ajustado a derecho y conforme a la Ley, y en obsequio al principio de celeridad y economía procesal, igualmente, en atención de que el proceso es una vía jurídica para llegar a la verdad y el mismo ha de aplicarse de manera proba, imparcial, pronta y sin formalismos no esenciales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o, 26, 49 y 257 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia este Juzgado, APRUEBA tal procedimiento en atención a las anteriores consideraciones, y como quiera que en el presente proceso se observaron las garantías y derechos constitucionales, legales y procesales del justiciable de autos, considera este Jurisdicente que lo procedente en derecho es declarar CON LUGAR el procedimiento Especial de (sic) ADMISIÓN DE LOS HECHOS, establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, todo en razón a que el principio rector, la finalidad, el objeto y la razón de ser de todo proceso es el obtener y lograr LA JUSTICIA, tal y como expresamente lo contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en numerosos artículos, especialmente en los artículos 26 y en el 257, ya enunciados, lo cual se logra otorgando una rápida y oportuna respuesta, dictando la decisión que en su momento sea la más equitativa y justa. Y ASÍ SE DECIDE.
De los hechos aquí ventilados y vista la admisión de los hechos realizada por el acusado RÍOS RODRÍGUEZ EUCLIDES JÚNIOR, ÓSCAR PASTOR SUÁREZ VÁSQUEZ, y CONTRERAS GAMBOA ÁNGEL OMAR (sic), produjeron la convicción a este Tribunal de la autoría por encontrarse incursas (sic) e incursos en la comisión del delito de EXTORSIÓN EN GRADO DE FRUSTRACIÓN previsto y sancionado en el artículo 16 de La Ley Contra el Secuestro y la Extorsión en concordancia con el artículo 80 del Código Penal Vigente.
VI
PENALIDAD
La pena a imponer a los hoy acusados RÍOS RODRÍGUEZ EUCLIDES JÚNIOR, ÓSCAR PASTOR SUÁREZ VÁSQUEZ, y CONTRERAS GAMBOA ÁNGEL OMAR (sic) por encontrarse incursos en la comisión de los delitos EXTORSIÓN EN GRADO DE FRUSTRACIÓN previsto y sancionado en el artículo 16 de La Ley Contra el Secuestro y la Extorsión en concordancia con el artículo 80 del Código Penal Vigente, establece una pena de diez (10) a quince (15) años de prisión, ahora bien, siendo el término medio de dicha pena, doce (12) AÑOS y seis (06) MESES de PRISIÓN, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Código Penal, reduciéndose este monto hasta diez (10) años en virtud de la aplicación de la atenuante genérica establecida en el artículo 74. 4 del (sic) eiusdem. Ahora bien se rebaja un tercio 1/3 de conformidad al artículo 82 del Código Penal, quedando la pena en Siete (07) años y seis (06) meses de prisión. Finalmente, este Juzgador considera que según las disposiciones del texto adjetivo penal, en su artículo 375, el juez procederá a rebajar la pena aplicable de un tercio a la mitad en virtud del procedimiento por admisión de los hechos, por lo cual, este Juzgador procede a rebajar solo un tercio (1/3) de dicha pena, por estar exceptuados los delitos contra las personas, es decir solo rebaja dos (02) AÑOS y seis (06) MESES, quedando la misma en cinco (05) AÑOS DE PRISIÓN, que es la pena a la cual se le condena a cumplir para cada uno de ellos, mas las accesorias de ley, establecidas en el artículo 16 del Código Penal. ASÍ SE DECLARA.
DISPOSITIVA
Con base a las razones que preceden, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley; emite los pronunciamientos siguientes: PRIMERO: CONDENA a las (sic) ciudadanas (sic) RÍOS RODRÍGUEZ EUCLIDES JÚNIOR, titular de la cédula de identidad V-13.846.808, ÓSCAR PASTOR SUÁREZ VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad V-16.226.414 y HÉCTOR DANIEL PÁEZ SALAZAR, titular de la cédula de identidad V-14.789.759, a cumplir la pena de cinco (05) AÑOS DE PRISIÓN, que es la pena a la cual se le condena a cumplir para cada uno de ellos, mas las accesorias de ley, establecidas en el artículo 16 del Código Penal, por ser los responsables y responsable de la comisión EXTORSIÓN EN GRADO DE FRUSTRACIÓN previsto y sancionado en el artículo 16 de La Ley Contra el Secuestro y la Extorsión en concordancia con el artículo 80 del Código Penal Vigente, (Pena que culminaran de cumplir el día 07-07-2021, provisionalmente). SEGUNDO: Se EXONERA a las partes del pago de las costas procesales a tenor de lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece la garantía de la gratuidad de la Justicia por parte del Estado. TERCERO: Se ACUERDA que una vez vencido el lapso legal se remitirá la causa al departamento de alguacilazgo a los fines de que sea distribuida al Tribunal de Ejecución que le corresponda conocer. CUARTO: SE MANTIENEN LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. QUINTO: Se ordena el traslado de los siguientes penados HÉCTOR DANIEL PÁEZ SALAZAR, titular de la cédula de identidad V-14.789.759 Y RÍOS RODRÍGUEZ EUCLIDES JÚNIOR, titular de la cédula de identidad V-13.846.808, el Centro de Reclusión YARE III. Se deja constancia que se dio cumplimiento a las formalidades contempladas en los artículos 14, 15, 16, 17 y artículos 344, 345, 346, 347, 349 y 375 todos del Código Orgánico Procesal Penal (vigente), como lo son inmediación, oralidad, concentración, remítase, ofíciese. Publíquese y regístrese la presente decisión, dejándose constancia que las partes, están notificadas conforme lo previsto en el artículo 159 del Código Orgánico Procesal Penal.
De lo anterior, se deprende que los ciudadanos Euclides Júnior Ríos Rodríguez, Óscar Pastor Suárez Vásquez y Héctor Daniel Páez Salazar, se acogieron al procedimiento por admisión de los hechos y aceptaron su responsabilidad penal por la comisión del delito de extorsión en grado de frustración, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión en concordancia con el artículo 80 del Código Penal. Al respecto, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, verificó que la pena establecida en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión por la comisión del delito de extorsión, es de diez (10) a quince (15) años de prisión por lo que conforme al artículo 37 del Código Penal, el término medio aplicable es doce (12) años y seis (06) meses, reduciendo dicha pena a diez (10) años en virtud de la atenuante genérica prevista en el numeral 4 del artículo 74 del Código Penal.
Efectivamente, las referidas disposiciones legales establecen lo siguiente:
La extorsión
Artículo 16. Quien por cualquier medio capaz de generar violencia, engaño; alarma o amenaza de graves daños contra personas o bienes, constriña él consentimiento de una persona para ejecutar acciones u omisiones capaces de generar perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero, o para obtener de ellas dinero; bienes, títulos, documentos o beneficios, serán sancionados o sancionadas con prisión de diez a quince años.
Artículo 80. Son punibles, además del delito consumado y de la falta, la tentativa de delito y el delito frustrado.
Hay tentativa cuando, con el objeto de cometer un delito, ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo, por causas independientes de su voluntad.
Hay delito frustrado cuando alguien ha realizado, con el objeto de cometer un delito, todo lo que es necesario para consumarlo y, sin embargo, no lo ha logrado por circunstancias independientes de su voluntad.
Artículo 37. Cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos límites, se entiende que la normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad; se la reducirá hasta el límite inferior o se la aumentará hasta el superior, según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando las haya de una y otra especie.
Artículo 74. Se consideraran circunstancias atenuantes que, salvo disposiciones especiales de la ley, no dan lugar a rebaja especial de pena, sino a que se las tome en cuenta para aplicar esta en menos del término medio, pero sin bajar del límite inferior de la que al respectivo hecho punible asigne la ley, las siguientes:
omissis
4. Cualquier otra circunstancia de igual entidad que a juicio del tribunal aminore la gravedad del hecho.
En atención a las referidas normas, se determinó que la pena aplicable a los ciudadanos Euclides Júnior Ríos Rodríguez, Óscar Pastor Suárez Vásquez y Héctor Daniel Páez Salazar era, en principio, de diez (10) años, a la cual, conforme a lo previsto en el artículo 82 del Código Penal, debía rebajarse la tercera parte por tratarse de un delito en grado de frustración. Al respecto, el juez de juicio estableció lo siguiente:
La pena a imponer a los hoy acusados RÍOS RODRÍGUEZ EUCLIDES JÚNIOR, ÓSCAR PASTOR SUÁREZ VÁSQUEZ, y CONTRERAS GAMBOA ÁNGEL OMAR (sic) por encontrarse incursos en la comisión de los delitos EXTORSIÓN EN GRADO DE FRUSTRACIÓN previsto y sancionado en el artículo 16 de La Ley Contra el Secuestro y la Extorsión en concordancia con el artículo 80 del Código Penal Vigente, establece una pena de diez (10) a quince (15) años de prisión, ahora bien, siendo el término medio de dicha pena, doce (12) AÑOS y seis (06) MESES de PRISIÓN, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Código Penal, reduciéndose este monto hasta diez (10) años en virtud de la aplicación de la atenuante genérica establecida en el artículo 74. 4 del eiusdem. Ahora bien se rebaja un tercio 1/3 de conformidad al artículo 82 del Código Penal, quedando la pena en siete (07) años y seis (06) meses de prisión ( ) (Negrillas y subrayado añadido).
En tal sentido, se advierte que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, erró al realizar la operación aritmética y determinar que la rebaja de un tercio sobre la pena de diez (10) años resulta en la aplicación de siete (07) años y seis (06) meses de prisión. Efectivamente, la pena de diez (10) años de prisión equivale a ciento veinte (120) meses, por lo tanto, la rebaja de un tercio, aplicable a dicha condena por mandato del artículo 82 del Código Penal es de cuarenta (40) meses, es decir que la pena, una vez aplicada la respectiva rebaja, quedaría en ochenta (80) meses o lo que es lo mismo seis (06) años y ocho (8) meses. Siendo sobre este último cálculo que se aplicaría la rebaja de un tercio (1/3) (por tratarse de delitos contra la personas), conforme al procedimiento por admisión de los hechos. De modo que, al rebajarse un tercio (1/3) es decir dos (02) años, dos (02) meses y diez (10) días, a la pena de seis (06) años y ocho (8) meses, la condena definitiva aplicable a los ciudadanos Euclides Júnior Ríos Rodríguez, Óscar Pastor Suárez Vásquez y Héctor Daniel Páez Salazar era de cuatro (04) años cuatro (04) meses y veinte (20) días de prisión.
El anterior error de cálculo comportó la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso y a la libertad de los ciudadanos Euclides Júnior Ríos Rodríguez, Óscar Pastor Suárez Vásquez y Héctor Daniel Páez Salazar, al ser condenados a una pena mayor a la que le correspondía, conforme al ordenamiento jurídico aplicable.
Al respecto, la Sala se ha pronunciado sobre la relevancia del derecho a la libertad personal y la necesidad de resguardar el mismo. En tal sentido, en su sentencia N° 130/2006, dispuso lo siguiente:
Ahora bien, resulta oportuno destacar que en sentencia del 29 de mayo de 2003 (Nº 1372, dictada en este mismo caso, con ocasión del pronunciamiento sobre la posible perención de la instancia), la Sala sostuvo, sin pretender menospreciar el resto de los derechos, que la libertad personal destaca, desde el origen mismo del Estado moderno, en el conjunto de los derechos fundamentales. No es casual -se destacó- que haya sido la libertad personal una de las primeras manifestaciones de derechos particulares que se conoció en la evolución histórica de los derechos humanos.
De hecho -y así lo resaltó también la Sala en ese fallo del 29 de mayo de 2003-, existe una acción especial que sirve para proteger la libertad personal: el habeas corpus. Basta recordar -y asimismo lo hizo la Sala- que durante la vigencia de la Constitución de 1961, si bien erradamente se entendió que no podía existir la acción de amparo mientras no se hubiera dictado la ley que la regulase, no se negó la procedencia del hábeas corpus, acción de tanta importancia que el propio Constituyente le dedicó una norma especial, en la que reguló ciertos aspectos procesales. De esta manera, la libertad personal es principio cardinal del Estado de Derecho venezolano. (Negrillas del original).
El derecho a la libertad personal surge como una obligación del Estado de garantizar el pleno desenvolvimiento del mismo, limitando su actuación a la restricción de tal derecho solo cuando el ciudadano haya excedido los límites para su ejercicio mediante la comisión de una de las conductas prohibidas en los textos normativos de carácter legal. Por tanto, esa restricción de la libertad personal debe adecuarse a los postulados previstos en las disposiciones legales o lo que es lo mismo el acatamiento del principio de legalidad, por lo que no pueden los jueces imponer penas más allá de lo establecido legalmente.
Visto lo anterior, se verifica uno de los supuestos que se enuncian en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como lo es el desconocimiento a la jurisprudencia de esta Sala, dictada en violación al derecho al debido proceso y a la libertad personal por lo que se declara ha lugar la presente revisión de oficio, en consecuencia, se anula el fallo dictado 7 de julio de 2016, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, únicamente en lo que respecta al cálculo de la pena impuesta a los ciudadanos Euclides Júnior Ríos Rodríguez, Óscar Pastor Suárez Vásquez y Héctor Daniel Páez Salazar. Así se decide.
Ahora bien, la Sala conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, estima que la reposición de la causa en el presente asunto comportaría una dilación inútil e indebida que afectaría la esfera jurídica de los condenados en el proceso penal. Por ello, conforme a la motivación antes expuesta, se determina que la pena que debió ser impuesta por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas a los ciudadanos Euclides Júnior Ríos Rodríguez, Óscar Pastor Suárez Vásquez y Héctor Daniel Páez Salazar, por la comisión del delito de extorsión en grado de frustración, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión en concordancia con el artículo 80 del Código Penal es de cuatro (04) años cuatro (04) meses y veinte (20) días de prisión. En consecuencia, se ordena la inmediata remisión de copia certificada de este fallo al Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para que en razón de la pena establecida por esta Sala aplique al proceso penal seguido a los referidos ciudadanos el contenido de los artículos 470 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Así se establece.
Por último, visto que en el presente caso cursa en original el expediente contentivo de la causa penal seguido a los ciudadanos Euclides Júnior Ríos Rodríguez, Óscar Pastor Suárez Vásquez y Héctor Daniel Páez Salazar, se ordena a la Secretaría de esta Sala remitir, al Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, previo desglose, dicho expediente, contenido en los anexos uno (01) al cuatro (04) del presente asunto.
V
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
1.- IMPROCEDENTE in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta por las abogadas Diurkin Daniuska Bolívar Lugo e Indira Mercedes Amarista Aguilar, actuando en su carácter de defensoras privadas, según consta en autos, del ciudadano HÉCTOR DANIEL PÁEZ SALAZAR, contra la sentencia dictada el 20 de noviembre de 2018, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la defensa privada del referido ciudadano y en consecuencia, confirmó el fallo dictado el 20 de octubre de 2017, por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se negó al ciudadano Héctor Daniel Páez Salazar el beneficio procesal de suspensión condicional de la ejecución de la pena.
2.- REVISA DE OFICIO la decisión dictada el 7 de julio de 2016, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, únicamente en lo que respecta al cálculo de la pena impuesta a los ciudadanos Euclides Júnior Ríos Rodríguez, Óscar Pastor Suárez Vásquez y Héctor Daniel Páez Salazar, titulares de las cédulas de identidad Nros. 13.846.808, 16.226.414 y 14.789.759, respectivamente. En consecuencia, se establece que la pena que debió ser impuesta por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas a los ciudadanos Euclides Júnior Ríos Rodríguez, Óscar Pastor Suárez Vásquez y Héctor Daniel Páez Salazar, por la comisión del delito de extorsión en grado de frustración, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión en concordancia con el artículo 80 del Código Penal es de cuatro (04) años cuatro (04) meses y veinte (20) días de prisión. En virtud de ello. SE ORDENA la inmediata remisión de copia certificada de este fallo al Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para que conforme a la pena establecida por esta Sala aplique al proceso penal el contenido de los artículos 470 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal.
3.- SE ORDENA a la Secretaría de esta Sala remitir, al Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, previo desglose, el expediente contentivo de la causa penal seguido a los ciudadanos Euclides Júnior Ríos Rodríguez, Óscar Pastor Suárez Vásquez y Héctor Daniel Páez Salazar, contenido en los anexos uno (1) al cuatro (04) del presente asunto. De igual forma deberá remitir a dicho órgano judicial copia certificada de la presente decisión.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los días16 del mes de Agosto de dos mil diecinueve (2019). Años: 209º de la Independencia y 160º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
El Vicepresidente,
ARCADIO DELGADO ROSALES
Los Magistrados,
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
CALIXTO ORTEGA RÍOS
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
Ponente
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
La Secretaria,
MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES
18-0863
LFDB
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