Venley

Sentencia N.º 0504

Sentencia
N.º 0504
Fecha
30/10/2024
Sala
Constitucional
Expediente
23-0135
Ponente
Luis Fernando Damiani Bustillos
Procedimiento
Acción de Amparo Constitucional

 

MAGISTRADO PONENTE: LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

 

El 7 de febrero de 2023, se recibió en esta Sala escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por las abogadas Ogla Y. Botto R. y Milagros J. Pumiaca, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 108.494 y 284.824, respectivamente, actuando con el carácter de defensoras privadas del ciudadano RAFAEL JOSÉ ESPIDEL PUMIACA, titular de la cédula de identidad N° V-16.888.410, contra “(…) la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques, por la omisión de pronunciamiento correspondiente a la audiencia celebrada en fecha 24 de agosto de 2022, en la causa signada con la nomenclatura 1As11735-22 (…)”, en el marco del juicio seguido contra el referido ciudadano, por la comisión del delito de sicariato, previsto y sancionado en el artículo 44 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de los ciudadanos Ricardo Andrés Goncálves y Agustín José Da Silva Da Silva (sin identificación en autos).

 

El 7 de febrero de 2023, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó la ponencia al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos.

 

Los días 30 de mayo y el 30 de junio de 2023, la abogada Milagros J. Pumiaca, actuando con el carácter de defensora privada del ciudadano José Rafael Espidel Pumiaca, solicitó pronunciamiento en la presente causa.

 

El 4 de octubre de 2023, la precitada abogada, defensora privada del ciudadano Rafael José Espidel Pumiaca, consignó escrito de desistimiento y documentación.

 

El 22 de noviembre de 2023, esta Sala mediante auto N° 1502, negó la homologación del desistimiento y ordenó a la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, informar a esta Sala si se ha pronunciado respecto al recurso de apelación ejercido por las abogadas accionantes contra la decisión proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, y de ser el caso recabe y remita copia certificada de sus afirmaciones.

 

El 11 de diciembre de 2023, el Secretario de esta Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, dejó constancia que en esta misma data, se efectuó comunicación vía telefónica con el ciudadano Bernardo Antonio Odierno Herrera, quien se identificó, como Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda y se le impuso del contenido de la sentencia N° 1502 de fecha 22 de noviembre de 2023.

 

En esa misma fecha, se emitió el Oficio N° 1929-2023, remitiendo copias certificadas de la decisión de esta Sala N° 1502, al Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda.

 

El 15 de diciembre de 2023, se recibió Oficio N° 287-2023, del 12 de diciembre de 2023, mediante el cual el Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de Miranda, remitió información, dando cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Constitucional.

 

El 17 de enero de 2024, se reunieron las Magistradas y los Magistrados Doctores Tania D’Amelio Cardiet, Presidenta de la Sala Constitucional, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Luis Fernando Damiani Bustillos, y Michel Adriana Velásquez Grillet, quienes fueron electos con tal carácter en reunión de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de esta misma fecha, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando constituida de la siguiente manera: Doctores Tania D’Amelio Cardiet, Presidenta de la Sala Constitucional, Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Luis Fernando Damiani Bustillos, y Michel Adriana Velásquez Grillet.

 

El 18 de enero de 2024, se remitió copia certificada de decisión N° 1502, del 2 de noviembre de 2023, a través de oficio N° 1929-2023, dirigido al Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda.

 

El 26 de abril de 2024, el Alguacil de esta Sala, consignó recibo de “IPOSTEL”, del indicado oficio Nro. 1929-2023.

El 14 de octubre de 2024, visto el beneficio de jubilación otorgado por la Sala Plena a la Magistrada Dra. Gladys María Gutiérrez Alvarado y la incorporación de la Magistrada Dra. Janette Trinidad Córdova Castro, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Dra. Tania D’Amelio Cardiet, Presidenta; Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, Vicepresidenta; el Magistrado y Magistradas Luis Fernando Damiani Bustillos, Michel Adriana Velásquez Grillet y Janette Trinidad Córdova Castro, ratificándose la ponencia al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

El 7 de febrero de 2023, las abogadas Ogla Botto R. y Milagros J. Pumiaca, actuando con el carácter de defensoras privadas del ciudadano Rafael José Espidel Pumiaca, ya identificados, ejercieron acción de amparo constitucional, bajo los siguientes argumentos:

 

Que “(…) interpone[n] un [r]ecurso (sic) de [a]mparo [c]onstitucional, en contra de la Corte de Apelaciones, del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques, por la omisión de pronunciamiento correspondiente a la audiencia celebrada en fecha 24 de agosto de 2022, en la causa signada con la nomenclatura 1As11735-22, a los fines de obtener el inmediato restablecimiento de la situación jurídica infringida, en virtud de la violación de los derechos constitucionales del [d]ebido [p]roceso y a la [t]utela [j]udicial [e]fectiva, en contra de la conducta omisiva y a obtener una oportuna y adecuada respuesta, por parte de este Tribunal Colegiado (…)” (Corchetes de la Sala).

 

Que “[e]n fecha cuatro (04) de mayo de dos mil veintidós 2022 el ciudadano Rafael José Espidel Pumiaca fue impuesto de la decisión dictada en fecha veinte (20) de julio de dos mil veintiuno 2021, donde fue encontrado culpable del delito de sicariato (…)” (Corchetes de la Sala).

Que “[e]n fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós 2022, las abogadas recurrentes consignaron ante la Oficina del Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, recurso de apelación de sentencia, el cual fue admitido en fecha diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós 2022 (…)” (Corchetes de la Sala).

 

Que “[e]n fecha veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidós 2022, se lleva a cabo la audiencia oral de apelación, quedando pendiente el pronunciamiento conforme a derecho” (Corchetes de la Sala).

 

Que “[d]e igual forma, las defensoras privadas, asistieron a la Corte en múltiples ocasiones a fin de obtener respuesta. Sin embargo, fueron infructuosas las diligencias, por lo que se consignan escritos solicitando, a la [h]onorable Corte, el pronunciamiento correspondiente (…)” (Corchetes de la Sala).

 

Que denuncian la violación “[d]el derecho al acceso a la información y omisión que viola derechos constitucionales básicos como la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa por parte de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano Miranda, sede Los Teques; los artículos 3, 23, 26, 27, 28, 49, 51, 143, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Corchetes de la Sala).

 

Que “(…) es necesario destacar que los artículos señalados [3, 23, 26, 27, 28, 49, 51, 143, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela], conforman el derecho constitucional que tienen los particulares a dirigir peticiones ante cualquier autoridad sobre los asuntos que sean de su competencia, estando dichas autoridades obligadas a emitir una respuesta dentro de los lapsos establecidos, respuesta oportuna y de forma adecuada, es decir, acorde con lo solicitado (…)” (Corchetes de la Sala).

 

Que “(…) es importante señalar que el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal, establece ‘...La Corte de Apelaciones...’ Decidirá al concluir la audiencia o, en caso de imposibilidad por la complejidad del asunto, dentro de los diez días siguientes...’ En consecuencia, en ejercicio del derecho constitucional de petición, las defensoras privadas, solicitan a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, sede Los Teques, pronuncien sentencia, correspondiente a la causa signada con el № 1As11735-22” (Corchetes de la Sala).

 

Que “(…) [p]or las razones de hecho y fundamentos de derecho, expuestos anteriormente de manera sucinta y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 23, 26, 27, 49, 51, 143, 253 y 257 de la Constitución; 1, 2, 5 y 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 448 del Código Orgánico Procesal Penal; solicitamos, respetuosamente, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, admita y declare PROCEDENTE la presente [a]cción de [a]mparo [c]onstitucional, en protección de los derechos constitucionales a la debida y oportuna respuesta y al acceso a la información, de conformidad con las facultades previstas en los artículos: № 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; № 18 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; № 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; № 2.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; № 3, 23, 26, 27, 49.8, 51, 143, 253 y 257, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que han sido, son y podrán seguir siendo lesionados por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, sede Los Teques. En tal sentido, solicitamos muy respetuosamente que: se ordene a la mencionada Corte de Apelaciones una respuesta inmediata del pronunciamiento de la sentencia; petición presentada por las defensoras privadas (…) a los fines de garantizar el derecho a la defensa que asiste a nuestro defendido, ciudadano JOSÉ RAFAEL (sic) ESPIDEL PUMIACA, titular de la cédula de identidad № 16.888.410” (Corchetes de la Sala).

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Mediante sentencia N° 1502 del 22 de noviembre de 2023, esta Sala aceptó la competencia para conocer el amparo constitucional propuesto, contra “(…) la Corte de Apelaciones, del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques, por la omisión de pronunciamiento correspondiente a la audiencia celebrada en fecha 24 de agosto de 2022, en la causa signada con la nomenclatura 1As11735-22 (…)”.

 

Visto lo anterior, esta Sala mediante decisión N° 1502 del 22 de noviembre de 2023, solicitó a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, información a los fines de verificar si había emitido pronunciamiento respecto al recurso de apelación ejercido por las abogadas defensoras del ciudadano Rafael José Espidel Pumiaca, contra la decisión  proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de ese mismo Circuito Judicial Penal.

 

Al efecto, el 15 de diciembre de 2023, la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, cumpliendo con la orden emanada de esta Sala, remitió oficio N° 287 del 12 de diciembre del mismo año, en el cual informó que “(…) en fecha 12-09-2023, emitió fallo a través del cual, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 174, 175, 179 y 180 todos del Código Orgánico Procesal Penal, DECRETÓ DE OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia condenatoria (…), y ordenó la reposición de la causa al estado de que se realice nuevamente el juicio oral y público, por un Juez de Primera Instancia en Funciones de Juicio distinto al que suscribió la sentencia anulada, conforme lo prevé el artículo 425 ejusdem (…)” (Folio 39 del expediente), consignando al efecto la referida decisión, la cual consta en los folios del cuarenta y tres (43) al setenta (70) del expediente, de lo cual se desprende que el órgano jurisdiccional objetado, subsanó la presunta omisión denunciada en sede constitucional.

 

En ese sentido, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece como causal de inadmisibilidad en el artículo 6 numeral 1°, el cese de la violación o amenaza que sirve como fundamento para solicitar la protección bajo la modalidad de amparo constitucional, en los siguientes términos:

 

“Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo:

1. Cuando hayan cesado la violación o amenazas de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla.”

 

Respecto a la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala en el fallo Nº 2.302 del 21 de agosto de 2003 (caso: “Alberto José de Macedo Penelas”), señaló que:

 

“(…) a juicio de esta Sala, resulta acertado en Derecho, pues no puede admitirse un amparo constitucional cuando el objeto por el cual se ha incoado el proceso constitucional ya ha dejado de ser, tal y como lo prevé la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en su artículo 6, numeral 1, el cual prevé la no admisión de la acción de amparo cuando haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiese podido causarla, por lo que siendo ese el supuesto verificado en autos, resultaba ciertamente inadmisible la solicitud en cuestión, y así se declara (…)”.

 

Al respecto, evidenciado como fue el cese de las omisiones denunciadas como violatorias de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la prueba impugnada y a obtener una respuesta adecuada y oportuna, esta Sala declara la inadmisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, por estar incursa en el supuesto de inadmisibilidad previsto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

III

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por las abogadas Ogla Botto R. y Milagros J. Pumiaca, actuando con el carácter de defensoras privadas del ciudadano  RAFAEL JOSÉ ESPIDEL PUMIACA, ya identificados, contra “(…) la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques, por la omisión de pronunciamiento correspondiente a la audiencia celebrada en fecha 24 de agosto de 2022, en la causa signada con la nomenclatura 1As11735-22 (…)”, en el marco del juicio seguido contra el referido ciudadano, por la comisión del delito de sicariato, previsto y sancionado en el artículo 44 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de los ciudadanos Ricardo Andrés Goncalves y Agustín José Da Silva Da Silva (sin identificación en autos), de conformidad con el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 30 días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024). Años: 214° de la Independencia y 165° de la Federación.

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

TANIA D’AMELIO CARDIET

 

La Vicepresidenta,

 

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

 

Los Magistrados,

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

                        Ponente

 

 

MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET

 

 

JANETTE TRINIDAD CÓRDOVA CASTRO

 

El Secretario,

 

 

CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE

 

23-0135

LFDB

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