Venley

Sentencia N.º 1502

Sentencia
N.º 1502
Fecha
22/11/2023
Sala
Constitucional
Expediente
23-0135
Ponente
Luis Fernando Damiani Bustillos
Procedimiento
Acción de Amparo Constitucional

 

Caracas,  22 de  noviembre de  2023

213° y 164°

 

El 7 de febrero de 2023, se recibió en esta Sala escrito contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por las abogadas Olga Botto R. y Milagros J. Pumiaca, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 108.494 y 284.824, respectivamente, actuando con el carácter de defensoras privadas del ciudadano JOSÉ RAFAEL ESPIDEL PUMIACA, titular de la cédula de identidad N° 16.888.410, respectivamente, contra “(…) la Corte de Apelaciones, del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques, por la omisión de pronunciamiento correspondiente a la audiencia celebrada en fecha 24 de agosto de 2022, en la causa signada con la nomenclatura 1As11735-22 (…)”, en el marco del juicio seguido contra el referido ciudadano, por la comisión del delito de sicariato, previsto y sancionado en el artículo 44 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de los ciudadanos Ricardo Andrés Goncalves y Agustín José Da Silva Da Silva (sin identificación en autos).

 

El 7 de febrero de 2023, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó la ponencia al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

En fechas 30 de mayo y 30 de junio de 2023, la abogada Milagros J. Pumiaca, actuando con el carácter de defensora privada del ciudadano Rafael José Espidel Pumiaca, ambos identificados, solicitaron pronunciamiento en la presente causa. En esa misma fecha se dio cuenta en Sala y se acordó agregarla al expediente.

El 4 de octubre de 2023, la abogada Milagros Pumiaca, ya identificada, consignó diligencia en la cual advirtió que “DESIST[e] DEL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL (…)”. En esa misma fecha se dio cuenta en Sala y se acordó agregarlo al expediente.

 

Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:

 

ÚNICO

 

En fecha 7 de febrero de 2023, las abogadas Ogla Botto R. y Milagros J. Pumiaca, actuando con el carácter de defensoras privadas del ciudadano Rafael José Espidel Pumiaca, ya identificados, ejercieron acción de amparo constitucional, bajo los siguientes argumentos:

 

Que “(…)  interpone[n] un [r]ecurso (sic) de [a]mparo [c]onstitucional, en contra de la Corte de Apelaciones, del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques, por la omisión de pronunciamiento correspondiente a la audiencia celebrada en fecha 24 de agosto de 2022, en la causa signada con la nomenclatura 1As11735-22, a los fines de obtener el inmediato restablecimiento de la situación jurídica infringida, en virtud de la violación de los derechos constitucionales del [d]ebido [p]roceso y a la [t]utela [j]udicial [e]fectiva, en contra de la conducta omisiva y a obtener una oportuna y adecuada respuesta, por parte de este Tribunal Colegiado (…)” (Corchetes de la Sala).

 

Que “[e]n fecha cuatro (04) de mayo de dos mil veintidós 2022 el ciudadano Rafael José Espidel Pumiaca fue impuesto de la decisión dictada en fecha veinte (20) de julio de dos mil veintiuno 2021, donde fue encontrado culpable del delito de sicariato (…)” (Corchetes de la Sala).

 

Que “[e]n fecha treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós 2022, las abogadas recurrentes consignaron ante la Oficina del Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en la ciudad de Los Teques, recurso de apelación de sentencia, el cual fue admitido en fecha diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós 2022 (…)” (Corchetes de la Sala).

 

Que “[e]n fecha veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidós 2022, se lleva a cabo audiencia oral de apelación, quedando pendiente el pronunciamiento conforme a derecho” (Corchetes de la Sala).

 

Que “[d]e igual forma, las defensoras privadas, asistieron a la Corte en múltiples ocasiones a fin de obtener respuesta. Sin embargo, fueron infructuosas las diligencias, por lo que se consignan escritos solicitando, a la [h]onorable Corte, el pronunciamiento correspondiente (…)” (Corchetes de la Sala).

 

Que denuncian, la violación“[d]el derecho al acceso a la información y omisión que viola derechos constitucionales básicos como la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa por parte de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano Miranda, sede Los Teques; los artículos 3, 23, 26, 27, 28, 49, 51, 143, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” (Corchetes de la Sala).

 

Que “(…) es necesario destacar que los artículos señalados [3, 23, 26, 27, 28, 49, 51, 143, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela], conforman el derecho constitucional que tienen los particulares a dirigir peticiones ante cualquier autoridad sobre los asuntos que sean de su competencia, estando dichas autoridades obligadas a emitir una respuesta dentro de los lapsos establecidos, respuesta oportuna y de forma adecuada, es decir, acorde con lo solicitado (…)” (Corchetes de la Sala).

 

Que “(…) es importante señalar que el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal establece ‘...La Corte de Apelaciones...Decidirá al concluir la audiencia o, en caso de imposibilidad por la complejidad del asunto, dentro de los diez días siguientes...’ En consecuencia, en ejercicio del derecho constitucional de petición, las defensoras privadas, solicitan a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, sede Los Teques, pronuncien sentencia, correspondiente a la causa signada con el № 1As11735-22” (Corchetes de la Sala).

 

Que “(…) [p]or las razones de hecho y fundamentos de derecho, expuestos anteriormente de manera sucinta y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 23, 26, 27, 49, 51, 143, 253 y 257 de la Constitución; 1, 2, 5 y 7 de la Ley Orgánica de Amparo [s]obre Derechos y Garantías Constitucionales y 448 del Código Orgánico Procesal Penal; solicita[n], respetuosamente, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, admita y declare PROCEDENTE la presente [a]cción de [a]mparo [c]onstitucional, en protección de los derechos constitucionales a la debida y oportuna respuesta y al acceso a la información, de conformidad con las facultades previstas en los artículos: № 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; № 18 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; № 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; № 2.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; № 3, 23, 26, 27, 49.8, 51, 143, 253 y 257, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que han sido, son y podrán seguir siendo lesionados por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolivariano de Miranda, sede Los Teques. En tal sentido, solicita[n] muy respetuosamente que: se ordene a la mencionada Corte de Apelaciones una respuesta inmediata del pronunciamiento de la sentencia; petición presentada por las defensoras privadas (Anexos marcados con las letras ‘F’ y ‘G’) a los fines de garantizar el derecho a la defensa que asiste a [su] defendido, ciudadano JOSÉ RAFAEL ESPIDEL PUMIACA, titular de la cédula de identidad № 16.888.410” (Corchetes de la Sala).

 

Determinado lo anterior, previamente le corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer del presente caso. Siendo así, la Sala observa que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al consagrar el régimen de competencia aplicable a los amparos ejercidos contra decisiones u omisiones judiciales, establece lo siguiente:

 

“Artículo 4: Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia y ordene un acto que lesione un derecho constitucional.

 En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.”

 

En relación a la citada norma, esta Sala en sentencia N° 1555, del 8 de diciembre de 2000, (caso: Yolena Chanchamire), estableció que: “Con relación a los amparos que se incoen de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, como ellos deberán ser conocidos por los jueces superiores a los que cometen la infracción constitucional, de acuerdo al derecho material que gobierna la situación jurídica lesionada, dichos jueces superiores conocerán en primera instancia de esos amparos, mientras que los superiores jerárquicos conocerán la alzada”.

 

También ha sostenido esta Sala que ante la falta de precisión del organismo que tramitará y decidirá el amparo contra omisiones judiciales, se ha aplicado de manera analógica el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece el llamado amparo contra sentencias, el cual debe interponerse ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento que se impugne (vid. sentencia del 4 de abril de 2000, caso: Pablo Zulli Angelucci).

 

Así, visto que los amparos contra decisiones, actuaciones u omisiones de pronunciamientos judiciales deberán ser conocidos por los jueces superiores de los señalados como presuntos agraviantes, y que en el presente caso la pretensión de amparo se ejerce contra la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, siendo coherentes con lo anteriormente señalado,  esta Sala Constitucional resulta competente para conocer de la presente acción de amparo constitucional incoada, en única instancia constitucional. Así se decide.

 

Precisado lo anterior, corresponde a esta Sala pronunciarse respecto a la procedencia de la solicitud de desistimiento formulada por la defensora privada del accionante y, a tal efecto, observa:

 

El artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone:

 

“Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.

 El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será sancionado por el Juez de la causa o por el Superior, según el caso, con multa de dos mil Bolívares (Bs. 2.000,00) a cinco mil Bolívares (Bs. 5.000,00)”.

 

De la norma anteriormente transcrita, se observa que el legislador otorga al accionante en amparo -presunto agraviado- la posibilidad de desistir de la acción interpuesta, como único mecanismo de autocomposición procesal, siempre que no se trate de la violación de un derecho de orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.

 

En este sentido, debe observarse que si bien figura procesal del desistimiento del recurso no se encuentra regulada en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (toda vez que su artículo 25 sólo rige lo concerniente al desistimiento de la acción), su reconocimiento por parte del ordenamiento adjetivo venezolano se encuentra implícito en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “…Quien desista de la demanda o de cualquier recurso que hubiere interpuesto, pagará las costas si no hubiere pacto en contrario…”  y en el 304 eiusdem, al prescribir que “…La parte que se adhiere a la apelación de la contraria no podrá continuar el recurso si la que hubiere apelado desistiere de él, aunque la adhesión haya tenido por objeto un punto diferente del de la apelación o aún opuesto a éste…”. En consecuencia, por aplicación supletoria de la ley adjetiva civil, conforme el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la figura del desistimiento tiene cabida en materia de amparo constitucional, aunque teniendo presente que en ella se añade como particular exigencia la verificación de infracciones de orden público, dada la sensible materia en discusión, en cuyo caso no habrá lugar a la homologación del desistimiento. (Vid. sentencia N° 556/2006. Caso: Pilar Cruz de Plácido y otros).

 

 De igual forma el artículo 431 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

 

“Las partes o sus representantes podrán desistir de los recursos interpuestos por ellas sin perjudicar a los demás recurrentes, pero cargarán con las costas.

El Ministerio Público podrá desistir de sus recursos en escrito fundado. El defensor o defensora no podrá desistir del recurso sin autorización expresa del justiciable. (Negrillas de la Sala).

 

En consecuencia, por aplicación supletoria de las disposiciones antes transcritas, conforme el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, si bien la figura del desistimiento tiene cabida en la acción de amparo constitucional, de la revisión de las actuaciones, no se evidencia que conjuntamente con el desistimiento planteado, la abogada haya consignado la autorización expresa del ciudadano José Rafael Espidel Pumiaca para desistir, razón por la cual lo procedente en este caso es NEGAR LA HOMOLOGACIÓN del desistimiento manifestado por la abogada Milagros J. Pumiaca, ya identificada, de la acción de amparo constitucional ejercida en fecha 7 de febrero de 2023. Así se decide.

 

Determinado lo anterior, antes de emitir un pronunciamiento sobre la admisibilidad de la acción de amparo interpuesta, estima la Sala necesario conocer si la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, se ha pronunciado respecto al recurso de apelación ejercido por las abogadas accionantes contra la decisión proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la misma Circunscripción Judicial, a través de la cual “(…) SE ENCONTRÓ CULPABLE al ciudadano ESPIDEL PUMIACA RAFAEL JOSÉ (…) por el delito de SICARIATO (…), en consecuencia se condenó al justiciable a cumplir la pena de  VEINTISIETE AÑOS (27) Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN (…)”, lo cual consta en el auto de fecha 4 de mayo de 2022, proferido por el referido Juzgado, y corre inserto en el folio 7 del expediente, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se solicita a la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que en el lapso de cinco (5) días, recabe y remita la información solicitada y, de ser el caso, anexe copia certificada de sus afirmaciones.

 

Ello así, se ORDENA oficiar a la Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, para que dé cumplimiento a lo establecido en el presente auto, so pena de incurrir en responsabilidad administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que dispone: ”Las Salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multa equivalente hasta doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a las personas, funcionarios o funcionarias que no acataren sus órdenes o decisiones, o no le suministraren oportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar”.

 

Para el cumplimiento más expedito de lo dispuesto anteriormente, se ordena igualmente a la Secretaría de la Sala que, conforme a lo señalado en el artículo 91, numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, practique en forma telefónica la notificación de la mencionada Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

 

En Caracas, a la fecha ut supra.

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

 

La Vicepresidenta, 

 


LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

 

Los Magistrados,

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

                           Ponente



TANIA D’AMELIO CARDIET

 

MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET

 

 

El Secretario,



CARLOS ARTURO GARCÍA USECH

Exp. N° 23-0135

LFDB/

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias