Sentencia N.º 097
- Sentencia
- N.º 097
- Fecha
- 14/03/2024
- Sala
- Casación Penal
- Expediente
- C24-52
- Ponente
- Elsa Janeth Gómez Moreno
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO
En fecha 26 de enero de 2024, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo del recurso de casación interpuesto por el abogado Daniel Buvat De Virgini De La Rosa, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 34.421, actuando con el carácter de Defensor Privado del ciudadano KARL ALEXANDER DÍAZ APARICIO, titular de la cédula de identidad número N° V- 17.384.044, contra la decisión dictada por la Sala Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la defensa del acusado antes mencionado, contra el fallo publicado el 8 de junio de 2023, por el Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que lo CONDENÓ a cumplir la pena de ONCE (11) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA EN CONCURSO REAL DE DELITOS, USURPACIÓN DE FUNCIONES y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados respectivamente en los artículos 462, en relación con los artículos 88, 99 y 482 y 214, todos del Código Penal y 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
En esa misma fecha (26 de enero de 2024), se dio entrada al expediente contentivo del proceso seguido al ciudadano KARL ALEXANDER DÍAZ APARICIO, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2024-00052, siendo asignada la ponencia a la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
DE LA COMPETENCIA
Previo a cualquier pronunciamiento, le corresponde a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia determinar su competencia para conocer del presente Recurso de Casación y, en tal sentido, observa:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como instrumento jurídico de normas supremas, en su Título V De la Organización del Poder Público Nacional, Capítulo III Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia, Sección Segunda Del Tribunal Supremo de Justicia, dispone en su artículo 266, numeral 8, lo siguiente:
Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:
8. Conocer del recurso de casación .
Igualmente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en lo referente a las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal, de manera concreta, respecto a la Sala de Casación Penal, en su Título II De las Competencias y Atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, Capítulo I De las competencias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 29, numeral 2, establece:
Competencias de la Sala Penal.
Artículo 29. Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:
2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal .
De acuerdo con el contenido de las normas jurídicas parcialmente transcritas, se determina que corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de los recursos de casación que en materia penal se ejerzan en contra de las decisiones de los tribunales penales de segunda instancia; en consecuencia, la Sala determina su competencia para conocer del presente asunto.
DE LOS HECHOS
Los hechos que el Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, estimó acreditados en la sentencia condenatoria del 8 de junio de 2023, son los siguientes:
en fecha 29 de agosto del año 2019, cuando un ciudadano de nombre DUARTE, procede a realizar una denuncia ante la División de Investigaciones Contra los Delitos Informáticos, en la cual manifiesta que a través de un ciudadano de nombre Daniel Murillo, conoce a otro sujeto de nombre Karl Alexander Díaz Aparicio, para que le prestara el apoyo con un servicio de seguridad que constaba de 5 hombres que fungían como escoltas y que cada uno devenga la cantidad de 600$ americanos, además de las 2 camionetas Toyotas y un dinero el cual era para la inscripción de unos caballos en el hipódromo de la Rinconada, y el alquiler de un yate para un evento de negocios todo para un total de 178.300,00$ americanos, seguidamente el ciudadano le manifestó a la victima que iba a realizar un viaje a la ciudad de Punto Fijo, por problemas de índole personal enviándole un printer de pantalla el cual reflejaba como si se hubiese realizado el pago de lo adecuado, es por esto que los pesquisas comienzan una ardua labor de investigación a fin de determinar las responsabilidades del caso que nos ocupan, tales como las telefonías, movimientos bancarios, entre otros, en fecha 31 de agosto del 2019, los funcionarios reciben una llamada de parte del denunciante de la presente causa, en la cual manifiesta que iba a tener una reunión en un reconocido restaurante de Caracas, con el ciudadano que el mismo había denunciado, por tal motivo se conforma la comisión hacia la dirección indicada logrando visualizar cuando descienden de una camioneta marca Ford modelo Explorer, año 2005, el ciudadano denunciado, dando los funcionarios de manera inmediata la voz de alto, acatándola al momento; acto seguido los funcionarios realizan una inspección tanto al ciudadano como al vehículo encontrando un arma de fuego tipo pistola, marca BERETTA, modelo PX4, contentivo de un cargador de de diecisiete municiones. Seguidamente la victima manifiesta que dicho sujeto es el encargado de realizar recibos electrónicos de pago falsos los cuales los enviaba a través de su teléfono celular y cuando las personas ingresaban al banco a verificar la transferencia se percataban que no existía ningún pago. Asimismo mediante engaño hizo que se le entregara un jarrón marca comert proveniente del principado de QATAR, el cual supuestamente estaba valorado en un millón de dólares americanos pero que dicho sujeto nunca le pago y supuestamente le envíos dos printer falsos. Por tal motivo los funcionarios decidieron comunicarle a su jefe inmediato quien ordeno que se trasladara el procedimiento al despacho a fin de verificar los pormenores, una vez los funcionarios en la sede de su despacho, iniciando las averiguaciones de la procedencia del arma de fuego, obteniendo como resultado que el mismo entregó una documentación falsa adicionalmente luego de realizare el vaciado telefónico se percataron de las múltiples conversaciones del sujeto aprehendido con diferentes personas hablando de las transacciones económicas y como realizar los printer de la pantalla, es por esto que los mismos decidieron que el sujeto fuese puesto a la orden de la Oficina de Flagrancia del Ministerio Publico ubicada en el Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas donde fue atendido por el Tribunal Primero de Control que luego de escuchar la calificación jurídica provisional del Representante Fiscal decreto la Medida Judicial Privativa Preventiva de Libertad ...". (sic)
DE LOS ANTECEDENTES
En fecha 16 de octubre de 2019, la abogada Elsy Solano González, actuando con el carácter de Fiscal Provisoria Sexta del Ministerio Público a Nivel Nacional Plena, presentó acusación formal contra el ciudadano KARL ALEXANDER DÍAZ APARICIO, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA EN CONCURSO REAL DE DELITOS, ASOCIACIÓN, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO y USURPACIÓN DE FUNCIONES.
En fecha 29 de septiembre de 2022, en el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se celebró la audiencia preliminar en la que el referido órgano judicial admitió la acusación fiscal por los delitos señalados en el párrafo que antecede, igualmente los medios de prueba promovidos, se ordenó el pase a juicio en atención a que el acusado no se acogió al procedimiento por admisión de hechos, y se mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad contra el acusado, el auto fundado de la presente decisión fue publicado en igual data.
En fecha 10 de noviembre de 2022, el Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, recibió las actuaciones del caso.
Posterior a varios diferimientos, en fecha 16 de marzo de 2023, tuvo lugar la apertura del juicio oral y público ante el Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 16 de mayo de 2023, culminó el juicio oral y público, en el que el señalado tribunal en funciones de juicio, declaró culpable al ciudadano KARL ALEXANDER DÍAZ APARICIO, por la comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA EN CONCURSO REAL DE DELITOS, USURPACIÓN DE FUNCIONES y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados respectivamente en los artículos 462, en relación con los artículos 88, 99 y 482 y 214 todos del Código Penal y 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, y respecto al delito de ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, lo declaró no culpable.
En fecha 26 de mayo de 2023, el Ministerio Público ejerció recurso de apelación contra la sentencia del día 16 del mismo mes y año, en atención a la disconformidad con la declaratoria de no culpabilidad del ciudadano KARL ALEXANDER DÍAZ APARICIO, respecto al delito de ASOCIACIÓN.
En fecha 8 de junio de 2023, el Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, publicó el texto íntegro de la sentencia condenatoria.
De la decisión publicada en fecha 8 de junio de 2023, fueron notificadas las partes según se verifica en las respectivas boletas y el día 15 del mismo mes y año, fue impuesto del texto íntegro el ciudadano KARL ALEXANDER DÍAZ APARICIO.
En fecha 3 de julio de 2023, el abogado Daniel Buvat De Virgini De La Rosa, en su condición de defensor del acusado, ejerció recurso de apelación contra la sentencia condenatoria dictada contra su defendido.
En fecha 18 de julio de 2023, fueron recibidas las actuaciones en la Sala Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
En atención a errores detectados en el cómputo realizado por el tribunal en funciones de juicio, fueron remitidas las actuaciones a objeto de subsanar el error detectado.
En fecha 2 de agosto de 2023, se dio entrada nuevamente en la mencionada Sala Diez, a las actuaciones relacionadas con los recursos de apelación ejercidos por el Ministerio Público y por el abogado defensor del acusado.
En fecha 8 de agosto de 2023, la Sala Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, admitió los recursos de apelación presentados y fijó la celebración de la audiencia correspondiente.
En fecha 11 de octubre de 2023, se celebró la audiencia oral en la sede del Tribunal de Alzada, en la que dicho órgano judicial, se acogió al lapso previsto en el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal, a afectos de emitir el fallo correspondiente.
En fecha 3 de noviembre de 2023, la Sala Diez de la Corte de Apelaciones en referencia, dictó decisión en la cual se pronunció y declaró SIN LUGAR los recursos de apelación de sentencia interpuestos por la representación del Ministerio Público y por el defensor privado del acusado KARL ALEXANDER DÍAZ APARICIO, contra la decisión dictada en el Juicio Oral y Público, el 8 de junio de 2023, por el Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Se libraron boletas de notificación a las partes, y en fecha 14 de noviembre de 2023, fue impuesto el acusado del texto de la decisión proferida por el tribunal de alzada.
En fecha 15 de diciembre de 2023, el Defensor Privado del acusado, ejerció recurso de casación contra la sentencia de la Alzada.
DEL RECURSO DE CASACIÓN
El Recurso de Casación es un medio de impugnación de carácter extraordinario, regido por disposiciones legales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, que exige para su interposición y admisibilidad una serie de requisitos de obligatoria observancia y cumplimiento.
De tal forma, el Libro Cuarto De los Recursos, Título I Disposiciones Generales, del Código Orgánico Procesal Penal, consagra en sus artículos 423 y 424, el marco general normativo que efectivamente regula la interposición de todo recurso.
Con este propósito, el artículo 423 de la Ley Adjetiva Penal prevé el principio de impugnabilidad objetiva, el cual postula que las decisiones judiciales solo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente distinguidos.
Por su parte, el artículo 424, eiusdem, señala que contra las decisiones judiciales podrán recurrir las partes a quienes la Ley les reconozca taxativamente ese derecho subjetivo.
Ahora bien, específicamente en cuanto al recurso extraordinario de casación, el Libro Cuarto De los Recursos, Título IV DEL RECURSO DE CASACIÓN, del aludido Texto Adjetivo Penal, instituye en los artículos 451, 452 y 454, cuáles son las decisiones recurribles en casación, los motivos que lo hacen procedente y el procedimiento que debe seguirse para su interposición, de la siguiente forma:
Artículo 451. El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.
Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior.
Artículo 452. El recurso de casación podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación.
Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate .
Artículo 454. El recurso de casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado o imputada se encontrare privado o privada de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo .
En este contexto, se concluye que el Recurso de Casación sólo podrá ser ejercido por quienes estén debidamente legitimados y contra aquellas decisiones explícitamente determinadas en la ley. Así mismo, solo debe ser interpuesto en estricto acatamiento a los parámetros delimitados en los artículos expuestos ut supra, tanto en tiempo como en forma, previa verificación de cada una de las exigencias anteriormente señaladas.
DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO
Visto lo anterior, la Sala procede a verificar los requisitos de admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la defensa privada, los cuales deben ser concurrentes, pues la ausencia de alguno de ellos conllevaría a declarar inadmisible el recurso interpuesto. Al respecto, se observa lo siguiente:
En atención a la legitimidad, el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 424 y 427, establece que sólo podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley les reconozca expresamente este derecho.
En el sentido indicado, se verifica que el recurso de casación fue presentado por el abogado Daniel Buvat De Virgini De La Rosa, actuando con el carácter de Defensor Privado del ciudadano KARL ALEXANDER DÍAZ APARICIO, quien fue designado, aceptó el cargo y se juramentó en fecha 15 de diciembre de 2023, ante la Sala Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, según se verifica en el folio 5 de la pieza 6-6, accionando a favor de su defendido en condición de acusado, pues tiene interés directo y legítimo en la pretensión propuesta, ya que la decisión le fue adversa en cuanto a que el Tribunal de Alzada declaró sin lugar el recurso de apelación intentado contra la decisión que en primera instancia lo condenó a cumplir la pena de ONCE (11) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA EN CONCURSO REAL DE DELITOS, USURPACIÓN DE FUNCIONES y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados respectivamente en los artículos 462, en relación con los artículos 88, 99 y 482 y 214 del Código Penal y 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
En lo referente a la tempestividad, en el folio 28, de la pieza identificada como recurso 6-6, consta el cómputo suscrito en fecha 11 de enero de 2024, por la abogada Betzaly Miranda, Secretaria adscrita a la Sala Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el que se lee lo siguiente:
Quien suscribe, ABG. BETZALY MIRANDA, Secretaria adscrita a la Sala Décima (10) de la Corte de Apelación, HACE CONSTAR: que a partir del 14 de Noviembre de 2023 (exclusive), fecha en la cual comenzó a transcurrir el lapso de quince (15) días para la interposición del recurso de casación de conformidad con lo establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, hasta el día 15 de Diciembre de 2023 (inclusive), fecha en la cual el profesional del derecho ABG. DANIEL BUVAT DE VIRGINI DE LA ROSA, interpone dicho recurso, transcurrieron quince (15) días hábiles y con despacho, a saber: Lunes 20, Martes 21, Miércoles 22, Jueves 23, Viernes 24, Lunes 27, Martes 28, Miércoles 29, Jueves 30 todos del mes de Noviembre de 2023, Viernes 01, Jueves 07, Viernes 08, Martes 12, Jueves 14 y Viernes 15 todos del mes de Diciembre de 2023.
Se deja constancia que los días, Miércoles 15, Jueves 16, Viernes 17 todos del mes de Noviembre de 2023, Lunes 04, Martes 05, Miércoles 06, Lunes 11 y Miércoles 13 todos del mes de diciembre del año 2023, NO HUBO DESPAСНО " (sic).
De lo antes transcrito, así como de la revisión del expediente, se verifica que la decisión de la Alzada fue dictada en fecha 3 de noviembre de 2023, y que el acusado fue impuesto del contenido de la decisión el día 14 del mismo mes y año, por lo que el lapso para la interposición del recurso de casación inició el día hábil siguiente a la mencionada fecha, es decir el día 20 de ese mes, constatándose que el escrito recursivo fue presentado en fecha 15 de diciembre de 2023, habiendo transcurrido quince (15) días del lapso correspondiente para recurrir, discriminados de la siguiente manera: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 29, 30 de noviembre, 1°, 7, 8, 12, 15 y 16 de diciembre de 2023, es decir, al décimo quinto día, por lo que se concluye que el mismo fue ejercido conforme a lo establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia resulta tempestivo. Así se declara.
En cuanto a la recurribilidad de la sentencia, se verificó que el recurso de casación fue ejercido contra la decisión de fecha 3 de noviembre de 2023, proferida por la Sala Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el defensor privado del acusado, para impugnar el fallo dictado en fecha 16 de mayo de 2022, y publicado su texto íntegro el 8 de junio de 2022, por el Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, que CONDENÓ a cumplir la pena de ONCE (11) AÑOS DE PRISION al ciudadano KARL ALEXANDER DÍAZ APARICIO, por la comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA EN CONCURSO REAL DE DELITOS, USURPACIÓN DE FUNCIONES y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados respectivamente en los artículos 462, en relación con los artículos 88, 99 y 482 y 214 del Código Penal y 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
De lo anteriormente señalado, se verifica, que el mencionado defensor accionó a favor de su defendido en su condición de acusado, por tener interés directo y legítimo en la pretensión propuesta, pues la decisión les fue adversa en cuanto a que el Tribunal de Alzada declaró sin lugar el recurso de apelación intentado contra la decisión que en primera instancia lo condenó a cumplir la pena de 11 años de prisión por los delitos de ESTAFA CONTINUADA EN CONCURSO REAL DE DELITOS, USURPACIÓN DE FUNCIONES y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, siendo necesario señalar que los delitos indicados, tienen asignada en el orden indicado la pena siguiente: 1 a 5 años de prisión, multa de 50 a 1000 Unidades Tributarias, y 4 a 8 años de prisión, por lo que, tomando en consideración que las disposiciones establecidas en el artículo 451, establecen que el recurso de casación será interpuesto cuando se haya pedido en la acusación ya sea por el Ministerio Público o la víctima en acusación particular propia o privada, la aplicación de una pena privativa de libertad por delitos que en su límite máximo excedan de 4 años, en tal sentido, se verifica que el recurso ejercido procede contra los delitos de ESTAFA y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, exceptuándose el delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES, por lo que se concluye que el pronunciamiento se encuentra expresamente establecido como recurrible en casación, de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 451, del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
DE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO
Se verifica que el recurrente sustentó su recurso de la siguiente manera:
SECCION 1.-
DE LA EVIDENTE INMOTIVACIÓN DE LA RECURRIDA.
Honorables Magistrados, persuadida este defensa técnica de la interpretación que la Sala Constitucional ha venido prodigando al artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal, particularmente la contenida en la sentencia número 1821, de fecha 1º de diciembre de 2011, en la cual estableció:
( )
De este modo, tenemos que la recurrida en cumplimiento a su deber de congruencia y exhaustividad del fallo, debió considerar bajo motivación propia los aspectos expuestos por la entonces defensa técnica de mi patrocinado, que aludía, respecto a contradecir y contraprobar la supuesta comisión del delito de Porte Ilícito de arma de fuego, a la acreditación en las actas procesales de la AUTORIZACIÓN Y ASIGNACIÓN del arma decomisada, por parte de la autoridad administrativa de la Alcaldía del Municipio Tovar del Estado Aragua, correspondiente a la Colonia Tovar, en cuyo caso al faltar a realizar un análisis propio con motivación apropiada, vició inexorablemente su fallo por violación a la ley, concretamente al deber que le imponen a la alzada o segundo grado de jurisdicción, los artículos 13, 107, 157 encabezado, y 442 último aparte, todos del Código Orgánico Procesal Penal.
De allí que entonces podemos apreciar de la recurrida la protuberante manifestación de inmotivación cuando a la sazón, luego de transcribir el fallo sometido a su conocimiento y sin apoyar en razones y motivación propia, señala la recurrida al folio 107 que: la sentencia dictada por el juzgado décimo segundo de primera instancia en funciones de juicio de este circuito judicial penal cumple con todo los requisitos exigidos en el artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal", en cuya virtud, y sin argumento alguno que le fuere propio, ni descender al análisis de los respectivos escritos de apelación presentados tanto por la vindicta pública como por la defensa técnica de mi hoy defendido, confirmó sin más la decisión condenatoria que le fue sometida a juzgamiento.
En este sentido, cabe la cita apropiada del fallo Nro. 236 del 12 de julio de 2023 proferido por la Honorables Sala de Casación Penal, donde siguiendo a la doctrina de la Sala Constitucional, estableció que:
( )
Así pues, la actuación de la Corte de Apelaciones constituyó una transgresión al principio de la doble instancia establecido en el último aparte del Inciso 1 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir de todo fallo condenatorio , en virtud de lo cual, si así lo estima pertinente, ejercerá el recurso de apelación sustentándolo con las formalidades de ley, el cual una vez admitido por la segunda instancia, y conocer esta la exactitud sobre cual aspecto de la decisión recae la inconformidad del impugnante, le confiere la obligación de pronunciarse sobre cada uno de los aspectos sometidos a su consideración, pues ello constituye una garantía a favor del débil jurídico de la relación procesal penal quien no es otro que el justiciable".
Idéntica situación a la juzgada en aquel caso se suscita en el presente, cuando la recurrida se limitó a brindar su conformidad con los razonamientos del tribunal de juicio, empero sin OBSERVAR, ANALIZAR, NI SIQUIERA CRITICAR, los fundamentos de la apelación que le habían sido expuestos por la defensa técnica del penado, apelante.
Ello, constituye entonces una gravísima omisión, que la egregia Sala de Casación Penal debe reprochar en su fallo de fondo. En efecto, no puede pasar por alto esta sobrevenida defensa técnica la expresión realizada por la recurrida a los folios 65 y 66, según la cual:
(...)
Nótese entonces que las apreciables juezas integrantes de la Sala 10 de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial penal, reprocharon severamente al profesional del derecho que me antecedió, pero no por ello expresaron motivo por el cual DEBIAN DESESTIMAR LOS MOTIVOS DE APELACIÓN, cual si acaso la sala careciere de facultades propias para conocer del asunto que le había sido sometido. En cambio y a pesar de la vocación garantista y protectora que sin duda pretendieron ejercer tan respetables operadoras de justicia, lamentablemente su buena intención falló, por cuanto ciertamente CONDENABAN POR ANTICIPADO A MI DEFENDIDO AL CONSIDERAR QUE LOS MOTIVOS DE APELACIÓN que habían sido, es cierto, desechados por la Sala 5 de la Corte de Apelaciones, habían causado cosa juzgada formal y material que les relevaba DE REALIZAR MOTIVACION Y CONSIDERACIÓN PROPIA.
Es entonces en esta afirmación por parte de la ciudadanas juezas de la sala 10, donde cobra mayor gravedad la inmotivación del fallo aquí recurrido puesto que si la actuación del profesional del derecho que le representaba HABÍA SIDO CONSIDERADA ERRÁTICA o manifiestamente atécnica, estaríamos en realidad en presencia de una INDEFENSIÓN MANIFIESTA DE MI DEFENDIDO QUE POR RAZONES DE ORDEN PÚBLICO PODIA Y DEBÍA SER restituida por la alzada, utilizando para ello, por ejemplo, la aplicación que para tales casos ha señalado la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, siguiendo los pasos y criterios de la Sala Constitucional, en su sentencia Nro. Rc 110 del 23 de marzo de 2023, al referirse a los deberes de los defensores ad litem en procesos civiles, cuando expresó:
(...)
Es decir, la propia Sala 10 al parecer reconoce un estado manifiesto de indefensión padecido por mi hoy representado y sin embargo no hizo uso de sus soberanos poderes como alzada, para motivar con razonamiento propio y verificación de las normas vigentes y aplicables a la situación jurídica y fáctica que le era sometida a juzgamiento, y así dictar un fallo acorde no solo a la búsqueda de la verdad como fin último del proceso, sino a la defensa del principio de presunción de inocencia que distingue a todo ciudadano nacional.
En este sentido, la sentencia Nro. 1330 del 16 de octubre de 2014 de la Sala Constitucional recoge en forma manifiestamente refrescante a la seguridad jurídica y AL DERECHO A LA DEFENSA de todo ciudadano, QUE LA DEFENSA TÉCNICA que le ha sido confiada al profesional del derecho que la llevará a cabo en el proceso judicial, sea APROPIADA y sobre todo, eso, QUE SEA TÉCNICA, llegando al extremo de REPONER LA CAUSA al estado de que, en los casos que la desidia manifiesta en el ejercicio de esta defensa haya causado agravio de indefensión al justiciable, sea ENMENDADA apropiadamente.
Semejante garantista conducta, no creemos que esta Sala no pueda y deba compartirla en su fallo de fondo (más aun conociendo la publica ejecutoria que identifica a los ilustrados magistrados integrantes de esta Sala de Casación Penal al frente de la labor jurisdiccional) toda vez que, más allá del rigorismo formal que distingue el ejercicio del recurso de casación y el alcance material de la decisión que a este deba dictar la Sala, particularmente a propósito del capítulo NULIDAD DE OFICIO que infra se expone en el presente recurso existe un fundamento teleológico de rango y fuente constitucionales que privilegia el respeto y garantía del derecho a la defensa del encausado..
Finalmente y para enfatizar el agravio a mi defendido producto de la inmotivación delatada, debemos considerar que la Sala 10 de la Corte de Apelaciones se fundamentó en la FALTA DE TECNICA RECURSIVA exhibida por el defensor privado de mi ahora defendido, para negarse a analizar los motivos de apelación, en razón a lo cual nuevamente acude en auspiciosa ayuda a la prosperabilidad del presente recurso, la sentencia ya citada de la Sala de Casación Penal, Nro. 236 del 14 de julio de 2023, según la cual:
(...)
Al advertirse entonces el paralelismo evidente entre aquél supuesto ya juzgado y la situación de autos, debe prosperar en derecho la presente denuncia, tal como respetuosamente rogamos sea acordada por la Sala de Casación Penal.
La Sala para decidir observa, que el recurrente inicia su denuncia haciendo referencia a la interpretación de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal respecto al artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal, indicando al respecto que la recurrida en cumplimiento a su deber de congruencia y exhaustividad del fallo, debió considerar bajo motivación propia los aspectos expuestos por la entonces defensa técnica de mi patrocinado, que aludía, respecto a contradecir y contraprobar la supuesta comisión del delito de Porte Ilícito de arma de fuego, a la acreditación en las actas procesales de la AUTORIZACIÓN Y ASIGNACIÓN del arma decomisada, por parte de la autoridad administrativa de la Alcaldía del Municipio Tovar del Estado Aragua, correspondiente a la Colonia Tovar, en cuyo caso al faltar a realizar un análisis propio con motivación apropiada, vició inexorablemente su fallo por violación a la ley, concretamente al deber que le imponen a la alzada o segundo grado de jurisdicción, los artículos 13, 107, 157 encabezado, y 442 último aparte, todos del Código Orgánico Procesal Penal ., de lo expuesto se verifican varios supuestos, de los cuales destacan en primer lugar, la mención de aspectos inherentes a la motivación de un fallo exponiendo generalidades que en nada sustentan adecuadamente su propuesta; de la misma forma la pretensión de desvirtuar la comisión de uno de los tipos penales endilgados a su defendido, lo que no corresponde de manera alguna a ser planteado en el recurso de casación, pues son aspectos directamente relacionados con los temas que se debaten en el juicio oral y público, es decir, ante los tribunales de primera instancia, y al mismo tiempo alegó la transgresión por parte de la Alzada de los artículos 13, 107, 157 y 442, del Código Orgánico Procesal Penal, sin indicar alguno de los motivos establecidos en el artículo 454 del citado Texto Adjetivo Penal, es decir, falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación, constatándose de ello, que el recurrente desconoce la manera correcta de formular un recurso de casación.
De lo expuesto, debe orientarse al recurrente sobre la manera correcta de ejercer el extraordinario recurso de casación como figura para impugnar las decisiones proferidas por los Tribunales de Alzada, en tal sentido, el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, es específico respecto a que las disposiciones legales que se consideran infringidas por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación, deben ser señaladas de manera precisa, expresando además, que los motivos serán sustentados separadamente si son varios, debiendo tener presente, que la falta de claridad en el planteamiento sometido al conocimiento de la Sala, imposibilita su debido análisis, incidiendo directamente en la declaratoria de desestimación de la denuncia, por ende, la obligación del interesado de ser exhaustivo en su exposición, para así velar por la correcta defensa de los derechos e intereses de su defendido al elevar su propuesta.
Se observa igualmente que el abogado Daniel Buvat De Virgini De La Rosa, en su condición de defensor del acusado, continúa su exposición dejando al descubierto su intención de refutar la sentencia que resultó contraria a su defendido lo que se evidencia, entra otros señalamientos, cuando expone que podemos apreciar de la recurrida la protuberante manifestación de inmotivación cuando a la sazón, luego de transcribir el fallo sometido a su conocimiento y sin apoyar en razones y motivación propia ( ) confirmó sin más la decisión condenatoria que le fue sometida a juzgamiento . , de la misma manera lo deja en evidencia al indicar: la recurrida se limitó a brindar su conformidad con los razonamientos del tribunal de juicio , de ello, la pertinencia de ratificar lo que esta Sala ha expuesto reiteradamente respecto a que el recurso de casación no puede ser utilizado como un mecanismo para rebatir fallos que han sido adversos al interesado en primera instancia, pues dicho medio impugnativo es procedente únicamente contra las decisiones emitidas por los Tribunales de Alzada, siempre y cuando se refiera a los errores de derecho en los que hayan incurrido en su labor de juzgamiento.
los alegatos expuestos en el recurso de casación, objeto a consideración, se enfocan en cuestionar la actividad desplegada por el Tribunal en Funciones de Juicio (precedentemente mencionado), lo cual denota que la pretensión de los recurrentes es fundamentar el presente escrito casacional como un recurso de apelación, toda vez que sus alegatos se circunscriben en denunciar presuntas violaciones incurridas por el juez que conoció en fase de juicio, ignorando que el objeto del recurso de casación son las decisiones pronunciadas por las Cortes de Apelaciones . (sic)
Por consiguiente, lo procedente y ajustado a Derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la primera denuncia del recurso de casación, según lo estipulado en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, pues el recurrente no cumplió con las exigencias contenidas en el artículo 454 eiusdem. Así se decide
SECCION 2.-
DE LA INCONGRUENCIA DE LA RECURRIDA RESPECTO A LA CONDENA A MI DEFENDIDO POR EL DELITO DE PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO.
Con arreglo al artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal denunciamos como vicio de violación de la Ley, la incongruencia del fallo respecto al delito de Porte Ilícito de Arma de fuego toda vez que de la lectura del mismo puede evidenciarse que la dispositiva QUE RATIFICÓ LA DECISIÓN DEL JUZGADO EN FUNCIONES DE JUICIO, se utilizó como fundamento típico del delito al artículo 114 de la Ley para el Desarme y control de Armas, que se refiere expresamente a la pena por el porte de FACSIMIL, con pena sensiblemente inferior a la aplicada por el Juzgado en Funciones de juicio y que fue ratificada por la recurrida.
En efecto, en la acusación fiscal por este delito se lee que aludió como tipificación del delito por el cual acusaba a mi defendido al artículo 114 de la Ley Contra (sic) el desarme y control de armas. Tramitado el proceso judicial, el Juzgado en Funciones de Juicio condenó a mi defendido por dicho delito, PERO con arreglo al artículo 112 de la referida ley especial para el desarme; y sin embargo, la recurrida aplica a mi defendido tanto en su motiva como en la dispositiva, al artículo 114 como fundamento de la condena, siendo apreciable de autos que el Ministerio Fiscal tampoco solicitó aclaratoria del fallo en ese relevante punto, viciando así de incongruencia al fallo, puesto que si se confirmaba la recurrida entonces o lo hacía atendiendo a la aplicación del artículo 112, o la modificaba conforme al artículo 114, ambos de la ley para el desarme, dejando así en franco estado de perplejidad a mi defendido y a esta defensa técnica al no conocerse con propiedad cual fue la voluntad jurisdiccional exteriorizada en la motiva y dispositiva del fallo aquí recurrido, lo que demuestra la ligereza con la que lamentablemente fue abordada la redacción y final decisión del fallo contra el cual recurrimos.
Según este punto es criterio reiterado, ratificado en las sentencia número 269, del 28 de noviembre de 2019, dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que:
(...)
Bajo la evidencia de dicha incongruencia, reconducible a la violación de ley como motivo de delación casacional, al estar indebidamente fundada la decisión recurrida, debe prosperar la presente denuncia tal respetuosamente pido sea declarado.
Respecto a la segunda denuncia del recurso ejercido, la Sala para decidir observa, que el recurrente a pesar de invocar el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, como sustento legal para formular su denuncia, indica como presunto vicio la incongruencia del fallo respecto al delito de Porte Ilícito de Arma de fuego , omitiendo nuevamente proceder conforme lo señala la citada norma, e indicar si el Tribunal de Alzada incurrió en alguno de los supuestos establecidos en el mismo, a saber, falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación, estando impedido este Máximo Tribunal de interpretar cual es la pretensión del defensor, no pudiendo esta Sala suplir la actuación propia de quien recurre en casación y está obligado no sólo a exponer de manera clara y específica cuál es su pretensión, sino además indicar el fin que persigue con su alegato y la influencia de la infracción en la dispositiva de la sentencia recurrida, que debe ser suficiente y capaz de modificarla.
Sobre el particular ha señalado, esta Sala de Casación Penal en la Sentencia número 174, de fecha 2 de mayo de 2017, lo siguiente:
en relación a la fundamentación del recurso de casación, la Sala de Casación Penal ha señalado reiteradamente ( ) que además es necesario que el fundamento sea claro y preciso, como lo exige el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal. (sic)
Adicional a lo indicado, se constata que el recurrente haciendo referencia al tipo penal por el que fue condenado su defendido, pretende que la Sala analice aspectos propios de un recurso de apelación, que además no fueron planteados en su oportunidad, considerando que se encuentra ante una tercera instancia, manifestando su desacuerdo con la decisión del Juzgador de Juicio que le fue adversa a su defendido, procurando que se realice una revisión de todo el iter procesal a efectos de pronunciarse sobre aspectos que fueron tomados en consideración para imputar, acusar y posteriormente condenar a su defendido, obviando la finalidad del recurso de casación, que como ha sido criterio reiterado por este Máximo Tribunal, es un mecanismo de carácter extraordinario dirigido a rebatir los errores de derecho en los que hayan incurrido los tribunales de alzada en su labor de juzgamiento al emitir un fallo, empleando la extraordinaria figura del recurso de casación para fines distintos a los previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, siendo lo único que quedó claro, en el escrito recursivo, es su inconformidad con los fallos de primera y segunda instancia, pues ambos le fueron adversos.
De ello la pertinencia de citar lo sostenido por la Sala entre otras, en la sentencia número 367 de fecha 20 de octubre de 2023, en la que respecto a lo precedente señaló:
el recurso de casación constituye un recurso extraordinario que no puede ser utilizado como una tercera instancia a la que acudan los impugnantes para expresar su descontento con el fallo que les adversa, el recurrente no puede pretender valerse de este medio de impugnación para manifestar su disconformidad con el fallo dictado por la Alzada por ser adverso a sus pretensiones, careciendo esta denuncia de la debida técnica recursiva . (sic)
Por consiguiente, lo procedente y ajustado a Derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la segunda denuncia del recurso de casación, según lo estipulado en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, pues el recurrente no cumplió con las exigencias contenidas en el artículo 454 eiusdem. Así se decide
SECCIÓN 3.-
DEL RECURSO DE CASACIÓN FUNDADO EN LA DENUNCIA DE FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS 137 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 79 RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY ORGANICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; ARTÍCULO 263 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL Y 61 DEL CÓDIGO PENAL DE VENEZUELA PARA EXAMINAR LA CONDENA A MI DEFENDIDO POR LOS DELITOS DE PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO Y USURPACIÓN DE FUNCIONES.
Honorables Magistradas y Magistrado de la Sala de Casación Penal, bajo el amparo de lo previsto en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal denunciamos a la recurrida por falta de aplicación de las normas de derecho positivo que resultaban indispensablemente aplicables para la cabal resolución y juzgamiento de la conducta o hecho supuestamente constitutivo del grave delito de Porte Ilícito de arma de fuego e igual que de usurpación de Funciones por el cual también se condenó a mi defendido siendo necesario enfatizar que el vicio de falta de aplicación se le atribuye, evidentemente a la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones y no a la sentencia de la primera instancia, cuyos vicios fueron desatendidos por tal alzada, configurándose en tal sentido lo que se denuncia.
Sobre esta base tenemos que para que proceda una codena a mi patrocinado por la comisión del delito de Porte Ilícito de Arma de fuego, los elementos constitutivos de dicho injusto suponen que, una vez acreditado que mi defendido portaba un arma sometida a la Ley para el Desarme y Control de Armas y Explosivos, debía sin duda verificarse que NO EXISTIERE UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE LE PERMITIERE AL SUPUESTO AGENTE PERPETRADOR PORTAR DICHA ARMA.
De tal manera que cualquier operador de justicia en materia penal, más aun en cabal aplicación del derecho aplicable a la situación de hecho presuntamente constitutiva de delito, debe verificar e instrumentar la aplicación de las normas alusivas a la respectiva situación, más aun cuando se cuestionaba desde la fase de investigación que el porte del arma NO ERA ILÍCITO POR PRECEDER AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE LA AUTORIDAD LOCAL.
En efecto honorables Magistrados, desde el momento en que consta la acreditación del acto administrativo suscrito por la autoridad de la Alcaldía del Municipio Tovar del Estado Aragua que riela a los folios 21 y 22 de la pieza Uno del presente expediente, tenemos que la Sala 10 de la Corte de Apelaciones debía expresamente advertir que la autorización emitida a mi defendido en la que se le asignó un arma, marca BERETTA debidamente identificada con sus seriales; constituye un acto administrativo que GOZABA DE LA PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD y que mientras dicha presunción no hubiere sido destruida por un recurso o sentencia que atribuyere su ilegalidad o falsedad ANTE LA JURISDICCIÓN COMPETENTE Y EXCLUYENTE PARA ELLO, debía reputarse LÍCITO o al menos atribuible a un error de derecho la legitimidad que siempre consideró mi defendido le asistía para portar dicho armamento.
Desde esa perspectiva siguiendo la doctrina de la Sala de Casación Penal, reiterada entre múltiples fallos por la sentencia Nro. 136 de fecha 14 de julio de 2023 se considera:
(...)
Aplicada dicha doctrina (por cuya extensa cita debemos presentar las excusas del caso, pero por resultar totalmente aplicable a la situación aquí delatada consideramos debíamos agotarla) y dadas las facultades y deberes que como órgano de alzada le correspondía ejercer a la Sala 10, más allá de las omisiones o deficiencias recursivas que hubiere observado en la argumentación expuesta en el recurso de apelación ejercido por la otrora defensa técnica de mi defendido, está claro que la única manera en que el delito de porte ilícito de arma pueda ser cometido, requiere la INEXISTENCIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO AUTORIZATORO (sic) VÁLIDO que legitime al portador del armamento a transitar en el territorio nacional con dicha arma
Esto nos lleva pues, a agotar el segundo elemento material exigido por la sede Casacional penal para fundar la denuncia de falta de aplicación de la ley lo que procedemos a efectuar a continuación Atendiendo a lo ya expuesto, ha debido en consecuencia la alzada aplicar y observar el principio de presunción de legalidad y legitimidad de los actos administrativos cuya positivización ha sido objeto de análisis en el fallo ya transcrito de la Sala Político Administrativa, tomando en cuenta de esa manera que efectivamente mi defendido CONTABA CON UNA AUTORIZACION que le fue expedida para dicho porte, y que si por ALGUN ERROR DE DERECHO QUE LE FUE INDUCIDO, no podía servir de base para la condena por tan grave delito.
En efecto, por ello denunciamos igualmente por falta de aplicación el principio descrito en el artículo 61 del Código Pernal de Venezuela según el cual nadie puede ser castigado no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión.
La acción u omisión SE PRESUMEN VOLUNTARIAS A NO SER QUE CONSTE LO CONTRARIO.
Sobre la interpretación de tan importante norma, esta Sal de Casación Penal en sentencia del 23 de mayo de 2011 (caso MOISES SILVA ARAPE) expresó:
(...)
De este modo si la Sala 10 de la Corte de Apelaciones hubiere cumplido su deber legal de fundar motivadamente su decisión ateniéndose a lo acreditado en las actas procesales y las expresas denuncias que el apelante realizó, hubiere tenido que abordar EXHAUSTIVAMENTE la naturaleza del delito de porte ilícito de armas, confrontándola con la acreditación en las actas procesales que mi hoy defendido POSEIA HABILITACIÓN A TRAVES DE UN ACTO ADMINISTRATIVO PARA PORTAR EL ARMAMENTO QUE LE FUE decomisado.
Si dicho acto era EFICIENTE o no para legitimar dicho porte no puede atribuírsele como responsabilidad al portador del armamento quien confiaba y está respaldado por los antedichos principios de buena fe, legitimidad y ejecutividad de los actos administrativos, sino verificarse que la ACCIÓN DE PORTAR EL ARMA tenía acreditación o prueba que destruía la PRESUNCIÓN DE VOLUNTAD DEL AGENTE PERTEPODOR.
Por efecto a tal argumento no encuadran los hechos narrados y valorados en autos en la llamada "culpa consciente" o "culpa con representación", la cual sería contraria a la anterior donde no se da ni la conciencia ni la previsión. En este tipo de culpa, la consciente, el agente prevé el resultado antijurídico no como probable sino como posible, pero se acoge a su buena suerte, a su pericia o destreza para pensar que tal resultado antijurídico no se va a producir.
Este punto, de estricto carácter jurídico y cuya interpretación, aplicación y decisión corresponde a este Máximo órgano jurisdiccional, encuentra entonces similitud con el denominado error de derecho, que permite inferir que el autor de un hecho punible que obra bajo el JUSTIFICABLE ERROR DE DERECHO no sea penado por su conducta, o en todo caso, tenga severa atenuante a la pena.
Es esa la teleología que sin duda inspira el último aparte del artículo 61 del Código Penal Venezolano que ha debido aplicar, y no lo hizo, la recurrida, precisamente por la forma somera, ligera y sin razonamiento propio que resolviere las denuncias formuladas por la defensa técnica de mi defendido en el escrito de fundamentación de la apelación que finalmente conoció y decidió.
Así las cosas si la excelsa Sala de Casación Penal, en sano ejercicio de sus atribuciones como máximo y especializado intérprete de las normas sustantivas y adjetivas penales, verifica que las particularidades que rodean el presente caso, permiten aconsejar que el encartado CARECÍA DE INTENCIONALIDAD DE COMETER EL DELITO DE PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO; por el que es condenado, además, poseía de una credencial como funcionario ad honorem de la alcaldía del Municipio Tovar del Estado Aragua.
Tanto es así que resulta injustificable entonces que si la credencial que le fue expedida a mi defendido y el consecuente porte de armas fueron ilegales, es incomprensible que no se hubiere imputado por ese delito a quienes suscribieron tales actos administrativos SIENDO UN HECHO NO CONTROVERTIDO DE LAS ACTAS PROCESALES QUE TANTO LA ASIGNACIÓN DEL ARMAMENTO Y LA CREDENCIAL COMO FUNCIONARIO AD HONOREM NO FUERON DECLARADAS NI FALSAS NI FORJADAS.
Ergo, todo ello conduce a afirmar ; en que tales actos administrativos al gozar de la presunción de legalidad y legitimidad incluso para el momento en que fue aprehendido mi defendido, impedían la condenan penal por dichos delitos.
Asi respetuosamente pido sea declarado (sic)
En cuanto al contenido del planteamiento, en esta tercera denuncia, se verifica que ya, de manera inicial el recurrente yerra al delatar lo siguiente: FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTICULOS 137 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 79 RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY ORGANICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS; ARTÍCULO 263 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL Y 61 DEL CÓDIGO PENAL DE VENEZUELA PARA EXAMINAR LA CONDENA A MI DEFENDIDO POR LOS DELITOS DE PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO Y USURPACIÓN DE FUNCIONES , siendo esta la única parte de su delación en la que menciona las normas que según su apreciación fueron transgredidas por el Tribunal de Alzada, por lo que se hace necesario a primo tempore indicar al abogado defensor del acusado, que en el presente caso nos encontramos ante un proceso penal, y debe tener claro las competencias y ámbito de desenvolvimiento de las Cortes de Apelaciones, por lo que no puede pretender adosar a la Corte de Apelaciones la violación de normas contenidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues a estas no corresponde la aplicación de las mismas.
El denunciante deja nuevamente al descubierto, que desconoce la finalidad del recurso de casación y de la técnica recursiva para su efectivo ejercicio; al igual que en las anteriores denuncias, con sus alegatos procura desvirtuar los elementos tomados en consideración para la calificación de los delitos por los que fue acusado y posteriormente condenado su defendido, haciendo expreso señalamiento de circunstancias que a su parecer debió tomar en cuenta la Corte de Apelaciones, ello se constata cuando indica denunciamos a la recurrida por falta de aplicación de las normas de derecho positivo que resultaban indispensablemente aplicables para la cabal resolución y juzgamiento de la conducta o hecho supuestamente constitutivo del grave delito de Porte Ilícito de arma de fuego e igual que de usurpación de Funciones por el cual también se condenó a mi defendido , efectuando un recorrido por situaciones de carácter administrativo que según su apreciación debió tener presente la Alzada al momento de emitir el fallo que confirmó la sentencia de primera instancia.
El total desarrollo de la denuncia está orientado a intentar desvirtuar el porte ilícito de arma de fuego, -endilgado a su defendido- realizando indicaciones de diversa índole, reiterando su inconformidad con la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio, pues fue dicho órgano judicial el que, en atención al principio de inmediación, le correspondió el análisis de cada uno de los elementos que formaron parte del acervo probatorio, ello se constata cuando expuso para que proceda una codena a mi patrocinado por la comisión del delito de Porte Ilícito de Arma de fuego, los elementos constitutivos de dicho injusto suponen que, una vez acreditado que mi defendido portaba un arma sometida a la Ley para el Desarme y Control de Armas y Explosivos, debía sin duda verificarse que NO EXISTIERE UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE LE PERMITIERE AL SUPUESTO AGENTE PERPETRADOR PORTAR DICHA ARMA ., obviando por completo que no es factible sustentar un recurso de casación con semejantes argumentos que solo exponen su inconformidad con los elementos tomados en consideración para la calificación del delito en referencia y la sentencia condenatoria, el recurrente utiliza el fallo de la Corte de Apelaciones como un salvoconducto para atribuir a esta, presuntas irregularidades cuyo planteamiento lleva implícito la refutación conjunta de las sentencias proferidas por la primera y segunda instancia.
Al igual que en las anteriores denuncias, se pretende someter el proceso a un nuevo análisis, refiriendo hechos, órganos de prueba y circunstancias que fueron objeto de investigación y debate, lo que exterioriza sin dilación al expresar: Así las cosas si la excelsa Sala de Casación Penal, en sano ejercicio de sus atribuciones como máximo y especializado intérprete de las normas sustantivas y adjetivas penales, verifica que las particularidades que rodean el presente caso, permiten aconsejar que el encartado CARECÍA DE INTENCIONALIDAD DE COMETER EL DELITO DE PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO; por el que es condenado, además, poseía de una credencial como funcionario ad honorem de la alcaldía del Municipio Tovar del Estado Aragua (sic), utilizando de esta manera el recurso extraordinario de casación para demostrar su inconformidad con el fallo dictado por el Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas que condenó a su defendido, refutando a su vez el fallo de la Corte de Apelaciones.
El recurrente es enfático en su pretensión, solicitando que la Sala conozca y se pronuncie sobre aspectos controvertidos en el debate del juicio oral y público, cuando manifiesta resulta injustificable entonces que si la credencial que le fue expedida a mi defendido y el consecuente porte de armas fueron ilegales, es incomprensible que no se hubiere imputado por ese delito a quienes suscribieron tales actos administrativos SIENDO UN HECHO NO CONTROVERTIDO DE LAS ACTAS PROCESALES QUE TANTO LA ASIGNACIÓN DEL ARMAMENTO Y LA CREDENCIAL COMO FUNCIONARIO AD HONOREM NO FUERON DECLARADAS NI FALSAS NI FORJADAS. Ergo, todo ello conduce a afirmar ; en que tales actos administrativos al gozar de la presunción de legalidad y legitimidad incluso para el momento en que fue aprehendido mi defendido, impedían la condenan penal por dichos delitos , de lo expuesto el deber de reiterar que, bajo ninguna circunstancia puede fundarse un recurso de casación en el análisis de elementos controvertidos en la primera instancia, tomados en consideración para emitir un fallo.
No obstante lo expuesto, se denota a su vez la carencia de técnica recursiva al obviar exponer con precisión la relevancia o influencia que el presunto vicio tiene en el dispositivo del fallo; cuyas exigencias son necesarias para el debido planteamiento de la violación alegada por medio del recurso de casación, en consonancia con lo establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal y el criterio jurisprudencial que se cita respecto a los parámetros que deben ser tomados en cuenta para el ejercicio del recurso de casación, contenidos en la sentencia número 396 de fecha 25 de noviembre de 2022, en la que esta Sala de Casación Penal, expuso:
Resulta oportuno señalar que en el ejercicio del recurso de casación, los recurrentes además de mencionar de manera correcta la infracción de los artículos legales o constitucionales pertinentes, tienen el deber de realizar una debida fundamentación, y, si son varios los motivos, realizarlo separadamente, lo cual permite evidenciar cuál es el vicio que se atribuye, probar su existencia en el fallo recurrido, así como, la relevancia del mismo y su capacidad de influir en la modificación del dispositivo del fallo, extremo éste que no fue cumplido por los defensores privados, denotándose errores de técnica recursiva que hacen desestimable la pretensión impugnatoria . (sic).
Adicionalmente, esta Sala ha expresado en innumerables decisiones la expresa prohibición de alegar de manera conjunta la infracción de varios dispositivos legales, debiendo tener claro que en el caso de considerar que el fallo de la Alzada transgredió un conjunto de normas, debe sustentar los motivos de su denuncia de forma separada, por ende, la pertinencia de citar -entre otras- la decisión número 396 de fecha 25 de noviembre de 2022, en la que esta Sala de Casación Penal, indicó:
( ) Resulta oportuno señalar que en el ejercicio del recurso de casación, los recurrentes además de mencionar de manera correcta la infracción de los artículos legales o constitucionales pertinentes, tienen el deber de realizar una debida fundamentación, y, si son varios los motivos, realizarlo separadamente, lo cual permite evidenciar cuál es el vicio que se atribuye, probar su existencia en el fallo recurrido, así como, la relevancia del mismo y su capacidad de influir en la modificación del dispositivo del fallo, extremo éste que no fue cumplido por los defensores privados, denotándose errores de técnica recursiva que hacen desestimable la pretensión impugnatoria ( ). (sic).
Siendo lo expresado, un corolario de la evidente carencia de técnica recursiva del recurrente, que no puede ser suplida por esta Sala, pues, no le está dado inferir ni interpretar las pretensiones de quienes recurren.
Por consiguiente, lo procedente y ajustado a Derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la tercera denuncia del recurso de casación, según lo estipulado en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, pues el recurrente no cumplió con las exigencias contenidas en el artículo 454 eiusdem. Así se decide
DECISIÓN
Por lo antes expuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 454 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el recurso de casación interpuesto por el abogado Daniel Buvat De Virgini De La Rosa, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 34.421, actuando con el carácter de Defensor Privado del ciudadano KARL ALEXANDER DÍAZ APARICIO, titular de la cédula de identidad número V-17.384.044, contra la decisión dictada por la Sala Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la defensa del acusado, contra el fallo publicado el 8 de junio de 2023, por el Tribunal Décimo Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que lo CONDENÓ a cumplir la pena de ONCE (11) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA EN CONCURSO REAL DE DELITOS, USURPACIÓN DE FUNCIONES y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados respectivamente en los artículos 462, en relación con los artículos 88, 99 y 482 y 214 todos del Código Penal y 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024). Años: 213° de la Independencia y 165° de la Federación.
La Magistrada Presidenta,
ELSA JANETH GÓMEZ MORENO
(Ponente)
La Magistrada Vicepresidenta, El Magistrado,
CARMEN MARISELA CASTRO GILLY MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
La Secretaria,
ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA
EJMG
Exp. AA30-P-2024-000052
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