Venley

Sentencia N.º 174

Sentencia
N.º 174
Fecha
02/05/2017
Sala
Casación Penal
Expediente
C16-305
Ponente
Yanina Beatriz Karabín de Díaz
Procedimiento
Recurso de Casación

 

MAGISTRADA PONENTE DOCTORA YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

La Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, integrada por los ciudadanos jueces Jaime Jesús Velásquez Martínez (Juez- Presidente-Ponente), Ana Natera Valera y Roraima Medina García, en fecha 17 de mayo de 2016, emitió los siguientes pronunciamientos: Primero: declaró: SIN LUGAR el recurso de apelación de sentencia interpuesto por el abogado Eduardo Perdomo Delgado, en su carácter de Defensor Público Quinto Penal Ordinario Fase de Proceso de la Circunscripción Judicial del  Estado Vargas. Segundo: CONFIRMÓ la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de  Juicio del referido Circuito Judicial Penal, dictada en fecha 26 de enero de 2016, y publicada el 4 de febrero del mismo año, mediante la cual CONDENÓ a los ciudadanos ALEXIS JOSÉ MIJARES CARRASQUEL y JUBISAY MILAGROS YÉPEZ RODRÍGUEZ, venezolanos, identificados en el expediente con la cédulas de identidad números V-21.132.627 y V-14.567.826, respectivamente, a cumplir la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN, como autores material e intelectual, respectivamente, en la comisión del delito de SICARIATO, previsto y sancionado en el artículo 12 de la Ley Organica Contra la Delincuencia Organizada. Tercero: ABSOLVIÓ a los mencionados ciudadanos de la comisión del delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 eiusdem. Cuarto: ABSOLVIÓ a la ciudadana JUBIFRED DEL VALLE YÉPEZ RODRÍGUEZ, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad N° V-13.572.281, por la presunta comisión de los delitos mencionados.

 

Contra la referida decisión, interpusieron recurso de casación los abogados en ejercicio Alí Núñez Moreno y Gerardo Royé, abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 73.965 y 43.644, respectivamente, en su carácter de defensores de la ciudadana JUBISAY MILAGROS YÉPEZ RODRÍGUEZ.                                                                                                                         Contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, propusieron  recurso de casación los abogados en ejercicio Alí Nuñez Moreno y Gerardo Roye, en de la

 

Transcurrido el lapso previsto en el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, sin que se diera contestación al recurso de casación propuesto, la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, remitió el expediente al Tribunal Supremo de Justicia.

 

Recibidas las actuaciones, en fecha 16 de septiembre de 2016, se dio cuenta en Sala de Casación Penal y el 20 del mismo mes y año se le asignó ponencia a la Magistrada YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ.

 

Cumplidos los trámites procedimentales del caso, la Sala pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del recurso propuesto, en los términos siguientes:

 

COMPETENCIA DE LA SALA

 

La Sala de Casación Penal, previo a cualquier pronunciamiento, debe determinar su competencia para conocer del recurso interpuesto, y a tal efecto observa:

El artículo 266, numeral 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:

 

“(...) Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia (…) 8. Conocer del recurso de casación (…)”.

 

Igualmente, el artículo 29, numeral 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece:

 

“(…) Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia

(…): 2.Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal. (…)”.

 

De la transcripción de las referidas normas legales y constitucionales, se observa, que corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento del  recurso de casación en materia penal.

 

En el presente caso, los abogados en ejercicio Alí Núñez Moreno y Gerardo Royé, en su carácter de defensores privados de la  acusada ciudadana JUBISAY MILAGROS YÉPEZ RODRÍGUEZ, interpusieron recurso de casación en el proceso penal que se le sigue por la comisión del delito de SICARIATO, previsto y sancionado en el artículo 12 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en consecuencia, esta Sala declara su competencia para conocer el recurso de casación sometido a su estudio. Así se decide.

 

LOS HECHOS

 

Los hechos establecidos por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del  Circuito Judicial del Estado Vargas, son los siguientes:

 

“…Quedó plenamente establecido en la Audiencia del Juicio Oral y Público a través de la incorporación y valoración de las pruebas, que en fecha 21 de enero de 2010, siendo aproximadamente las 4.40 horas de la tarde, en la Costanera Sector Los Corales, vía pública adyacente al gimnasio Sport Gym La Guaira, parroquia (sic) Caraballeda, Estado Vargas, el hoy acusado ALEXIS JOSE (sic) MIJARES CARRASQUEL autor material del hecho delictivo se presento (sic) en las instalaciones del referido gimnasio solicitando información en relación a las inscripciones, posteriormente una vez obtenida dicha información en el momento en que sale del gimnasio se encuentra a las ciudadanas MARTÍNEZ MEZA DANIELA JACKELIN Y TESSIE MARIBEL ALFONSO RIVAS y acciona el arma de fuego que portaba siendo una nueve milímetros marca Browling (sic) en varias oportunidades, causándole la muerte de forma inmediata como consecuencia de dichas heridas propinadas por los proyectiles disparados por su arma de fuego, siendo identificado el mismo posteriormente en el transcurso de la investigación por los testigos presénciales del hecho quienes estaban en las adyacencias del gimnasio ya señalado. Evidenciándose así mismo de la investigación, entre ellos la relación de llamadas entrantes y salientes, siendo esto una prueba de certeza, que la ciudadana acusada JUBISAY YÉPEZ RODRÍGUEZ, se comunico (sic) antes y después de la muerte de las hoy occisas TESSIE MARIBEL ALFONSO Y DANIELA JAQUELINA MARTÍNEZ MEZA con el ciudadano acusado ALEXIS JOSE (sic) MIJARES CARRASQUEL, autor material de la comisión del hecho delictivo, evidenciándose que el ciudadano acusado ALEXIS JOSÉ (sic) MIJARES CARRASQUEL fue contratado por la ciudadana JUBISAY YEPEZ(sic), para que le diera muerte a la hoy occisa TESSIE MARIBEL ALFONZO RIVAS (hoy occisa), dado que la ciudadana TESSIE MARIBEL ALFONZO RIVAS (hoy occisa) mantenía una relación sentimental con el ciudadano JUAN MARCANO, apodado pinocho, quien es a su vez pareja de la ciudadana acusada JUBISAY YEPEZ (sic), y además tienen un hijo común, determinándose en el presente debate oral y público (sic) con las pruebas traídas al proceso que la misma es la autora intelectual del mismo.”  

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

“…Con fundamento en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, con apoyo en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, denunciamos la violación de la ley por la falta de aplicación de los artículos 346 numerales 3 y 4, y 157 del Código Orgánico Procesal Penal, viciando de inmotivada la Sentencia recurrida. En este sentido, la recurrida para decidir el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, estableció textualmente lo siguiente:

“(…)

El objeto del proceso penal se refiere esencialmente a las circunstancias concretas del hecho sobre los que recae la investigación, el juzgamiento y la sentencia, considerados en cada momento concreto de(sic) inter procesal; o sea antes de iniciarse el proceso, durante su desarrollo y después de terminado éste. De ahí la relación entre (sic) objeto del proceso y principio de congruencia. De tal manera, el objeto del proceso tiene un aspecto dinámico y un aspecto estático, según sea el punto que tomemos en consideración el estado de los hechos en el proceso o respecto a éste…Este Tribunal Colegiado, estima oportuno, previamente señalar que conforme a la doctrina la sentencia es el acto procesal por el cual el Juez emite un pronunciamiento definitivo, establecido el derecho que debe aplicarse en la situación jurídica que presentaron las partes y definiendo el alcance que tiene dicha resolución, por lo que en ella se vuelca el juicio del juzgador sobre la conformidad o disconformidad de la pretensión procesal con el derecho y, en consecuencia, decide estimarla o rechazarla poniendo fin al proceso…De igual manera, puede ser entendida como el acto de voluntad razonado del Tribunal de Juicio, emitido luego del debate oral y público, que resuelve de un modo imparcial y en forma definitiva sobre la acusación y las demás cuestiones que han sido objeto del juicio. Toda sentencia debe tener una enunciación de de (sic) los hechos y circunstancias que constituyen el objeto de acusación, así como los hechos que el Tribunal considere como suficientemente probado en el debate. Motivar, para esta Superioridad, es exponer los (sic) razones que van a servir de fundamento al dispositivo del fallo, explicando de una forma clara, legítima y lógica el resultado de los elementos probatorios que cursan en autos, a cuyo efecto se requiere efectuar el examen de cada probanza y compararlos con el de los demás, para admitir lo cierto y desechar lo que no es verdadero, llegando así a la precisa determinación de los hechos, al convencimiento de su realidad, es decir, una realidad que se construye, tal como lo expresa BINDER, con la llamada verdad forense o relato judicial de los hechos, que más que una aproximación a la verdad objetiva es una redefinición del conflicto inicial…Así entonces, para la existencia de una debida motivación es necesario conocer como el Juez abordó el fondo de la controversia, explicando de una manera concisa y precisa, al analizar y comparar todos y cada uno de los elementos probatorios de autos, los argumentos y enlaces lógicos que lo condujeron a la conclusión proferida…”  

 

Seguidamente los recurrentes señalan, varias sentencias dictadas tanto por la Sala Constitucional como por la Sala de Casación Penal de este Alto Tribunal de la República, en las cuales se hace referencia a la motivación del fallo, para proseguir expresando:

 

“…Atendiendo a las consideraciones anteriores, pasa esta Alzada a analizar lo plasmado por el recurrente en su escrito recursivo, donde plantea lo siguiente:

Que...´En el capítulo que denominó “HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS” hace una serie de aseveraciones sin fundamento lógico, ya que da por acreditados unos hechos sin indicar cuáles (sic) son los medios probatorios que lo llevan a esa convicción…´

 Los hechos que el Tribunal estima acreditados deben ser narrados de forma asertiva y clara, en las modalidades del tiempo pasado. Esto debe ser producto del análisis de las pruebas practicadas en el juicio oral y su redacción tiene que ser fruto de la mente del juez y no transcripción de acta alguna.  Asimismo la sentencia debe ser leída y entendida como un todo general, donde debe entenderse que cada capítulo guarda relación entre sí.

En este sentido observa esta Alzada que en capitulo anterior a “HECHOS  QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS” podemos apreciar los medios de prueba que fueron evacuados en el contradictorio Oral y Público, siendo el capitulo in comento la conclusión a la que llegó el Juez a través de los medios probatorios determinó que: ´(…)´. Una vez analizado (sic) la conclusión a la que llegó el a quo, estima esta Alzada que el recurrido llenó a cabalidad los requisitos para considerar coherente y motivada su exposición, siendo así las cosas, esta alzada desecha el presente alegato. (Resaltado de la Defensa).

Sigue alegando el recurrente que  ´…en el capítulo que el sentenciador denominó FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO de la sentencia, sólo se limita a transcribir nuevamente las actas de debate sin indicar que considera cierto y que desecha…´.Una vez realizada la revisión exhaustiva del capítulo en el cual se basa el presente alegato, vislumbra esta Superioridad que el Juzgador de Instancia realizó un examen detallado y minucioso de los medios probatorios, concatenándolos y comparándolos entre sí, como se puede observar de manera clara del folio ciento veintinueve (129) al folio ciento cuarenta y dos (142). (Resaltado de la Defensa).  

En este sentido, El aquo realizó una exposición en la cual entrelazó todos los medios evacuados donde se puede apreciar y concluir la culpabilidad de la ciudadana JUBISAY  YÉPEZ, como se puede apreciar a continuación: ´´

´          …En este sentido, a criterio de este Tribunal, las anteriores deposiciones ya analizadas, apreciadas y valoradas de los testigos, funcionarios policiales y expertos, al adminicularlas, concatenarlas y compararlas comprueban la existencia del hecho objeto del proceso, así como la culpabilidad de los acusados ALEXIS JOSÉ MIJARES CARRASQUEL y JUBISAY  MILAGROS YÉPEZ RODRÍGUEZ, en el hecho típico, antijurídico y culpable atribuido por el Fiscal del Ministerio Público, ya que fueron precisos en señalar que el día 21 de enero de 2010, siendo aproximadamente las 4:40 horas de la tarde, en la Costanera, sector Los Corales, vía pública adyacente al gimnasio Sport Gym La Guaira, parroquia Carabella, Estado Vargas, el hoy acusado ALEXIS JOSÉ MIJARES CARRASQUEL (autor material del hecho delictivo) se presento (sic) en las instalaciones del referido gimnasio solicitando información en relación a las inscripciones, posteriormente una vez obtenida dicha información en el momento en que sale del gimnasio se encuentra a las ciudadanas MARTÍNEZ MEZA DANIELA JACKELIN Y TESSIE MARIBEL ALFONSO RIVAS y acciona el arma de fuego que portaba siendo esta una nueve milímetros marca Browing (sic) en varias oportunidades, causándole la muerte de forma inmediata como consecuencia de dichas heridas propinadas por los proyectiles disparados por su arma de fuego, siendo identificado el mismo posteriormente en el transcurso de la investigación por los testigos presenciales del hecho quienes estaban en las adyacencias del gimnasio ya señalado así como las experticias practicadas. Evidenciándose así mismo de la investigación, entre ellos la relación de llamadas entrantes y salientes, siendo esto una prueba de certeza, que la ciudadana JUBISAY YÉPEZ RODRÍGUEZ se comunico (sic) antes y después de la muerte de las hoy occisas TESSIE MARIBEL ALFONSO Y DANIELA JACKELINA (sic) MARTÍNEZ MEZA con el ciudadano acusado ALEXIS JOSE (sic) MIJARES CARRASQUEL fue contratado por la ciudadana JUBISAY ( YEPEZ (sic) para que le diera muerte a la hoy occisa TESSIE MARIBEL ALFONZO (sic) (hoy occisa) mantenía una relación sentimental con el ciudadano JUAN MARCANO, apodado Pinocho, quien a su vez pareja de la ciudadana acusada JUBISAY YEPEZ (sic) y además tienen un hijo en común, determinándose en el presente debate oral y público con las pruebas traídas al proceso que la ciudadana acusada JUBISAY  YEPEZ (sic)  es la autora intelectual del mismo, materializándose de esta forma el ilícito penal de SICARIATO, previsto y sancionado en el artículo 12 de la Ley orgánica (sic) de Delincuencia Organizada. En tal sentido, dichas testimoniales demuestran el hecho objeto del proceso, así como la culpabilidad de los acusados ALEXIS JOSE (sic)  MIJARES CARRASQUEL y JUBISAY YÉPEZ RODRÍGUEZ, ya que las señalaron directamente como partícipe en el hecho.- Dicho Testimonio de los testigos Presenciales, referenciales al adminicularlo, concatenarlo y compararlo con lo manifestado por los funcionarios policiales que practicaron las diligencias de investigación y por los expertos de balística, ATD, telefonía, y medico (sic) forense; da por demostrado igualmente el hecho y corrobora el señalamiento realizado por los mismos, cuyas declaraciones fueron antes valoradas, estimadas y apreciadas.-Estas declaraciones asimismo, se vinculan y guardan estrecha relación con la versión rendida ante este Tribunal por la MEDICO ANATOMAPATOLO (sic) a quien se le puso de vista y manifiesto el PROTOCOLO DE AUTOPSIA para su interpretación de conformidad con lo establecido en el artículo (sic) 337 del código orgánico procesal penal (sic) ARICRUZ RIVERO MIJARES, quien acudió como Experto en su condición de médico anatomopatologa (sic) adscrita al servicio nacional de ciencias forenses a interpretar de conformidad con el 337 del copp (sic) dos protocolos de autopsia señalando la Dra (sic) que en el primer caso es un cadáver perteneciente a quien en vida respondía al nombre de TESSY MARIBEL ALFONSO RIVAS. Señalando que la causa de la muerte fue por un shock hipotérmico por lesión a nivel vascular del paquete a nivel axilar por la herida de arma de fuego a nivel del brazo izquierdo. No tiene tatuaje, por lo tanto es un disparo a distancia. Exactamente están descritos tres (03) disparos. Señalo (sic) igualmente que, en el segundo caso, el caso se trata de DANIELA JAQUELINE MARTÍNEZ MEZA, la cual presentó una herida por arma de fuego con orificio de entrada a nivel de la región frontal que del trayecto anterior- posterior la cual le provoca fractura craneal extensa, edema cerebral y salida por la región parietal temporal izquierdo con lesiones que fueron las que evidentemente le provocaron la muerte por edema cerebral y daño del área. Dicho (sic) Protocolos de Autopsia fueron incorporados al debate oral por medio de su lectura, siendo éste igualmente apreciado, valorado y estimado.

Todas estas declaraciones y las pruebas incorporadas por su lectura al debate se relacionan entre sí, lo cual crea la certeza en este Juzgador, que el día en fecha 21 de enero del año 2010, siendo aproximadamente las 4:40 horas de la tarde…Este Tribunal llega a esa conclusión toda vez que al analizar y comparar todas y cada una de las pruebas traídas al proceso por cada una de las partes se obtuvo finalmente lo que es llamado por la doctrina la verdad procesal. Esta verdad procesal se obtuvo con las pruebas traídas al proceso, subsumiendo con tal conducta los hechos en el delito atribuido por el Ministerio Público. Ahora bien, habiendo realizado la valoración individual de las pruebas objeto del debate, este Tribunal estima que ha quedado suficientemente demostrado que los ciudadanos ALEXIS JOSÉ MIJARES CARRASQUEL (autor material), fue la persona que en las circunstancias de modo tiempo y lugar, el día 21 de enero del año 2010, siendo aproximadamente las 4:40 horas de la tarde, en La Costanera, sector Los Corales, vía pública adyacente al gimnasio Sport Gym La Guaira, parroquia Caraballeda, Estado Vargas, se presento (sic) en las instalaciones del referido gimnasio solicitando información en relación a las inscripciones, posteriormente una vez obtenida dicha información en el momento en que sale del gimnasio se encuentra a las ciudadanas MARTÍNEZ MEZA DANIELA JACKELIN Y TESSIE MARIBEL ALFONSO RIVAS y acciona el arma de fuego que portaba siendo esta una nueve milímetros marca Browling (sic) en varias oportunidades, causándole la muerte de forma inmediata como consecuencia de dichas heridas propinadas por los proyectiles disparados por su arma de fuego, siendo identificado el mismo posteriormente en el transcurso de la investigación por los testigos presenciales del hecho quienes estaban en las adyacencias del gimnasio ya señalado así como a las experticias practicadas. Evidenciándose que la ciudadana acusada JUBISAY YÉPEZ RODRÍGUEZ se comunico (sic) antes y después de la muerte de las hoy occisas TESSIE MARIBEL ALFONSO Y DANIELA JAQUELINA (sic) MARTÍNEZ MEZA con el ciudadano acusado ALEXIS JOSÉ MIJARES CARRASQUEL, autor material de la comisión del hecho delictivo, evidenciándose que el ciudadano acusado ALEXIS JOSÉ MIJARES CARRASQUEL fue contratado por la ciudadana JUBISAY YEPEZ (sic), para que le diera muerte a la hoy occisa TESSIE MARIBEL ALFONZO RIVAS (hoy occisa), dado que la ciudadana TESSIE MARIBEL ALFONZO RIVAS (hoy occisa) mantenía una relación sentimental con el ciudadano JUAN MARCANO, apodado pinocho, quien es a su vez pareja de la ciudadana acusada JUBISAY YEPEZ(sic) y además tienen un hijo en común. Resulta evidente y se ha creado la certeza y la convicción de este juzgador que los acusados ALEXIS JOSÉ MIJARES CARRASQUEL y JUBISAY  YÉPEZ RODRÍGUEZ, actuaron de forma directa con el resultado dañoso obtenido de su acción voluntaria e intencional, por lo cual se concluye que el ciudadano ALEXIS JOSÉ MIJARES CARRASQUEL es el autor material en la comisión del delito de SICARIATO, previsto y sancionado en el artículo 12 de la Ley orgánica de Delincuencia Organizada y la ciudadana JUBISAY  YÉPEZ RODRÍGUEZ es la autora intelectual en la comisión del delito de SICARIATO, previsto y sancionado en el artículo 12 de la Ley orgánica de Delincuencia Organizada…Siendo así las cosas y viendo que el presente capítulo cumple con los parámetros establecidos por la doctrina para considerarlo procedente, es por lo que esta Corte de Apelaciones desecha el presente alegato. Que: "… menos aún consideró en modo alguno los argumentos esgrimidos por la defensa, donde se puso de relieve los hechos negativos como son la ausencia de videos fílmicos a pesar de manifestar los funcionarios policiales que obtuvieron los mismos, ausencia de relación de llamadas telefónicas...así como tampoco consideró la total ausencia de prueba en cuanto a los supuestos encuentros entre mi defendida... y el ciudadano imputado (sic) Alexis Mijares..." (Resaltado de la Defensa).

Que: ´…los ciudadanos JUBISAY YÉPEZ RODRÍGUEZ (sic) y ALEXIS JOSÉ (sic) MIJARES CARRASQUEL sostuvieron comunicación telefónica, pero en el juicio no se exhibió ninguna experticia que demostrara la relación de llamadas entre ellos...´

Que: ´…No señala el juzgador con cuál (sic) medio probatorio evidencia el contrato [de sicariato] no señala el juzgador en qué (sic) consistió ese contrato...´

Que: ´…No se demostró con ninguno de los elementos llevados a juicio que mi defendida tuviera participación alguna en los hechos que se le atribuye...´

Que: ´…con total ilogicidad el juzgador [se refiere] a la declaración del ciudadano LUIS (sic) ALBERTO GÓMEZ MORALES...ya que esa argumentación no tiene ningún sustento con premisa alguna, es decir, es totalmente falso que se pueda inferir de dicha declaración que éste (sic) ciudadano haya señalado al ciudadano ALEXIS JOSÉ (sic) MIJARES...´

Que: ´… las ciudadanas [Tessie y Daniela] no tenían ningún tipo de problemas, sino por el contrario eran amigas...´

Que: ´…el juzgador ha fundado su decisión en la investigación criminal  y no en los medios probatorios que fueron evacuados en el juicio oral y público...´

Que:"... el juzgador soslaya totalmente los argumentos de la defensa, crea con ello, un estado de indefensión total en contra de la ciudadana JUBISAY (sic) YÉPEZ...´

Ante tales denuncias es menester resaltar el criterio de la Sala de Casación Penal, en sentencia Nro. 550, de fecha 12 de Diciembre (sic) de 2006, con ponencia del Magistrado Héctor Coronado Flores, en la cual estableció que: (…). Siendo así las cosas, esta Corte de Apelaciones únicamente se pronunciará en relación a la valoración dada por el Juez de Instancia a los medios probatorios en el contradictorio Oral y Público.

En relación al primer alegato del recurrente en cuanto a la comunicación telefónica entre los condenados, observa esta alzada que del folio cuarenta y ocho (48) al sesenta (60) de la pieza I, cursa toda la relación de comunicaciones telefónicas efectuadas por los precitados ciudadanos, asimismo en la sentencia se puede visualizar las declaraciones del ciudadano SAMUEL MARCANO y la ciudadana EUCARIS VASQUEZ (sic), quienes son funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en las cuales exponen todo lo referente a la comunicación telefónica entre tales ciudadanos. (Resaltado de la Defensa). En este mismo sentido, de la deposición del funcionario SAMUEL MARCANO se puede extraer que la hoy condenada y la occisa TESSIE ALFONSO, tenían una relación de enemistad en virtud que ambas tenían una relación sentimental con el ciudadano JUAN MARCANO, a raíz de esto la ciudadana condenada realizó diferentes amenazas a la hoy occisa, de igual forma a través del vaciado de llamadas de su teléfono se observa una comunicación constante con el ciudadano ALEXIS MIJARES, quien fue el autor material del hecho, razón por la cual a través de las máximas de experiencia y la apreciación de los hechos el juez concluyó que la ciudadana JUBISAY YÉPEZ fue la autora intelectual del hecho. Alega el recurrente que de la declaración del ciudadano LUÍS GÓMEZ no se puede inferir que el condenado ALEXIS MIJARES fue el que cometió el ilícito sobre el que versa el presente proceso. En este sentido es conveniente citar la declaración del precitado ciudadano así como la valoración del Juez aquo.

Declaración del ciudadano LUÍS GÓMEZ:

"...Yo me encontraba trabajando, salí afuera del gimnasio a montarle un repuesto a un Jeep a un compañero de trabajo y entonces escucho unos disparos, pensé que eran traquitraqui y escuche fueron una (sic) detonaciones, me metí debajo del Jeep del muchacho, espere un rato y no veo más nada salgo y me meto para el gimnasio y es cuando veo a las 2 muchachas que estaban afuera tiradas en la a acera, es todo". A preguntas de la fiscalía contestó: "...Eso sucedió en la parte de afuera del estacionamiento del gimnasio. El gimnasio se llama La Guaira Sport gim (sic). Está ubicado en Los Corales. Eso sucedió como a las 04:00 o 04:30 pm, (sic) Sobre el caso, me traslade al CICPC. No, no fui obligado a rendir entrevista, nos llamaron y fuimos. Si yo les indique todo lo que había sucedido en ese momento. Cuando eso sucedió yo me encontraba afuera donde un compañero de trabajo que se llama FERNANDO poniéndole un cochinito al Jeep cuando escuche las detonaciones y eso. Mí (sic) compañero se llama FERNANDO IZAGUIRRE. Temprano si no observe pasar a nadie, apenas llegó (sic) me puse a limpiar y eso, cuando salgo él me dice ponme esto aquí, fue cuando escuche las detonaciones. Si las vi llegar, las 2 estaban comprando en el abasto. A una casi en el abasto y a la otra entrando a la puerta del gim (sic). No vi cuando le disparó, si escuche (sic) las detonaciones y me metí bajo el Jeep espero un rato cuando paso tienen a una muchacha ahí. Las muchachas estaban comprando yo agarre compre el teype y me fui a montarle la broma al Jeep yo pensé que era traquitraqui la broma esa, cuando escucho las detonaciones, al rato me escondo y fue cuando oí la mataron, la mataron, yo me meto de bajo del Jeep. Eso lo decía un muchacho que estaba afuera, mira como la mataron, la mataron, cuando paso así veo la muchacha de recepción parada así viendo y yo le pregunte quien fue, quien fue, le pregunte yo a la muchacha. No, no yo no vi ningún sujeto correr, vi fue una moto, vi fue así de espalda una moto cuando iba. La moto agarró dirección hacia Catia La Mar. No, no logre observar, vi fue la moto. Si, lo vi de espalda. Las características, era de contextura flaca, no vi exactamente quien (sic) era. No, no vi como era, lo vi sentado normal, como agachado en la moto. Pude observar que era medio flaco. Era un cabello normal. Era de cabello claro. Lo vi más blanco que yo. Cargaba un short y franela. Espere pasa la moto, paso y veo a las 2 muchachas así, me metí para el gimnasio y llame al dueño para informarle lo que había pasado, es todo".

Valoración del Tribunal de Instancia:

"... Por otra parte el testimonio de LUIS ALBERTO GÓMEZ MORALES, en su condición de testigo, el cual señalo (sic) entre otras cosas que el día en que ocurrieron los hechos se encontraba afuera del gimnasio donde un compañero de trabajo que se llama FERNANDO poniéndole un pieza llamada cochinito a un vehículo (sic) tipo Jeep cuando escucho (sic) las detonaciones, unos disparos, pensó que eran traquitraqui y escuche fueron unas detonaciones, señalo (sic) que se metió abajo del Jeep del muchacho, espero un rato y cuando sale y se mete para el gimnasio es cuando ve a las 2 muchachas que estaban afuera tiradas en la a (sic) acera, señalo (sic) igualmente que logro (sic) ver a la moto y que Si (sic) vio de espalda al victimario, es decir, al ciudadano acusado ALEXIS JOSÉ MIJARES CARRASQUEL señalando las características, que era de contextura flaca, de cabello normal de cabello claro y de color de piel más blanca que la de su persona, señalando que cargaba un short y franela..."

Se puede  observar que la valoración del Juzgador de Instancia se basa únicamente en los hechos narrados por el ciudadano, donde se aprecia que él reconoce al condenado como el autor del hecho. (Resaltado de la Defensa)

Es importante recalcar que el Juez de la recurrida valoró cada uno de los medios de pruebas que fueron evacuados en el juicio oral y público y no en la investigación como alegó el recurrente, siendo estas apreciadas (sic) a plenitud por el Juez aplicando lo dispuesto en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, la sana critica, la máximas experiencias y los conocimientos científicos….(Resaltado de la Defensa).

Tales medios probatorios evacuados en el contradictorio oral y público, permitieron establecer al Juzgador de Instancia la participación de los hoy condenados en la comisión del delito de SICARIATO, asimismo dichos elementos de valor probatorio no surtieron los efectos deseados por la defensa para desvirtuar la perpetración del hecho ilícito precitado y la participación de los condenados de autos en dicho delito; además de ello se observa, que en cada valoración realizada a los medios de pruebas, el Juez a quo realizó el respectivo análisis de cada elemento, así como fue dando respuesta a cada alegato esgrimido por la defensa en el debate celebrado ante el Juzgado de Juicio, cumpliendo así con lo previsto en el artículo 14 del Texto Adjetivo Penal que prevé, entre otras cosas, que sólo aquellas pruebas expuestas oralmente podrán ser apreciadas, a los efectos de la sentencia definitiva. (Resaltado de la Defensa). De lo antes enunciado se concluye que la sentencia publicada por el Tribunal Segundo de Juicio de este Circuito Judicial Penal del Edo. Vargas, se encuentra correctamente fundamentada en relación a la motiva, ya que se observa que el Juez de Instancia estableció de manera concisa clara y precisa los hechos que quedaron demostrados a través de las pruebas evacuadas en el contradictorio, razón por la cual considera esta Alzada que la juez aquo si determinó los hechos que fueron probados en el juicio. (Resaltado de la Defensa).

Así pues, observa esta Alzada que el Tribunal según lo plasmado en esta decisión que el aquo cumplió con todos los requisitos de la motivación, razón por la cual esta Alzada desecha la presente denuncia.. En razón de los criterios expuestos previamente, esta Alzada declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el Abogado EDUARDO PERDOMO DELGADO, en su carácter de Defensor Público de la ciudadana JUBISAY MILAGROS YÉPEZ RODRÍGUEZ, y en consecuencia SE CONFIRMA la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Juicio este Circuito Judicial Penal, en fecha 26 de Enero (sic) de 2016 y publicada en fecha 04 de Febrero de 2016, en la cual se declaró penalmente responsable a la ciudadana JUBISAY MILAGROS YÉPEZ RODRÍGUEZ titular de la cédula de identidad Nro. 14.567.826, por la comisión del delito de SICARIATO, previsto y sancionado en el artículo 12 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, ordenándole cumplir la pena de veinticinco (25) años de prisión.

Previo al análisis de la sentencia recurrida consideramos preciso referir la importancia de que toda resolución judicial se dicte debidamente fundamentada; tanto así que nuestro Máximo Tribunal, en reiteradas jurisprudencias sobre la falta de motivación, ha expresado que esta se traduce en la violación al derecho que tiene todo imputado de saber por qué se le condena o absuelve mediante una explicación que debe constar en la Sentencia.

Basta examinar el texto transcrito para afirmar categóricamente que la decisión dictada por la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, a los fines de declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa y en consecuencia confirmar el fallo proferido por el Juzgado Segundo (2o) de Primera Instancia en funciones de Juicio de ese Circuito Judicial Penal infringe normas constitucionales e incurre en falta de motivación, por cuanto limitó su actividad jurisdiccional a la copia fiel y exacta del dispositivo de Primera Instancia omitiendo su deber de explicar de manera clara y precisa cuáles fueron los fundamentos que fe sirvieron de base para determinar que el fallo de Primera Instancia estaba correctamente motivado, quebrantando así garantías y derechos fundamentales, asociadas a la idea del Estado de Derecho, y que tienen rango constitucional, como el debido proceso y la tutela judicial efectiva (artículos 26 y 49 de la Constitución de la República) al igual que la exigencia de fundamentación establecida en el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal. La motivación de la sentencia tiene varios aspectos fundamentales, los cuales no fueron satisfechos por la sentencia recurrida. En primer lugar, debe necesariamente haber una motivación fáctica, es decir una motivación respecto de los hechos, la cual debe estar reflejada en el antecedente de hechos probados, el cual es requerido en el numeral 3° (sic) del artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal, además, en segundo lugar, debe existir una motivación probatoria, referida a los fundamentos de hecho de la decisión, y, por último, una motivación jurídica vinculada a los fundamentos de derecho. El fallo recurrido simplemente se limitó a transcribir parte de la sentencia apelada, haciendo algunos exiguos comentarios sobre los razonamientos del Juez de la causa, pero sin discurrir directamente sobre el fondo de las denuncias por ilogicidad, falta manifiesta en la motivación y violación de la ley por inobservancia de una norma jurídica que se hicieron en el recurso de apelación. En la sentencia recurrida, el juzgador únicamente se limitó a señalar cuáles fueron las denuncias que se hicieron en el recurso de apelación, pero sin resolver fundadamente cada una de ellas. Incluso, ni siquiera señaló cuáles eran los hechos que consideró comprobados, a partir, claro está, de los hechos que dio a su vez por comprobados el juez de la causa, tal como lo exige el numeral 3°(sic) del artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal. Este requisito de la sentencia no está satisfecho con la simple transcripción de los hechos que dio por comprobados el juez de la causa, ya que la Corte de Apelaciones al resolver el recurso de apelación, debió necesariamente hacer reflexiones propias acerca de los hechos puestos a su apreciación, para de esta manera determinar sí la sentencia está motivada, es ilógica o violatoria de la ley por inobservancia de una norma jurídica; como bien lo ha señalado esta misma Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N6 554, Expediente N6 C06-0392 de fecha 12/12/2006.

De igual modo, el fallo recurrido entra en abierta contradicción con el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, al no cumplir con el requisito del numeral 4° del artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal. La Corte de Apelaciones debió explicar suficientemente las razones por las cuales concluyó que la sentencia no adolecía de ilogicidad, de falta de motivación y de violación de la ley por inobservancia de una norma jurídica, y no simplemente transcribir los hechos dados por comprobados por el Tribunal de la causa, aparentando con ello que estaba ' motivando' su decisión, lo cual no ocurrió en ningún caso.

Es evidente que la sentencia recurrida incurre en este vicio, ya que la decisión tomada carece de la expresión de los motivos por los cuales se declaró sin lugar el recurso de apelación que fue interpuesto por la defensa. Aunque en la sentencia se hicieron algunas superficiales y exiguas consideraciones sobre el recurso de apelación, a saber, sobre la denuncia de los vicios por ilogicidad, falta manifiesta en la motivación y violación de la ley por inobservancia de una norma jurídica, no fue explanado en el fallo ningún razonamiento que estableciere las razones de hecho y de derecho, por las cuales fueron declaradas sin lugar las mencionadas denuncias, limitándose a transcribir extractos de la sentencia, pero sin justificar claramente las razones de la decisión.

Nos resulta entonces necesario exponer de manera específica los genéricos y exiguos fundamentos esgrimidos por la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, los cuales corroboran la inmotivación de dicho fallo y así citamos:

La Defensa denunció la ilogicidad de la sentencia dictada por el a quo, sosteniendo, entre otras cosas, que el a quo dio por acreditado el hecho de que los ciudadanos Jubisay (sic) Yépez Rodríguez y Alexis José Mijares Carrasquel sostuvieron comunicación telefónica, pero en el juicio no se exhibió ninguna experticia que demostrara la relación de llamadas entre ellos y tampoco se acreditó la incautación de ningún teléfono en poder de la ciudadana Jubisay (sic) Yépez; que durante el desarrollo del juicio oral y público no se evacuó ninguna prueba que permitiera acreditar con certeza que los números telefónicos a que hicieron mención los funcionarios investigadores realmente los hubiesen utilizados los ciudadanos Jubisay  Yépez Rodríguez y Alexis José Mijares Carrasquel, no exhibiéndose en el debate oral y público ningún informe de alguna empresa de comunicaciones que demostrara la aludida relación de llamadas ente los números telefónicos señalados por tales funcionarios de investigación… Lo sostenido por la Defensa derivó del absurdo afirmado por el a quo al señalar:

´... Evidenciándose así mismo de la investigación, entre ellos la relación de llamadas entrantes y salientes, siendo esto una prueba de certeza, que la ciudadana JUBISAY YÉPEZ RODRÍGUEZ se comunico (sic) antes y después de la muerte de los hoy occisas TESSIE MARÍBEL ALFONZO Y DANIELA JAQUELINA MARTÍNEZ MEZA con el ciudadano acusado ALEXIS JOSÉ MIJARES CARRASQUEL...´.

A dicha denuncia, la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia contra La Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas bajo pretexto de  revisar lo denunciado por la Defensa en cuanto a la inexistencia de experticia que demostrase la relación de llamadas entre los coacusados y en su afán de confirmar la sentencia del Tribunal de la causa entró a valorar actas insertas a los folios cuarenta y ocho (48) al sesenta (60) de la primera pieza del expediente siendo que éstas no formaron parte del fallo condenatorio de Primera Instancia, con lo cual infringió el principio de inmediación, incumpliendo la prohibición expresa de la ley respecto a que le está vedado valorar pruebas. De igual modo observó la Defensa que el Tribunal de instancia aseveró hechos ilógicos para fundamentar la presunta autoría intelectual de Jubisay  Yépez, afirmando lo siguiente:

´…evidenciándose que el ciudadano ALEXIS JOSÉ MIJARES CARRASQUEL fue contratado por la ciudadana JUBISAY YEPEZ, para que diera muerte a la hoy occisa TESSIE MARIBEL ALFONZO RJVAS (hoy occisa), dado que la ciudadana TESSIE MARIBEL ALFONZO RIVAS (hoy occisa) mantenía una relación sentimental con el ciudadano JUAN MARCANO, apodado pinocho, quien a su vez (sic) pareja de la ciudadana acusada JUBISAY YEPEZ, y además tienen un hijo en común. Determinándose en el presente debate oral y público (sic) con las pruebas traídas al proceso que la misma es la autora intelectual del mismo.´

Con relación a tal fundamento, la  Defensa insistió en la ilogicidad que la sentencia por cuanto la misma no señalo cuál o cuáles medios probatorios debatidos en el juicio oral y público generaron la plena certeza de la existencia de un contrato o de un encargo, el motivo que lo originó y si llegó a ofrecerse o realizarse pago alguno. Tampoco surgió acreditada la presunta enemistad entre la hoy occisa y la acusada Jubisay (sic) Yépez. Al contrario, del fallo sometido a revisión por parte del Tribunal de Alzada se constata del testimonio rendido durante el debate oral y público por el ciudadano RAFAEL JOSÉ MAYORA TRÍAS que existía una relación de amistad entre la hoy occisa TESSIE MARÍBEL ALFONSO RIVAS y la acusada JUBISAY (sic) MILAGROS YÉPEZ RODRÍGUEZ; dicha afirmación fue obviada por él a quo a fin de sostener la hipótesis policial del funcionario SAMUEL ALEJANDRO MARCANO.

En igual sentido, la Defensa sostuvo en su apelación que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio, específicamente el Capítulo que denominó FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO se limitó a transcribir nuevamente las actas de debate sin indicar aquello que consideró cierto y aquello que estimó desechar. Y más grave fue lo señalado por el Defensor con relación a la ilógica interpretación  que hizo el a quo al atribuir un supuesto reconocimiento por parte del testigo LUÍS ALBERTO GÓMEZ MORALES en contra del acusado ALEXIS JOSÉ MIJARES CARRASQUEL, hecho por demás incierto pues el mencionado testigo, al responder preguntas durante el juicio contestó: ´No, no yo no vi ningún sujeto correr, vi  fue una moto, vi fue así de espalda una moto cuando iba. La moto agarró dirección hacia Catia La Mar. No, no logre (sic) observar, vi fue la moto-.Si, lo vi de espalda. Las características, eran de contextura flaca, no vi exactamente quién (sic) era. No, no lo vi como era, lo vi sentado normal, como agachado en la moto. Pode observar que era medio flaco. Era de cabello normal.. Lo vi mas blanco que yo...´

En cuanto a dicho testimonio de Corte de Apelaciones, de un modo genérico y  sin motivación afirmo ´Alega el recurrente que de la declaración del ciudadano LUÍS GÓMEZ no se puede inferir que el condenada ALEXIS MIJARES fue el que cometió el ilícito sobre el que versa el presente proceso. En este sentido es conveniente citarte declaración del  precitado ciudadano, así como la valoración del Juez a quo..."{omissis} " Se puede observar que la valoración del Juzgador de Instancia se basa únicamente en los hechos narrados por el ciudadano, donde se aprecia  que él reconoce al condenado como  el autor del hecho.´

 Efectivamente, si la Corte de Apelaciones hubiese efectuado el minucioso análisis: y revisión de la sentencia apelada, hubiese detectado la ilogicidad; y la falta de motivación del fallo. Sin embargo, su ambiguo y repetido fundamento, copia fiel dé la sentencia dictada por la primera instancia, desdice de su labor revisora. La ilogicidad planteada  por la Defensa emergió de lo incongruente, subjetivo y omisivo del fallo del a quo, por cuanto el sentenciador acogió totalmente la hipótesis sostenida por el funcionario SAMUEL ALEJANDRO MARCANO RAMOS sin verificar, comparar y contrastar de de manera objetiva los medios probatorios evacuados durante el debate oral; llegando incluso a guardar silencio respecto a muchos de ellos. Sin embargo., reiteramos que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones en Penal  ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas en contra de la cual hoy recurrimos en Casación, no es más que una simple copia fiel y exacta de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo (2°) de primera instancia en Funciones de Juicio del Estado Vargas en contra de nuestra defendida JUBISAY MILAGROS YÉPEZ MILAGROS RODRÍGUEZ por lo que consecuencialmente está viciada de falta de Motivación.

En ese mismo orden y con base es los argumentes supra indicados, vale preguntarse si ante esa precariedad probatoria evacuada en el juicio oral y público y subjetivamente valorada por el  sentenciador ¿Cómo pudo la Corte de Apelaciones afirmar que el fallo del a quo se hallaba perfectamente motivada? Y ante la imprecisión y subjetividad de los hechos determinados por él a quo ¿Cómo se .produjo el proceso de subsunción de los hechos en el  derecho? ¿De dónde surgió la plena certeza en contra de nuestra defendida para encontraría responsable penalmente como autora intelectual en el delito de Sicariato? ¿Con cuales medios de prueba evacuados en el juicio oral y público se arribó a dicha conclusión? Estas y otras interrogantes sin respuesta- y sin base en la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de  de experiencia conforme lo exige el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal no fueron resueltas por el Tribunal de Alzada. Al efecto nos permitimos citar sentencia emanada de nuestro Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Penal, de fecha 04 de junio de 2009, en la cual se estableció lo siguiente (…). Así, nuestro Máximo Tribunal en su Sala Penal ha manifestado en reiterada jurisprudencia que: Motivar un fallo implica explicar la razón en virtud de la cual se adopta una determinada resolución y es necesario discriminar el contenido de cada prueba, confrontándola con las demás existentes en autos, además en cada caso concreto las exigencias de la motivación son particulares. Así, será más rigurosa en algunos juicios cuyas complejidades y actividad probatoria obligan al juez efectuar un análisis más meticuloso (Sent. 323 del 27/06/2002). Para poder establecer que un fallo se encuentra correctamente motivado, éste debe expresar los motivos de hecho y de Derecho en que ha sido fundamentado y según lo que se desprendió durante el proceso. En tal sentido, las motivaciones de hecho deben dar exacto cumplimiento y estar subordinadas a lo dispuesto en nuestra Carta Fundamental, así como en las normas penales sustantivas y adjetivas, para descartar la posibilidad de cualquier apreciación arbitraria que pueda hacer el juzgador.

Así mismo, la Sala ha dicho en anteriores oportunidades, que los jueces de las Cortes de Apelaciones están obligados a resolver cada una de las denuncias planteadas en el recurso de apelación, con suficiente claridad de los motivos que le sirvieron de base para su fallo, los cuales bajo ninguna circunstancia pueden ser obviados, pues de lo contrario, se estaría violando el derecho a una segunda instancia, que permite ejercer el control de revisión sobre los fallos dictados por los tribunales de primera instancia. Cabe agregar que la motivación del fallo se logra "...a través del análisis concatenado de todos los elementos concurrentes en el procesa, a fin de que las decisiones que se adopten no aparezcan como producto del descuido, arbitrariedad o capricho del sentenciador (Sent. Nro. 00800 del 13/02/2001). Y que la motivación no es más que una función propia del órgano judicial, que tiene "...como norte la interdicción de la arbitrariedad, permitiendo constatar los razonamientos del sentenciador, necesarios para que el acusado y las demás partes, conozcan las razones que le asisten, indispensables para poder ejercer con propiedad los recursos y, en fin, para poder determinar la fidelidad del juez con la ley" (Sent. Nro. 206 del 13/02/2002). Doctrinariamente, la motivación, no es más que fundamentación, y fundamentar o justificar una decisión,  es mostrar las razones que permiten considerar lo acordado como algo atinado. Motivar la sentencia significa demostrar, argumentar, y para lograrlo no cabe limitarse a exponer como se produjo una determinada decisión. Por tanto, debe entenderse como la exposición que el juzgador debe ofrecer a las partes como solución a la controversia, pero sin dejar de tener en cuenta de que esta debe ser una solución racional, capaz de responder a las exigencias de la lógica y al entendimiento humano.

 

 

Su fin radica especialmente, en manifestar la razón jurídica en virtud de la cual el juzgador acoge una determinada decisión, analizando el contenido de cada una de las pruebas, comparándolas y relacionándolas entre sí; para posteriormente, valorar éstas observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, que no es otra cosa que la experiencia acumulada durante el trayecto de los años…Con base a los planteamientos de hecho y derecho previamente expuestos, solicitamos que la presente denuncia sea declarada CON LUGAR y en consecuencia, se declare la nulidad del fallo dictado por la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, en fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciséis (2016) que confirmó la sentencia proferida en fecha veintiséis (26) de enero de 2016 y publicada en fecha cuatro (04) de febrero de 2016 por el Tribuna! Segundo (2°) de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal en contra de la ciudadana JUBISAY  MILAGROS YÉPEZ RODRÍGUEZ, titular de cédula de identidad N° 14.567.826…” 

 

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

 

Ante el recurso de casación propuesto por los defensores privados de la ciudadana Jubisay Milagros Yépez Rodríguez, la Sala pasa a resolver sobre la admisibilidad o desestimación del mismo, en los términos siguientes:    

 

Conforme con lo establecido en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho. En tal sentido, en el presente caso el recurso de casación fue propuesto por los abogados Alí Núñez Moreno y Gerardo Royé, en su carácter de defensores privados de la ciudadana Jubisay Milagros Yépez Rodríguez, según consta del acta de nombramiento y juramentación de  fecha 17 de junio de 2016, que corre inserta en los folios 44 y 45 de  la pieza N° 17 del expediente, en virtud de lo cual se encuentran legitimados para actuar en la presente causa.   

 

En cuanto al lapso procesal para el ejercicio del recurso de casación, el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que será interpuesto dentro del plazo de quince (15)  días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado se encontrare privado de libertad, caso en el cual dicho plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado.

 

En el  presente caso, la audiencia oral convocada con motivo del recurso de apelación (artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal), ejercido por el  Defensor Público abogado Eduardo Perdomo Delgado, actuando como defensor de la acusada Jubisay Milagros Yépez Rodríguez, se llevó a cabo en fecha 3 de mayo de 2016,  la cual concluyó ese mismo día  con la declaratoria por parte de los miembros del Tribunal de Alzada de acogerse al lapso establecido en la citado artículo 448 eiusdem, para publicar el fallo (quedando en dicho acto notificadas todas las partes que se encontraban presentes) lo que en efecto se realizó en fecha 17 de mayo de 2016, tal y como consta de la certificación de cómputo (folio 76 de la pieza N°17 del expediente) suscrita por la Secretaria de la Corte de Apelaciones en lo Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, Abog. Odalys Molina en los términos siguientes:

 

“…Quien suscribe, Abog. Odalys Molina, Secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Vargas, HACE CONSTAR: Que en fecha 17-05-2016, se publicó decisión mediante la cual: conforme a lo previsto en el artículo 451 y artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el Abogado EDUARDO PERDOMO DELGADO, en su carácter de Defensor Público de la ciudadana JUBISAY (sic) MILAGROS YÉPEZ RODRÍGUEZ. SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Juicio de este Circuito Judicial Penal, dictada en fecha 26 de enero de 2016 y publicada en fecha 04 de febrero de 2016, en la cual se declaró penalmente responsable a la ciudadana JUBISAY (sic) MILAGROS YÉPEZ RODRÍGUEZ titular de la cédula de identidad Nro. 14.567.826, por la comisión del delito de SICARIATO, previsto y sancionado en el artículo 12 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, ordenándole cumplir la pena de veinticinco (25) años de prisión, ello al no encontrarse incurso en ninguno (sic) vicio de los previstos en el artículo 444 del Texto Adjetivo Penal. Ahora bien, la acusada revoco (sic) la defensa pública que venía asistiéndola anteriormente y nombro (sic) defensa privada, donde los abogados privados aceptaron la defensa en fecha 17-06-2016 e interponiendo el Recurso de Casación en fecha 27-06-2016, por lo que esta Alzada dejo (sic) transcurrir el lapso para interponer el Recurso de Casación desde el día que la penada se dio por notificada previo traslado de la misma el día 07 de julio de 2016, transcurriendo el lapso de la siguiente manera: 11, 12,13,18,19,20 y 26 de julio de 2016, y 01,02,03,04,05,08,09 y 10 de agosto de 2016, de conformidad con el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 456 de la norma Adjetiva Penal se procede a lapso respectivo de contestación del recurso in comento el cual es de ocho (8) días siguientes al vencimiento del lapso para su interposición, el cual es lo sucesivo: 11,12,22,29,30 y 31 de agosto de 2016; 08 y 09 de septiembre de 2016, sin que se haya presentado ninguna solicitud.”

 

 

 

Del cómputo anteriormente transcrito, se verifica que en fecha 17 de mayo de 2016, se publicó el texto íntegro de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el defensor público adscrito al referido Circuito Judicial Penal, es decir, dentro del lapso comprendido en el  citado artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual el Tribunal de Alzada no libró las correspondientes boletas de notificación a las partes. Asimismo se constata que los  defensores  privados  fueron designados y juramentados ante la citada Corte de Apelaciones en fecha 17 de junio de 2016, luego que la acusada manifestara su voluntad de revocar a la defensa pública, interponiendo  el recurso de casación en fecha 27 de junio de 2016, imponiendo a la acusada de la sentencia el día 7de julio del mismo año, previo traslado del Instituto Nacional de Orientación Femenina. (INOF).

 

De lo cual puede concluirse, que el recurso debe tomarse como tempestivo, aún cuando se ejerció de manera anticipada (por cuanto el lapso para interponerlo debía empezar a contarse cuando el acusado se encuentre privado de libertad, a partir de su notificación personal), lo cual es perfectamente válido, por cuanto, de acuerdo al criterio reiterado de la Sala de Casación Penal, dicha actuación lo que denota es el interés de la parte en el proceso y en impugnar el fallo que le es adverso.

 

Con relación a este particular la Sala de Casación Penal, en Sentencia  N° 325 de fecha 5-08-2016,  expresó:    

“…Ello es la razón por la cual deben considerar válidamente propuestos los actos procesales efectuados en forma anticipada. De manera particular, esta Sala de Casación Penal ha señalado respecto al carácter tempestivo del recurso de casación presentado de manera anticipada, lo siguiente:

“(…) el recurso de casación fue propuesto el dieciocho (18) de diciembre de 2014, es decir antes de iniciarse el lapso legal para la interposición del mismo, no obstante, aún cuando fue presentado en forma anticipada, conforme al criterio sostenido en forma reiterada en decisiones emanadas de este Tribunal Supremo de Justicia, se considera el mismo tempestivo (…)” Sentencia N° 436, del 25 de junio de 2015.

 

En cuanto a la recurribilidad  de la sentencia impugnada, tenemos que en el  presente caso se cumple con lo previsto en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, pues se observa que el recurso extraordinario fue interpuesto contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, que declaró “SIN LUGAR” el recurso de apelación de sentencia interpuesto por el Defensor Público Quinto Penal Ordinario Fase de Proceso del Estado Vargas. Segundo: “CONFIRMӔ la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal  en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, dictada en fecha 26 de enero de 2016, y publicada el 4 de febrero del mismo año, que CONDENÓ a los ciudadanos ALEXIS JOSÉ MIJARES CARRASQUEL y JUBISAY YÉPEZ RODRÍGUEZ, como autores material e intelectual, respectivamente, a la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN, por  la comisión del delito de SICARIATO, previsto y sancionado en el artículo 12 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. Tercero: “ABSOLVIӔ a los mencionados ciudadanos de la comisión del delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 eiusdem.  Cuarto: “ABSOLVIӔ a la ciudadana JUBIFRED DEL VALLE YÉPEZ RODRÍGUEZ, de nacionalidad venezolana, de la comisión de los delitos antes mencionados. Siendo dicha decisión, de aquellas que se encuentran  previstas como recurribles en casación conforme a las previsiones del referido artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal. 

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Revisados como han sido los requisitos de admisibilidad, esta Sala pasa a verificar si el recurso de casación cuyos argumentos fueron expuestos anteriormente, se encuentra debidamente fundamentado y al respecto observa:

Los defensores privados  plantean como fundamento de la única denuncia del recurso la infracción por falta de aplicación de los artículos 346, numerales 3 y 4, y 157 del Código Orgánico Procesal Penal, al considerar que la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial del Estado Vargas, incurrió en el vicio de  inmotivación al dictar el fallo que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, que condenó a los ciudadanos ALEXIS JOSÉ MIJARES CARRASQUEL y JUBISAY MILAGROS YÉPEZ RODRÍGUEZ, a cumplir la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN como autores material e intelectual, respectivamente, de la comisión del delito de Sicariato, previsto en el artículo 12 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

 

Aducen que la sentencia del Tribunal de Alzada,  solo se limita transcribir  el fallo emitido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, omitiendo cumplir con el deber de explicar de manera clara los fundamentos que le sirvieron de base para considerar que dicha resolución judicial estaba debidamente motivada, quebrantando así derechos y garantías fundamentales, previstos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

 En tal sentido señalan, que la motivación de la sentencia  debe contener varios aspectos a saber: “…una motivación fáctica, es decir, una motivación respecto de los hechos, la cual debe estar reflejada en el antecedente de hechos probados, el cual es requerido en el numeral 3 del artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal, además en segundo lugar, debe existir una motivación probatoria, referida a los fundamentos de la decisión y, por último, una motivación jurídica vinculada a los fundamentos de derecho…”.  

 

 Alegan, que fallo recurrido no resolvió fundadamente los alegatos expuestos en el recurso de apelación, ni señaló los hechos que consideró probados, por cuanto a decir de los impugnantes, la Corte de Apelaciones debió hacer reflexiones propias acerca de  los hechos sometidos a su apreciación, para determinar si la sentencia de juicio estaba realmente motivada. De igual forma denuncian “…la abierta contradicción con el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal…” y  el numeral  4 del artículo 346 eiusdem,  por cuanto advierten, que el Tribunal de Alzada no explicó  las razones por las cuales consideró  que el fallo dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia no adolecía  “de ilogicidad, de falta de motivación y violación de ley por inobservancia de una norma jurídica.”     

 

Del análisis realizado al recurso de casación propuesto por la defensa privada, la Sala  observa en primer lugar, que los recurrentes señalan la infracción de ley del numeral 3 del artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto  la sentencia recurrida, no estableció  los hechos que consideró probados, para de esta manera determinar si el fallo dictado por el Tribunal de Juicio estaba debidamente motivado. 

 

En este sentido, vale la oportunidad para destacar lo que sobre este particular ha venido sosteniendo la Sala de Casación, la cual en reiteradas oportunidades, ha dicho, que la infracción del numeral 3 del artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal, por inmotivación no puede ser atribuida a la Corte de Apelaciones, en virtud  que esta no determina de manera precisa y circunstanciada los hechos de instancia, por cuanto dicha labor corresponde al juzgador de juicio en virtud del principio de inmediación.

 

De igual forma, en el planteamiento del recurso aducen que la Corte de Apelaciones al emitir pronunciamiento, infringió el numeral 4 del artículo 346 y  artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el Tribunal de Alzada debió explicar suficientemente las razones por las cuales consideró que la sentencia dictada por el Juzgado de Juicio no adolecía de  ilogicidad, de falta de motivación y violación de ley por inobservancia de una norma jurídica, los cuales fueron objeto del recurso de apelación, aun cuando según manifiestan,  en “ la sentencia se hicieron algunas…superficiales y exiguas consideraciones…”  sin establecer las razones de hecho y de derecho por las cuales se declaró sin lugar las mencionadas denuncias.

 

Señalan, que en el recurso de apelación se denunció la  ilogicidad de la sentencia dictada por el a quo, por cuanto el Tribunal de Juicio dio por acreditado el hecho que los ciudadanos JUBISAY YÉPEZ RODRÍGUEZ y ALEXIS JOSÉ MIJARES CARRASQUEL, sostuvieron comunicación telefónica antes y después de los hechos en donde resultaron muertas las ciudadanas Tessie Maribel Alfonso Rivas y Daniela Jackeline Martínez Meza, pero en el juicio no se exhibió ninguna experticia que demostrara la relación de llamadas entre ellos, tampoco se demostró  la incautación de teléfono celular en poder de la referida ciudadana, ni ninguna otra prueba que acreditara con certeza que los números telefónicos a que hicieron mención los funcionarios que llevaron a cabo la investigación, fuesen realmente utilizados por los acusados. Cuestionando la actividad propia del Tribunal de Juicio, no siendo ello materia objetable en casación.   

 

Del análisis y revisión del recurso de casación propuesto por la defensa privada de la acusada ciudadana JUBISAY MILAGROS YÉPEZ RODRÍGUEZ, la Sala constata inconsistencia que refieren varias situaciones en el planteamiento del mismo. Así en primer lugar, sostienen que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones no señaló  los hechos que dio por comprobados de los cuales debía hacer reflexiones propias; por otra parte alegan que no resolvió las denuncias que en su oportunidad fueron objeto del recurso de apelación. Aunado a esto, expresan que la sentencia no expresó los fundamentos de hecho y derecho por los cuales declaró sin lugar las denuncias, pero al mismo tiempo afirman que se excedió en su labor al entrar a valorar las actas insertas en los folios cuarenta y ocho (48) al sesenta (60) de la pieza N° 1 del expediente, aún cuando les está vedado realizar dicha actividad,  por ser propia de los Jueces de Primera Instancia.   

 

De los argumentos contenidos en el recurso de casación, la Sala  advierte, que más allá del vicio de inmotivación denunciado, lo que en realidad se evidencia es la pretensión por parte de los recurrentes de atacar la decisión dictada por el  Tribunal de Primera Instancia, y el valor probatorio que el sentenciador de juicio dio a los órganos de prueba llevados al  debate oral y público y de las cuales obtuvo el convencimiento (principio de inmediación)  de los hechos que dio por demostrados, lo que indudablemente como lo ha  dicho la Sala de Casación Penal,  no es factible cuestionar a través del recurso de casación, por cuanto dicho recurso extraordinario, solo procede contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Es propicia la ocasión para  reiterar:  

 

 “…la Sala ha dicho de manera reiterada que no constituye el vicio de inmotivación el desacuerdo de las partes con los fundamentos de derecho determinados en el fallo, por cuanto la falta de motivación es imputable a las Cortes de Apelaciones, cuando no señalen los fundamentos de hecho y de derecho por las cuales se adopta la sentencia o cuando se omita cualquiera de las circunstancias expuestas por el impugnante en el recurso de apelación…” (Sent. 081 15-3-2010.)  

 

 

Asimismo la Sala de Casación Penal,  ha dicho que:

 

“…cuando se denuncia inmotivación de una sentencia, no basta simplemente con mencionar de manera correcta la infracción de los artículos legales pertinentes, tal alegato requiere además, una debida fundamentación de donde surja claramente cuál es el vicio que se atribuye, su verdadera existencia en el fallo recurrido así como, la relevancia del mismo y su capacidad de influir en la modificación del dispositivo del fallo…” (Sent N° 495 de fecha 13-10-2009).

 

Finalmente, es preciso destacar, que en relación a la fundamentación del recurso de casación, la Sala de Casación Penal ha señalado reiteradamente, que no basta con alegar la inconformidad del fallo impugnado, la disposiciones legales que se consideran infringidas y el motivo de procedencia del mismo, sino que además es necesario que el fundamento sea claro y preciso, como lo exige el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal. En razón de lo cual, al constatarse que en el presente caso, los argumentos expuestos por los recurrentes no cumplen con las exigencias establecidas en la referida norma adjetiva penal, lo procedente es desestimar el recurso por manifiestamente infundado.

 

 En razón de lo expuesto, la Sala de Casación Penal considera procedente DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación propuesto por los abogados Alí Núñez Moreno y Gerardo Royé, en su carácter de defensores privados de la ciudadana JUBISAY MILAGROS YÉPEZ RODRÍGUEZ, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación propuesto por los abogados Alí Núñez Moreno y Gerardo Royé, en su carácter de defensores privados de la ciudadana JUBISAY MILAGROS YÉPEZ RODRÍGUEZ, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.  

 

Publíquese, regístrese, ofíciese lo conducente y remítase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los dos   (  2  ) días del mes de mayo  de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

 

 

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

 

La Magistrada,

 

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

 

 

 

 

El Magistrado,

 

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Magistrada ponente,

 

 

 

 

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

 

 

 

La Secretaria,

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

YBKD/pg

Exp. Nº 2016-305

 

 

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