Sentencia N.º 367
- Sentencia
- N.º 367
- Fecha
- 20/10/2023
- Sala
- Casación Penal
- Expediente
- C23-280
- Ponente
- Elsa Janeth Gómez Moreno
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO
En fecha 25 de julio de 2023, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo del recurso de casación, presentado por los abogados David José Páez Martínez y Jennis Josefina Reyes Chávez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 143.614 y 165.903, respectivamente, actuando como defensores privados del ciudadano MARIO MARCIAL PÉREZ FRANCO, contra la decisión dictada en fecha 25 de abril de 2023, por la Corte de Apelaciones en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Sur del estado Bolívar, sede Puerto Ordaz, que declaró Sin Lugar el recurso de apelación de sentencia, interpuesto por los precitados abogados, contra la decisión pronunciada en audiencia de fecha 27 de julio de 2022, y publicada en su texto íntegro en fecha 03 de agosto de 2023, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Bolívar, extensión Territorial Tumeremo, mediante la cual PRIMERO: Este Juzgado dicta Sentencia Definitiva la cual Condena al Ciudadano MARIO MARCIAL PÉREZ FRANCO a cumplir la pena de VEINTITRES (23) AÑOS y CUATRO (04) MESES, en virtud de haberlo hallado culpable de la comisión del delito de ABUSO SEXUAL A NIÑA CON PENETRACIÓN VAGINAL, tipificado en el artículo 289 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cometido en perjuicio de la niña CDMR DE SIETE AÑOS DE EDAD, CUYOS DATOS SE OMITEN POR RAZON DE LEY.- SEGUNDO: Por cuanto se ha impuesto una pena corporal que excede de cinco (05) años de prisión es necesario mantener la medida privativa de libertad bajo la cual enfrentó el referido ciudadano el proceso y en tal virtud de ordena como sitio de reclusión el Centro Penitenciario de Oriente ´El Dorado´. TERCERO: En virtud de la condena impuesta al acusado MARIO MARCIAL PEREZ FRANCO, plenamente identificado en autos, a sufrir la pena accesoria a que se contrae el artículo 82 ordinal 2° de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como lo es la inhabilitación política mientras dure la pena. Así se decide. (sic). [Mayúsculas y negrillas del texto].
En la misma data [25 de julio de 2023], se dio entrada al expediente contentivo del proceso seguido en contra de los ciudadanos anteriormente señalados, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2023-000280, y en esa misma fecha, se asignó la ponencia a la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, según lo dispuesto en el artículo 99, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Una vez examinado el expediente, esta Sala pasa a decidir con fundamento en las consideraciones siguientes:
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Previo a cualquier pronunciamiento, le corresponde a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación y, en tal sentido, observa:
A primo tempore, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como instrumento jurídico de normas supremas, en su Título V De la Organización del Poder Público Nacional, Capítulo III Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia, Sección Segunda Del Tribunal Supremo de Justicia, dispone en su artículo 266, numeral 8, lo siguiente:
Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:
( )
8. Conocer del recurso de casación. .
Igualmente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en lo referido a las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal, de manera concreta, respecto a la Sala de Casación Penal, en su Título III De las Competencias y Atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, Capítulo I De las competencias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 29, numeral 2, establece:
Competencias de la Sala Penal.
Artículo 29. Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:
( )
2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes, en materia penal. .
En concordancia con los artículos anteriores, la Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en Gaceta Oficial número 6.667 Extraordinario de fecha 16 de diciembre de 2021, prevé:
Jurisdicción.
Artículo 134. Corresponde a los Tribunales de Violencia Contra la Mujer y a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conforme a lo establecido en esta Ley, las leyes de organización judicial y la reglamentación interna..
Casación.
Artículo 138. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia conocerá del Recurso de Casación..
De acuerdo con el contenido de las normas jurídicas parcialmente transcritas, se determina que corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de los recursos de casación que en materia penal se ejerzan en contra de las decisiones de los tribunales penales de segunda instancia; en consecuencia, la Sala determina su competencia para conocer del presente asunto.
DE LOS HECHOS
Los hechos acreditados por el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Bolívar, extensión Territorial Tumeremo, en el debate del juicio oral y privado, son los siguientes:
" En fecha 20 de septiembre del 2020, el imputado MARIO PEREZ, quien funge como tío de la niña víctima, la fue a buscar a su casa y la llevó a la de él, estando en la residencia del imputado. Este le da un libro para que se ponga a verlo, y es cuando la acuesta en su cama y procede a introducirle los dedos en la vagina de la niña, al momento que la niña comienza a mostrar dolor, el imputado la envía a su casa. En fecha 23 de septiembre del presente año, en horas de la mañana la niña le manifiesta a su madre que tiene mucho dolor en sus partes intimas, y es cuando la madre la lleva al médico, es revisada en el centro asistencial de la comunidad indígena, y es cuando la médico tratante, le indica que la niña había sido manipulada en sus partes íntimas. En fecha 26 de Septiembre, la niña es interrogada por la abuela materna, acerca de las lecciones presentadas en su vagina, y es cuando se siente en confianza y le cuenta lo sucedido, que en efecto el tío le había llevado a su casa, le dio un libro y la acostó y procedió a introducirle los dedos en la parte intima de la vagina, por lo que una vez teniendo conociendo de esto, la personas se dirigen a la capitanía de la comunidad indígena, quienes proceden a aprehenderlo en fecha 29/09/2020, teniendo en cuenta la distancia existente entre la comunidad indígena y el lugar donde se encuentra la estación de la guardia nacional bolivariana, es cuando es puesto a la orden de la autoridad ordinaria pertinente...". (sic).[Mayúsculas y negrillas del texto].
DE LOS ANTECEDENTES
De las actuaciones contenidas en el expediente, se pudo constatar el iter procesal de la siguiente manera:
En fecha 10 de noviembre de 2020, la Fiscalía Décima del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz y con competencia en Penal Ordinario, Victimas niños, Niñas y Adolescentes, presentó escrito formal de acusación, contra el ciudadano MARIO MARCIAL PÉREZ FRANCO, por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL A NIÑA CON PENETRACIÓN VAGINAL, previsto y sancionado en el primer y segundo aparte del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, delito este con las circunstancias agravantes contempladas en el artículo 217 eiusdem , (sic).[Mayúsculas y negrillas del texto].(Folios 49 al 57, pieza 1-3).
En fecha 11 de noviembre de 2020, el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Bolívar, extensión Territorial Tumeremo, dictó auto, acordando fijar el acto de la audiencia preliminar. (Folio 75, pieza 1-3).
En fecha 09 de febrero de 2021, el el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Bolívar, extensión Territorial Tumeremo, realizó la audiencia preliminar; oportunidad en la cual admitió totalmente la acusación fiscal presentada, por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL A NIÑA CON PENETRACIÓN VAGINAL, previsto y sancionado en el primer y segundo aparte del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, delito este con las circunstancias agravantes contempladas en el artículo 217 eiusdem . (sic), así como todos los medios de pruebas ofrecidos por la representación del Ministerio Público, manteniendo la medida de privación judicial preventiva de libertad, contra el ciudadano MARIO MARCIAL PÉREZ FRANCO, y en fecha 11 de febrero de 2021, dictó el auto de apertura a juicio. (Folios 105 al 107, 111 al 115 pieza 1-3)
En fecha 06 de julio de 2021, previa distribución de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.), conoció de la presente causa el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Bolívar, extensión Territorial Tumeremo y en fecha 16 de julio de 2021, dictó auto acordando darle ingreso a las presentes actuaciones. (Folios 121 y 122, pieza 1-3)
En fecha 27 de julio de 2021, el Tribunal de Juicio, referido, dictó auto, acordando fijar para el 23 de agosto de 2021, la apertura del juicio oral y privado, luego en fecha 26 de julio de 2021 dio apertura al juicio oral y privado, finalizando en fecha 27 de julio de 2022 (Folio 125, pieza 1-3, y, folios 71 al 83, 91 al 98, pieza 2-3).
En fecha 03 de agosto de 2022, el Tribunal de Juicio antes mencionado, publicó el texto íntegro de la sentencia, mediante la cual entre otras cosas señaló, lo siguiente:
DE LA PENALIDAD.
El delito de ABUSO SEXUAL A NIÑA CON PENETRACIÓN VAGINAL, tipificado en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Nina y Adolescente, apareja pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN, siendo el término medio de DIECISIETE (17) ANOS y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, se le incrementa un tercio de la pena, por ejercer sobre la victima autoridad. CINCO (05) AÑOS Y OCHO (08) MESES. tiempo este que estima éste Tribunal conveniente a los fines de efectuar el cálculo de la misma, por lo que en definitiva la pena a imponer al ciudadano MARIO MARCIAL PÉREZ FRANCO, corresponde VEINTITRES (23) AÑOS y CUATRO (04) MESES de prisión, y por cuanto se ha impuesto una pena corporal que excede de cinco (05) años de prisión es necesario mantener la medida privativa de libertad bajo la cual enfrento el referido ciudadano el proceso y en tal virtud se ordena como sitio de reclusión el Centro Penitenciario de Oriente ´El Dorado´.-
En virtud de la condena impuesta al acusado MARIO MARCIAL PÉREZ FRANCO, plenamente identificado en autos a sufrir la pena accesoria a que se contrae el artículo 82 ordinal 2° de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como lo es la inhabilitación política mientras dure la pena. Así se decide.
A los efectos de la presente sentencia, se exime de! pago de las costas procesales a al acusado MARIO MARCIAL PÉREZ FRANCO contempladas en el artículo 267 del Código Orgánico Procesal Penal por remisión de lo establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en virtud de la gratuidad de la justicia establecido en el articulo 26 ríe la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
CAPITULO IV
DECISIÓN
Este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Estado Bolívar. Extensión Territorial Tumeremo, en Nombre deja República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento:
PRIMERO: Este Juzgado dicta Sentencia Definitiva la cual Condena al Ciudadano MARIO MARCIAL PÉREZ FRANCO a cumplir la pena de VEINTITRES (23) AÑOS y CUATRO (04) MESES, en virtud de haberlo hallado culpable de la comisión del delito de ABUSO SEXUAL A NIÑA CON PENETRACIÓN VAGINAL, tipificado en el artículo 289 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cometido en perjuicio de la niña CDMR DE SIETE AÑOS DE EDAD, CUYOS DATOS SE OMITEN POR RAZON DE LEY.-
SEGUNDO: Por cuanto se ha impuesto una pena corporal que excede de cinco (05) años de prisión es necesario mantener la medida privativa de libertad bajo la cual enfrentó el referido ciudadano el proceso y en tal virtud de ordena como sitio de reclusión el Centro Penitenciario de Oriente ´El Dorado´.
TERCERO: En virtud de la condena impuesta al acusado MARIO MARCIAL PEREZ FRANCO, plenamente identificado en autos, a sufrir la pena accesoria a que se contrae el artículo 82 ordinal 2° de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como lo es la inhabilitación política mientras dure la pena. Así se decide.
CUARTO: A los efectos de la presente sentencia se exime del pago de las costas procesales al acusado MARIO MARCIAL PÉREZ FRANCO, contempladas en el artículo 267 del Código Orgánico Procesal Penal por remisión de lo establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en virtud de la gratuidad de la justicia establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
QUINTO: Por cuanto se ha publicado el texto integro de la presente sentencia en un lapso de tiempo Mor al establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida l.de Violencia, se ordena librar las respectivas notificaciones a las parte. (sic). [Mayúsculas y negrillas del texto]. (Folios 107 al 116, pieza 2-3).
En fecha 08 de agosto de 2022, los abogados David José Páez Martínez y Jennis Josefina Reyes Chávez, defensores privados del ciudadano MARIO MARCIAL PÉREZ FRANCO, presentaron Recurso de Apelación de Sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 444 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. (Folios 122 al 139, pieza 2-3).
En fecha 12 de agosto de 2022, el Ministerio Público dio contestación al Recurso de Apelación de Sentencia planteado. (Folios 235 al 241, pieza 2-3).
La víctima no dio contestación al Recurso de Apelación de Sentencia.
En fecha 5 de septiembre de 2022, previa distribución de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.), conoció del relatado recurso, la Corte de Apelaciones en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Sur del estado Bolívar, sede Puerto Ordaz, dándole entrada al mismo y designó como ponente a la abogada Andrea Bompart Noriega, JUEZA SUPERIOR PONENTE 1° (sic), y en idéntica fecha devolvió las presentes actuaciones a su Tribunal de origen por no constar el acta de imposición de sentencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal, del ciudadano MARIO MARCIAL PÉREZ FRANCO. (Folios 248, pieza 2-3).
En fecha 15 de diciembre de 2022, fue impuesto del contenido de la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Bolívar, extensión Territorial Tumeremo, de fecha 03 de agosto de 2022, el ciudadano MARIO MARCIAL PÉREZ (Folio 08, pieza 3-3).
En fecha 27 de enero de 2023, reingresó la causa, a la Corte de Apelaciones en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Sur del estado Bolívar, sede Puerto Ordaz. (Folio 13, pieza 3-3)
En fecha 2 de febrero de 2023, el Tribunal Colegiado, admitió el Recurso de Apelación de Sentencia, fijando el acto de la audiencia oral, la cual se celebró en fecha 29 de marzo de 2023, y, en fecha 24 de abril de 2023, realizó nuevamente el acto de la audiencia oral para dictar el dispositivo del fallo. (Folios 14 al 17, 52 al 58, y 83 al 86 pieza 3-3)
En fecha 25 de abril de 2023, la Corte de Apelaciones en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Sur del estado Bolívar, sede Puerto Ordaz, declaró Sin Lugar el Recurso de apelación de sentencia, y confirmó el fallo de Primera Instancia. (Folios 88 al 112, pieza 3-3).
En fecha 30 de mayo de 2023, los abogados David José Páez Martínez y Jennis Josefina Reyes Chávez, defensores privados del ciudadano MARIO MARCIAL PÉREZ FRANCO, anunciaron Recurso de Casación. (Folios 139 al 147, pieza 3-3).
El Ministerio Público y la víctima, no dieron contestación al Recursos de Casación.
En fecha 25 de julio de 2023, fue recibido en la Secretaría de la Sala de Casación Penal el expediente contentivo del recurso de casación interpuesto, dándosele entrada en esa misma fecha.
DEL RECURSO DE CASACIÓN
El Recurso de Casación, es un medio de impugnación de carácter extraordinario, regido por disposiciones legales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, que exige para su interposición y admisibilidad una serie de requisitos legales de obligatorio cumplimiento.
En efecto, el Libro Cuarto, De los Recursos, Título I, del Código Orgánico Procesal Penal, establece en sus artículos 423 y 424, las disposiciones generales que rigen la interposición de todo recurso.
Así pues, el artículo 423, consagra el principio de impugnabilidad objetiva, el cual dispone que las decisiones judiciales solo sean recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos.
Por su parte, el artículo 424, señala que contra las decisiones judiciales podrán recurrir las partes a quienes la Ley les reconozca expresamente ese derecho.
Ahora bien, específicamente en cuanto al recurso extraordinario de casación, el Libro Cuarto, De los Recursos, Título IV, DEL RECURSO DE CASACIÓN, del citado texto adjetivo penal, dispone en los artículos 451, 452 y 454, cuáles son las decisiones recurribles en casación, los motivos que lo hacen procedente y el procedimiento a seguir para su interposición, de la siguiente manera:
Artículo 451. El Recurso de Casación solo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.
Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior..
Artículo 452. El Recurso de Casación podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación.
Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate..
( )
Artículo 454. El Recurso de Casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado o imputada se encontrare privado o privada de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo..
Y en correspondencia, al trámite del Recurso de Casación, previsto en la Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por aplicación supletoria, se señala:
Casación
Artículo 132. El ejercicio del Recurso de Casación se regirá por lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal..
En este contexto, se concluye que el recurso de casación solo podrá ser ejercido por quienes estén debidamente legitimados y contra aquellas decisiones explícitamente determinadas en la Ley. Así mismo, solo debe ser interpuesto en estricto acatamiento a los parámetros delimitados en los artículos expuestos ut supra, tanto en tiempo como en forma, previa verificación de cada una de las exigencias anteriormente señaladas.
DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN
Visto lo anterior, la Sala pasa a verificar los requisitos de admisibilidad del presente recurso y al respecto observa lo siguiente:
En atención a la legitimidad o [cualidad], el recurso fue planteado, por los abogados David José Páez Martínez y Jennis Josefina Reyes Chávez, actuando como defensores privados del ciudadano MARIO MARCIAL PÉREZ FRANCO, quienes poseen la cualidad para recurrir en casación, conforme a lo establecido en el artículo 424, del Código Orgánico Procesal Penal, como se pudo cotejar en el folio 15, de la pieza 2-3, donde se verificó, el acta de aceptación y juramentación de fecha 20 de abril de 2023, de los referidos abogados ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, extensión Territorial Tumeremo.
En relación con la tempestividad, inserto de los folios 198 al 199, de la pieza 3-3, consta el cómputo suscrito por el abogado Carmelo Ascanio, secretario adscrito a la Corte de Apelaciones en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Sur del estado Bolívar, sede Puerto Ordaz., en el cual se lee lo siguiente:
CERTIFICA: Que en fecha cinco (05) de junio de Dos mil veintidós (2022) ingresó a este Tribunal de Alzada la causa identificada con el alfanumérico FP21-S-2020-000051 y se le asigna la nomenclatura FP12-R-2022-000103 en esta Corte de Apelación, seguida al ciudadano MARIO MARCIAL PERÉZ FRANCO, identificado con el número de Cédula V-13.799.368 por la comisión de los delitos de ABUSO SEXUAL A NIÑA CON PENETRACIÓN VAGINAL, previsto y sancionado en el Articulo 259 de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente proveniente del Tribuna! Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio Del Circuito Judicial Penal en Materia de Delitos de Violencia contra La Mujer De! estado Bolívar sede Tumeremo. A los fines de Apelar Sentencia definitiva publicada en fecha tres (03) de agosto de Dos mil veintidós (2022) por e) tribunal Up Supra.
En fecha lunes cinco (05) de septiembre de Dos mi! Veintidós (2022} se realiza Auto de entrada y devolución de la causa, En fecha jueves dos (02) de febrero de dos mil veintitrés (2023) se publicó Auto de Admisión, En fecha jueves veintinueve (29) de marzo de Dos mil veintitrés (2023) se celebró Audiencia de Apelación de Sentencia Definitiva; aplazándose el dispositivo del fallo para el día lunes veinticuatro (24) de abril de Dos mil Veintitrés (2023) de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, DECLARAN DO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA confirmando la decisión del Tribuna! Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer del Estado Bolívar Extensión territorial Tumeremo. En fecha martes veinticinco (25) de abril de dos mil veintitrés (2023), al siguiente día, se publica decisión bajo resolución № FG122023000073.
En fecha lunes ocho (08) de mayo se celebra Audiencia de Imposición de Sentencia Definitiva ante esta Corte de Apelaciones en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Sur del Estado Bolívar, mediante (a cual se impone al ciudadano MARIO MARCIAL PÉREZ FRANCO, identificado con el número de Cédula V-13.799.368 de la decisión emanada de esta Corte de Apelación en fecha 24ABRL2023 de acuerdo a lo establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Pena!. A partir de la presente fecha inicia el lapso procesal para ejercer Recurso de Casación el cual concluye el treinta (30) de Mayo de dos mil veintitrés.
MAYO DE 2023
L | M | M | J | V |
|
|
|
|
|
8 | 9 | 10 | 1 | 2 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 30 |
|
|
|
En fecha martes treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2022) la defensa técnica consigna ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de [a oficina del alguacilazgo Recurso de Casación.
En fecha martes treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés 2023 se realizó Auto ordenando agregar Actuaciones (Recurso de casación) y notificar a la Fiscalía del Ministerio Publico para que de contestación al recurso presentado por la defensa técnica, dándose por notificado en fecha seis (06) de junio de dos mil veintitrés (2023), teniendo lapso de contestación de ocho (03) días hábiles los cuales concluyen el día diecinueve (19) de junio de dos mil veintitrés (2023).
JUNIO DE 2023
L | M | M | J | V |
|
|
|
|
|
| 06 | 07 | 08 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transcurriendo integro el lapso de ley correspondiente, de acuerdo a (o establecido en el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, no dando contestación la Representación Fiscal al recurso de casación, es por lo que se ordena la remisión de la presente causa a Sala de casación Penal, del Tribunal Supremo de justicia de acuerdo a lo establecido en el artículo 456 en segundo aparte del Código Orgánico Procesal Penal, es todo. . (sic).[Mayúsculas y negrillas del texto].
Consta, efectivamente que en fecha 25 de abril de 2023, fue publicado el texto íntegro de la decisión dictada, por el Tribunal Colegiado, mediante la cual declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación de Sentencia propuesto, y siendo que en fecha 8 de mayo de 2023, fue impuesto el acusado de autos, del fallo dictado por la Alzada, el lapso para la interposición del recurso se inició en fecha 9 de mayo de 2023, evidenciándose entonces que el mismo fue presentado el 30 de mayo de 2023, es decir, al décimo quinto día hábil siguiente, siendo tempestivo, en aplicación del artículo 454, del Código Orgánico Procesal Penal.
Finalmente, en lo concerniente a la recurribilidad del fallo, se observa que el recurso fue ejercido contra la decisión publicada en fecha 25 de abril de 2023, por la Corte de Apelaciones en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Sur del estado Bolívar, sede Puerto Ordaz., que confirmó la terminación del proceso [Sin lugar, confirmó sentencia condenatoria]; de manera que el delito por el cual el Ministerio Público, acusó, tiene la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo excede de los cuatro (4) años [ABUSO SEXUAL A NIÑA CON PENETRACIÓN VAGINAL, tipificado en el artículo 289 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes], y que dicha decisión resuelve sobre la apelación sin ordenar la realización de un nuevo juicio, en tal sentido se da cumplimiento a lo establecido en el encabezamiento del artículo 451, del Código Orgánico Procesal Penal, siendo recurrible en casación.
DE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN
Comprobados, como han sido los requisitos de admisibilidad del presente Recurso de Casación, la Sala de conformidad con los artículos 457 y 458, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a verificar la fundamentación del Recurso de Casación, y en tal sentido, se observa que, los recurrentes, plantearon CUATRO DENUNCIAS, en los siguientes términos:
PRIMERA DENUNCIA
INFRACCIÓN DEL ARTICULO 452, POR FALTA DE APLICACIÓN, del articulo 346 numerales 3 y 4, 157 y 175 todos del Código Orgánico Procesal Penal que produce una infracción al artículo 49 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana De Venezuela, en vista de que es un deber de las Cortes de Apelaciones motivar sus decisiones y es deber del Estado reestablecer o reparar la situación jurídica lesionada por error judicial. Respetables Magistrados integrantes de esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, debemos acotar que la decisión del fallo recurrido, no cumple con la motivación que debe contener toda sentencia, la cual contiene una incongruencia omisiva en vista de que no se analizaron ciertas pruebas testimoniales, omitiendo la segunda instancia ese pronunciamiento, limitándose a concluir que el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer Del Estado Bolívar, Extensión Territorial Tumeremo, había motivado y examinado los medios de prueba, sin embargo, no explica en qué forma consideraba que si había motivado dicho juzgador.
Quienes aquí concurrimos, en nuestra condición de defensores de confianza del ciudadano Mario Marcial Pérez Franco, con el debido respeto que merece la Corte, estimamos que no cumplió con la labor de examinar lo señalado por esta defensa técnica en el recurso de apelación con lo establecido en la sentencia dictada por el juzgado de juicio, la cual genero una sentencia inmotivada, carente de lógica e incongruente, debido a que no reviso en su totalidad las denuncias señaladas como infringidas en la Apelación de Sentencia Definitiva, era deber de la Corte de Apelaciones explicar de qué forma el Juzgado cumplió con el requisito necesario, fundamental y constitucional que representa la motivación de la sentencia, incurriendo la Alzada en el vicio de Falta de Motivación de la sentencia. En lo que respecta a la falta de pronunciamiento sobre el análisis y comparación de los medios de prueba incurrió la juzgadora A quo, habida cuenta que valoro como plena prueba el testimonio de la ciudadana MARÍA SALOME RIVERO PALACIOS, en su condición de víctima indirecta aun cuando su testimonio adolece de serias deficiencias que le hacen ser técnicamente defectuosas, por lo cual debió desestimarlo por ser manifiestamente contrario a los hechos por el cual fue condenado nuestro representado, debido a que la denunciante declaro que la niña victima manifestó haber sido tocada, no penetrada, sin embargo, la juzgadora de primera instancia, sentenció por un delito contrario a lo que demuestra la ciencia por medio del Informe Médico Legal del cual se desprende que no hay desgarros, que la víctima evaluada tenía un traumatismo lo cual pone en entredicho la valoración dada por la juzgadora de primera instancia y ratificada por la Alzada, cuando lo procedente era que el Juzgado de Primera Instancia, hiciera la advertencia de un cambio de calificación al Ministerio Publico para que preparara sus alegatos, motivado a que no existía un pronóstico de condena por el delito de abuso sexual con penetración en vista de que si no existe desgarros, el himen estaba presente, no había desfloración ni rasgos visibles de manipulación de genitales, no puede existir un abuso sexual con penetración vía vaginal, tal como lo expresa la Medicatura legal. Honorables Magistrados, la decisión de la Corte va en contra del sentido común, las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y de los criterios racionales que posee cualquier ser humano y atenta directamente a la ciencia. Quienes aquí suscribimos, no podemos comprender como la Alzada determinó que la Sentencia dictada por la Juzgadora de Juicio cumplió con los argumentos y requisitos que debe contener cualquier condena. La Corte de apelaciones incurrió en violación de Ley por falta de aplicación de la norma contenida en el artículo 452 de nuestro texto adjetivo al resolver solo 5 denuncias de 7 consideraciones interpuesta en el escrito de apelación; denotándose una evidente inmotivación al no expresar de una manera concisa, precisa, coherente y suficiente las razones de hecho y de derecho en que funda su decisión, como un requisito esencial sustancial que debe cumplirse ineludiblemente para que la sentencia se baste por si sola (PRINCIPIO DE AUTOSUFICIENCIA). Haciendo una reunión heterogénea e incongruente de hechos y razones, todo ello lejano al deber ser, a través del cual, lo que debió hacer, al admitir el escrito recursivo era pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos denunciados, explicando las razones de hecho y de derecho por los cuales declara SIN LUGAR, y resolver todas las consideraciones denunciadas, pero separada una de otra, y no lo hizo, sino que por el contrario lo resolvió en conjunto, como se evidencia en los folios 99 al 101 del acta de audiencia oral de apelación de sentencia definitiva ( dispositiva del fallo), por lo cual considera esta defensa que la Juzgadora de primera Instancia, no explico la concordancia de los testigos, no comparo las versiones recibidas con los demás elementos de convicción, ni determino de manera precisa y circunstanciada los hechos que estimó acreditados en el contradictorio y ni siquiera con el examen médico legal puede demostrar la comisión del hecho punible que condenó, así como tampoco puede indicar responsabilidad de nuestro representado, violentando así el artículo 346 en sus numerales 3 y 4 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, de manera que si la Corte de Apelaciones hubiera revisado las denuncias realizadas por quienes aquí recurrimos el dispositivo del fallo se modificaría de manera sustancial y nuestro representado hubiese sido condenado por el delito de ABUSO SEXUAL, en grado de tentativa, lo que evidentemente pudiera corresponder con la prueba médico legal, la declaración de la víctima indirecta y lo alegado por la víctima en su deposición de prueba anticipada, donde manifestó que nuestro representado la toco, con sus manos, en ningún momento argumenta que la toco con los dedos o que la penetro. Debemos recordar que para la fecha de la comisión del presente delito, la figura de actos lascivos se encontraba vigente sin que hubiera sido modificada, estamos hablando del año 2,020, y que lo procedente y ajustado a derecho era realizar un cambo en la calificación, en vista de que el delito de actos lascivos involucra contacto físico, tocamientos pero sin llegar a la penetración, motivo por el consideramos que la Juzgadora de juicio le dio un alcance a la norma que no lo tiene atribuyéndole más requisitos que los fijados por la ley. . (sic).[Mayúsculas y negrillas del texto].
La Sala de Casación Penal, para resolver, observa:
Los recurrentes, en su primera denuncian, señalan la INFRACCIÓN DEL ARTICULO 452, POR FALTA DE APLICACIÓN, del articulo 346 numerales 3 y 4, 157 y 175 todos del Código Orgánico Procesal Penal que produce una infracción al artículo 49 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana De Venezuela. (sic), por cuanto a su entender, es un deber de las Cortes de Apelaciones motivar sus decisiones y es deber del Estado reestablecer o reparar la situación jurídica lesionada por error judicial. . (sic).
Afirman que, la Corte ( ) no cumplió con la labor de examinar lo señalado por esta defensa técnica en el recurso de apelación con lo establecido en la sentencia dictada por el juzgado de juicio, la cual genero una sentencia inmotivada, carente de lógica e incongruente, debido a que no reviso en su totalidad las denuncias señaladas como infringidas en la Apelación de Sentencia Definitiva, era deber de la Corte de Apelaciones explicar de qué forma el Juzgado cumplió con el requisito necesario, fundamental y constitucional que representa la motivación de la sentencia, incurriendo la Alzada en el vicio de Falta de Motivación de la sentencia. . (sic).
En primer lugar, la Sala debe precisar, que la INFRACCIÓN DEL ARTICULO 452.., como lo exponen los recurrentes, no puede ser denunciado en casación ya que el referido artículo, está relacionado de forma exclusiva a los motivos en los cuales podrá fundarse, el recurso de casación.
Respecto a lo alegado en la presente denuncia por la defensa privada, no se logró apreciar de qué manera la Alzada al momento de dictar su fallo incurrió en inmotivación en el fundamento de su sentencia, por el contrario, lo que se evidenció fue una carencia de argumentos por parte de los recurrentes que hacen imposible la comprensión y verificación de lo planteado.
Además, no se logró apreciar con base en lo expuesto por los denunciantes del acusado de autos, el razonamiento jurídico de su denuncia, las consideraciones expuestas por estos no son claras ni precisas, no demuestran de qué manera el fallo dictado por la Alzada pudo haber carecido de motivación, situaciones estas que deben ser fundamentadas y consecuentemente evidenciadas para que la Sala de Casación Penal, considere admitir y posteriormente conocer lo advertido por la defensor privada.
Es importante acotar que, al momento de interponer formal recurso de casación, el mismo debe fundamentarse conforme a lo tipificado en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual reclama un escrito razonado donde se indique de forma sucinta y diáfana los preceptos legales que se consideren vulnerados, bien por falta de aplicación, por indebida aplicación o por errónea interpretación, tal como lo exige el artículo 452 eiusdem, lo cual no quedó evidenciado en la presente denuncia.
Al respecto, esta Sala de manera reiterada ha establecido lo siguiente: cuando se denuncia inmotivación de una sentencia, no basta simplemente con mencionar de manera correcta la infracción de los artículos legales pertinentes, tal alegato requiere además, una debida fundamentación de donde surja claramente cuál es el vicio que se atribuye, su verdadera existencia en el fallo recurrido, así como, la relevancia del mismo y su capacidad de influir en la modificación del dispositivo del fallo. . (Sentencia N° 495, del 13 de octubre de 2009).
En atención a lo planteado por los impugnantes se observa que, la presente denuncia carece de la debida fundamentación, al no indicar de manera clara y precisa en qué consistió el vicio alegado (falta de motivación), limitándose a señalar: la Corte ( ) no cumplió con la labor de examinar lo señalado por esta defensa técnica en el recurso de apelación con lo establecido en la sentencia dictada por el juzgado de juicio, la cual generó una sentencia inmotivada, carente de lógica e incongruente, debido a que no reviso en su totalidad las denuncias señaladas como infringidas en la Apelación de Sentencia Definitiva, era deber de la Corte de Apelaciones explicar de qué forma el Juzgado cumplió con el requisito necesario, fundamental y constitucional que representa la motivación de la sentencia, incurriendo la Alzada en el vicio de Falta de Motivación de la sentencia . (sic), no logrando esta Sala suplir la actuación propia de quien pretende en casación, quienes está obligados no sólo a exponer de manera clara y específica cuál es su pretensión, sino además, debe indicar el fin que persigue con su alegato y la influencia de la infracción en la dispositiva de la sentencia recurrida, que debe ser suficiente y capaz de modificarla.
Debe entenderse que, las Cortes de Apelaciones, incurren en el vicio de inmotivación de la sentencia, cuando no señalan los fundamentos de hecho y derecho por los cuales adoptaron su fallo u omitieron la resolución de cualquiera de los alegatos expuestos por el accionante en el recurso de apelación, circunstancias estas que no fueron señaladas de forma clara en su denuncia, lo que impide a la Sala determinar exactamente de qué manera la recurrida incurrió en el vicio denunciado.
Por otra parte el vicio de inmotivación, no puede ser utilizado por quien acciona en casación para que la Sala de Casación Penal admita cualquier planteamiento no fundado, ni esbozado de manera concisa, salvo que de la denuncia lograra desprenderse el vicio que pretende denunciar, ya que en ese caso, se procedería a su admisión. Por ello, siempre que se denuncie inmotivación, el recurrente deberá especificar en qué consistió el vicio para que la Sala pueda llegar a considerar la posibilidad de revisar lo denunciado en casación.
Igualmente, se observa que los impugnantes denunciaron que, la juzgadora de primera instancia, sentenció por un delito contrario a lo que demuestra la ciencia por medio del Informe Médico Legal del cual se desprende que no hay desgarros, que la víctima evaluada tenía un traumatismo lo cual pone en entredicho la valoración dada por la juzgadora de primera instancia y ratificada por la Alzada, pretendiendo atribuirle a la Corte de Apelación la falta de análisis de las pruebas debatidas en el juicio oral y público, cuando tal actividad le corresponde únicamente al Tribunal de Juicio, mientras que a la Corte de Apelaciones corresponde examinar si la conclusión que se extrae de la valoración de las pruebas, está o no ajustada a Derecho.
Adicional a lo antes expuesto, con respecto a la falta de aplicación del artículo 346, numeral 3 y 4, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala debe señalar de forma reiterada, que el numeral 3, trata sobre un requisito de fondo de la sentencia, que, a su vez, deriva de la potestad de juzgamiento atribuida al tribunal de mérito, ante el cual se celebra el debate de juicio en la primera instancia, es decir, al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio, siendo un dispositivo legal que no es susceptible de transgresión en los términos expuestos, por la segunda instancia, ya que concierne a un aspecto privativo de la sentencia definitiva de primera instancia con la que concluye la fase de juicio, se estima que la atribución a la Alzada de tal vicio es, desde luego, incorrecta y, por tanto, no reviste el carácter de motivo suficiente para fundar en dicho alegato la denuncia de infracción de ley, precisamente por no formar parte del ámbito de competencias de los Tribunales de Alzada.
Y en relación al numeral 4, es un elemento de fondo de toda sentencia, según el cual es necesario que se indiquen en las mismas los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa el fallo que contienen, en este sentido, pondera, la Sala de Casación Penal que en la fundamentación de la referida denuncia, los recurrentes se limitaron a señalar en forma genérica e imprecisa, el incumplimiento del artículo 346, numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, por parte de la Alzada, sin indicar las circunstancias que permitirían verificar con claridad la seria existencia de la alegada infracción legal ni el modo en que la alzada habría incurrido en ésta; tampoco se explicó la trascendencia e incidencia de la denuncia.
También, cabe señalar que pese a que el recurrente denuncio la infracción al artículo 49 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana De Venezuela. , omitió explicar las razones por las cuales el Tribunal Colegiado, según su criterio, quebrantó los derechos y garantías constitucionales contenidas en el artículo de rango constitucional presuntamente infringido, toda vez que por consagrar las mismas garantías fundamentales que se caracterizan por ser generales y abstracta]s (Vid. sentencia de la Sala de Casación Penal N° 062, del 19 de marzo de 2012), los accionantes debieron indicar de qué manera han sido inobservadas por Alzada, lo que no se materializó en el presente caso.
En tal sentido, visto que el recurso de casación constituye un recurso extraordinario que no puede ser utilizado como una tercera instancia a la que acudan los impugnantes para expresar su descontento con el fallo que les adversa, el recurrente no puede pretender valerse de este medio de impugnación para manifestar su disconformidad con el fallo dictado por la Alzada por ser adverso a sus pretensiones, careciendo esta denuncia de la debida técnica recursiva.
En consecuencia, resulta forzoso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA, la Primera denuncia del recurso de casación, por no cumplir con los requerimientos señalados en el artículo 454, eiusdem. Así se decide.
SEGUNDA DENUNCIA
Infracción del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, por indebida aplicación del artículo 259 de la Ley para la protección del niño, niña y adolescentes. Ciudadanos Magistrados el Juzgado de Primera Instancia, ´no deduce de los delitos de abuso sexual con penetración vía vaginal con los de abuso sexual sin penetración, desconoce la diferencia entre tocar y penetrar, enunciados en el recurso de apelación´. Ciudadanos Magistrados de esta honorable Sala de Casación Penal la, niña (identidad omitida ) expuso en la prueba anticipada que el señor Mario la toco, y el informe médico forense suscrito por el doctor Edgar Tenia, en su condición de médico forense, adscrito al SENAMECF, deja evidentemente plasmado que pudiéramos estar en presencia de un abuso sexual, sin embargo, no permite fundamentar el abuso sexual con penetración vía vaginal ya que el médico forense fue bien explícito al transcribir en su oportunidad legal y al deponer y ratificar en audiencia de juicio su experticia médico legal, ginecológico, ano rectal, donde establece lo siguiente Membrana himeneal: presente no desgarros orificio himeneal. Se difiere tacto digital área Vulvo vaginal se observa eritema inflamación vulvar en las conclusiones traumatismo vulvar, esta defensa no se explica cómo pudo el Juzgado de Primera Instancia y la Corte De Apelaciones declarar sin lugar nuestra denuncia e incurrir en la errónea interpretación de la diferencia entre tocar y penetrar de esta manera la Alzada confirma y Ratifica una vez más el desconocimiento e interpretación de los delitos de abuso sexual con penetración vía vaginal con el de abuso sexual sin penetración, ambas figuras consagradas en el artículo 259 de la Ley Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes , por el contrario trata de hacer ver que cuando se realizó la Medicatura forense habían transcurrido varios días, las lesiones desaparecen, lo que constituye una aberración jurídica , una bofetada a la inteligencia para quienes aquí recurrimos la apreciación dada por la Alzada, representa un atentado a las máximas de experiencias, a los conocimientos científicos, al sentido común y a la ciencia ya que la membrana himeneal no está sujeta a reconstrucción por los días de inactividad y el delito de abuso sexual no desaparece por el reposo de la víctima, son muchos los estudios publicados por médicos especialistas, ginecólogos, ginecobstetras que dejan por sentado que la membrana himeneal no se auto reconstruye, que las lesiones de carácter vaginal siempre van a estar presente aunque las victimas no tengan actividad sexual, siempre dejan secuelas, rasgos y evidencias de carácter de estudio y mucho más en una niña de esa edad. Respetables Magistrados de esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la Corte De Apelaciones debió de analizar nuestra consideración de denuncia, y concatenarlo con lo plasmado en la experticia médico forense y verificar que la experticia médico forense, favorece a nuestro representado, así como la denuncia realizada por la tía de la víctima, la prueba anticipada y el testimonio del capitán Roberto Simmons en su condición de máxima autoridad indígena en Canaima, en cambio lo que hizo fue utilizar las pruebas que lo exculpan a su favor para condenarlo, cuando lo procedente era que fuese imputado por el delito de abuso sexual específicamente por el delito de actos lascivos, consagrado en el primer aparte del artículo 259 de la Ley Para La Protección De Niños, Niñas y Adolescentes, en vista de que no estamos frente a un abuso sexual con penetración, sino frente a un delito mal llamado actos lascivos en todo caso, motivo por el cual el vicio radica desde el momento de la precalificación efectuada en la audiencia de presentación de nuestro representado ante el Tribunal de Control y se extiende en la audiencia preliminar al admitir el juzgado de control dicha calificación jurídica que ha lesionado los derechos de nuestro representado y que hasta la presente fecha continúa causando un gravamen irreparable. (sic).[Mayúsculas y negrillas del texto].
La Sala de Casación Penal, para resolver, observa:
Al igual que en la primera denuncia, los recurrentes, señalan la INFRACCIÓN DEL ARTICULO 452..., y esta, no puede ser denunciada en casación ya que el referido artículo está relacionado de forma exclusiva a los motivos en los cuales podrá fundarse, el recurso de casación, como se asentó anteriormente.
Por otra parte denuncian la, indebida aplicación del artículo 259 de la Ley para la protección del niño, niña y adolescentes. Ciudadanos Magistrados el Juzgado de Primera Instancia, ´no deduce de los delitos de abuso sexual con penetración vía vaginal con los de abuso sexual sin penetración, desconoce la diferencia entre tocar y penetrar, enunciados en el recurso de apelación´. (sic).
Al respecto, la Sala de Casación Penal ha establecido que la función de las Cortes de Apelaciones se circunscriben en verificar si el razonamiento utilizado, en este caso por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Bolívar, extensión Territorial Tumeremo, se atuvo a las reglas de valoración previstas en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. De manera que, al no atribuírsele a la Alzada la potestad de valorar las pruebas debatidas en juicio, no puede examinar las mismas con criterios propios, ni establecer o modificar los hechos acreditados por la primera instancia.
Al respecto, esta Sala en sentencia número 471, del 29 de septiembre de 2009, y ratificada por este Máxima Instancia, en sentencia número 6, del 6 de febrero del 2013, y en sentencia número 051 de fecha 23 de febrero de 2017, se indicó que la valoración de los medios probatorios y acreditación de los hechos controvertidos, no son censurables por los jueces de la Corte de Apelaciones ni por la Sala de Casación Penal, pues de acuerdo a los principios de oralidad, inmediación, concentración y contradicción, esta facultad es exclusiva de los jueces de juicio. Las Cortes de Apelaciones sólo podrán valorar pruebas cuando éstas se ofrezcan junto al recurso de apelación.
En consecuencia, y visto lo anterior esta Sala de Casación Penal considera que la infracción delatada por los recurrentes de indebida aplicación en cuanto al artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, no pudo ser infringida por la Alzada debido a que ésta no establece la calificación jurídica de los hechos, y dado que de su planteamiento se advierte que su objeción está dirigida a una supuesta contravención del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio (específicamente en cuanto al análisis de las pruebas y en lo que concierne a la responsabilidad penal de su defendida), esto es, con ocasión de los pronunciamientos relacionados con la valoración de los órganos de prueba, cuya certeza y credibilidad fueron debatidos en el juicio oral y plasmados en el referido fallo, atendiendo así a los principios de inmediación, concentración y contradicción.
En cuanto, a la actuación de los formalizantes que conllevan a que su recurso sea infundado, debido a la ausencia de un requisito esencial para su admisibilidad. No pudiendo la Sala de Casación Penal obviar este defecto sustancialmente evidente, ya que entraría en contradicción con las decisiones reiteradas de la misma, concediéndole un tratamiento privilegiado en relación con otros que han sido presentados de forma similar.
En mérito de lo señalado, lo ajustado a derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la Segunda denuncia del recurso de casación de conformidad con el artículo 457 en relación con el articulo 454 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
TERCERA DENUNCIA
Infracción del artículo 452 y artículo 151 del Código Orgánico Procesal Penal, por falta de aplicación del artículo 127, numerales 1, 4 y 12 del Código Orgánico Procesal Penal. Ciudadanos Magistrados, el tribunal de Alzada, al concluir en su dispositivo del fallo en el folio 103 y 104 que ´no es necesario la designación y juramentación del intérprete ´y en la parte in fine del folio 103 admite que la corte de apelaciones designo y juramento al intérprete Roberto Simmons consideración denunciada en el recurso de apelación´, actuó con incongruencia, violento el articulado de carácter constitucional consagrado, en el artículo 49, numerales 3 y 4. El Tribunal de Alzada, se contradice al desestimar nuestra denuncia sobre la prueba anticipada obtenida con vicios al decir que no se amerita designar y juramentar al intérprete y la corte transcribe el artículo 151 del Código Orgánico Procesal Penal; el idioma oficial es el castellano todos los actos del proceso se efectuaran en este idioma bajo pena de nulidad los o las que no conozcan el idioma castellano serán asistidos o asistidas por uno o más interpretes que designara el tribunal, ciudadanos Magistrados debemos señalar que el intérprete de la niña en la audiencia de la prueba anticipada no fue designada por el tribunal y, el día que se realizó la audiencia de la prueba anticipada la niña se encontraba en la comunidad de Canaima del Estado Bolívar con la supuesta interprete, supuesta a decir ya que desde la sede del tribunal de juicio se realizó una llamada telefónica vía Whatsapp donde la defensa no pudo observar si estaba presente la victima el intérprete o si la intérprete de la niña era la tía Salome Rivero, cuando lo procedente es que se realizará una video llamada, o en su defecto una video conferencia a fin de que los recurrentes pudiéramos observar quienes estaban declarando, si quienes declaraban estaban siendo manipulados, coaccionados o guiados, en vista de que estábamos en presencia de un juicio oral y privado, donde no se respetaron ciertos principios y garantías al celebrar una audiencia a ciegas violando el debido proceso, la tutela judicial efectiva. Ciudadanos Magistrados cabe destacar que la defensora publica que asistió a nuestro representado, efectivamente pertenece a una etnia indígena, sin embargo, esto no quiere decir que el tribunal no debió asignarle un intérprete del idioma PEMON-KARAMACOTO a nuestro representado motivo por el cual el Juzgado de primera instancia violento el artículo 49 constitucional en sus numerales 3 y 4 de manera reiterada y en consecuencia el artículo 04 de la Ley de Juramentos.
Respetables Magistrados existen en Venezuela 28 lenguas indígenas de las cuales haré mención de algunas, PEMON. WAYU, WARAO, YANOMAMI, KARIÑA, PIAPOCO KURRIPACO, WAYUNAKI, no todas las comunidades indígenas de Venezuela hablan el mismo idioma, situación por la cual consideramos los recurrentes que le fue vulnerado el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva a nuestro representado, le fueron violentadas garantías constitucionales, a oír y ser escuchado desde el momento de su aprehensión y ser presentado ante un juez sin un intérprete que hable su mismo idioma pemón karamacoto, tal como ocurrió en la audiencia de presentación de imputados y en la audiencia preliminar colocando a nuestro representado en total indefensión, lo que constituye una causal de nulidad, cuando lo ajustado a derecho era designar al intérprete del idioma Pemón Karamacoto ante el tribunal, motivo que consecuencialmente vulnera lo establecido en La Ley Orgánica De Pueblos y Comunidades Indígenas, en sus artículos 137 y 139 lo que genero vicios en la presente sentencia, sin poder comprender las razones por la cual la Alzada ha sido permisiva al consentir este tipo de violaciones con la declaratoria sin lugar de la apelación recurrida. (sic).[Mayúsculas y negrillas del texto].
La Sala de Casación Penal, para resolver, observa:
Nuevamente los recurrentes yerran, al señalar la INFRACCIÓN DEL ARTICULO 452..., y, esta, no puede ser denunciada en casación ya que el referido artículo está relacionado de forma exclusiva a los motivos en los cuales podrá fundarse, el recurso de casación, como se indico en las denuncias previas.
En esta tercera denuncia, los peticionantes, de forma desordenada, invocan como infringidos los artículo 151 del Código Orgánico Procesal Penal, por falta de aplicación del artículo 127, numerales 1, 4 y 12 del Código Orgánico Procesal Penal.(sic), siguen expresando en su denuncia que, Ciudadanos Magistrados, el tribunal de Alzada, al concluir en su dispositivo del fallo en el folio 103 y 104 que ´no es necesario la designación y juramentación del intérprete ´y en la parte in fine del folio 103 admite que la corte de apelaciones designo y juramento al intérprete Roberto Simmons consideración denunciada en el recurso de apelación´, actuó con incongruencia, violento el articulado de carácter constitucional consagrado, en el artículo 49, numerales 3 y 4.. (sic).
Ha dicho la Sala de Casación Penal, de manera consuetudinaria, que al alegar la falta de aplicación de varias normas, debe el recurrente hacerlo de manera separada, a los fines de que la Sala pueda deslindar en cada caso la falta de aplicación aducida, estando vedado a la Sala suplir la deficiencia de ese planteamiento.
Acorde con lo anterior, ha dicho la Sala, lo siguiente:
la recurrente señala la violación de diversas disposiciones legales, con una fundamentación común y omitiendo totalmente explicar en qué términos fueron infringidas dichas normas, en contravención a lo establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, que obliga al recurrente a indicar cómo fueron violentadas las disposiciones legales que denuncia y a fundamentar sus pretensiones de manera separada cuando alegue la infracción de diversas normas, todo lo cual denota múltiples errores de técnica recursiva, que no pueden ser suplidos ni subsanados por la Sala, por ser actuación propia del recurrente . (Sentencia 413 del 27/11/2013) (Subrayado de la Sala).
De igual forma ha sido repetitivo a lo largo del escrito casacional la falta de técnica recursiva expuestas por los recurrentes.
La Sala, ha sostenido en reiteradas oportunidades, entre estas en la sentencia N° 325 de fecha 5 de agosto de 2016, que:
las deficiencias en la fundamentación de las denuncias plasmadas en los escritos de casación, no pueden suplirse por la Sala de Casación Penal, ya que excedería las labores de esta instancia, a quien, no le es dado interpretar las pretensiones de quienes recurren .
En consecuencia, la presente denuncia también carece de la debida fundamentación, lo que hace forzoso para esta Sala, DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la Tercera denuncia del recurso de casación, por no cumplir con los requerimientos señalados en el artículo 454 en relación con el artículo 457 ambos del Código Orgánico Procesal Penal . Así se decide.
CUARTA DENUNCIA
Infracción del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, por errónea interpretación. Al concluir en su dispositivo del fallo en el folio 104 en su parte in fine del dispositivo del fallo donde la corte de apelaciones de manera incongruente da valor probatorio al informe médico del ambulatorio rural tipo II kanaimo y pone en duda la experticia médico forense. Ciudadanos Magistrados en el folio 104 de la parte in fine de la dispositiva del fallo la corte de apelaciones declara sin lugar nuestra consideración de denuncia e incurre en la errónea interpretación al plantear la manipulación de órganos genitales darle valor probatorio a la primera evaluación médica del 24 de septiembre de 2020 dos días siguientes a la ocurrencia de los hechos, hasta el día que se realiza la Experticia Médico Forense al 02 de octubre de 2020 habiendo transcurrido 10 días continuos no pudiendo así contar la niña para el día de la experticia Médico Forense con las mismas lesiones sintomáticas que se suscribieron para el momento que se evalúa en el ambulatorio rural tipo II kanaimo, realizada por la medico pasante o denominadas R8 que no son especialistas. Respetados Magistrados de esta honorable Sala de Casación Penal La Corte de Apelaciones de Delitos De Violencia Contra Mujer Con Sede en Puerto Ordaz del Estado Bolívar pretende jugar con nuestra inteligencia al hacer creer que por haber transcurrido varios días los síntomas cambiaron, la corte de apelaciones pretende hacer ver que al pasar los días la membrana himeneal, se reconstruyo o apareció días después, o que en la primera evaluación realizada a la niña no estaba presente la membrana himeneal y ahora si está presente la membrana himeneal, ciudadanos magistrados, consideramos los recurrentes que esa ilogicidad de interpretación de la corte de apelación en materia delitos de violencia contra la mujer con sede en puerto Ordaz del Estado Bolívar incurre en una errónea interpretación el cual modifica el fallo de manera sustancial, colocando en tela de juicio las máximas de experiencias, la lógica y la sana critica de la cual deben estar investidas las Cortes. (sic).[Mayúsculas y negrillas del texto].
La Sala de Casación Penal, para resolver, observa:
Insisten los recurrentes, al señalar la INFRACCIÓN DEL ARTICULO 452..., y, esta, no puede ser denunciada en casación ya que el referido artículo está relacionado de forma exclusiva a los motivos en los cuales podrá fundarse, el recurso de casación.
Los impugnantes en esta cuarta denuncia, manifiestan lo siguiente, errónea interpretación. Al concluir en su dispositivo del fallo en el folio 104 en su parte in fine del dispositivo del fallo donde la corte de apelaciones de manera incongruente da valor probatorio al informe médico del ambulatorio rural tipo II kanaimo y pone en duda la experticia médico forense. (sic).
En este orden de ideas, es de acotar que la infracción por errónea interpretación de una norma penal, se materializa cuando el juez o la jueza aun conociendo la existencia y validez de una disposición apropiada al caso, eligiéndola acertadamente, equivoca el sentido en su alcance general y abstracto, es decir, cuando no le da el verdadero significado, haciendo derivar de ella, consecuencias que no concuerdan con su contenido.
Sobre este particular, la Sala de Casación Penal ha decidido de manera reiterada que, para denunciar en casación la errónea interpretación de una norma, debe ponerse de manifiesto lo siguiente:
en primer lugar, cuál fue la interpretación dada a la misma, por qué fue erradamente interpretada, cual es la interpretación, que a juicio del denunciante, debe dársele y cuál es la relevancia o influencia que tiene el vicio en el dispositivo del fallo, a los fines de poder determinar si efectivamente, éste afectó de manera determinante la resolución del caso que hiciera procedente su declaratoria o constituyó la violación de algún derecho o garantía legal o constitucional. . (Sentencia número 042, del 1° de febrero de 2016).
Ahora bien, vista la pretensión aludida por los peticionarios, al obviar la precisión y diafanidad que debe regir la fundamentación del recurso extraordinario de casación, en especial en cuanto al vicio de errónea interpretación, no cumple con su deber de señalar, cual norma de carácter sustantiva o constitucional, ha debido ser interpretada, solo se limitan en indicar, errónea interpretación. Al concluir en su dispositivo del fallo en el folio 104 en su parte in fine del dispositivo del fallo. , requerimiento necesario para determinar la influencia de la presunta violación en el fallo, lo que impide a la Sala realizar un correcto análisis y encontrar una acertada solución a la situación planteada en la presente denuncia, evidenciándose una total y absoluta falta de técnica recursiva.
Por lo que, procedente y ajustado a derecho, de acuerdo a lo previsto en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal es, DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA, la Cuarta denuncia del recurso de casación, por no cumplir con los requerimientos señalados en el artículo 454, eiusdem. Así se decide.
DECISIÓN
Por lo antes expuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el Recurso de Casación, interpuesto por los abogados David José Páez Martínez y Jennis Josefina Reyes Chávez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 143.614 y 165.903, respectivamente, actuando como defensores privados del ciudadano MARIO MARCIAL PÉREZ FRANCO, contra la decisión dictada en fecha 25 de abril de 2023, por la Corte de Apelaciones en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Sur del estado Bolívar, sede Puerto Ordaz, que declaró Sin Lugar el recurso de apelación de sentencia, interpuesto por los precitados abogados, contra la decisión pronunciada en audiencia de fecha 27 de julio de 2022, y publicada en su texto íntegro en fecha 3 de agosto de 2023, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del estado Bolívar, extensión Territorial Tumeremo, mediante la cual PRIMERO: Este Juzgado dicta Sentencia Definitiva la cual Condena al Ciudadano MARIO MARCIAL PÉREZ FRANCO a cumplir la pena de VEINTITRES (23) AÑOS y CUATRO (04) MESES, en virtud de haberlo hallado culpable de la comisión del delito de ABUSO SEXUAL A NIÑA CON PENETRACIÓN VAGINAL, tipificado en el artículo 289 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cometido en perjuicio de la niña CDMR DE SIETE AÑOS DE EDAD, CUYOS DATOS SE OMITEN POR RAZON DE LEY.- SEGUNDO: Por cuanto se ha impuesto una pena corporal que excede de cinco (05) años de prisión es necesario mantener la medida privativa de libertad bajo la cual enfrentó el referido ciudadano el proceso y en tal virtud de ordena como sitio de reclusión el Centro Penitenciario de Oriente ´El Dorado´. TERCERO: En virtud de la condena impuesta al acusado MARIO MARCIAL PÉREZ FRANCO, plenamente identificado en autos, a sufrir la pena accesoria a que se contrae el artículo 82 ordinal 2° de Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como lo es la inhabilitación política mientras dure la pena. Así se decide (sic). [Mayúsculas y negrillas del texto], por no cumplirse los requisitos de ley, de conformidad con el artículo 457 en relación con el artículo 454, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.
Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase el expediente
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023). Años: 213° de la Independencia y 164° de la Federación.
La Magistrada Presidenta,
ELSA JANETH GÓMEZ MORENO
(Ponente)
La Magistrada Vicepresidenta, El Magistrado,
CARMEN MARISELA CASTRO GILLY MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
La Secretaria,
ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA
EJMG
Exp. N° AA30-P-2023-000280
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias