Sentencia N.º 1101
- Sentencia
- N.º 1101
- Fecha
- 15/12/2016
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 16-0812
- Ponente
- Gladys María Gutiérrez Alvarado
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrada Ponente: GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Consta en autos, que el 11 de agosto de 2016, el abogado Carlos Eduardo García Núñez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 27.986, en su condición de apoderado judicial de CORCORAN, C.A., sociedad mercantil constituida y domiciliada en Lecherías-Estado Anzoátegui, inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 20 de febrero de 2003, bajo el n.° 27 del Tomo A-44, intentó, ante esta Sala, amparo constitucional contra la sentencia definitiva dictada el 17 de marzo de 2016 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que declaró inadmisible la demanda por nulidad y retracto legal arrendaticio interpuesta la agraviada contra INVERSIONES LEOMBRUNO, C. A, en su condición de arrendadora y vendedora del inmueble objeto del presente juicio y contra Inversiones SIRIMIRE, C.A. en su condición de tercero y compradora del inmueble; y en consecuencia se declaró la nulidad de todo lo actuado; para cuya fundamentación denunció la violación a los derechos de su patrocinada a la tutela judicial efectiva, al derecho de acción o de acceso a la jurisdicción y el principio pro actionae, así como los principios de buena fe, confianza legítima o expectativa plausible y de seguridad jurídica preceptuados en los artículos 49, 26 y 299, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 16 de agosto de 2016 y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
I
FUNDAMENTOS DE LA ACCION DE AMPARO
Expone el apoderado judicial de la parte accionante como fundamento de su pretensión de amparo lo siguiente:
Que el 22 de junio de 2011, [n]uestra mandante demandó a las sociedades mercantiles INVERSIONES LEOMBRUNO, C.A. e INVERSIONES SIRIMIRE, C.A. para que convinieran en que CORCORAN, C.A., por haber cumplido todos los requisitos establecidos en la Ley de arrendamientos inmobiliarios, tenía el derecho de retracto arrendaticio sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento que mantenía con INVERSIONES LEOMBRUNO C.A. (en lo adelante mencionada simplemente como LEOMBRUNO) y que, en consecuencia, tenía el derecho de subrogarse en el lugar del comprador, en las mismas condiciones estipuladas en la venta de dicho inmueble que esta última había hecho a la sociedad mercantil INVERSIONES SIRIMIRE, C.A. (a la que me referiré como SIRIMIRE), mediante el pago de la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,00), precio estipulado en la operación de compraventa que consta de documento inscrito en la oficina de Registro Público del Municipio Lic. Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui el 20 de mayo de 2011, bajo el número 2011.590, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el número 250.2.17.2.1413 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2011.
Que el 28 de Julio de 2011, CORCORAN reformó su libelo de demanda, señalando que después de haber introducido la demanda, se enteró que mediante documento protocolizado en el Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui el 19 de julio de 2011, anotado bajo el número 31, folios 182 del Tomo 11 del Protocolo de Transcripción del presente año, LEOMBRUNO y SIRIMIRE acordaron rescindir de mutuo y amistoso acuerdo la compraventa del lote No. 4 del Centro Comercial Invelca, es decir, el local arrendado a CORCORAN, y sobre el cual ésta tenía ya ejercida la acción de retracto legal arrendaticio, argumentando que no cabía duda acerca de que el propósito de esa resolución del contrato de venta del inmueble alquilado a mi representada es el de menoscabar su derecho de retracto, cuestión que está prohibida por el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y que sanciona con la nulidad absoluta el acuerdo de resolución alcanzado por los demandados , por lo que procedió a demandar, como pretensión principal, que se declarara la nulidad del contrato de rescisión y consecuencialmente, que CORCORAN tenía el derecho de retracto legal arrendaticio sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento y el derecho de subrogarse en las mismas condiciones estipuladas en el contrato de compraventa, en el lugar de la compradora SIRIMIRE, mediante el pago del precio estipulado, y subsidiariamente, para el caso de que la pretensión principal fuere declarada improcedente, pidió se declarare que el acuerdo de rescisión comportó la transmisión del derecho de propiedad de SIRIMIRE a LEOMBRUNO y como consecuencia de ello CORCORAN tenía el derecho de retracto legal arrendaticio sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento y el derecho de subrogarse en las mismas condiciones estipuladas en dicho contrato de transmisión de propiedad, en el lugar de la retrocompradora LEOMBRUNO, mediante el pago del precio estipulado.
Que el ...seis de febrero del 2012, LEOMBRUNO y SIRIMIRE contestaron la demanda propuesta, fundamentando su defensa en la falta de cualidad e interés de CORCORÁN para intentar y sostener el juicio, por considerar que el contrato de compraventa efectuado entre los demandados había sido rescindido, por lo tanto, al no existir interés actual, no era procedente la acción propuesta, solicitando que por capítulo previo a la sentencia definitiva fuera declarada inadmisible la demanda.
Que [e]l tres de abril de 2012, el Tribunal del Municipio Diego Bautista Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declaró CON LUGAR la demanda propuesta por CORCORAN y, en consecuencia, declaró nulo el acuerdo de rescisión del contrato de compraventa suscrito entre LEOMBRUNO como vendedora y SIRIMIRE como compradora, y declaró que CORCORAN tenía el derecho al retracto legal arrendaticio sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento.
Que contra la anterior decisión fue ejercido recurso de apelación por ambas demandadas, y, el 7 de junio de 2012, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui dictó sentencia en alzada en el expediente BP02-R-2012-000261, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación y sin lugar la demanda incoada por CORCORAN.
Que [e]n vista de las diversas violaciones constitucionales de que adolecía la sentencia de siete de junio de 2012, el 19 de mayo de 2015 CORCORAN solicitó la revisión de la constitucionalidad de la referida decisión
Que la revisión de la constitucionalidad de la decisión de siete de julio de 2012 fue sustanciada en el expediente 2015-0571. El 23 de julio de 2015 esa Sala Constitucional dictó sentencia declarando:
1.- HA LUGAR a la solicitud de revisión constitucional que interpuso CORCORAN C.A. contra la sentencia que expidió el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui el 7 de junio de 2012.
2.- ANULA el acto decisorio objeto de revisión. En consecuencia, REPONE la causa al estado en que el Tribunal Superior Civil y Mercantil del estado Anzoátegui, a quien corresponda por distribución, juzgue, nuevamente, en atención al criterio que se establece en el presente acto de juzgamiento, sobre el recurso de apelación respectivo .
Que conforme a la orden impartida por esa Sala Constitucional, un juzgado superior con competencia en materia civil y mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, distinto al que conoció la causa en segunda instancia, debía resolver el recurso de apelación que fue interpuesto en contra de la decisión que dictó el Juzgado de Municipio Diego Bautista Urbaneja de la misma Circunscripción Judicial el tres de abril de 2012, tomando en cuenta el criterio asentado por esa Sala en su sentencia 965, dictada el 23 de julio de 2015 en el expediente 2015-0571, es decir, dicho tribunal debió hacer un estudio pormenorizado de los hechos y de las pruebas producidas en el expediente de la causa principal, a fin de emitir una sentencia congruente y ajustada a derecho, sin incurrir en la incongruencia denunciada ( que se había demandado la nulidad de la venta, cuando en realidad se demandó la nulidad de la rescisión de esa venta), pero como veremos- ello no fue así, porque el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui que devino competente, el 17 de marzo de 2016 dictó una decisión en el expediente BP02-R-2015-000484, que no se apega al modelo constitucional, ni atiende al criterio ya emitido por esta Sala Constitucional, lesionando de esta manera los principios, derechos y garantías constitucionales de CORCORAN a la tutela judicial efectiva, de acción o acceso a la jurisdicción, de buena fe, de confianza legítima y de seguridad jurídica.
Que [d]e una simple lectura de la sentencia denunciada, proferida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en el expediente BP02-R-2015-000484,en fecha 17 de marzo de 2016, como consecuencia del reenvío ordenado por esa Sala Constitucional en su sentencia identificada con el número 965, dictada el 23 de julio de 2015 en el expediente 2015-0571, podemos percatarnos que deviene en una actuación claramente reprochable y censurable desde el punto de vista constitucional, toda vez que se apartó de los postulados contenidos en la propia sentencia 965 cuando inadmitió in limine litis la pretensión de retracto legal sin realizar el estudio pormenorizado de los hechos y de las pruebas producidas en el expediente ( ) para una congruente y ajustada a derecho resolución de la causa, tal como le fue ordenado en la referida sentencia 965, ya que CORCORAN cumplió con los requisitos de procedencia de la acción por retracto legal arrendaticio, lo que había corroborado el juez de aquella decisión, y solo faltaba pronunciarse sobre la procedencia de la nulidad de la rescisión de la venta.
Que el nuevo tribunal competente siguiendo el criterio vertido por esa Sala en la sentencia 965 del 23 de julio de 2015, estaba obligado a decidir los aspectos del thema decidendum que no habían sido abordados en la decisión revisada haciendo un estudio pormenorizado de los hechos y de las pruebas producidas en el expediente ( ) para una congruente y ajustada a derecho resolución de la causa, es decir, que en vista a que CORCORAN cumplió con los requisitos de procedencia de la acción por retracto legal arrendaticio lo que había corroborado el juez de aquella decisión, debía pronunciarse sobre la procedencia de la nulidad de la rescisión de la venta, sin incurrir en la incongruencia de sostener que lo que se había demandado era la nulidad de la venta. Sin embargo, claramente eso no fue hecho por el juzgado a quo, quien terminó apartándose de lo ordenado por esa Sala, desacatando una sentencia de la misma.
( )
Que CORCORAN esperaba así como todos los habitantes del país- que una decisión de la Sala Constitucional sea ejecutada.
Que [t]ranspolando la noción de confianza legítima o expectativa plausible al caso que nos ocupa, tenemos que CORCORAN esperaba que, luego de dictada la sentencia de esa Sala Constitucional, el tribunal competente dictaría una sentencia de reenvío apegada a las instrucciones de esa Sala, sin embargo ello no fue así. La agraviada tenía una expectativa plausible de que obtendría justicia, una vez que esa Sala revisara el asunto, que la sentencia sería cumplida por su destinatario, que sería ejecutada, pero no fue así. En este caso, al irrespetarse la decisión de esa Sala se ha menoscabado el principio de seguridad jurídica.
Que [c]onforme a la doctrina jurisprudencial de esa Sala Constitucional, los vicios de que adolece una sentencia, derivados de errores de juzgamiento sobre la aplicabilidad o interpretación de las normas legales, únicamente tienen relevancia constitucional en la medida en que dichos yerros hagan nugatorios derechos o garantías de esa misma estirpe .
Que el tribunal que dictó la sentencia en reenvío afirmó en el fallo que causa el agravio, que la acción interpuesta no era admisible, habida cuenta que CORCORAN incumplió con uno de los presupuestos procesales para la admisibilidad de la acción ejercida, cual es, que el retracto legal arrendaticio no procede en los casos de enajenación o transferencia global de la propiedad .
Que [t]al error de juzgamiento, consistente en afirmar que CORCORAN carece de cualidad para ejercer la acción, habida cuenta que el inmueble arrendado fue enajenado junto con otro inmueble, comporta la violación de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y a la acción, tal y como lo manifestó esa misma Sala en sentencia 708 del 10 de mayo de 2001, dictada en el expediente 2000-1683, caso: Juan Adolfo Guevara y otros .
Que [c]onsta en el documento autenticado por la Notaría Pública de Lechería, en fecha nueve de noviembre de 2010, anotado bajo el número 22 del Tomo 209 de los Libros de Autenticaciones respectivos, que CORCORAN arrendó a LEOMBRUNO un inmueble constituido por un local comercial distinguido con el número 4, con un área aproximada de doscientos veinte metros cuadrados (220m2), ubicado en la Calle Arismendi, detrás del Conjunto Residencial Vista Mar, en la ciudad de Lechería, Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, con los siguientes linderos: Norte: con local comercial donde opera la sociedad mercantil Inversiones Italvene, C.A., LOCAL No. 3; Sur: con vía de acceso al área de estacionamiento general; Este: con área de estacionamiento general y circulación interna de vehículos; y, Oeste: su frente, con estacionamiento general de la Calle Arismendi. No obstante, dicha relación arrendaticia data de al menos el 25 de septiembre de 2005.
Que [c]onforme a documento protocolizado en la Oficina de Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, en fecha 17 de febrero de 2011, bajo el número 43, folio 267, Tomo 2 del Protocolo de Transcripción correspondiente al año 2011, es decir, durante la ejecución de la relación arrendaticia, LEOMBRUNO destinó un inmueble de su propiedad, constituido por una parcela de terreno y por la edificación fomentada sobre ella, que denominó en su conjunto Centro Comercial Invelca, a la enajenación conforme a las previsiones normativas contenidas en la Ley de Venta de parcelas.
Que [d]e acuerdo al documento protocolizado en la mencionada oficina de registro el 20 de mayo de 2011, inserto bajo el número 2011.590, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el No. 250.2.17.2.1413 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2011, LEOMBRUNO dio en venta a SIRIMIRE un inmueble constituido por una parcela y el local comercial sobre ella construido, ubicado en el Centro Comercial Invelca, situado en la Calle Arismendi, Sector Vistamar, de la ciudad de Lechería, en jurisdicción del Municipio Turístico El Morro Lic. Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, e identificado como Lote No. 04, conformado por una parcela con una superficie de cuatrocientos cuarenta y dos metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados (442,20 m2) y un local comercial identificado con el número 04 con una superficie de doscientos quince metros cuadrados con cincuenta y un decímetros (215,51 m2), fomentado sobre ella. Los linderos particulares del Lote No. 04 son los siguientes: Norte: con canal de drenaje; Sur: con Calle Arismendi; Este: con parcela de terreno que es o fue de Inver-Oriente, S.A.; y, Oeste: con el Lote No. 03.
Que consta en carta misiva remitida por LEOMBRUNO a CORCORAN, recibida por su destinataria el 13 de junio de 2011, que LEOMBRUNO comunicó a CORCORAN que adjudicó a sus socios los locales que le correspondían en el Centro Cormecial Invelca, en una sola operación. Todo lo demás lesiona derechos de orden público y por ende, irrenunciables de CORCORAN.
Que [n]o procede tal defensa en el sentido en que la afirmó el juez de la agraviante, pretendiendo que la venta del terreno y de la edificación construida sobre él, modifica la situación de CORCORAN. He allí el error de juzgamiento: sostener que la venta fue global porque incluyó el terreno sobre el cual está edificado el local número 4, cuando tal defensa solo prospera si la enajenación hubiere comportado la venta de todo el Centro Comercial a SIRIMIRE, así como para tranquilidad del juez que causó el agravio del terreno sobre el cual está construido.
Que [t]al declaratoria de inadmisibilidad menoscaba no solo el derecho de acción en consecuencia, la tutela judicial efectiva, sino el principio pro accionae, como lo afirma la Sala Constitucional en su sentencia 2229, dictada el 20 de septiembre de 2002 en el expediente 2001-2744, caso: Pesajes del Puerto, C.A. y otros, porque impide el derecho de acceso a la jurisdicción: .
Que solicita se DECLARE CON LUGAR la presente pretensión de amparo constitucional y, por ende, se declare la nulidad de la sentencia dictada en apelación por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 17 de marzo de 2016, en el expediente identificado como BP02-R-2015-000484, y, en consecuencia, se restablezca la situación jurídica infringida, declarándose que CORCORAN C.A. tiene el derecho de retracto legal arrendaticio sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento antes identificado y tiene derecho a subrogarse en las mismas condiciones estipuladas en el contrato de compraventa, en el lugar de la compradora INVERSIONES SIRIMIRE, C.A., y que, para el evento que no proceda la forma señalada, por causa de las infracciones delatadas, restablezca la situación jurídica infringida, mediante la reposición de la causa al estado en que el juzgado superior a quien corresponda decidir nuevamente, dicte un nuevo fallo con apego a las garantías constitucionales y procesales que invoco en el presente acto.
II
DE LA SENTENCIA ACCIONADA
El fallo denunciado como lesivo lo constituye la sentencia dictada el 17 de marzo de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el cual conociendo en alzada, por efecto de un recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandada en el juicio que por nulidad de contrato de rescisión y retracto legal arrendaticio interpusiera la hoy accionante contra Inversiones Simirire C.A. e Inversiones Lombruno C.A., en la cual se declaró con lugar la demanda interpuesta.
Esta alzada pasa a plantear el siguiente punto previo bajo las consideraciones siguientes:
Los artículos 42, 43, 44 y 49 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, establecen:
Artículo 42: La preferencia ofertiva es el derecho que tiene el arrendatario para que se le ofrezca en venta, en primer lugar y con preferencia a cualquier tercero, el inmueble que ocupa en tal condición de arrendatario. Sólo será acreedor de la preferencia ofertiva, el arrendatario que tenga más de dos (2) años como tal, siempre que se encuentre solvente en el pago de los cánones de arrendamiento y satisfaga las aspiraciones del propietario.
Artículo 43: El retracto legal arrendaticio es el derecho que tiene el arrendatario de subrogarse, en las mismas condiciones estipuladas en el instrumento traslativo de la propiedad, en el lugar de quien adquiere el inmueble arrendado por cualquier acto que comporte la transmisión del derecho de propiedad. Para ejercer este derecho, el arrendatario debe cumplir con las condiciones establecidas en el artículo anterior.
Artículo 44: A los fines del ejercicio del derecho preferente, el propietario deberá notificar al arrendatario, mediante documento auténtico, su manifestación de voluntad de vender. En dicha notificación se deberá indicar el precio, condiciones y modalidades de la negociación.
Artículo 49: El retracto legal arrendaticio no procederá en los casos de enajenación o transferencia global de la propiedad del inmueble del cual forme parte la vivienda, oficina o local arrendado.
El artículo 4 del Código Civil establece:
A la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador.
Cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas; y, si hubiere todavía dudas, se aplicaran los principios generales del derecho .
Tenemos entonces, que el artículo 49 ejusdem, no deja lugar a dudas sobre lo que allí se establece, siendo su redacción concluyente, referente a que no procede el retracto legal arrendaticio en los supuestos en que el inmueble enajenado constituya parte de un todo y la venta se esté produciendo en relación a ese todo.
Se considera oportuno en este punto del fallo traer a colación decisión de fecha veintitrés (23) días del mes de mayo de dos mil doce, dictada en la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, Exp. AA20-C-2011-000741, caso retracto legal arrendaticio, incoado por el ciudadano CARLOS HUMBERTO RÍOS LÓPEZ, donde se estableció lo siguiente:
En este sentido, cabe reiterar igualmente que la ley es terminante al establecer que no procede el retracto legal arrendaticio en los casos de enajenación o transferencia global de la propiedad del inmueble del cual forme para la vivienda, oficina o local arrendado, por lo que al haber establecido la recurrida que no le asistía dicho derecho al arrendatario por haberse transferido la totalidad del bien en forma global, siendo que el tan sólo ocupa una parte del mismo, ninguna influencia o relevancia tendía la valoración de las pruebas denunciadas como silenciadas por el formalizante, toda vez que la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda tuvo lugar como consecuencia de haberse establecido la existencia de una venta global o en bloque de un inmueble de mayor extensión al arrendado por el demandante, con otros documentos distintos a los señalados por el formalizante, tal como se evidencia de la trascripción que de la recurrida se hizo en la resolución de la primera denuncia, la cual se da aquí por reproducida, todo lo cual conduce a la desestimación de las denuncias planteadas. Así se decide
.
Subsumiendo todo lo anterior, al caso bajo análisis se observa en el presente caso lo siguiente:
1) el objeto del arrendamiento según los contratos consignados a los autos, lo constituye un local comercial distinguido con el número 4, con un área aproximada de doscientos veinte metros cuadrados (220 m2) ubicado en la Calle Arismendi, detrás del Conjunto Residencial Vista Mar, en la ciudad de Lechería, Municipio Lic. Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui.
2) La arrendadora INVERSIONES LEOMBRUNO, dio en venta a INVERSIONES SIRIMIRE, C.A., en fecha 20 de mayo de 2011, mediante documento inscrito bajo el número 2011.590, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el Nº 250.2.17.2.1413, por ante la oficina de Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui; de dicho documento se extrae lo siguiente: nuestra representada da en venta pura y simple, perfecta e irrevocable un inmueble constituido por una parcela y el local comercial sobre ella construido identificado de la siguiente manera; LOTE Nº 04, este inmueble (parcela) cuenta con un área total de Cuatrocientos Cuarenta y Dos Metros Cuadrados con Diez Decímetros Cuadrados (442,10 M2), y sobre ella se encuentra levantado un local comercial identificado como Local Comercial Nº 4 .
De lo anterior se deduce de forma clara, que la venta realizada por la empresa INVERSIONES LEOMBRUNO, no solo se refirió al local comercial dado en arrendamiento, sino también a la parcela constituida por un área total de Cuatrocientos Cuarenta y Dos Metros Cuadrados con Diez Decímetros Cuadrados (442,10 M2), donde se encuentra levantado dicho local comercial identificado Nº 4; por lo que si bien es cierto que el bien arrendado se encuentra construido sobre la parcela, no es menos cierto que el terreno cuenta con una extensión mucho mayor que el bien arrendado.
Es indudable entonces, que el artículo 49 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, no otorga cualidad para el ejercicio del retracto legal arrendaticio al arrendatario que no lo es de la totalidad del inmueble, cuando la enajenación o transferencia de la propiedad del inmueble del cual forma parte el local arrendado se haya realizado en forma global, lo que fehacientemente ocurrió en el presente caso; no naciendo en consecuencia derecho alguno de retracto legal para la parte actora, así como tampoco nace para el demandado la obligación de ofrecerle en venta el inmueble constituido por una parcela con un área total de Cuatrocientos Cuarenta y Dos Metros Cuadrados con Diez Decímetros Cuadrados (442,10 M2), donde se encuentra levantado el local arrendado identificado Nº 4, ya que, la parcela y el local integran un todo proindiviso; por lo que resulta forzoso declarar INADMISIBLE la presente demanda, tal como se determinará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
VI
DECISIÓN:
Por todas las razones expuestas, este Tribunal Superior, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la demanda por NULIDAD y RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO incoado por CORCORAN, C.A., Sociedad Mercantil, domiciliada en lechería, e inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 20 de febrero de 2003, bajo el Nº 27, Tomo A-44, contra INVERSIONES LEOMBRUNO, C. A, Sociedad Mercantil, domiciliada en lechería, e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 14 de mayo de 1991, bajo el Nº 41, Tomo A-27 y última modificación, inscrita el 4 de agosto de 2.010, bajo el Nº 55, Tomo 26-ARM1ROBAR; en su condición de arrendadora y vendedora del inmueble objeto del presente juicio y contra la Sociedad Mercantil Inversiones SIRIMIRE, C.A; inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº J-29984066-1 y cuyo acta constitutiva estatutaria fue inscrita en fecha 10 de septiembre de 2010, por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial, bajo el Nº 57, Tomo 33-A RM1ROBAR, en su condición de tercero y compradora del inmueble; en consecuencia se declara asimismo, la nulidad de todo lo actuado.
Queda así REVOCADA la sentencia apelada, dictada en fecha 03 de abril de 2012, por el Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Simón Bolívar, Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
III
DE LA DECLARATORIA DE MERO DERECHO
Previo a cualquier consideración, esta Sala observa lo siguiente:
Esta Sala Constitucional, en sentencia n.° 993 del 16 de julio de 2013, caso: Daniel Guédez Hernández, asentó criterio vinculante respecto a la procedencia in limine litis de aquellos casos de acciones de amparo constitucional interpuestas contra decisión judicial, cuando el asunto fuere de mero derecho, en los términos siguientes:
En la sentencia N° 7, del 1° de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía), la Sala ajustó a la nueva Carta Magna el procedimiento de amparo constitucional, de la siguiente manera:
[ ]
2.- Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se emitió el fallo, inmediatamente a su recepción, se notificará al juez o encargado del Tribunal, así como a las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia.
Las partes del juicio donde se dictó el fallo impugnado podrán hacerse partes, en el proceso de amparo, antes y aún dentro de la audiencia pública, mas no después, sin necesidad de probar su interés. Los terceros coadyuvantes deberán demostrar su interés legítimo y directo para intervenir en los procesos de amparo de cualquier clase antes de la audiencia pública.
La falta de comparecencia del Juez que dicte el fallo impugnado o de quien esté a cargo del Tribunal, no significará aceptación de los hechos, y el órgano que conoce del amparo, examinará la decisión impugnada.
[ ]
Por lo tanto, la exigencia de la celebración de la audiencia oral, a juicio de la Sala en realidad se justifica en aquellos procedimientos de amparo constitucional en los cuales debe oírse ineludiblemente a las partes intervinientes, lo que coincide además con lo señalado en el artículo 49.3 constitucional que establece: [t]oda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso. Sin embargo, en los casos en los cuales se interponga una demanda de amparo contra una decisión judicial, la Sala estableció que la falta de comparecencia a la audiencia oral del Juez o de los Jueces que dictaron la sentencia considerada como lesiva no significa la aceptación de los hechos, toda vez que el pronunciamiento judicial adversado se basta por sí solo para contradecir los alegatos plasmados en la solicitud de amparo, por lo que el derecho a la defensa de dichos funcionarios judiciales, en este supuesto, no se encuentra cercenado.
[ ]
Así pues, tanto la acción de amparo como el derecho al amparo llevan implícita la celeridad y el restablecimiento inmediato de la situación jurídica lesionada constitucionalmente, razón por la cual el artículo 27 constitucional, conforme con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, refieren que la autoridad judicial competente tendrá la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella; de allí que pueda o no hacerse exigible el contradictorio en el procedimiento de amparo, dependiendo ello del hecho de que el juez constitucional estime el procedimiento más conveniente para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida que es lo medular en la vía del amparo; si ello no fuese así, el amparo carecería de eficacia. Por lo tanto, cuando el mandamiento de amparo se fundamente en un medio de prueba fehaciente constitutivo de presunción grave de la violación constitucional, debe repararse inmediatamente, en forma definitiva, y sin dilaciones la situación infringida, sin que se haga necesario abrir el contradictorio, el cual, sólo en caso de duda o de hechos controvertidos, justificará la realización de una audiencia oral contradictoria. Si ello no fuera así se desvirtuaría la inmediatez y eficacia del amparo.
En efecto, existen situaciones de mero derecho o de tan obvia violación constitucional que pueden ser resueltas con inmediatez y sin necesidad del previo debate contradictorio porque se hace obvia igualmente la situación jurídica infringida; ¿por qué demorar entonces la restitución de los derechos constitucionales infringidos?
La Sala considera que el procedimiento de amparo constitucional, en aras de la celeridad, inmediatez, urgencia y gravedad del derecho constitucional infringido debe ser distinto, cuando se discute un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo para decidir la controversia constitucional. En estos casos, a juicio de la Sala, no es necesario celebrar la audiencia oral, toda vez que lo alegado con la solicitud del amparo y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento en que se incoa la demanda, es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva.
[ ]
De modo que, condicionar la resolución del fondo del amparo a la celebración de la audiencia oral sería inútil en aquellos casos en los cuales se intenta el amparo contra una decisión judicial por un asunto de mero derecho o de obvia violación constitucional, toda vez que ello ocasionaría la violación del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 eiusdem, que se concreta en materia de amparo constitucional en el artículo 27ibidem, debido a que el Estado no garantizaría, en estos casos, una justicia expedita.
Por lo tanto, a pesar de que en anterior oportunidad la Sala, con base en la necesidad de celebrar la audiencia oral contradictoria, negó una solicitud de declaratoria de mero derecho en un procedimiento de amparo (vid. sentencia N° 988 del 15 de octubre de 2010, caso: Clarense Daniel Rusian Pérez), se impone en el presente caso un complemento de la sentencia N° 7/2000 y se establece, con carácter vinculante, que, en las demandas de amparos en las cuales se ventile la resolución de un punto de mero derecho, el Juez constitucional podrá, en la oportunidad de la admisión de la solicitud de amparo, decretar el caso como de mero derecho y pasar a dictar, sin necesidad de convocar y celebrar la audiencia oral, la decisión de fondo que permita restablecer inmediatamente y en forma definitiva la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Así se establece .
Ahora bien, con posterioridad a dicho fallo vinculante, esta Sala Constitucional, en sentencia n.° 609, del 3 de junio de 2014 caso: Laurencio Grimón, declaró procedente in limine litis, una acción de amparo constitucional que había sido admitida previamente, en la cual no se había realizado la audiencia constitucional, visto que el asunto no requería del contradictorio para ser resuelto, a objeto de garantizar el restablecimiento efectivo de la situación jurídica infringida.
Así pues, en el presente caso, estamos en presencia de un asunto de mero derecho, ya que las denuncias efectuadas versan sobre la existencia de lesiones de orden constitucional a los derechos a la tutela judicial efectiva, derecho de acción o de acceso a la jurisdicción y el principio pro actionae, así como los principios de buena fe, confianza legítima o expectativa plausible y de seguridad jurídica, producto de la falta de cumplimiento del debido análisis y valoración probatorio respecto de las pruebas adquiridas en el proceso, presuntamente generado por parte del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en el juicio que por nulidad de contrato de rescisión y retracto legal arrendaticio interpusiera la hoy accionante contra Inversiones Simirire C.A. e Inversiones Lombruno C.A., toda vez que lo señalado en la solicitud de amparo y el contenido de las actas cursantes en el presente expediente constituyen elementos suficientes para que la Sala se pronuncie inmediatamente, con prescindencia de la audiencia, sobre el fondo de la presente controversia, dado que las partes y los terceros involucrados no aportarían nada nuevo en el caso de existir esa audiencia oral. Así se decide.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el artículo 25.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a esta Sala la competencia para el conocimiento de las demandas de amparo constitucional contra las sentencias y demás actuaciones judiciales que dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo de las que emitan los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y por cuanto, en el asunto de autos, la pretensión de tutela constitucional se intentó contra una actuación judicial que expidió el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui el 17 de marzo de 2016, esta Sala se declara competente para conocer de la demanda de amparo en referencia. Así se decide.
Asimismo, por cuanto no se evidencia incursa la presente acción en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se admite la misma. Así se decide.
De seguidas, considera prudente esta Sala realizar las siguientes precisiones con relación a los antecedentes del caso:
En el proceso judicial donde surgió el acto de juzgamiento objeto de amparo, se peticionó en primer orden, el reconocimiento del derecho de retracto legal arrendaticio a la demandante- hoy accionante en amparo- sobre el inmueble arrendado, así como, en virtud de lo anterior, el derecho y efectiva subrogación en el lugar de la compradora bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato de compra-venta celebrado el 22 de junio de 2011, posteriormente, en virtud del acuerdo de rescisión de ese contrato traslativo de propiedad celebrado el 19 de julio de 2011, se reformó la demanda el 28 de julio de 2011 con la inclusión de la nulidad de la referida rescisión y, por vía de consecuencia, el reconocimiento del derecho de retracto legal arrendaticio con la subrogación efectiva en lugar de la compradora, aunado a unas pretensiones subsidiarias para el supuesto negado de que se considerase la validez del referido acuerdo de rescisión, concretizadas en el reconocimiento de que ésta rescisión sea considerada como una transmisión del derecho de propiedad y, a partir de allí, se le reconocieran a la demandante sus derechos de retracto legal arrendaticio y de subrogación en la referida negociación.
Asimismo, se aprecia que en primera instancia tal pretensión fue declarada con lugar mediante decisión dictada el 3 de abril de 2012 por el Juzgado del Municipio Diego Bautista Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui con la consecuente declaratoria de nulidad del acuerdo de rescisión del contrato de compraventa suscrito entre Leombruno y Sirimire, reseñándose que Corcoran tenía el derecho al retracto legal arrendaticio sobre el inmueble objeto del contrato de arrendamiento.
Contra la anterior decisión apelaron las empresas demandadas, siendo así como mediante decisión dictada el 7 de junio de 2012, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui declaró: (i) con lugar el recurso de apelación interpuesto por las sociedades mercantiles demandadas; y (ii) sin lugar la acción por retracto legal arrendaticio interpuesta.
Luego, por efecto del ejercicio de una solicitud de revisión interpuesta por la parte demandante en el juicio primigenio, esta Sala mediante decisión n.° 965 del 23 de julio de 2015, declaró ha lugar la solicitud de revisión al considerar que la decisión objeto de revisión adolecía de los siguientes vicios (i) incongruencia por motivación contradictoria pues a pesar de que se declaró sin lugar la pretensión de retracto legal arrendaticio, la motivación estuvo dirigida a la constatación de la supuesta ausencia de cualidad o interés procesal -excepciones que no atienden al fondo y su declaratoria conlleva a la inadmisibilidad-; (ii) incongruencia por omisión, toda vez que el fallo revisado no se pronunció sobre la pretensión de nulidad por rescisión del documento de venta suscrito entre las co-demandadas; y (iii) incongruencia por tergiversación al atender la pretensión de nulidad como una nulidad de venta que no había sido postulada en lugar de atenderla como una nulidad de rescisión de venta tal y como fue planteada; en consecuencia anuló la decisión sujeta a revisión y ordenó que un tribunal distinto que resultara competente decidiera en reenvío sobre el recurso de apelación propuesto por las co-demandadas en el juicio originario, sin incurrir en los vicios delatados.
Siendo así, como el 17 de marzo de 2016, se produce la decisión que hoy se impugna vía amparo mediante la cual el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui declaró: inadmisible la demanda por nulidad y retracto legal arrendaticio incoada, al considerar que la venta realizada sobre el inmueble arrendado fue global y por tanto no procedía la demanda de retracto legal arrendaticio interpuesta de conformidad con el artículo 49 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
En tal virtud, aprecia esta Sala que la parte accionante en el presente amparo afirmó que la sentencia señalada como lesiva dictada el 17 de marzo de 2016, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en el juicio que por nulidad de contrato de rescisión y retracto legal arrendaticio interpusiera la hoy accionante contra Inversiones Simirire C.A e Inversiones Lombruno C.A., violentó sus derechos a la tutela judicial efectiva, derecho de acción o de acceso a la jurisdicción y el principio pro actionae, así como los principios de buena fe, confianza legítima o expectativa plausible y de seguridad jurídica, por cuanto, a su entender, dicho acto de juzgamiento no analizó hechos y pruebas tal como lo ordenó esta Sala mediante decisión de revisión n.° 965 del 23 de julio de 2015 e incurrió en error de juzgamiento al apartarse de los postulados establecidos en la referida decisión relativos a que ya se había establecido el pleno cumplimiento de los requisitos de procedencia del retracto legal arrendaticio demandado y sólo restaba pronunciarse sobre la nulidad del contrato de rescisión en el juicio primigenio, haciendo así nugatorios los derechos de la accionante que hoy se señalan como conculcados.
Ahora bien, La sentencia dictada por el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui el 7 de junio de 2012, cuya revisión de constitucionalidad solicitó la ahora accionante en amparo Corcoran C.A., señaló que ésta había cumplido con los requisitos de procedencia de la acción por retracto legal arrendaticio, en estos términos:
Las pretensiones solicitadas por la parte demandante Corcoran, C.A; están debidamente justificadas al traer a los autos constancias de tener mas [sic] de Dos (02) años como arrendataria del inmueble objeto del presente litigio, de estar solvente con los pagos correspondientes de los cánones de arrendamiento y probar con documento publico [sic] la venta realizada por la arrendadora a un tercero sin realizar la notificación correspondiente violando así los derechos de la arrendataria.
En sentencia del 23 de julio de 2015 esta Sala Constitucional declaró ha lugar a la solicitud de revisión constitucional debido a que el órgano jurisdiccional luego que se pronunció sobre la procedencia de la pretensión de retracto legal arrendaticio señaló que al demandante le asiste derecho de retracto legal , con la consecuencia de subrogarse en la venta; que el tribunal que dictó la decisión objeto de revisión dejó de atender a la pretensión de nulidad del acuerdo de rescisión que fue postulado en la reforma de la demanda, incurriendo con ello en el vicio de incongruencia que le sirvió de fundamento erróneo para dictar la sentencia en la que declaró sin lugar la pretensión de retracto legal arrendaticio.
En el referido fallo esta Sala Constitucional señaló que la resolución objeto de la solicitud de control constitucional había atendido sólo a algunos aspectos del thema decidendum y para una congruente y ajustada a derecho resolución de la causa se hacía necesaria la reposición de la causa al estado en que un Tribunal Superior distinto al que emitió el acto decisorio que se anulaba, resolviera en atención al criterio que allí se estableció, el recurso de apelación que fuera interpuesto contra la decisión que dictó el Juzgado de Municipio Diego Bautista Urbaneja de la misma Circunscripción Judicial el 3 de abril de 2012, mediante la cual se había estimado con lugar la pretensión de nulidad del acuerdo de rescisión y la de retracto legal arrendaticio que interpuso la solicitante de revisión.
Conociendo de la causa un nuevo juez a cargo del mismo Juzgado Superior Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui el 17 de marzo de 2016 dictó sentencia en la que desacató el fallo de la revisión constitucional al no decidir conforme al criterio asentado por esta Sala y declaró inadmisible la pretensión de retracto legal arrendaticio (que no formaba parte del thema decidendum pues ya el derecho al retracto había sido reconocido); por tal motivo el acto de juzgamiento recurrido al apartarse de tal modo del criterio expuesto en la sentencia de revisión constitucional, hace necesario para el verdadero restablecimiento de la situación jurídica infringida que la decisión de amparo, además de anular la sentencia accionada por razón del desacato cometido, ordene que el juzgado superior a quien corresponda conocer declare, por razón del orden público inquilinario, que el derecho al retracto legal arrendaticio que tiene Corcoran C.A. con ocasión a la venta realizada por Inversiones Leombruno C.A. a Inversiones Sirimire, C.A. no podía quedar sin efecto a causa del acuerdo de rescisión de la venta, toda vez que la disposición del artículo 43 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios aplicable en razón del tiempo y que consagra el derecho al retracto legal arrendaticio, constituye una norma dictada en protección de los arrendatarios y por tanto irrenunciable por mandato del artículo 7 del mismo Texto Legal el cual declara como nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de estos derechos.
Así entonces, siendo que como consecuencia de la venta que hizo Inversiones Leombruno C.A. a Inversiones Sirimire C.A. surgió para la accionante el derecho al retracto legal arrendaticio con la consecuencia de subrogarse en la venta, la rescisión que las partes convinieron resulta nula por impedir el ejercicio del derecho al retracto legal arrendaticio protegido por el orden público inquilinario. Y así se decide.
En razón de lo anterior debe esta Sala determinar la forma de restablecimiento de la situación jurídica infringida, el cual no puede estar limitado solo a la nulidad de la sentencia que desacató el fallo de revisión constitucional que originó la sentencia señalada como lesiva sino también a tutelar los derechos del accionante al debido proceso y la tutela judicial efectiva, tal como lo ha hecho esta Sala entre otras en sentencias nros. 1.526 del 4 de julio de 2002 y 16 del 15 de febrero de 2005, en consecuencia, para el restablecimiento de la situación jurídica infringida se debe ordenar la reposición al estado de nueva decisión por parte del Juzgado Superior que resulte competente, respecto del recurso de apelación ejercido por las co-demandadas en el juicio originario contra la sentencia del 3 de abril de 2012, dictada por el Juzgado del Municipio Diego Bautista Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con la orden de preservar el debido proceso y la tutela judicial efectiva de Corcoran C.A. para el ejercicio del derecho al retracto legal arrendaticio a través de la declaratoria con lugar de la pretensión de nulidad del acuerdo de rescisión de la venta. Y así se decide.
V
Decisión
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley:
1.- COMPETENTE para conocer la acción de amparo interpuesta por CORCORAN, C.A. contra la sentencia definitiva dictada el 17 de marzo de 2016 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en la pretensión de nulidad de contrato de rescisión y retracto legal arrendaticio interpuesta por la hoy accionante contra Inversiones Simirire C.A e Inversiones Lombruno C.A.
2.- ADMITE la acción de amparo interpuesta.
3.- DE MERO DERECHO la resolución del presente amparo.
4.- PROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo constitucional ejercida.
5.- ANULA la decisión que emitió el 17 de marzo de 2016, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en el juicio que por nulidad de contrato de rescisión y retracto legal arrendaticio interpusiera la hoy accionante contra Inversiones Simirire C.A e Inversiones Lombruno C.A.
6.- REPONE al estado de nueva decisión por parte del Juzgado Superior que resulte competente, respecto del recurso de apelación ejercido por las co-demandadas en el juicio originario contra la sentencia del 3 de abril de 2012, dictada por el Juzgado del Municipio Diego Bautista Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con la orden de preservar el debido proceso y la tutela judicial efectiva de Corcoran C.A. para el ejercicio del derecho al retracto legal arrendaticio a través de la declaratoria con lugar de la pretensión de nulidad del acuerdo de rescisión de la venta.
Publíquese, regístrese y comuníquese por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Remítase copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince días del mes de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
La Presi /
/denta,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
Ponente
El Vicepresidente,
ARCADIO DELGADO ROSALES
Los Magistrados,
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
/
/
CALIXTO ORTEGA RÍOS
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
La Secretaria (T),
DIXIES J. VELÁZQUEZ R.
GMGA.
Expediente n.° 16-0812.
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias