Sentencia N.º 1368
- Sentencia
- N.º 1368
- Fecha
- 23/08/2023
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 23-0696
- Ponente
- Tania D'Amelio Cardiet
- Procedimiento
- Acción de Amparo contra sentencia
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADA PONENTE: TANIA D AMELIO CARDIET
El 6 de julio de 2023, el abogado Andrés Daniel Arrivillaga Rivas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 66.022, actuando con el carácter de defensor privado -según consta en autos- del ciudadano ANTONIO MARÍA ESPINOZA PÉREZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad n° 22.324.235, interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión dictada el 8 de junio de 2023, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de recusación interpuesta por el mencionado abogado, contra la abogada Yorley Noreima Valero Guerrero, en su condición de Jueza del Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, todo ello en el proceso penal que se le sigue al mencionado ciudadano por la presunta comisión del delito de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles, previsto en el artículo 406 numeral 2 del Código Penal.
El 6 de julio de 2023, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora TANIA D AMELIO CARDIET, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE AMPARO
El abogado Andrés Daniel Arrivillaga Rivas, actuando con el carácter de defensor privado del ciudadano Antonio María Espinoza Pérez, interpuso acción de amparo constitucional, bajo los alegatos que, a continuación, esta Sala resume:
Que la defensa técnica consideró que la ciudadana Juez en la sala de audiencia diferida convocada de conformidad a lo previsto al artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el fiscal del ministerio público no asistió, realizada el día 24 de abril de 2023 en presencia de la CIUDADANA JUEZ ABOGADA(
), incurrió en la causal prevista en el artículo 89 numerales 7 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal, en el primer numeral señalado incurrió en la causal de prejuzgamiento, esto es, la de haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, la cual supone el hecho de que la juez a quien le corresponda conocer y decidir el asunto haya previamente emitido opinión sobre el fondo y el segundo numeral, Cualquiera otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad, por cuanto con la misma expresión en que incurrió en sala de audiencia diferida, origino un pronóstico de condena (Mayúsculas del escrito).
Que (
) el origen de los presentes hechos ocurren con ocasión del planteamiento realizado respetuosamente por la defensa técnica del acusado en sala de audiencia diferida a la ciudadana juez con relación a la diligencia consignada por la defensa en fecha 17 de abril de 2023.
Que forma parte de las pruebas promovidas por la defensa en la incidencia de recusación por cuanto desde el año ante el Tribunal de Juicio 5, para que el tribunal señalara la fecha para la celebración del Juicio Oral y Público de conformidad con lo previsto en el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal, pasado hasta la fecha de audiencia diferida convocada para el día 24 de abril de 2023, inclusive, se habían diferido 6 audiencias, sin que el tribunal señale la fecha para la celebración del Juicio Oral y Público, de igual forma la defensa le entrego en la sala de audiencia por intermedio del alguacil (
) una copia simple del auto de fecha 10 de marzo de 2023 del Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio 5 de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Lara, firmada por la juez y la secretaria del tribunal.
Que (
) fue promovido por la defensa como prueba en la incidencia de recusación, donde el tribunal en esta oportunidad si ordenó señalar la audiencia de apertura ajuicio oral y público en el marco del plan de abordaje y la notificación a las partes procesales, de conformidad con lo previsto en el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal, pero omite en el auto colocar la fecha para la celebración del juicio oral y público de conformidad a lo previsto en la norma eiusdem, ante lo solicitado la juez comunicó a la defensa por una parte que la diligencia o escritos consignado eran innecesario y por otra parte manifestó la imposibilidad por los momentos de señalar fecha de la apertura del juicio oral y público en la programación y convocó nuevamente en acta de sala de audiencia diferida a las partes para una nueva audiencia para el día 24 de mayo de 2023 (
), sin que el tribunal señalará la fecha para la celebración de la audiencia de juicio oral y público prevista en el artículo 325 eiusdem.
Que considera la defensa que el juzgado en función de juicio 5 incurre en violación a la ley al aplicar indebidamente la norma jurídica prevista en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal para convocar a la celebración del juicio oral y público, sin que previamente haya señalado de conformidad con lo previsto en el artículo 325 eiusdem la fecha para la celebración del juicio oral y público, como se evidencia en todas las notificaciones para la convocatoria de las audiencia diferidas para el juicio oral y público de conformidad con el articulo 327 eiusdem.
Que (
) cuando ocurrieron los hechos delatados, la juez en presencia de una de las partes procesales por cuanto el fiscal del ministerio público no asistió y de los sujetos procesales identificados anteriormente, constato que el acusado se encontraba privado de libertad en el Centro Preventivo de la Policía Nacional Bolivariana de Pata de Palo, ubicada en la parroquia concepción, municipio Iribarren del Estado Lara, por lo que manifestó su interés de trasladar al acusado desde este centro de reclusión hacia el Centro Penitenciario Sargento David Viloria ubicado en la parroquia Tamaca del Estado Lara.
Que la defensa técnica del acusado posteriormente confirmó a través de una llamada telefónica de la madre del acusado y de la visita que realizó la defensa técnica al Centro de Reclusión de la Policía Nacional Bolivariana de Pata de Palo, que efectivamente el día jueves 27 de abril del corriente año, es decir tres días después de la audiencia diferida el día 24 de abril de 2023, que el acusado había sido trasladado en compañía de 7 privados de libertad hacia el Centro Penitenciario Sargento David Viloria ubicado en la parroquia Tamaca del Estado Lara.
Que (
) forma parte de las pruebas promovidas por la defensa técnica del justiciable en la incidencia de recusación, donde la defensa técnica solicita información con relación a la orden de traslado u orden de encarcelación del acusado a el Centro Penitenciario, sin que hasta la fecha se obtenga respuesta formal del tribunal.
Que (d)e lo anterior expresado, y acontecido en audiencia diferida, conlleva a la defensa técnica del acusado en primer lugar, en solicitar respetuosamente la inhibición de la causa a la Juez de Primera Instancia en Función de Juicio 5 en fecha 25 de abril de 2023, folio 49 y 50 que forman parte de las pruebas de la incidencia y posteriormente a realizar la incidencia de recusación en fecha 10 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 95 del Código Orgánico Procesal Penal y de conformidad con lo previsto en el artículo 96 eiusdem.
Que la ciudadana juez elaboro el informe respectivo de contestación a la recusación, la causa penal fue distribuida al Tribunal de Primera Instancia en Función de juicio 3 de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que se abocó en fecha 17 de mayo del corriente año y la incidencia de recusación fue elevada para conocer a la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Lara, que mediante decisión judicial de fecha 8 de junio de 2023, con ponencia de la Juez de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Lara Juez Profesional ABG. (
), declaro sin lugar la incidencia de recusación interpuesta por la defensa (Mayúsculas del escrito).
Que [la] Violación a los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y al debido proceso, previsto en los artículos 22, 26 y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de la sentenciadora, en concordancia con lo establecido en el artículo 157 y 346 ordinal 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal (Mayúsculas del escrito, corchetes de la Sala).
Que (d)el contenido de la decisión judicial, la sentenciadora no establece la enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio y de la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estimó acreditado de conformidad con lo previsto en los numerales 2 y 3 del artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal.
Que (
) de la parte motiva para decidir, la sentenciadora transcribe en el contenido del cuerpo de la sentencia el escrito de ofrecimiento de pruebas del recusante y el informe de descargo de la juez recusada, omite arbitrariamente en pronunciarse expresamente en el contenido de la sentencia recurrida en realizar el acto procesal de admisión, evacuación y sustanciación de los medios de pruebas promovidas por la defensa técnica del justiciable de conformidad a lo previsto en el artículo 99 del Código Orgánico Procesal Penal, apreciación y valoración de los medios de pruebas que no se observa en el contenido de la sentencia recurrida, que valor probatorio aprecio la Juez a cada una de los seis (6) medios de pruebas promovidos por la defensa.
Que (s)e denuncia la inmotivación de la sentencia de la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Lara de fecha 8 de junio de 2023, la sentenciadora para fundamentar la decisión, comienza a realizar a partir de los folios 34, 35 y 36 una enumeración de cuatro (4) jurisprudencias para sustentar la decisión judicial de la incidencia de recusación.
Finalmente la parte actora solicitó lo siguiente:
Que (l)a ADMISIÓN de la presente acción de amparo constitucional, con declaratoria con lugar de la medida cautelar innominada. Se solicita respetosamente la TRAMITACIÓN conforme a derecho y su declaratoria CON LUGAR en la definitiva, de la presente acción de amparo constitucional. Se decrete MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA, con la finalidad de que se tutelen provisionalmente los derechos constitucionales infringidos, durante el tiempo que dure la presente acción de amparo constitucional y se ordene al Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio 3 de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Lara que conoció la causa principal KJ01-P-000132 en distribución, para que continúe conociendo la causa principal hasta la decisión definitiva de la presente acción de amparo constitucional, para evitar el retardo procesal de la causa (Mayúsculas del escrito).
II
DE LA DECISIÓN ADVERSADA CON EL AMPARO
El 8 de junio de 2023, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, declaró sin lugar la solicitud de recusación interpuesta por el abogado Andrés Daniel Arrivillaga Rivas, actuando con el carácter de defensor privado del ciudadano Antonio María Espinoza Pérez, bajo la siguiente fundamentación:
Esta Corte de Apelaciones ha señalado reiteradamente que constituye presupuesto para la Admisibilidad de la recusación a tenor de lo dispuesto en el artículo 96 del Código Orgánico Procesal Penal, que se encuentre fundada en alguno de los motivos legales que la haga admisible, que no se hayan interpuesto más de dos recusaciones en una misma instancia y que se interponga dentro de tiempo hábil, esto es, hasta el día hábil anterior para la celebración del debate.
El fundamento constitucional de la recusación se encuentra en el artículo 49, ordinal 3° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que consagra dentro de las garantías Inherentes al debido proceso, el derecho a ser juzgado por un Juez imparcial. El artículo 26 del texto fundamental obliga al Estado a garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita. La imparcialidad está consagrada también en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal y establecido como garantía del derecho a la defensa y la situación de igualdad de las partes en el proceso. El Código Orgánico Procesal Penal consagra las causales de recusación e inhibición en el artículo 89.
Es de resaltar que en fecha 12 de Marzo del año 2008, bajo la ponencia de la Magistrado Dra. Luisa Estela Morales Lamuño, en sentencia Nro 370, la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal, estableció un concepto apropiado para definir lo que en sí es una recusación, y es del tenor siguiente:
Omissis
En hilo a lo planteado, esta Alzada recientemente también señaló lo asentado por la Sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 144, del 24 de Marzo de 2000, lo Siguiente:
Omissis.
Asimismo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Número 19 de fecha de 26/06/2002, en el expediente Número 02-00029-1, con Ponencia del Juez Dirimente en esa causa Magistrado ANTONIO GARCÍA GARCÍA, señaló textualmente lo siguiente:
Omissis.
Ahora bien, con relación a las normas de trámite de la recusación, el artículo 95 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente:
Es inadmisible la recusación que se intente sin expresar los motivos en que se funde, y la que se propone fuera de la oportunidad legal.
La Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 3192 de fecha 25-10-2005. Exp 05-1039, con ponencia de la Magistrada Luisa Estela Morales Lamuño, estableció entre otras cosas lo siguiente:
(Omissis).
Así pues, la administración de justicia debe expresarse de manera clara, imparcial y oportuna, es la principal obligación del juez, no es tarea fácil pero la ecuanimidad, objetividad, y templanza bien deben ser consideraciones inherentes a su actuación.
Del análisis realizado a la causa contentiva de esta incidencia, e hilvanada con los criterios jurisprudenciales citados, se observa que el recusante señala que la Jueza del Tribunal de Juicio N° 05 de este Circuito judicial Penal del estado Lara Abg. Yorley Norema Valero Guerrero, en fecha 24 de abril de 2023, fecha en la cual estaba prevista la apertura del Juicio oral y público de conformidad con lo establecido en el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando el abogado recusante que la misma fue diferida por la Incomparecencia de la representación fiscal, indicando al tribunal que dicha apertura había sido diferida en varias oportunidades, alegando el recusante que la Jueza le manifestó que son escritos y diligencias innecesarias por cuanto en estos momentos de acuerdo a programación del tribunal no es posible la apertura del juicio oral y público, realizándose una nueva convocatoria para el día 24 de Mayo de 2023 a las 08:30 A.M.
Del mismo modo, observa esta alzada que el Abogado recusante señala que la jueza del Tribunal de Juicio N° 05 Abg. Yorley Norema Valero emitió opinión, prevista en el numeral 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, y cualquiera otra causa que afecte su imparcialidad prevista en el numeral 8 del artículo 89 del Ejusdem (sic) ya que la jueza de Juicio N° 05 en la sala de audiencia vislumbró un pronóstico de condena en contra del acusado, señalando el recusante al mismo tiempo la sentenciadora actuó con parcialidad e interés cuando instruyó al secretario de Sala para trasladar al acusado hacia el Centro Penitenciario Centro Occidental Sargento David Viloria, sin que la parte lo haya solicitado.
En ese sentido esta Corte de Apelaciones observa que no obstante lo denunciado por el Abogado recusante, este promueve una serie de copias simples de escritos consignados al Tribunal de Juicio N° 05, así como boleta de traslado de su defendido emitida en fecha 22 de marzo de 2023, dirigida al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana del Estado Lara Centro de Coordinación policial del estado Lara, hasta la sede del Tribunal up supra, para el día 24 de abril de 2023 a las 10:00 A.M; pero no promueve; el acta de audiencia de fecha 24 de abril de 2023 (Diferida), fecha en la cual destaca el recusante que la Jueza de Juicio N° 05 Abg. Yorley Norema Valero Guerrero emitió opinión sobre el fondo del asunto, y haya vislumbrado un pronóstico de condena en contra de su defendido.
No obstante, por notoriedad judicial esta Corte de Apelaciones observa que al folio 135 del asunto principal KJOI- P-2015-000132 riela Acta de diferimiento de fecha 24-04-2023 en la cual se dejó asentado lo siguiente:
Barquisimeto, 24 de Abril de 2023 Año 212° y 164°
ASUNTO PRINCIPAL: KP0I-P2014-15271//KJ01-P-2015-132
ACTA DE DIFERIMIENTO
En el día de hoy, en la hora fijado para este acto, se constituyo el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales en Funciones de Juicio N° 5, del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, integrado por la Juez Profesional. ABG. YORLEY VALERO, secretario de Sala, ABG. GUSTAVO GONZÁLEZ y el Alguacil asignado, a los fines de llevar o cabo JUICIO ORAL Y PÚBLICO en el presente asunto, fijada de acuerdo a lo establecido en el artículo el Código Orgánico Procesal Penal. Se verifica la presencia de las partes en sala estando presentes, Defensa privada Abg. Andrés Arrivillaga, acusado Antonio Espinoza, se deja constancia que luego de un lapso de espera prudencial no compareció la Fiscalía razón por la cual este Tribunal acuerda fijar nueva fecha para el día 24/05/23 a las 09:00 líbrese: Boleta de traslado PNB pata e palo__. Es todo...
Ahora bien, del acta de diferimiento antes transcrita observa esta Corte de apelaciones, que el Abogado hoy recusante haya realizado ninguna petición al Tribunal de Juicio N° 05, tampoco se observa que la Jueza recusada haya dado algún pronunciamiento del caso que se encuentra bajo su conocimiento Apreciándose del contenido de la misma, que el Tribunal de Juicio N° 05 de este Circuito Judicial Penal del Estado Lara, está levantando un acta de Diferimiento de fecha 24-04-2023 y fijando nueva oportunidad para el día 24-05-2023, a los fines de llevar a cabo la apertura del juicio oral y público, en virtud de la incomparecencia de la Fiscalía al acto fijado.
Obsérvese que en relación a lo ocurrido en la referida oportunidad, quien presenta la acusación, promueve como prueba los testimonios del Abogado GUSTAVO GONZÁLEZ, quien funge como secretario de sala del Tribunal de Primera Instancia en Función N° 5 de la Circunscripción Judicial del estado Lara y el alguacil RENE PAREDES FONSECA, funcionario judicial del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Lara, de servicio para el momento de los hechos en la audiencia del Tribunal antes referido, que son precisamente las mismas personas que aparecen suscribiendo el acta en referencia, por tanto sus testimonios resultan inadmisibles por no ser necesarios, toda vez que constituían el tribunal que emitió el acto procesal mediante Acta transcrita textualmente ut supra, y por cuya causa se presenta Recusación contra la jueza del mismo.
En tal sentido, denota esta Alzada que ante las aseveraciones y alegatos esgrimidos por el recusante, la Juez recusada señaló lo siguiente:
...OMISSIS...
De lo anterior expresado por la defensa técnica, se observa que la misma no denota claridad en su queja, pues como es que denuncia el numeral 7 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual está referido a la emisión de opinión por parte del Juez o haber intervenido como parte, órgano de prueba o testigo, si en su relato explica claramente que el representante fiscal no compareció a la audiencia, motivo este por el que fue diferido el acto, entonces se pregunta quien aquí juzga, a cual deliberación hará alusión la defensa, si la audiencia no fue celebrada, por lo que en su condición de defensa técnica solo accionó como parte asistente al acto para suscribir un acta de diferimiento, pues no hubo debate alguno para que la defensa hubiese tenido la oportunidad de hacer solicitudes al tribunal, y menos para que mi persona en mi condición de Jueza respondiera petición alguna. Dejando visto la defensa técnica su proceder en la presente incidencia de recusación su mala fe, su falta de ética profesional y falta de respeto a la instancia superior como lo es la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, al tener que conocer de un acto falto de probidad como este.
(omisis).
Así las cosas, quien aquí juzga no puede negar la apertura del juicio oral y público y convocar al mismo tiempo para una nueva oportunidad para la celebración de la apertura del juicio, pues no se puede dejar en el olvido que el acto convocado para el día 24/04/2023 al cual alude la defensa fue diferido por incomparecencia del representante fiscal, no porque quien aquí juzga negó la apertura del juicio. Quedando probada la mala fe del recusante en sus expresiones, y no haber emitido opinión quien aquí juzga.
(omisis).
De lo anteriormente aludido por la defensa se desprende lo siguiente: no somos los juzgadores quienes trasladamos a los privados de libertad de los centros preventivos a los centros penitenciarios, actualmente es una competencia del ministerio para el servicio penitenciario, y visto que como ya fue explicado en los párrafos que anteceden no hubo debate alguno en la sala de audiencias por incomparecencia del representante fiscal como para que quien aquí juzga emitiera tales pronunciamiento u ordenara al secretario tal acción que describe la defensa, y mucho menos como para que quien aquí juzga emitiera pronostico de condena cuando ni siquiera en consecuencia del diferimiento fue impuesto el acusado de autos del uso de su derecho al procedimiento especial por admisión de los hechos. Quedando una vez más probada la mala fe del recusante en sus expresiones.
En este orden de ideas, quienes aquí deciden, considera que la juez actuó ajustada a Derecho Cumpliendo con el marco de todas las garantías procesales que aseguren la eficacia del debate y proceso con las garantías establecidas para todas las partes involucradas, estando dentro de sus facultades como Juez de Juicio, Diferir las Audiencia fijadas, al comprobarse la incomparecencia de una de las partes, así como emitir las boletas de traslados para las próximas audiencias fijadas para apertura del juicio oral y público no evidenciándose como antes se indicó ninguna actitud por parte de la Jueza Recusada que pudiera reflejar parcialidad con alguna de las partes, ni se evidenció que la Jueza haya emitido opinión sobre el fondo del asunto, dando un pronóstico de condena en contra del acusado Antonio María Espinoza Pérez, (
), como así lo alegó el abogado recusante en el presente cuaderno separado siendo ajustada a derecho la actuación de la Juez de Juicio por cuanto actuó en base a las disposiciones conferidas por la Ley Adjetiva Penal.
Cabe destacar que la disposición de los jueces de ordenar los traslados de los imputados a centros de reclusión distintos de las Comisarias Policiales, no deriva de un pronóstico de condena sino la necesidad de evitar mantener al imputado en un centro de detención preventiva, que está destinado para la reclusión de los imputados por un tiempo breve.
En torno a ello, ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia que, el cuestionamiento de la parcialidad del juez debe estar fundada en hechos concretos que creen en el ánimo del operador jurídico decisor de la incidencia, la concreción del supuesto de hecho establecido en la norma, ello, en razón de que la labor decisora amerita la verificación del cumplimiento del supuesto de hecho previsto en la norma para aplicar la consecuencia jurídica preceptuada, así pues se hace necesario, que se señale por qué la parte recusante considera que los hechos por él afirmados son subsumibles dentro del supuesto de recusación, ya que la afirmación de circunstancias genéricas va en contra de la naturaleza misma de dicha institución, creada para demostrar hechos o circunstancias concretas en la cual pudiera estar incurso el titular del órgano decisor al que se le cuestiona su parcialidad.
De manera que, ha referido la máxima Instancia Judicial que, no basta con el señalamiento de los hechos y la delación de causales sin señalar el nexo entre ambas, ello impide en puridad de derecho la labor de subsunción del juez, pues, para hacerlo bajo tales circunstancias, es necesario que éste escudriñe en lo que quiso alegar el recusante, lo cual constituye una suplencia en la defensa de éste que va en detrimento del derecho a la defensa de la otra.
Por lo antes expuesto, considera esta instancia Superior, que esta recusación deviene en la declaratoria de SIN LUGAR, ya que en congrua aplicación a lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia, el recusante promovió Pruebas, no siendo las mismas suficientes para ser sostenible tal incidencia así las cosas al no presentar las pruebas respectivas, no es posible al inicio establecer el nexo entre la causal alegada y la situación fáctica denunciada.
Por lo que con base a las consideraciones que anteceden, y habiendo constatado esta Instancia Superior que con el escrito de recusación no se promovieron las pruebas que posibiliten determinar el nexo causal que pueda subsumir el supuesto de hecho en la ley de la norma adjetiva penal invocada, es forzoso para esta Alzada declarar sin lugar la misma. Y así se decide.
DISPOSITIVO
Por las razones expuestas. Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, esta Corte de Apelaciones, declara SIN LUGAR la Recusación interpuesta por el ABOG. ANDRÉS DANIEL ARRIVILLAGA RIVAS, actuando con el carácter de Defensor Privado del ciudadano ANTONIO MARÍA ESPINOZA PÉREZ, (
), dirigida contra la Abg. Yorley Noreima Valero Guerrero, Jueza del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 05 de este Circuito Judicial Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Código Orgánico Procesal Penal.
III
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala previamente determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, a tal efecto, observa:
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece en el artículo 25, numeral 20, que la Sala es competente para el conocimiento de las acciones autónomas de amparo constitucional contra las decisiones judiciales que dicten, en última instancia, los Juzgados Superiores de la República, salvo de las que se incoen contra los Juzgados Superiores en materia contencioso administrativo.
Ello así, visto que la acción de amparo tiene por objeto una decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, esta Sala Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se declara competente para conocer de la presente causa. Así se establece.
IV
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Resuelto el aspecto de competencia en el presente caso, esta Sala, realiza las siguientes consideraciones:
Como primer punto, a esta Sala le corresponde comprobar si la solicitud que da lugar a este pronunciamiento cumple con los requisitos legales que permiten su tramitación, lo cual determinará la posibilidad de emitir un pronunciamiento sobre el mérito del asunto.
En tal sentido, se aprecia que el escrito de amparo sub examine cumple con los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Asimismo, en cuanto a la admisibilidad de la acción de amparo interpuesta a la luz de las causales de inadmisibilidad que establece el artículo 6 eiusdem, la Sala considera que la misma no se halla incursa, prima facie, en ninguna de ellas, por lo cual la misma resulta admisible, y así se declara.
De las actas del expediente se desprende que el 8 de julio de 2023, el abogado Andrés Daniel Arrivillaga Rivas, actuando con el carácter de defensor privado del ciudadano Antonio María Espinoza Pérez, interpuso acción de amparo constitucional en contra de la decisión dictada, el 8 de junio de 2023, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de recusación presentada contra la abogada Yorley Noreima Valero Guerrero, en su condición de Jueza del Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal.
Ahora bien, del examen de la solicitud de amparo y de los recaudos presentados se observa, que la presente acción ha sido presentada contra una decisión dictada por un Tribunal de la República, por lo que la misma está fundamentada en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que (como ha indicado esta Sala en reiterada jurisprudencia), contiene un presupuesto procesal de existencia necesario para que sea procedente la acción de amparo, dicho presupuesto consiste en que el Tribunal del cual emanó la decisión que se trata de impugnar, haya actuado fuera de su competencia.
Asimismo, esta Sala en reiteradas oportunidades, ha señalado que cuando el artículo comentado habla de actuar fuera de su competencia debe entenderse no sólo en el sentido procesal estricto, sino que además, incluye el actuar con abuso de poder o extralimitación de atribuciones, es decir, que la acción de amparo puede intentarse contra decisiones judiciales, pero sólo procede en casos extremos.
En todo caso, esa actuación del juez usurpando funciones o abusando de poder (incompetencia sustancial), debe ocasionar la violación de uno o más derechos o garantías constitucionales de una persona, lo que implica que no es impugnable, mediante amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal. Asimismo, se exige que de existir otros medios procesales, ellos no resulten idóneos para la restitución del derecho o garantía lesionado o amenazado de violación.
Con el establecimiento de tales extremos de procedencia, esta Sala ha pretendido evitar la interposición de solicitudes de amparo con el propósito de que se reabra un asunto que ha sido resuelto judicialmente, en perjuicio de la inmutabilidad de la decisión definitivamente firme; y, por otra parte, la utilización del amparo como una tercera instancia.
En el caso que nos ocupa, la parte actora, señaló lo siguiente:
(s)e denuncia la inmotivación de la sentencia de la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Lara de fecha 8 de junio de 2023, la sentenciadora para fundamentar la decisión, comienza a realizar a partir de los folios 34, 35 y 36 una enumeración de cuatro (4) jurisprudencias para sustentar la decisión judicial de la incidencia de recusación.
La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, declaró sin lugar en los siguientes términos:
De manera que, ha referido la máxima Instancia Judicial que, no basta con el señalamiento de los hechos y la delación de causales sin señalar el nexo entre ambas, ello impide en puridad de derecho la labor de subsunción del juez, pues, para hacerlo bajo tales circunstancias, es necesario que éste escudriñe en lo que quiso alegar el recusante, lo cual constituye una suplencia en la defensa de éste que va en detrimento del derecho a la defensa de la otra.
Por lo antes expuesto, considera esta instancia Superior, que esta recusación deviene en la declaratoria de SIN LUGAR, ya que en congrua aplicación a lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia, el recusante promovió Pruebas, no siendo las mismas suficientes para ser sostenible tal incidencia así las cosas al no presentar las pruebas respectivas, no es posible al inicio establecer el nexo entre la causal alegada y la situación fáctica denunciada.
En este sentido, se observa que el contenido de la decisión que se impugnó en la jurisdicción penal no presupone la existencia de violación del derecho del accionante, pues la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, actuó dentro de los límites de su competencia y expresó, con meridiana claridad, las razones por las cuales consideraba que debía declararse sin lugar la recusación que fue propuesta contra la Jueza del Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, abogada Yorley Noreima Valero Guerrero, por encontrarse, supuestamente, incursa en las causales de recusación establecidas en los numerales 7 y 8 del artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, denunciados por el accionante.
Por otra parte, de acuerdo a lo antes señalado, cabe acotar que la declaratoria sin lugar de la recusación propuesta, la referida Corte de Apelaciones destacó que el accionante no promovió las pruebas necesarias que posibiliten determinar el nexo causal que pueda subsumir el supuesto de hecho dilucidado, dicho análisis fue producto de los alegatos y elementos probatorios cursantes en las actas, circunstancia respecto de la cual, en reiteradas oportunidades, la Sala ha establecido que dicho análisis y valoración forma parte de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, quienes, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que por esto el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole notoriamente derechos o principios constitucionales.
Esta Sala ha negado, en innumerables fallos, la posibilidad de que el amparo constitucional se utilice de manera caprichosa por los justiciables como una nueva instancia, pues, ello atenta contra el principio de la seguridad jurídica, el cual constituye unos de los cimientos de la institución del orden público. A este respecto, la Sala ha sostenido lo siguiente:
La acción de amparo contra actuaciones judiciales, contenida en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es un mecanismo especial de protección constitucional que surge cuando el juez, actuando fuera de su competencia, lesiona un derecho o garantía constitucional y no como un mecanismo para que el juez de alzada del que dictó la decisión conozca, nuevamente, de los vicios que mediante el recurso ordinario de apelación fueron alegados. Es decir, sólo procede el amparo, conforme el citado artículo 4, contra las sentencias que dicten los tribunales en segundo grado de jurisdicción, cuando se denuncien violaciones a derechos o garantías constitucionales no juzgadas en cualquiera de las dos instancias. (s. S.C. nº 127 del 06.02.01, caso Licorería el Buchón C.A.).
En definitiva, a juicio de esta Sala, lo que pretende el accionante en amparo es plantear nuevamente los mismos argumentos explanados en el proceso, que concluyó con una decisión desfavorable a sus pretensiones, tratando así de convertir a este Tribunal Constitucional en una suerte de tercera instancia para debatir problemas de orden legal y por tanto, cuestionar la valoración del juez de mérito al declarar sin lugar la recusación interpuesta, lo que evidentemente choca con la naturaleza de esta acción y conduce a la declaratoria de improcedencia in limine litis de la misma, pues con ella no se pretende la tutela de derecho constitucional alguno.
Tomando en cuenta estos razonamientos, estima la Sala que la acción de amparo carece de los presupuestos de procedencia conforme lo establece el artículo 4, de ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales contra actos jurisdiccionales, por lo que es forzoso declararla improcedente in limine litis, y así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Se declara COMPETENTE para conocer de la acción de amparo ejercida contra la decisión dictada el 8 de junio de 2023, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, interpuesta por el abogado Andrés Daniel Arrivillaga Rivas, actuando con el carácter de defensor privado del ciudadano Antonio María Espinoza Pérez.
SEGUNDO: Se declara IMPROCEDENTE in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Andrés Daniel Arrivillaga Rivas, actuando con el carácter de defensor privado del ciudadano Antonio María Espinoza Pérez, contra la decisión dictada el 8 de junio de 2023, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de recusación interpuesta por el mencionado abogado, contra la abogada Yorley Noreima Valero Guerrero, en su condición de Jueza del Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del referido Circuito Judicial Penal.
Publíquese, regístrese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 23 días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023). Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación.
La Presidenta,
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
La Vicepresidenta,
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
Los Magistrados,
LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
TANIA D´AMELIO CARDIET
PONENTE
MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET
El Secretario,
CARLOS ARTURO GARCÍA USECHE
23-0696
TDC
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